Es desproporcionado el despido directo de la docente universitaria sin antecedentes disciplinarios por no presentarse a tomar un examen

Partes: Ponce Eliana Melisa c/ Agef S.R.L. s/ accidente

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 28-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-112245-AR | MJJ112245 | MJJ112245

Resulta desproporcionado el despido directo de la docente universitaria, que contaba con antigüedad y no tenía antecedentes disciplinarios, por no presentarse a tomar un examen.

Sumario:

1.-No se ajustó a derecho el despido directo decidido por la empleadora alegando que la actora no se presentó a tomar un examen, pues no probó haberle avisado de la realización de los exámenes en la fecha cuestionada y tampoco quedó demostrada la falta de corrección de parciales; máxime siendo que, aun cuando se considerase probada la inasistencia, se trata de una trabajadora con siete años de antigüedad sin faltas ni antecedentes de incumplimientos, por lo que la sanción decidida por la accionada resulta totalmente desproporcionada.

2.-Cualquiera sea la causal de despido debe ser decida por el empleador luego de un sumario interno, dirigido por la autoridad oficial estatal, la ausencia de este procedimiento convierte al despido en uno injustificado, tornando procedente las indemnizaciones previstas para este caso por la LCT .

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza a los veintiocho días del mes de junio de dos mil dieciocho se constituye esta Sala Unipersonal de la Primera Cámara del Trabajo (ley7062), a cargo de su titular el Dr. Alfredo Milutin, Juez de Cámara, a los fines de dictar sentencia en autos n° 151919, caratulados “Ponce Eliana Melisa c/ AGFEF SRL, p/ despido”, de los cuales:

Resulta:

Que comparece la Sra. Ponce Eliana Melisa, por intermedio de apoderado, e interpone formal demanda contra EGFEF SA por el cobro de la suma de $36.833.61 o lo que en más o en menos surja de la prueba a sustanciarse en autos, con más sus intereses y costas, en concepto de salario del mes de julio, SAC y vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad, omisión de preaviso e integración del mes de despido, sanción del art. 80 de la LCT.

Señala que su representada trabaja para un instituto de educación privada, desempeñándose como docente de inglés desde el 9 de abril de 2007, cumpliendo con una carga semanal de doce horas diarias. Que el día 24 de julio la accionada notifica el despido, fundando el mismo en hechos falaces. Qué según los dichos de la contraria, el distracto se basa a una supuesta ausencia del 11 de julio de 2014, fecha en que se tomaban exámenes y en la falta de corrección de parciales. Causal rechazada por su mandante atento a que no debía concurrir ese día por no ser laborable. También sostiene que la empleadora no procedió conforme las disposiciones de la ley 13047, que la causal no resulta contemporánea a la falta al transcurrir trece días.

Liquida reclamo, ofrece prueba y funda en derecho.

Corrido el traslado correspondiente, comparece la demandada a fs. 14 por intermedio de apoderado y solicita la suspensión de los térmios.

A fs. 33 contesta demanda solicitando el rechazo con costas de la misma. Formula negativa genérica y específica de todos los hechos constitutivos de la demanda. Impugna liquidación.

A fs.38 la actora solicita sustanciación de la causa.

A fs. 40 el Tribunal dicta el auto de sustanciación de causa.

A fs. 48 rinde su dictamen el Sr. Perito Contador.

A fs. 60 se celebra la audiencia de vista de causa, comparece la actor y su representante y el apoderado de la demandada, alegan y se llaman autos para SENTENCIA.

Se tratan las siguientes cuestiones a resolver por ante esta Sala Unipersonal del Tribunal (ley 7062)

Primera cuestión: Rubros reclamados. Salariales, indemnizatorios y sanciones.

Segunda cuestión: Intereses y costas.

Considerando.

A la primera cuestión el Dr. Alfredo Milutin dijo

Las partes no discuten la existencia del contrato de trabajo, ni su extensión al no haberse negado ninguno de estos hechos en los términos de los arts. 168 del CPC y 46 y 108 del CPL. A partir de ello pasaré a tratar directamente los rubros reclamados por el actor y la causal de despido invocada por la accionada.

Se reclaman los siguientes rubros integrativos de su liquidación: sueldo del mes de julio, SAC y vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad, omisión de preaviso e integración del mes de despido y sanción del art. 80 de la LCT.

1.- Rubros salariales.

Acreditada la existencia de un contrato y relación de trabajo, se genera una inversión de la carga probatoria respecto del cumplimiento de todos los rubros salariales reclamados, ello se debe a que se tratan de prestaciones alimentarias que son debidas al trabajador por el solo hecho de haber puesto a disposición del empleador su fuerza laboral (arts. 55 del CPL, 112, 39 a 157 de la ley P 1018 DJA).

El salario correspondiente a días del mes de julio de 2014 es adeudado a la actora al no haberse acreditado su cancelación. Es más, la accionada no ofreció prueba del pago del salario prosperando este reclamo por la suma de $1.910.

2.- Rubros indemnizatorios:

a.- SAC y vacaciones proporcionales.

Las indemnizaciones por SAC y vacaciones proporcionales son adeudadas por el solo hecho de la extinción del contrato de trabajo (arts.123 y 156 de la LCT) cualquiera fuese la causa invocada. No demostrado su pago por parte de la accionada, los rubros son debidos por la suma de $162,29 y $1.164,44.

b.- Indemnizaciones por antigüedad, omisión de preaviso e integración del mes de despido (arts. 232, 233 y 245 de la LCT).

El día 24 de julio de 2014, la demandada despide a la actora afirmando la existencia de justa causa en los términos del art. 242 de la LCT. Señala que se ausentó el día 11 de julio de 2014, fecha de exámenes y la falta de corrección de parciales. Todos hechos rechazados por la Sra. Ponce, quién afirma que los viernes no debía concurrir a clase, tampoco fue avisada del supuesto examen y que no se cumplió con el procedimiento previsto por el art. 13 de la ley 13047.

La injuria laboral constituye un grave incumplimiento de las obligaciones y deberes de una de las partes, habilitando a la afectada a dar por finalizado el contrato cuando reunidas determinadas características, no permitan por su gravedad continuar con el vínculo (proporcionalidad, contemporaneidad, non bis in ídem).

El art. 242 de la LCT dispone: “Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación.La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso”. Esta norma faculta a los Jueces para evaluar las causas del despido y establece las pautas que “prudencialmente” deberán tener en consideración, esto es, “el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo” y “las modalidades y circunstancias personales en cada caso”. A los aspectos generales de la relación laboral tenidos en cuenta para la valoración de la injuria, debe agregársele el principio de buena fe, consagrado en los arts. 62 y 63 de la L.C.T., de manera que dicha valoración no queda, por razón de su generalidad, librada a la actividad discrecional del Juzgador (Excma. Séptima Cámara del Trabajo, Sala Unipersonal Dr. Sergio Simó, autos N° 4.531, caratulado: “Ascurra Raúl Martín C/ Millan S.A., p/ despido”).

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia, al tratar el despido causado y sus condiciones ha manifestado: “… el párrafo 2º del art. 242 de la L.C.T. otorga al Tribunal de Mérito una facultad discrecional en cuanto dispone que, para conceptualizar la injuria laboral, debe valorarse prudencialmente las circunstancias personales de cada caso (LS. 188-123) y que el concepto de injuria laboral se configura por la concurrencia de tres elementos: 1.- existencia de un hecho o acto injurioso imputable a una de las partes, en perjuicio de la otra (y consistente en la inobservancia de obligaciones resultantes del contrato que, por su gravedad, impidan continuar la relación); 2.- reacción de la parte afectada por la injuria (es decir, denuncia del contrato por despido directo o indirecto) y 3) valoración judicial de ambos factores, prudencialmente y a partir de las modalidades y circunstancias del caso. (LS. 193-255, entre otros).

Según la teoría “clásica” del “onus probandi” (arts.179 C.P.C y 55 y 108 del C.P.L.) sobre la distribución de las cargas probatorias, las partes deben acreditar los hechos en que fundan sus pretensiones. En el sub lite nos encontramos frente a un despido causado, siendo carga de la demandada acreditar las circunstancias fácticas en las que se funda el distracto y que fueran mencionadas las misivas remitidas a las partes (art 242 de la LCT).

No se acompaña prueba alguna por parte de la demandada de haber avisado a la accionante de la realización de los exámenes del día 11 de julio de 2014, tampoco queda demostrada la falta de corrección de parciales.

Y aún, cuando se considerase probada la inasistencia se trata de una trabajadora con siete años de antigüedad sin faltas, ni antecedentes de incumplimientos. La sanción decidida por la accionada resulta totalmente desproporcionada con la falta, una simple ausencia y la falta de antecedentes me permiten llegar a la conclusión mencionada anteriormente.

La proporcionalidad entre la injuria y el despido, es una cuestión de hecho y de evaluación probatoria, actividad propia y discrecional de los Jueces de mérito, según surge de la ley y lo confirmado por nuestro superior tribunal. Valoración que debe hacerse bajo las reglas de la sana crítica que deciden “per se” si una causal tiene la gravedad suficiente para motivar un despido con justa causa.

El despido justificado es la sanción de mayor gravedad, su imposición por parte del patrono debe responder a un incumplimiento de extrema gravedad, tal que no consiente la continuidad del contrato (art. 10 LCT). Los incumplimiento menores pueden reprimirse con otros tipos de penalidades, tales como el llamado de atención, el apercibimiento o bien la suspensión. Al tratar el tema de la proporcionalidad el Dr.Fernández Madrid señala “la teoría de la proporcionalidad se ha elaborado especialmente con el relación al despido; y a efectos de apreciar la gravedad de la falta, la jurisprudencia ha adoptado, en general, el criterio del decreto ley italiano de 1924, sobre el empleo privado, en el sentido de que debe tratarse de una falta tan grave que no consienta la prosecución, ni siquiera provisoria de la relación de trabajo. Así se ha resuelto que el despido, para que sea justificado debe guardar relación con la causa que lo motiva y ser la sanción correlativa, directa e inmediata de una falta tan grave que no consienta, ni siquiera provisoriamente, una vez conocida y comprobada, la prosecución del contrato” (Juan C. Fernández Madrid, Injurias, indemnizaciones y multas laborales, ed. La Ley 2011, pág. 21).

Además, asiste razón a la actora en cuanto a la falta de cumplimiento del sumario previs to previo. No existe entre las partes cuestionamiento sobre la actividad desarrollada por la empleadora como centro de educación formal, aunque de gestión privada. En virtud de ello, el contrato se rige por las normas del estatuto docente ley nacional 13047, siendo la ley de contrato de trabajo supletoria de las anteriores.

La ley nacional 13047 en su art. 13 dispone “el personal solo podrá ser removido, sin derecho a preaviso ni indemnización, por causa de inconducta, mal desempeño de sus deberes, incapacidad física o mental, previo sustanciación del correspondiente sumario por autoridad oficial competente en el que se le garantizará la inviolabilidad de la defensa”, norma cuyo objetivo es dar una mayor garantía a la estabilidad docente. Nótese que el encargado de la tramitación del sumario es la “autoridad oficial competente”, según dicho estatuto, la autoridad oficial ante la cual se presenta el sumario es el Consejo Gremial de Enseñanza Privada (art.31).

El maestro Fernández Madrid al referirse al sumario previo enseña “Se trata de una exigencia formal tendiente a intensificar la protección de la estabilidad relativa de la que gozan los trabajadores comprendidos en dicho estatuto, pero la conclusión del sumario tramitado ante la autoridad administrativa, en realidad, no condiciona la valoración de la causa de la ruptura, a fin de dilucidar si la misma configura justa causa para la disolución del contractual, extremo que debe efectuarse en sede judicial” (CNAT, sala II, expte. 11567/04, sentencia definitiva n° 94252 del 31/05/2006, caratulados “Salvia Norberto c/ Asociación Hijos de María Inmaculada Asociación Civil, s/ despido). Como bien lo afirma este gran jurista y juez, el sumario es una exigencia para proceder al despido justificado pero de manera alguna impide a las parte del contrato el acceso a la justicia para analizar las causales de ruptura del contrato. Repito, la ley de contrato de trabajo como norma general, dispone que la valoración de la injuria deba hacerse prudencialmente por los jueces (art. 242 de la LCT).

En consecuencia, cualquiera sea la causal de despido debe ser decida por el empleador luego de un sumario interno, dirigido por la autoridad oficial estatal, la ausencia de este procedimiento convierte al despido en uno injustificado, tornando procedente las indemnizaciones previstas para este caso por la LCT. Este motivo resultaría suficiente para considerar procedentes las indemnizaciones por los arts. 245, 233 y 232 de la LCT por la suma de $19.745,52, $4.936,38 y $557,33.

3.- Sanción: Art. 80 LCT.

El empleador se encuentra obligado, al momento de extinguirse el vínculo, a entregar el certificado de trabajo y las constancias documentadas del pago de aportes. A su vez, el trabajador debe intimar el cumplimiento de esta obligación una vez finalizado el contrato.

De las constancias de autos surge que el actor dio cumplimiento a la normativa del decreto 146/01, art.3, formulando la intimación vencido el plazo de treinta días desde el despido (ver telegrama de fecha 29 de agosto de 2014). Ante la falta de entrega de la documentación reclamada la sanción prospera por la suma de $7.404,57.

4.- Conclusión:

Por lo expuesto, corresponde admitir la demanda interpuesta en todas sus partes condenando AGFEF SRL a pagar a la Sra. Ponce Eliana Melisa la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 39/100 ($35.881,39) en concepto de días del mes de julio de 2014, indemnizaciones por antigüedad, integración del mes de despido, omisión de preaviso, SAC y vacaciones proporcionales y sanción del art.80 de la LCT. Así voto.

A la tercera cuestión el Dr. Alfredo Milutin dijo:

Según lo dispuesto por los arts.82 del C.P.L y art.768 del CCCN, corresponde determinar los intereses a aplicar al capital de condena.

Siguiendo los lineamientos del fallo plenario de nuestra SCJ “Citibank NA en j: 28144 Lencinas, Mariano c/ Citibank NA, p/ despido, p/ recurso de inconstitucionalidad y casación”, doctrina obligatoria según lo dispone el art. 149 del CPC, se determina que a partir de su dictado resultará aplicable la tasa de libre destino a 36 meses del BNA. Tasa que funciona como tope, correspondiendo a los tribunales inferiores verificar los fundamentos de su aplicación en cada caso concreto. En este caso concreto la tasa aplicable es la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.), resultar adecuada para garantizar el valor del crédito. No existen índices inflacionarios, ni justificación respecto de año 2017 que motiven la utilización de una mayor.Por último, a partir de enero de 2018 corresponde la aplicación de la tasa prevista en la ley 9041 con más el 5% previsto en el art.1 al encontrarnos en presencia de un crédito alimentario.

Los intereses se devengarán desde que cada uno de los rubros resulta exigible, al cuarto día del despido (31/07/2014).

Las costas por lo que prospera la demanda se imponen a la demandada (art. 31 del CPL y 35 y cc del CPC) y por lo que se rechaza a cargo de la actora. Así voto.

Paso a dictar sentencia definitiva en autos, la que a continuación se inserta.-

Mendoza, 28 de junio de 2018.-

Y VISTOS:

Esta Sala Unipersonal de la Primera Cámara del Trabajo (ley 7062)

RESUELVE:

I.- Declarar la inconstitucionalidad de la ley 7198 debiendo calcularse los intereses conforme lo resuelto en la segunda cuestión.

II.- Admitir la demanda interpuesta en todas sus partes condenando AGFEF SRL a pagar a la Sra. Ponce Eliana Melisa la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 39/100 ($35.881,39) en concepto de días del mes de julio de 2014, indemnizaciones por antigüedad, integración del mes de despido, omisión de preaviso, SAC y vacaciones proporcionales y sanción del art.80 de la LCT3, con más los intereses establecido en la tercera cuestión hasta la fecha del efectivo pago, todo dentro de los CINCO DÍAS de quedar firme y ejecutoriada la presente sentencia con costas a cargo de la demandada.

III.- Firme que sea la presente practíquese por intermedio de los Señores Contadores de Cámaras del Trabajo la correspondiente liquidación.-

IV.- Determinado el capital de condena, regúlense los honorarios profesionales.-

V.- Emplazar al condenado en costas para que dentro del término de DIEZ DÍAS de quedar firme y ejecutoriada la presente sentencia, abonen los aportes correspondientes a Derecho Fijo, Tasa de Justicia y Aportes Ley 5059. Notifíquese la presente resolución a la Caja Forense, AFIP, Dirección General de Rentas, y Colegio de Abogados.-

REGISTRESE, NOTIFIQUESE y CUMPLASE

DR. ALFREDO EDUARDO MILUTIN

Camarista