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El empleador debe responder por los perjuicios generados al trabajador a causa del ambiente de trabajo al que estaba expuesto

mobbing1Partes: Z. I. S. C/ Coordinadora Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 18-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-89113-AR | MJJ89113 | MJJ89113

Puesto que el ambiente de trabajo de la actora no era el adecuado, la accionada debe responder por los hechos de sus dependientes por ser quien detenta el poder de dirección y organización conforme los arts. 64 y 65 LCT.

Sumario:

1.-Corresponde condenar a la accionada en los términos del art. 1113 del CCiv. por la incapacidad psicológica, -depresión reactiva-, que padece pues la misma surge como consecuencia de vivencias de hostilidad provenientes de otros que derivó en miedo a las relaciones interpersonales.

2.-La calificación de cosa riesgosa o peligrosa no deviene en forma exclusiva de una determinada maquinaria o aparato, ni un objeto concreto susceptible de ocasionar un daño, puesto que puede serlo todo un establecimiento, explotación, empresa o incluso también actividad; por ello, el daño aparece como consecuencia mediata previsible por defecto propio tanto de las cosas que intervinieron en el episodio como del esquema laboral imperfecto y precariedad de la mecánica, por haber coadyuvado y contribuido al acaecimiento del ilícito.

3.-Independientemente de quién tuviera la guarda o custodia de la cosa (o de la suma de cosas que intervinieron en los hechos), se advierte que tenían un vicio o riesgo en sí mismos que conlleva la posibilidad de producir efectos nocivos, al punto tal que en su combinación produjeron la depresión reactiva que padece la actora y que la incapacita psíquicamente (art. 901 , 903 , 1113 del CCiv.).

4.-Corresponde condenar al pago del rubro daño moral pues existe una responsabilidad extracontractual que debe ser resarcida atento que el reclamo se basó en la existencia de un hostigamiento que fue acreditado.

5.-Correspode confirmar la procedencia de las diferencias salariales dado que la testigo propuesta por ambas partes dio cuenta de las tareas que efectuaba la actora para la demandada por lo que los argumentos esgrimidos en la expresión de agravios en torno a que la misma solo se basó en juicios y consideraciones propias carecen de asidero; máxime siendo que dio suficiente razón de sus dichos, es testigo directo y personal de los hechos sobre los que declara debido a que era jefa de la división y no mereció impugnación alguna.

6.-Hallándose controvertida la fecha de ingreso, la accionante debía acreditar el inicio de la relación con anterioridad a la fecha registrada, y puesto que no aportó prueba en tal sentido, corresponde considerar la fecha registrada como la real fecha de ingreso y en consecuencia, corresponde reducir el monto reconocido en concepto de indemnización por antigüedad.

7.-Corresponde confirmar la condena a abonar la multa prevista por el art. 80 LCT. pues pese a que la actora recibió el certificado de trabajo y servicios, lo cierto es que en los mismos no contienen la real categoría de la accionante y que las remuneraciones devengadas por ésta eran superiores a las allí consignadas.

8.-Toda vez que ha quedado suficientemente acreditado que las tareas que desarrolló la actora fueron las de Jefe de División , ante la falta de reconocimiento de las mismas, le asistió derecho a considerarse injuriada y despedida y a acceder al pago de las diferencias salariales reclamadas (del voto del Dra. Beatriz Inés Fontana por sus fundamentos – mayoría).

9.-Toda vez que la actora, a partir de su desempeño en el ámbito del Departamento de Relaciones Públicas, comenzó a sufrir, además del desconocimiento de su real categoría, hostigamiento laboral por parte de sus superiores consistente en un un vaciamiento de su puesto de trabajo por ausencia de tareas o encargo de tareas menores, el despido en que se colocó luce justo (del voto del Dra. Beatriz Inés Fontana por sus fundamentos – mayoría).

10.-Considerando la dificultad probatoria que conlleva para un trabajador acreditar las circunstancias que dan cuenta de la violencia laboral padecida en el ámbito de trabajo, se impone invertir o en su caso, morigerar la carga de la prueba de los hechos alegados, y por tal razón, cabe concluir que efectivamente en el caso, la actora ha logrado acreditar que fue víctima de violencia u hostigamiento laboral, encontrándose afectada psíquicamente por dicha circunstancia (del voto del Dra. Beatriz Inés Fontana por sus fundamentos – mayoría).

11.-Encontrándose acreditada la dolencia psíquica padecida por la actora, que la dolencia tuvo relación con el maltrato denunciado, corresponde que la demandada responda por resultar titular del pleno poder de organización y dirección de la institución (arts. 1113 CCiv. y 64/65 LCT.), y asimismo debe responder en virtud de no haber garantizado la indemnidad psicológica de la actora, por hechos de sus dependientes, en el caso los superiores jerárquicos de la actora (del voto del Dra. Beatriz Inés Fontana por sus fundamentos – mayoría).

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de julio de 2014, para dictar sentencia en los autos: «Z.I.S. C/ COORDINADORA ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO s/ DESPIDO», se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- En el fallo (fs. 404/412) el «a-quo» hizo lugar a la demanda impetrada ya que consideró que prosperaban las diferencias salariales y que el despido indirecto en consecuencia resultó legítimo.

Los recursos a tratar llegan interpuestos por la parte demandada a fs. 415/423 y actora a fs. 443/448, mereciendo la réplica de la contraria a fs. 428/432.

Asimismo a fs. 441 la accionada y a fs. 449 la Dra. Pietruszka apelaron los honorarios regulados a fs. 440.

Además, la accionante a fs. 461 cuestionó la resolución de fs. 460.

II.- La accionada se agravia porque se consideró que a la actora le asistía derecho a las diferencias salariales reclamadas y se entendió, consecuentemente, justificado el distracto.

Sostiene que la prueba obrante en la causa fue incorrectamente valorada.

Subsidiariamente cuestiona el importe fijado por el sentenciante en concepto de diferencias salariales.

Adelanto que no le asiste razón a la quejosa.

En efecto la testigo C (fs. 238/241) -propuesta por ambas partes- dio cuenta de las tareas que efectuaba la accionante para la demandada por lo que los argumentos esgrimidos en la expresión de agravios en torno a que la misma solo se basó en juicios y consideraciones propias carecen de asidero.

Es más la deponente en cuestión da suficiente razón de sus dichos, es testigo directo y personal de los hechos sobre los que declara debido a que era jefa de la división y no mereció impugnación alguna.

Asimismo destaco que los testigos mencionados por el recurrente (Mantiñan -fs. 371- y Rodríguez -fs.370-) de modo alguno llevan a considerar que cabe desestimar el reclamo debido a que los mismo dan cuenta del desempeño de la actora con posterioridad al cierre del programa de reciclaje más no de las funciones que ésta cumplía durante su desempeño en dicho programa, lo cual resultaba relevante a la luz de que ese fue el fundamento del pedido de diferencias salariales y recategorización.

Atento a las consideraciones expuestas que llevan a proponer la confirmación de lo decidido en grado, habré de abordar a continuación el planteo subsidiario por el importe fijado en concepto de diferencias salariales.

Ahora bien en este punto debo remarcar que la quejosa no indica a cuanto a su entender debió haber ascendido el rubro en cuestión y en consecuencia a cuanto habría de disminuirse a su favor la condena incumpliendo así con lo dispuesto por el art. 116 LO.

En virtud de todo lo expuesto en el presente considerando propicio confirmar lo resuelto en grado.

III.- Cuestiona la fecha de ingreso considerada por el «a quo» porque considera que no existe prueba de que ingresara en una fecha distinta a la registrada y que desconoció los recibos de sueldo acompañados por la actora que pertenecían a una empresa llamada «Plus SRL Servicios Empresarios».

En este punto debo enfatizar que hallándose controvertida la fecha de ingreso la accionante debió acreditar el inicio de la relación con anterioridad a la fecha registrada (cfrme. art. 377 CPCCN), lo cual no ha hecho.

Sostengo tal postura debido a que el testigo de fs. 242/244 se basó en dichos de la propia actora y que los recibos obrantes en el anexo reservado por secretaria fueron desconocidos a fs. 125 y no obra en la causa elemento alguno que acredite su autenticidad.En ese marco no cabe más que considerar la fecha registrada como la real fecha de ingreso y reducir el monto reconocido en concepto de Indemnización por antigüedad a $81.245,67 y en consecuencia el monto de condena a $192.271,67, más los intereses dispuestos en grado que llegan firmes.

IV.- La demandada también cuestiona la condena a abonar la multa prevista por el art. 80 LCT pese a que la actora recibió el certificado de trabajo y servicios el 24/2/2009.

Pero lo cierto es que aunque el accionante haya recepcionado los documentos de fs. 43/49 lo cierto es que en los mismos no contienen la real categoría de la accionante y que las remuneraciones devengadas por ésta eran superiores a las allí consignadas -nótese que se condenó al pago de diferencias salariales-.

Asimismo, debo enfatizar que a mi juicio la documentación acompañada luce incompleta por no contener constancia de aportes y contribuciones.

Consecuentemente, propongo confirmar este aspecto del fallo cuestionado.

V.- La accionante cuestiona que se hayan rechazado los reclamos por daño moral, daño psicológico y tratamiento.

Analizadas las constancias de autos, debo indicar que le asiste razón.

Sostengo esto, debido a que la única testigo que se refiere a la cuestión alegada en el libelo de inicio es P. (fs. 242/244), da cuenta de que las funciones de Z. fueron mermando hasta que quedó sin ninguna y que se transformó en un ánima.

No soslayo que la mencionada deponente posee juicio pendiente contra la accionada y fue suspendida en virtud de una causa penal que la empleadora iniciara en su contra (ver impugnación de fs. 249/251 y manifestaciones de la deponente), pero lo cierto es que valorada tal declaración con los dichos de la testigo C. (fs. 238/241) y lo informado por el perito psicólogo fs. 275/277 no mermará el valor probatorio de la misma.

Nótese que C. (fs.238/241) manifestó que con anterioridad al cambio de superiores la accionante tenía un correcto desempeño e hizo mérito de las cualidades favorables de la actora contradiciendo lo expuesto por la accionada a fs. 83 vta. cuarto párrafo y que la experta psicóloga dio cuenta de la existencia de una incapacidad cuya existencia anterior al ingreso a las órdenes de la accionada no ha sido acreditada y que se generó en virtud de una depresión reactiva producto de vivencias de hostilidad provenientes de otros que derivó en miedo a las relaciones interpersonales (ver informe de fs. 275/277).

En ese marco, no cabe más que entender que ha sido acreditada la conducta denunciada y en consecuencia que la incapacidad psicológica de la que dio cuenta la perito del ramo es producto de tal comportamiento y cabe establecer la responsabilidad que le corresponde a la accionada por ella.

No puede prescindirse, a los fines de la apreciación de la responsabilidad, del principio objetivo que emana del art. 1.113, párrafo segundo del Código Civil.

En ese marco, «basta que el damnificado pruebe el daño y el contacto con la cosa dañosa, para que queda a cargo de la demandada, como dueño o guardián del objeto riesgoso, demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder».

Debo aclarar que, como lo he expresado antes de ahora, la calificación de «cosa riesgosa o peligrosa» no deviene en forma exclusiva de una determinada maquinaria o aparato, ni un objeto concreto susceptible de ocasionar un daño. De hecho, puede serlo todo un establecimiento, explotación, empresa o incluso también actividad (en igual sentido, v. los autos: «Mamani, Graciela Beatriz c/ Lucofi S.A. y otro s/ Despido», S.D.39.000 del 14.2.06).

En el marco de lo expuesto, el daño aparece como consecuencia mediata previsible por defecto propio tanto de las «cosas» que intervinieron en el episodio como del esquema laboral imperfecto y precariedad de la mecánica, por haber coadyuvado y contribuido al acaecimiento del ilícito.

Por ello, independientemente de quién tuviera la guarda o custodia de la cosa (o de la suma de «cosas» que intervinieron en los hechos), se advierte que tenían un vicio o riesgo en sí mismos que conlleva la posibilidad de producir efectos nocivos, al punto tal que en su combinación produjeron el desafortunado episodio de marras (art. 901, 903, 1.113 del Código Civil).

En el caso, el ambiente de trabajo de la actora no era el adecuado y sin lugar a dudas la accionada debe responder por los hechos de sus dependientes por ser quien ostenta el poder de dirección y organización conforme los arts. 64 y 65 LCT.

En resumen, se encuentra acreditada en forma satisfactoria la vinculación causal para atribuir responsabilidad a la empresa, pues se relaciona el relato del episodio traumático efectuado en la demanda con los daños en la salud verificados por el perito psicólogo (arts. 377 y 386 CPCCN).

Finalmente en cuanto al daño moral cabe recordar que la indemnización civil por daño moral sólo cabe en supuestos especiales.

Esta Sala tiene dicho que desde el punto de vista extracontractual el daño moral sólo procede en aquéllos casos en los que el hecho que lo determina haya sido por un hecho de naturaleza extracontractual del empleador, es decir si el despido va acompañado de una conducta adicional ilícita que resulte civilmente resarcible, aún en ausencia de vínculo laboral (en igual sentido «Zarza, Mario Rubén c/ Línea 17 SA y otro s/ despido», sent.30.767 del 19-05-98, entre muchos otros). Además, debe causar en el trabajador un grave menoscabo en sus sentimientos o buen nombre.-

A mayor abundamiento, deseo dejar sentado que el legislador civil se ha ocupado del daño moral en dos andariveles que lo ubican en los dos ámbitos de responsabilidad que Vélez Sarsfield delimitó en su código.-

Cuando se hace referencia a un hecho de responsabilidad extracontractual, rige el art. 1078 del C.C. que resulta de aplicación insoslayable para los jueces. A diferencia de ello, el art. 502 del mismo cuerpo legal que aprehende la posibilidad de existencia de daño moral por incumplimientos contractuales, resulta de aplicación discrecional y sujeta a prueba. Por ello el artículo reza: «.Los jueces podrán.»

Sentado ello, en el caso de autos encuentro razón para condenar al pago del rubro en análisis por considerar que existe una responsabilidad extracontractual que debe ser resarcida atento que el reclamo se basó en la existencia de un hostigamiento que fue acreditado como ya se expusiera.

En ese orden de ideas, debo señalar que teniendo en cuenta la edad de la víctima, el grado de incapacidad sufrido, las cargas de familia y, su remuneración, considero que la indemnización por el daño psíquico sufrido debería ascender a $50.000 Asimismo y habiendo sido objeto de reclamo la reparación por daño moral, corresponde receptar la misma por la suma de $ 80.000 (v. fallo: «Arostegui Pablo M c/ Omega ART SA», S.C. A, nº 436, L.XL. y art. 1078 C.C.). Dichos importes deben llevar la tasa de interés prevista en el Acta N° 2.601, conforme resolución de Cámara del 21/5/2014 atento la máxima del derecho romano que establece que «ACCESORIUM SÉQUITUR PRINCIPALE» (traduzco: Lo accesorio sigue la suerte de lo principal) desde la fecha del distracto tal como fue peticionado a fs. 12.A dicha suma deberá adicionársele, en el límite del agravio expresado y de conformidad con lo señalado por la perito psicóloga respecto a la necesidad de tratamiento, la suma de $28.800 por gastos de tratamiento.

Consecuentemente encuentro mérito para modificar lo decidido en grado en este punto, y corresponde elevar el monto de condena a la suma de 351.071,67 que devengará intereses conforme la tasa de interés prevista en el Acta Nº 2601, conforme Resolución de Cámara del 21/5/2014.

VI.- Cuestiona la accionante también que se haya rechazado el reclamo de la multa prevista por el art. 2 de la ley 25.323.

En este punto considero que le asiste razón debido a que conforme el telegrama obrante a fs. 6 -cuya autenticidad quedo acreditada a fs. 63/67- el accionante intimó fehacientemente a la accionada a que le abone las indemnizaciones derivadas de la ruptura del vínculo.

En consecuencia, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos para la procedencia del incremento dispuesto en el indicado artículo por la suma de $48.624,33 (81.245,65+16.003= 97.248,67 X 50%) elevándose el monto de condena a $399.696 (48.24,33 + 351.071,67), ya que la Sra. Z. intimó fehaciente e inició acciones judiciales para percibir las indemnizaciones previstas en la ley.

VII. Considero necesario aclarar que el cuestionamiento efectuado por la accionada a fs. 461 no resulta procedente en mi opinión toda vez que la resolución atacada se condice con el principio de celeridad procesal que debe regir en un procedimiento laboral.

Nótese que el pedido de un informe a la Oficina de Notificaciones o la intimación a la accionada que propone la apelante hubiera demorado aún más el procedimiento y que entre el libramiento de la cédula y la presentación de fs. 455/458 solo transcurrieron 6 (seis) días hábiles (ver constancia de fs. 454 vta. y cargo de fs.458).

VIII.- En virtud de la solución que dejo propuesta, corresponde efectuar una imposición de costas y regulación de honorarios en forma originaria, que torna de tratamiento abstracto los recursos incoados al respecto (art. 279 CPCCCN).

En consecuencia, propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas por la demandada (art. 68 CPCCN).

A tales efectos, sugiero regular los honorarios por los trabajos cumplidos en la primera etapa para los profesionales intervinientes en el 16% (actora); 12% (demandada); 6% (perito psicóloga) y 6% (perito contadora) del monto de capital e intereses de condena. (Conf. art. 38 L.O., Ley 21.839 y Dec. Ley 16.638/57).

Quedan así tratados los recursos planteados al respecto.

IX.- En caso de ser compartido mi voto propicio regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25 % de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior (art. 14 ley 21.839).

LA DOCTORA BEATRIZ INÉS FONTANA DIJO:

La parte demandada apela la condena de multa impuesta con fundamento en el art. 80 LCT, pero considero que no le asiste razón.

En ese sentido advierto que el despido indirecto en que se colocó la actora se produjo el 16 de diciembre de 2008, y que por misiva de fecha 18 de diciembre de 2008 la demandada manifestó que los certificados estaban a disposición de la actora en el plazo legal.

Sin embargo, la documental de fs. 43/49 cuenta con fecha cierta que revela que los mismos fueron confeccionados estando excedido el plazo legal vigente.

Por ello, considero que debe confirmarse lo actuado en primera instancia.

La parte actora afirma que la sentencia le causa agravio porque no se hizo lugar al mobbing denunciado en la demanda y en consecuencia se hayan rechazado los rubros daño moral, daño psicológico y tratamiento psicológico reclamados.

Analizadas las constancias de autos, en sentido coincidente con lo propuesto por mi distinguido colega preopinante Dr. Rodríguez Brunengo, en mi opinión, asiste razón a la recurrente.Creo necesario recordar que al inicio la actora sostuvo su reclamo de reparación fundado en el derecho común, que incluía la reparación por daño psicológico, moral y gastos de tratamiento, en la violencia laboral a la que fue sometida, la que según alegó, le ocasionó un stress psicofísico que se tradujo en un profundo estado depresivo y hundimiento emocional.

La actora alegó que dicha violencia fue ejercida por su empleadora al desconocerle las funciones que realmente cumplía con su correspondiente contraprestación salarial y asimismo que a partir de su desempeño en el Departamento de Relaciones comenzó a sufrir un incomprensible hostigamiento laboral por parte de sus superiores que afectó gravemente su salud.

Señala que el cargo de Jefe de División que la actora venía reclamando desde hacía varios años fue otorgado a otra persona -V.H.-, y a partir de dicho momento comenzó a sufrir un vaciamiento de su puesto de trabajo por ausencia de tareas o encargo de tareas menores.

Por su parte, la demandada negó las circunstancias invocadas por la actora, y destacó que ni su parte, ni ningún dependiente, causó a la actora lesión en sus sentimientos, ni mantuvo conductas que le hubieran provocado dolor o sufrimiento físico alguno, inquietud espiritual o agravio a sus afecciones legítimas.

Sentado lo expuesto, conforme lo previsto por el art. 377 CPCCN, corresponde señalar que correspondía a la actora producir prueba sobre las conductas endilgadas a su empleadora, sobre la relación entre dichas conductas y su dolencia y a la demandada, acreditar, en su caso, que su comportamiento estuvo en un todo de acuerdo con el deber genérico de seguridad y con el principio de indemnidad y que no procedió en desmedro de los derechos adquiridos por su dependiente.Ahora bien, por un lado ha quedado suficientemente acreditado y en el punto coincido con la solución propuesta por mi distinguido colega preopinante, que las tareas que desarrolló la actora fueron las de «Jefe de División», y en dicha inteligencia, ante la falta de reconocimiento de las mismas, le asistió derecho a considerarse injuriada y despedida y a acceder al pago de las diferencias salariales reclamadas.

En mi opinión, esta circunstancia, reiteradas veces reclamada por la trabajadora, importó el ejercicio de una conducta contraria a derecho, en tanto implica una inobservancia de sus obligaciones en cuanto a los derechos que le corresponden a su dependiente.

Sin embargo, no fue esta la única conducta injuriosa endilgada a la demandada. En efecto, la actora sostuvo que a partir de su desempeño en el ámbito del Departamento de Relaciones Públicas comenzó a sufrir, además del desconocimiento de su real categoría, hostigamiento laboral por parte de sus superiores consistente en un un vaciamiento de su puesto de trabajo por ausencia de tareas o encargo de tareas menores.

La actora señaló que todas estas circunstancias le provocaron un grave deterioro psíquico que la sumió en un cuadro que le impidió continuar desarrollando sus tareas laborales.

De la prueba pericial psicológica surge que la actora padece un cuadro de «depresión reactiva» con una incapacidad del 25% de la t.o. Señaló la experta también en sus conclusiones, que la actora tiene mucho sufrimiento porque siente que le han hecho el vació. No entiende porque con una brillante carrera como tenía, su intensa preparación la han tratado de semejante manera.

Dado que el peritaje en análisis se encuentra sólidamente fundado en virtud de argumentos científicos allí expresados, le otorgo pleno valor probatorio sin que las impugnaciones y observaciones realizadas al mismo por la parte demandada logren desvirtuarlo. (cfr. arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N.).

A mayor abundamiento destaco que, conforme surge de la documental acompañada por la demandada a fs.69/73, la Comisión Médica interviniente en el caso, decidió calificar a la patología padecida por la actora (Reacción Vivencial Anormal Neurótica, con manifestación Angustiosa Depresiva Grado II), como enfermedad inculpable, por cuanto los elementos con que contaba la Comisión resultaban insuficientes para acreditar que la enfermedad resultara una Enfermedad Profesional no listada, pero dicho dictamen no desconoció el padecimiento psíquico de la trabajadora.

La testigo C., quien declaró en autos a instancia de ambas partes, resultó clara y contundente a la hora de señalar las cualidades y características, por demás favorables, del trabajo desempeñado por la actora durante el período laborado bajo su subordinación. En este sentido la deponente señaló que en los últimos dos años del departamento de Reciclaje donde se desempeñó con la actora, las tareas desempeñadas por la accionante se correspondían con las de Jefatura de División, y que así lo solicitó la dicente verbalmente, y a través de memorándums. Relató que estas solicitudes no fueron satisfechas, pero que las tareas de jefatura de división fueron realizadas diariamente por la actora más o menos a partir del año, año y medio de pertenecer al departamento. Sostuvo que las tareas llevadas a cabo por la actora resultaban más importantes que las desarrolladas por un Jefe de Departamento y resaltó numerosas virtudes personales y sobre todo laborales de la actora.

Por su parte P., quien decla ró a instancias de la parte actora, dio cuenta del vaciamiento de funciones y tareas que relató la actora al inicio. También se explayó en torno a la apariencia personal y desempeño de la actora en la época en que se desempeñaba para el departamento de Reciclajes y el cambio operado en la misma cuando pasó a depender de los jefes Sr. M. y Sr. R. En tal sentido señaló que la actora en el Departamento de Reciclaje era cordial, amable, predispuesta a su trabajo, proactiva y que en apariencia era una persona alineada, coqueta, impecable en su aseo.Que cuando pasó a depender de los otros dos jefes, con respecto a sus funciones, la vio apagarse, esto es que cada vez con menos funciones hasta llegar a no tener funciones, pero muy interesada en volver a tenerlas. Cuenta que la veía literalmente un espectro, como un fantasma caminando. Dice que la actora no tenía tareas o tenía tareas mínimas y que esto lo sabe por ver su escritorio cada vez más vacío y a la actora detrás de una computadora ávida de que le den funciones. Sostuvo también la deponente que vio a la actora sin nada que hacer aproximadamente desde que se reestructuró el departamento de reciclaje y cambió su organigrama. Dijo también que en este período, de su aspecto personal, lo único que conservó fue la higiene personal, que la veía anímicamente destruída.

En mi opinión, las declaraciones citadas deben ser valoradas a la luz del principio de la sana crítica, y en concordancia y armonía con las demás constancias de la causa, y en este sentido considero que por intermedio de las mismas la accionante ha logrado demostrar la existencia de hostigamiento laboral ejercido por sus superiores respecto de su persona desde su incorporación al Departamento de Relaciones Públicas. Ello así por cuanto, de los dichos de C. se desprende un desempeño laboral incuestionable dentro del Departamento de Reciclaje, con grandes progresos, al punto de resultar merecedora de una promoción dentro del departamento donde se desempeñaba, lo que se contrapone abiertamente con lo señalado por la demandada en su responde en cuanto a que la actora no cumplía satisfactoriamente sus tareas.

Así también, del relato de C., valorado en conjunto con lo señalado por Pissavinni, se advierte un cambio importante en cuanto al ámbito laboral y las condiciones de trabajo de la actora, lo que explica el cambio operado en su actitud a partir del traspaso.En el punto cabe advertir, que la demandada ninguna prueba produjo, o en su caso, la que produjo le resulta adversa, para acreditar que el desempeño de la actora hubiera sido deficiente como lo señaló en su responde.

En el punto destaco que ninguno de los testigos, ni los que declararon a instancia de la demandada pudieron dar cuenta de esta circunstancia.

Así también, es preciso valorar la reticencia de la demandada a la hora de brindar a la perito contadora, la información necesaria a fin de evacuar el punto H) de los puntos de pericia solicitados por la actora, dirigido a informar quien ocupaba el cargo de Jefe de División desde 27/3/03 y 19/12/05. En el punto no puedo soslayar que al inicio la actora alegó que el puesto reclamado fue otorgado a otra persona a la que identificó como V.H., y sugestivamente la demandada a fs. 370 desistió de la declaración de la misma.

Todo lo expuesto, valorando la totalidad de la prueba de autos de acuerdo a los principios de la sana crítica, considerando la dificultad probatoria que conlleva para un trabajador acreditar las circunstancias que dan cuenta de la violencia laboral padecida en el ámbito de trabajo, dificultad que impone invertir o en su caso, morigerar la carga de la prueba de los hechos alegados, me permiten concluir que efectivamente en el caso, la actora ha logrado acreditar que fue víctima de violencia u hostigamiento laboral, encontrándose afectada psíquicamente por dicha circunstancia.

El análisis que antecede, pone de manifiesto, en mi opinión, que se encuentran reunidos en autos los extremos requeridos para tornar aplicable al caso la responsabilidad objetiva prevista por el art. 1113 del C. Civil respecto de la demandada por los hechos de sus dependientes.

Frente a este escenario y encontrándose acreditada la dolencia psíquica padecida por la actora, que la dolencia tuvo relación con el maltrato denunciado, corresponde que la demandada responda por resultar titular del pleno poder de organización y dirección de la institución (arts. 1113 Cod.Civil y 64/65 LCT), asimismo debe responder en virtud de no haber garantizado la indemnidad psicológica de la actora, por hechos de sus dependientes, en el caso los superiores jerárquicos de la actora.

La obligación derivada del principio de buena fe exigible al buen empleador que surge de los arts. 62 y 63 de la LCT conlleva la obligación de tomar medidas en resguardo de la integridad de sus dependientes, y en el caso, lejos de observar dicha conducta, la demandada, jamás se expidió acerca del reclamo de categorización laboral efectuado por la actora, y se limitó a negar, sin siquiera detenerse a investigar, las dolencias padecidas por la actora, cuya responsabilidad se le endilgaba.

En consecuencia, adhiero a la solución propuesta por el Dr. Rodriguez Brunengo en el voto que antecede, haciendo lugar a la demanda por reparación integral, fundada en el derecho común, por los montos allí determinados.

Sin embargo, he de disentir parcialmente con lo decidido en torno a la tasa de interés que corresponde aplicar.

Esta cuestión ha sido objeto de debate y decisión por parte de esta Cámara que tengo el honor de integrar, conforme se desprende de las Actas CNAT Nº 2600 y 2601 del 7 y 21 de mayo de 2014, respectivamente.

Tal como lo sostuve al participar del Acuerdo celebrado el día 7 de mayo de 2014, en mi opinión no existen razones fundadas que justifiquen la revisión de lo establecido mediante Acta CNAT Nº 2357. En ese sentido, advertí que las notas de asociaciones de abogados que solicitaban la modificación de la tasa en cuestión eran de septiembre y octubre de 2013, y no tenían en cuenta el incremento de la tasa activa del Banco Nación desde enero de 2014.También dejé constancia que la presentación efectuada ante esta Cámara por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se basaba en el índice de precios al consumidor de enero de 2014, el cual en mi opinión no puede tomarse como referencia para una decisión como la que se pretende adoptar, en tanto se trató de un momento particular influído por las medidas que el gobierno debió adoptar como parte de la política cambiaria.

En todo caso, a partir de febrero de 2014 en adelante ese índice viene descendiendo de manera notoria, lo que en mi opinión deja sin sustento la pretensión de la entidad mencionada.

Sin perjuicio de ello, tal como se desprende de las Actas CNAT Nº 2600 y 2601, por amplia mayoría de los colegas presentes se decidió modificar el Acta Nº 2357 y se optó por adoptar la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses.

Por ello, y dejando a salvo mi opinión en contrario, considero que corresponde modificar la tasa de interés fijada en primera instancia.

Por el contrario, he de apartarme de lo resuelto en el Acta Nº 2601 en lo que se refiere al momento desde el cuál corresponde aplicar la tasa mencionada. En este aspecto debo destacar por un lado la incertidumbre que genera el hecho de que la serie acordada en el acta del 21 de mayo de 2014 no existía con esa denominación con anterioridad a marzo de 2010, por lo que la continuidad o no de dicha serie antes de esa fecha carece en mi opinión de un análisis que la sustente.Pero no puedo tampoco soslayar que según criterio que he sostenido reiteradamente en casos sometidos a mi decisión, he considerado que la tasa activa prevista en el Acta CNAT Nº 2357 resultaba suficiente como interés compensatorio y moratorio, por ser equivalente en forma aproximada al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento de vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiere retenido, a la vez que pone en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento de aquél costo.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en los autos «Banco Sudameris c.Belcam S.A. y otro», y lo dispuesto por el art. 622 C.Civil, propongo entonces disponer que sobre los montos de condena se adicionen los intereses desde que cada suma fue debida y hasta el efectivo pago, aplicando para ello la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos hasta el 31 de mayo de 2014, y a partir del 1º de junio de 2014 en adelante la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses (conf. Acta CNAT Nº 2601).

En todo lo demás que decide y ha sido materia de recurso adhiero por sus fundamentos al voto del Dr. Néstor Rodríguez Brunengo.

En consecuencia de prosperar mi voto, propongo: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma de $399.696 (Pesos Trescientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y seis), la que devengará intereses desde que fue debida y hasta el efectivo pago, aplicando para ello la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos hasta el 31 de mayo de 2014, y a partir del 1º de junio de 2014 en adelante la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses (conf.Acta CNAT Nº 2601). 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada. 3) Regular los honorarios por los trabajos cumplidos en la primera etapa para los profesionales intervinientes en el 16% (actora); 12% (demandada); 6% (perito psicóloga) y 6% (perito contadora) del monto de capital e intereses de condena. 3) Confirmar la sentencia en lo demás que decide y fuera materia de recurso. 4) F ijar los honorarios de los letrados que intervinieron ante este Alzada en el 25% de lo que les fue regulado por su actuación en primera instancia.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS:

Mi participación en estas actuaciones se limita a la diferencia habida entre mis colegas con respecto a los intereses. En tal sentido, adhiero al voto del Dr. Rodríguez Brunengo.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma de $399.696 (trescientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y seis pesos) que devengará intereses conforme lo previsto en el Acta Nº 2601, conforme Resolución de Cámara del 21/5/2014 y lo expuesto en el considerando V. 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada. 3) Regular los honorarios por los trabajos cumplidos en la primera etapa para los profesionales intervinientes en el 16% -dieciséis por ciento- (actora); 12% -doce por ciento- (demandada); 6% -seis por ciento- (perito psicóloga) y 6% -seis por ciento- (perito contadora) del monto de capital e intereses de condena. 4) Confirmar la sentencia en lo demás que decide y fuera materia de recurso. 5) Fijar los honorarios de los letrados que intervinieron ante este Alzada en el 25% (veinticinco por ciento) de lo que les fue regulado por su actuación en primera instancia. 6) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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