Tildar de ‘deshonesto’ a un superior en la misiva impugnatoria de una suspensión disciplinaria, no constituye injuria grave que justifique la ruptura del vínculo.

DemandaPartes: Aguirre Andrea Vanesa c/ Actio Consultores Jurídicos S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 6-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-95999-AR | MJJ95999 | MJJ95999

Tildar de ‘deshonesto’ a un superior en la misiva impugnatoria de una suspensión disciplinaria, no constituye injuria grave que justifique la ruptura del vínculo.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que la ruptura decidida por la patronal devino incausada (cfr. arts. 242 de la LCT.), toda vez que el hecho de que la actora, en la misiva en la que impugnaba la suspensión, incluyera la expresión deshonesto para referirse a sus superiores, no constituye una injuria grave en el contexto no neutral de un conflicto (art. 242 LCT.).

2.-Toda vez que los testigos propuestos por la demandada fueron coincidentes en señalar que la relación que mantuvo la accionante con sus superiores era correcta, que su trabajo era perfecto y el trato que mantuvo con los clientes era excelente, la invocación de la actora en una misiva en la que impugnaba una suspensión de la falta de honestidad de sus superiores, no justifica la ruptura del vínculo.

3.-Aún en el caso de considerarse que la frase utilizada por la actora en la misiva mediante la cual impugnó la suspensión, – falta de honestidad -, no ha sido la más adecuada, lo cierto es que la empleadora, de conformidad con lo que establecen los arts. 62 , 63 y 85 de la LCT. y a la luz de los lineamientos del art. 10 de la LCT., gozaba de la facultad disciplinaria proporcionada que establece el art. 67 de la LCT, antes de recurrir a la máxima sanción.

4.-Debe confirmarse que existieron pagos fuera de registro puesto que la trabajadora arrimó a la causa prueba testimonial que resulta eficaz para acreditar los pagos en forma clandestina que denunció en la demanda.

5.-Procede la multa que establece el art. 2 de la Ley 25.323 pues ha mediado un despido injustificado; la trabajadora ha efectuado fehacientemente la intimación preliminar a que se le abonaran las indemnizaciones respectivas; y ha debido iniciar cualquier instancia previa de reclamo y/o demanda judicial para obtener su reconocimiento.

6.-Si bien la demandada dejó constancia de su intención de cumplir con la obligación que establece el art. 80 LCT. epistolarmente y en la instancia administrativa, lo cierto es que de estar a los acompañados no reflejan la realidad de la relación laboral por no contener la verdadera remuneración que le correspondía a la actora, por lo que, en definitiva, la demandante tuvo que iniciar la presente acción a tal fin y por ello, la sanción debe ser aplicada.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 06 de noviembre de 2015, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar al reclamo incoado se alza la parte demandada Actio Consultores Jurídicos SA a mérito del memorial obrante a fs. 427/452.

La parte demandada se agravia porque la Sra. Juez a quo consideró que el despido directo basado en pérdida de confianza resultó injustificado. Cuestiona que la sentenciante de grado consideró acreditado que se le abonaban a la actora salarios en forma clandestina, el incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323, la sanción prevista en el art. 80 de la LCT, el plazo para la entrega del certificado de ley y la tasa de interés. Señala que se efectuaron errores de cálculo en los rubros diferidos a condena. Refiere que la Sra. Juez a quo no se expidió sobre la reconvención interpuesta. Solicita se declare la temeridad de la parte actora. Finalmente apela los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y al perito contador por considerarlos elevados.

A su vez, el perito contador apela los honorarios regulados en su favor por considerarlos reducidos.

Razones de orden metodológico me llevan a tratar en primer término la crítica esgrimida por la parte demandada en lo que hace al fondo de la cuestión que, anticipo, no tendrá favorable acogida en mi voto.

Para así decidir conviene memorar que la actora fue despedida el 22 de mayo de 2012 mediante carta documento redactada de la siguiente forma en la parte pertinente”-antes de que su empleador ratifique o rectifique las sanciones aplicadas, usted lo califica de falta de honestidad.En este marco, considerando también sus recientes antecedentes disciplinarios, su escasa antigüedad y derechos de empleados y empleadores, impidiendo este hecho por su gravedad la prosecución de la relación hemos resuelto despedirla por justa causa-” (cfr. Anexo N° 8095).

La doctora Diaz Aloy luego de analizar los elementos probatorios obrantes en las actuaciones señaló que la actora fue despedida por haber calificado a su empleador de “deshonesto” al incorporar en la misiva mediante la cual impugnó una suspensión, la frase “queda a las claras la falta de honestidad en sus denuncias”. Concluyó que las expresiones invocadas por la actora en su misiva no configuraban una ofensa contra los directivos o integrantes de la empresa en forma personal sino una específica forma de juzgar la inexistencia de los incumplimientos endilgados por el empleador.

Asimismo, estimó que los términos del TCL denotaban que se valió del enunciado “falta de honestidad” para atribuirlo a las denuncias perpetradas y no para acusar o calificar a los miembros de la empresa demandada como deshonestos.

La demandada en la apelación critica este tramo del decisorio alegando que la injuria de la actora en su misiva ha sido suficiente y sobrado motivo del distracto considerando que no resultaba exigible la prosecución de la relación de trabajo. Transcribe la prueba testimonial obrante en autos y señala que se efectuó una incorrecta valoración de las mismas. Cita jurisprudencia en relación a la causal de despido basada en pérdida de confianza.

Ahora bien, más allá de lo que se alega en la crítica, lo cierto es que, al igual que la Dra. Díaz Aloy, quien a mi ver ha ponderado la prueba testimonial con acertado rigor crítico (cfr. arts.386 del CPCCN y 90 in fine de la L.O.), opino que los testigos propuestos por la demandada fueron coincidentes en señalar que la relación que mantuvo la accionante con sus superiores era correcta, que su trabajo era perfecto y el trato que mantuvo con los clientes era excelente.

Además sostuvo la demandada que la imputación de “deshonestidad” que alegó la actora se difundió entre los compañeros de trabajo provocándole un agravio a la ex empleadora. Sin embargo el testigo Albano (fs. 326/329) desconoció los motivos por los cuales la accionante dejó de prestar servicios y Uzal (fs. 330/333) refirió que la causa fue una injuria que ella habría vertido en un telegrama sin hacer referencia alguna sobre la invocación de “falta de honestidad”.

A su vez, aún en el caso de considerarse que la frase utilizada por la actora en la misiva mediante la cual impugnó la suspensión no ha sido la más adecuada, lo cierto es que, como acertadamente lo apuntó la Dra. Díaz Aloy, la empleadora, de conformidad con lo que establecen los arts. 62, 63 y 85 de la LCT y a la luz de los lineamientos del art. 10 de la LCT, gozaba de la facultad disciplinaria proporcionada que establece el art. 67 de la LCT, antes de recurrir a la máxima sanción.

Igualmente debo consignar que, a mi modo de ver, la ya mencionada expresión no constituye una injuria grave en el contexto no neutral de un conflicto (art. 242 LCT).

Como fuere, opino que en el caso la ruptura decidida por la patronal devino incausada (cfr. arts. 242 de la LCT), razón por la cual voto por desestimar la queja y confirmar la sentencia apelada en cuanto a lo principal que decide, lo que así dejo propuesto.

Conforme lo hasta aquí expuesto propicio desestimar el agravio de la demandada basado en la reconvención por daño moral pues como se vio no se acreditó en autos que la accionante haya calificado a su empleadora como “deshonesta”.

La demandada se queja porque la Sra.Juez a quo consideró acreditado que la actora percibía parte de su remuneración en forma clandestina y cuestiona la valoración de la prueba testimonial.

La reclamante en el escrito de inicio señaló que percibía una suma “en negro” de $600 mensuales y que eran abonados por el Sr. Ricardo Albano en su oficina (ver fs. 4vta.). De las probanzas arrimadas a la lid surge debidamente acreditado dicho extremo.

Contrariamente a lo expuesto por Actio Consultores Jurídicos SA en su memorial recursivo los testimonios de Rodríguez y Jeat Oyuela acreditan la modalidad de pago de la demandada. La deponente Rodríguez (fs.188/190) era compañera de trabajo de la actora y señaló que sabía que la accionante cobraba por acreditación bancaria como lo hacían todos y además la llamaba Ricardo Albano y recibían otro monto de dinero pero sin recibo de sueldo.

No sólo Rodríguez corroboró la forma en que se abonaba el salario, también Jeat Oyuela (fs. 191/194) refirió que cobraban por acreditación bancaria y después otra parte en efectivo que se las pagaban en la empresa mediante un “recibí”, que lo pagaba Ricardo Albano. Si bien la recurrente cuestiona la imparcialidad de la deponente pues admitió tener juicio pendiente con la demandada, dicha circunstancia, por sí sola, no inhabilita su testimonio, sino que lleva a valorarlo de manera estricta.

Como se advierte, la trabajadora arrimó a la causa prueba eficaz para acreditar los pagos en forma clandestina que denunció en la demanda y ello me conduce a desestimar el agravio de la demandada en cuanto a este aspecto, lo que así dejo propuesto.

Resta señalar que la demandada refiere que la actora no reclamó en el intercambio epistolar el pago irregular de su salario sin embargo de la misiva obrante a fs.22 surge que la accionante intimó a la demandada a que se regularice la relación laboral y denunció que se le abonaba la suma de $600 sin registración, por lo que cual su argumento carece eficacia para modificar lo hasta aquí expuesto.

En virtud de lo hasta aquí expuesto, propongo desestimar el agravio de la parte demandada basado en que debió declararse la temeridad de la actora.

La demandada cuestiona la procedencia del incremento indemnizatorio que establece el art. 2 de la ley 25.323 pues señala que existen pruebas que demuestran la existencia de la injuria grave denunciada y que existieron razones justificadas para que no se efectuara el pago de las indemnizaciones ante la intimación de la actora.

De conformidad con el resultado del pleito, no encuentro motivos para no hacer lugar a dicha multa en razón de que se hallan presentes los requisitos para su procedencia, es decir: 1) que haya mediado un despido injustificado;

2) que la trabajadora haya efectuado fehacientemente la intimación preliminar a que se le abonaran las indemnizaciones respectivas; y 3) que haya debido iniciar cualquier instancia previa de reclamo y/o demanda judicial para obtener su reconocimiento (en sentido análogo cfr. in re “Sandre, Hugo Modesto C/ Derudder Hnos. S.R.L. S/ Despido” sent.

97.506 del 15/12/09, del Registro de esta Sala, entre otros). Amén de ello, no encuentro configurado un supuesto de duda para beneficiar a la empresa ya que resulta de toda evidencia la inexistencia de un incumplimiento grave de la trabajadora que pudiera dar lugar a una creencia válida del derecho a despedir por justa causa.

Al punto debe añadirse que la demandada no puso a disposición de la accionante las indemnizaciones debidas ni la depositó en su hora. Por ende, la ex dependiente tuvo que litigar para obtener su reconocimiento.

Critica la parte demandada que en la sentencia de grado se haya viabilizado la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT.Sostiene que los mismos fueron puestos a disposición en el intercambio epistolar, en la instancia administrativa del Seclo y agregados al contestar la demanda.

Al respecto destaco que si bien la demandada Actio Consultores Jurídicos SA dejó constancia de su intención de cumplir con la obligación que establece el art. 80 LCT epistolarmente y en la instancia administrativa, lo cierto es que de estar a los acompañados en el Anexo obrante a fs. 8095 no reflejan la realidad de la relación laboral por no contener la verdadera remuneración que le correspondía a la actora, por lo que, en definitiva, la demandante tuvo que iniciar la presente acción a tal fin y por ello opino que la sanción debe ser aplicada.

En cuanto al plazo otorgado por la Sra. Juez a quo para la entrega del certificado previsto en el art. 80 de la LCT que ha sido apelado por parte demandada, advirtiendo que no luce irrazonable propicio confirmarlo.

También la parte demandada apela el quantum de la sanción dispuesta para el caso de incumplimiento de entrega del certificado de trabajo. Sobre el punto habré de sugerir la desestimación de la queja dado que la demandada no invoca que la decisión que cuestiona le genere un agravio concreto y actual. Al respecto cabe memorar que, tal como lo ha señalado el maestro Lino Enrique Palacio en la obra Derecho Procesal Civil (Tº V, pág.85/86, Ed. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, año 1979) configura un requisito subjetivo de admisibilidad del recurso la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione a quien lo interpone, o a su representado, un agravio o perjuicio personal, porque de los contrario faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés.

Asimismo debe tratarse de un agravio actual, desde el doble punto de vista del tiempo en que la resolución impugnada sea dictada y del contenido de ésta.La jurisprudencia también ha entendido que la expresión de agravios no puede reducirse a un planteo carente de interés económico o jurídico actual y, por ende, abstracto o insusceptible de ser tutelado concreta y efectivamente (Cámara Comercial C, in re “Casanovas Héctor c/Armenia del Río de la Plata Cía. Argentina de Seguros Generales S.A. s/ Sumario”, del 20/11/92).

En tal marco, corresponde rechazar esta queja.

La parte demandada cuestiona la tasa de interés que ordenó aplicar la Sra. Juez a quo.

Considero que corresponde desestimar este aspecto de la queja. Ello así por cuanto se aprecia que en el pronunciamiento recurrido se fija una tasa de interés que, por su dinámica -necesariamente-, refleja adecuadamente el costo del dinero que la mora de la demandada priva de disponer al acreedor, y que la potestad de fijar dicha tasa se encuentra expresamente contemplada en los arts. 767/69 del Código Civil y Comercial.

Cabe señalar que, por Acta Nro 2601 de fecha 21.5.2014 esta Cámara recomendó la aplicación de la tasa nominal anual para préstamos personales de libre destino para el plazo de 49 a 60 meses que utiliza el Banco Nación, desde que cada importe se haya hecho exigible hasta su efectivo pago, que es la establecida en grado. Esta Sala, por su parte, considera que esa tasa es la ordenada en el actual contexto económico para compensar la demora en el cobro y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, así como para punir la mora.

Por lo expuesto, considero que corresponde mantener lo decidido por la instancia de grado y confirmar este aspecto de la sentencia apelada.

La demandada señala que se efectuó un error de cálculo en los rubros SAC proporcional, integración del mes de despido más SAC, vacaciones proporcionales más SAC e incremento previsto en el art.2 de la ley 25.323 y de los argumentos invocados en su agravia VII considero que le asiste razón.

Por ello corresponde efectuar el recalculo y considerar que la actora resulta acreedora a la suma de $2.840,64 en concepto de SAC proporcional, $2.280,42 en concepto de integración del mes de despido más SAC, $2.199,34 en concepto de vacaciones proporcional más SAC y $8.692,59 en concepto de incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323.

Por todo lo hasta aquí expuesto, en virtud de las modificaciones propuestas y teniendo en consideración la remuneración de $7.250,60, corresponde modificar la sentencia de grado y reducir el monto de condena a la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON QUINCE CENTAVOS ($65.437,15 = $7.250,60 en concepto de antigüedad + $7.854,16 en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso con SAC + $2.280,42 en concepto de integración del mes de despido con SAC + $5.317 en concepto de días laborados en mayo/12 + $2.840,64 en concepto de SAC proporcional + $2.199,34 en concepto de vacaciones proporcionales con SAC + $7.250,60 en concepto de indemnización art. 1 ley

25.323 + $8.692,59 en concepto de incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323 +

$21.751,80 en concepto de indemnización prevista en el art. 80 de la LCT). Dicho importe deberá ser abonado con los intereses que -en la oportunidad prevista en el art. 132 LO- se calculen desde la exigibilidad de cada crédito y hasta su cancelación definitiva, a cuyo efecto se aplicará la tasa de interés prevista en el Acta 2601/2014 de la CNAT.

Conforme el resultado sugerido, propongo dejar sin efecto lo dispuesto en la instancia previa en torno a las costas y regulaciones de honorarios, y proceder a su determinación en forma originaria (art.279 CPCCN).

En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art. 68 del CPCCN, estimo que las costas de ambas instancias, deben quedar a cargo de Actio Consultores Jurídicos SA por resultar vencida en los aspectos principales de la sentencia.

En atención a la extensión y calidad de la tarea realizada, el valor económico del litigio y los mínimos arancelarios vigentes, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada Actio Consultores Jurídicos SA y perito contador por sus actuaciones en primera instancia, en el 15%, 12% y 6% -respectivamente- del monto total de condena, que comprende los intereses (cfr. arts. 38 LO, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/57).

Por último, con relación a los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada Actio Consultores Jurídicos SA por sus trabajos en esta instancia, propicio fijar los mismos en el 25% y 25%, respectivamente, de las sumas que deban percibir por los de primera instancia, teniendo en cuenta la importancia y extensión de las labores profesionales (art. 14 ley 21.839).

La Dra. Graciela A. González dijo: Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE:1º) Modificar la sentencia de primera instancia y reducir el monto de condena a la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON QUINCE CENTAVOS

($65.437,15), que llevará los intereses dispuestos en la instancia anterior; 2°) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de Actio Consultores Jurídicos SA; 3º) Regular los honorarios de primera instancia de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada Actio Consultores Jurídicos SA y perito contador en el 15%, 12% y 6% -respectivamente- porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la L.O., deben aplicarse sobre el monto de condena con intereses; 4º ) Fijar los honorarios de Alzada de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el veinticinco por ciento (25%) y demandada Actio Consultores Jurídicos SA en el veinticinco por ciento (25%), de lo que cada uno deba percibir por sus trabajos en la instancia anterior; 5º) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara