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Acción de remoción y exclusión de la sociedad iniciada por un hermano a otro

DemandaPartes: Picotto Armando Juan c/ Picotto Ricardo s/ exclusión de socio

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Fecha: 5-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-89230-AR | MJJ89230 | MJJ89230

Un laudo arbitral forzoso sólo puede ser controlado por el juez en lo atinente a las formalidades, pero no en lo que hace al fondo de la cuestión ya que de hacerlo quedaría desnaturalizado el instituto de arbitraje, todo esto, en el marco de una demanda de remoción y exclusión de la sociedad iniciada por un hermano a otro.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso planteado por el demandado, con costas, por no haber vicios de forma que otorguen competencia a la Cámara ya que ésta no puede juzgar acerca del fondo de la cuestión, pues ello implicaría desnaturalizar el instituto de arbitraje, en el marco de una demanda de remoción y exclusión de la sociedad iniciada por un hermano y reconvenida por el otro por disolución.

2.-En una demanda de remoción y exclusión de la sociedad iniciada por un hermano y reconvenida por el otro por disolución, corresponde rechazar el recurso planteado por éste último en atención a que no corresponde al juez valorar las cuestiones de fondo que ya fueron decididas en un laudo arbitral.

3.-Es suficiente la ausencia de actos de administración para considerar que se incumplen las funciones de administrador de una sociedad, razón por la cual no hace falta demostrar un perjuicio concreto.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba a los cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, se reúnen en audiencia pública los señores Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación Dres. Guillermo E. Barrera Buteler, Julio L. Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera y con el objeto de dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: «PICOTTO ARMANDO JUAN C/ PICOTTO RICARDO RAMON-SOCIETARIO CONTENCIOSO-EXCLUSION DE SOCIO-RECURSO DE APELACION (EXPTE. N°664600/36)», venidos del Juzgado de Primera Instancia y 3° Nominación Civil y Comercial, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 1790 por el Sr. Ricardo Ramón Picotto, contra la Sentencia Número trescientos cincuenta y uno de fecha veintisiete de agosto del año dos mil doce(fs.1760/1777).

El Tribunal sienta las siguientes cuestiones a resolver:-

Primera: ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la demandada?

Segunda: ¿Qué resolución corresponde dictar?-

Conforme lo dispuesto previamente por el Sr. Presidente y de acuerdo al sorteo que en este acto se realiza los señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dres. Beatriz Mansilla de Mosquera, Julio L. Fontaine y Guillermo E. Barrera Buteler.

A LA PRIMERA CUESTION:

LA SEÑORA VOCAL DOCTORA BEATRIZ MANSILLA DE MOSQUERA DIJO:

1.- El demandado en autos apela la sentencia de primera instancia en tanto resuelve hacer lugar a las acciones de remoción y exclusión que le promoviera su hermano Armando con relación a la sociedad de responsabilidad limitada que constituyera con aquél, y no hacer lugar a la demanda reconvencional de disolución que entablara.

En sus agravios, plantea que ha existido errónea valoración del juzgador, resultando equivocada la aplicación de los arts. 91 y 92 de la Ley de sociedades. Aduce que se incurre en fundamentación aparente e incongruente al sentenciar; que los fundamentos resultan escuetos debido a que no se explicaron bien los hechos ni se conoce cuál fue la magnitud del incumplimiento del socio para motivar el pacto comisorio.Indica que si bien en el resolutorio se reconoce que se encuentran acreditadas desavenencias entre los hermanos, señalando las profusas y recíprocas intimaciones, y se señala el tenor disímil de los informes de los veedores designados en los distintos procesos con motivo de cautelares, nada refiere al comportamiento del actor, sino que -a su entender- sólo analiza la conducta del demandado sobre la base de un solo hecho acaecido hace ocho años. En otro punto, señala que si bien se hace referencia al 2° párrafo del art. 91 de la LSC nada se dice del cómo ni de porque resulta aplicable al caso que se analiza. Insiste en que la actora por medio probatorio alguno ha logrado acreditar que el socio demandado haya incurrido en grave incumplimiento en sus obligaciones para que se justifique la exclusión. Por otra parte, considera que tampoco se encuentra fundada la remoción de la función de administrador dado que la única base fáctica deviene de la total ausencia de facetas que importen un acto de administración, sin indicar el perjuicio que la supuesta inacción trajera aparejada a la sociedad.-

2.- Inicialmente, corresponde tener presente que, como lo venimos sosteniendo en forma reiterada ante recurso de apelación interpuesto en proceso de la naturaleza del de autos, el laudo recaído en el marco de un arbitraje forzoso sólo puede ser atacado por la vía de la nulidad, en pos de salvaguardar el derecho de defensa de las partes.

La doctrina y jurisprudencia especializada, interpretando lo normado por los arts. 640 y 643 del CPC y C de Córdoba (y normas concordantes de otros códigos procesales), se divide en dos posiciones en orden a la vía que corresponde ejercitar para alegar la mentada nulidad. Una de las posiciones, considera que el laudo arbitral puede ser atacado sólo a través de la acción autónoma de nulidad; en tanto la otra, que ha sido la asumida por el Alto Cuerpo de Justicia local in re: «Biazzi» (TSJ Cba, A.I.152, 11.08.2004), considera que el laudo arbitral puede ser atacado a través del recurso de nulidad que prevé el art. 362 de nuestro código de rito.-

Ahora bien, la doctrina y jurisprudencia son asimismo contestes en sostener que el hecho de que se admita que el laudo sea impugnado en el marco de la apelación en la que el recurso de nulidad se encuentra subsumido (Art. 362 CPC), no habilita a las partes a solicitar una revisión de éste en cuanto al fondo de lo decidido, sino que el juez debe limitarse a controlar el efectivo cumplimiento de los recaudos que la legislación ha considerado indispensables para una buena administración de justicia, pues de lo contrario quedaría desnaturalizado el instituto del arbitraje (Rojas, Jorge, «Vías de impugnación del laudo arbitral», ED 210-836, y jurisprudencia del TSJ Cba. antes citada).-

De tal suerte, el recurso de nulidad no puede viabilizar la invocación de cualquier agravio, sino que requiere para su tratamiento y, en su caso, posterior admisión, que la queja se ciña a las causales taxativamente prevista por la ley.Será por lo tanto, tarea del impugnante encuadrar los gravámenes que considera que le ocasiona la decisión en cada una de las causales que prevé la ley procesal para que sea factible al tribunal ingresar a su análisis.

Siendo así las cosas, dejo adelantado que desde la perspectiva indicada el recurso interpuesto en autos no puede prosperar dado que no se verifican los vicios de forma que se le endilgan, y no corresponda a la Cámara entrar a juzgar sobre la justicia del decisorio a causa de que su competencia se encuentra limitada a los vicios de nulidad, de tal modo, que si de declararse la nulidad del resolutorio correspondería remitir los actuados a otro Tribunal arbitral para que dicte nueva sentencia sobre la materia de fondo.

Retomando lo atinente a los agravios del impugnante, es de señalar que acusa la existencia de una fundamentación aparente alegando que no se explicaron bien los hechos y no se conoce cuál fue la magnitud del incumplimiento del socio para motivar la exclusión. Sin embargo, claramente el A quo reconoce una situación conflictiva a la fecha en que fueron iniciadas las actuaciones, lo que infiere incluso de la acción de exclusión de socio que iniciara el demandado en autos a su hermano Armando, para luego pasar al estudio de las conductas atribuidas a Ricardo Picotto como causal de exclusión y de remoción del cargo de gerente.

El sentenciante sostiene la procedencia de la exclusión en mérito a la conducta desplegada por el accionado consistente en no dejar entrar a nadie al predio del Hotel en el que se desarrolla el objeto de la sociedad, y que tiene por acreditada sobre la base de lo que emana de la Escritura Número 321 del 5/09/2004 (fs. 36/8), y de los testimonios brindados por los Sres. Correa (fs. 1.200), Tolaba (fs.1201). Lo referido descarta que no se encuentre justificado el motivo de exclusión, más allá que el vencido no esté de acuerdo con la apreciación de fondo.Y no formaba parte de la litis abocarse a juzgar la conducta del accionante en tanto de lo que se trata es de discernir si la habida por el demandado resulta causa justa de exclusión por ser aquella el objeto de la acción entablada en autos. Recuérdese que para el legislador basta la existencia de grave incumplimiento de las obligaciones por parte de uno de los socios para quedar expedita la acción judicial correspondiente y que la exclusión la decide el juez tras merituar la virtualidad de los antecedentes de la causa invocada (Nissen,Ricardo «Ley de Sociedades Comerciales», T. 2, Editorial Abaco de Rodolfo Desalma, pág. 177/178).

Otro tanto sucede con la remoción del cargo de gerente, ya que, a más de apoyarse en el hecho que dio lugar a la exclusión en el carácter de socio, se tuvo en consideración la total ausencia de cumplimiento de las distintas facetas que importa el acto de administración al no haberse desempeñado en aquella desde mediados del año 2003. Además, bien dejó destacado el A quo, que ante la conducta obstructiva e impeditiva que dice haber desplegado su hermano Armando, sobre la base del requerimiento de documentación que da cuenta la Escritura Nro. 218 de fecha 7 de octubre de 2004 (fs. 85), no lo eximía de continuar obrando como gerente por lo que debió utilizar las vías societarias y legales oportunas.-

Aduce el quejoso que resulta equivocado que se afirme en la resolución que en el ámbito de sociedades comerciales el instituto de resolución parcial persigue como finalidad permitir la subsistencia del ente social pese a la extinción del vínculo por parte de algunos socios, indicando al efecto que la sociedad vivió durante ocho años con el conflicto y nada se resintió en la actividad. Pero tal observación no puede admitirse porque se trata de un concepto vertido por el juzgador sin que de aquel se infiera vicio que lleve a la nulidad del decisorio, sino que se relaciona con la discusión sustancial.No obstante, siendo que en párrafo subsiguiente se aduce como vicio de forma que se haya tratado como única base fáctica la total ausencia del cumplimiento de las facetas que importan la administración sin indicar el perjuicio que trajo aparejado su actuar, es de aclarar que resultaba suficiente la referencia a la ausencia de actos de administración por parte de Ricardo Piccotto para revelar el incumplimiento, ya que aquel derivaba de la pasividad que adoptara luego del conflicto suscitado ante la intimación que realizara a Armando en relación a la documentación en el año 2004, como de la posterior incomparecencia a la sociedad. Tampoco resultaba necesario indicar el perjuicio que pudiera haber ocasionado a la sociedad, siendo que aquel emana del mero hecho de no haber ejercido la función que le fuera encomendada. No está de más dejar señalado que la jurisprudencia ha reconocido procedente la exclusión en caso de una sociedad de dos socios, en la cual ambos son socios-gerentes- y uno de ellos no concurre al local donde se desarrolla la actividad, ni designa persona a tales fines, sin mediar impedimento físico o legal que le impida la concurrencia habiéndose mantenido dicha actitud durante un tiempo más o menos prolongado (CNCom. Sala ]B, 1986/09/30, «Mostrada Sangiovanni Alicia M. c. Marconi, GuillermoV. LL 1987-B, 408, DJ 1987-2-183).

En resumidas cuentas, dado que no se atisba vicio in procedendo que autorice la nulidad del resolutorio, no cabe hacer lugar al recurso deducido.

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR JULIO L. FONTAINE DIJO:

Adhiero al voto de la Dra. Beatriz Mansilla de Mosquera.-EL SEÑOR VOCAL DOCTOR GUILLERMO E. BARRERA BUTELER DIJO:-

Adhiero a las consideraciones manifestadas por la Sra. Vocal del primer voto.

A LA SEGUNDA CUESTION:

LA SEÑORA VOCAL DOCTORA BEATRIZ MANSILLA DE MOSQUERA DIJO:

En mérito a la conclusión precedente, propongo al acuerdo de existir mayoría: No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el accionado, con costas (art. 130 CPC). A tales fines de determinan los honorarios del Dr.Flavio O. Ruzzón en el cuarenta por ciento de tres puntos por sobre el mínimo que resulte de aplicación en autos (arts. 36, 39, 40, 26 contrario sensu y conc. de la ley 9459).

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR JULIO L. FONTAINE DIJO:

Adhiero al voto de la Sra. Vocal preopinante.-

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR GUILLERMO E. BARRERA BUTELER DIJO:-

Adhiero a la decisión que propone la Dra. Beatriz Mansilla de Mosquera en su voto.

Por el resultado de los votos que anteceden el Tribunal:-

RESUELVE:

No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el accionado, con costas (art. 130 CPC). A tales fines de determinan los honorarios del Dr. Flavio O. Ruzzón en el cuarenta por ciento de tres puntos por sobre el mínimo que resulte de aplicación en autos (arts. 36, 39, 40, 26 contrario sensu y conc. de la ley 9459).

Protocolícese y bajen.

Beatriz Mansilla de Mosquera – Vocal

Julio L. Fontaine – Vocal

Guillermo E. Barrera Buteler – Presidente

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