Despido legítimo del trabajador que se ausentó sin aviso si poseía antecedentes disciplinarios previos suficientes para justificar el despido.

shutterstock_125570357Partes: Espindola Matías José c/ Basso S.A. s/ laboral

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta circ.

Fecha: 27-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90500-AR | MJJ90500 | MJJ90500

Despido legítimo del trabajador que se ausentó sin aviso si poseía antecedentes disciplinarios previos suficientes para justificar el despido.

Sumario:

1.-Corresponde acoger el recurso de apelación deducido por el demandado contra la sentencia que acogió la demanda la que debe ser rechazada toda vez que si bien es cierto que una ausencia sin aviso puede resultar insuficiente para justificar el despido, en el caso de autos esa falta tuvo entidad suficiente para justificar el despido, en razón de los antecedentes desfavorables del accionante.

2.-Es legítimo el despido del trabajador que se ausentó al trabajo sin aviso, pues existieron antecedentes desfavorables previos y sanciones por faltas y llegadas tardes, y que la cuantía de la sanción aplicada no deja impune la falta cometida ni con ello puede dejar de ser considerada como un desfavorable antecedente disciplinario ya que, en caso contrario, llegaríamos al absurdo de que solo las suspensiones pueden considerarse como antecedentes disvaliosos, sumado a que pocos días antes del despido se le aplicó una suspensión por una nueva llegada tarde, sin dudas, el despido era plenamente justificado luego de haberse agotado todas las instancias para encauzar la conducta del actor.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Beatriz A. Abele, Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de esta ciudad, Dr. Lucas Marín, en los autos caratulados: “Expte. N° 82 – Año 2014 – ESPINDOLA, Matías José c/ “BASSO S.A.” s/ LABORAL”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primera, Dra. Beatriz A. Abele; segundo, Dr. Alejandro A. Román; tercero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la sentencia apelada? 2da.: En caso contrario ¿es ella justa? 3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? A la primera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

No habiendo sido sostenido en la Alzada el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con el de apelación, y no advirtiendo vicio alguno que justifique la declaratoria nulificatoria de oficio, voto por la negativa.

A esta misma cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que por idénticos fundamentos votaron asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

A la segunda cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

El Juez de Primera Instancia hace lugar a la demanda entablada por Matías José Espíndola contra “Basso S.A.” y condena a esta parte a pagar al actor los rubros e intereses indicados en los considerandos. Asimismo, impone las costas a la demandada y manda regular honorarios oportunamente (10/03/2014 – fs.78/81).

El Magistrado, luego de analizar las constancias de autos, considera que – conforme quedara trabada la litis- el “thema decidendum” consiste en determinar si el despido del que fue objeto el actor, tuvo o no justa causa.

Relata que la demandada sostuvo que el motivo del despido fue la inasistencia sin aviso del actor el día 17/03/2008, lo que se sumó a sus antecedentes.

Destaca que el actor resistió el motivo señalando que dio aviso telefónico a la guardia de la empresa sobre su falta ese día por razones de salud. Interpreta que, por lo tanto, era carga del actor probar el aviso en cuestión.

Advierte que está probado que Espíndola faltó el día 17/03/2008, puesto que así lo reconoció en su demanda. Agrega que, si bien no surge de autos que el día 17/03/2008 el actor faltó por razones de salud, sí tiene por probada dicha circunstancia atento al reconocimiento realizado por la demandada en su alegato (fs. 69).

Reitera que, en cuanto al aviso telefónico que el actor dice hacer efectuado a la empresa, no fue acreditado de manera alguna; pero entiende que resta por ver si dicha conducta fue susceptible de ser considerada injuria en los términos invocados por la empresa.

Señala que resulta de aplicación una regla de plena lógica jurídica sostenida por esta Cámara que indica que: “Quien invoca la existencia de injuria de su empleador y resuelve extinguir el contrato de trabajo debe demostrar los hechos agraviantes que determinaron esa actitud para tener derecho a las indemnizaciones que se contemplan en el art. 246 de la Ley de Contratos de Trabajo”.

Deduce que el meollo del caso radica en determinar si la causa imputada para la suspensión era susceptible o no de provocar injuria grave; e interpreta que allí comienza a tomar especial relevancia la motivación y los términos empleados, siendo su valoración una tarea reservada solo a los jueces, según su prudencia y circunstancias del caso (art.242, L.C.T.). Arguye que esta regla es confirmada por la Corte Provincial al señalar que la evaluación de los hechos y pruebas de la causa y su subordinación en la normativa de derecho común es función propia del Juzgador.

Recuerda que sobre la injuria laboral se ha dicho que no está definida en la L.C.T. y que, en todo caso, es un modelo o patrón de conducta, un estándar jurídico de tipo muy abierto y flexible en el que encajarán las actitudes de cualquiera de las dos partes incumplidoras de sus obligaciones del contrato de trabajo y que deberá valorar el Juez (art. 242, segundo párrafo, L.C.T.). Aclara que tal concepto tiene elementos subjetivos y objetivos siendo, este último, la inobservancia o el actuar antijurídico e incumplidor de alguna de las partes del contrato; y aquél -el subjetivo-, la imputabilidad, la sensación interna de quien la padece de que el hecho del incumplidor resulta agraviante impidiendo la continuidad del contrato.

Infiere que el análisis de la injuria invocada por el actor requiere del estudio de sus elementos objetivos y subjetivos. Reitera que el primero está debidamente probado y refiere a la falta sin aviso del día 17/03/2.008, que el propio actor reconoció la obligación que tiene el personal de la empresa de dar aviso -aún en forma telefónica (fs. 35)-, y que dicho aviso no fue probado ni se acreditó alguna circunstancia que impida darlo (ej. pérdida de conciencia).

Refiere -en relación al elemento subjetivo- que el mismo está compuesto, no solo por lo que le generó al empleador la falta sin aviso del día 17/03/2.008, sino por los antecedentes invocados. Afirma que deben valorarse ambas situaciones en el análisis de dicho elemento.

Remarca que los antecedentes fueron admitidos por el actor pero que, si bien reconoció solo su firma y no el contenido, puede interpretarse que lo que quiso decir fue que no compartía el contenido de la sanción (fs.53). Sin embargo opina que su explicación de que nunca cuestionó las sanciones porque no quiso tener problemas con la empresa, no son admisibles como justificación.

Infiere que, de manera tal, el actor tenía antecedentes previos y que el día 17/03/2.008 faltó sin avisar a la empresa; pero juzga que esto no es suficiente para llegar a la conclusión del análisis, sino que corresponde revisar cuáles fueron los mentados antecedentes para valorar adecuadamente si son susceptibles o no de provocar la injuria invocada. Y considera que, de la lectura de los antecedentes presentados por la empresa, no advierte que sean de una gravedad tal que justifiquen, sumado a la falta sin aviso, el despido del actor.

Explica que dichos antecedentes no refieren a faltas sin aviso y que es errónea la hipótesis planteada por la empresa dado que el actor nunca fue sancionado por faltar sin avisar, es decir que no se trató de una conducta reiterada. Dice que, en su lugar, se encuentra con amonestaciones (sanciones menores) por llegadas tarde y dos suspensiones: la primera, por llegadas tarde y la segunda, por falta de control en la realización de unas piezas asignadas.

Interpreta que la legitimidad de las sanciones está fuera de discusión porque el propio actor así lo asumió con su conducta (falta de reclamo), pero entiende que, si son invocadas como elementos de valoración para justificar una nueva sanción (en este caso, el despido), ahí sí tiene que valorarlas adecuadamente.

Entonces, teniendo en cuenta que no se trató de una conducta reiterativa de parte del actor, que el empleador puede aplicar hasta 30 días de suspensión en el año (art. 220, L.C.T.) y que es obligación de ambas partes conservar el contrato (art. 10, L.C.T.), considera que el actor debió haber sido sancionado por faltar sin aviso el día 17/03/2.008, pero no con el despido.Opina que, en su lugar, una suspensión de una mayor cantidad de días a los ya aplicados hubiera sido proporcional; se habría sancionado la falta y, a la vez, se habría conservado el contrato.

Explica que, para que pueda existir injuria, no basta el mero incumplimiento sino que el mismo debe ser de una gravedad tal que no se consienta la continuidad de la relación.

Señala que en este caso pudo haber existido incumplimiento del empleado pero no de la gravedad considerada por la empresa demandada y afirma que la empleadora valoró inadecuadamente los antecedentes del empleado para así justificar el despido, lo que vuelve ilegítima la sanción ya que el despido es la mayor sanción en materia laboral por lo que requiere una falta proporcional, que no fue la imputada.

En definitiva, juzga desproporcionado el despido en relación a la falta cometida y a los antecedentes del actor, y entiende que aquél debe considerarse como un despido sin causa justa.

Por ello, hace lugar a la demanda y a los rubros reclamados: “indemnización por preaviso omitido”, “S.A.C. s/ preaviso”, “integración mes de despido” e “indemnización por antigüedad”, por tratarse de un despido sin causa. Agrega que el rubro “recargo indemnizatorio art. 2. Ley 25.323” también debe ser admitido por cuanto, intimado el pago de los rubros enumerados previamente mediante telegrama del 27/03/2008 (CD N° 930171520 reconocida al contestar la demanda), la accionada se negó sin razón para hacerlo.

Además dispone que a los rubros de condena se les adicione un interés a la tasa del 22% anual desde que cada rubro es adeudado (art. 128, L.C.T.) y hasta el efectivo pago.Aclara que dicha tasa de interés fue fijada por este Tribunal de Alzada en el precedente que cita, sentando un criterio que comparte plenamente por considerar que dicha tasa tutela adecuada y razonadamente la pérdida de poder adquisitivo y la privación de uso del capital.

Finalmente, impone las costas a la demandada en su carácter de vencida (art.

101, C.P.L.).

Contra la totalidad de dicha sentencia se alza el demandado, interponiendo recursos de apelación y nulidad (fs. 84), los que fueron concedido a fs. 85. De esta manera queda este Tribunal en condiciones de intervenir.

El actor funda su recurso de apelación a fs. 94/95 y solicita que se revoque el fallo recurrido rechazándose la demanda.

Entiende que la cuestión a resolver radica en determinar si el despido resultó o no justificado.

En primer lugar, refiere a la gravedad de la falta cometida por el actor, es decir, a la omisión de dar aviso de la ausencia. Explica que, de conformidad con lo normado por el art. 209 del L.C.T., el trabajador debe dar aviso de la enfermedad al empleador durante la primera jornada en que se ausente; es decir que, independientemente de que la enfermedad exista, el empleado tiene la obligación de avisar la ausencia.

Sostiene que esto se funda en el deber de buena fe que debe presidir la relación laboral para posibilitar al empleador que reorganice la tarea, sabiendo que el trabajador se ausentará. Interpreta que el solo incumplimiento de la obligación de avisar constituye una falta disciplinaria, independientemente de que la enfermedad haya existido y se compruebe.

Relata que en el caso de autos, además de las normas emanadas de la L.C.T., existían expresas directivas internas de la empresa que disponen la obligación de avisar. Aclara que el Sr. Espíndola admitió conocer dichas normas (fs. 35); es decir, que no hay dudas de que el accionante conocía que -además de justificar, luego, su inasistencia- debía avisar inmediatamente al empleador cuando faltara al trabajo.Destaca que, tal como concluyó el Juez de baja instancia, el actor no cumplió con la obligación de dar aviso de su ausencia. Indica que, con un simple oficio a Telecom, podría haberlo demostrado.

Luego afirma que, si bien es cierto que una ausencia sin aviso puede resultar insuficiente para justificar el despido, en el caso de autos esa falta tuvo entidad suficiente para justificar el despido, en razón de los antecedentes desfavorables del accionante.

Expresa que agravia a su parte que el A-quo, a pesar de haber tenido por acreditadas las sanciones aplicadas, haya meritado incorrectamente el valor de las mismas.

Recuerda que el actor tuvo nada menos que ocho sanciones anteriores al despido, la mayoría de las cuales se aplicaron por “llegadas tarde”. Considera que no interesa que se hayan aplicado amonestaciones para sancionar dichas llegadas tarde pues, si bien es verdad que la amonestación es una “sanción menor”, lo que importa es que las faltas existieron.

Aclara que las faltas del actor por llegar tarde existieron y fueron sancionadas; y que la cuantía de la sanción aplicada no deja impune la falta cometida ni con ello puede dejar de ser considerada como un desfavorable antecedente disciplinario ya que, en caso contrario, llegaríamos al absurdo de que solo las suspensiones pueden considerarse como antecedentes disvaliosos. Interpreta que, si a ello le sumamos que pocos días antes del despido (06/02/2008) se le aplicó al Sr.Espíndola una suspensión por una nueva llegada tarde, sin dudas, el despido era plenamente justificado luego de haberse agotado todas las instancias para encauzar la conducta del actor.

Dice que agravia a su parte que, al hacer una incorrecta valoración de los antecedentes disciplinarios, el A-quo arribe a la conclusión errónea de que los antecedentes no eran suficientes para justificar el despido.

Por último, afirma que en un fallo de esta Cámara -en un caso igual al presente- se resolvió que el despido había sido legítimo.

Posteriormente, el actor contesta los agravios expresados por la contraria (fs.

98/100) y manifiesta que, si bien el A-quo consideró que el actor cometió la falta de no dar aviso a la empleadora de su imposibilidad de asistir al trabajo el día 17/03/2.008 -lo que no fue motivo de apelación de su parte-, no comparte la inversión de la carga de la prueba que aplicó el juzgador en cuanto a la demostración de la existencia de la supuesta falta cometida.

Arguye que, siendo que la demandada notificó al actor su despido invocando por causa la supuesta falta sin aviso del 17/03/2.008 -sumada a los supuestos antecedentes disciplinarios del trabajador-, y ante el rechazo por parte del dependiente de la causal invocada, la carga de probar el hecho en el cual intentó fundar el despido y su gravedad recaía sobre la empresa demandada.

Dice que la mentada prueba informativa de la empresa telefónica, que según la accionada y el A-quo debió haber sido ofrecida y producida por el actor para acreditar que dio el aviso en cuestión, bien pudo haber sido llevada a cabo por la empleadora demandada, que fue la que perfeccionó el despido por la referida causal.

Sostiene que ello es así porque pesaba sobre la empresa la carga de la prueba del hecho imputado, máxime cuanto el propio actor -al ser interrogado durante su absolución de posiciones en la audiencia de trámite- brindó todos los datos que le fueron requeridos acerca de lallamada telefónica efectuada para dar aviso indicando día, hora y lugar desde donde salió la comunicación, hacia dónde se dirigió la misma, y titularidad de la línea telefónica utilizada para ello (fs. 35).

Destaca que la accionada ni siquiera intentó ofrecer la referida prueba informativa, caso que pudo haber hecho en la misma audiencia de trámite luego de que el actor aportara todos los datos requeridos en su declaración. Opina que de las constancias de autos se desprende que la empleadora no logró satisfacer el “onus probandi” que sobre ella recaía puesto que sólo aportó como prueba la declaración testimonial de un empleado de la guardia de la empresa (testigo Gómez, fs. 60), quien -siendo dependiente de “Basso S.A.” al momento de prestar su declaración y sin dar suficiente razón de sus dichos- afirmó “no recordar” que el actor haya avisado que el día 17/03/2.008 faltaría al trabajo por encontrarse enfermo.

Entiende que dicha afirmación no resulta creíble cuando el mismo testigo, en la misma declaración, no supo precisar si el actor había dado o no aviso de una supuesta falta de trabajo que habría tenido lugar en otra fecha, cuando el Sr.

Espíndola ya ni siquiera trabajaba en la empresa.

Agrega que, cuando se le preguntó por qué recordaba que el actor no había dado aviso el 17/03/2.008, intentó justificarse apelando a supuestos registros de un “libro de guardia” que no tenía en su poder en ese momento y que, ni siquiera, fue ofrecido como prueba documental por la demandada en autos.

Indica que, en cambio, sí se acreditó fehacientemente en el juicio -con prueba documental aportada por la propia demandada y reconocimientos efectuados por la misma al absolver posiciones en la audiencia de trámite (fs. 34/35)- que, a la fecha en que ocurrieron los hechos, el Dr.Claudio Armando era médico de la empresa demandada, que el actor estuvo bajo la atención médica del mismo y que éste le expidió un certificado con fecha 17/03/.2008 que justificaba plenamente su inasistencia al trabajo ese día, como así también que la empresa recibió de manos del actor dicha justificación.

Concluye que el despido dispuesto por la empresa no tuvo justificación alguna, ni siquiera en el hecho invocado, resultando arbitrario y abusivo, independientemente de la existencia y gravedad de los antecedentes disciplinarios del actor que también se invocaron para intentar justificar el distracto.

Por otro lado afirma que, sin perjuicio de lo antedicho, tampoco le asiste razón a la recurrente en la discrepancia que plantea con el A-quo acerca de la valoración que éste hizo acerca de los antecedentes disciplinarios del actor.

Asevera que, en ese aspecto, luce acertada la conclusión a la que arribó el Magistrado, considerando que la gran mayoría de las sanciones eran leves, no solo por el tipo de correctivos aplicados (amonestaciones), sino también por las causas que los motivaron (llegadas tarde), que no constituyen incumplimientos de gravedad.

Por otra parte, asegura que también es atinada la valoración del A-quo en cuanto a que dichos antecedentes disciplinarios no obedecieron al mismo comportamiento que motivó el despido -falta de aviso de inasistencia- sino que se trataba, en su mayoría, de amonestaciones por llegadas tarde y, además, dos suspensiones -una por llegar tarde y otra por falta de control de piezas asignadas-; por lo que de ninguna manera puede afirmarse que el hecho en el cual intentó fundarse el despido fuera una conducta reiterada por parte del actor. Advierte que, en cuatro años de antigüedad del trabajador en el empleo, la causal de “falta de aviso” fue invocada por primera vez por la empleadora al notificar el despido, no habiéndose verificado ninguna otra medida disciplinaria anterior por ese mismo motivo.

Acota que, de los ocho antecedentes disciplinarios citados por la demandada:dos son del año 2.004, dos son del 2.005, uno es del 2.007 y tres son del 2.008; no registrándose ninguna sanción en el 2.006. Destaca que, en su mayoría, fueron sanciones aplicadas al actor cuatro años, tres años y un año antes del despido.

Infiere que, en definitiva, ocho sanciones disciplinarias distribuidas en un período de cuatro años, siendo en su mayoría meras amonestaciones fundadas en llegadas tardías, no constituyen antecedentes de gravedad tales que, sumados a una “falta sin aviso” en la cual el dependiente incurrió por primera y única vez, puedan justificar la sanción extrema del despido con causa, pues la misma resulta en tal caso notoriamente desproporcionada, abusiva y contraria al principio de conservación del contrato de trabajo.

Concluye que, por ello, el fallo apelado resulta irreprochable en ese aspecto y debe ser confirmado rechazando el recurso interpuesto por la demandada, con imposición de costas a la misma.

Paso a analizar el recurso.

Tengo para mí que el actor no ha demostrado los hechos descriptos en la demanda: que no recurrió las sanciones que se le aplicaron por miedo a perder el empleo, que el día 17/03/2.008 avisó telefónicamente que faltaría al trabajo, que ese mismo día concurrió a la consulta del Dr.Armando -médico de la empresa empleadora-, que el médico le diagnosticó cólicos hepáticos y le recomendó reposo por un día y le suministró medicación y que al día siguiente al reincorporarse entregó el certificado médico que le había extendido el galeno.

En realidad creo, tal como lo entiende el Sentenciante que no se puede ace ptar como razón de la ausencia de recurrencia de las sanciones aplicadas, el temor a perder el empleo, porque si ello fuese cierto no había cometido las faltas en las que incurrió y que detallaré más adelante.

Según la declaración de la persona que estaba de guardia el día 17/03/2.008, el actor no efectuó la llamada telefónica que dice haber realizado avisando que iba a faltar al trabajo (fs. 60).

El certificado médico nunca fue entregado, porque en realidad nunca fue confeccionado por el Dr. Armando, según él mismo lo informa a fs. 49: “. no consta en mi poder, ningún tipo de registro que pudiera corresponder a una atención médica brindada al actor Matías José Espíndola, el día 17/03/2.008”. Si el médico no atendió al actor, va de suyo que no confeccionó ningún certificado médico.

Tampoco se puede considerar que Espíndola haya sido un buen empleado, porque en cuatro años de trabajo (ingresó el 30/04/2.004), lo que no puede considerarse una antigüedad importante, se le aplicaron 8 sanciones, a saber:1) el 15/09/2.004 una amonestación por reiteradas llegadas tarde; b) el 11/02/2.005 una amonestación por falta de disciplina durante el horarios de trabajo; c) el 22/06/2.005 una amonestación por negligencia en el trabajo (generó 250 piezas AV-884 cortas, fuera de tolerancia, hecho compartido); d) el 12/03/2.007 una amonestación por registrar el día 10/03/2.007 una falta injustificada y sin aviso; e) el 28/01/2.008, una amonestación por negligencia en el trabajo al realizar 633 piezas AV-838 E/O fuera de tolerancia; f) el 06/02/2.008 dos días de suspensión sin goce de jornales, por reiteradas llegadas tarde; g) el 21/02/2.008, cinco días de suspensión por negligencia en el trabajo al generar 5 piezas 3260-ACB que no limpian de punta (falta de control visual) y falta de disciplina al no cumplir con la orden de repasar dichas piezas; h) el 18/03/2.008 se lo despide por faltar sin aviso el día anterior y teniendo en cuenta los antecedentes disciplinarios.

He dicho en oportunidades anteriores que “Si se toma en forma aislada esta inconducta (en el caso era una llegada tarde), está claro que no tiene entidad suficiente para justificar un despido, máxima sanción que prevé la legislación. Pero, en el caso, el empleado venía con antecedentes laborales negativos ya que acumulaba en su haber diez sanciones, de las cuales ocho habían sido aplicadas el año anterior al del despido. La ruptura del vínculo dispuesta por el accionado, por culpa del empleado es legal, porque sus faltas reiteradas producen una pérdida de confianza en la empleadora, a la vez que demuestran que a pesar de los intentos de ésta, no se ha logrado efecto correctivo alguno”. (“Expte. N° 86 – Año 2013 – Jaqui, Fernando Guillermo c/ “Motor Parts S.A.” s/ Cobro de pesos – Laboral”.

Igual criterio venía exponiendo esta Cámara, con distinta composición:”. teniendo en cuenta que “cuando el trabajador incurre durante la relación laboral en reiteradas actitudes que revelan ausencia de contracción al trabajo, la gravedad de tal conducta puede valorarse con independencia de una rígida escala gradual de sanciones que no resulta exigible para que se configure la injuria laboral en los términos del art. 242 L.C.T. Para determinar la existencia de injuria no debe tomarse algún hecho aislado que no tenga calidad de falta grave sino la generalidad de las faltas cometidas que, apreciadas en su contexto, permitan concluir que existió justa causa del despido” (T. y S.S.-Año l993, pág. 705). (“Expte.

N° 218 – Año l996 – Guerreros, Pedro E. Agustín c/ Frigorífico Rafaela S.A. s/ Laboral”).

En el caso que acá nos ocupa, se da la misma situación que en los dos fallos citados. La reiteración de inconductas -no necesariamente debe ser repetición de la misma falta- hace lógicamente perder confianza del empleador en el empleado, y ésta es uno de los componente que debe presentar el vínculo.

En conclusión, considero que el empleador se ha sentido fundadamente injuriado, por lo que el despido por causa del empleado resulta legal.

Voto entonces por la negativa.

A la segunda cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones de la Jueza de Cámara preopinante y por lo tanto, votaron en el mismo sentido.

A la tercera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

Que en virtud del estudio realizado a la segunda cuestión, sugiero a mis colegas dictar la siguiente sentencia: 1) Hacer lugar al recurso de apelación opuesto por la parte demandada y revocar la sentencia venida a revisión. 2) Rechazar la demanda con costas. 3) Imponer las costas de la Alzada al apelado perdidoso. 4) Fijar los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se regulen en baja instancia.

A la misma cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por la Jueza de Cámara Dra. Beatriz A. Abele, y en ese sentido emitieron sus votos.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación opuesto por la parte demandada y revocar la sentencia venida a revisión. 2) Rechazar la demanda con costas. 3) Imponer las costas de la Alzada al apelado perdidoso. 4) Fijar los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se regulen en baja instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

SIGUEN LAS FIRMAS.

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Héctor R. Albrecht

Secretario

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