Indemnizan a encargado de edificio despedido acusado de haber dejado ingresar a desconocidos a la propiedad

edificioPartes: Torres Mirta Graciela c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Carlos Pellegrini 771/775 s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 12-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-89668-AR | MJJ89668 | MJJ89668

Procede la indemnización por despido a encargado de edificio acusado de dejar ingresar indebidamente a desconocidos pues la mayoría de los departamentos eran oficinas.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la procedencia de las indemnizaciones que se reclaman toda vez que las declaraciones testimoniales no son hábiles para acreditar los incumplimientos endilgados a la actora en tanto nada corrobora que durante su horario de trabajo no se encontrara a disposición del consorcio ni tampoco que prestara servicios a favor de terceros.

2.-Toda vez que el argumento que introduce la demandada en relación a que la actora explotara una empresa unipersonal de servicios de limpieza y que todos los elementos que utilizaba estaban en el edificio constituye un argumento novedoso pues no fue alegado a la hora de contestar la demanda y además, tampoco fue invocada como causa de desvinculación en el telegrama rescisorio, por lo que analizar esta versión nueva de los hechos implica un apartamiento de la clara directriz que impone el art. 277 del CPCCN.

3.-No corresponde justificar el despido de la actora en relación a la seguridad de los propietarios y/o inquilinos y/o clientes que van al edificio, alegando que el ingreso de personas extrañas al edificio con utilización de llaves se corresponde con la explotación de una empresa en la portería, resulta inatendible, pues no fue acreditado que la actora permitiera el ingreso al edificio de personas extrañas no autorizadas por propietarios o locadores.

4.-Toda vez que no fue acreditado que la actora permitiera el ingreso al edificio a personas extrañas no autorizadas por propietarios ni locadores, ni que se entregara las llaves a personas extrañas y/o ajenas al consorcio, no corresponde admitir la legitimidad del despido por dicha causal.

5.-No resulta reprochable la conducta de la actora, ni injuriante, ni justificativa del despido, la entrega de las llaves del consorcio a su hijastra, pues era el lugar en el cual ella habitaba desde hacía más de 20 años.

6.-Sin perjuicio de que los testigos vieran ingresar gente que ellos no conocían al edificio, no resulta suficiente para tener por acreditado que eran personas extrañas y/o que ingresaran con el permiso de la actora, pues expresaron que la mayoría de los departamentos eran oficinas, y tal situación generaba de por sí cierto temor o un estado de alerta porque no se sabía quien ingresaba en ese momento al edificio, por lo que mal puede entenderse que todo aquél desconocido que ingresaba al edificio era un extraño cuyo ingreso fue permitido por la actora.

7.-Corresponde confirmar la procedencia de la multa dispuesta en el art. 80 L.O. pues aún cuando el demandado manifieste que el certificado habría estado a disposición de la actora, lo cierto es que no hay evidencia objetiva de que así haya sucedido, no dejó constancia de su intención de cumplir con la obligación que establece el citado artículo en la instancia administrativa, y sumado a ello, tampoco efectuó consignación judicial del certificado.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014.-, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I. Contra el pronunciamiento de la Dra. Pucciarelli (fs. 263/271) que hizo lugar a la acción incoada, se alza la demandada a fs. 272/285, con oportuna réplica de la parte actora a fs. 290/294.

II. Conviene memorar que la demandada despidió a la actora el día 21/06/2011 (ver misiva que obra a fs. 8), invocando haber constatado incumplimientos en el desempeño de las funciones asignadas consistentes en no realizar sus labores en forma exclusiva para el consorcio y haber tomado conocimiento de que realizaba servicios a terceras personas; introducir modificaciones no autorizadas a bienes de propiedad común del edificio y a la unidad otorgada para vivienda; permitir el ingreso al edificio de personas extrañas no autorizadas; no vigilar la entrada y salida de personas del edificio; incumplir con el mantenimiento en buen estado de aseo e higiene a las partes comunes del edificio, todo lo cual fue rechazado por la trabajadora el 22/06/2011 conforme comunicación telegráfica que obra a fs. 9.

La magistrada hizo lugar al reclamo de autos, condenando a la demandada a abonarle a la actora los rubros indicados a fs.270 vta/71 de la resolución atacada.

Para así decidir la señora juez a quo sostuvo que los argumentos esgrimidos por el Consorcio no aparecen por sí solos justificativos para proceder al despido sin obligación de indemnizar. Destacó que la comunicación rescisoria no cumple con el recaudo establecido en el art. 243 L.C.T. por ser los términos en ella vertidos muy amplios e imprecisos en relación con la falta de cumplimiento de los deberes que se invocan.Señaló, además, que las pruebas aportadas resultaron ineficaces para acreditar los hechos endilgados a la trabajadora.

III. La demandada se agravia del análisis y la conclusión que formula la magistrada objetando el progreso de la acción.

Sostiene que la doctora Pucciarelli basó la sentencia en alegaciones que no fueron invocadas por el consorcio toda vez que en la comunicación telegráfica que la demandada le cursó a la accionante notificándole su desvinculación, en ningún párrafo empleó la expresión pérdida de confianza sino que se adujo concretamente a la existencia de justa causa y de gravísimas irregularidades en su desempeño.

Alude al término arbitrariedad indicando que el intento de descalificar la comunicación telegráfica como así también los medios probatorios que obran en la causa dan cuenta de un apartamiento inadmisible de los preceptos normativos con violación del derecho de defensa en juicio e igualdad de las partes en el proceso.

Además, refiere que la sentenciante yerra al evaluar las pruebas de autos en particular la prueba testimonial y documental haciendo hincapié en que si bien la magistrada se refirió a las escrituras públicas labradas durante diversos días del mes de julio lo cierto es que no evaluó las fotografías que se acompañaron con las mismas.

Dice que en la sentencia se omitió considerar un dato fundamental que surge de los testimonios obrantes en la causa, esto es, que la limpieza del edificio la hacían personas contratadas por la propia trabajadora a quien también les facturaba.

Refiere que la señora juez a quo no tuvo en cuenta que quedó demostrado que la actora administraba y explotaba una empresa unipersonal de servicios de limpieza utilizando todos los elementos que estaban en el edificio del consorcio

Asimismo, alega que la doctora Pucciarelli omitió considerar que la constante presencia de personas ajenas al edificio guardó correspondencia con los servicios personales prestados por la actora y con el domicilio fiscal denunciado ante la AFIP que coincide con el domicilio del consorcio.

Finalmente, se agravia por la condena a abonarla multa que dispone el art. 80 L.C.T. alegando que le hizo saber a la trabajadora en dos oportunidades mediante carta documento que los certificados estaban a su disposición en el domicilio de la administración del consorcio pese a lo cual omitió retirarlos.

Adelanto que la crítica no tendrá favorable acogida en mi voto. Me explico:

La decisión adoptada por la Dra. Pucciarelli no resulta arbitraria como reiteradamente indica el apelante en el recurso pues, conforme los términos planteados aprecio que la sentencia se encuentra suficientemente fundada en la prueba rendida en autos, evaluada en forma global y con acertado rigor crítico según lo determinan los arts. 386 del CPCCN y 90 de la L.O.

Asimismo, advierto que el decisorio se basa en consideraciones jurídicas razonables a la par que los argumentos esbozados en el escrito recursivo no reflejan más que una mera disconformidad con la decisión tomada propia de la parte vencida, que de modo alguno logran conmover los fundamentos allí expuestos.

Tampoco logra conmover la decisión que tomó la señora juez a quo la aludida violación del derecho de defensa en juicio pues, la invocación de que el fallo se construyó sobre alegaciones que no fueron invocadas por el consorcio (ver fs.272 vta.5to. párrafo) no resulta cierta.

Es que la pretendida falta de invocación de ´»perdida confianza» como causal invocada en la misiva rupturista es falsa ya que del propio texto de la comunicación telegráfica acompañada (ver sobre que obra a fs. 32) surge expresamente alegada dicha expresión como causa de extinción del contrato.

Sin perjuicio de ello, advierto que el apelante tampoco explica en su recurso cual es el agravio concreto que le genera toda vez la magistrada de grado analizó la totalidad de los hechos invocados en el telegrama rescisorio juzgando no probadas en la especie las causas rescisorias.

Ahora bien, como adelanté, comparto la evaluación que la Sra. Jueza de grado ha hecho de las pruebas obrantes en las actuaciones.

Así, coincido en que las declaraciones de Ciccola (fs.265 vta.), Pajariño Gil (fs. 179), Quaini (fs.200), Schiafino (fs.202), Rossarolli (fs.206), Paredes (fs.207) y Rostand (fs. 235) no son hábiles para acreditar los incumplimientos endilgados a la actora en tanto nada corrobora que durante su horario de trabajo no se encontrara a disposición del consorcio ni tampoco que prestara servicios a favor de terceros.

No obstan a lo expuesto las declaraciones de Freyre (fs.204) y LLeana (fs. 180) pues como bien señaló la doctora Pucciarelli los dichos de estos testigos resultan insuficientes porque ambos refirieron haber tomado conocimiento de los hechos por medio de terceros. Amén de esta circunstancia, el hecho de que Freyre como abogado del consorcio lo haya representado en la audiencia celebrada ante el Seclo le resta toda validez probatoria a sus asertos.

El argumento que introduce la demandada en relación a que los testigos habrían acreditado que la actora explotaba una empresa unipersonal de servicios de limpieza y que todos los elementos que utilizaba estaban en el edificio constituye un argumento novedoso pues, este hecho, no fue ni siquiera alegado a la hora de contestar la demanda. Para más, observo que esta circunstancia tampoco fue invocada como causa de desvinculación en el telegrama rescisorio (ver fs. 8), por lo que analizar esta versión nueva de los hechos implicaría un apartamiento de la clara directriz que impone el art. 277 del CPCCN.

En esa dirección, luce estéril el argumento que introduce el apelante en relación a que la doctora Pucciarelli no consideró que la constancia de AFIP que obra a fs.54 dio cuenta que el domicilio fiscal de la accionante coincide con el del consorcio demandado pues esta circunstancia, resulta irrelevante en razón de no tratarse de un hecho articulado oportunamente.

Tampoco resulta relevante la consideración que hace el apelante en torno a que la magistrada que me precede no tuvo en cuenta que el testigo Schiafino tiene un conflicto con el consorcio demandado y, por ello, sus dichos no pueden ser considerados válidos pues el apelante basa sus consideraciones en expresiones subjetivas que no encuentran sustento fáctico ni jurídico en las constancias de la causa. Además, no encuentro que sus dichos se hallen desprovistos de eficacia convictiva o que haya faltado a la verdad a lo largo del relato por lo que considero que el testimonio antes citado luce objetivamente verídico.

En definitiva, más allá de lo que se señala en la queja en cuanto a la ponderación que realizó la señora juez a quo de los testigos que declararon en la causa, lo cierto es que el apelante se limita a reiterar párrafos aislados de las declaraciones que transforman a su crítica en una mera discrepancia dogmática que, como tal, no cabe más que desestimar (cfr. art. 116 de la L.O.).

Por otra parte, la consideración que hace en el memorial en relación a la seguridad de los propietarios y/o inquilinos y/o clientes que van al edificio (ver fs.281), alegando que el ingreso de personas extrañas al edificio con utilización de llaves se corresponde con la explotación de una empresa en el piso sexto asignado a la portería, resulta inatendible.

Es que la demandada no se hace cargo de que la magistrada concluyó que no se acreditó en las actuaciones que la actora permitiera el ingreso al edificio a personas extrañas no autorizadas por propietarios ni locadores, ni que se entregara las llaves a personas extrañas y/o ajenas al consorcio.

Tampoco rebate el tramo del decisorio mediante el que la magistrada con meridiana claridad destacó que en modo alguno se acreditó tal extremo con el acta labrada por la Escribana Autorizante agregada a fs. 80, ya que no resulta reprochable la conducta de la actora que le entregó las llaves del consorcio a su hijastra pues era el lugar en el cual ella habitaba desde hacía más de 20 años.

Par a más, nada dice en relación a la conclusión a la que arribó la señora juez a quo en relación a que los dichos de los testigos Rossarolli y Paredes si bien expresaron que vieron ingresar gente que ellos no conocían no resultaron suficientes para tener por acreditado que eran personas extrañas y/o que ingresaran con el permiso de la actora, máxime teniendo en cuenta que el testigo Freire Iturraspe expresó que la mayoría

Fecha de feirrmaan: 1o2/f0i9c/2i0n1a4s lo que generaba cierto temor o un estado de alerta porque no se sabía quien ingresaba en ese momento al edificio, por lo que mal podía entenderse que todo aquél desconocido que ingresaba al edificio era un extraño cuyo ingreso fue permitido por la accionante.

Nada dice el apelante sobre este tramo relevante del fallo ciñendo la crítica a indicar que el criterio de la magistrada que me precede es omiso, prescindente y totalmente ajeno a las circunstancias de tiempo, persona y lugar, lo que en modo alguno puede entenderse como una crítica concreta y razonada del fallo (art.116 L.O.)

Párrafo aparte merece el tramo de la crítica en el que el recurrente pretende reivindicar la documental obrante a fs. 71/78 (fotografías).

Aun considerando que la documental acompañada deja en evidencia cierto desorden en los sectores comunes del edificio, lo cierto es que esta sola circunstancia no puede por sí justificar el despido directo sin haberle dado la oportunidad a la trabajadora de adecuar su conducta a la exigida por su empleador, dando cumplimiento con sus tareas de modo adecuado. Más aún, la demandada no invocó ni demostró que, mediante el respectivo libro de órdenes del consorcio, se le hubiesen dado instrucciones concretas a la actora al respecto.

Desde esta perspectiva la omisión de ejercer la facultad de dirección, control y disciplinaria por parte del empleador obsta a la legitimidad de la decisión rupturista fundada en incumplimientos no sancionados previamente, pues se aparta del principio de gradualidad de la sanción.

En consecuencia, voto por confirmar la sentencia atacada en cuanto a lo principal que decide, lo que así dejo propuesto.

IV. En relación al insuficiente planteo esgrimido a fs. 280 punto 11 vinculado a la presunta nulidad de notificación de los autos para alegar (ver fs. 253), corresponderá desestimar este tramo del recurso por los siguientes fundamentos.

En el escrito bajo análisis el recurrente se limita a solicitar se repare tan agraviante yerro sin explicar en particular y en concreto cual es la decisión que pretende en esta Alzada lo que impide conocer la medida de su agravio. En segundo lugar, la presentación de fs. 256/59 solo expresa un subjetivo parecer respecto del éxito de la notificación de fs. 253, que no puede asimilarse a un planteo de nulidad.

En tercer lugar, el único recurso procedente era el de redargución de falsedad del instrumento público que no ha sido deducido por la parte. Por las razones expuestas, propicio desestimar la queja interpuesta en tal aspecto.

V. La accionada apela también la procedencia de la multa dispuesta en el art. 80 L.O.alegando que no puede serle imputada la falta de entrega de los certificados de trabajo porque fue la actora quien se sustrajo deliberadamente de la obligación de ir a retirarlos.

Sin embargo, la queja no puede prosperar. Es que aún cuando el demandado manifiesta que el certificado habría estado a disposición de la actora lo cierto es que no hay evidencia objetiva de que así haya sucedido, no dejó constancia de su intención de cumplir con la obligación que establece el art.80 LCT en la instancia administrativa (ver fs. 2), y sumado a ello, tampoco efectuó consignación judicial del certificado por lo que a mi entender, corresponde confirmar lo decidido en grado en este aspecto.

Las costas de esta alzada, propongo se impongan a la demandada en atención al resultado del recurso (art. 68, 2ª pte. CPCCN).

En tal sentido, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada por los trabajos realizados en esta instancia en un 25% de lo que en definitiva le corresponda a cada una de ellas por sus labores ante la primera instancia (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada; 3) Regular los honorarios de la parte actora y demandada en esta instancia, en el veinticinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento (25%), de la suma que deba percibir cada uno de ellos por los de primera instancia; 4) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

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