Corresponde indemnizar, en concepto de daño moral, los perjuicios sufridos por el menor a quien no se le renovó la matrícula en la institución demandada, fundada en las inconductas de su padre, traducida en una agresión física a uno de los profesores de la institución.

jardinPartes: S. D. S c/ Instituto San Pedro Pascual, Orden de la Merced s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: E

Fecha: 14-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-89803-AR | MJJ89803 | MJJ89803

Corresponde indemnizar, en concepto de daño moral, los perjuicios sufridos por el menor a quien no se le renovó la matrícula en la institución demandada, fundada en las inconductas de su padre, traducida en una agresión física a uno de los profesores de la institución.

Sumario:

1.-Mediante el acuerdo de prestación de servicios educativos privados , la institución educativa se obligó a desarrollar en un contexto de organización empresarial, procesos de enseñanza y para cumplir con esa obligación debía proveer las condiciones ambientales, curriculares, de personal y de seguridad imprescindibles. De su lado, los representantes del menor, que se obligaron a pagar una determinada suma de dinero por el servicio brindado, asumen, juntamente con su hijo deberes de colaboración indispensables y esenciales para la adecuada ejecución de las prestacionesa cargo del establecimiento educativo.

2.-Debe rechazarse la demanda resarcitoria promovida por el padre del menor, ante su desmedida e inaceptable conducta asumida, al agredir a un profesor de dicha institución, provocando de tal manera la afectación del buen clima de convivencia de la comunidad educativa , así como la situación de alerta permanente, preocupación de todo el equipo directivo y de los docentes de que sucedieran nuevos hechos de agresión y el temor y reacción desmedida por parte de los alumnos del colegio que en defensa del profesor, quienes llegaron a abuchear al agresor, todo lo cual revela que no existen dudas sobre que la conducta desplegada por el actor, además de haber vulnerado las normas básicas de convivencia exigibles en cualquier ámbito socio-educativo, importó un grosero incumplimiento del deber de colaboración recíproca y contrarió las pautas y objetivos de instituto educativo demandado.

3.- El deber de colaboración en el contrato de prestación de servicios educativos desempeña una función importante: demarcar el fondo o clima en donde se lleva a cabo la tarea educativa. La disciplina se construye sobre el respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, pues tal respeto alienta la confianza mutua, el diálogo, el intercambio de opiniones y la aceptación al otro.

4.-De haberse completado la investigación presumarial o, en su caso, atendido el agotamiento de la instancia administrativa prevista por la ley 15.079 (Estatuto Docente, art. 139 y sigs.), la entidad educativa habría contado con información suficiente y certera sobre la índole y gravedad de los hechos ocurridos y, en concreto, de las circunstancias de lo sucedido, lo cual le habría permitido a la institución determinar si los hechos en cuestión justificaban adoptar la extrema decisión de concluir ese vínculo o si era posible adoptar alguna medida intermedia y/o de menor entidad que permitiera continuar con la prestación del servicio escolar -como se hizo hasta finalizar el ciclo escolar que estaba vigente- sin afectar al alumno que no participó de los hechos denunciados por la entidad educativa y que, además, por su condición de menor de edad, su derecho a gozar del servicio brindado por la demandada se hallaba protegido por múltiple normativa integrante de tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional (CN., 75, inc. 22 ) -Convención sobre los Derechos del Niño (art. 28 ), Pacto de San José de Costa Rica (art. 19 ), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13 y 15 ).

5.-El menor a quien no se le renovó la matrícula, por inconductas incurridas por su padre, frente a la agresión a un profesor de dicha institución, y por su calidad de beneficiario del contrato de servicio escolar, también esta amparado por la CN., 42 en cuanto protege el derecho del consumidor y por la ley 24.240 que regula la materia y establece en su artículo primero que Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo -según reforma dispuesta por la ley 26.361 , y esto así con mayor sustento si se tiene en consideración que, además, el alumno concurría al colegio demandado desde jardín de infantes y no se ha expresado que tuviera sanciones por inconducta ni se ha explicitado de qué modo su continuidad en la institución hubiese podido afectar los objetivos educativos involucrados.

6.-Si bien la resolución N’ 641/81 del Ministerio de Cultura y Educación faculta a las entidades privadas que prestan servicios educativos a reservarse el derecho de admisión, lo cierto es que ese derecho que no puede ser ejercido en forma caprichosa o arbitraria ni puede importar un abuso en el ejercicio del mismo; cupiendo resaltar, además, que dicha regulación tiene inferior jerarquía respecto de la Constitución Nacional y de los Pactos Internacionales supra referidos.

7.-La decisión de la entidad educativa de no renovar la matrícula del menor resultó desconsiderada para su principal afectado y apresurada; y, en definitiva, operó como concausa de la desvinculación contractual generada a partir de la agresiva conducta de su padre.

8.-En tanto no puede imputársele al menor el quebrantamiento de la relación contractual ya que la decisión de no renovarle la matrícula escolar no operó por causas imputables a él sino única y exclusivamente por el conflicto que vinculara a locataria y locador en el contrato de servicio educativo, consecuentemente debe indemnizárselo y sobre la base de lo ya considerado establecer el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

9.-El daño psicológico no constituye, en principio y salvo especiales situaciones, categoría autónoma respecto de la clasificación de daño moral y patrimonial, sino que posee proyección en una u otra, o en ambas y cuando, como en el caso, proyecta sus efectos sobre la esfera anímica de la persona se lo debe resarcir como agravio moral.

10.-Corresponde indemnizar, en concepto de daño moral, los perjuicios sufridos por el menor a quien se no se renovó la matrícula en la institución demandada, fundada en las inconductas de su padre, traducida en una agresión física a uno de los profesores e la institución, toda vez que, en ese contexto, se reunieron los presupuestos necesarios en torno a la configuración de lo que la doctrina y la jurisprudencia han definido como lesión susceptible de causar una modificación disvaliosa del espíritu , pues es razonable considerar que la conducta de la demandada resultó apta para lesionar intereses inmateriales de S. S. originando un daño a sus sentimientos. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto de dos mil catorce reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por: “S. D. S. c/ INSTITUTO SAN PEDRO PASCUAL ORDEN DE LA MERCED s/ORDINARIO”, en los que según el sorteo practicado votan sucesivamente los jueces Miguel F. Bargalló y Ángel O. Sala. Se deja constancia que intervienen solamente los Señores Jueces antes nombrados por encontrarse vacante la restante vocalía (R.J.N., art. 109).

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 964/79?

El Juez Miguel F. Bargalló dice:

I. 1) A fs. 91/105 D. S. S. (D. S. S.) y N. K., por derecho propio y en representación de su hijo S. (S. S.), demandaron a Instituto San Pedro Pascual – Orden de la Merced (“Instituto San Pedro Pascual”) por cobro de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000) más intereses, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios que dijeron haber sufrido frente a la decisión de extinguir el contrato educativo que los vinculaba.

Expusieron que S. S. concurrió a “Instituto San Pedro Pascual” desde jardín de infantes pero que en octubre de 2004 el instituto les envió la comunicación de matriculación para el año 2005 sin adjuntar el formulario correspondiente de pago que sí fue enviado a los compañeros del alumno. Sostuvieron haber pedido explicaciones a la escuela pero recibieron respuestas ambiguas y evasivas hasta que en noviembre de 2004 Miriam T. Kapusi -representante legal de la demandada- les sugirió cambiar a S. S.a otra institución debido a que su padre se había dirigido en forma desmedida a un profesor delante de los alumnos a pesar de que, según ellos, en realidad, se trató tan sólo de una diferencia de opiniones.

Adujeron que “Instituto San Pedro Pascual” recién el 03-02-05 comunicó que no reinscribirían al menor para el ciclo escolar de ese año. Consideraron que la demandada obró de manera maliciosa ya que demoró en definir la situación jurídica y cuando lo hizo, invocó una causa muy ambigua que no justifica su decisión de no brindarle educación escolar al menor. Plantearon la nulidad de la cláusula contractual mediante la que “Instituto San Pedro Pascual” se reservó el derecho de admisión y sostuvieron que el demandado obró de manera unilateral, arbitraria, incausada e inoportuna.

Reclamaron: i) $ 80.000 por el daño psíquico padecido por el menor, ii) $ 50.000 en concepto de daño moral sufrido también por S. S. y iii) $ 50.000 por el padecimiento moral que tuvieron que afrontar N. K. y D. S. S.

2) A fs. 170/80 INSTITUTO SAN PEDRO PASCUAL – ORDEN DE LA MERCED contestó a la demanda y solicitó su rechazo, con costas.

Sostuvo que D. S. S. se comportó en contra de los objetivos del ideario, del proyecto educativo y de los principios espirituales de la institución ya que el día 14¬09-04 ingresó al establecimiento e intentó agredir al profesor de educación física que estaba a cargo del grupo de alumnos de 1° año del polimodal y luego lo amenazó fuera del colegio.

Adujo que ese episodio conmovió a la comunidad educativa que quedó intranquila y preocupada, en virtud de lo cual, si bien se permitió que S. S.complete en la institución el año escolar en curso, se decidió no renovarle la matrícula para el ciclo escolar del año 2005 y aseguró que esa decisión era lo mejor también para el menor y fue oportunamente comunicada a los padres del alumno.

Cuestionó los rubros indemnizatorios reclamados por los accionantes y citó en garantía a su aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (“Berkley Seguros”).

3) A fs. 202/5 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS

S.A. contestó a la citación y solicitó el rechazo de la demanda, con costas.

Admitió que al momento en que se produjo el hecho denunciado se encontraba vigente el contrato de seguro que la vinculaba con la demandada y que cubría el riesgo de responsabilidad civil frente a terceros.

Se adhirió al contenido de la contestación a la demanda efectuada por “Instituto San Pedro Pascual” y negó categóricamente que la conducta de la asegurada pueda haber provocado los daños invocados por los demandantes.

II. La sentencia de fs. 964/79 rechazó la demanda, con costas.

Así se decidió ya que se consideró probado que

D. S. S. amenazó tomando del cuello al profesor de educación física H. V. frente a sus alumnos y luego lo corrió por las inmediaciones del Instituto demandado atemorizándolo con un palo. Se consideró que esa actitud resultó completamente reprochable, por un lado, como padre de un alumno del Instituto demandado ya que contraría los objetivos del ideario y proyecto educativo y, por otro, como ciudadano por transgredir las mínimas normas de convivencia. A partir de ello, se juzgó que la decisión de “Instituto San Pedro Pascual” de no reinscribir a S. S. para el ciclo escolar del año 2005 resultó razonable, legítima y oportuna.

III. Dicho acto jurisdiccional fue apelado por los accionantes a fs. 992 y 994, quienes expresaron agravios de manera conjunta a fs. 1003/5, los que fueron contestados por el demandado a fs. 1008/11 y por la aseguradora a fs.1013/4.

El recurso, en lo sustancial, se dirigió a cuestionar lo considerado en la sentencia en punto a que: (i) resultó razonable la decisión de la demandada de no rematricular a S. S., (ii) se probó el hecho que denunció “Instituto San Pedro Pascual” para justificar esa decisión y (iii) resultó oportuna la comunicación del distracto.

IV. 1) No se encuentra controvertido que D. S. S. y N. K. se vincularon con “Instituto San Pedro Pascual” mediante un contrato que corresponde aquí calificar como de “prestación de servicios educativos privados”, respecto del cual asumieron la condición de parte locataria.

Mediante ese acuerdo la institución educativa se obligó a desarrollar en un contexto de organización empresarial, procesos de enseñanza-aprendizaje en favor de S. S. como beneficiario del contrato. Para cumplir con esa obligación debía proveer las condiciones ambientales, curriculares, de personal y de seguridad imprescindibles.

De su lado, los representantes del menor, que se obligaron a pagar una determinada suma de dinero por el servicio brindado, asumieron, juntamente con su hijo deberes de colaboración indispensables y esenciales para la adecuada ejecución de las prestaciones a cargo del establecimiento educativo (Hernández, Carlos Alfredo, “Régimen jurídico de los servicios educativos privados. Consideraciones desde la perspectiva del derecho contractual” -Revista de Derecho Privado y Comunitario-, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Volumen 2005-1, págs. 291/320).

2) En el caso, “Instituto San Pedro Pascual” para justificar su decisión de extinguir el contrato que lo vinculó con los accionantes, negándose a renovar la matrícula escolar de S. S., argumentó que el padre del menor el 14¬09-04 ingresó al establecimiento y agredió a un profesor de educación física en presencia de sus alumnos y luego lo amenazó cuando salía del colegio.

De los elementos probatorios colectados en autos se desprende lo siguiente:

(a) Se labró un acta en la que un alumno -A. P.- de primer año de la institución demandada refirió que pudo observar los acontecimientos ocurridos entre D. S. S. y el profesor H. V.el día 14 de septiembre del año 2004, mientras realizaban la clase de educación física en el campo de deportes del colegio.

El estudiante, puntualmente, relató que estaba: “.en el campito, yo estaba sentado porque no podía hacer educación física y veo que el señor se acerca al profesor y lo agarra del cuello. Primero pensábamos que estaban jugando y después nos dimos cuenta de que era en serio. Fuimos con mis compañeros para ayudar al profesor y él nos dijo que nos alejáramos. Cuando el profesor estaba saliendo del colegio y el señor -en alusión a D. S. S.- paró con el auto, entonces el profesor entró al colegio. Nosotros nos fuimos al kiosco de la esquina y el señor se acercó a mi con un palo en la mano y me dijo que no nos metiéramos porque el problema era con el profesor y me dió miedo” (fs. 168).

Si bien en la presentación de fs. 187 los accionantes también desconocieron la autenticidad y el contenido de la referida acta, lo cierto es que A. P. que declaró en autos como testigo cuando ya era mayor de edad y había completado sus estudios, además de relatar nuevamente lo sucedido el 14-09-04 entre D. S. S. y el profesor de educación física, expresamente reconoció el contenido del acta referida y admitió que la firma inserta en ese documento era de su puño y letra (fs. 287/90). Y que en su declaración testimonial no haya dicho expresamente que el agresor fuera D. S. S. -tal como refirieron los accionantes al alegar-, no desvirtúa sus dichos porque su relato coincidió con el contenido del acta en la que sí aludió a lo sucedido entre dicho sujeto y H.V.

Además, es relevante señalar que como se trata de un testigo que tuvo contacto directo con los hechos denunciados en autos, está en mejores condiciones para contribuir a su esclarecimiento en virtud de lo cual sus dichos, que se muestran serios, coherentes y concordantes, adquieren particular fuerza convictiva y serán tenidos en cuenta; máxime considerando que, como se verá, el contenido de su declaración observa congruencia con las demás constancias de autos y no median razones oportunamente propuestas que permitan dudar de su veracidad.

Por lo demás, cabe señalar que la directora del Instituto demandado, Anabel M.D. Pérez, al declarar en autos como testigo también reconoció el contenido del acta de fs. 168 y la firma en ella inserta que le fuera atribuida (fs. 250).

(b) La vicedirectora del citado instituto -Silvina Belén Tau- labró un informe en el que dejó constancia que la apoderada legal del colegio se comunicó con ella y le pidió que se dirigiera a la puerta de ingreso ya que había ocurrido un incidente entre un padre y un profesor de educación física. Dijo que en la esquina de la escuela había u n grupo de alumnos del nivel polimodal que le manifestaron que una persona comenzó a insultar a un profesor, correrlo y amenazarlo y que cuando Hernán -en alusión al profesor- se retiraba de la institución el señor lo siguió y subido a su auto “le iba a pegar con un palo”. Adujo que le mostraron quien era el padre en cuestión, se presentó ante el mismo cuando ingresaba a un negocio y el padre le pidió que lo siguiera hasta que ingresaron a una casa al lado del negocio. Sostuvo que allí el sujeto le dijo ser el Sr. S., padre de un alumno de 2° año del EGB. y admitió haber tenido un incidente violento con el profesor de educación física pero refirió que era un problema de índole personal y familiar (fs.139).

En concordancia con ello, el 17-09-04 “Instituto San Pedro Pascual” a través de su representante legal -Miriam T. Kapusi- confeccionó una comunicación dirigida a la inspectora Alicia Moghensen. Si bien -como se verá infra- no acreditó haberla presentado ante la Autoridad, en la misma justamente expresó que 14-09-04 D. S. S., padre de un alumno que cursaba en aquel momento 2° del EGB., ingresó en el colegio y sorpresivamente se dirigió al campo de deportes del instituto e intentó agredir al profesor de educación física H. V. que estaba a cargo del grupo de alumnos de 1° del polimodal. También le informó que luego V. fue amenazado fuera del colegio por D. S. S. por lo que tuvo que ingresar a la institución para resguardarse. Refirió que al día siguiente el establecimiento educativo recibió un telegrama de renuncia del profesor y el 16-09-04 D. S. S. dio vueltas alrededor de la escuela con intención de encontrarse nuevamente con V. y que un grupo de alumnos de 1° año del polimodal lo “abuchó” (abucheó) (fs. 145/6).

Corrobora esa reacción de los alumnos, una nota confeccionada ese mismo día por la directora de la institución – Anabel M.D. Pérez- en la que informa que “El día 16/9, alrededor de las 18hs. me encontraba realizando una tarea en la secretaría del colegio cuando escucho voces de alumnos que gritaban en tono de canto: “Pelado p., la p. que te p.” -la abreviatura de la frase corresponde a este vocal-, lo repitieron dos o tres veces. Luego me acerco hasta el hall de entrada y me encuentro con el profesor Sebastián Medina quien me informa que al concluir la hora de educación física con los alumnos de 1° año A y E salen del colegio y en la zona de la entrada se encontraba el Sr. S., lo que provocó en consecuencia el insulto de los alumnos. Dicha cuestión la notifiqué a la Representante Legal puesto que me preocupó que el Sr. S.tuviera una actitud desubicada para con los alumnos.” (fs. 148).

No soslayo que los accionantes en su presentación de fs. 187 también desconocieron el contenido de esos documentos pero lo cierto es que en autos declararon Anabel M.D. Pérez y Mariam T. Kapusi y reconocieron su autenticidad y las firmas en ellos insertas (fs. 250/3 y 265/72, respectivamente).

Cabe señalar que la circunstancia de que Mariam T. Kapusi no haya presenciado el hecho denunciado, no permite descartar su declaración y el contenido de la comunicación que remitió a la inspectora porque lo cierto es que obró en calidad de representante legal del área pedagógica y en función de lo que, como tal, le transmitió la directora que sí tuvo un acabado conocimiento de lo sucedido y cuya declaración testimonial obrante a fs. 250/3 no fue oportunamente cuestionada por los demandantes.

Por lo demás, resta señalar que, contra lo sostenido por los apelantes al expresar agravios, no puede desacreditarse la fuerza convictiva de los dichos de la directora por el sólo hecho de ser dependiente de la institución demandada en tanto, en el caso, sus dichos se encuentran corroborados por otros elementos de suficiente objetividad; así, reiteradamente ha sido juzgado por diversos tribunales (CNCom., Sala C, “Labriola Walter c/ La Nueva Sociedad Coop. de Seguros Ltda.”, del 29-09-88; idem. Sala B, “Colgate Palmolive Argentina S.A. c/ Lucarno Pablo Gabriel”, del 06-10-08). Entre tales elementos se cuenta en el sub lite con la declaración del testigo A. P. que sí presenció el hecho en cuestión.

Por todo lo hasta aquí examinado, juzgo probado en autos el hecho protagonizado en las inmediaciones de la institución entre D. S. S. y el profesor de educación física.

No quiero dejar de resaltar además que las constancias de autos demuestran que esa desmedida e inaceptable conducta del coactor D. S. S. provocó: i) afectación

del buen clima de convivencia de la comunidad educativa – testimonio de la directora de la institución -declaración de Anabel M.D.Pérez (fs. 250/3)-, ii) situación de alerta permanente, preocupación de todo el equipo directivo y de los docentes de que sucedieran nuevos hechos de agresión -exposición de Mariam T. Kapusi (fs.265/72)- y iii) temor y reacción desmedida por parte de los alumnos del colegio que en defensa del profesor, reitero, abuchearon al agresor D. S. S. – comunicación de fs. 145/6 y nota de fs. 148 y acta de fs. 168-.

En ese contexto, no se observan dudas sobre que la conducta desplegada por D. S. S., además de haber vulnerado las normas básicas de convivencia exigibles en cualquier ámbito socio-educativo, importó un grosero incumplimiento del deber de colaboración recíproca y contrarió las pautas y objetivos de “Instituto San Pedro Pascual” relativos a “Compartir las instancias de diálogo entre las familias y cualquier miembro de la comunidad educativa desde el respeto y la cordialidad, Solicitar con antelación entrevistas a las autoridades del Colegio a través de la secretaría., Respetar las instancias de diálogo.”, “Velar comunitariamente entre la familia y la escuela por la seguridad de los alumnos.”, “La disciplina del Colegio no es una exigencia arbitraria o innecesaria. Desempeña una función importante: demarcar el fondo o clima en donde se lleva a cabo la tarea educativa. La disciplina se construye sobre el RESPETO MUTUO: respeto hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa. El respeto alienta la confianza mutua, el diálogo, el intercambio de opiniones y la aceptación al otro” (fs. 811/7).

No soslayo que los accionantes, locatarios del servicio de educación, en oportunidad de concretarse el examen pericial psicológico refirieron que estaban en desacuerdo con la metodología de enseñanza del profesor H. V. que, aparentemente, consideraba a S. S. como “uno del montón” en el equipo de fútbol (fs.682); sin embargo, aunque ello hubiera sucedido, lo cierto es que de ninguna manera hubiera justificado el modo en que se condujo el actor.

En definitiva, por todo lo hasta aquí examinado, propondré la desestimación de la queja que interpusieron los actores relativa a la falta de prueba del hecho denunciado por la entidad educativa.

4) Con relación al agravio de los accionantes atinente a que la institución demandada no les comunicó oportunamente su decisión de no renovar la matrícula del menor, se advierte que en autos la directora de la escuela explicó cómo se concretaba el trámite para la matriculación de los alumnos. Específicamente refirió que primero se hace una reserva de vacante que varía cada año pero que la matriculación se efectiviza en el mes de diciembre -tercera repregunta (fs. 251)-; extremo que no fue cuestionado por los accionantes.

Además, de las constancias de autos se desprende que los accionantes, desde un primer momento e incluso antes de diciembre de 2004, tuvieron efectivo conocimiento de que por el hecho protagonizado por D. S. S. el 14-09-04, la institución no renovaría la matrícula escolar de S. S. correspondiente al ciclo lectivo 2005.

En ese sentido, se advierte que:

(a) Se adjuntaron en autos dos notas confeccionadas por la representante legal de la institución de las que surge que el 15-09-04, tanto D. S. S. como N. K., frente a lo sucedido el día anterior con el profesor de educación física, solicitaron a las autoridades del colegio que permitieran que su hijo complete el año escolar (fs. 141/4).

Si bien los accionantes desconocieron los referidos instrumentos (fs. 187), lo cierto es que Mariam T. Kapusi al declarar como testigo dio cuenta que ello fue lo sucedido en esas reuniones (fs. 265/72).

(b) Conforme nota del 22-11-04, la institución demandada citó a los padres del alumno y les comunicó que debido al incumplimiento del contrato era conveniente que busquen otro centro educativo (fs.150).

Cabe resaltar que los actores no cuestionaron puntualmente el contenido del referido documento.

(c) El 06-12-04 N. K. presentó una nota en la institución demandada en la que, precisamente, cuestionó que les hayan solicitado que cambien de colegio a S. S. (fs. 152) y los accionantes tampoco rebatieron su autenticidad ni su contenido.

(d) Por último, contra lo postulado por los demandantes al expresar agravios, del intercambio epistolar se desprende que la demandada el 25-11-04 y el 03-02-05 comunicó a D. S. Pinelli que frente a lo sucedido busque otro colegio para su hijo -cartas documento de fs. 67/8 y 74 respectivamente, acompañadas por los propios accionantes-. Y los apelantes le enviaron a dicha entidad los días 22-12-04, 03-01-05 y 28-01-05 cartas documento en las que expresamente refirieron tener conocimiento de esa decisión del colegio de no rematricular al menor (fs. 69/70, 75 y 76, respectivamente).

De ello, resulta que la queja examinada carece de fundamento.

5) Ahora bien, es indefectible considerar que la reprochable inconducta de D. S. S. tuvo suficiente entidad para afectar la relación contractual y pudo justificar su ruptura. Sin embargo, corresponde determinar si ese distracto se originó de modo exclusivo en el inaceptable e injustificable comportamiento temperamental de D. S. S. o si mediaron otras circunstancias que pudieron contribuir a ello.

En ese cometido, se advierte que aun cuando “Instituto San Pedro Pascual” concretó cierta actividad administrativa que permitió tener por acreditada la gravedad de los hechos protagonizados por D. S. S., lo cierto es que esa actividad investigativa resultó parcial e incompleta.

El carácter parcial de la investigación presumarial lo revela el hecho de haberse omitido requerir información de lo acontecido al profesor involucrado en los incidentes a quien, además, llamativamente se le habría aceptado la renuncia que, según la Institución, se presentara al día siguiente al de los hechos y ni siquiera se logró su declaración testimonial en estos autos en tanto la demandada desistió de su originario ofrecimiento (fs.293); a lo cual debe agregarse que tampoco se requirió mayor información al padre del menor sobre las circunstancias que motivaron su proceder, lo cual se imponía frente a la insuficiencia de la explicación verbal dada a la

vicedirectora de la escuela y a la necesidad de conferir suficiencia a dicha etapa investigativa previa.

A su vez, la actuación de “Instituto San Pedro Pascual” quedó incompleta habida cuenta que, más allá de lo parcial de la investigación, no agotó la instancia administrativa de su competencia toda vez que según lo informado a fs. 338 y fs. 774 por la Dirección General de Cultura y Educación, no se recibió en esa dependencia la nota del 17-09-04 que acompañó “Instituto San Pedro Pascual” para acreditar que comunicó a la inspectora Alicia Moghensen lo sucedido el 14-09¬04 en el campo de deportes de la institución (fs. 145) -informes que no fueron cuestionados por la demandada (CPr., 403)-; cupiendo resaltar, además, que esa nota no exhibe sello de recepción y que la demandada no acompañó ninguna otra constancia que acredite tal extremo.

No soslayo que la accionada a fs. 779 acompañó una nota en la que la referida inspectora refiere que habría tomado conocimiento de la comunicación en cuestión. Sin embargo lo cierto es que, más allá del carácter extemporáneo y del modo sorpresivo en que se intentó producir esa prueba, “Instituto San Pedro Pascual”, a pesar de corresponderle la carga de la prueba, en tanto hecho que invocó en sustento de su defensa (Cpr., 377), no demostró la autenticidad de la firma inserta en ese instrumento y, por lo demás, habría omitido ofrecer la declaración testimonial de la citada inspectora.

De haberse completado la investigación presumarial o, en su caso, atendido el agotamiento de la instancia administrativa prevista por la ley 15.079 (Estatuto Docente, art.139 y sigs.), “Instituto San Pedro Pascual” habría contado con información suficiente y certera sobre la índole y gravedad de los hechos ocurridos y, en concreto, de las circunstancias de lo sucedido, lo cual le habría permitido a la institución determinar si los hechos en cuestión justificaban

adoptar la extrema decisión de concluir ese vínculo o si era posible adoptar alguna medida intermedia y/o de menor entidad que permitiera continuar con la prestación del servicio escolar -como se hizo hasta finalizar el ciclo escolar que estaba vigente- sin afectar al alumno que -de acuerdo a lo supra desarrollado- no participó de los hechos denunciados por la entidad educativa y que, además, por su condición de menor de edad, su derecho a gozar del servicio brindado por la demandada se hallaba protegido por múltiple normativa integrante de tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional (CN., 75, inc. 22) -Convención sobre los Derechos del Niño (art. 28), Pacto de San José de Costa Rica (art. 19), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art.13 y 15); a lo cual se agrega que por su calidad de beneficiario del contrato de servicio escolar, también estaba amparado por la CN., 42 en cuanto protege el derecho del consumidor y por la ley 24.240 que regula la materia y establece en su artículo primero que “Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo” -según reforma dispuesta por la ley 26.361-.

Esto así con mayor sustento si se tiene en consideración que, además, el alumno concurría al colegio demandado desde jardín de infantes y no se ha expresado que tuviera sanciones por inconducta ni se ha explicitado de qué modo su continuidad en la institución hubiese podido afectar los objetivos educativos involucrados.

A ello se suma la previsible afectación que derivaría para el menor por el desarraigo o la desvinculación de su grupo de estudio con obvia repercusión en la esfera socio¬ cultural en que desarrollaba su actividad.

Es preciso advertir que si bien la resolución N’ 641/81 del Ministerio de Cultura y Educación faculta a las entidades privadas que prestan servicios educativos a reservarse el derecho de admisión, lo cierto es que ese derecho que no puede ser ejercido en forma caprichosa o arbitraria ni puede importar un abuso en el ejercicio del mismo (CCiv. y Com. de Junin, L.M.I. y D.P.M. c/ I.C.M.s/ daños y perjuicios”, del 03-7-07); cupiendo resaltar, además, que dicha regulación tiene inferior jerarquía respecto de la Constitución Nacional y de los Pactos Internacionales supra referidos.

En ese marco, no cabe sino concluir que la decisión de la entidad de no renovar la matrícula del menor resultó desconsiderada para su principal afectado y apresurada; y, en definitiva, operó como concausa de la desvinculación contractual generada a partir de la agresiva conducta de D. S. S.

En mi parecer es deducible, según el estado de los hechos que refleja el expediente, que la mayor responsabilidad debe atribuirse a la parte locataria en razón de que los hechos que desembocaron en la ruptura se originaron en el comportamiento del padre del alumno. Mas prescindiré de establecer una distribución proporcional de culpas porque se aprecia innecesaria a los efectos de determinar la procedencia o no de los daños y perjuicios reclamados, como se verá.

Precisado lo anterior, en relación a las indemnizaciones que por daño moral reclamaron los locatarios -padres del menor-, cabe referir que obsta su procedencia dos circunstancias: la primera, que el obrar antijurídico de la

referida parte que operó en el caso como disparador primero, principal y fundamental del distracto, no puede generarle beneficio económico, por aplicación de la doctrina emergente del CCiv., 1111, que se aprecia aplicable a la situación examinada habida cuenta no poder descartarse que los hechos analizados pudieron subsumir en alguna figura penal (CCiv., 1107); y, la segunda, con carácter dirimente, que los interesados no produjeron la prueba idónea -pericial psicológica a su respecto- ni ningún otro medio probatorio que acredite suficientemente los padecimientos espirituales que dijeron haber sufrido.

Distinta es la situación del alumno menor de edad a quien, reitero, no puede imputársele el quebrantamiento de la relación contractual ya que la decisión de no renovarle la matrícula escolar no operó por causas imputables a él sino única y exclusivamente por el conflicto que vinculara a locataria y locador en el contrato de servicio educativo.Consecuentemente, debe indemnizárselo y sobre la base de lo ya considerado establecer el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

En lo que refiere al daño psicológico que reclamó, considero que no constituye, en principio y salvo especiales situaciones, categoría autónoma respecto de la clasificación de daño moral y patrimonial, sino que posee proyección en una u otra, o en ambas (CNCom., esta Sala, “Silva Elba Estela c/ Cutler Patricio y otro s/ Daños y perjuicios”, del 21-03-13; ibidem. “Lascano, Jorge Omar c/ Citibank N.A. y otros”, del 09-08-11 y jurisp. allí cit.). Cuando, como en el caso, proyecta sus efectos sobre la esfera anímica de la persona se lo debe resarcir como agravio moral (CNCom., esta Sala “Suarez, Víctor Américo c/ Banco de Galicia y Buenos Aires” , del

8- 02-11), tal como se hará seguidamente.

Entonces, en lo que atañe a la indemnización que reclamó S. S. por los padecimientos de índole moral que dijo sufrir, cabe referir que en supuestos de responsabilidad extracontractual, como el de autos, el daño aparece evidenciado, a diferencia de lo que ocurre en los casos de responsabilidad contractual en los cuales su procedencia se encuentra supeditada a la carga de la invocación y de la prueba de las circunstancias que determinan su admisión (CNCom., Sala D, “Kobelinsky c/ Banco Mercantil Argentino”, del 27-03-01).

En ese contexto, considero que se reunieron los presupuestos necesarios en torno a la configuración de lo que la doctrina y la jurisprudencia han definido como lesión susceptible de causar una “modificación disvaliosa del espíritu” (CCiv., 1078; CNCom., esta Sala, “Avalos, Alberto c/ Cardozo, Manuel y o.”, del 15-11-00; ídem. “Silva de Buen Teresa María c/ Autolatina Arg. S.A.”, del 20-11-00; entre otros); pues es razonable considerar que la conducta de la demandada resultó apta para lesionar intereses inmateriales de S. S.originando un daño a sus sentimientos.

Además, en efecto, en el caso se produjo un informe pericial psicológico respecto del alumno en el que se estimó un daño psíquico en S. S. del 5% (fs. 690) y frente al pedido de aclaraciones formulado a fs. 693 por la demandada, la experta concluyó que lo sucedido dejó una huella psíquica que -reiteró- sería de grado leve (fs. 721); extremo que no fue cuestionado por “Instituto San Pedro Pascual”.

A la luz de ello, estimo prudente y razonable, atendiendo a la circunstancia de que el mayor grado de responsabilidad le cupo a la parte locataria y no al locador, fijar el resarcimiento pretendido por S. S. en la suma de $ 20.000 (CPr., 165) que devengará intereses desde el momento en que se produjo el perjuicio (conf. en ese sentido CNCiv., en pleno, “Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes” , del 16-12-58; idem. CNCom., esta Sala, “Álvarez, Jorge Oscar c/ Banco R oberts S.A.”, entre muchos otros); es decir, desde el 03¬02-05, fecha en que la demandada comunicó que no renovaría la matrícula del alumno -carta documento (fs. 74)-.

Por ello, con el alcance referido, propiciaré la admisión del recurso de apelación interpuesto.

6) La aseguradora citada en garantía deberá responder en los términos del contrato de seguro que la vinculó con la demandada, de acuerdo a lo que resulta de su responde de fs. 202/5 y lo establecido en la LS., 118.

7) En virtud de la solución propuesta, considero que las costas de ambas instancias generadas por la acción intentada por D. S. S. y N. Klimowski, deben ser por ellos soportadas por haber resultado vencidos en lo sustancial de la contienda (CPr., 68), mientras que las generadas también en ambas instancias por la acción interpuesta por S. S., deben imponerse a la demandada y citada en garantía por haber resultado vencidas en el aspecto central en debate (CPr., 68 in fine y 279).

V.Por todo lo expuesto y oída la Defensora Pública de Menores e Incapaces (fs. 1018/vta.), propongo al

Acuerdo: (i) confirmar la desestimación de la acción interpuesta por D. S. S. y N. K., (ii) revocar la sentencia en cuanto rechazó la demanda entablada por SANTIAGO S. contra INSTITUTO SAN PEDRO PASCUAL – ORDEN DE LA MERCED, con el efecto de admitir parcialmente la demanda y condenar a la institución educativa a pagar al citado coactor la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) más los intereses establecidos en el apartado V.5, dentro de los diez días de quedar firme la presente, haciendo extensiva la condena a BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. con el alcance establecido en el considerando V.6 y (iii) distribuir las costas de ambas instancias del modo propuesto en el apartado V.7.

Asi voto.

El Señor Juez de Cámara Ángel O. Sala dice:

Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de Cámara doctores Miguel F. Bargalló y Ángel O. Sala. Ante mí: Francisco J. Troiani. Es copia del original que corre a fs del libro n° 34 de Acuerdos Comerciales, Sala “E”.

FRANCISCO J. TROIANI SECRETARIO DE CAMARA

Buenos Aires, 14 de agosto de 2014.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: (i) confirmar la desestimación de la acción interpuesta por D. S. S. y N. K., (ii) revocar la sentencia en cuanto rechazó la demanda entablada por S. S. contra INSTITUTO SAN PEDRO PASCUAL – ORDEN DE LA MERCED, con el efecto de admitir parcialmente la demanda y condenar a la institución educativa a pagar al citado coactor la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) más los intereses establecidos en el apartado V.5, dentro de los diez días de quedar firme la presente, haciendo extensiva la condena a BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. con el alcance establecido en el considerando V.6 y (iii) distribuir las costas de ambas instancias del modo propuesto en el apartado V.7.

Notifíquese a las partes por cédula a confeccionarse por Secretaría. Comuníquese (cfr. Acordada C.S.J.N. NI 15/13).

Miguel F. Bargallós

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