Extienden responsabilidad laboral a un shopping pues su actividad no puede desarrollarse sin servicio de seguridad

shutterstock_111905621Partes: Javier Hernán García c/ Aleph Seguridad S.R.L. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 13-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-88806-AR | MJJ88806 | MJJ88806

Puesto que no es posible admitir que la actividad desarrollada en el establecimiento comercial pueda llevarse adelante sin personal de seguridad, corresponde admitir la extensión de condena en forma solidaria respecto del shopping codemandado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la extensión la condena en forma solidiaria respecto del shopping condemandado con fundamento en el art. 30 de la LCT., por el cobro de las sumas de dinero que le resultaban adeudadas como consecuencia de la ruptura de la relación de trabajo que uniera a las partes, puesto que resultó acreditado que el actor prestó tareas como vigilador general en el establecimiento de dicha codemandada.

2.-Puesto que el art. 30 de la LCT. establece la responsabilidad solidaria del empresario que efectúa contrataciones que se insertan en la actividad normal y específica propia del establecimiento, y siendo que las tareas de vigilancia constituyen servicios integrados, permanentes e inseparablemente relacionados con la actividad del shopping codemandado, corresponde mantener la condena solidaria respecto de dicha parte.

3.-La condena solidaria respecto del shopping debe mantenerse, pues conforme el principio de primacía de la realidad, las tareas de vigilancia son normales en un establecimiento comercial dado sus características particulares en cuanto a la actividad que desempeña y la afluencia de público que, en distintas circunstancias, número y frecuencia, a él concurren.

4.-Toda vez que no puede admitirse que la actividad que se lleva adelante en el shopping codemandado pueda ser desarrollada en un espacio sin seguridad, pues resulta indispensable para el resguardo de las personas y bienes de la propia codemandada, la condera solidaria respecto de dicha parte debe mantenerse.

5.-La extensión de condena en los términos del art. 30 de la LCT. debe confirmarse pues la presencia de personal de vigilancia en los lugares de ingreso, egreso, pasillos, halls, escaleras, etc. atenúan el riesgo de inseguridad (por delitos contra la propiedad o las personas) el que no sólo existe en la vía pública, sino también en el interior de los establecimientos como el Shopping en donde trabajaba el reclamante, y ello debido al tránsito constante de personas que concurren a efectuar compras, trámites, gestiones comerciales o simplemente como un lugar de paseo.

6.-Puesto que la responsabilidad solidaria prevista por el art. 30 de la LCT. se extiende a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, tal circunstancia incluye la dación de los instrumentos del art. 80 de la misma norma (de la disidencia de la Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara).

7.-Corresponde limitar la condena decretada contra el shopping respecto de las sumas de dinero adeudadas como consecuencia del distracto más no las relativas a la multa del art. 45 de la ley 25.345 pues dicha codemandada no puede ser multada por el incumplimiento de una obligación de hacer que no estaba en condiciones de satisfacer (del voto de la Doctora Gabriela Alejandra Vázquez al que adhiere el Doctor Julio Vilela – mayoría).

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Agosto de 2.014, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I.La sentencia de fs. 204/206 ha sido recurrida por la parte codemandada ALTO PALERMO S.A.

II.Memoro que la Sra. Jueza a quo receptó el reclamo interpuesto por el accionante Sr Javier Hernán García quien perseguía el cobro de las sumas de dinero que le resultaban adeudadas como consecuencia de la ruptura de la relación de trabajo que lo uniera con ALEPH SEGURIDAD SRL. También condenó a ALTO PALERMO SA como responsable solidaria -con fundamento en las disposiciones previstas por el art. 30 LCT-. En los fundamentos de su decisorio, realizó un análisis del alcance de los términos de la norma en cuestión respecto del hecho de autos (vigilador general contratado por la empresa ALEPH SEGURIDAD SRL destinado a la custodia y vigilancia de bienes, servicios y público en general del centro comercial Abasto Shopping de la codemandada Alto Palermo SA) y consideró que la actividad desplegada por el actor resultaba integrativa de la desarrollada por la codemandada Alto Palermo SA, complementando el servicio prestado por ésta y destinada, por un lado a resguardar valores de la entidad y por el otro al desenvolvimiento seguro de la actividad diaria del shopping en cuestión, por lo cual juzgó que la coaccionada ALTO PALERMO SA se encontraba alcanzada por el régimen de solidaridad que el art. 30 LCT contempla. Extendió la condena también respecto a la entrega de los certificados que dispone el art. 80 LCT e impuso las costas del proceso a cargo de las demandadas.

III.La recurrente apela el pronunciamiento de grado y se queja ante la condena que fue determinada hacia su parte, con carácter solidario y con fundamento en lo previsto por el art. 30 LCT.Cuestiona la valoración realizada por la anterior sentenciante y por cuyos argumentos consideró aplicable a la situación planteada respecto de la empresa ALTO PALERMO SA y el actor -empleado directo de la compañía de seguridad, hecho no controvertido en el proceso-. Cita jurisprudencia que considera aplicable a su postura insistiendo en el rechazo de la pretensión inaugural de la persona trabajadora contra la quejosa. También rebate la condena que la alcanza en relación a la obligación de entrega de los certificados que contempla el art. 80 LCT, ello por no haber revestido jamás el carácter de empleadora del Sr. García. Finalmente, se queja por la forma en que fueron impuestas las costas y por considerar que los honorarios regulados a la representación de la parte actora resultan excesivos.

IV.En lo que respecta al primer segmento de la queja, advierto que la profusa cantidad de antecedentes jurisprudenciales mencionados por la parte recurrente no alcanzan para fundar la apelación deducida. En torno a esto he de decir que la mera remisión a precedentes jurisprudenciales no constituyen en sí un agravio. Ello porque las citas de jurisprudencia no tienen incidencia sobre la suerte del reclamo, pues se tratan de cuestiones de hecho a lo que agrego que, la recurrente no explica qué relación tienen con los hechos de la litis. En consecuencia, la jurisprudencia transcripta en esta parte de la queja resulta ineficaz para cumplir con los requisitos previstos por el art. 116 L.O.

Sin perjuicio de ello, y con relación a la responsabilidad solidaria que -con fundamento en el art. art.30 de la L.C.T.- fue traída a juicio la recurrente y en tal carácter resulto condenada en anterior grado- se habrá de revisar, en lo pertinente, el fallo cuestionado.

Considero oportuno recordar que la norma establece la responsabilidad solidaria del empresario que efectúa contrataciones que se insertan en la actividad normal y específica propia del establecimiento.De manera tal, que corresponde analizar si las tareas de vigilancia constituyen servicios integrados, permanentes e inseparablemente relacionados con la actividad de la codemandada ALTO PALERMO SA (Abasto Shopping lugar en donde el accionante, desde su ingreso, se desempeñó como vigilador general).

En el sentido apuntado y en consonancia con lo resuelto por esta Sala en autos «Araya Emilio Ezequiel c/ S.I.S.E. Servicio Integral de Seguridad Empresaria S.R.L. y otros s/despido» (S.D. 86.780 del 29/6/11), a la luz de la sana critica (art 386 CPCCN) y conforme el principio de primacía de la realidad, me permito observar que las tareas de vigilancia son normales en un establecimiento comercial (Shopping) dado sus características particulares en cuanto a la actividad que desempeña y la afluencia de público que, en distintas circunstancias, número y frecuencia, a él concurren.

No puede admitirse que la actividad que allí se lleva adelante pueda ser desarrollada en un espacio sin seguridad; la cual es indispensable para el resguardo de las personas y bienes de la propia codemandada Alto Palermo SA.

La presencia de personal de vigilancia en los lugares de ingreso, egreso, pasillos, halls, escaleras, etc. atenúan el riesgo de inseguridad (por delitos contra la propiedad o las personas) el que no sólo existe en la vía pública, sino también en el interior de los establecimientos como el Shopping en donde trabajaba el reclamante, y ello debido al tránsito constante de personas que concurren a efectuar compras, trámites, gestiones comerciales o simplemente como un lugar de paseo.

En síntesis, dado que resultó acreditado que el actor prestó tareas como vigilador general en el establecimiento Abasto Shopping de la codemandada Alto Palermo SA, – de compartirse mi propuesta- corresponde el rechazo del primer segmento de la queja y sugiero sea confirmado lo resuelto en origen en el punto que se trata.

V.Respecto a la obligación solidaria por la entrega de los certificados de servicios y remuneraciones que contempla el art.80 LCT, adelanto que -de compartirse la solución que propongo- también ha de ser confirmado el decisorio de anterior grado.

Reiteradamente he señalado que, a mi modo de ver, la responsabilidad solidaria prevista por el art. 30 de la LCT se extiende a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, circunstancia que incluye la dación de los instrumentos mencionados.

En virtud de ello, propicio la confirmación de la multa y de la obligación de hacer incluidas en el art. 80 LCT (ver entre otras SD 86.193 del 08.10.10 «Bringas Miriam Beatriz c. Lekryzon SA y otros s. despido» y SD 86.737 del 23.06.11 «Lucero Julio Cesar c. Plataforma Cero SA y otros s. despido»).

VI.Teniendo en cuenta el resultado de final del pleito que sugiero, debería mantenerse a forma en que fueron impuestas las costas en anterior instancia.

Por otra parte, teniendo en cuenta el mérito, eficacia y la extensión de los trabajos realizados, los resultados obtenidos, las facultades conferidas al Tribunal por el art. 38 L.O., los arts. 1, 3, 6, 8 y 19 de la ley 21.839, 13 de la Ley 24.432, y las normas arancelarias de aplicación, lucen adecuados los emolumentos regulados a la representación letrada de la parte actora, razón por la cual propongo su confirmación.

En relación a la actuación ante esta Alzada, las costas serán impuestas a la codemandada Alto Palermo SA (art 68 CPCCN), y sugiero se regulen los honorarios por su desempeño en esta etapa en el 25% de lo que le corresponda percibir respecto por su actuación en la anterior etapa (art.38 LO y art.14 de la Ley 21.839).

VII) Por todo lo expuesto, propongo en este voto:a) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios; b) Imponer las costas por la actuación en Alzada a cargo de la codemandada vencida (art 68 CPCCN) y c) Regular los honorarios de conformidad con lo establecido en el considerando VI.

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Adhiero al voto que antecede, con excepción de la extensión a ALTO PALERMO SA de la condena decretada en los términos del art. 45 de la ley 25.345, en tanto considero que dicha codemandada no puede ser multada por el incumplimiento de una obligación de hacer que no estaba en condiciones de satisfacer.

Por ello, considero que corresponde limitar la condena decretada contra ALTO PALERMO SA a la suma de $29.180,13.- con más los intereses fijados en grado.

Coincido también en cuanto a la imposición de las costas de ambas instancias a las demandadas, sin embargo, estimo que las mismas deberían ser impuestas en proporción al monto por el que cada una ha sido condenada.

El Doctor Julio Vilela dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de la Dra. Vázquez.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en tanto pronuncia condena y modificarla en torno a la limitación de la condena solidaria respecto de ALTO PALERMO SA a la suma nominal de $29.180,13 con más los intereses fijados en anterior grado (los que se encuentran libres de cuestionamiento); 2) Confirmar el fallo de la instancia anterior en todo lo demás que fue materia de recursos y agravios; 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas, en la proporción en la que cada una resulta condenada (art.68 CPCCN); 4) Regular los honorarios conforme lo expresado en el Considerando VI.

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara

Jueza de Cámara

Gabriela A. Vázquez

Juez de Cámara

Julio Vilela

Jueza de Cámara

Ante mi:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de, se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de, se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

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