Cede la exigencia de notificación formal del estado de gravidez si el proceso de gestación y parto ocurrieron durante la relación laboral.

Embarazada 3

Partes: Lobaisa Daiana V. c/ Salari Carlos E. y/u otros s/ cobro de pesos

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta circ.

Fecha: 30-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-92035-AR | MJJ92035 | MJJ92035

Si el embarazo se desarrolla por completo durante la relación laboral, y el parto y el reclamo de la trabajadora ocurren dentro del plazo de protección a la maternidad, es obligación del demandado abonar la indemnización del art. 182 de la LCT.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la apelación de la trabajadora y revocar la sentencia en el aspecto que había rechazado la indemnización establecida en el artículo 182 pues más allá de determinar si notificó o no su embarazo conforme a la exigencia normativa, lo cierto es que el cumplimiento de dicha formalidad queda superado por el hecho de que todo el proceso de gestación y el parto ocurrieron durante la relación laboral, debiendo ceder aquella exigencia formal frente al estado de gravidez de la trabajadora, que con su término natural de nueve meses no puede pasar desapercibido a nadie dadas las alteraciones externas que la gestación conlleva.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 30 días del mes de diciembre del año dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Alejandro A.

Román, Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno, para resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de esta ciudad, Dr. Lucas Marín, en los autos caratulados: “Expte. N° 120 – Año 2013 – LOBAISA, Daiana Vanesa c/ SALARI, Carlos Enrique y/u Otros s/ Cobro de Pesos – Laboral”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Alejandro A. Román; segunda, Dra. Beatriz A. Abele; tercero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es justa la sentencia apelada? 2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? A la primera cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:

1. De los antecedentes de la causa, en lo que aquí concierne, surge que la sentencia cuestionada hace lugar parcialmente a la pretensión de la Sra. Daiana Vanesa Lobaisa y condena al Sr. Carlos Enrique Salari a abonarle los rubros e intereses dispuestos en los considerandos (fs. 116/122 vto.).

Concretamente, los rubros admitidos son: haberes correspondientes a marzo, abril y días de mayo/2010 e integrativos del mes de despido; diferencias de haberes sobre básicos y adicionales no abonados según convenio y escala salarial aplicables (período no prescripto); S.A.C. no abonados (período no prescripto) y S.A.C./2010 (proporcional); vacaciones anuales/2010 (proporcionales); indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso; indemnizaciones establecidas en los arts. 8 y 15 de la Ley 24.013, 2° de la Ley 25.323. También admite el reclamo por la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones y certificado de trabajo.Asimismo, dispone que a la suma total adeudada se le adicionen intereses, a calcular a una tasa activa para operaciones de descuento de documentos según establece el Banco de la Nación Argentina desde que cada rubro es debido y hasta el efectivo pago.

Los únicos rubros rechazados son los correspondientes a las indemnizaciones establecidas en los arts. 80 y 182 de la L.C.T.

Finalmente, en cuanto a los gastos del juicio, impone las costas en un 70% a cargo del demandado y en un 30% a cargo de la actora; difiriendo la regulación de honorarios profesionales para cuando se establezca la base económica del litigio.

2. Contra esa decisión, recurren apelación parcial ambas partes (actora, fs. 123; demandado, fs. 125), lo que se concede de conformidad (fs. 124 y 126, respectivamente), habilitándose así la intervención de este Tribunal de Alzada.

Radicada la causa en esta sede (fs. 131; v. céds. fs. 132/133), se expresan los respectivos agravios (actora, fs. 136; demandado, fs. 139 vto./143), los que son oportunamente contestados por ambos litigantes (fs. 139/139 vto. y 146/147).

Quedan, por tanto, estas actuaciones en condiciones de ser resueltas (ceds. fs. 149/150 y 156/157) .

3. La parte actora dirige su impugnación en orden a los rechazos de la indemnización especial del art. 182 de la L.C.T., de la correspondiente al art. 80 del mismo cuerpo normativo y por la consiguiente imposición de costas a su cargo.

Por su parte, la demandada se queja porque se considera probada la pretendida relación laboral, con sustento en un análisis -en su opinión, parcial- de las declaraciones testimoniales obrantes en la causa, dando énfasis a los ofrecidos por la accionante y descartando los presentados por su parte; así como que se omitiera tener en cuenta el hecho nuevo denunciado a fs. 95 y prueba informativa producida.

4.Por una cuestión de método, corresponde tratar en primer término los agravios presentados por la parte demandada.

Este Tribunal ha señalado en distintas oportunidades, tanto en su actual integración como en las anteriores, que el escrito de expresión de agravios debe bastarse a sí mismo, no siendo suficiente que se remita de manera abstracta a presentaciones anteriores del expediente si no se indica qué elementos de juicio habrían aportado ni cómo es que incidirían para alterar el resultado del litigio.

En ese sentido, en el escrito de expresión de agravios se limita a reiterar textualmente argumentos ya expuestos en etapas previas (v.gr., alegato), sin cumplir con los requisitos de autosuficiencia (ver esta Cámara, en “Banco Nordecoop. Ltdo. c. Caula s. Ejecutivo”, del 13.12.1995; más recientemente, en “Pairetti c. Basso S.A. y otro”, del 15.05.2014; entre muchos otros) ni efectuar un análisis crítico de cada uno de los motivos que fundan el fallo impugnado y por los que se agravia el recurrente, análisis que debe demostrar los errores, omisiones, vicios, defectos o excesos que la resolución contiene, ya sea en la apreciación de los hechos, en la valoración de la prueba o en la aplicación del derecho. En tal sentido se han manifestado en forma coincidente, y sólo por nombrar algunos: C.C. y C. Rosario, Sala 3°, en “Citibank N.A. c. Cazzaretto, M.S. y otro s. Demanda Ejecutiva” del 19.02.1996 (cit. en PRIVIDERA, Jorge. A.; “Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe”, Editorial Zeus S.R.L., T. II, pág. 216); C.C. y C. Rosario, Sala 1°, en “Las Mulas S.A. c. Frigorífico Regional Santa Elena S.A. s. Cobro de Pesos” del 21.11.1995 (v. PRIVIDERA, Jorge. A., Ob. Cit., T. II, pág. 219); FALCÓN, Enrique – COLERIO Juan, “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Rubinzal – Culzoni Editores, T. VIII, págs.108 a 110 y 263; PEYRANO, Jorge – VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto, “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe”, Editorial Juris, T. 2, págs. 137 a 139. Por ello son inadmisibles las alegaciones genéricas, meramente teóricas, abstractas o hipotéticas y las reiteraciones de manifestaciones efectuadas en otros escritos presentados durante el pleito.

En síntesis, los agravios deben contener una abarcativa motivación, por la cual debe destruirse otra: “la brindada por el juez en la sentencia”, como lo señala el Dr. Ángel F. Angelides en su comentario al art. 118 de la ley ritual aplicable (“Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentado”. Tomo III, pág. 77. Rubinzal-Culzoni Editores).

Ahora, no obstante que lo señalado es suficiente en mi opinión para sellar la suerte adversa de la impugnación, y sólo para dar otros fundamentos a mi conclusión, quiero destacar que la apreciación de la prueba -y en especial de la testimonial, centro del cuestionamiento del recurrente- exige al Juez de la causa que se pondere si el o los testimonios parecen objetivamente verídicos, no solamente por la congruencia de lo expresado sino, además, por la corroboración de los mismos con el resto de las pruebas que pudieran obrar en el expediente, lo cual es facultad privativa de aquél.

Puntualmente: el material probatorio debe ser apreciado en su conjunto mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los distintos elementos de convicción arrimados al proceso, por lo que las declaraciones de testigos que individualmente consideradas pueden ser objeto de reparos, por ser débiles o imprecisas, en muchos casos se complementan entre sí o con otros elementos incorporados al expediente, de tal modo que, unidas, llevan al ánimo del A quo la certeza de la verdad de los hechos.

Pues bien, aplicando estos conceptos al caso y luego de una detenida lectura de las actuaciones, debo admitir que, no obstante los argumentos esgrimidos por el apelante, coincido con la valoración efectuada en la instancia anterior respecto de las declaraciones de los testigos Vanesa P.Santos (fs. 62), Daiana E. Salzgeber (fs. 63), Gonzalo Córdoba (fs. 64), María C. Allemann (fs. 67), Ezequiel A. Santos (fs. 68), Susana M. Suárez (fs. 75) y Sebastián J. Díaz (fs. 76).

A mi entender, dichos testimonios resultan plenamente eficaces habida cuenta que son coincidentes en aspectos sustanciales de la relación laboral cuya existencia se trata de determinar; a saber: las tareas desarrolladas por la actora en el negocio, los días y horarios en que se la ha visto trabajado, la persona que impartía las instrucciones.

Santos (Vanesa; fs. 62) señala que cuando ella trabajó en el local, la actora ya estaba y, cuando se fue, a mediados de 2008, esta última seguía laborando. Expresa que “.recibía órdenes de Carlos. Carlos era el que manejaba todo. Carlos es el señor que está presente en esta audiencia. Lo sé porque yo lo ví. . Trabajábamos mucho, ahí, incluso a veces los horarios se extendían más allá de los horarios de comercio, y siempre las chicas accedíamos sin ningún problema”. Y agrega que “.Ella trabajaba incluso más, hacía más tiempo que trabajaba que yo. Ella trabajaba de lunes a sábado. No era solo de 8 a 12 y de 16 a 20, había que trabajar, más horas y días . Daiana era la persona que más estaba, la que más conocía el manejo del local.”.

Por su parte, Salzgeber (fs. 63) dice que la actora “.sí trabajó como empleada. Lo sé porque yo fui empleada y cuando ingresé ella hacía más de un año que ella estaba ahí. En el año 2007, principios de 2007 y hasta abril de 2010 trabajó Daiana Lobaiza. Las dos nos fuimos el mismo día.”. En respuesta a quién era la persona que daba las órdenes a la actora como empleada de la accionada contesta que “Carlos Salari.Lo sé porque éramos compañeras de trabajo”. Y agrega que trabajaban en horario de comercio y que percibían “entre 600 y 1.000 pesos mensuales, no se firmaban recibos”. A su turno, Córdoba (fs. 64) expresa que la actora “atendía al público. Me consta porque me atendió a mí”, viéndola “tanto de mañana como de tarde.Yo he ido un sábado a la tarde antes de salir y estaba ella.”. Allemann (fs, 67) refiere que la accionante “atendía al público y, a veces, cobraba también, es lo que yo veía. Yo sé que trabaja toda la semana hasta e l sábado, mañana y tarde trabajaba. Lo sé porque yo siempre iba a comprar, y a veces iba de mañana, a veces de tarde. Yo iba muchas veces.”.

A su vez Santos (Ezequiel; fs. 68) también se expresa en idénticos términos que los anteriores, siendo siempre atendido por Lobaisa, “ella lo atendía -al negocio-, ., sacaba la ropa, me mostraba la ropa que tenía y yo compraba, elegía y después me cobrara el chico”.

Y Suárez (fs. 75) dice que en el 2010 “iba a comprar y me atendió ella” tanto a la mañana como a la tarde.

En otros términos, los deponentes han declarado respecto de circunstancias con las que han tomado contacto directo y, además, sus dichos no han sido desvirtuados con otro elemento de similar o superior valor probatorio. Extremo éste que no se configura aún observando lo testificado por Díaz (fs.76), quien ocasionalmente iba al local, y una vez, 6 o 7 años antes de su declaración, la vio en otro lugar, lo que en nada elimina la posibilidad de que la actora haya prestado tareas en relación de dependencia para el demandado, como razonablemente interpreta el A quo.

Además, la supuesta mendacidad de algunos testigos no se encuentra acreditada por ningún elemento de prueba ni mucho menos aún la aludida amistad o vecindad o vínculo religioso con algún cónyuge y que pudieran tener con la accionante no configura causal para invalidar sus testimonios. Parece una obviedad pero la relativa vecindad de los declarantes con la actora, o el conocimiento social que la cónyuge de algún testigo pudiera tener con la accionante, la relación religiosa con el esposo de otra (que, por lo demás, no se demuestra que continuara con un vínculo caracterizado por la frecuencia y estrechez en el trato) carecen de idoneidad para poner en cuestión la objetividad y veracidad de aquéllos. No constituyen apriorísticamente elementos que impidan acoger las declaraciones como útiles para la dilucidación de la litis y que justifiquen la exclusión total o parcial de su mérito probatorio. E idéntica conclusión me cabe respecto a fotografías de origen y fechas inciertas.

Por otro lado, el hecho de que algún testigo esté comprendido por las generales de la ley, por haber tenido pleito pendiente con una de las partes o alguna denuncia policial efectuada, no implica inexorablemente que haya faltado a la verdad o merezca solo mínima credibilidad. Podrá ser significativa para ponderar sus manifestaciones con mayor rigurosidad pero no impide ni afecta de manera absoluta la eficacia probatoria de los dichos cuando muestran coherencia y objetividad así como adecuada sustentación con otros elementos de la causa que muestran que no ha mediado distorsión o desvío en la declaración.

En conclusión, con fundamento en las razones expuestas considero que el planteo recursivo de la parte demandada debe ser rechazado.

5.En lo que respecta a la impugnación de la parte accionante destaco lo siguiente.

Acreditada la existencia de la relación de trabajo alegada como fundamento de la pretensión, así como el nacimiento de una hija de la demandante dentro del período de la vinculación laboral (cfr. partida de nacimiento certificada obrante como prueba reservada en Secretaría) y el reclamo de la pertinente compensación, antes de producirse el distracto, en la comunicación telegráfica del 23.04.2010, no puede sostenerse que el accionado no tuviera conocimiento del estado de gravidez de su dependiente.

Es que más allá de determinar si la Sra. Lobaisa notificó o no su embarazo conforme a la exigencia normativa, lo cierto es que el cumplimiento de dicha formalidad queda superado por el hecho de que todo el proceso de gestación y el parto ocurrieron durante la relación laboral. Así es que, con esa particularidad de este caso concreto, aquella exigencia formal debe ceder frente al estado de gravidez de la trabajadora, que con su término natural de nueve meses no puede pasar desapercibido a nadie dadas las alteraciones externas que la gestación conlleva.

Véase, además, que por un lado el embarazo se desarrolla por completo durante la relación laboral; y, por el otro, que el parto y el reclamo de la trabajadora ocurren dentro del plazo de protección a la maternidad.

Por lo tanto, en este punto, opino que la sentencia debería ser modificada.

A idéntica conclusión llego luego de analizar el cuestionamiento al rechazo de la indemnización que se reclama con sustento en el art. 80 de la L.C.T., pues, de las constancias incorporadas a la causa surge que: el distracto se produce el 26.05.2010 y el telegrama intimando la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones data del 28.06.2010.Asimismo, si bien a esta última fecha ya se había iniciado el presente litigio, la notificación del traslado de la demanda, con copias de toda la documental obrante en el expediente, es de fecha 11.08.2010 (cfr. céds. fs. 18 y 19) y al momento de contestar la demanda, la parte accionada no cuestiona la existencia de esta última misiva (cfr. escrito de fs. 14/16).

Así las cosas, recuerdo que la intimación fehaciente a que alude tanto el art.

80 de la L.C.T. como su reglamentación, sólo puede surtir efectos una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo éste que constituye desde el momento de la extinción una oportunidad para que la patronal -infractor- regularice su situación administrativa.

En otros términos, en el entendimiento de que se encuentran configurados en la especie los presupuestos normativos mencionados, considero que ha transcurrido holgadamente el cómputo de dos días desde la intimación -más, incluso, cuando está contestada la demanda, sin cuestionar dicho requerimiento y sin presentar la documentación referida-, es admisible el derecho a la indemnización pretendida.

Por último, y en lo que refiere a la imposición parcial de las costas por las que se queja la parte actora, dada las conclusiones anteriores que inciden en la forma de resolver el recurso de esa parte, deviene inoficioso el tratamiento de este agravio.

6. Entonces, para finalizar, ante la pregunta formulada al comienzo y que motiva el desarrollo de mi voto, mi respuesta es parcialmente negativa.

Así voto.

A esta primera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo que hacia suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votó en el mismo sentido.

A la misma cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

A la segunda cuestión, el Dr. Alejandro A.Román dijo:

Como consecuencia del estudio realizado a la primera cuestión, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución: 1) Rechazar el recurso de apelación parcial interpuesto por la parte demandada. 2) Admitir el recurso de apelación parcial interpuesto por la parte actora. En consecuencia, se modifica la sentencia en cuanto ha sido materia de agravios, es decir solo en lo que refiere a los rubros correspondientes a las indemnizaciones establecidas en los artículos 182 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, los que se admiten. Y, en lo que refiere a las costas, que se imponen en ambas instancias a la parte demandada. 3) Confirmar la sentencia en todo lo demás. 4) Fijar los honorarios en el 50% de los que en definitiva se regulen en baja instancia.

Así voto.

A la misma cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Alejandro A. Román, y en ese sentido emitió su voto.

A esta misma cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, con la abstención del Dr. Lorenzo J. M. Macagno (art. 26, Ley 10.160), RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación parcial interpuesto por la parte demandada. 2) Admitir el recurso de apelación parcial interpuesto por la parte actora. En consecuencia, se modifica la sentencia en cuanto ha sido materia de agravios, es decir solo en lo que refiere a los rubros correspondientes a las indemnizaciones establecidas en los artículos 182 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, los que se admiten. Y, en lo que refiere a las costas, que se imponen en ambas instancias a la parte demandada. 3) Confirmar la sentencia en todo lo demás. 4) Fijar los honorarios en el 50% de los que en definitiva se regulen en baja instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen. Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe. Alejandro A. Román Beatriz A. Abele Lorenzo J. M. Macagno Juez de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara SE ABSTIENE.

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