La eliminación de restricciones horarias por CCT no obsta de ningún modo el pago de horas extra a los trabajadores

Horas ExtrasPartes: Canteros Bray María Carolina c/ Autorom S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 29-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-89733-AR | MJJ89733 | MJJ89733

La flexibilidad en la jornada laboral dispuesta por la norma convencional de ningún modo puede interpretarse como un límite al pago de horas extras a los vendedores.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la procedencia de las horas extras que se piden dado que de ningún modo el art. 18 punto 2 del CCT 379/04 limita el pago de las horas extras a los vendedores, pues ello excedería la facultad de negociación de las partes.

2.-La flexibilidad horaria fijada por el art. 18 del CCT 379/04 en 9 horas diarias de lunes a viernes de ningún modo implica interpretar que limita el pago de horas extras a los vendedores.

3.-El hecho de que el convenio colectivo elimine la restricción horaria de lunes a viernes estableciendo la libre disponibilidad horaria para el trabajo llevado a cabo por los vendedores, no determina la facultad del empleador de no abonar las horas extras laboradas por el dependiente, sino como la posibilidad del empleador de contratar vendedores para prestar servicios los días sábados y domingos inclusive.

4.-Dado que el texto convencional no establece un límite semanal de 48 horas, sino de 45 horas, cabe admitir la procedencia de las horas extras en función del límite establecido por el CCT.

5.-La multa del art. 80 LCT es procedente pues el hecho de haber puesto el certificado a disposición de la parte actora luce manifiestamente ineficaz a los fines de eximirse del pago de la multa, pues la obligación de entrega a su cargo sólo se encuentra cumplida con la entrega del certificado que contemple las verdaderas circunstancias del vínculo (en particular, la verdadera jornada y remuneración devengada) que, en caso de controversia, son las que se determinan judicialmente.

6.-Puesto que sin la intermediación de la firma codemandada, los planes de ahorro no llegaban al cliente, ambas empresas se beneficiaban con la tarea de la actora -la cual constituía un canal entre ambas empresa y el posible comprador-, y por lo tanto, forman parte de la unidad técnica de ejecución de la actividad, situación que necesariamente queda abarcada en la directiva del art. 30 LCT. dado que ha cedido parte de su actividad normal, específica y propia a un tercero.

7.-Corresponde confirmar la extensión de responsabilidad a la empresa codemandada pues las tareas contratadas forman parte del objeto propio y específico ya que si esta organización ha decidido, por motivaciones de conveniencia propia, mayor eficiencia, etc., recurrir a otras organizaciones, justo es que responda de igual modo que si hubiera hecho lo natural y típico, es decir utilizar su propia estructura productiva y personal para llenar las funciones propias de las etapas finales de su objeto empresarial.

8.-Por la naturaleza vicaria de la responsabilidad de la empresa codemandada, carece de relevancia que no haya sido personalmente intimada al pago de las indemnizaciones, pues el emplazamiento ejecutado en cabeza del empleador es el único exigible y, una vez nacida la obligación de este último, la codemandada es deudora solidaria de aquella sanción (art. 2 Ley 25.323).

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires,el 29-09-2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.Contra la sentencia dictada en la instancia anterior por la Dra. Laura E. Papo (v. fs. 572/582), mediante la cual receptó parcialmente la acción incoada por la actora, se alzan la codemandada Autorom S.A. en los términos del recurso que luce a fs. 585/588 (replicado por la contraparte a fs. 609/613) y la parte actora a fs. 594/595 (con réplica de Centro Automotores S.A. a fs. 614/615 y de Autorom S.A. a fs. 617/618) y, finalmente, Centro de Automotores S.A. se agravia de conformidad con el recurso de fs. 597/603.

El perito contador (fs. 583) y el letrado apoderado de la parte actora (fs. 235) apelan los honorarios que les fueran regulados por considerarlos reducidos.

II.Comenzaré por dar tratamiento al recurso deducido por Autorom S.A., que cuestiona el reconocimiento de las horas extras reclamadas por la accionante, así como su incidencia sobre los diferentes rubros diferidos a condena.

Al respecto, señala el apelante que los testimonios en los que se basó la sentenciante de grado a los fines de tener por acreditado el extremo en cuestión resultarían inhábiles, al tiempo que argumentó sobre la convención que regula las relaciones ACARA SMATA y concluyó que la categoría de vendedora que detentaba la actora impide el reconocimiento y pago de horas extras por la libre disponibilidad horaria que establece la norma.

Ahora bien, la accionante denunció haber cumplido una jornada laboral de “lunes a lunes de 8.30 a 20.30 hs. (con una hora de almuerzo), gozando de un franco semanal generalmente los días Miércoles, todo ello en el establecimiento que la firma CENTRO AUTOMOTORES S.A.posee en la calle Salta 2260 de esta Capital Federal.” (v fs. 6vta.).

La demandada Autorom S.A. -empleadora de la actora-, quedó incursa en la situación procesal prevista en el art. 86 L.O. (v. fs. 244), por lo que corresponde tenerla por confesa sobre los hechos expuestos en la demanda y, en el particular, por reconocida la verosímil jornada laboral invocada por el actora en su escrito de inicio. Además, destaco que la accionada no ha producido prueba en contrario de tales afirmaciones por lo que no encuentro desvirtuada la afirmación de la accionante.

En efecto, además de resultar aplicable la estructura deductiva reseñada, no resulta cierto que la actora haya tenido a su cargo, decretada la confesión ficta, la prueba de su efectivo cumplimiento -tal como pregona el recurrente- por lo que aún prescindiendo de las – cuestionadas- declaraciones testimoniales rendidas en autos, lo cierto y concreto es que el apelante no invocó en su queja una sola prueba tendiente a desvirtuar la presunción activada en su contra, omisión que sella la suerte del recurso en sentido adverso a su interés recursivo.

Finalmente, no puedo dejar de señalar que de ningún modo el art. 18 punto 2 del CCT 379/04 limita el pago de las horas extras a los vendedores, dado que ello excedería la facultad de negociación de las partes. Por el contrario, lo que dispone el texto normativo es la flexibilidad horaria (fijada por el art.18 del CCT en 9 horas diarias de lunes a viernes) dado que “.conscientes de que las nuevas condiciones de mercado imponen al respecto distintas modalidades horarias que permiten hacer sustentable la actividad y con el solo fin de potenciar las ventas al público consumidor, y en la inteligencia de que ello permitirá para esta categoría de trabajadores mayores oportunidades para la concreción de ventas y con ello un mayor devengamiento de comisiones para el trabajador, establecen que tanto vendedores y/o promotores de venta que se desempeñen en salones de venta, administración de venta, stand promocionales en paseos de compras, y en aquellas empresas o secciones dedicadas a la venta de vehículos y tractores o su reparación y mantenimiento, se regirán, en concordancia con la legislación vigente en la materia, teniendo en consideración que son remunerados en base a comisiones por la actividad exclusiva de ventas que realizan. El Convenio asume la libre disponibilidad horaria para los vendedores, siendo de aplicación la Ley de Jornada de trabajo, ley 11.544 en relación al trabajo por equipo.En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan que de aplicarse dicha modalidad de trabajo por equipo con francos compensatorios, no existe el derecho al cobro de horas extras a favor de los empleados enmarcados en este punto 2do, ya que su sistema remuneratorio se encuentra sujeto al rendimiento del trabajador, y poseen regímenes compensatorios diferentes a los que le corresponden a los trabajadores enmarcados en el punto.”

En síntesis, la nueva redacción del convenio colectivo elimina la restricción horaria de lunes a viernes estableciendo la libre disponibilidad horaria para el trabajo llevado a cabo por los vendedores, pero ello no puede conducir al error de interpretarlo como la facultad del empleador de no abonar las horas extras laboradas por el dependiente -tesis carente de toda lógica-, sino como la posibilidad del empleador de contratar vendedores para prestar servicios los días sábados y domingos inclusive.

Por otra parte, la única limitación al pago de horas extras está específicamente vinculada al trabajo por equipo, situación ajena al supuesto de autos donde no se ha invocado ni probado tal modalidad de trabajo, ya que su sistema remuneratorio se encuentra sujeto al rendimiento del trabajador, y poseen regímenes compensatorios diferentes a los que le corresponden al resto de los trabajadores.

Finalmente, no puedo dejar de señalar que, en la especie, no se demostró que la actora se desempeñara en calidad de viajante placista que prestara servicios fuera del establecimiento administrando de manera independiente el tiempo de trabajo, fuera de todo control por parte de su empleador, sino que, por el contrario, los testigos Fernandez (fs. 254/255) y Mir (fs.267/268) señalaron que la actora se desempeñaba en la sede de la empresa y debía llevar a cabo determinadas entrevistas diarias fuera de la empresa, a la que debía retornar luego de cumplidas las mismas, lo que evidencia un claro control del empleador respecto del horario de la trabajadora.

Es por ello que el empleador tenía a su cargo la prueba de que la actora, en cada visita que realizaba a los potenciales clientes, utilizaba alguna porción de tiempo en beneficio propio a fin de eximirse de su obligación de pago de horas extras, y no lo hizo.

En definitiva, en el caso particular de autos, se tuvo por cierto el cumplimiento de una jornada laboral que superaba las 45 hs. semanales dentro del establecimiento de la accionada -aún cuando realizara salidas transitorias con retorno al establecimiento dentro de cada jornada-, por lo que los argumentos que ensaya el recurrente resultan extraños a la presente litis.

Por lo expuesto, sugiero desestimar la primer queja deducida por la coaccionada Autorom S.A.

En relación al tope máximo convencional, creo oportuno señalar -en atención al recurso deducido sobre el tópico por la codemandada Centro Automotores S.A.- que la norma convencional no establece un límite semanal de 48 horas, tal como señala el recurrente, sino de 45 horas (v. art. 18 ap. 2 CCT 379/04), por lo que el planteo recursivo es estéril.

Las restantes cuestiones introducidas por este recurrente ya han sido analizadas al tratar el recurso de la coaccionada Autorom S.A., al tiempo que no invoca prueba alguna que acredite, en particular y concreto, el cumplimiento de una jornada inferior a la denunciada por la actora, probada por los testigos y reconocida tácitamente por Autorom S.A., lo que sella la suerte de la queja intentada (v. fs. 600 y sstes.).

III.En lo que respecta a la procedencia de la multa del art.80 de al LC.T., aspecto cuestionado por Autorom S.A., la queja deberá ser desestimada pues el apelante se limita a formular una serie de afirmaciones dogmáticas sin cuestionar debidamente la decisión de grado.

En efecto, en primer lugar señala que la accionante no habría dado cumplimiento con el requisito formal establecido en el art. 3 del dto. Reglamentario nº 146/01, sin advertir que la magistrada de grado tuvo por acreditado tal extremo remitiéndose expresamente a la documental obrante a fs. 96, por lo que la queja soslaya la decisión de grado y no expone un solo fundamento que permita considerar ineficaz ese documento agregado como prueba del cumplimiento de las formalidades exigidas por la norma bajo análisis.

En segundo término, señala que puso a disposición de la actora el certificado exigido por la norma. Sin embargo, esta circunstancia luce manifiestamente ineficaz a los fines de eximirse del pago de la multa pues la obligación de entrega a su cargo sólo se encuentra cumplida con la entrega del certificado que contemple las verdaderas circunstancias del vínculo (en particular, la verdadera jornada y remuneración devengada) que, en caso de controversia, son las que se determinan judicialmente.

Por lo expuesto, queda en evidencia la insuficiencia de los documentos que la demandada pretendió hacer valer, lo que legitimó la postura de la actora de rehusar la recepción de los documentos que la demandada intentó entregar.

En consecuencia, sugiero desestimar la segunda queja articulada por Autorom S.A.

IV.Por su parte, la codemandada Centro Automotores S.A.cuestiona la condena solidaria recaída en su contra, señalando que no puede responder por las deudas de una empresa distinta (Autorom S.A.) que contrató a la actora para la venta de “Plan Rombo”, toda vez que su objeto societario es distinto (concesionaria) al de la codemandada, en tanto no vende, ni administra planes de ahorr o, ni adjudica vehículos.

Ahora bien, del informe pericial contable, no cuestionado por las partes en los aspectos que reseñaré, surgen elementos fundamentales que sellan la suerte de la crítica en sentido adverso al interés del recurrente pues dejan en evidencia que estamos frente a un innegable supuesto contemplado en el art. 30 de la L.C.T.

En efecto, el perito contador, al describir el objeto social de cada una de las demandas, explicó que el objeto social de Centro Automotores S.A. es, esencialmente, la compraventa de vehículos, mientras que el de Autorom S.A. es la comercialización (compra-venta) de vehículos de marca Renault (v. fs. 394Vta.).

Además, señaló que “Centro Automotores S.A. es concesionaria oficial de la marca Renault.” (v. fs. 395 punto R), que “Ambas empresas tienen firmado un contrato por el cual Autorom S.A. ofrece la realización de acciones y tareas vinculadas a la promoción y suscripción de los planes de ahorro administrados por Plan Rombo.”(v. fs. 394 punto L) y, finalmente, que “Autorom S.A. comercializa planes de ahorros suministrados por Plan Rombo S.A. y operaba con las concesionarios de Centro Automotores S.A.” (fs.395 punto Q).

A mi juicio, dado que la actora demostró que vendía planes de ahorro para la compra de automóviles de la firma Centro Automotores S.A., cuya actividad principal es la venta de automotores Renault y que esas ventas las efectuaba la actora contratada por Autorom S.A., estas tareas desplegadas en el ámbito de la concesionaria no pueden ser calificadas como extrañas a su actividad normal y específica ya que su producto (los vehículos) llegaban al cliente a través de la actividad desplegada por los vendedores propios y de Autorom que comercializan los planes de ahorro. En definitiva, sin la intermediación de Autorom S.A., decidida por la empresa Centro Automotores S.A. e implementada mediante el contrato comercial del que diera cuenta el perito contador (v. fs. 394 punto L), los planes de ahorro no llegaban al cliente, razón por la cual, ambas empresas se beneficiaban con la tarea de la actora la cual constituía un canal entre ambas empresa y el posible comprador.

De ello se sigue que las tareas asignadas a la actora (venta de vehículos por el sistema de planes de ahorro) forman parte de la unidad técnica de ejecución de la actividad llevada a cabo por Centro Automotores S.A. (venta de vehículos), situación que necesariamente queda abarcada en la directiva del art.30 LCT dado que ha cedido parte de su actividad normal, específica y propia a un tercero (Autorom S.A.).

En definitiva, la actora fue contratada para ejecutar un segmento de la actividad inescindible de la actividad principal llevada a cabo por la apelante, activándose de este modo la solidaridad de la norma citada, pues no caben dudas que la empresa delegar una parte de la comercialización de los vehículos que ofrece, está contratando trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y específica propia, toda vez que ha decidido como política empresaria no destinar parte de su estructura a la venta por planes de ahorro sino que ha organizado su giro de modo tal que puso la venta de tales planes en manos de un tercero (Autorom S.A.), es decir, el hacer una parte de lo más importante del objeto social de cualquier empresa comercial con fines de lucro: llevar lo ofrecido al mercado para obtener su ganancia.

Por eso, estimo que las tareas contratadas forman parte del objeto propio y específico ya que si esta organización ha decidido, por motivaciones de conveniencia propia, mayor eficiencia, etc., recurrir a otras organizaciones justo es que responda de igual modo que si hubiera hecho lo natural y típico, es decir utilizar su propia estructura productiva y personal para llenar las funciones propias de las etapas finales de su objeto empresarial.

Vale recordar que esta conducta delegativa es perfectamente válida y correcta, sin que la LCT la censure en modo alguno. Dicha normativa solo establece, en su redacción posterior a 1976, con su finalidad garantista, una responsabilidad adicional, solidaria, para tutelar al trabajador que, al fin de cuentas, aportó su labor en el marco de un proceso empresario que era en esencia parte del de la contratante, frente a eventuales insolvencias.

Por lo expuesto, sugiero desestimar la primer queja deducida por la codemandada Centro Automotores S.A.

V.Finalmente, daré tratamiento a la última queja deducida por Centro Automotores S.A.y adelanto que sugeriré su rechazo.

En efecto, esta demandada solicita se deje sin efecto la condena recaída en su contra con sustento en el art. 2 de la ley 25.323, toda vez que no ha sido intimada al pago de las indemnizaciones de la ley 20.744 con anterioridad a la radicación de la demanda, señalando que no puede ser condenada a su pago en los términos del art. 30 de la L.C.T.

En relación a la pretensión de que se la exima de su pago por no haber sido empleadora del actor, carece de sustento pues el art. 30 de la L.C.T. responsabiliza a los cedentes por todas las obligaciones que fueren emergentes de la relación laboral, es decir, todas las obligaciones de la seguridad social, salariales e indemnizatorias vinculadas a la cesantía entre las que se encuentran, claramente, la indemnización establecida en el art. 2 de la ley 25.323. Por la naturaleza vicaria de su responsabilidad carece de relevancia que no haya sido personalmente intimada pues el emplazamiento ejecutado en cabeza del empleador -por quien, o con quien, la quejosa responde- es el único exigible y, una vez nacida la obligación de este último, la apelante es deudora solidaria de aquella sanción.

Además, el apelante no explica cual es el perjuicio concreto que le ocasionó la falta de intimación, dado que no sólo no demostró intención de pago en momento alguno pues insistió en su defensa negando su responsabilidad indemnizatoria hasta el presente.

Por lo expuesto, sugiero desestimar el recurso deducido.

VI.Por su parte, la actora pretende, mediante la presentación de su recurso, el reconocimiento de las multas de la ley 24.013 (art. 9 LNE por 5 días no registrados $3540,48/30*5/4 $147,52, Art. 15 LNE $8.490,39) así como el S.A.C. s/ horas extras ($506,70), lo que totaliza el reclamo en alzada de la suma de $9.144,61.

Sin embargo, conforme lo dispuesto en el art.106 de la LO serán inapelables todas las sentencias y resoluciones cuando el valor que se intente cuestionar en la Alzada no exceda el equivalente a 300 veces el importe de derecho fija previsto en el art. 51 de la ley 23.187.

En el caso de marras, resulta evidente que, de prosperar la queja, esta no alcanza el umbral mínimo de apelabilidad vigente al tiempo en que se concediera el recurso (30-12-2013, ver fs. 596) que a ese momento era de $13.500 ($45 x 300), conforme art. 106 la ley 18.345 (modif. por ley 24.635, conf. Res. CNAT 18/79 y Asamblea CPACF del 11-07-2013).

Por lo expuesto, y dado que no se verifica en autos ninguna de las excepciones previstas en el art. 108 de la LO, no cabe otra alternativa que declarar mal concedido el recurso interpuesto a fs. 594/595, lo que así dejo propuesto.

VII.En relación a la distribución de costas, cuestionada por Autorom S.A., sugiero imponer las de primera instancia en un 30% a cargo de la actora y 70% a cargo de las codemandadas en forma solidaria, señalando al efecto que la fijación no resulta ser una cuestión meramente matemática, en la medida que los jueces no solamente deben tener en consideración la cuantía por la que prosperan los créditos, sino esencialmente los motivos por los cuales se llega al litigio (cfrme. art. 68 párr. 2 y 71 CPCCN), quedando aquí subsumidos los cuestionamientos de la parte demandada.

En relación a los honorarios regulados al perito y dirección letrada de la parte actora -cuestionados por altos y bajos- así como los de la representación técnica de la demandada, cuestionados por bajos, en atención a la extensión y calidad de las tareas realizadas, el valor económico del litigio y los mínimos arancelarios vigentes, sugiero regular los honorarios correspondientes al perito contador, representación letrada de la parte actora y demandada Autorom S.A.en el 6%, 15% y 12% respectivamente, del monto nominal reclamado sin intereses (cfrme. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/57).

Las costas de alzada sugiero imponerlas por su orden en atención al resultado de los respectivos recursos (cfrme. art. 68 CPCCN).

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y de cada una de las demandadas propongo que se regulen sus honorarios en el veinticinco por ciento (25%) cada una, de lo que deban percibir respectivamente por sus trabajos en la instancia anterior.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el decisorio de grado en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio sobre el fondo de la cuestión debatida en autos; 2) Imponer las costas de primera instancia en un treinta por ciento (30%) a cargo de la parte actora y en un setenta por ciento (70%) a cargo de la parte demandada; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, codemandada Autorom S.A. y del perito contador en el quince por ciento (15%), doce por ciento (12%) y seis por ciento (6%), respectivamente, del monto nominal reclamado sin intereses; 4) Imponer las costas de alzada por su orden; 5) Fijar los honorarios de Alzada de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de cada una de las demandadas en el veinticinco por ciento (25%) de lo que deban percibir cada una de ellas por sus trabajos en la instancia anterior; 6) Hágase s aber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

(A.A)

Graciela A. González

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

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