Pagar lo que se debe: despido indirecto frente a la negativa de la empleadora de reconocer las diferencias reclamadas por el trabajo nocturno

Partes: Ojeda Javier Carlos Anibal c/ Jufec S.A. y/o q.r.r. s/ despido sin causa

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 11-dic-2018

Cita: MJ-JU-M-116135-AR | MJJ116135 | MJJ116135

Legitimidad del despido indirecto frente a la negativa de la empleadora de reconocer las diferencias reclamadas por trabajo en horario nocturno.

Sumario:

1.-Se ajustó a derecho el despido indirecto decidido, pues frente a la intimación del actor tendiente al pago de diferencias adeudadas por trabajo en horario nocturno, la demandada negó adeudar importe alguno, siendo que dichas diferencias eran reales.

2.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto condenó a la demandada a abonar diferencias salariales y recargo por nocturnidad, en función de los ocho minutos de excedente que resultan de aplicar la reducción al límite legal que corresponde a la jornada mixta, tiempo que debió ser abonado con los recargos legales.

3.-Al no consignar concretamente el art. 1 de la Ley 25.323 en qué consiste la relación laboral registrada ‘de modo deficiente’, también se podría sostener que alcanza a cualquier otra irregularidad o deficiencia en la registración, como la categoría laboral, la naturaleza del vínculo o la modalidad de la contratación; es decir, que todos los supuestos en que se encuentre distorsionado algún dato de la relación de empleo que la Ley exija que sea registrado.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los once días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº EXP – 120028/15, caratulado: “OJEDA JAVIER CARLOS ANIBAL C/ JUFEC S. A. Y/O Q. R. R. S/ DESPIDO SIN CAUSA”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

CUESTION

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Vienen a estudio los autos referenciados para decidir el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, por apoderados (fs. 254/260 y vta.), contra la sentencia definitiva dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones Laboral de esta ciudad (fs.231/249 y vta.) que receptó -en lo que interesa a esta instancia extraordinaria- la pretensión del actor en cuanto a las horas nocturnas reclamadas y tuvo por probado el despido indirecto invocado con la consecuente admisión de los rubros indemnizatorios (arts. 232, 233 y 245 de la LCT), así como las derivadas de la aplicación de la ley 25.323 (arts. 1 y 2).

II.- Satisfechos los recaudos formales previstos en la ley 3.540, corresponde dirimir los agravios que lo sostienen.

III.- Se fundamenta la impugnación en la causal de arbitrariedad de sentencia, por expreso apartamiento de las constancias del proceso, lo cual tradujo en la injusta condena a abonar diferencias salariales y recargo por nocturnidad. Manifiesta su disconformidad con el fallo en crisis al desconocer la existencia del sistema de trabajo por turnos rotativos bajo la modalidad del trabajo por equipo (art.202 de la LCT). Insiste en una distribución de la jornada laboral diferente a la habitual, reiterando los argumentos del primer juez que avalan su postura y rechazan el reclamo del actor. Expone su propia versión de los hechos, resaltando lo relevante de la sentencia de primera instancia. Se agravia de la causal del despido indirecto- tenida por configurada- considerando que la interpretación efectuada por el “a quo” no se condice con las constancias del intercambio epistolar, tampoco con el art. 243 de la LCT. Esgrime que no existió silencio de su parte ni incumplimiento que ameriten el despido alegado, intercalando con párrafos de la sentencia de primera instancia que lo apoyan. Cuestiona la procedencia de las indemnizaciones comprendidas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT ante el reclamo infundado del actor, así como las derivadas de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323. Respecto a la primera, considera que no existe sustento que permita calificar de deficiente la registración. Finalmente, pide se revoque el fallo y se impongan las costas al trabajador.

IV.- Examinado el recurso de inaplicabilidad de ley que me ocupa a la luz de la excepcionalidad que lo caracteriza, toda vez que su procedencia queda condicionada a la prueba de la existencia de un vicio de ilegalidad (art. 103 inc. a) y b) de la ley 3.540), o la ocurrencia de la causal de arbitrariedad de sentencia (pretorianemente admitida) ambos debidamente invocados y demostrados, entiendo que el mismo no puede prosperar, por falta de acreditación de alguno de esos supuestos.

V.- No otro temperamento procede adoptarse en el concreto caso, cuando omite la recurrente hacerse cargo de los motivos que condujeron al juzgador a desestimar su reclamo, leerlos y criticarlos debidamente, asumiendo una protesta suficiente, clara, precisa, atacando los fundamentos esenciales del decisorio en crisis. Carga que resulta insatisfecha.Por lo cual propicio confirmarlo pues el “a quo” hizo mérito de los hechos que delimitaron la litis y las pruebas rendidas en el proceso (testimoniales producidas por ambas las partes) concluyendo que el trabajador demostró que cumplió una jornada diaria de labor, de lunes a viernes, de 8 a 17 o bien desde las 17 en adelante sin establecer horario de salida y los sábados de 9 a 13 hs. (rotando entre esos dos horarios en forma semanal y con un franco compensatorio), denominando al segundo turno como “jornada mixta rotativa”, cuestiones claramente vinculadas a supuestos fácticos y probatorios, no logrando la accionada acercar agravios suficientes para atravesar la valla de excepcionalidad que caracteriza el recurso de inaplicabilidad de ley deducido, al no evidenciar su impugnación la prueba de la existencia de un vicio de ilegalidad o absurdidad. Es doctrina de este Superior Tribunal recordada a través de recientes pronunciamientos (S.T.J., Ctes; Sentencia Laboral 52/2017) aquella según la cual, cuestiones como las propuestas en autos, especialmente las referidas a desentrañar la extensión de la jornada laboral, quedan normalmente detraídas del contralor en sede extraordinaria en tanto implican una nueva revisión del material fáctico y probatorio, no siendo este Alto Cuerpo una tercera instancia. Ello así, en atención a que la apelación extraordinaria no está dada para tutelar los criterios discordantes o las meras discrepancias con la hermenéutica del tribunal de grado, siempre que ella se apoye en una reflexión integral de la cuestión a la luz de la prueba aportada a la causa (STJ, Ctes: Sentencias Laborales Nros:30/2006; 71/2006; 15/2007; 71/2007 y más recientemente 03/2017). Todo, claro está, mientras no se demuestre la configuración del vicio del absurdo en la selección y ponderación de las pruebas aportadas al proceso, el cual para prosperar deberá evidenciar una falla palmaria en el raciocinio del juzgador o haber incurrido este último en una evidente y grosera desinterpretación de la prueba producida, siendo deber del abogado poner en evidencia la extravagancia de la conclusión a la que se arribó (S.T.J. CTES, Sentencias Laborales N° 45/08; 52/08; 51/2011). Extremo no ocurrido en autos.

VI.- El tribunal de grado profirió un adecuado tratamiento al asunto sometido a su control. Fundó su razonamiento, luego de una explicativa conceptualización del trabajo por equipo, y se apartó de la primera instancia entendiendo que en el contexto descripto no resultaba aplicable lo normado en el art. 3 inc. b) de la ley 11.544, en tanto los turnos rotativos diagramados no eran suficientes a los efectos de su consideración como excepción al régimen de jornada y descanso. Por otra parte, acreditado como quedó, que el actor cumplió funciones en el marco de un sistema horario por turnos rotativos, pero sin que ello implicara una distribución del tiempo de trabajo diferente a la contemplada por la ley (8 hs. diarias y 48 semanales), ni que las rotaciones se realizaron al cabo de tres semanas, como lo requiere el trabajo por equipos (art. 202 de la LCT) e incluso con un descanso hebdomadario ordinario propio de cualquier trabajador, consideró adecuado estarse a lo normado en el segundo párrafo del art. 200 de la LCT al establecerse que “cuando se alteren horas diurnas con nocturnas se reducirá proporcionalmente la jornada en ocho (8) minutos por cada hora nocturna trabajada o se pagarán los ocho( 8) minutos de exceso como tiempo suplementario según las pautas del art.201 de la LCT”. Y desde ese lugar, sin soslayar que la demandada se encontraba en mejores condiciones de demostrar que la jornada cumplida por el actor en el turno de la tarde – noche y que no excedía el límite legal que ameritase el cobro de tiempo suplementario (principio de la carga dinámica de la prueba), ponderó como prueba conducente los testimonios obrantes en el cuaderno de la parte demandada (testigos Blanco, Romero y Azcona, rendidos a fs. 111/112; 113/114 y 115/116) quienes dieron cuenta de una jornada de labor que se extendía desde las 17 hs. hasta las 12 o 1 hs., fundamento esencial que acordó debida motivación al decisorio de grado y permitió inferir que el dependiente trabajaba en exceso del límite diario legalmente contemplado para ese turno, no existiendo además constancia de pago del adicional por nocturnidad previsto en el CCT Nº120/75 (art. 11 Bis implementado en forma gradual desde el 01.07.2014 conforme Acta del 06.05.2014 pto. 3°), por lo que condenó a la demandada a abonar los ocho (8) minutos en exceso por cada hora trabajada después de las 21hs. como tiempo suplementario. Así, en definitiva, en función de los (ocho) 8 minutos de excedente que resultan de aplicar la reducción al límite legal que corresponde a la jornada mixta, tiempo que debió ser abonado con los recargos legales, practicó la planilla en concepto de diferencias de haberes del “adicional por nocturnidad” que luce a fs. 244/245. No logra el recurrente demostrar la existencia de arbitrariedad o inadecuada inaplicabilidad de las normas que se pretenden violadas. Su escrito recursivo, más allá de no refutar la motivación esencial del decisorio en crisis dejando firmes pruebas conducentes como testimoniales rendidas por la propia demandada, valoradas e individualizadas especialmente en el concreto caso, traslucen una insistente repetición del examen efectuado por el primer sentenciante que le ha sido favorable, y no es replegándose al pasado como se satisface la carga técnica de expresar agravios.Sabido es que motivar o fundamentar las resoluciones judiciales implica asentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen. Entre otras palabras, importa la obligación de consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que lo sustentan, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo. Exigencia que resguarda a los particulares contra decisiones arbitrarias y qu e en el presente fue debidamente cumplida, habiendo el inferior enunciado la prueba que dio base a su juicio, valorada racionalmente (art. 386, CPCC). En esta línea argumental, deviene insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que omitió refutar esa motivación esencial que acordó por sí misma debido sustento a la sentencia ahora recurrida que tuvo por probado el adicional por nocturnidad con los alcances expresados, lo cual resulta irreprochable.

VII.- Despejada la cuestión que antecede, igual temperamento cabe adoptar respecto a la configuración de la causal de extinción y consecuentemente la impugnación de los rubros derivados del distracto (arts. 232, 233 y 245 de la LCT), desde que la Cámara apreció correctamente los hechos controvertidos en lo que a la causal justificante del despido indirecto refiere. En el contexto debatido y decidido no encuentro razones como para apartarme de lo sentenciado. Me explico.No asiste razón al quejoso en cuanto a que la Cámara incurrió en el absurdo de identificar otra “causal de injuria” distinta a la invocada (silencio de la accionada), pues más allá de la recepción o no de la respuesta de la empleadora, como pretende alegar el recurrente (CD de fecha 03.06.15), lo cierto es, que confrontadas las comunicaciones postales intercambiadas, se advierte que ante el reclamo del trabajador (TCL Nº 089073660 de fecha 29.05.2015) tendiente al pago de diferencias adeudadas por trabajo en horario nocturno, negó adeudar importe alguno (CD Nº 215026398 del 03.06.15), extremo que quedó probado en el proceso y que determinó la extinción del contrato de trabajo por despido indirecto ante” el silencio e incumplimiento de la empleadora a la requisitoria efectuada por el trabajador”. (TCL Nª 089076370 de fecha 10.06.15), circunstancias estas, que fueron debidamente valoradas por la Cámara, a la hora de tener por justificado el despido indirecto y receptar la procedencia de los rubros derivados del distracto (arts. 232,233 y 245 de la LCT). Y la causal analizada por la Cámara estaba incluida debidamente en el colacionado rupturista. De allí que no puede hablarse de invariabilidad de la causal de despido ni de violación al derecho de defensa, dados los fundamentos que sostienen al decisorio, mal puede insistir el quejoso en la existencia de violación de lo disciplinado en el art. 243 de la L.C.T. Este y no otro fue el razonamiento al que arribó el ” a quo”, lo que conlleva- en el concreto caso- a confirmar sin más el pronunciamiento respecto a la legitimidad del despido indirecto dispuesto por el actor y la consecuente recepción de los rubros indemnizatorios pretendidos.

VIII.- La misma suerte corre la queja en torno a la procedencia de las multas previstas en los art. 1 y 2 de la ley 25.323. En efecto, con relación al pago de la indemnización prevista por el art.1º de la Ley Nº 25.323, cabe confirmar el decisorio en crisis, toda vez que surge claro a favor del trabajador el reconocimiento en origen del pago de diferencias de haberes en concepto del “adicional por nocturnidad” (según Considerandos Nros. VI y XI; planilla de fs. 244 y vta. y 245), como también las resultantes de la incorrecta liquidación de haberes según escala salarial aplicable (planilla de fs. 243 y vta./244); situaciones que condujeron a este Superior Tribunal de Justicia a tener por configurado un supuesto de deficiente o defectuosa registración en los términos de aquél precepto legal (Conf. Sentencia Laboral N° 69/2012, mencionado en el considerando N° IX de la Sentencia laboral N° 52/2018). Justamente, no cabe desconocer que hubo una deficiente registración. Y cuando hablo de “deficiente”, entiendo que es sinónimo de “incompleto”, “imperfecto” o “defectuoso” tal como lo interpreta un sector de la doctrina (ver cita doctrinaria efectuada por Julio Armando Grisolía, en Derecho del trabajo, Tomo I, p.346 refiriéndose a lo adoctrinado en DT 2000-B-2273 y DT 2001-A233). Dicho de otro modo, al no consignar concretamente en que consiste la relación laboral registrada “de modo deficiente”, también se podría sostener que alcanza a cualquier otra irregularidad o deficiencia en la registración, como la categoría laboral, la naturaleza del vínculo o la modalidad de la contratación; es decir, que todos los supuestos en que se encuentre distorsionado algún dato de la relación de empleo que la ley exija que sea registrado. (Conf. Ruiz, Álvaro, DT, 2000-B-2273, y Elffman, Mario, DT, 2001- A233). De allí que -como sostuviera el sentenciante de grado- al encontrarse distorsionado algún dato de la relación de empleo que la ley exiga sea registrado, esto es, defectuosa registración (remuneración) y producido el despido indirecto fundado en dicha causal, deba receptarse la recepción de la multa por concurrir los presupuestos de procedencia para hacerse acreedor a tal beneficio.De este modo se impone el rechazo del agravio en cuestión.

IX.- Igual temperamento se impone en relación a la impugnación de la indemnización del art. 2 de la ley 25.323, desde que, como se desprendió de las constancias de autos, el trabajador se vio obligado a iniciar acciones judiciales para el cobro de sus acreencias indemnizatorias. La normativa aludida prevé el agravamiento de las indemnizaciones derivadas del despido incausado o intempestivo (art. 245 LCT y 7 Ley 25013), y de las sustitutivas del preaviso, receptando la idea de la conducta temeraria del empleador. De esta manera, si el trabajador ha intimado fehacientemente el pago de las indemnizaciones por despido, (si corresponde), arts. 232, 233, 245 ley 20.744 ó arts. 6 y 7 de la ley 25.013, además de otros rubros que se le adeuden, y el empleador no da cumplimiento abonándolas, obligando al trabajador a iniciar acciones judiciales o instancias administrativas previas y obligatorias para perseguir el cobro, las indemnizaciones enumeradas se incrementan en un 50%. El artículo en cuestión implica que por el solo hecho de que el trabajador tenga que iniciar incluso un reclamo administrativo, ya se hace acreedor de la indemnización incrementada. En este marco, cumplidos los recaudos para la admisión de dicho incremento indemnizatorio, esto es, la existencia de un despido indirecto, la intimación fehaciente al empleador a abonar indemnizaciones (TCL N° 089076370 del 10.06.15) la cual no fue satisfecha, entiendo desestimar la pretendida impugnación, siendo el razonamiento al que arribara el ” a-quo” inmune al vicio de arbsurdidad que se endilga. No otro temperamento prodecede adoptar en el concreto caso, cuando no se hizo cargo la impugnante de fundar sus embates, criticar de modo concreto y preciso los argumentos esenciales que condujeron al inferior a receptar el reclamo del actor, leerlo y criticarlo idóneamente . Autorizada doctrina (Juan Carlos Hitters: Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación, feb 1991, pág. 143) explica la necesaria correspondencia que debe existir entre la impugnación y la motivación de la sentencia.Esta última, escribe “. es el conducto de la impugnación, ya que los fundamentos dados por el juez en el fallo cumplen una función estrictamente jurídica, como es la de poner a las partes en condiciones de controlar si hay o no causales para recurrir. Los distintos ataques que el agraviado puede intentar se fundan, casi siempre, en el error o en la desviación del íter lógico cumplido por el juzgador que lo ha llevado a dictar una decisión equivocada. Entonces la motivación, que implica un balance escrito, es en definitiva el antecedente necesario para revisar el pensamiento del judicante. Cuando el abogado examina un fallo buscando encontrar en él motivos de impugnación “el terreno en el cual va a la caza de errores se localiza fundamentalmente en la motivación”, en la cual escudriña cada una de sus frases y palabras, porque puede suceder que precisamente en una palabra o hasta en un simple signo gramatical se esconda una fractura sutil de carácter lógico, suficiente para introducir en el fallo la palanca de la impugnación.”(ob cit., pág 143 y la cita de Calamandrei -20-). Y cuando el abogado equivoca su razonamiento y tergiversa los motivos tenidos en vista por el juzgador para decidir el caso, entonces, irremediablemente su impugnación debe rechazarse, en tanto no guarda coherencia con los fundamentos que la sentencia contiene.

X.- Finalmente, deviene inoperante el cuestionamiento esgrimido por el recurrente inherente a la imposición de costas, desde que ella solo se fundó en la expectativa de progreso del recurso, extremo que no se dio en el subexamine.

XI.- Las restantes apreciaciones que contiene la pieza recursiva no resultan esenciales ni conmueven la decisión adoptada por la Cámara. Y ya tiene dicho este Cuerpo que el juez o tribunal no está obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus alegaciones sino solamente en aquellas que resulten conducentes a los fines del litigio.En definitiva, la revisión que el anterior tribunal hizo de la sentencia del primer juez, de su razonamiento y del modo de apreciar el material probatorio se ajustó a las reglas de la sana crítica (art. 386 C.P.C. y C. y art. 109, ley 3540) y a las normas laborales vigentes (arts. 200, 201 y c.c. de la LCT). Lo hasta aquí desarrollado y conclusión arribada me eximen de entrar en otras consideraciones por lo que, de ser compartido por mis pares el voto que propicio, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, confirmar lo resuelto en origen, con costas a la vencida y pérdida del depósito de ley. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Alberto M. García, Claudio Dimitroff Chileff, Agustina Broll y Facundo García Romberg, en conjunto y los pertenecientes al Dr. Norberto Gabriel Ramírez, todos como Monotributistas frente al IVA; en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822).

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: Coincido con la solución que propicia el Sr. Ministro que en voto me precede a cuyos fundamentos me remito para evitar repeticiones innecesarias. Ahora bien, como expuse al votar en la reciente Sentencia del Fuero Civil de este Superior Tribunal (N°83/2018) viene al caso expresar algunas consideraciones en torno a las mayorías necesarias requeridas para que una decisión judicial proveniente de una Cámara de Apelaciones sea válida. En este punto, el art. 28, 2º párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) prevé la forma en que deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las Cámaras de Apelaciones, “[.] Para dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se constituirá por lo menos con dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas cuando ambos estuvieren de acuerdo por voto fundado, permitiéndose la adhesión al primer voto.Si hubiere disidencia, intervendrá el presidente para decidir, en cuyo caso deberá hacerlo en forma fundada por uno de los votos emitidos.” No coincido con la solución legislativa pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el deber constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su consideración. Siendo necesario -en pos de modificar esta situación- que, lege ferenda, se contemple que todos los jueces integrantes de las Cámaras de Apelaciones de la provincia deban pronunciarse sobre las causas que llegan a su conocimiento, ya sea adhiriendo a un voto o, en su caso, formulando el suyo, para de ese modo cumplir con el mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la Constitución Provincial que exige que las sentencias de los jueces deben ser motivadas y constituir una derivación razonada del ordenamiento jurídico aplicable a los hechos comprobados de la causa. Precepto que resulta vulnerado si solamente se requiere para que una decisión judicial sea válida el voto concordante de dos de los tres miembros que integran una Cámara de Apelaciones. Con las breves consideraciones expuestas adhiero al voto que me precede en el orden de votación y me expido en idéntico sentido. Así voto.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos. En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 123

1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, confirmar lo resuelto en origen, con costas a la vencida y pérdida del depósito de ley. 2°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Alberto M. García, Claudio Dimitroff Chileff, Agustina Broll y Facundo García Romberg, en conjunto y los pertenecientes al Dr. Norberto Gabriel Ramírez, todos como Monotributistas frente al IVA; en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822). 3°) Insértese y notifíquese.

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN Presidente Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO Secretaria Jurisdiccional N° 2 Superior Tribunal de Justicia Corrientes