Responsabilidad concurrente por la muerte de una niña en un accidente de tránsito, por transportarla sin cinturón de seguridad

shutterstock_197735198Partes: N. C. y otros c/ M. E. E. B. y otros s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito con lesiones o muerte) Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala/Juzgado: J Fecha: 28-oct-2014 Cita: MJ-JU-M-89942-AR | MJJ89942 | MJJ89942 Resultan responsables en forma concurrente por el fallecimiento de una menor en un accidente de tránsito, tanto el conductor del vehículo embistente como el del automóvil en que la víctima era transportada, por haber omitido la obligación de uso del cinturón de seguridad de su pasajera, circunstancia que contribuyó al resultado dañoso del siniestro.

Sumario:

1.-Corresponde condenar de manera ‘concurrente’ con el conductor de otro vehículo que provocó el accidente de tránsito, a la conductora de un rodado y a su compañía aseguradora por los daños ocasionados en una colisión entre vehículos en el que se produjo el fallecimiento de una menor, como consecuencia de la omisión de utilizar el cinturón de seguridad; ello con fundamento en que el impacto del vehículo embistente, por inesperado y violento que haya sido, no termina por absorber o neutralizar la participación causal que cupo a la restante codemandada conductora del vehículo embestido, resultando de aplicación lo normado específicamente por el inc. ‘k’ del art. 40 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 -es requisito para la circulación del automotor que sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos-, y a ella debe sumarse la doctrina que emerge de los arts. 1074 y 1109 del Cciv. en cuanto resultan continentes de la máxima alterum non laedere. La transportadora debía obligar a los pasajeros a que utilizaran el cinturón de seguridad, y en supuesto de negativa, obligarlos a descender del rodado.

2.-Existe concausa cuando se da una condición que concurre a la producción del resultado con preponderancia sobre la acción del sujeto, y ésta se refleja en el hecho de que las menores, una de ellas fallecida en un accidente de tránsito, fueran transportadas sin cinturón de seguridad, lo que evidencia falta en el cuidado que debía prestarle el adulto que estaba a su cargo (‘omisión de la diligencia debida’) y en definitiva refleja una culpa in vigilando que autoriza a distribuir la responsabilidad en el acaecimiento del siniestro.

3.-Aun cuando el transporte benévolo importa una ‘figura asistemática’, de lege lata, cabe destacar que se inserta en un marco legal sobre accidentes de tránsito hermético y que no distingue o discrimina este particular supuesto, ya que lo que invariablemente se pone de resalto es la peligrosidad potencial que para la seguridad de las personas encierran los rodados, y se apoya en el riesgo representado por la energía cinética de los vehículos ya que en muchos casos no es posible someterlos por completo al dominio del hombre. Por tanto, habida cuenta que el automotor constituye una cosa riesgosa, todo daño proveniente de la circulación de vehículos está sujeto a la teoría de los causados ‘por’ la cosa en los términos del citado art. 1113 Cciv., sin que su funcionamiento se encuentre condicionado a que la víctima haya participado o no gratuitamente del transporte.

3.-No resulta aplicable la figura de ‘culpa de un tercero’ como eximente de responsabilidad por el fallecimiento de una menor en un accidente de tránsito, en tanto la conducta de una de las codemandadas que conducía el vehículo que desencadenó el siniestro, en el estricto terreno de la responsabilidad civil, no produce la completa ‘neutralización’ de la conducta de la otra codemandada que conducía el vehículo en el que se encontraba la menor, pues al calor de un taxativo mandato legal (basamento o continente de antijuridicidad para la teoría clásica) también aportó una clara causalidad material y normativa que la responsabiliza al omitir la obligación de uso de cinturón de seguridad por parte de uno de sus pasajeros. El mismo razonamiento resulta aplicable en torno a la culpa in vigilando de la actora, dado que la ley establece la necesidad de asumir inclusive las consecuencias ‘mediatas previsibles’ en los términos regulados por los arts. 901 y 904 del Cciv. dentro de las cuales sin duda cabe categorizar al siniestro en orden a la conductora del rodado embestido, admitiéndose la responsabilidad por la eficiencia conjunta de varias causas. No se trata de una causalidad disyunta o alternativa sino ‘conjunta’ o ‘común’ que en materia de responsabilidad cuasidelictual encuentra su asiento en lo normado por el art. 1109, 2° parte, CCiv.

4.-La llamada ‘responsabilidad parental’ se desprende de los arts. 265 y cc. del CCiv. y en la emergencia exige el control adecuado a las circunstancias sobre la conducta de los hijos, aparejando la consecuente responsabilidad por los actos que éstos realicen, puesto que el grado de capacidad de los menores no es igual para discernir las consecuencias de sus actos conforme su edad (así se desprende del art. 921 del CCiv.), y esta circunstancia posibilita aceptar como real la menor conciencia acerca de la ‘realidad del riesgo corrido’ y por tanto de la seguridad propia. Ello pone de manifiesto una fractura parcial del nexo de causalidad y responsabiliza a la madre de las niñas a cargo de ellas en ese momento. A ello debe sumarse la falta de previsión y de debida atención exigidas por la ley (doct. arts. 512 y 902 CCiv).

5.-Si bien el tema de la vida humana puede ser enfocado desde distintas perspectivas, en el caso del fallecimiento de una menor de 5 años, corresponde considerar únicamente el rol de la responsabilidad civil frente a la pérdida de la vida humana, y desde esta óptica, la valoración de la vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquéllos que eran destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que el extinto producía. Este daño (arts. 1084 y 1109 del Cciv.), calificado como un daño patrimonial indirecto, recae sobre aquellos bienes patrimoniales que el bien personal (vida humana) habría hecho obtener al sujeto, indudablemente es un perjuicio cierto en la medida que se ha frustrado una probabilidad suficiente de beneficio económico.

6.-Para la fijación del rubro del valor de la vida humana deben valorarse en relación con la víctima diversas circunstancias, como ser entre otras cosas, su capacidad productiva, su edad, sus ingresos, su profesión, su sexo, su vida probable, sus condiciones personales y con relación al damnificado por el fallecimiento deben considerarse la asistencia que recibía, su edad, sus necesidades asistenciales, su sexo y también su vida probable; y además deben tomarse en consideración para la fijación del rubro no el promedio de vida vegetativa sino el de ‘vida útil’ desde el punto de vista productivo y el quantum de las ganancias que la víctima destinaba a quien acciona, ya que no cabe computar los ingresos que destinara a su propio sostén. Deben tenerse en cuenta -asimismo- las alteraciones u oscilaciones previsibles en las ganancias fruto de la capacidad laborativa de la víctima y de la dinámica de la actividad que estaba desempeñando.

7.-En caso de muerte de un hijo menor lo que debe resarcirse es el daño futuro cierto que corresponde a la esperanza, con contenido económico, que constituye para una familia modesta la vida de un hijo muerto a consecuencia de un hecho ilícito; esa indemnización cabe sino a título de lucro cesante por lo menos como pérdida de una oportunidad de que en el futuro, de vivir el menor, se hubiera concretado en una ayuda o sostén económico para sus padres. Esa pérdida de posibilidad es un daño futuro que bien puede calificarse de cierto y no eventual. Máxime cuando la menor fallecida tenía 5 años de edad a la fecha del lamentable suceso, y este es el único dato relevante con el que se cuenta respecto a la occisa misma. Fallo: Buenos Aires, a los 28 días del mes de octubre de 2014, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “N. C. Y OTROS c/ M. E. E. B. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)”

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 499/510 vta. se alza la actora y expresa los agravios agregados a fs. 549/553 vta. que respondió “Caja de Seguros S.A.” a fs. 563/566.

La quejosa cuestiona en primer lugar el fondo mismo del asunto por haberse rechazado la acción contra B. y su compañía aseguradora, y para ello argumenta únicamente la falta de utilización del cinturón de seguridad, extremo que a su entender patentiza culpa en la conductora del rodado que transportaba a la víctima.

En lo atinente a las sumas indemnizatorias, critica las establecidas en concepto de valor vida, incapacidad física y psíquica, gastos de farmacia y de traslado, para por último reclamar lo peticionado por lucro cesante.

2.- Atribución de responsabilidad

2.1.- Sobre este tópico y como adelantara, la apelante se limita a señalar que no fue ponderada la falta de utilización del cinturón de seguridad por parte de la víctima, y razona que ello debería conducir al acogimiento de su acción contra la restante codemandada.

La citada “Caja de Seguros S.A.”, al contestar agravios, sostiene que demostró la “culpa de un tercero por quien no debe responder”, la de Jin Guang Hua que cruzó con el semáforo en rojo, y concluye que B.no fue la autora del hecho, y por tanto no debe responder.

2.2.- No se controvierte el encuadre jurídico en sí mismo, sino su aplicación en función de la interpretación o lectura de los hechos acontecidos.

La única crítica sustantiva es la que ensaya la propia actora, quien estima que su crédito reconoce dos causas fuentes diferentes que “concurren” para fundamentar el progreso de su acción reparatoria.

Por un lado, la del conductor de la camioneta “Hyundai” Jin Guang Hua, condenado en sede penal y también en esta sede (decisión consentida), pero además la de M. B., quien transportaba benévolamente en su Renault 12 a la Sra. N. y a sus hijas, una de las cuales -C. E. G.- falleció producto de la colisión.

2.3.- Así planteadas las cosas, en el aspecto nuclear para resolver el caso, me detengo en la cuestión atinente al cinturón de seguridad.

Pero en un primer momento recurro a las constancias obrantes en el proceso penal.

En primer lugar encuentro el “inventario” que se practicara sobre el embestido Renault 12 VPU-061, y advierto que contaba con los cinturones de seguridad correspondientes a la parte trasera (ver fs. 50).

La declaración de C. N. obra a fs. 299 de tales actuaciones, y de la misma se desprende que en la emergencia, mientras era transportada por B. en la parte trasera del citado rodado, llevaba a su pequeña hija C. sobre su falda (cfr. fs. 299 in fine; ver también lo manifestado por Clara Berlfein que viajaba en la parte delantera del Renault a fs. 350 y vta.).

La apelante ha acertado entonces en su observación crítica, tengo por demostrada la falta de utilización del cinturón de seguridad, aspecto que debe ser meritado apropiadamente como he resuelto en anteriores oportunidades (cfr. “Rodriguez, José Ambrosio y otro c/ Rodriguez, José Lago y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 8.960/2.002, del 26/08/2010; idem, “Christovao, Paula c/ Martínez, Diego s/ Ds. y Ps.”, Expte.N° 109.227/2001, del 08/5/2007; Arean, Beatriz, Juicio por accidentes de tránsito, Hammurabi, vol. 2, pág. 169).

Sentado ello, respecto a su relevancia y a la determinación de quién o quiénes tenían el deber de proveer a su efectiva utilización, me abocaré a partir de aquí a determinar su “incidencia causal” que me persuade a modificar lo resuelto en la instancia de grado, proyectando responsabilidad tanto en la codemandada B. (y su aseguradora) como en la propia accionante.

2.4.- En efecto, se impone ahora encarar el análisis más difícil, la relevancia de tal omisión y el sustento sobre el que corresponde formular la imputación consecuente.

La complejidad del tópico obedece a que se enmarca en el intrincado terreno de la causalidad, tanto desde el plano de la “autoría” cuanto en el de la “adecuación” de los daños resultantes (Pizarro, Daniel, Vallespinos, Carlos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, vol. 3, págs.97/98).

En efecto, no hay duda que la colisión del Hyundai, rodado que circulaba a elevada velocidad, que cruzó el semáforo en rojo y que impactó al Renault 12, resultó el agente “activo” y “principal” pues ha sido quien inició la “concatenación causal” que condujo a la producción de importantes perjuicios.

Coincido con el juez de grado en que el siniestro se produjo por el accionar de Jin Guang Hua, quien conducía en forma imprudente y antirreglamentaria, violando la luz del semáforo existente en Carabobo y Directorio de esta ciudad.

No obstante (y como adelantara), no se agota allí el análisis de la “mecánica” del siniestro.

Corresponde también analizar el tenor de la participación que cupo al restante vehículo “implicado” en el mismo, el Renault 12 de la codemandada que transportaba “benévolamente” a la víctima, quien también responderá con el alcance que habré de precisar.

2.5.- En efecto, no desconozco que la naturaleza del llamado transporte “benévolo”, “amistoso” o “de cortesía” ha sido -y es- uno de los temas que más interés despierta entre los juristas especializados, lo que obedece a la preocupación por alcanzar soluciones de justicia en cada caso, y entre ellos los que presentan características diferenciales a los “ordinarios” y que merecen, eventualmente, soluciones distintas.

Basta con citar las primeras obras específicas sobre la materia de Pierre De Harven en Francia que se remonta al año 1928 titulada “De la responsabilité du transporteur bénévole” (“Revue general Assurance” 1928-II-201), y la de Doménico R. Peretti Griva en Italia del año 1948, “Sul transporto amichevole o di cortesía” (en “Revista di Diritto Commerciale”, I, Ed. Dottor F.Vallardi, Milan, 1948), por dar cuenta sólo de algunas.

Si bien se ha dicho que el transporte benévolo importa una “figura asistemática”, continente de un “microsistema” o “subsistema” (dependiendo del alcance que se le asigne a dichos términos), en definitiva de lege lata se inserta en un marco legal sobre accidentes de tránsito hermético y que no distingue o discrimina esta particular fattispecie (Ubiría, Fernando, Reparación de daños derivados del transporte benévolo, Hammurabi, 2004, pág. 324 y pág. 333).

En todo caso, invariablemente, se pone de resalto la peligrosidad potencial que para la seguridad de las personas encierran los rodados, y se apoya en el riesgo representado por la energía cinética de los vehículos ya que en muchos casos no es posible someterlos por completo al dominio del hombre. Por tanto, habida cuenta que el automotor constituye una cosa riesgosa, todo daño proveniente de la circulación de vehículos está sujeto a la teoría de los causados “por” la cosa en los términos del citado art. 1113 CC (Ubiría, ob. cit., pág. 327).

En definitiva, el citado artículo del CC es aplicable pues su funcionamiento no se encuentra condicionado a que la víctima haya participado o no gratuitamente del transporte. No hay norma o principio que autorice a dejar de lado lo dispuesto por tal norma (ver mis votos in re Cei, Miriam Cristina c/ Smania, Ernesto Mario y otro s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 45.007/2006, 30/3/2010; “El Lakis, Alice c/ Castaño, Miguel R. s/ Ds. y Ps.”, expte. n° 56.867/2001, del 03/12/2007; ídem, “Christovao, Paula c/ Martínez, Diego s/ Ds. y Ps.”, expte.n° 109.227/2001, del 08/05/2007).

2.6.- A tenor de dicha base encuentra sustento la responsabilidad que la apelante imputa a B., la “incidencia causal” de su comportamiento debe reflejarse en la imputación de responsabilidad que habré de distribuir prudentemente entre los demandados.

De acuerdo a las circunstancias de hecho, dicha codemandada no puede oponerse completamente a la pretensión intentada en su contra por la víctima, excusándose bajo el manto de la “culpa de un tercero”, causal exoneratoria sobre la que se expiden largamente tanto “Caja” como B., fincando en ella exclusivamente sus pretensiones de rechazo (ver fs. 62/67 y fs. 101 vta./104 vta. respectivamente).

La conducta de Jin Guang Hua, en el estricto terreno de la responsabilidad civil, no produce la completa “neutralización” de la conducta de B., pues al calor de un taxativo mandato legal (basamento o continente de antijuridicidad para la teoría clásica) también aportó una clara causalidad material y normativa que la responsabiliza. Lo mismo razono en torno a la culpa in vigilando de N. (cfr. acáp. 2.9).

Recuerdo que la ley establece la necesidad de asumir inclusive las consecuencias “mediatas previsibles” en los términos regulados por los arts. 901 y 904 del CC dentro de las cuales sin duda cabe categorizar al siniestro en orden a B., admitiéndose la responsabilidad por la eficiencia conjunta de varias causas.

No se trata de una causalidad disyunta o alternativa sino “conjunta” o “común” que en materia de responsabilidad cuasidelictual encuentra su asiento en lo normado por el art. 1109, 2° parte, CC.

2.7.- En efecto, por lo pronto corresponde diferenciar el análisis que se practica en el sub judice del efectuado en sede penal, pues la finalidad del derecho penal se orienta a la protección de intereses generales, sociales o públicos, y el mismo condujo a la condena del Sr.Jin Guang Hua.

Por el contrario, en el derecho de daños, al resultar un sistema de derecho privado de índole principalmente reparatorio y que reconoce como base de sustento a la justicia conmutativa aristotélica, el enfoque es otro, el análisis tiene otros matices.

Y es por ello, por tanto, que no coincido con los argumentos esgrimidos por “Caja de Seguros S.A.” que asignan una trascendencia desmedida a la sentencia criminal condenatoria dictada a fs. 560/572 vta. (y fs. 639/652) contra Jin Guang Hua y sus efectos sobre este proceso a la luz de lo normado por el art. 1102 CC (ver fs. 567/568).

2.8.- A los fines de precisar los contornos (alcance) del objeto obligacional (interés del acreedor), se impone determinar la incidencia causal que cupo al dueño – guardián del segundo vehículo participante, y a diferencia de lo razonado por el juez de grado, considero que registra un protagonismo que me persuade a modificar lo decidido en la anterior instancia.

En el plano de la “causalidad” se encuentran entrelazados (al menos en el caso de autos) tanto la “autoría” como la “adecuación” de los daños consecuentes se presentan como dos caras de una misma moneda, lo que obedece a que al procurar determinar científicamente las consecuencias de la falta de uso del cinturón de seguridad, necesaria o inevitablemente se incursiona en el terreno conjetural o hipotético.

En el “nudo” de la cuestión y de conformidad con la manera en la que la litis ha sido trabada en este aspecto (acápite N° 2.6), surge patente e incontrastable que la demandada B. permitió que en el asiento trasero de su vehículo viajara una niña de cinco años sin cinturón de seguridad. Más aún, según su propio relato de los hechos: “…C. E. G., quien estaba ubicada, por indicación de la suscripta en el asiento trasero del vehículo con su madre” (fs. 102) (lo resaltado me pertenece).

Cabe aclarar que el juicio de reproche que formulo contra B.tiene únicamente carácter “a mayor abundamiento” a tenor de la norma que también resulta aplicable a su respecto (art. 1113, 2° párrafo 2° supuesto, CC).

Lo cierto es que de tres personas sentadas en el asiento trasero, la única que perdió la vida fue C.

El impacto de la Hyundai, por inesperado y violento que haya sido (las fotografías de fs. 166/173 de la causa penal son elocuentes), no termina por absorber o neutralizar la participación causal que cupo a la restante codemandada, resultando de aplicación lo normado específicamente por el inc. “k” del art. 40 de la ley nacional de tránsito N° 24.449, y a ella debe sumarse la sabia doctrina que emerge de los arts. 1074 y 1109 del Código de Vélez en cuanto resultan continentes de la máxima alterum non laedere. La transportadora debía obligar a los pasajeros a que utilizaran el cinturón de seguridad, y en supuesto de negativa, obligarlos a descender del rodado (CNCiv. Sala “K” “R, J. C. c/V., A. V. y otros s/daños y perjuicios”, elDial-AE1CC9, citado por Areán; Beatriz “Juicios por accidentes de tránsito”, T.3, pág.369, ed. Hammurabi).

2.9.- Ahora bien, la patria potestad abarca relaciones jurídicas fundamentadas en el reconocimiento de la autoridad paterna y materna sobre los hijos menores, encaminada a cuidar de ellos, entre otros aspectos, su persona.

Esta temática se enmarca en la llamada “responsabilidad parental” que se desprende de los arts. 265 y ccds. del CC. y que en la emergencia exigía el control adecuado a las circunstancias sobre la conducta de los hijos, aparejando la consecuente responsabilidad por los actos que éstos realicen.

El grado de capacidad de los menores no es igual para discernir las consecuencias de sus actos conforme su edad (así se desprende del art. 921 del C.C.), y esta circunstancia posibilita aceptar como real la menor conciencia acerca de la “realidad del riesgo corrido” y por tanto de la seguridad propia, tanto de C. como de D.No cabe duda, por tanto, que esta circunstancia pone de manifiesto una fractura parcial del nexo de causalidad y responsabiliza a la madre de las niñas a cargo de ellas en ese momento. La falta de previsión y de debida atención (doct. arts. 512 y 902 CC) también me persuade a proponer una solución diferente a la adoptada en la anterior instancia.

Soler llama concausa a la condición que concurre a la producción del resultado con preponderancia sobre la acción del sujeto (Soler, S., Derecho Penal, t. I, págs. 106.107, citado por Compagnucci de Caso, Rubén H. Responsabilidad Civil y relación de causalidad, Ed. Astrea, 1984, Capítulo III, págs. 55-56).

Se refleja lo dicho en el hecho de que las menores, la infortunada C. (5 años) y su hermana D. (9 años), fueran transportadas sin cinturón de seguridad, lo que evidencia falta en el cuidado que debía prestarle el adulto que estaba a su cargo (“omisión de la diligencia debida”) y en definitiva refleja una culpa in vigilando que autoriza a distribuir la responsabilidad en el acaecimiento del siniestro (véase esta Sala en los exptes. N° 24.281/94, 65.373/97, 109.235/97; y CN.Esp.Civ.Com, Sala V, “Neroni, José c/ Lucena, Manuel V. y otro s/ Sumario”, 5/12/86).

2.10.- Por tanto, en suma, en virtud de las circunstancias de hecho relatadas y razones de derecho desarrolladas, considero que B.y “Caja de Seguros” no pueden válidamente excusar enteramente su responsabilidad en el acaecimiento del siniestro, la pretensión intentada en su contra encuentra sustento y -en definitiva- me persuade a imputarles responsabilidad en un 30%, lo que así propongo.

2.11.- Resuelto el fondo de la cuestión, me abocaré al tratamiento de las quejas dirigidas a distintos renglones indemnizatorios.

3.- “Valor vida”

3.1.- Por este concepto se fijó la suma de $150.000 a favor de los progenitores, monto sólo apelado por bajo y que propiciaré confirmar.

3.2.- En efecto, si bien el tema de la vida humana puede ser enfocado desde distintas perspectivas, en el presente caso se considerará únicamente el rol de la responsabilidad civil frente a la pérdida de la vida humana. Desde esta óptica, la valoración de la vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquéllos que eran destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que el extinto producía. Este daño (arts. 1084 y 1109 del CC), calificado como un daño patrimonial indirecto, recae sobre aquellos bienes patrimoniales que el bien personal (vida humana) habría hecho obtener al sujeto, indudablemente es un perjuicio cierto en la medida que se ha frustrado una probabilidad suficiente de beneficio económico (conf. Mayo, Jorge, A., “El valor económico de la vida humana y otras cuestiones “, LL 1988-B-65).

Es decir que como acertadamente sostiene Jorge Bustamante Alsina, el objeto de la indemnización será la “chance” misma en cuanto expectativa patrimonial a obtener un beneficio de resultado incierto (Teoría general de la responsabilidad civil, Ed Abeledo Perrot, pág.153).

Para la fijación del rubro deben valorarse en relación con la víctima diversas circunstancias, como ser entre otras cosas, su capacidad productiva, su edad, sus ingresos, su profesión, su sexo, su vida probable, sus condiciones personales y con relación al damnificado por el fallecimiento deben considerarse la asistencia que recibía, su edad, sus necesidades asistenciales, su sexo y también su vida probable (conf. ED. 61-606 y ED 54-505).

Además de los parámetros de fijación reseñados precedentemente deben tomarse en consideración para la fijación del rubro no el promedio de vida vegetativa sino el de “vida útil” desde el punto de vista productivo y el quantum de las ganancias que la víctima destinaba a quien acciona, ya que no cabe computar los ingresos que destinara -en el caso- a su propio sostén. Deben tenerse en cuenta -asimismo- las alteraciones u oscilaciones previsibles en las ganancias fruto de la capacidad laborativa de la víctima y de la dinámica de la actividad que estaba desempeñando (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por Daños, T. 2×, pg. 180 y jurisprudencia citada).

Por último, tengo en cuenta muy especialmente que en caso de muerte de un hijo menor lo que debe resarcirse es el daño futuro cierto que corresponde a la esperanza, con contenido económico, que constituye para una familia modesta la vida de un hijo muerto a consecuencia de un hecho ilícito; esa indemnización cabe sino a título de lucro cesante por lo menos como pérdida de una oportunidad de que en el futuro, de vivir el menor, se hubiera concretado en una ayuda o sostén económico para sus padres. Esa pérdida de posibilidad es un daño futuro que bien puede calificarse de cierto y no eventual (S.C.B.A. in re “Rasetti, María C. c/ de la Canal, Hugo y otros s/ Ds. y Ps.”, del 20/12/2006, Lexis Nº 14/114.410; esta Sala, “Lucero, José D. y otro c/ EDENOR S.A. s/ Ds. y Ps.”, Expte.N° 79.992/2.009, del 09/10/2.012).

3.3.- Sentado ello, a los fines de determinar el quantum, pondero especialmente que la menor C. tenía 5 años de edad a la fecha del lamentable suceso, y este es el único dato relevante con el que se cuenta respecto a la occisa misma.

También tengo en cuenta las humildes condiciones económico – sociales de la familia G. – N. que se desprenden de las actuaciones obrantes en el B.L.S.G. que tengo a la vista: la madre (29 años de edad a esa fecha) “ama de casa” y el padre (31 años) “chofer repartidor de soda”, y completan la familia otras dos hijas (cfr. declaraciones de fs. 11, 13 y 19, recibo de sueldo de fs. 23 y declaración de fs. 24).

3.4.- En su mérito, considero que la suma estipulada por este concepto debe ser confirmada (art. 165 del rito).

4.- Daño psicofísico

4.1.- La actora cuestiona lo resuelto sobre este renglón indemnizatorio, mas por las razones que paso a desarrollar, propiciaré su confirmación.

4.2.- En efecto, según reiterada doctrina de esta sala, esta partida se refiere esencialmente a una merma de aptitudes que sufre el individuo para obtener lucros futuros, sea en las tareas que habitualmente suelen desempeñar o en otras; es una chance frustrada de percepción de ganancias. El daño no se agota en ello ya que además comprende cualquier disminución mensurable económicamente que experimente el dañado con los consiguientes trascendidos negativos que esas disminuciones generan en el patrimonio (ver entre muchos otros “Fioriti, Sandra Marisa c/ Torres, Juan Carlos y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 52.336/2.005, del 24/02/2011; ídem, “Sosa, Jorge c/ López, Carlos s/ Ds. y Ps.”, Expte. nº 76.437/1999, del 02/03/2010; ídem, “Chiaradia de Carecchio, Rosa c/ Transporte Larrazabal y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. Nº 34.996/07, del 23/03/2010; ídem, “Ledesma, Ramona Graciela c/ Acosta, Miguel y otros s/ Ds.y Ps.”, Expte. Nº 69.932/2002, del 30/03/2010).

Sabido es que por esta vía no se resarce solamente la incapacidad física sino también la minusvalía en el trabajo habitual porque importa una pérdida de aptitud que resulta de la imposibilidad de continuar desempeñando la ocupación que se ejercía con anterioridad (Lorenzetti, Ricardo, “Daños a la persona”, “Revista de Derecho Privado y Comunitario”, Rubinzal, pág. 112).

4.3.- Según las constancias obrantes en el proceso penal que tengo a la vista, en el parte de ingreso de la Sra. N. al Hospital Piñero se asentó “diagnóstico: FX maleolo peroneo superior izquierdo – traumatismo der”, “tratamiento: bota larga de yeso – se ordena poner cabestrillo” (fs. 334). Del informe del Hospital Francés surge: “traumatismo de pierna derecha. Fractura maleolo peroneo superior izquierdo. Politraumatismo (fs. 338; ver detalle del médico forense a fs. 360).

En el sub examine contamos con la experticia médica agregada a fs. 407/424 que ponderaré en los términos de los arts. 386 y 477 del rito pues las conclusiones a las que arriba la idónea encuentran adecuado fundamento en el resultado de los estudios realizados (ver resonancia magnética, informe psicodiagnóstico y gráficos de fs. 334/406), más aún cuando no ha sido objeto de observaciones o impugnaciones.

Informó que la Sra. N. padeció traumatismo de hombro derecho (lado dominante) con impotencia funcional en la rotación del miembro derecho con una tendinitis del supraespinoso, fractura de peroné izquierdo sin molestia o impotencia funcional alguna, y traumatismo de rodilla izquierda sin signo de sintomatología pero meniscopatía grado I sin ruptura meniscal. En el plano psicológico, presenta trastorno adaptativo de tipo mixto que requieren tratamiento no menor a dos años a razón de dos sesiones semanales (fs. 421).

En su mérito, la experta dictaminó que esta accionante padece una minusvalía física parcial y permanente de 12% y psíquica del 15% (fs. 422).

D.G., por su parte, si bien sufrió traumatismo de cráneo, no le quedaron secuelas físicas permanentes, salvo dos cicatrices en el cuero cabelludo y zona lumbar (cfr. fs. 412/413 y fs. 422) que -en sintonía con lo razonado por el juez de grado- ponderaré junto con el daño moral. En el plano psicológico, sufre “trastorno adaptativo crónico leve” que estima en el 15% (fs. 422).

Por último, respecto al Sr. G., evidencia lesiones incapacitantes en el terreno psicológico al presentar “trastorno distímico de grado moderado” (fs. 363), “trastorno adaptativo crónico leve” que le genera un 15% de incapacidad parcial y temporal (fs. 422).

4.5.- Por tanto, considerando la entidad de los daños sufridos y la prueba producida en derredor a las circunstancias personales (perfil) de cada uno de los accionantes (sobre los que me expidiera en acáp. 3.3), propicio confirmar lo decidido en la instancia de grado en torno a la procedencia y sumas establecidas en su consecuencia (art. 165 del CPCCN).

5.- Gastos médicos, de farmacia y futuros

5.1.- La queja formulada por la actora no reúne aquí los requisitos que impone el art. 265 CPCCN, no obstante lo cual diré que resulta procedente el reintegro de los gastos médicos, de farmacia y de traslado en que debió incurrir la víctima como consecuencia de un hecho ilícito.

En efecto, esa es la solución aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento (cfr. esta Sala in re “Medina de Reyes, Iluminada c/ Quintana, Adriana Miriam y otros s/ Daños y Perjuicios”, Expte. N° 48.596/1.999, del 29/12/2.011; ídem, “Abeigon, Carlos A. c/ Amarilla, Jorge O. s/ Ds. y Ps., Expte. N° 95.419/2005, del 17/11/2009; ídem, “Gutmann, Alicia J. c/ Toscano, Enrique A. s/ Ds. y Ps.”, Expte.N° 36.291/98, del 04/3/2010, entre muchos otros).

Lo propio acontece aún en el caso que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos, lo que en un primer momento aconteció en autos, y lo propio acontece aunque se cuente con cobertura social (cfr. recibo de sueldo de fs. 24 del BLSG) pues siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas.

5.2.- Por tanto, de acuerdo a la naturaleza de las lesiones sufridas, propicio confirmar las sumas establecidas (art. 165 CPCCN).

6.- Lucro cesante

6.1.- El juez de grado rechazó lo reclamado por este concepto, solución que también propondré confirmar porque la actora no probó este nocimiento.

6.2.- En efecto, por lo pronto recuerdo que el lucro cesante traduce la frustración de un enriquecimiento patrimonial: a raíz del hecho lesivo se impide a la víctima que obtenga determinados beneficios económicos. El lucro cesante es, pues, la ganancia de que fue privado el damnificado (art. 1069 del Cód. Civil) (cfr. Zavala de Gonzalez Matilde, “Daños a los automotores”, T. 1, Ed. Hammurabbi, pág. 149 y ss.).

Asimismo, la pretensión de reclamar separadamente lo atinente a los aspectos físicos y pérdida de ganancia o lucro cesante, no resulta adecuado puesto que la capacidad del sujeto es una sola y las circunstancias pertinentes para determinar la indemnización confluyen todas en ella, por lo que el análisis debe ser único (CNCiv., Sala L, “Prieto, Exequiel A. c/ Castellano, Agustín F. y otros s/ Sumario”, del 25/11/2005), criterio que corresponde suscribir a menos que lo reclamado en concepto de “lucro cesante” se limite al período inmediato posterior al evento dañoso para, de tal manera, contemplar acabadamente el segmento temporal de completa incapacidad del individuo (ver esta sala in re “Ojeda, Julio c/ Ttes. Metropolitanos Gral. Roca S.A. s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 40.180/2.006, del 17/5/2011; ídem, “Fogiel, Ricardo c/ Ali, Edgardo s/ Ds. y Ps.”, Expte.N° 41.538/2.005, del 09/12/ 2010).

En materia de prueba, a diferencia del perjuicio efectivo por privación de uso (en que sólo se requiere la prueba de la indisponibilidad), los tribunales observan un mayor rigor en cuanto a la demostración del lucro cesante generado por el mismo motivo (ver esta Sala in re “Fernandez, Mariela Vanesa y otro c/ Jordan, José Walter y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 56.839/2.010, del 01/3/2012).

En verdad -siguiendo a la citada autora- el lucro cesante se establece casi siempre a partir de un razonamiento inferencial: sobre la base de la prueba de la actividad productiva que se desarrollaba, de las ganancias que así se lograban y del impedimento temporal para continuarla, se concluye en que los beneficios habrían subsistido durante ese período de no haber sucedido el hecho (cfr. Zavala de Gonzalez Matilde, ob. cit. pág. 152).

6.3.- La apelante se limita a sostener que ha demostrado este perjuicio para lo que invoca constancias obrantes en el proceso penal, no las identifica, tampoco las interpreta.

La Sra. N. no ha demostrado tareas diferentes a las cumplidas en su hogar como “ama de casa”, tampoco el Sr. G. probó perjuicio por este renglón pues continuó laborando para la empresa como chofer en reparto de soda, extremos que se desprenden de manera diáfana de las rotundas declaraciones de fs. 17/18 y 19 del BLSG.

6.4.- Por tanto, y toda vez que la carga de su acreditación pesa la propia quejosa (art. 377 del CPCCN), el rechazo de esta queja es la solución que se impone.

7.- Por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para:

a) Admitir la queja sustantiva y condenar de manera “concurrente” a M. E. E. B. y a la compañía “Caja de Seguros S.A.” con el alcance indicado en 2.9.

b) Rechazar las restantes críticas objeto de apelación y agravio.

c) Imponer las costas devengadas en ambas instancias a las demandadas vencidas en el porcentaje de responsabilidad impuesto (art. 68 CPCCN).

Las Dras.Marta del Rosario Mattera y Zulema Wilde adhieren al voto precedente.-

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-

Buenos Aires, octubre de 2014.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

a) Admitir la queja sustantiva y condenar de manera “concurrente” a M. E. E. B.s y a la compañía “Caja de Seguros S.A.” con el alcance indicado en 2.9.

b) Rechazar las restantes críticas objeto de apelación y agravio.

c) Imponer las costas devengadas en ambas instancias a las demandadas vencidas en el porcentaje de responsabilidad impuesto (art. 68 CPCCN).

Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.-

Regístrese, notifíquese por cédula por Secretaría y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s