No reconocer la antigüedad de un trabajador que pasa de una empresa a otra por cesión de la misma, habilita el despido indirecto.

Despedido empresaPartes: Coronel Fátima del Valle c/ Nacelim S.R.L. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 12-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-93130-AR | MJJ93130 | MJJ93130

En tanto al operar una transferencia del contrato de trabajo debe reconocerse la antigüedad del trabajador en su puesto, el incumplimiento de tal cuestión torna legítimo el despido indirecto, por el cual responden de modo solidario tanto la cedente como la cesionaria.

Sumario:

1.-Se ajustó a derecho el despido indirecto, pues al haberse operado una transferencia del contrato de trabajo en favor de la codemandada, ésta debía mantener la antigüedad de la accionante considerando la fecha de ingreso para la antecesora, por lo que ante su negativa al emplazamiento formulado por la trabajadora, resultaba legítimo disolver el vínculo.

2.-Cabe confirmar la procedencia de la multa del art. 80 LCT., pues si bien la accionada dijo haber puesto a disposición de la actora los certificados y que luego fueron acompañados al contestar demanda, la demandada no ha acreditado la no concurrencia de la accionante al domicilio del deudor para recibir los certificados, sin que baste a tal efecto la alegada puesta a disposición de dichos instrumentos.

3.-Corresponde mantener la extensión de responsabilidad a las personas físicas codemandadas, pues eran socios gerentes de las demandadas y la última empleadora omitió registrar el vínculo en los términos y alcances pretendidos por la actora respecto a la antigüedad y la remuneración, como así también se abstuvo de ingresar aportes a los organismos de recaudación.

4.-Para la procedencia de la acción de responsabilidad prevista en el art. 59 de la Ley 19.550 se requiere la existencia de daños y perjuicios en relación de causalidad con la acción u omisión ilícita, resultando evidente el perjuicio sufrido por la actora como consecuencia de la incorrecta registración del vínculo contractual por parte de la demandada.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 12 días del mes de febrero de 2015 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y El DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I. Vienen los autos a esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs. 590/595 formulan ambas partes a tenor de los memoriales obrantes a fs. 600/605 (demandada) y 617/618 vta. (actora), que merecieran réplica de la contraria a fs. 608/616 vta. y 622/623.

II. Por razones metodológicas, iniciaré el análisis de la queja de las demandadas donde cuestionan la decisión de grado que hizo lugar al reclamo inicial.

Entienden las apelantes que el despido indirecto no se ajustó a derecho porque la judicante no valoró adecuadamente el hecho de que la actora no se presentara a retomar tareas, como así tampoco respecto al contrato de trabajo de temporada. Por tales motivos, considera que la accionante prefabricó el despido porque la relación laboral se encontraba debidamente regularizada y las labores anteriores para otras empresas no debían computarse porque no existió continuidad. Señala también que las declaraciones testimoniales no bastan para acreditar la supuesta continuidad empresaria.

Sin embargo, coincido en lo sustancial con la solución adoptada por la jueza que me precede, sin que a mi entender el recurso de la demandada logre rebatirla.

En efecto, la magistrada tuvo acreditado que la actora se desempeñó desde la fecha denunciada en el inicio (1/11/94) para la empresa Lamobel S.R.L. cumpliendo tareas de limpieza y que a partir de 1998 operó una transferencia de su contrato de trabajo en favor de la firma Nacelim S.R.L. quien debía mantener la antigüedad de la accionante considerando la fecha de ingreso para la antecesora.Ante la negativa de la demandada al emplazamiento formulado por la trabajadora, la jueza a quo consideró ajustado a derecho el despido indirecto.

Consecuentemente, considero que las argumentaciones de la apelación resultan insuficientes, a mi juicio, para modificar lo resuelto pues las recurrentes no se hacen cargo de los fundamentos centrales de la sentencia cuestionada.

Por dichos motivos, a mi criterio, la queja carece de relevancia jurídica a los fines pretendidos por la accionada porque no encuentro un razonamiento lógico que permita advertir en qué errores habría incurrido la jueza de grado, pues la recurrente solamente expresa su disconformidad con el decisorio, y la sola mención que la actora no se presentó a trabajar a pesar de estar intimada o que intimó a su empleadora sin cumplir el débito laboral, no alcanzan a constituir una crítica razonada a los fines de la norma procesal citada ante los concretos argumentos que se explicaron en el fallo cuestionado.

Propicio, en consecuencia, la confirmación de la sentencia de grado.

III. En cuanto a la queja referida a la multa dispuesta por el art. 80, L.C.T (conf. art. 45, ley 25.345), sostiene la apelante que puso a disposición de la actora los certificados de trabajo y que, en el presente caso, existe mora de la acreedora porque no cumplió con su obligación de retirarlos. Por dicho motivo, peticiona que se revoque la condena en este aspecto.

Si bien la accionada, mediante comunicación del 25/2/10 (v. fs. 43), dijo haber puesto a disposición de la actora los certificados previstos por el art. 80 L.C.T. y que luego fueron acompañados al contestar demanda (v. fs. 30/34), la queja no será atendida favorablemente toda vez que la demandada no ha acreditado la no concurrencia de la accionante al domicilio del deudor para recibir los certificados (conf. art. 509 in fine, C. Civ.), sin que baste a tal efecto la alegada “puesta a disposición” de dichos instrumentos, por lo que soy de la opinión de que debe confirmarse lo resuelto.

IV.Otro aspecto del recurso está dirigido a cuestionar la condena con fundamento en el art. 2, ley 25.323 toda vez que sostiene la apelante que no corresponde la multa porque había finalizado el contrato de temporada y, aun cuando no fuera así, el último párrafo de dicha norma autoriza a la reducción de la misma.

Sin embargo, la queja no prosperará en mi voto. Esta disposición legal establece que:

“Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%.

Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago”.

De acuerdo a la resolución que propicio confirmar, la accionante se consideró despedida justificadamente, de ahí que requirió de modo fehaciente el pago de las indemnizaciones derivadas del despido del caso, según surge del telegrama del 22/2/10 (v. fs. 218), por lo que se vio obligada a iniciar la presente acción, sin que se configure el supuesto previsto por el segundo párrafo de la norma para reducir la multa o eximir a la demandada.

Por ello, no advierto fundamento alguno para excluir a la recurrente de abonar la multa prevista en el art. 2º, ley 25.323 por lo que propiciaré, en consecuencia, confirmar la sentencia en este aspecto cuestionado.

V.El recurso también se dirige a cuestionar la condena impuesta solidariamente a Adrián Alfonso Bello y Rubén Oscar Bello por entender que no tuvieron participación en la relación laboral con la demandante.

La jueza de primera instancia tuvo acreditado que ambas personas eran, respectivamente, socio gerentes de las demandadas y que correspondía extenderles la responsabilidad solidariamente porque Nacelim S.R.L. omitió registrar el vínculo en los términos y alcances pretendidos por la actora respecto a la antigüedad y la remuneración, como así también se abstuvo de ingresar aportes a los organismos de recaudación.

En esos términos, los recurrentes lejos de demostrar el error de estas conclusiones, se limitan a reiterar textualmente argumentos esgrimidos en el responde (v. fs. 132/134), y que fueron expresamente desestimados en el fallo, en el que se establecieron los motivos que daban justificación a la extensión de la condena fundados en la ley de sociedades comerciales.

En primer lugar, no está controvertido el carácter de socio gerente de “Lamobel S.R.L.” del demandado Rubén Oscar Bello (v. fs. 332) y de “Nacelim S.R.L.” respecto de Adrián Alfonso Bello (v. fs. 122). A su vez, que el vínculo laboral de la actora se mantuvo parcialmente registrado.

El factor de atribución de responsabilidad en los subsistemas regulados por los arts. 59, 157 y 274 de la ley 19.550 es subjetivo, teniendo en cuenta -además- que en las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada el principio es que los directores y gerentes no contraen responsabilidad personal ni solidaria por los actos realizados por el organismo que integran, y que para que tal responsabilidad opere es necesario al menos la existencia de culpa, la cual se erige con fundamento de la responsabilidad, siendo una noción adecuable a cada caso y persona en concreto a apreciar prudencialmente por el juez, a la luz de las pautas configuradas en los arts. 59 L.S.C.y 512 y 902 C.C.

Para que se configure la responsabilidad civil es necesario que los hechos u omisiones hayan ocasionado un perjuicio, de donde resulta que no basta demostrar que el administrador incumplió sus obligaciones legales y estatutarias, o que incurrió en negligencia culpable en su desempeño, sino que, para que se configure su responsabilidad, deben concurrir los otros presupuestos de la teoría general o de la responsabilidad civil, entre otros los que se encuentra el adecuado nexo de causalidad entre la inconducta y el daño causado (cfr. C.N.Com. Sala A 07/11/02, “Cancela Echegaray, Guillermo c/ Compartime S.A. y otros” )

El art. 59 de la Ley de Sociedades Comerciales establece: “Los administradores y representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión”.

A su vez, el art. 157 de la Ley de Sociedades dispone que “la administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes, socios o no, designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o posteriormente…”

Es decir, la norma transcripta imputa responsabilidad solidaria a los administradores y representantes de la sociedad. En el caso, Adrián Alfonso Bello y Rubén Oscar Bello revistieron la condición de socio gerente de las demandadas. Es decir, que la persona física está incluida en el ámbito de aplicación del art. 59 L.S.C.

Para la procedencia de la acción de responsabilidad prevista en el art. 59 de la ley 19.550, se requiere la existencia de daños y perjuicios en relación de causalidad con la acción u omisión ilícita.

A mi modo de ver, resulta evidente el perjuicio sufrido por la actora como consecuencia de la incorrecta registración del vínculo contractual por parte de la demandada.

El art.274 de la ley 19.550 establece:

“Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por mal desempeño de su cargo, según el criterio del art. 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido con dolo, abuso de facultades o culpa grave”.

En el caso analizado, surge que los codemandados Adrián Alfonso Bello y Rubén Oscar Bello, en su carácter de socios gerente de las S.R.L. demandadas, consintieron con su accionar la comisión del fraude laboral y previsional por parte de dicha persona jurídica. Sabido es que la ilicitud constituye un quebrantamiento de la lealtad y la diligencia exigible a un “buen hombre de negocios” (art. 59 y 274 L.S.C.). Corresponde, por ende, confirmar la sentencia que responsabiliza a Adrián Alfonso Bello y a Rubén Oscar Bello por la condena de autos en forma solidaria.

VI. Motiva la queja de la reclamante la cuantificación de la sanción conminatoria prevista en el art.132 bis, L.C.T.

Entiende la accionante que la sentencia se aparta en este punto de lo dispuesto por la normativa en cuestión, toda vez que la misma establece que la sanción conminatoria debe computarse periódicamente hasta que el empleador acredite el ingreso de los aportes retenidos y no depositados.

En dichos términos, encuentro que resulta atendible la queja de la actora toda vez que, efectivamente, la norma señalada ordena a la empleadora abonar al trabajador una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario desde la disolución de la relación laboral hasta que la empleadora acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos.

La sanción conminatoria se trata de una prestación única cuyo contenido, si bien determinable, se incrementa con el paso del tiempo pero ello no hace nacer obligaciones nuevas sino que determina el monto de una sanción única exigible, con contenidos variables, hasta el momento en que se cumpla la condición resolutoria. Es decir que no hay cuotas ni obligaciones distintas sino una obligación única con contenido que se incrementa en el tiempo. La condena que se dicta no hace otra cosa que declarar la existencia de la obligación sin que la cuantificación pueda determinarse en momento alguno hasta el momento de la ocurrencia del cumplimiento de la condición que, por ser tal, no es necesaria sino contingente. No hay una necesidad de una nueva condena porque la prestación es única.

En consecuencia, propicio modificar la sentencia en la forma mencionada precedentemente.

VII. Las demandadas también apelan la imposición de costas a su cargo, pero tal decisión debe mantenerse en virtud de la suerte del reclamo y el hecho que resultaron sustancialmente vencidas.

VIII.La perito contadora cuestiona los honorarios fijados a su favor por considerarlos bajos.

Teniendo en cuenta el mérito e importancia de las labores, su extensión y el valor económico, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes (conf. arts. 38 de la ley 18.345, 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 de la ley 21.839, arts. 3 inc. b) y g) dec.- ley 16.638/57 y ley 20.243), entiendo que los honorarios regulados a la perito contadora no son bajos, por lo que propiciaré confirmarlos.

IX. Atendiendo al resultado de los recursos traídos a conocimiento de esta alzada, voto para que las costas en esta instancia se impongan a cargo de las demandadas solidariamente (cfr. art. 68 CPCCN), a cuyo efecto, postulo regular los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada en el 25% y 25 %, respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la instancia de origen (cfr. art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE N. ARIAS GIBERT manifestó:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante. En cuanto a los intereses, al no modificarse el monto del capital y teniendo en cuenta el criterio del Dr. Luis Raffaghelli, me abstengo de opinar por razones de economía procesal.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios, a excepción de lo que se dispone a continuación; 2) Condenar solidariamente a las demandadas a abonar a la actora la suma a determinar en concepto de sanción conminatoria dispuesta por el art. 132 bis, L.C.T., de acuerdo a lo establecido en el considerando VI del primer voto. 3) Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto en el punto IX del primer voto; 4) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 R.J.N.).

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

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