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Procede el despido indirecto de abogada registrada como empleada administrativa a la cual le adeudaban salarios parcialmente registrados

CertificadoLaboralPartes: D. A. M. c/ Estudio Levy Guido y Levy Soc. De Hecho y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 22-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-88965-AR | MJJ88965 | MJJ88965

El pago de salarios parcialmente registrados a la abogada, que además estaba incorrectamente registrada como «empleada administrativa» por el estudio jurídico empleador, configura injuria suficiente para denunciar el vínculo (art. 242 LCT).

Sumario:

1.-Corresponde tener por acreditada la injuria vinculada a la percepción de sumas extracontables para justificar el despido indirecto de la actora pues sin perjuicio de la causa o denominación del pago fuera de regitro, lo cierto es que se trataba de una modalidad acreditada de cobro de sumas de dinero que luego no eran consignadas en las remuneraciones que se registraban en los recibos de sueldo, y por lo tanto, no cabe duda de que se trataba de un pago recibido como contraprestación de la tarea que se desempeñaba.

2.-Corresponde tener por acreditado que la actora percibía parte de la remuneración fuera de registro dado que los testimonios fueron rendidos por personas que no sólo han presenciado los hechos sobre los que exponen a través de sus propios sentidos, sino que además, se encontraban insertos en idéntica organización empresaria que la parte actora, afirmaron percibir sus salarios, de la misma manera.

3.-La circunstancia de no haber podido los testigos precisar exactamente el importe que se abonaba por fuera de recibo no impide tener por acreditada tal modalidad de pago, desde que parece lógico que si narraron que veían como los dependientes del sector percibían el pago en mano en una oficina del establecimiento, solo pueden dar cuenta de la existencia de una entrega mensual de dinero más no de su cuantía.

4.-Dado que los testigos declararon en forma coincidente acerca del lugar donde era abonado el pago en negro y quien era la persona encargada de realizarlo, queda despejada la duda sobre la acreditación de tal hecho, máxime siendo que también declararon que esta modalidad se repetía mes a mes; y por lo tanto, cabe admitir que era utilizado como una práctica habitual en el establecimiento accionado.

5.-Corresponde confirmar que la actora se desempeñaba en labores propias de su calidad profesional de abogada, sin perjuicio de haber sido registrada como empleada administrativa pues a través de tal extremo también se puede inferir con mayor grado de certeza, que resulta más que verosímil la percepción de un plus salarial que no era consignado en sus recibos, si se tiene en cuenta que de acuerdo a este extremo, mal podría la actora percibir legítimamente el mismo salario que quien desempeñaba en los hechos la real categoría de administrativa .

6.-Resulta contradictorio la pretendida intimación a retomar tareas dirigida por la demandada a la actora luego de que la misma empleadora diera de baja el contrato de trabajo que unía a las partes, por lo que tal actitud da cuenta de un obrar por parte de la accionada contrario no sólo a la buena fe que debe regir toda vinculación sino además, a sus propios actos, por lo que la misma no pudo surtir efectos.

7.-Corresponde tener por acreditada la negativa de tareas aludida por la actora puesto que la baja del contrato laboral que fue consignada tanto en los registros contables de la demandada como ante el ente recaudador, pues no puede la demandada cuestionar la validez de los mismos desde que se trata de un estudio jurídico empleador.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, 22-8-14 para dictar sentencia en los autos caratulados «D.A.M. C/ ESTUDIO LEVY GUIDO Y LEVY SOC. DE HECHO Y OTROS S/ DESPIDO» se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

I.- Contra la sentencia dictada en primera instancia que admitió la demanda articulada al inicio, se alzan las partes demandadas a tenor del memorial conjunto de fs. 493/496 mereciendo la réplica de su contraria a fs. 499/502.

A fs. 486 la perito contadora cuestiona sus estipendios por estimarlos exiguos.

II.- La queja de la recurrente se dirige a cuestionar la procedencia de la acción objetando puntualmente, que se tuviera por acreditada la percepción de una suma salarial fuera de la consignada en los recibos de sueldo de la actora como así también la invocada negativa de tareas aludida como ocurrida el día 1 de febrero de 2010 y que motivó el despido indirecto en que con posterioridad, se colocó la trabajadora. Cuestiona por último, la imposición de las costas por la acción entablada contra el codemandado D.F.L., respecto de quien la acción fue rechazada.

III.- Desde ya adelanto que por mi intermedio la queja debe ser desestimada.

Digo ello pues, en primer lugar no puede pasarse por alto que el recurso bajo análisis no contiene una crítica fundamentada y razonada de los argumentos traídos por la sentenciante de grado para dar sustento a la decisión a la que arriba y que le causa agravio a la quejosa, dejando de tal modo incumplida la carga procesal a la que alude el art.116 de la LO, y que funciona como un primer impedimento formal para la admisión del recurso incoado.

Por otra parte, no puedo tampoco dejar de señalar que una atenta lectura del memorial bajo análisis permite advertir que la recurrente se limita a expresar su disconformidad con lo resuelto, por la sola circunstancia de haber sido adverso a su pretensión mas lo hace sin repararen los fundamentos que, más allá de la conformidad o disconformidad que le merecen, ha traído la sentenciante para justificar cada una de las decisiones que se han arribado en cada uno de los puntos sometidos a debate a través de la traba de la Litis en el caso.

En efecto, la recurrente señala que, contrariamente con lo que se tuvo por cierto en la instancia «a quo», en cuanto a la percepción de una suma salarial fuera de los importes consignados en el recibo de sueldo, los elementos probatorios analizados por la Dra Temis para así decidir carecen -según su parecer- de la debida convicción que debe arrojar la prueba que se intenta con el fin de demostrar este tipo de hechos, prueba que, según sus aseveraciones, debe ser asertiva, contundente y formar certeza absoluta en el juzgador.

Al respecto y sin perjuicio de señalar que coincido con el criterio de la sentenciante que me precedió en cuanto afirma que a fin de acreditar este tipo de hechos no existe norma legal alguna que establezca que la prueba a producirse deba arrojar mayor convicción que la requerida para acreditar cualquier otro hecho controvertido, lo cierto y relevante es que aún soslayando esa circunstancia puntual, los elementos analizados por la juzgadora me persuaden en el mismo sentido, acerca de la convicción de tener por demostrado el hecho alegado como una de las injurias que finalmente determinó el despido indirecto en que se colocó la trabajadora.

Ello, pues más allá del parecer que le merezca a la parte demandada la evaluación que, de los dichos de los testigos A.S. y D. efectuó la Sra.Juez «a quo», resulta innegable que un análisis formulado en los términos de lo dispuesto por los arts. 90 LO y 386 CPCC, arroja como resultado la convicción que motivó la decisión que ahora suscita el agravio de la quejosa.

En ambos casos se trata de testimonios rendidos por personas que no sólo han presenciado los hechos sobre los que exponen a través de sus propios sentidos, sino que además, se encontraban insertos en idéntica organización empresaria que la parte actora y afirmaron percibir sus salarios, de la misma manera que D., indicando que el sueldo les era abonado en forma desdoblada, es decir, una parte mediante la correspondiente consignación y suscripción del recibo de sueldo y a través del sistema de depósito en cuenta bancaria, mientras que otra porción salarial se entregaba en persona y en mano en el establecimiento donde prestaban sus servicios.

La sola circunstancia de no haber podido precisar exactamente el importe que se abonaba por «fuera de recibo» no empece a formar la convicción que requiere este tipo de pruebas para acreditar un extremo como el aludido, desde que parece lógico que -si narraron que veían como todos los dependientes del sector percibían el pago «en mano», por ir ingresando de a uno a recibir el pago y por cuanto el lugar de pago era «vidriado»- solo pueden dar cuenta de la existencia de una entrega mensual de dinero más no de su cuantía, sin que ello permita descalificar el valor de sus dichos.

Por otra parte, también resulta un hecho relevante que resulta coincidente el relato de los testigos con las afirmaciones de la actora, en cuanto al lugar donde era abonado el pago «en mano» y quien era la persona encargada de realizarlo, por lo que todos resultan contestes en los detalles y en las circunstancias de tiempo, modo y lugar despejando así toda duda sobre la acreditación del hecho alegado que además, se repetía mes a mes y era utilizado como una práctica habitual en el establecimientoaccionado, de la cual también participaban los deponentes por ser el mecanismo de pago normal del lugar.

Tampoco enerva su fuerza convictica la circunstancia de que el testigo Davidovich denominara ese pago de dinero como la percepción de un «bonus mensual», puesto que más allá de la denominación que pretendan darle las partes, lo cierto es que se trataba de una modalidad acreditada de cobro de sumas de dinero que luego no eran consignadas en las remuneraciones que se registraban en los recibos de sueldo, y por lo tanto, no cabe duda que sea cual fuera la causa o denominación, se trataba de un pago recibido como contraprestación de la tarea que se desempeñaba.

En mérito a estas consideraciones, considero que los agravios de la recurrente no logran enervar la sólida conclusión a la que se ha arribado en la sede de grado, extremo que resultaría suficiente para sellar la suerte adversa del reclamo en este aspecto.No obstante y a fin de dar acabada respuesta a las formulaciones vertidas en la queja, advierto que también se omite en el recurso, tener en cuenta las restantes argumentaciones traídas por la sentenciante de primera instancia para reforzar -aún más- esta convicción que arrojan los testimonios antes referidos.

En efecto, y tal como arriba firme a esta instancia por no haber sido materia de objeción de la demandada, la actora se desempeñaba en labores propias de su calidad profesional de abogada, sin perjuicio de haber sido registrada como «empleada administrativa», extremo que permite inferir, con mayor grado de certeza, que resulta más que verosímil la postulación del inicio vinculada con la percepción de un «plus salarial» que no era consignado en sus recibos, si se tiene en cuenta que de acuerdo a este extremo no refutado en autos, mal podría la actora percibir legítimamente el mismo salario que quien desempeñaba en los hechos la real categoría de «administrativa», todo lo cual ha sido objeto de mención en el fallo recurrido sin que se verifique ningún cuestionamiento a su respecto en el memorial que se examina.

Todo lo expuesto y la falta de contundencia de los agravios vertidos en el recurso bajo análisis, me llevan a concluir -conforme lo anticipé- en la inidoneidad de la queja para lograr la revisión de la decisión en cuanto consideró acreditada la injuria vinculada a la percepción de sumas extracontables para justificar el despido indirecto de D.que dio lugar al progreso de esta acción judicial.

Idéntica consideración merece a mi juicio, el agravio dirigido a cuestionar la decisión de primera instancia en cuanto tuvo por acreditada la negativa de tareas aludida.

Y lo entiendo de este modo pues, más allá de señalar que -conforme es sabido- cuando se invocan varias injurias para dar sustento a la rescisión justificada del vínculo laboral, es suficiente con

que sea demostrada alguna de ellas para que la decisión rupturista se repute válida, tal como ha ocurrido en el caso de marras, por haber sido acreditado el pago de sumas fuera de registración, lo cierto es que también coincido con la valoración otorgada por la juzgadora de grado a las circunstancias que ha merituado para resolver la cuestión vinculada con el modo de extinción de la relación laboral.

Repárese en que, más allá de la negativa de tareas a la que aludió la parte actora del día 1 de febrero de 2010, no puede soslayarse que tal como fue demostrado en autos, la primera intimación a retomar tareas bajo apercibimiento del art. 244 de la LCT, que cursó la empleadora, tuvo lugar el día 2 de febrero de 2010 y en ocasión de responder el emplazamiento cursado por D.

En dicha oportunidad, la patronal la intimaba a justificar inasistencias de los días 1 y 2 de febrero de 2010.Sin embargo, también ha sido acreditado que un día antes, esto es el 1/02/2010, la empleadora había dado la baja del contrato de trabajo que la ligaba con la aquí actora (conforme no sólo lo informado ante AFIP sino también lo consignado en los registros contables de su parte), extremo que resulta contradictorio con la pretendida intimación a retomar tareas dirigida un día después.

Esta circunstancia -reitero- aún sin tener en cuenta la falta de prueba de la negativa de tareas a la que aludió la trabajadora, da cuenta de un obrar por parte de la accionada, contrario no sólo a la buena fe que debe regir toda vinculación – como lo expresara con acierto la «a quo»- sino además, a sus propios actos, pues no se comprende cuál sería la razón que justificaría cursar una intimación a retomar tareas bajo aperci bimiento de considerarla incursa en abandono de trabajo, cuando había registrado la baja de contrato el día anterior a cursar el emplazamiento.

Y la invocada «baja» del contrato laboral se consignó no sólo en los registros contables del estudio jurídico empleador, sino que fue también denunciada ante la AFIP, sin que resulten atendibles al respecto las defensas ahora ensayadas respecto de la validez de los datos que allí se consignaran, máxime si se repara en que se trata nada menos que de un estudio jurídico que mal puede invocar – válidamente- como lo hace en su memorial recursivo, que tales constancias no pueden resultar determinantes para un supuesto como el que aquí nos convoca.

En mérito a lo expuesto y, lo reitero, sin entrar al análisis de la cuestión vinculada con la invocada negativa de tareas del día 1 de febrero de 2010 toda vez que resulta innecesario por haberse demostrado otra de las injurias que sirvió de sustento al despido indirecto decidido, no cabe sino desestimar este segmento de la queja por carecer de todo asidero tanto fáctico como jurídico y por lo tanto, por resultarineficaz para variar la suerte del pleito tal como arriba resuelto de la instancia «a quo».

IV.- Resta analizar la queja dirigida a cuestionar el modo en que se distribuyeron las costas por la acción entablada contra el coaccionado D.F.L., respecto del cual la acción ha sido rechazada.

A su respecto advierto que más allá de lo dispuesto por el principio rector en la materia, plasmado en el art. 68 del CPCC, es criterio reiterado y uniforme de la totalidad de las salas que integran este fuero, que la fijación de las costas no puede ser efectuada de acuerdo a un parámetro estrictamente aritmético, sino que su fijación debe adecuarse a las circunstancias que motivan la decisión que las determina y en el caso concreto, advierto que la actora bien pudo considerarse asistida de mejor derecho para accionar contra el codemandado mencionado del modo en que lo hizo, toda vez que de conformidad con los extremos acreditados en la contienda existían razones fundadas que pudieron inducir a su parte a considerar que el mencionado coaccionado integraba la sociedad de hecho que en definitiva resulta responsable y condenada en autos.

En consecuencia, y toda vez que considero que se verifica en este caso el mérito al que alude la norma para eximir a quien resulta vencido -aunque de modo parcial- de las costas derivadas de la acción tramitada para arribar a la verdad jurídica objetiva que se decide mediante la sentencia, que sugiero confirmar la decisión recurrida también en cuanto a este aspecto refiere. Así lo voto.

V.- De conformidad con el mérito, calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes en autos, y analizado todo ello a la luz de las pautas arancelarias vigentes, estimo que los emolumentos que han sido fijados en el decisorio de grado, lucen equitativos y suficientemente remunerativos por lo que habré de propiciar su confirmación (Arts.38 LO y ley arancelaria).

VI.- De acuerdo al modo en que se resuelve la cuestión ante esta Alzada y en virtud de lo dispuesto por el art. 68 del CPCC, sugiero imponer las costas de este tramo del proceso a cargo de la parte demandada que resulta vencida en su totalidad.

A tales fines y atendiendo al mérito, calidad y extensión de los trabajos realizados, sugiero regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada por su actuación en este tramo del proceso, en el 25% para cada una de ellas que se calcularán sobre lo que les corresponda percibir por su intervención en el tramo procesal anterior (art. 38 LO y 14 Ley de arancel).

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach no vota (art. 125 de la LO).

A mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el pronunciamiento apelado en todo cuanto decide y ha sido materia de recurso y agravios; 2) Costas de la Alzada a cargo de la demandada vencida; 3) Regúlanse los honorarios de la representación y patrocino letrado de las partes actora y demandada por su intervención en esta instancia en el 25% para cada una de ellas que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en la sede de origen.

Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente devuélvase.-

Dr. Roberto C. Pompa

Juez de Cámara

Dr. Alvaro E. Balestrini

Juez de Cámara

Ante Mi

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