GCBA otorga exención total al gravamen de ABL a discapacitado

ABLPartes: F. Z. D. F. c/ GCBA s/ amparo (Art. 14 CCABA)

Tribunal: Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: 1

Fecha: 12-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-92019-AR | MJJ92019 | MJJ92019

Se condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a otorgar al actor una exención total al gravamen de ABL atendiendo a su condición de discapacitado y su derecho a la salud y a una vivienda digna.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la acción de amparo incoada y por lo tanto otorgar al actor la exención total del gravamen de ABL sobre el inmueble en cuestión por el tiempo en que el accionante continúe usufructuándolo y recaiga sobre él la obligación tributaria, caducando tal exención de modo automático con cualquiera de las causales que den por finalizado el usufructo, pues sus derechos a la salud y a una vivienda digna -como persona discapacitada- no pueden ser conculcadas por una norma de menor valor como una reglamentación tributaria.

2.-Teniendo en cuenta la particular situación de vulnerabilidad del actor en cuanto a su estado de salud, que le impide desempeñarse profesionalmente para proveer a su sustento, los derechos invocados se hayan comprometidos con un grado de certeza tal que tornan admisible la vía que intenta, sin perjuicio del resultado final al que arribe esta sentencia en cuanto a la pretensión concreta.

3.-La Constitución de la Ciudad protege de modo especial la salud y, en particular, garantiza la atención integral de las personas con necesidades especiales; la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y la Constitución local otorgan especial protección al derecho a la igualdad, asimismo consagran la protección de la salud y de las personas con necesidades especiales, poniendo en cabeza de los Estados (cada uno en su ámbito de aplicación), la carga de diseñar y ejecutar las políticas adecuadas que permitan hacer efectivo el goce de esos derechos.

4.-El concepto de salud integral comprende no sólo la salud física sino también la psíquica y/o emocional y, en lo que aquí interesa, el derecho a la vivienda, la cultura y el ambiente, pensar que por la incapacidad que padece el actor y que le impide trabajar para procurarse su sustento conforme el standard de vida que sostenía con anterioridad a que se desencadene su enfermedad, pueda irrogarle otros padecimientos, como el de perder su vivienda, su barrio, su entorno; máxime cuando la dificultad se trata de afrontar el pago de tributos al estado local que debe, por imperio constitucional, promover la protección de su salud en el marco del concepto previamente descripto, resulta a todas luces reñido con los valores y principios de las constituciones nacional y local.

5.-La liberalidad otorgada como exención a las personas con necesidades especiales no puede estar sujeta al standard económico de las personas, ya que, tal reducción, vulneraría el derecho a la igualdad al limitarlo, no ya a su condición de particular vulnerabilidad, sino a su status económico.

6.-La Constitución Nacional establece en su art. 14 que los derechos que garantiza se ejercen en la medida de las leyes que reglamenten su ejercicio; asimismo, el Art. 10 de la Constitución de la Ciudad establece que los derechos que ese cuerpo normativo garantiza no pueden ser cercenados por la reglamentación.

7.-Las garantías constitucionales que protegen la salud en su sentido más amplio, la vivienda digna, la igualdad y a las personas con necesidades especiales, resulta inadmisible que con base en una norma de menor jerarquía tendiente a reglamentar el ejercicio de los derechos, queden postergadas las garantías que los cuerpos constitucionales protegen de modo expreso; resulta inadmisible, en consecuencia, el argumento plasmado en la res. N° 1642/DGR/2012 con base en el límite establecido en la Ley Tarifaria en cuanto a la valuación fiscal del inmueble en cuestión y que se constituyó en el único elemento de juicio que le permitió al Gobierno rechazar la pretensión en sede administrativa sin siquiera ponderar el contexto en el que se realizaba la solicitud.

8.-Toda vez que la presente acción pretende hacer primar los derechos constitucionales invocados antes que cuestionar el acto administrativo que le denegara la liberalidad, resulta innecesaria cualquier declaración de inconstitucionalidad para hacer lugar a la pretensión del amparista.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 12 de marzo de 2015.-

AUTOS y VISTOS:

1. Que el Sr. D.F.Z. interpuso la presente acción de amparo contra la denegatoria del pedido de eximición del pago de la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza respecto del inmueble de su propiedad sito en la calle CERRITO XXXX 1º “A” (correspondiente a la partida 1.173.165-08), en la medida en que considera que conculca, con ilegalidad manifiesta, sus derechos humanos a la dignidad, a la calidad de vida y a la igualdad. Asimismo, califica de ilegítima la normativa en la cual se funda el acto cuestionado y solicita que se declare su inconstitucionalidad. Al respecto, señala que el Gobierno denegó su pedido argumentando que la superficie del inmueble (CIENTO TREINTA Y SEIS METROS, VEINTICUATRO DECÍMETROS CUADRADOS [136,24]) excede la prevista por el “artículo 248” del Código fiscal; sin embargo, la limitación -a su juicio- “es ilegítima, contraria a derecho, discriminatoria e inconstitucional y por lo tanto inaplicable en el presente caso, pues hacerlo importaría la prevalencia de un criterio meramente economicista frente a valores de superior jerarquía tales como el derecho a una vivienda digna, a la dignidad personal, a la calidad de vida y a la igualdad” (v. fs. 1 vta.). En su criterio, la falta de contemplación de su situación personal ínsita en la norma implica una arbitrariedad, en tanto contraría el artículo 51 de la CCABA que prescribe que el sistema tributario y las cargas públicas se basan en los principios de legalidad, irretroactividad, igualdad, no confiscatoriedad, equidad, capacidad contributiva y certeza. Cumplir con ese precepto y todos aquellos relativos a la protección de los derechos humanos y, asimismo, con la normativa tuitiva de las personas con discapacidad hubiera requerido de la administración una ponderación global de su contexto personal.Puntualmente, entiende que no puede desconocerse que la discapacidad implica una condición que hace más difícil el desarrollo de la actividad laborativa, con afectación de los ingresos y por consiguiente de la calidad de vida del discapacitado. A continuación refiere que desde el año 1991 en que se le diagnosticó virus HIV y hasta 1996 cuando aparecieron los primeros medicamentos, el desarrollo de su vida cotidiana y su capacidad productiva se vieron notablemente afectados. En adelante, la aparición del denominado “cóctel” de medicación, significó un perjuicio directo a su economía, por cuanto en un primer momento, antes de que la cobertura total fuera obligatoria, debía desembolsar altas sumas de dinero para proveerse de él. Además, desde 1999, cuando le fue diagnosticado neuropatía periférica, se vio limitada su movilidad, menguó aún más su capacidad de trabajo y empobreció su calidad de vida. Luego de ello, enfermó del corazón y le tuvieron que realizar una cirugía cardiovascular, un triple by pass y un by pass del miembro inferior izquierdo. Posteriormente sufrió una infección como consecuencia de esas intervenciones y tuvo que confinarse casi un año en su casa para recuperarse. Finalmente, tantos padecimientos le generaron la discapacidad que actualmente padece, de acuerdo con el certificado del 12 de marzo que acompaña y en virtud del cual se anotó en la COPIDIS a fin de ser tenido en cuenta para completar -eventualmente- el cupo de trabajo para discapacitados establecido por el GCBA. En su caso, la necesidad de enfrentar el mayor costo de vida y los menores ingresos, lo habrían llevado a mudarse de su departamento de la Calle ALVEAR AL 1700 a uno situado en la calle CAVIA AL 3080 y finalmente, al que posee y ocupa en la actualidad.Explica que la normativa fiscal que impugna se opone en este punto al artículo 19 de la Convención Internacional sobre Derechos de la Persona con Discapacidad, que obliga a los Estados a garantizar a las personas con discapacidad, la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; mientras que el Código Fiscal, “dispone una calidad de vida menor a la que [tiene], pues para alcanzar la exención de la tasa, tendría que mudar[se] con desmedro de su calidad de vida, a un inmueble de inferior calidad y superficie del que habita hace 20 años”. Ello, a su criterio, deja expuesto el criterio economicista de la norma, y agrega: “Poco cuesta imaginar el daño que significaría el tener que abandonar el barrio que habito hace 20 años y no me refiero al barrio inmenso, sino al barrio íntimo conformado por las manzanas que recorro cotidianamente, sus proveedores, los vecinos del edificio cuya administración llevo desde hace alrededor de catorce años y cuya vista he recibido agradecido durante el período de enfermedad que me confinó largo tiempo en mi casa, incluyendo la comunidad parroquial de San Nicolás de Bari y el gimnasio en el que en forma cotidiana hago mi rehabilitación” (v. fs. 3 vta.). Es que, según aduce, el derecho a la calidad de vida tiene un papel central en la sistemática de los derechos humanos, ya que tiene por contenido un bien humano más básico que el resto. Las autoridades, sin embargo, han afectado su esfera de derechos esenciales, en la medida en que la decisión ha vulnerado sus derechos de propiedad, dignidad y calidad de vida.Además, destaca que en el actual contexto del mercado inmobiliario, concretar una operación de compraventa semejante implicaría un perjuicio económico adicional, pues podría forzarlo a aceptar un valor en pesos equivalente a su descapitalización y conllevaría un nuevo deterioro de su situación patrimonial de por sí condicionada a una productividad reducida. En este sentido, señala que sus ingresos provienen de la administración del consorcio del Edificio en el cual es copropietario y del ejercicio profesional como abogado. Según relata, los mil pesos mensuales que percibe como contraprestación por la primera de esas actividades, los asigna al pago de expensas por ese valor y, en relación con la segunda, pone de relieve que aún cuando se le regulan honorarios de cierta significación, en ocasiones tarda en cobrarlos y el interés que se aplica a sus acreencias suele ser menor que la tasa de actualización que le han aplicado siendo deudor del fisco u otras entidades. Pero además de señalar que el Gobierno no puede dejar de valorar las particularidades de su caso y basarse únicamente en la valuación del inmueble, considera que también ésta es arbitraria, en la medida en que el revalúo por el que se eleva el valor fiscal del inmueble en una “proporción exorbitante e irrazonable” es el resultado de un atraso en la valuación fiscal de los inmuebles, es decir, consecuencia “de su propia torpeza, pues a [la demandada] incumbe mantener actualizada las valuaciones fiscales de los inmuebles de forma tal que las mismas resulten progresivas y razonables, de modo que los habitantes de la Ciudad y en especial las personas con necesidades especiales, no se vean en la insólita situación de tener que pagar una tasa incrementada en un porcentaje desmedido” (v. fs.4 vta.). Por ello, y porque la variación el revalúo en la Ciudad, “superó largamente el incremento del 100% de los haberes de los legisladores nacionales, por nombrar un ítem que impactó en la ciudadanía”, cuestiona la razonabilidad del aumento (del 300 % según sus dichos) desde el 2007. Finalmente, a efectos de demostrar la antijuridicidad del obrar de la administración, pone de resalto el criterio inclusivo adoptado por el Colegio Público de Abogados, que -en un sentido contrario al proceder del Gobierno- ha contemplado su situación personal, reduciéndole en un 50% el costo de la matrícula profesional; y con igual temperamento, lo ha hecho, la Justicia Nacional en lo Civil, al concederle el beneficio de litigar sin gastos en una causa que inició contra el Hospital alemán. A fin de acreditar todos los extremos que invoca, acompaña documental, denuncia la que se encuentra en poder de la demandada, y ofrece la producción de prueba informativa, testimonial y pericial. Por último, solicita que con carácter cautelar, se prohíba a la demandada la ejecución del pago de la contribución, frente a la imposibilidad de afrontar el pago de la deuda que a julio pasado, ALCANZABA LOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.950,79).

2. Que, a fs. 65 emitió su dictamen el Sr. Fiscal considerando competente al Tribunal para entender en las presentes actuaciones.

3. Se dictó una medida cautelar que, modificada por la Cámara de Apelaciones dispuso ordenar “al Gobierno que se abstenga de iniciar la ejecución de la deuda correspondiente al inmueble del actor por los períodos devengados con posterioridad al mes de marzo de 2012 y por el valor proporcional de la contribución correspondiente a la suma estipulada en el artículo 266 inciso 5 del Código Fiscal (t.o. 2012 y concordantes para los años posteriores”.

4. Corrido el traslado de la demanda el Gobierno lo responde a fs. 153/177.En su presentación solicita el rechazo de la pretensión del amparista argumentando que la vía elegida no resulta idónea para dar curso a su pretensión, que no se encuentra habilitada la instancia jurisdiccional, toda vez que el actor inició reclamo administrativo que le fue rechazado, interpuso contra el recurso de reconsideración que fue desestimado y quedó firme esa resolución al no interponer el correspondiente recurso jerárquico. Señala que al tratarse de un acto administrativo de alcance particular debió agotar la instancia para su reproche en sede judicial. Añade a sus argumentos que la vivienda de la que resulta propietario el actor no es la única alternativa para considerar asegurado su derecho a una vivienda digna y que resulta de altos costos de mantención que exceden en mucho el valor de ABL que le corresponde. Argumenta respecto de las potestades en materia tributaria de la Ciudad y señala que en nada se ven afectados derechos constitucionales del amparista y sostiene la inexistencia de conducta arbitraria o ilegítima de su parte. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal.

5. Las medidas de prueba producidas por las partes obran agregadas en autos y a fs. 289/294 la actora denunció que, en virtud de su situación de necesidad, se vio compelida a vender el inmueble pero conserva el usufructo por diez años y quedaron a su cargo los gastos de manutención del inmueble, entre otros el ABL. Solicita en consecuencia se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda.

6. A fs. 303/304 se glosa el dictamen del Ministerio Público Fiscal con relación a los planteos de inconstitucionalidad articulados por la actora. En este estado las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

7. Corresponde en primer lugar detenerse en el análisis relativo a la admisibilidad de la vía intentada y a los argumentos respecto de la falta de habilitación de la instancia. Por razones estrictamente metodológicas habré de analizar ambas cuestiones en forma conjunta.En cuanto a la habilitación de la instancia, si bien es cierto, como afirma la demandada, que el acto administrativo que rechazó la exención solicitada por el actor, adquirió firmeza al no presentarse el recurso jerárquico, lo cierto es que en estas actuaciones no se persigue la revocación de ese acto ni su suspensión, sino que el planteo está centrado en la protección del derecho a la igualdad y la dignidad (receptados en el Art. 11 de la Constitución), el derecho a la salud integral y a la especial protección de personas con necesidades especiales (arts. 20, 21 inc. 7 y 42) y a la vivienda digna (Art. 31) que entiende arbitrariamente vulnerados por la aplicación de la reglamentación vigente. Frente a los derechos invocados la Constitución local prevé en forma expresa la vía que intenta y la innecesariedad del agotamiento de la vía administrativa (Art. 14 CCABA). Teniendo en cuenta la particular situación de vulnerabilidad del actor en cuanto a su estado de salud, extremo que acredita con el certificado de discapacidad agregado a fs. 8, que le impide desempeñarse profesionalmente para proveer a su sustento, entiendo que los derechos invocados se hayan comprometidos con un grado de certeza tal que tornan admisible la vía que intenta, sin perjuicio del resultado final al que arribe esta sentencia en cuanto a la pretensión concreta.

8. Resuelto el punto precedente resta analizar la pretensión de fondo de la actora y las defensas opuestas por el Gobierno demandado. La Constitución de la Ciudad protege de modo especial la salud y, en particular, garantiza la atención integral de las personas con necesidades especiales. En ese marco cabe destacar que la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y la Constitución local otorgan especial protección al derecho a la igualdad.Asimismo consagran la protección de la salud y de las personas con necesidades especiales, poniendo en cabeza de los Estados (cada uno en su ámbito de aplicación), la carga de diseñar y ejecutar las políticas adecuadas que permitan hacer efectivo el goce de esos derechos. El concepto de salud integral comprende no sólo la salud física sino también la psíquica y/o emocional y, en lo que aquí interesa, el derecho a la vivienda, la cultura y el ambiente. Pensar que por la incapacidad que padece el actor y que le impide trabajar para procurarse su sustento conforme el standard de vida que sostenía con anterioridad a que se desencadene su enfermedad, pueda irrogarle otros padecimientos, como el de perder su vivienda, su barrio, su entorno; máxime cuando la dificultad se trata de afrontar el pago de tributos al estado local que debe, por imperio constitucional, promover la protección de su salud en el marco del concepto previamente descripto, resulta a todas luces reñido con los valores y principios de las constituciones nacional y local. Por otra parte, centrados en el principio general de igualdad y en la preservación del mismo derecho, la liberalidad otorgada como exención a las personas con necesidades especiales no puede estar sujeta al standard económico de las personas, ya que, tal reducción, vulneraría el derecho a la igualdad al limitarlo, no ya a su condición de particular vulnerabilidad, sino a su status económico. La Constitución Nacional establece en su art. 14 que los derechos que garantiza se ejercen en la medida de las leyes que reglamenten su ejercicio. Asimismo, el Art. 10 de la Constitución de la Ciudad establece que los derechos que ese cuerpo normativo garantiza no pueden ser cercenados por la reglamentación.Con base en estos principios generales de interpretación y teniendo en cuenta otro principio básico en materia de derechos humanos cual es el principio pro homine, corresponde destacar que las garantías constitucionales que protegen la salud en su sentido más amplio, la vivienda digna, la igualdad y a las personas con necesidades especiales, resulta inadmisible que con base en una norma de menor jerarquía tendiente a reglamentar el ejercicio de los derechos, queden postergadas las garantías que los cuerpos constitucionales protegen de modo expreso. Resulta inadmisible, en consecuencia, el argumento plasmado en la Resolución N° 1642/DGR/2012 con base en el límite establecido en la Ley Tarifaria en cuanto a la valuación fiscal del inmueble en cuestión y que se constituyó en el único elemento de juicio que le permitió al Gobierno rechazar la pretensión en sede administrativa sin siquiera ponderar el contexto en el que se realizaba la solicitud. A mayor abundamiento, debe destacarse que el Gobierno estimó firme la resolución que denegó la pretensión del actor por no haber presentado el recurso jerárquico, haciendo caso omiso a lo prescripto por la normativa vigente. Cabe destacar que el art. 107 del Régimen de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto 1510/97) prevé que el recurso de reconsideración lleva implícito el jerárquico, razón por la que la demandada debió haberle dado trámite sin necesidad de requerimiento por parte del recurrente. Mal puede entonces, más allá de que resulte irrelevante para esta instancia ese argumento, plantear la falta de agotamiento de la vía administrativa por parte de su contraria. Sin embargo, toda vez que la presente acción pretende hacer primar los derechos constitucionales invocados antes que cuestionar el acto administrativo que le denegara la liberalidad, resulta innecesaria cualquier declaración de inconstitucionalidad para hacer lugar a la pretensión del amparista. Finalmente corresponde señalar que a fs.294 el actor denuncia y acredita la venta de su inmueble conservando el usufructo por el término de diez años y señala que quedaron sobre si las obligaciones derivadas de la manutención del bien. De ello que, más allá de que ya no sea titular de dominio del inmueble objeto del litigio, la obligación de que se trata y por la que inició las presentes actuaciones, permanece sobre su cabeza. De ello que resulte razonable hacer lugar a la pretensión en la medida en que siga siendo el actor el sujeto obligado a su respecto.

9. En cuanto a la proporción de la exención por que debe prosperar la demanda, cabe destacar por un lado que el monto en que se fija la valuación fiscal y que sirvió de argumento a la decisión denegatoria resulta sumamente bajo. Además, conforme las constancias aportadas a la causa, la valuación total del inmueble de que se trata ($ 88.555,88) excede el límite de la reglamentación ($ 75.000) sólo en un 18,075% (ver fs. 87). Ahora bien, con todos los elementos de juicio analizados no cabe más que concluir que los derechos constitucionales de los que resulta titular el actor hacen ceder, sin dudarlo, los límites fijados por la reglamentación, máxime cuando la percepción de esos importes carece de relevancia en el patrimonio de la demandada pero su pago puede ocasionar un gran perjuicio a la situación de vulnerabilidad y carencias que enfrenta el actor.

10. De todo lo anterior que corresponda otorgar la exención total del gravamen de ABL sobre el inmueble en cuestión por el tiempo en que el Sr. D.F.Z continúe usufructuándolo y recaiga sobre él la obligación tributaria, caducando tal exención de modo automático con cualquiera de las causales que den por finalizado el usufructo conforme escritura de fs. 289/293.

11. Las costas se impondrán a la demandada vencida (Art. 62 CCAT).

En consecuencia FALLO: 1- Hacer lugar a la demanda interpuesta por el Sr. D.F.Z (DNI…) y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad que otorgue la exención total respecto del ABL sobre el inmueble sito en la calle Cerrito N°XXXX, Piso 1, Dpto 7, partida inmobiliaria N° 1173165-08, desde la fecha de venta del inmueble (30/08/13) y por todo el tiempo en que el actor permanezca en goce del usufructo del bien, como condición resolutoria de la obligación que aquí se impone. 2. Imponer las costas a la demandada vencida (art. 28, ley 2145 y art. 62, CCAyT). 3. Regular los honorarios de los Dres. D.F.Z, letrado en causa propia, y A. M.M., letrada patrocinante del mismo, en conjunto, en la suma de ($.) (conf. arts. 1, 3, 11, 15, 16, 17, 20, 51, 53, 54, 56 y cctes., ley 5134). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

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