Si se prohíbe al trabajador sumariado la entrada al lugar de labor, no procede el despido amparado en la negativa de tareas

despido3Partes: Garcete Luis Alberto c/ Traeco S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 21-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-90032-AR | MJJ90032 | MJJ90032

La prohibición a un trabajador para ingresar a la planta -mientras la empresa le sustanciaba un sumario por irregularidades-, no justifica el despido amparado en la negativa de tareas.

Sumario:

1.-No corresponde admitir la legitimidad del despido indirecto pues ha quedado acreditado que al momento en que el actor intimó a la regularización laboral por la supuesta negativa de tareas, este conocía la sustanciación de un procedimiento por parte de la empresa tendiente a dilucidar si estaba realizando negociaciones por cuenta propia con los clientes.

2.-La decisión del accionante de poner fin a la relación laboral fundada en la persecución laboral y negativa de tareas, fue intempestiva y apresurada, y no se condice con los principios de conservación del contrato de trabajo y buena fe que emanan de los arts. 10 y 63 de la LCT, que abarcan a ambas partes del contrato y que imponen a las mismas adoptar comportamientos acordes con la preservación del mismo.

3.-Puesto que la prohibición de ingreso a la planta dispuesta por la empleadora estuvo fundada en la instrucción de un sumario interno tendiente a verificar si el actor llevaba negociaciones en forma particular con clientes de la empresa, no puede admitirse la procedencia del despido indirecto en que se colocó el accionante por dicha causa.

4.-Dado que constituye una carga para el actor la exacta delimitación del objeto de la pretensión y la debida precisión de los supuestos de hecho y de derecho que dan sustento al concepto reclamado, y que el escrito de inicio, respecto del reclamo de horas extras, incumple los requerimientos establecidos por la normativa, corresponde desestimar la procedencia del rubro.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, al 21-10-14 para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas: “GARCETE LUIS ALBERTO C/ TRAECO S.A. S/ DESPIDO”: se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

Contra el pronunciamiento dictado en la anterior instancia se alza el actor a tenor del memorial obrante a fs. 464/468, que mereció réplica de la contraria a fs. 474/479.

Asimismo, a fs. 459 y vta. y fs. 461/462, respectivamente, las Dras. Olivia Rita Flores Frutos y Daniela M. Garibaldi -por derecho propio- y el Sr. perito contador, apelan los honorarios regulados a su favor, por estimarlos reducidos.

Adelanto que, de compartirse mi voto, la queja principal planteada por el actor no tendrá favorable recepción.

Al respecto, el accionante alegó en el intercambio telegráfico que fue pasible de una persecución laboral consistente, en lo sustancial, en el retiro de las llaves del vehículo asignado para prestar servicios y las del establecimiento de la demandada, y asimismo, en el confinamiento a un escritorio durante el transcurso de la jornada laboral, sin que se le asignara labor específica alguna-, invocando una negativa de tareas conforme su categoría, y la existencia de irregularidades registrales – que enumera-, por lo que intimó a su empleadora a aclarar su situación laboral y otorgar tareas, todo bajo apercibimiento de considerarse despedido (ver telegrama de fecha 8/8/09, obrante en el sobre de prueba reservada nro. 12.743 -2-, cuya recepción fue reconocida por la demandada a fs. 78, tercer párrafo).

Ello así, ante la negativa formulada por la demandada en la carta documento de fecha 14/8/09 -en la que ésta sostuvo que hubo un cambio de tareas debido a que el trabajador había sido operado de peritonitis, y además que “… hasta tanto se diluciden los hechos que Ud. negó, (es decir la información que recibimos de que Ud. estaba realizando negociaciones por cuenta propia con nuestros clientes) en legítimo ejercicio de las facultades de dirección … Ud.seguirá desarrollando tareas internas en la empresa …”-, el actor hizo efectivo el apercibimiento oportunamente formulado y extinguió el vínculo laboral el día 19/8/09 (ver pieza postal obrante en el ya citado sobre reservado, también reconocida por la accionada).

Ahora bien, conforme lo prescribe el art. 377 del C.P.C.C.N., a las partes les incumbe acreditar los hechos expuestos como fundamento de sus pretensiones. Es decir que tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones; y en este marco corresponde analizar los elementos probatorios reunidos en la causa, así como el relato de los hechos desarrollado por las partes, a fin de efectuar una adecuada determinación de la situación fáctica de autos.

Sentado ello, resulta que el propio actor sostuvo en el inicio que en abril de 2009 fue intervenido quirúrgicamente por una peritonitis (ver fs. 31 vta. “in fine”/ fs. 32), tornándose posteriormente por demás confuso y contradictorio su relato, por cuanto en el intercambio telegráfico denunció que al reintegrarse a sus labores -el 1/6/2009- y ante su pedido -por prescripción médica-, de un colaborador para desempeñar las tareas, la empresa solo modificó el listado de clientes, por lo que “… continué efectuando las mismas tareas de conductor de vehículo de transporte y de servicio técnico …” (ver fs. 33), mientras que en el escrito de demanda invocó otra versión de los hechos, al afirmar que le solicitaron la entrega de las llaves del vehículo “… razón por la cual me vi obligado a transportar … bidones en transporte público …” (ver fs. 31 vta.).

Vale resaltar que los testigos Gallardo (fs. 345/347) y Juarez (fs. 351/353), propuestos por el actor, dejaron de laborar para la demandada con anterioridad al reclamante, por lo que sus dichos carecen de virtualidad probatoria a fin de dilucidar la cuestión debatida; mientras que Vazquez (fs. 360/363) nada refirió con relación al citado episodio.

Por su parte, el declarante Posse (fs.365/369) se limitó a afirmar que “… nos sacaron las llaves …” -omitiendo precisar las circunstancias de tiempo y lugar de los hechos materia de controversia-, a lo que agrego que su relato se contradice con la versión de los hechos brindada tanto en el inicio como en el intercambio telegráfico, toda vez que el testigo señaló que tras el retiro de las llaves, el actor utilizaba como transporte su vehículo particular -repárase que en la demanda el accionante denunció que se movilizaba en su automóvil sólo para efectuar supuestas guardias pasivas (ver fs. 31)-.

Arribado este punto, y sin perjuicio de resaltar lo confuso y poco claro del relato desarrollado en el inicio, considero que la prueba testimonial reseñada -analizada en sana crítica (cfr. art. 90 de la L.O. y art.

386 del C.P.C.C.N.)-, no constituye un respaldo fáctico eficaz para acreditar en este aspecto la pretendida persecución laboral.

Por su parte, en lo atinente a la negativa de tareas invocada con sustento en que el actor habría sido obligado a permanecer en un escritorio sin asignársele tarea específica alguna, requiriéndosele además que entregue las llaves de acceso al establecimiento de la demandada, todo lo cual -según su postura- también importó una persecución laboral, considero oportuno resaltar que si bien en el sobre de prueba reservada nro. 12.743 (1) obra una nota de fecha 28/7/2009 dirigida al accionante, donde se le notifica que “… le está terminantemente prohibido el ingreso a la planta …” y que “… a la fecha usted no posee ni control remoto ni llaves de la planta …”, lo cierto es que el recurrente soslaya que ese mismo día, a raíz de haberse anoticiado la empleadora que el reclamante habría reparado en manera particular una máquina de uno de sus clientes, aquella le solicitó efectuar un descargo, el cual fue efectivamente realizado, conforme instrumento que obra en el ya mencionado sobre de prueba reservada, que fue expresamente reconocido por el actor a fs.370.

Es decir, que se encuentra acreditado en autos que la empresa pidió explicaciones al accionante, circunstancia que prueba -en mi opinión- la existencia de una investigación interna, también avalada por la declaración de la testigo Verón (ver fs. 340/344), empleada administrativa de la demandada.

Destaco que en el escrito de inicio el trabajador afirmó que tomó conocimiento de las sospechas de su empleadora -relativas a negociaciones por cuenta propia con clientes de la empresa- recién en el intercambio telegráfico (ante la misiva remitida por la accionada el 14/8/09), y negó haber sido informado o requerido por su empleadora respecto de dicha circunstancia. Sin embargo, como ya referí, de la prueba reunida en la causa, resulta que ya el 28/7/09 el actor conocía el pedido de explicaciones formulado por la empresa, habiendo incluso realizado -insisto- un descargo al respecto -hecho cuya existencia omitió denunciar al demandar-.

Agrego que ninguno de los testigos propuestos por el reclamante abonaron la versión inaugural que sostiene el confinamiento del trabajador a un escritorio sin que se le brinden tareas, mientras que la declarante Verón aludió al cumplimiento de “… tareas en planta …”, tal como alegara la empleadora en el responde.

En este contexto, tampoco denunció el trabajador en el inicio que gozó de licencia por enfermedad desde el día 30/7/09 al 2/8/09, y desde el 10/8/09 al 15/8/09, tal como emerge de la prueba informativa dirigida a Premesa S.A. (ver fs.330/336).

A esta altura, y sin ánimo de resultar reiterativo, es dable destacar que de la prueba producida en autos se desprende que el día 28/7/09 la empleadora requirió a su dependiente que efectuara el correspondiente descargo en el marco de la situación fáctica “ut supra” señalada – descargo que fue realizado por el trabajador, quien casi inmediatamente comenzó a gozar de una licencia por enfermedad, circunstancias éstas que aquél omitió denunciar en el inicio-. En este contexto el actor remitió el 8/8/09 telegrama intimando a su empleadora a aclarar su situación laboral ante la pretendida persecución laboral y negativa de tareas de la que era objeto, cuando ha quedado acreditado que en ese momento conocía la sustanciación de un procedimiento por parte de la empresa; extremo además confirmado por la accionada al contestar el emplazamiento del trabajador (“… hasta tanto se diluciden los hechos que Ud. negó, (es decir la información que recibimos de que Ud. estaba realizando negociaciones por cuenta propia con nuestros clientes) en legítimo ejercicio de las facultades del empleador, Ud seguirá desarrollando tareas internas en la empresa …”).

Ello así, considero que en el marco de lo hasta aquí expuesto, la decisión del accionante de poner fin a la relación laboral el día 19/8/09 -fundada en la persecución laboral y negativa de tareas-, fue intempestiva y apresurada, y no se condice con los principios de conservación del contrato de trabajo y buena fe que emanan de los arts. 10 y 63 de la L.C.T., que abarcan a ambas partes del contrato y que imponen a las mismas adoptar comportamientos acordes con la preservación del mismo.

No tendrá mejor suerte el agravio dirigido a cuestionar lo resuelto por la Sra. Juez en cuanto a que no quedó acreditado en autos el pago de parte de la remuneración en forma clandestina.

En tal sentido, considero el recurrente no esgrimió una crítica concreta y razonada (cfr. art.116 de la L.O.) que resulte idónea para enervar la conclusión alcanzada en la instancia de grado, puesto que omitió destacar los aspectos de la sentencia que consideraba equivocados, demostrando los errores de hecho y/o derecho en que pudiere haber incurrido la juzgadora a la luz de las pruebas colectadas en la causa y normas jurídicas, por lo que la exposición luce meramente dogmática y subjetiva.

En efecto, repárase en que el apelante deja incólumne los fundamentos vertidos por la Sra. Magistrada – referidos a la ponderación de la prueba testimonial (ver en part. fs. 458, anteúltimo párrafo)- , en virtud de los cuales rechazó el reclamo en cuestión.

En consecuencia, propongo confirmar la sentencia de grado también en este punto.

Tampoco tendrá favorable recepción el agravio esbozado en torno al rechazo de las horas extras reclamadas.

Digo ello por cuanto los términos en que ha sido deducido el reclamo por dicho concepto en el escrito de inicio impiden acoger favorablemente la pretensión, toda vez que el actor no individualizó concretamente cuántas horas extraordinarias supuestamente habría laborado, limitándose a incluir en la liquidación de fs. 35 pto. VI un importe global por el citado rubro, sin especificar cómo arribó al monto asignado a dicho reclamo, y a invocar la realización de “guardias pasivas” -sin brindar mayores detalles al respecto- , situación que impide el progreso de la pretensión deducida en tales términos, puesto que el accionante, al momento de demandar incumplió con las claras exigencias del art. 65 de la L.O.al no precisar en forma clara la cosa demandada con exactitud.

Ello así, y dado que -en definitiva- constituye una carga para el actor la exacta delimitación del objeto de la pretensión y la debida precisión de los supuestos de hecho y de derecho que dan sustento al concepto reclamado, y que – desde tal perspectiva- el escrito de inicio, en este punto, incumple los requerimientos establecidos por la normativa “ut supra” individualizada, sugiero desestimar la queja impetrada.

Arribado este punto, en razón de lo resuelto en los considerandos precedentes, y en el marco de los términos expresados en el escrito recursivo, no cabe más que confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide, esto es, que la medida rescisoria adoptada por el trabajador no se ajustó a derecho; lo que así voto.

Resta analizar el recurso interpuesto por las Dras. Olivia Rita Flores Frutos y Daniela M. Garibaldi -por derecho propio- y por el Sr. perito contador, por considerarlos exiguos.

Al respecto, teniendo en cuenta el mérito, calidad y extensión de las tareas desempeñadas, analizado todo ello a la luz de las pautas arancelarias vigentes, considero que asiste razón a los recurrentes, por lo que propongo elevar los honorarios regulados a favor de la representación letrada de la parte demandada y del experto contable a las sumas de ($.) y ($.) respectivamente, a valores actuales (art. 38 de la L.O.; arts. 6, 7, 8 y cctes. ley 21.839 -mod. por ley 24.432-; y dec. 16.638/57).

Asimismo, sugiero imponer las costas de la Alzada al actor vencido (art. 68, primera parte, del C.P.C.C.N.); y regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada en el 25% de lo que a cada una le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 14 de la ley 21.839).

El Dr. Roberto C. Pompa dijo: Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach: no vota (art. 125 de la L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: I) Confirmar la sentencia de grado en cuanto ha sido materia de recurso y agravio; con excepción de los honorarios de la representación letrada de la parte demandada y del Sr. perito contador, que se elevan a las sumas de ($.) y ($.), respectivamente, a valores actuales. II) Costas de la Alzada a cargo del actor. III) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en el 25% de lo que a cada una le corresponda por lo actuado en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ante mí.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s