fbpx

Actriz debe indemnizar a un juez por daño moral

DemandaPartes: Noro Villagra Jorge Luis Marcelo Santiago c/ Del Boca Andrea s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 3-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-89038-AR | MJJ89038 | MJJ89038

El monto del daño moral debe incrementarse pues la demandada, al atribuir al actor comisión de delitos en ejercicio de su cargo de juez, afectó su honor y constituyó un actuar calumnioso al no compadecerse con la realidad.

Sumario:

1.-Corresponde incrementar el monto del rubro daño moral toda vez que del análisis del expediente cabe inferir que la conducta de la accionada no se compadece ni siquiera mínimamente con la que cualquier ciudadano debe mantener, no solo frente a un magistrado sino, en su trato cotidiano con la comunidad (del voto del Dr. Oscar Ameal al que adhiere el Dr. Claudio Ramor Feijóo – mayoría).

2.-El monto determinado por el rubro daño moral debe incrementarse pues el honor del accionante resultó incuestionablemente afectado por la conducta lesiva de la demandada que le atribuyó a aquel la comisión de delitos en el ejercicio de su cargo, lo que puede calificarse como un actuar calumnioso al no compadecerse con la verdad de lo acontecido (del voto del Dr. Oscar Ameal al que adhiere el Dr. Claudio Ramor Feijóo – mayoría).

3.-La crítica a las decisiones judiciales, como así también al desempeño del juez, debe ser ejercida con libertad, basada en argumentos firmes, veraces, pudiendo llegar a ser vehementes, pero manteniendo un mínimo de mesura y razonabilidad, y dado que no se advierte en el análisis de la conducta de la demandada, corresponde incrementar el monto del rubro daño moral (del voto del Dr. Oscar Ameal al que adhiere el Dr. Claudio Ramor Feijóo – mayoría).

4.-Corresponde admitir que ha habido un inadecuado o irregular ejercicio de los derechos constitucionales invocados por la demandada, -de crítica y de peticionar a las autoridades-, con afrenta al honor del actor pues las faltas que se imputaron en la denuncia ante el Consejo de la Magistratura incluyen entre otras la comisión de delitos penales tales como el cohecho y el abandono de persona, y tales circunstancias fueron descartadas por el citado órgano en la resolución que rechazó las infundadas denuncias.

5.-El honor del actor se vio afectado a raíz de las declaraciones de la demandada pues no se trata de considerar inadecuados los términos de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura sino que se trata de que en la denuncia se invocaron hechos graves, se imputaron delitos de acción pública y ninguno de los extremos fundante de esas imputaciones fueron mínimamente probados; en consecuencia, no se reprocha un exceso del lenguaje sino la formulación de acusaciones que de por sí afectan la honra de una persona.

6.-En materia de libertad de expresión, la utilización del modo potencial no exime de responsabilidad a la demandada pues el recaudo en cuestión no consiste solamente en el uso de un determinado modo verbal sino en el sentido completo del discurso, que debe ser conjetural y no asertivo; máxime siendo que si así no fuera, bastaría con el mecánico empleo del casi mágico sería o habría para poder atribuir a alguien cualquier cosa, aun la peor, sin tener que responder por ello.

7.-Corresponde tener por acreditada la existencia del daño moral pues frente a la actuación culposa de la demandada que no sólo formuló, sino que además difundió por varios medios de comunicación graves denuncias y acusaciones contra el actor que resultaron falsas, pues el detrimento de índole espiritual debe tenerse por configurado por la sola producción del episodio dañoso, cuando como en el caso, cabe presumirlo por la índole de los hechos.

8.-No resulta de aplicación al caso el art. 52 bis , -daño punitivo-, de la Ley 24.240 pues sea cual fuera el alcance que al texto se le asigne, lo cierto es que resulta totalmente ajeno al ámbito de la responsabilidad extracontractual de las injurias cometidas por la prensa en razón en violación del honor de una persona ya que se trata de una norma que rige las relaciones entre proveedores y consumidores y en todo caso situaciones conexas.

9.-Corresponde confirmar el rechazo de la pretensión del actor de publicar la sentencia mediante una emisión televisiva toda vez que resulta obvio que ninguna publicación, salvo alguna que se extendiera a todos los diarios o a todos los canales de televisión, permitirá abarcar el universo de personas entre las que interesa al actor difundir esta suerte de retractación forzada.

10.-La desestimación de la excepción de prescripción debe confirmarse habida cuenta que la notificación de la audiencia de mediación privada, -momento desde el cual se habría suspendido la mediación-, no había sido desconocido por la demandada, quien no contestó en tiempo propio el traslado de la documentación.

11.-La excepción de prescripción debe desestimarse pues si la demandada concurrió a una audiencia de mediación celebrada antes de transcurrido el plazo de prescripción bianual previsto por el art. 4037 del Cciv. es porque estaba notificada también con anterioridad a esa fecha; lo contario importaría tanto como suponer que la demandada concurrió a una audiencia a la que no fue citada o que se hizo presente pese a que la notificación se le cursó después.

12.-El cambio de letrado es absolutamente irrelevante para la suspensión del plazo de contestación del traslado de la documentación, a poco que se advierta que aun cuando los nuevos letrados no contaran con poder, nada impedía que la demandada contestara en término el traslado por derecho propio, tal como de hecho se presentó con posterioridad.

13.-Los distintos programas televisivos en los que la demandada habría hecho declaraciones que motivan el reclamo resultan válidos, dado que aun adoleciendo de defectos, éstos se corresponden con la realidad, es decir, que demuestran que la demandada concurrió a los programas en cuestión e hizo las declaraciones en las que se basa el reclamo; máxime siendo que la demandada actúo en forma sincera en defensa de los derechos de su hija y, seguramente los programas periodísticos aprovecharon tal situación.

14.-En ejercicio de la facultad que le otorga al juez el art. 378 del CPCCN., y siendo que las grabaciones, películas, etc. requieren ser vistas, corresponde confirmar que la forma que mejor atiende el derecho de defensa de las partes parece ser la audiencia porque de ese modo se garantiza que todos los intervinientes -partes y juez- hayan visto el mismo material fílmico.

Fallo:

ACUERDO N° En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 3 días del mes de septiembre del año dos mil catorce, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «I» de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: «Noro Villagra Jorge Luis Marcelo Santiago c/ Del Boca Andrea s/ daños y perjuicios», respecto de la sentencia corriente a fs.875/910, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres.CASTRO, AMEAL Y RAMOS FEIJÓO.

Sobre la cuestión propuesta la DRA. CASTRO dijo:

I. La sentencia de fs. 875/910 rechazó la defensa de prescripción deducida por la demandada, con costas. En cambio, admitió parcialmente la demanda interpuesta por Jorge Luis Marcelo Santiago Noro Villagra, por lo que condenó a Andrea del Boca a pagarle a aquél la suma de $112.987, con más sus intereses y las costas. Igualmente, impuso a la nombrada la obligación de difundir a su costa la parte dispositiva de la sentencia en matutino de amplia difusión pero rechazó en cambio la pretensión de hacer lo propio en las emisoras televisivas. Finalmente, impuso a las partes la obligación de abstenerse de difundir cualquier circunstancia vinculada a los expedientes de familia de los que hubieran tomado conocimiento con motivo de esta causa. Apelaron ambas partes; la actora expresó agravios a fs. 970/981, los que no fueron contestados; la demandada lo hizo a fs. 983/1003, contestados a fs. 1005/1014.

II. Tal como lo reseñó la Sra.Juez de la anterior instancia, el actor reclamó en autos el resarcimiento de los daños y perjuicios -daño moral- que dijo haber sufrido con motivo de las injurias vertidas en procesos civiles, penales, y en distintos medios de comunicación social que el actor considera lesivos a su honor en razón de las expresiones injuriosas allí efectuadas vinculadas a su actuación como juez civil interviniente en los diversos procesos surgidos de la conflictiva relación familiar de la demandada con el padre de su hija.

La decisión recurrida desestimó en primer término la excepción de prescripción y ello es materia del primer agravio de la demandada que a mi juicio debe desestimarse. En efecto, la Sra. Juez de la anterior instancia entendió que el documento que daba cuenta de la notificación de la audiencia de mediación privada -momento desde el cual se habría suspendido la mediación- no había sido desconocido por la demandada, quien no contestó en tiempo propio el traslado de la documentación conferido a fs. 293. A ello sumó que la demandada excepcionante concurrió a la audiencia de mediación celebrada el 26 de abril de 2006, antes de transcurrido el plazo de prescripción bianual que por tanto fue suspendido. Las quejas de la vencida se centran en que la notificación a la audiencia no pueda tenerse por acreditada con la copia simple que agregó el actor, sin que su silencio al respecto pueda haber modificado la solución en razón de que ello ocurrió «en circunstancias en que la actora se desvinculaba de su anterior abogado (ver cédula de fs. 313), que motivó la presentación de fs. 311 en razón de que el poder presentado a fs. 316 aún no había sido entregado por la Escribanía» (sic., fs. 984vta.). Como adelanté la decisión en este punto debe ser confirmada. Es evidente en primer lugar que si la demandada concurrió a una audiencia de mediación celebrada antes de transcurrido el plazo de prescripción bianual previsto por el art.4037 del Código Civil -cuya aplicación como se indica en la sentencia recurrida las partes no discuten- es porque estaba notificada también con anterioridad a esa fecha. Lo contario importaría tanto como suponer que Del Boca concurrió a una audiencia a la que no fue citada o que se hizo presente pese a que la notificación se le cursó después.

Ninguna de las dos conclusiones por absurdas resulta admisible, lo que sella la suerte del recurso. Por lo demás, cabe señalar que las consecuencias de la falta de contestación del traslado de la documentación que se indican en la sentencia recurrida no son producto sino de la aplicación de la expresa previsión legal sobre el punto (art. 356 inc. 1º y 358 del Código Procesal). Finalmente, el cambio de letrado es absolutamente irrelevante para la suspensión del plazo de contestación del traslado, a poco que se advierta que aun cuando los nuevos letrados no contaran con el poder, nada impedía que la demandada contestara en término el traslado por derecho propio, tal como de hecho se presentó con posterioridad (cfr. fs. 319),

III. Ya entrando a considerar el fondo del asunto, la sentencia consideró que la prueba documental, consistente en las grabaciones de los distintos programas televisivos en los que la demandada habría hecho declaraciones que motivan el reclamo, eran válidos. Ello en razón de que pese a la negativa original, en el alegato sostuvo que las manifestaciones que esas copias ilustran demuestran que los términos de las declaraciones periodísticas son sustancialmente análogos a los de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura y que además, la demandada fue declarada negligente en la producción de la prueba que ofreció para demostrar su adulteración. Ello es materia del primero de los agravios de la demandada referidos a la atribución de responsabilidad (cfr. fs. 986).

Los argumentos en que se sustenta esta queja no resultan a mi juicio atendibles.En efecto y más allá de que «la prueba incorporada a este proceso adolece de defectos, adolece de toda garantía sobre su grabación, no sabemos quien lo filmó o grabó, en que aparato, lugar y fecha» (sic., fs. 986vta.). Es evidente que estas circunstancias son absolutamente irrelevantes a los fines que aquí interesan. En efecto, no se trata de saber si el documento -filmación o grabación- del programa fue hecho por determinada persona, en determinado lugar, fecha y aparato, sino si éstos se corresponden con la realidad, es decir si la demandada concurrió a los programas en cuestión e hizo las declaraciones en las que se basa el reclamo. Y la conclusión afirmativa al respecto se impone de la lectura del alegato tal como lo indica la magistrada de la anterior instancia. En este sentido, no sólo se afirma en ese escrito que las declaraciones periodísticas «guardan la misma relación que el contenido de la denuncia formulada en el expte. 161/04 del Consejo de la Magistratura» (sic., fs. 866). Además se afirmó que la demandada «actúo en forma sincera en defensa de los derechos de su hija y, seguramente los programas periodísticos de referencia aprovecharon la situación y ‘metían púa’. con un fin comercial de aumentar su rating o audiencia, que nada tienen ni tenían que ver con la finalidad loable que perseguía Andrea Del Boca de defender la salud e integridad de su hija. En su lugar, íntimamente quienes sentimos el rol de padres hubiéramos desplegado cualquier esfuerzo en defensa de nuestros hijos, conducta natural y social que resulta irreprochable» (sic., fs. 866 y vta.). Si del párrafo transcripto algo puede colegirse es que la accionada ha admitido haber formulado las declaraciones cuestionadas, bien que según invoca inducida por los periodistas que la entrevistaban y en defensa de su hija.

Resultan a mi juicio llamativas las críticas que se formulan en cuanto a la exhibición en audiencia con las partes de las grabaciones en cuestión. Es sabido que las grabaciones, películas, etc.requieren ser vistas; la forma que mejor atiende el derecho de defensa de las partes parece ser la audiencia porque de ese modo se garantiza que todos los intervinientes -partes y juez- hayan visto el mismo material fílmico. Es por ello que en ejercicio de la facultad que le otorga al juez el art. 378 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no merece ningún reparo que sea el magistrado quien decida que el modo más conveniente para diligenciar la observación de esta particular prueba documental sea la audiencia. Por lo demás y más allá de las impropias comparaciones que el apelante formula con el proceso penal, lo cierto es que constituye una facultad expresamente reconocida por el ordenamiento procesal civil la de «disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito» (art. 36 inc. 4) a) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Mal puede verse en ello -como ligeramente se afirma en las quejas- una violación a la «Garantía Fundamental prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional» (sic., fs. 987vta.).

Seguidamente la demandada se queja del modo en que la magistrada estudió su conducta. Señala en primer término que existe una contradicción pues por un lado la Sra. Juez a quo indica que se encuentre inhibida de adentrarse en cualquier consideración respecto a la conducta del entonces magistrado actor en razón de que ésta fue juzgada por el órgano al que constitucionalmente le corresponde -el Consejo de la Magistratura-, que los expedientes civiles no serán objeto de «especial meritación». La transcripción de la decisión en este punto es parcial, pues la apelante oculta que lo que la magistrada afirmó es que esas causas «no serán objeto de especial meritación respecto de la labor del magistrado» (ver fs.892vta.), lo que obviamente no obsta a que se considere con posterioridad la conducta no ya del ex juez actor -única que ha sido valorada por el Consejo- sino de la denunciante aquí demandada. Es por eso que no existe ninguna violación del principio de congruencia cuando -según los dichos de la apelante- la sentencia «hace un análisis de la conducta de la demandada, analizada en forma parcial». (cfr. fs. 989).

Sostiene la apelante que la denuncia importó el ejercicio de su «derecho constitucional de peticionar y que ese derecho se vincula con otro principio que aquí se pone en riesgo que es el principio republicano, con lo cual el hecho de que se practique una denuncia contra un funcionario y se relace una crítica aun ácida no constituye un hecho generador de responsabilidad civil». Ha recordado esta Sala en su anterior composición (expte. 50.467/2004, sentencia del 22 de noviembre de 2007) con cita de un precedente de la Sala «G» de esta Cámara (ver E.D. 218-201) que «es indiscutible el derecho de los litigantes de efectuar, como lo hacen habitualmente, toda clase de denuncias cuando adviertan una conducta o desempeño irregular en los magistrados o funcionarios a cuyo cargo se encuentra la decisión de las causas judiciales de su competencia. También lo es el derecho de dichos magistrados y funcionarios a preservar su honor y dignidad, tanto personal como profesional. Respecto del primer aspecto el citado fallo indica con criterio que comparto que toda denuncia debe encontrarse debidamente fundada, e ir acompañada de elementos demostrativos de la seriedad del planteo. De lo contrario, bien pueden convertirse en meros recursos dilatorios o medios espurios para obtener el apartamiento de determinados magistrados del conocimiento de las actuaciones, fuera de la oportunidad procesal correspondiente y sin razón que lo autorice; al mismo tiempo, se convierten en una verdadera extorsión ‘a futuro’, para los nuevos jueces a quienes eventualmente se atribuya el trámite del proceso.La licitud del pedido entonces -aun cuando constituya una garantía de carácter constitucional- reside en la naturaleza de la denuncia y en la imputación de hechos graves, sin fundamento fáctico o jurídico (conf. CNCiv., sala G, en ED, 137-203, consids. 1° a 4° del voto del Dr. Burnichón, y sus citas). La situación -puede decirse- es similar a la que se presenta respecto de las denuncias penales contra magistrados, también desestimadas. Dijo al respecto la C.S.J.N. en el precedente registrado en Fallos 327:183 que no obstante que las críticas al ejercicio de la función pública no pueden ser sancionadas aun cuando estén concebidas en términos cáusticos, vehementes, hirientes, excesivamente duros e irritantes, criterio que responde al prioritario valor constitucional que busca resguardar el más amplio debate respecto de las cuestiones que involucran a personalidades públicas o materias de interés público, como garantía esencial del sistema republicano. Pero destacó paralelamente que no resulta admisible la conducta de quien por su profesión y experiencia ha obrado excediendo el marco propio del ejercicio regular de los derechos de petición y crítica. Por tanto y aun cuando es exigible a los magistrados el temple al que antes me referí, no puede exigírseles que soporten estoicamente cualquier afrenta a su honor».

La cuestión entonces reside en saber si ha habido un inadecuado o irregular ejercicio de los derechos constitucionales que invoca el apelante -de crítica y de peticionar a las autoridades- con afrenta al honor del actor. En el primer aspecto, la sentencia es suficientemente demostrativa de que ese desborde ha ocurrido. Las críticas que sobre ensaya el apelante no se adecuan a los términos de la decisión. Así sostiene que «en ningún párrafo se realiza una consideración en particular ni un análisis de alguna frase o afirmación de la demandada que pudiera resultar lesiva» (fs.989 y vta.). Si se tiene en cuenta la naturaleza de las faltas que se imputaban en la denuncia ante el Consejo que expresamente se transcribe en la decisión (cfr. fs. 891vta./892), que incluían entre otras la comisión de delitos penales tales como el cohecho y el abandono de persona, circunstancia que fueron descartadas por el citado órgano en la resolución que rechazó las infundadas denuncias, fácil resulta concluir en la inconsistencia del agravio en estudio. Y si como la propia demandada apelante dijo, sus declaraciones periodísticas «guardan la misma relación que el contenido de la denuncia formulada en el expte. 161/04 del Consejo de la Magistratura, motivo por el cual corresponde remitirme a las mismas consideraciones y alegaciones. » (cfr. alegato de la demandada, cfr. fs. 866).

No se trata, por otra parte, de considerar inadecuados los términos de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura como lo afirma el apelante (cfr. fs. 990). Se trata de que en la denuncia se invocaron hechos graves, se imputaron delitos de acción pública y ninguno de los extremos fundante de esas imputaciones fueron mínimamente probados. En esos términos no es motivo de reproche un exceso del lenguaje sino la formulación de acusaciones graves que de por sí afectan la honra de una persona, sin ningún fundamento y pretendido utilizar con fines extraños a los que constitucionalmente le corresponden al órgano de gobierno del Poder Judicial de la Nación tal como lo sostuvo el Plenario del Consejo y lo recuerda la sentencia apelada (cfr. fs. 892vta., párrafo resaltado). Así, la demandada imputó al actor la comisión de seis delitos concretos (cfr. denuncia ante el Consejo de la Magistratura); y más allá de la fortuita y ocasional utilización del tempo verbal potencial, lo cierto es que a como puede leerse en ese escrito afirmó concretamente que el aquí actor había incurrido en conductas delictuales.Basta para así concluir la lectura de esa presentación en la que afirma -a título de ejemplo- que «el prevenido demostró ampliamente conducta que califica en dichos tipos penales» (cfr. fs. 18); «el magistrado. sostuvo un comportamiento ilegal» (cfr. fs. 19); «o sea que si esa conducta no constituyera . una clara demostración del dolo en su máxima expresión.» (cfr. fs. 19); le atribuyó «comportamiento irregular» (cfr. fs. 19); «configuró el comportamiento del encartado una clara demostración de retardo y de obstrucción de la justicia.» (cfr. fs. 19); «existió falta de diligencia y conducta omisiva dolosa en el juez» (cfr. fs. 20); «la notificación no sólo fue injustificada, e ilegal a la luz del ritual sino que además obedeció a un comportamiento malicioso» (sic., fs. 21); «Los delitos que se enumeran a continuación, no surgen totalmente verificados como los mencionados anteriormente.,.» (sic., fs. 22), entre muchísimas otras menciones. Todas ellas demuestran que no se utilizó un modo verbal potencial -m a tal extremo parece referirse la apelante cuando habla de «la utilización del verbo ‘HABRIA’» (sic., fs. 990, énfasis del original). En este sentido debe recordarse que como lo ha dicho nuestra C.S.J.N. en materia de libertad de expresión la utilización del modo potencial no eximiría de responsabilidad a la demandada pues el recaudo en cuestión no consiste solamente en el uso de un determinado modo verbal sino en el sentido completo del discurso, que debe ser conjetural y no asertivo. Si así no fuera, bastaría con el mecánico empleo del casi mágico «sería»[en nuestro caso, «habría»] para poder atribuir a alguien cualquier cosa, aun la peor, sin tener que responder por ello (Fallos 326:145causa B.961.XXXV.»Burlando, Fernando Andrés c/ Diario El Sol de Quilmes» , sentencia del 18 de febrero de 2003).

La apelante pretende confundir su actuación que como señalé precedentemente importó la atribución sin sustento de varios delitos del derecho penal con el derecho de crítica, extremo que basa en que según la decisión del Consejo de la Magistratura, las decisiones del magistrado resultan opinables. Ese carácter de opinables priva de todo sustento a la pretensión de atribuirle a la misma actuación opinable el carácter de delito. No creo que hagan falta demasiados desarrollos para concluir en que la crítica no guarda ninguna analogía con la imputación de delitos penales.

No desconozco la situación por la que atravesó la demandada en el conflicto con el padre de su hija, de una entidad similar a muchas de las que se someten a diario a conocimiento de los tribunales de familia. Pero parece evidente que ello no autoriza a insultar y proferir falsas imputaciones contra el juez que interviene en ese conflicto, mucho más cuando como en el caso se cuenta con asistencia letrada que sin dudas debió contribuir a encauzar el conflicto parental en términos adecuados.

La aquí demandada insiste en su expresión de agravios en cuestionar la actuación del magistrado y de la defensora de menores que en su oportunidad intervino. La cuestión -obvio es decirlo- es absolutamente ajena al ámbito de la presente causa, del mismo modo que como lo señaló el Consejo de la Magistratura , la Comisión de Acusación fue una instancia inapropiada en la que las partes en conflicto han intentado dirimir sus diferencias.

IV. Sostiene la apelante que en el caso no se ha demostrado la existencia del daño moral que se invoca. Señala que la magistrada se limitó a citar declaraciones testificales que darían cuenta de «un estado de angustia, de preocupación o de estado de ánimo» (sic., fs.1001). Por ello solicita el rechazo de la indemnización o la reducción de su monto.

Más allá de que los extremos a los que alude la propia apelante resultarían suficientes para tener por acreditada la existencia del daño moral lo cierto es que como se indica en la decisión recurrida, frente a la actuación culposa de la demandada que no sólo formuló sino que además difundió por varios medios de comunicación graves denuncias y acusaciones contra el actor que resultaron falsas, debe considerarse suficientemente acreditado el daño moral. Tal temperamento no es más que la aplicación de la doctrina receptada por nuestra C.S.J.N. en la materia de acuerdo a la cual el detrimento de índole espiritual debe tenerse por configurado por la sola producción del episodio dañoso, cuando como en el caso cabe presumirlo por la índole de los hechos (Fallos 334:1821 entre muchísimos otros). Es así que ese Tribunal ha sostenido que el reclamo de indemnización del daño moral no necesita prueba directa en casos de delitos contra el honor, ya que se infiere a partir de la calidad objetiva de la ofensa en correlación con las circunstancias particulares de la víctima (Fallo s 327:183).

V. El monto de la indemnización es materia de las quejas de Noro Villagra que -adelanto- propondré rechazar. Al votar en la causa seguida por el aquí actor contra Di Biasi (Expte. nº 111.633/2006) sostuve que no entendía necesario abundar sobre la naturaleza resarcitoria y no punitiva del daño moral que reiteradamente ha sido sostenida por esta Sala. Sin embargo, en este caso como en el proceso que el actor inició contra Rial (Expte n° 111.629/2006) frente a los términos de las quejas del actor debo detenerme sobre este punto y sobre el pedido de daños punitivos.Habré de reiterar a continuación lo que expuse al votar en ese último expediente.

En primer lugar, me parece claro que la modificación introducida por la primera de las disposiciones recién citadas a la ley 24240 no puede servir de fundamento a las quejas como se pretende. En efecto, dispone su art. 25 la incorporación como artículo 52 bis de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente texto: «Artículo 52 bis: Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley.» Sea cual fuera el alcance que al presente texto se le asigne, lo cierto es que resulta totalmente ajeno al ámbito de la responsabilidad extracontractual de las injurias cometidas por la prensa en razón en violación del honor de una persona; se trata de una norma que rige las relaciones entre proveedores y consumidores y en todo caso situaciones conexas.

No creo pertinente ingresar en el estudio de este tipo de daños en general, las ventajas de su eventual implementación fuera del ámbito de la protección del consumidor y sus antecedentes en el derecho comparado. Me remito para ello al trabajo de Fernando Racimo («En el intervalo: un estudio acerca de la eventual traslación de los daños punitivos al sistema normativo argentino», publicado en Revista Jurídica, Universidad de Palermo año 6, nº 1, octubre de 2005).

Sin embargo, debo recordar que como lo he sostenido anteriormente («Libertad de prensa.Real malicia y daños punitivos», publicado en la Revista Jurídica, UCES, Nº 6, primavera de 2002, pág. 151 y sgtes.) los daños punitivos resultan particularmente inadecuados frente a los casos de libelo; como lo dijo el juez Marshall en su voto en la célebre causa «Rosenbloom vs. Metromedia», la discrecionalidad a la hora de fijar daños punitivos contribuye al problema de la autocensura y, además, favorece que se penalicen severamente las ideas heterodoxas e impopulares; la amenaza que constituyen para la libertad de prensa llevó a proponer su exclusión en supuestos en que se ventile la responsabilidad de los medios de prensa, lo que redundará en una reducción de la autocensura.

Entonces como lo ha recordado esta Sala en innumerables oportunidades (exptes. nº 76.476, 82.151, 84.602, entre otros) de conformidad con la interpretación de la C.S.J.N. (Fallos 330: 563; 332: 2159; 329: 4944) cabe reiterar el carácter resarcitorio del daño moral, que busca, en definitiva, contribuir a compensar la conmoción íntima que el padecimiento genera mediante el alivio que puede importar la suma que se otorga (expedientes nº 79.269, 80.105, etc.). Por no ser susceptible de apreciación económica, sólo debe buscarse una relativa satisfacción del agraviado, proporcionándole una suma de dinero que no deje indemne el agravio, pero sin que ello represente un lucro que pueda desvirtuar la finalidad de la reparación pretendida (Fallos 323:1779).

He sostenido al votar en la causa seguida por el actor contra Di Biasi, que «la Suprema Corte de los Estados Unidos en la causa ‘New York Times Co.c/ Sullivan’ de la que se deriva la doctrina de la real malicia a la que ha adherido nuestra a Corte como uno de los estándares protectores de la libertad de prensa, sostuvo que el funcionario público -concejal municipal electo en ese caso- se veía obligado a soportar una crítica a su conducta oficial sobre la base de la extensión a otros cargos públicos de la doctrina anterior elaborada con relación a críticas a funcionarios judiciales. En esa oportunidad afirmó aquel tribunal que ‘Cuando se trata de funcionarios judiciales, esta Corte ha mantenido que la preocupación por la dignidad y reputación de los tribunales no da pie al castigo por desacato criminal de la crítica del juez o de su decisión (Bridges contra California, 314 U.S. 252). Y esto es así aun cuando la expresión contenga ‘medias verdades’ e ‘información errónea’ (Pennekamp contra Florida, 328 U.S. 331, 343, 343, n.5, 345). Tal represión puede justificarse -si es que se puede justificar- únicamente con el peligro claro y presente de obstrucción de la justicia (véanse también «Craig contra Harney», 331 U.S. 367; «Wood contra Georgia», 370 U.S. 375). Si a los jueces se les trata como ‘hombres de entereza’, capaces de enfrentar con valor climas adversos, lo mismo debe ciertamente aplicarse a otros funcionarios gubernamentales’. Por su parte, en la causa «Rosenblatt c/ Baer», 338 U.S. 85, ese tribunal extendió el concepto de oficial público a ‘todas aquellas personas entre la pléyade de empleados del gobierno que tienen, o aparentan tener, responsabilidad o control notables sobre la dirección de los asuntos de gobierno’. Debe concluirse entonces en el carácter de funcionario público a los fines que aquí interesan de quien ejerce el Poder Judicial de la Nación en los términos del art. 108 de la Constitución Nacional (Fallos 321:2637, disidencia de los Dres. Belluscio y Bossert). No desconozco la existencia de opiniones en sentido contrario tal como lo ha recordado mi distinguido colega, el Dr.Ojea Quintana en su voto en la causa 32.763/2001, sentencia del 18-7-2006. Pero entiendo que lo central de la cuestión no es la posibilidad de replicar por medios ordinarios la imputación sino la naturaleza pública de la función que desempeña el magistrado como integrante de uno de los tres poderes del Estado que lo coloca bajo el necesario escrutinio público y por tanto, le concede una protección más débil. Ninguna duda cabe que en el caso la medida de aquella crítica ha sido sobradamente desbordada; de allí la procedencia de la demanda. No obstante, si como antes recordé los jueces han sido caracterizados como ‘hombres de entereza’, capaces de enfrentar con valor climas adversos o como se ha dicho de manera afín, no se conoce ‘otro oficio que más que el de juez, exija en quien lo ejerce, el fuerte sentido de viril dignidad, sentido que obliga a buscar en la propia conciencia más que en las opiniones ajenas, la justificación del propio obrar’ (Calamandrei, Piero, Elogio de los jueces, Liberaría ‘El Foro’, Buenos Aires 1997, pág. 261), la medida de la indemnización debe ponderar también este aspecto. Así, aunque grande sea la ofensa, no tan grande es el dolor que causa a quien por la naturaleza de su propia función se supone dotado de mayor fuerza para soportar el daño injustamente causado obviamente relacionado con aquella» .

En sentido similar ha dicho la Sala A de esta Cámara (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, «M., S. E. y Otros c. L., H.» del 03/05/2010 Publicado en L.L. online AR/JUR/20160/2010) que en una auténtica república democrática, los magistrados judiciales, como integrantes de uno de los tres órganos del gobierno que representa al pueblo, están sujetos a las opiniones y críticas que emitan los ciudadanos respecto de la forma en que ejercen sus funciones.No existe razón alguna para que no puedan ser objeto de manifestaciones similares a las que se expresan para elogiar o desaprobar la actuación de los legisladores, del presidente o sus ministros.

Finalmente, tendré en cuenta que por similares consideraciones no puede imputarse a la demandada el retiro del entonces magistrado, que justamente por su extensa trayectoria y el concepto que merecía a sus colegas de lo que dan acabada cuenta las declaraciones testificales prestadas en autos, no pudo haber dado tal entidad a las falsas denuncias como para abandonar sin más su carrera.

Por ello propondré confirmar en este aspecto la decisión recurrida.

VI. Se queja igualmente el actor del rechazo de su pretensión de publicar la sentencia mediante una emisión televisiva. No comparto el fundamento por el que la magistrada ha rechazado este aspecto del reclamo. En efecto, aun cuando los canales de televisión no hubieran sido demandados en la causa lo cierto es que la pretensión en este aspecto consistía en poner a cargo de la única demandada -Del Boca- la publicación por ese medio. De allí que no era preciso que ningún canal de televisión fuera demandado.

Sin embargo, considero que la publicad ordenada resulta suficiente.

Sostuve al votar en la causa seguida por Noro Villagra contra R. que por lo general se ha entendido suficiente la publicación del pronunciamiento en el mismo medio a través del cual se cometió el agravio. Frente a casos en que ello no resulte así deba publicarse en otro medio; así por ejemplo cuando el medio que cometió el ilícito ha desaparecido o cuando carece de la tirada o audiencia suficiente para asegurar la debida divulgación, o cuando por su propia naturaleza es inadecuado para alcanzar el efecto pretendido (cfr. Pizarro, Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación. Daños por noticias inexactas o agraviantes. pág. 305 y sgtes. y jurisprudencia y doctrina allí citadas; Ed. Hamurabi, Bs. As.1991).

Resulta obvio que ninguna publicación salvo alguna que se e xtendiera a todos los diarios o a todos los canales de televisión por ejemplo permitirá abarcar el universo de personas entre las que interesa al apelante difundir esta suerte de retractación forzada. Por otra parte la sentencia contará con la publicación oficial obligatoria en los términos de la Acordada 15/13 de nuestra C.S.J.N. que asegura su publicidad en el Centro de Información Judicial (http://www.cij.gov.ar) que, como lo ha indicado ese Tribunal en los considerandos de la acordada, se ha dispuesto «para el fiel y mejor conocimiento de la comunidad en general, sea accediendo directamente al sitio especialmente creado para ello como a la reproducción que de dichos fallos efectuaren los medios masivos de comunicación». De allí que propondré confirmar la decisión también en este aspecto.

Igualmente propondré desestimar el recurso que en cuanto a la publicación en un diario ha deducido la demandada. La queja en este aspecto soslaya que a diferencia del precedente que cita, en autos no se incluyó en la condena la publicidad por los mismos medios por los que se difundieron las ofensas -por cierto más onerosos-. De allí que con la cita de aquel antecedente no resulta hábil para excluir toda publicidad de la decisión a cargo del ofensor.

VII. La juez de grado dispuso adicionar a las cifras reconocidas intereses desde la fecha de su origen o causación conforme fuera establecido en los considerandos (17 de mayo de 2004 y 21 de diciembre de 2006) hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, conforme la doctrina plenaria de la Cámara Nacional en lo Civil recaída in re «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» .

Los agravios de la demandada en punto a los intereses se circunscriben a la tasa aplicable.No se cuestiona en cambio el punto de partida de la fijada.

Sobre el punto, corresponde señalar que no soslayo que la reciente ley 26.853 de Creación de las Cámaras Federales de Casación derogó el art. 303 del Código Procesal (art. 12 de la citada ley), norma ésta que asigna fuerza obligatoria a la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria. No obstante y sin perjuicio de la postura que se adopte sobre la vigencia temporal de tal derogación, lo cierto es que comparto la interpretación legal que resulta del voto de la mayoría en el citado fallo plenario, razón por la cual me remito a sus términos.

Voto pues para que se confirme la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de recurso, con costas de la alzada en el orden causado (art. 71 del Código Procesal).

El Dr. AMEAL dijo:

Que me permito respetuosamente disentir con el criterio sustentado por mi distinguida colega preopinante en relación al monto acordado en concepto de «daño moral» a favor del actor.

Tal como sostuviera en el precedente N° 111.633/2006, cabe liminarmente conceptualizar el daño moral, a fin de desentrañar pautas que ulteriormente permitan su cuantificación.

La opinión doctrinaria casi uniforme considera que la tesis resarcitoria contempla con mayor certeza el fundamento de la reparación del perjuicio experimentado por el damnificado, con ello quedo superada la concepción que entendía analizar el tema focalizando su atención en el autor, propiciando la imposición de una sanción ejemplar a este último.

Es así que se diferencia la noción de daño reparable en sentido amplio conceptualizándolo como la lesión a cualquier derecho subjetivo, de otra acepción estricta, que entiende que dicha lesión recae sobre ciertos derechos, patrimoniales o extrapatrimoniales, cuyo menoscabo genera una sanción patrimonial.

Este último significado -relevante en derecho de daños- pone en evidencia que la consecuencia de la lesión al derecho subjetivo siempre es cuantificable en dinero.

La indemnización tiene como finalidad lasatisfacción de la víctima por el victimario, a través de una prestación de índole patrimonial que se le impone a este último a favor de aquella, aunque no siempre el rol de tal indemnización es estrictamente resarcitorio sino que puede ser satisfactorio como ocurre en el daño moral.

Desde ya que no es fácil ponerle precio al dolor que provoca el menosprecio al honor o imagen ajenos, aunque no por ello puede afirmarse que es inconmensurable, como alguna posición doctrinaria, actualmente en minoría lo sostuvo, sino que la dificultad radica en ¿Cómo justipreciar ese perjuicio sin que ello importe una arbitrariedad?.

En esa instancia juega la prudente discrecionalidad del juzgador, quien si bien es cierto encuentra obstáculos en la valuación, como también ocurre con ciertos daños de índole material, debe llevarla a cabo analizando las circunstancias fácticas que enmarcaron el hecho dañoso, así como las consecuencias de tipo individual o social que originaron.

Tal valoración debe efectuarse teniendo en cuenta la entidad del daño moral en función de la gravedad objetiva del menoscabo (conf. Bueres, Ponencia presentada en las II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil con la adhesión de los Dres. Banchio, Pizarro, Vallespinos, Zavala de González, entre otros).

En tal sentido, Ramón Daniel Pizarro enseña que «el daño moral se determina en función de la entidad que asume la modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir y por la repercusión que tal minoración determina en el modo de estar de la víctima, que resulta siempre anímicamente perjudicial. El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, etc. son solo elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido. Pero todo ello debe ser valorado prudencialmente por el juez, tomando en cuenta las circunstancias objetivas del caso concreto» («Daño Moral», Edit. Hammurabi, p.340).

La tesis resarcitoria tiene plena vigencia en doctrina nacional, por lo que, en la valuación del daño moral padecido, no debe primar la idea de placeres compensatorios que servirían para brindar consuelo a la víctima, sino que es necesario estimar la entidad objetiva del daño, para repararlo con equidad.

No obstante lo expresado, en tal justipreción debe tenerse en cuenta la gravedad de la falta cometida por el agraviante, sin que ello implique adoptar «in totum» la idea sancionatoria; ello es así en razón que la actitud que adopta el ofensor no puede ser ignorada por el juzgador, quien debe tenerla presente, porque la extensión del resarcimiento en nuestro derecho positivo se inclina por un sistema mixto que además del daño objetivamente considerado tiene en cuenta el factor de atribución con el que obra el ofensor (Conf. Derecho Obligaciones, Alterini, Ameal, López Cabana, p. 259, nº 579 (3)).

En esa dirección se orienta la opinión prevaleciente en doctrina al propiciar la reparación integral, para algunos plena, de todo daño provocado.

En estos autos, la parte actora apela por considerar que el monto indemnizatorio es reducido en relación a la conducta llevada a cabo por la demandada, y los daños y perjuicios que le fueron provocados.

El análisis del expediente permite inferir que la conducta de la accionada no se compadece ni siquiera mínimamente con la que cualquier ciudadano debe mantener, no solo frente a un magistrado sino es su trato cotidiano con la comunidad.

En efecto, la demandada denunció al actor ante el Consejo de la Magistratura (Expte. Nro.161/2004), imputándole mal desempeño y la comisión de diversos delitos de acción pública (incumplimiento de los deberes de funcionario público; abuso de autoridad; retardo y denegación de justicia; nombramientos ilegales; encubrimiento agravado y cohecho), solicitando su remoción y suspensión como magistrado, como asimismo, que se efectúe la denuncia penal ante el juzgado correspondiente.

El Plenario del Consejo de la Magistratura, de acuerdo a lo propuesto por la Comisión de Acusación (dictamen 70/05), resolvió por mayoría «desestimar el pedido de apertura de procedimiento de remoción del Dr. Jorge Luis Marcelo Santiafo Noro Villagra y archivar las actuaciones, por no encontrar elementos que lo justifiquen, poniendo de resalto que la Comisión de Acusación ha sido una instancia inapropiada en la que las partes en conflicto han intentado dirimir -una vez más- sus diferencias personales» (Resolución N° 467/05).

Por otra parte, las acusaciones, injurias y difamación efectuada a través de entrevistas televisivas, publicaciones, etc., que son ampliamente tratadas en la sentencia apelada con análisis profuso de la prueba rendida en el expediente, como asimismo, en el voto de la vocal preopinante, corresponde que sean debidamente ameritados a los efectos de la valuación judicial del daño provocado, que ha afectado la honorabilidad y integridad moral del actor.

En efecto, el honor del accionante, incuestionablemente fue afectado por la conducta lesiva de la demandada que le atribuyó a aquel la comisión de delitos en el ejercicio de su cargo, lo que puede calificarse como un actuar calumnioso al no compadecerse con la verdad de lo acontecido.

Asimismo las ofensas inferidas, ofendieron la honra del magistrado configurándose la injuria, que originó el consabido descrédito social (conf.CNCiv., Sala C, 11/10/88, LL 1989-B- 274; CNCrim.Corr., Sala 1º, 27/3/90, JA 1990-IV-118).

Si bien es cierto que en Derecho Civil no rige la tipicidad, como ocurre en el ámbito penal, las diferencias entre las distintas clases de ofensas permite comprender las formas de provocar una lesión al honor ajeno, con las consiguientes consecuencias de cara a la responsabilidad aquiliana.

Es de notar que la denuncia o la acusación calumniosa en cuanto pone en conocimiento de la autoridad pública la comisión de algún delito, puede significar un daño mayor, ya que al margen de eventualmente perder la libertad, trae aparejado un padecimiento que es muy comprensible en aquel que es sometido a proceso o investigado en el ejercicio de sus funciones, en especial cuando se trata de un magistrado integrante del Poder Judicial (Conf. Zavala de González Matilde en Resarcimiento de daños, 2c, Ed. Hammurabi, p.356).

La crítica a las decisiones judiciales, como así también al desempeño del juez debe ser ejercida con libertad, basada en argumentos firmes, veraces, pudiendo llegar a ser vehemente pero manteniendo un mínimo de mesura y razonabilidad, lo que no se advierte en el análisis de la conducta de la demandada.

El ataque contra la resolución judicial puede ser riguroso sin que ello implique agraviar desmesuradamente a quien lo ha dictado.

En esa línea de ideas la denuncia que implique la promoción de juicio político contra un magistrado sobre todo cuando no prospero, ofende su honor y puede generarle graves daños morales ya que los fundamentos en los que aquella se sustentan son desmerecedores de la personalidad del juez.

La jurisprudencia sobre el particular es clara cuando señala que la petición de juicio político, que, en definitiva se desestima, es generadora de la obligación de indemnizar cuando están presente los presupuestos del responder civil.

Debe ser considerada dicha petición como un «acto análogo a la denuncia y le son aplicables, también analógicamente , las disposiciones sobre la acusación calumniosa, la calumnia, la injuria o la lesión al honor, en caso de que así corresponda (Cam 1º Civ. y Com.La Platas Sala 3º 28/8/92 JA, ejemplar del 14/4/93).

La antijuridicidad violatoria del deber jurídico de no dañar no surge por el solo hecho de efectuar una denuncia que trae aparejada la promoción de un juicio político, porque tal acto implica el ejercicio de un derecho constitucional, sino que la ilicitud objetiva se materializa cuando la petición se practica sin un basamento de razonablidad, lo que torna irregular o abusivo el ejercicio de dicho derecho.

Debe decirse, además, que si bien es cierto que el daño moral por aplicación de las reglas que rigen la carga de la prueba, debe ser acreditado por quien pretende su reparación, es prácticamente imposible utilizar para ello una prueba directa por la índole espiritual y subjetiva del menoscabo.

En cambio, es apropiado el sistema de la prueba presuncional indiciaria como idóneo a fin de evidenciar el daño moral.

La prueba de indicios o presunciones hominis se efectúa a partir de la acreditación por vía directa de un hecho del cual se induce indirectamente otro desconocido, en virtud de una valoración hecha por el Juzgador basada en la sana crítica (art. 163 del ritual).

Por lo tanto es necesario probar indefectiblemente la existencia del hecho que origina el daño debiendo darse entre aquel y este último una relación de causalidad que «conforme el curso normal y ordinario» permite en virtud de presunciones hóminis evidenciar el perjuicio.

Asimismo es conveniente producir la prueba respecto de las circunstancias que rodean al damnificado y al evento generador del perjuicio, lo que permite deducir su envergadura.

En este supuesto cabe interrogarse si corresponde inclinarse por considerar que la reputación del juez debe ser más «débil» que la de un ciudadano privado o si por el contrario debe entenderse con Lorenzetti que son de aplicación los principios generales en razón que los magistrados «fundan su actuación en la respetabilidad y ésta es garantizada por normas de diverso grado en nuestro ordenamiento» (Conf.»Daños y perjuicios causados al juez por la promoción de juicio político», LL 1991-E-64 y 65).

Concretamente el «quantum» del daño moral debe determinarse aplicando los principios generales del derecho de daños, computando ciertos parámetros que optimizan dicha valuación.

Si bien es cierto que el daño moral se presume también lo es que las circunstancias que lo originaron deben acreditarse, como asimismo tener presente las consecuencias que derivaron de aquel y que afectaron al agraviado tanto en su intimidad como en su entorno social.

En tal sentido para la determinación objetiva del daño moral es necesario computar la personalidad del damnificado (edad, sexo, condición social, grado de sensibilidad), que en el supuesto que nos ocupa quedó evidenciada por la prueba producida, en especial las declaraciones testimoniales prestadas.

Asimismo, también resulta acreditada la divulgación del hecho en el ámbito judicial, en razón de las denuncias presentadas por la demandada y en la esfera social, en virtud de las ofensas a través de medios masivos de comunicación.

Debe ameritarse igualmente la gravedad del padecimiento espiritual, que para este vocal tiene particular importancia (conf. CN Esp. Civ. y Com, Sala II, 12/8/87, LL 1988-C-45; CN Fed. Civ. y Com. , Sala I, 22/3/79, ED 83-651) que quedó reflejada en el ánimo del agraviado al soportar las ofensas irrogadas, que se tradujo en una modificación disvaliosa del espíritu que proyecta sus efectos «con amplitud hacia ámbitos específicos de la subjetividad del damnificado, como en su capacidad de entender, querer o sentir.» Por cuanto «el daño moral supera lo meramente afectivo, los sentimientos y proyecta también sus efectos hacia otras zonas de la personalidad que merecen debida protección (conf. Ramón Daniel Pizarro, «Daño moral», Ed. Hammurabi, p.48 vta./49).

En las actuaciones labradas quedó acreditada la gravedad del padecimiento y sus consecuencias.

Por último, y sin que ello implique optar por la tesis de la sanción ejemplar, merece ser tenida en cuenta la gravedad de la falta cometida por la demandada que desde el factor de atribución subjetivo debe ser calificada como dolosa en razón del grave desprecio por el honor y hasta la imagen ajena, lo que implica la intención de provocar un daño ( art. 1072 CC).

En razón de todo lo expuesto considero equitativo incrementar la valuación del daño moral a la cantidad de $180.000 (art. 165 del CPCC).

Asimismo, respecto a la aplicación de daños punitivos en el presente expediente, discrepo con la interpretación y alcance que a tal institución le asigna la distinguida colega preopinante, aunque entiendo que en el resarcimiento del daño provocado al actor no debe tener acogida tal remedio legal, dado los antecedentes de la causa.

En lo demás me adhiero al voto precedente.

Por razones análogas, el Dr. RAMOS FEIJÓO adhiere al voto del Dr. AMEAL.

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.

MARÍA LAURA RAGONI

SECRETARIA

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, resuelve : 1°) Modificar la Fecha de firma: 03/09/2014

Firmado por:

PATRICIA E. CASTRO –

OSCAR JOSÉ AMEAL –

CLAUDIO RAMOS FEIJÓO

sentencia de fs. 874/910 con el siguiente alcance:a) Elevar la indemnización por daño moral a favor de Jorge Luis Marcelo Santiago Noro Villagra a la suma de $ 180.000; b) confirmarla en lo demás que ha sido materia de agravio. 2°) Disponer las costas de alzada en el orden causado.

Atento lo resuelto precedentemente y lo establecido en el art. 279 Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios efectuadas en primera instancia a fs. 909 vta /910 y a fs. 927 .

Ponderando las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto por el que prospera la demanda, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las demás pautas establecidas en los arts. 6, 7, 9, 19, 33, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432, regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora Dr. Luis Alberto Pennino en la suma de ($.); los del letrado apoderado de la parte demandada, Dr. Hernán Martínez Solís en la suma de ($.); los del Dr. Carlos Gustavo Frasquet, también apoderado de la demandada en la de ($.) y los de la Dra. Adriana Dreyer, en el mismo carácter, en la de ($.).

Por la incidencia planteada a fs. 172, regúlase la suma de ($.) para el Dr. Luis Alberto Pennino y la de ($.) para el Dr. Hernán Martínez Solís.

Por la incidencia resuelta a fs. 575, regúlase la suma de ($.) para el Dr. Luis Alberto Pennino y la de ($.) para el Dr. Carlos Gustavo Frasquet.

Por las incidencias resueltas a fs. 583, 625 y 645/6 regúlase la suma de ($.) para el Dr. Luis Alberto Pennino y la de ($.) para Carlos Gustavo Frasquet.

Finalmente se fijan los honorarios del mediador, Federico A. Vidal Raffo en la suma de ($.) (art. 1 inc. g del anexo III decreto 1467/2011).

Por la actuación en la Alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas del art. 14 de la ley 21839, regúlanse los honorarios del Dr. Luis Alberto Pennino en la suma de ($.) y los del Dr. Carlos Gustavo Frasquet en la de ($.).

Regístrese y notifíquese.-

PATRICIA E. CASTRO

OSCAR JOSÉ AMEAL

CLAUDIO RAMOS FEIJÓO

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: