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Indemnizan a trabajador de PAMI que se consideró despedido por la falta de pago de sus vacaciones

Pesos argentinos 3Partes: Marconi Luis Manuel c/ P.A.M.I. Inst. Nac. de Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 22-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-89655-AR | MJJ89655 | MJJ89655

Procede la indemnización en favor de un trabajador de PAMI que se consideró despedido en virtud de la falta de pago de las vacaciones correspondientes a dos años.

Sumario:

1.-La falta de pago de las vacaciones reclamadas, como el silencio ante las intimaciones del trabajador, importaron una clara violación a las obligaciones impuestas en cabeza del empleador, que configuró injuria que legitimó la decisión del accionante de considerarse despedido, por lo que resultan procedentes las indemnizaciones reclamadas con fundamento en los arts. 232 , 233 y 245 LCT.

2.-Prescripta la acción para reclamar el reconocimiento del crédito -bonificación por antigüedad conforme Disposición DNRT 5229/89-, no corresponde discutir si el apelante tenía o no derecho a su cobro, por lo que el autodespido fundado en dicha causal resulta improcedente.

3.-El quejoso tenía una composición salarial diferente al resto del personal administrativo de la demandada, y para quienes se estableció no sólo la bonificación en cuestión, sino el modo de conformación del básico de cada agente, el salario de la categoría de admisión y las pautas para una adecuada carrera administrativa; y tan es así, incluso, que la situación de los médicos de cabecera fue contemplada, entre otros, en el art. 1º, 2do. Párr. del C.C.T. 697/05 E .

4.-La falta de cumplimiento de la exigencia de comunicación a la AFIP prevista en el art. 11 de la ley 24.013 sólo puede traer como consecuencia la pérdida del derecho a obtener cualquiera de las multas previstas en los arts. 8 , 9 o 10 de la norma, pero en modo alguno obsta a la procedencia de la duplicación a que alude el art.15 , en tanto se hubiera cursado la intimación dirigida al empleador, de manera plenamente justificada.

Fallo:

Buenos Aires,22 de septiembre de 2014

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

El sentenciante anterior, luego de analizar las pruebas rendidas en autos, consideró injustificado el despido en que se colocó el actor con fecha 04/05/2010 en base a las causales invocadas en su comunicación extintiva del vínculo (a saber: el reconocimiento de una antigüedad mayor a la registrada a los efectos de la extensión del periodo vacacional y la falta de pago del adicional denominado Bonificación por Antigüedad) y, por ende, rechazó los rubros indemnizatorios reclamados en función de dicha ruptura. Sin perjuicio de ello, condenó al pago de las vacaciones gozadas y no percibidas correspondientes a los años 2008 y 2009 más la incidencia del Sac sobre las mismas, como también al Sac proporcional 2010 (ver pronunciamiento a fs. 304/307).

Contra tal decisión recurre la parte actora a tenor del memorial de fs. 308/314, debidamente contestado por su contraparte a fs. 328/330. También apeló, por derecho propio, los honorarios regulados a su favor el letrado apoderado del actor (ver fs. 308).

Más allá de que no existió resolución alguna sobre las excepciones de cosa juzgada y prescripción que la demandada opuso en oportunidad del responde (ver fs. 41, pto. V y fs. 43, pto. VI), y cuyo tratamiento el «sub judice» difirió para la definitiva (ver fs. 104), observo, en lo que respecta al reclamo de la «bonificación por antigüedad», que precisamente la excepción de prescripción articulada y doctrina emergente del Plenario «Fontanive», lleva a desestimar la reclamación en cuestión.

No sostengo tal conclusión porque entienda que el quejoso está inhibido de plantear el reconocimiento de su real antigüedad en el empleo (cuestión que, a los efectos de la eventual procedencia de la indemnización prevista por el art. 245 L.C.T. to, tenía respuesta en la cláusula 20ma. del contrato de trabajo obrante a fs.140/4), sino porque bajo esa circunstancia, lo que pretende es que se le reconozca que, mientras estuvo vigente la Disposición D.N.R.T. 5229/89, la bonificación por antigüedad allí prevista, le correspondía percibirla, y en función a ello, que subsistió su exigibilidad con la entrada en vigencia del C.C.T. 687/95 «E» (conf. arts. 110 y 111), cuando la acción para reclamar la aludida bonificación había prescripto en diciembre de 2.007 (conf. art. 256 L.C.T. to); o sea, aún antes de su primer requerimiento telegráfico.

En otras palabras, prescripta la acción para reclamar el reconocimiento del crédito (bonificación por antigüedad conforme Disposición DNRT 5229/89), no corresponde discutir si el apelante tenía o no derecho a su cobro.

De todos modos, y para que no se entienda la dicho como una solución formal al problema, creo conveniente agregar, a propósito de lo expuesto por el Dr. Bertolini (a mi modo de ver, no comprendido íntegramente por el recurrente), que no es estrictamente una cuestión de representación gremial (A.P.P.A.M.I.A.) lo que lo excluyó de la percepción de la bonificación por antigüedad establecida por la Disposición 5229/89 (convenida con U.P.C.N. y A.T.E.), sino que su remuneración, como médico de cabecera, tal como se pactó en la cláusula 11ra. del contrato de trabajo que celebraron las partes el 18/08/1995, estaba integrada únicamente con el valor de las capita mensuales (cláusula 9na.), sujetas a las variaciones de su valor y número de beneficiarios a cargo del accionante (ver fs.142 «in fine»); o sea, dicho de otro modo, el quejoso tenía una composición salarial diferente al resto del personal administrativo de la demandada (si representados por estas últimas entidades sindicales), y para quienes se estableció no sólo la bonificación en cuestión, sino el modo de conformación del básico de cada agente, el salario de la categoría de admisión y las pautas para una adecuada carrera administrativa (conf. cláusulas 1ra. 3ra. y 5ta. de la Disposición a fs. 244/7); y tan es así, incluso, que la situación de los médicos de cabecera fue contemplada, entre otros, en el art. 1º, 2do. párrafo del C.C.T. 697/95 «E».

Tampoco advierto procedente el reclamo incoado con sustento en el art. 9 de la ley 24.013, porque independientemente de cualquier otra consideración, lo cierto es que el apelante no acreditó haber observado lo dispuesto por el art. 11, inc. b) de dicho cuerpo legal, como condición para viabilizar la procedencia de dicha reparación («.proceder de inmediato y, en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior»).

El silencio patronal a reconocerle al accionante, frente a su expreso requerimiento, la totalidad de la antigüedad en el empleo, en este caso, a mi modo de ver, no constituyó un hecho que pueda calificarse de injuria en grado tal que hiciera insostenible la prosecución del contrato de trabajo (conf. art. 242 L.C.T. to), porque tal pretensión estaba referida básicamente al reclamo de la bonificación por antigüedad, y porque con prescindencia de lo estipulado en las cláusulas 16ta. y 20ma. del contrato de trabajo obrante a fs. 140/4, tal cuestión había sido objeto de intimación en el año 2004 (ver fs. 119) y en el 2008 (ver fs.161/3), y -obvio es decirlo- nada obstaculizó la continuidad del vínculo por varios años más.

Pero no ocurre lo mismo con la falta de pago de las vacaciones 2.008 y 2.009, porque fueron objeto de expreso requerimiento por parte del recurrente en abril de 2.010 (ver fs. 121 e informe de fs. 128); fue una de las causales rescisorias (ver fs. 168); llega incólume a esta instancia la procedencia de tales conceptos; y el proceder omisivo patronal, tanto en su cancelación (ampliamente vencido su plazo de pago) como en el silencio que observó a las intimaciones de Marconi, importó una clara violación a las obligaciones impuestas en cabeza del empleador por los arts. 62, 63, 74 y conc. L.C.T. (to), que configuró injuria que legitimó, en los términos de los arts. 242 y 246 L.C.T. (to), la decisión del accionante de considerarse despedido, por lo que resultan procedentes las indemnizaciones reclamadas con fundamento en los arts. 232, 233 y 245 L.C.T. (to).

Aclaro, dados los términos de la contestación de agravios de la accionada, que en el responde no negó (conf. art. 356, inc. 1º C.P.C.C.N.) que el actor hubiera gozado de la licencia vacacional correspondiente a los años 2.008 y 2.009 (ver fs. 39/67); y a todo evento, si alguna duda quedara, la presunción emergente del art. 57 L.C.T. (to), derivada del silencio guardado por la empleadora a la intimación del actor, acredita que las vacaciones en cuestión fueron gozadas por éste en la extensión convenida en el contrato de trabajo (cláusula 16ta.). Precisamente esta situación lleva a señalar que Marconi carece de derecho a reclamar el pago de los días de vacaciones que no gozó (conf. art. 162 L.C.T. to).

En lo que respecta al reclamo con fundamento en el art.15 de la ley 24.013, en primer lugar, debo señalar que conforme con el criterio que reiteradamente ha sostenido esta Sala, la falta de cumplimiento de la exigencia de comunicación a la AFIP antes mencionada y prevista en el art. 11 de la ley antedicha, sólo puede traer como consecuencia – reitero- la pérdida del derecho a obtener cualquiera de las multas previstas en los arts. 8, 9 o 10 de la ley 24.013, pero en modo alguno obsta a la procedencia de la duplicación a que alude el mencionado art.15, en tanto -como sucede en el sub lite- se hubiera cursado la intimación dirigida al empleador, de manera plenamente justificada (entre otros, esta Sala X, SD Nº 10.787 del 17/6/02 in re: «Milessi Juan A. c/ TEB S.A. y ot. S/ despido»; SD 16299 del 30/9/08 en autos: «Gonzalez Ferrari Jesica Sabrina c/ Wall Street Institute S.A. s/ despido»).

Sentado ello, si bien sobre el tema en cuestión se trata de criterios divergentes, e incluso, en su momento como resulta de la cláusula 16º expresamente convenida por las partes (ver fs. 143vta.), lo cierto es que los testimonios rendidos en la causa demuestran que efectivamente entre las partes existió un contrato de trabajo, y no, una locación de servicios, aspecto éste que en virtud de lo dispuesto en el art. 12 de la LCT el accionante estaba legitimado para cuestionar.

Ahora bien, dada las particularidades de la situación que nos convoca que precisamente encuadra en el supuesto previsto en el art. 16 de la LNE (último párrafo), en tanto -reitero- se trató en su toda su extensión de una relación laboral dependiente, y no, de una locación de servicios más allá de las dudas generadas al respecto al inicio del debate, estimo razonable reducir el incremento indemnizatorio establecido en el art. 15 de dicho cuerpo normativo en un 50%, lo cual arroja la suma total de $ 135.186,84.

Es procedente también el incremento indemnizatorio dispuesto por el art.2 de la ley 25.323, porque se trató de un despido injustificado, el actor intimó el pago de las indemnizaciones derivadas de ese hecho extintivo, se vio obligado a litigar para procurarse su cobro, y nada valida la conducta omisiva patronal en cancelarlas.

Distinta es la situación respecto de los días de mayo de 2.010 y la indemnización art. 80 L.C.T. (to art. 45, ley 25.345), porque el recurrente no cuestionó (conf. art. 116 L.O.), el rechazo de tales conceptos; lo cual también se verifica con relación al monto establecido en grado en concepto de vacaciones 2.008, 2.009, proporcionales 2.010 y S.A.C. prop. 2.010.

De resultas de lo que llevo dicho, remuneración establecida en grado ($7.140,54) y antigüedad a los efectos indemnizatorios (cláusula 20ma. del contrato de trabajo), la acción prospera por:

Dicho monto, devengará desde cada suma es debida y hasta su efectivo pago, los intereses fijados en grado.

De conformidad con la modificación propuesta y lo normado por el art. 279 CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios establecidas en ori gen.

Así, sugiero imponer las costas de la instancia anterior en un 60% a cargo de la demandada y 40% a cargo del actor (conf. arts. 68, 2do. párrafo y 71 del CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y perito contador en el 16%, 12% y 6%, respectivamente, del monto total de condena más los intereses fijados en grado (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57).

Asimismo, propongo imponer las costas de alzada a la demandada vencida en esta instancia (art. 68 CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25%, a cada uno respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art.14 ley arancelaria).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto, sugiero: 1) Modificar la sentencia apelada y admitir parcialmente la demanda instaurada por LUIS MANUEL MARCONI contra P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, condenando a éste último a abonar al actor, dentro del quinto día de quedar firme la etapa prevista en el art. 132 LO, la suma de $ 543.603,07 (PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES CON SIETE CENTAVOS), con más los intereses fijados en grado; 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios establecida en origen (art. 279 CPCCN); 3) Imponer las costas de la instancia anterior en un 60% a cargo de la demandada y 40% a cargo del actor (conf. arts. 68, 2do. párrafo y 71 del CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y perito contador en el 16%, 12% y 6%, respectivamente, del monto total de condena más los intereses fijados en grado (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57); 4) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida en esta instancia (art. 68 CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25%, a cada uno respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

El Doctor DANIEL E. STORTINI, dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo. El Doctor GREGORIO CORACH, no vota (art. 125 LO).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

1) Modificar la sentencia apelada y admitir parcialmente la demanda instaurada por LUIS MANUEL MARCONI contra P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, condenando a éste último a abonar al actor, dentro del quinto día de quedar firme la etapa prevista en el art.132 LO, la suma de $ 543.603,07 (PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES CON SIETE CENTAVOS), con más los intereses fijados en grado; 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios establecida en origen (art. 279 CPCCN); 3) Imponer las costas de la instancia anterior en un 60% a cargo de la demandada y 40% a cargo del actor (conf. arts. 68, 2do. párrafo y 71 del CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y perito contador en el 16%, 12% y 6%, respectivamente, del monto total de condena más los intereses fijados en grado (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57); 4) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida en esta instancia (art. 68 CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25%, a cada uno respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese, oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.

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