Indemniza a trabajador despedido por no acreditar su empleador que desviara clientela a un local de la competencia

Despido22Partes: Catala Ariel Gerardo C/ Rubenoff Víctor José s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 4-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-87692-AR | MJJ87692

La desviación de clientes a otro local del mismo rubro imputada al actor no luce acreditada y por lo tanto, no puede considerarse como justificativa de la ruptura del vínculo dispuesta por la empleadora.

Sumario:

1.-No corresponde tener por justificado el despido del actor fundado en la instalación de un negocio del mismo rubro y desviar clientes a aquel dado que se encontraba a cargo de la empleadora probar la conducta violatoria al art. 88 LCT. que impedía la prosecución del vínculo y las declaraciones testimoniales aportadas no resultan suficientes.

2.-Toda vez que la demandada no acreditó la causal de despido invocada, puesto que la prueba testimonial aportada consistió en declaraciones de personas ajenas al establecimiento (clientas) y una reciente ex-empleada, cuyos relatos de los hechos fueron tomados de comentarios realizados por el demandado, el actor, y terceras personas ajenas al vínculo laboral, el despido dispuesto no resulta justificado.

3.-Sin perjuicio de que una testigo mencionara que le comentaron que el actor trabajaba en otro local, -sin que se mencione que había instalado una peluquería junto con otros profesionales-, las inferencias de los testigos, por razonables que sean, no constituyen aserciones sobre hechos percibidos, por lo que no son materia de prueba testimonial.

4.-Puesto que luce acreditada la existencia de pagos en forma clandestina, queda habilitada la aplicación de la sanción contenida en el art. 15 de la Ley 24.013.

5.-Modificados los parámetros del contrato de trabajo respecto de los datos insertos en los certificados de trabajo previstos en el art. 80 de la LCT., corresponder confirmar la condena a la demandada a la confección de los certificados conforme las pautas emanadas de la sentencia dictada.

6.-Corresponde la aplicación de la multa prevista en el art. 80 de la LCT. pues la obligación del empleador debe resumirse en la entrega al trabajador de un documento en el que conste el ingreso de los aportes y contribuciones con destino al sistema de seguridad social.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de julio de 2014, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

I.Llegan las actuaciones a esta Sala, por el recurso de apelación planteado por la demandada, contra la sentencia que hizo lugar al reclamo en lo principal. La parte actora contestó los agravios, conforme surge de fs. 319/321.

II.Se agravia la accionada, por la decisión de la magistrada de grado que no tuvo por acreditada la causal invocada para disolver el vínculo laboral, tuvo probado el pago del salario en forma clandestina, aplicó la multa prevista en el artículo 80 LCT y dispuso la entrega de los certificados previstos en dicha norma.

III.El primer agravio que analizaré será el tendiente a reveer la falta de acreditación de la causal de despido alegada por la demandada.

En la misiva resolutoria del vínculo laboral, (CD 97878368 glosada a fs. 22I), la recurrente imputa al trabajador que “. en un acto absolutamente desleal ha instalado con otras personas de la misma profesión, un negocio del mismo ramo sito en la localidad de Haedo, desviando clientela en un acto desleal, contrariando lo normado por el artículo 88 de la LCT, por todo lo cual queda despedido a partir del día de la fecha.”.

Por ende, conforme lo prevé el artículo 377 del CPCCN, se encontraba a su cargo probar la conducta violatoria al artículo 88 LCT que impedía la prosecución del vínculo (de acuerdo a lo previsto en el artículo 242 LCT).

Para ello, se valió de 4 testigos: una empleada de la peluquería y 3 clientas.

La dicente Di Nallo, empleada de la demandada desde el año 2007 hasta 10 días antes de declarar, manifestó a fs.178/180 “.que (el actor) no trabajó más porque el demandado lo echó, que lo sabe porque el demandado se lo dijo, que por lo que le comentó el demandado lo echó porque había como unos problemas, porque parece que se estaba poniendo una peluquería o había puesto una peluquería en otro lugar y se estaba llevando las clientas y un día parece que una clienta le dio una tarjeta que le había dado el actor para hacerse atender en su peluquería o algo así y la clienta se la mostró al demandado entonces éste se enojó y lo despidió.”. A fs.185/186, la testigo Montero, clienta de la peluquería a la que concurre una vez por semana, dijo “.Que hará un año y medio o dos años que no lo ve al actor en el lugar, que sabe que puso el actor otra peluquería, que lo sabe por la gente de la peluquería y además de algún modo ya lo estaba planeando el actor trabajar en otra peluquería, trabajar en una peluquería propia, que lo sabe por el actor mismo.Que lo que dijo referente al actor lo habló con él cuando éste la peinaba, la única relación que tuvo la testigo fue siempre en el local.”. La testigo Piñeiro, clienta de la peluquería desde hace 18 o 20 años, relató a fs. 188/189 “.Que supone sabe el motivo por el cual el actor no trabajó más.” y relata lo comentado por una paciente suya, (la dicente es psicóloga), quien le habría ofrecido que vayan a la casa de una amiga de la paciente para que el actor le haga el alisado del cabello. Eso se lo informó al demandado cuando éste le comentó que sospechaba que Catala estaba trabajando en otro lugar. La parte actora impugnó los testimonios mediante las presentaciones de fs. 201 y 203.

Finalmente, a fs.192/194, depuso la testigo Parra, quien declaró desconocer los motivos de la desvinculación del accionante.

Coincido con la señora jueza a quo en que la demandada no acreditó la causal de despido invocada, puesto que la prueba testimonial aportada consistió en declaraciones de personas ajenas al establecimiento (clientas) y una reciente ex-empleada; todas ellas relataron hechos de los que tomaron conocimiento por comentarios realizados por el demandado, el actor, y terceras personas ajenas al vínculo laboral.

Sólo la testigo Piñeiro Dorrie mencionó que una paciente le dijo que el actor trabajaba en Haedo, y ninguna de las deponentes mencionó que había instalado una peluquería junto con otros profesionales (como alegó la demandada en la misiva rescisoria). Las inferencias de los testigos, por razonables que sean, no constituyen aserciones sobre hechos percibidos, por lo que no son materia de prueba testimonial.

En razón de lo expuesto, propicio el rechazo del agravio planteado y confirmar este aspecto de la sentencia en crisis.

IV.En segundo lugar, se agravia la accionada por la decisión del sentenciante que consideró probados los salarios pagados en forma clandestina, y solicita se deje sin efecto la sanción prevista en el artículo 15 de la Ley 24.013.

Al iniciar su reclamo, el actor denunció percibir su salario mensualmente en dos partes: una, mediante depósito bancario con recibo de la empresa, y la otra en efectivo, entregado por el contador o una empleada administrativa llamada Laura.

Esto fue negado por la recurrente a fs. 57 vta.(negativas nº 22 y 23), y sostuvo que el salario se abonaba mensualmente mediante depósito bancario en la cuenta sueldo del actor.

Sin embargo, la testigo Laura Di Nallo (ofrecida por la demandada) confirmó lo planteado por el accionante respecto la forma de pago al manifestar “Que la testigo (de nombre Laura) le pagaba (al actor) o podía dejarle los recibos a la cajera y ésta les pagaba por la plata que manejaba, el pago podía ser de la siguiente manera, podía ser que la testigo le diera plata en efectivo o podía decirle la testigo que le diera la plata la cajera o sino le transfería en el banco, porque tienen una cuenta sueldo.”, es decir, mencionó que el actor recibió pagos en efectivo.

En síntesis, coincido con la señora Jueza a quo en cuanto consideró acreditado la existencia de pagos en forma clandestina, y ello, habilita la aplicación de la sanción contenida en el artículo 15 de la Ley 24.013.Por ende, propicio el rechazo del agravio, y confirmar también este aspecto de la sentencia.

V.Por último, la demandada se agravia por la condena al pago de la sanción contenida en el artículo 80 de la LCT, como así también, la obligación de entregar los certificados descriptos en dicha norma.

Alega la accionada que hizo entrega de los mismos sin que el actor haya realizado la intimación prevista en el artículo 3 del Decreto 146/01, sin embargo, entiendo que este último requisito se encuentra cumplido, toda vez que la quejosa en la cartular con que instrumentó el despido de fecha 30/10/08 manifestó que ponía a disposición del actor los certificados de trabajo, y el trabajador intimó pasados los 30 días la entrega de los mismos (mediante CD 977530843 del 02/12/08.

Opino que carece de sentido analizar si los certificados en cuestión fueron o no entregados al actor mediante el servicio OCA con confronte notarial, ya que, en el mejor supuesto para el recurrente, como es que los haya entregado, los mismos contendrían información distinta de la que surge de autos.

Por ende, modificados los parámetros del contrato de trabajo respecto de los datos insertos en los certificados de trabajo previstos en el artículo 80 de la LCT, entiendo que corresponder rechazar el agravio, y confirmar lo dispuesto en la sentencia de grado en cuanto ordena a la demandada los confeccione conforme las pautas emanadas de la sentencia dictada.

Máxime, teniendo en consideración que los certificados en cuestión fueron puestos a disposición del actor mediante la CD 978783680 del 30/10/08, informando que los mismos podrían ser retirados a partir del 12/11/08, sin embargo, surge de los instrumentos agregados en el sobre de fs.32 que fueron confeccionados en fecha 30/06/09 y 21/07/09.

Asimismo, esta Sala ha sostenido que el artículo 80 de la L.C.T., es claro al disponer que es obligación del empleador entregar al momento de extinguirse la relación laboral, dos certificados. Uno, conteniendo constancia documentada del ingreso de los fondos de la seguridad social (apartado segundo). Otro, con las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social (apartado tercero).

La certificación de servicios y remuneraciones, formulario PS 6.2. de la ANSES acompañada por la recurrente, puede ser suficiente para el organismo oficial; sin embargo, no cumple con el requerimiento legal que es claro y contundente: debe entregarse al trabajador una constancia de los aportes y contribuciones con destino a los organismos de la seguridad social.

La leyenda que “Sus aportes y contribuciones previsionales se encuentran ingresados a la AFIP en fecha o a través de Planes de facilidades, sin deuda exigible a la fecha” no cumple con lo previsto en la norma.

Si el legislador hubiese considerado que el formulario PS 6.2. -que ya existía cuando se modificó el artículo 80 de la L.C.T. por la Ley 25.345- era suficiente, no hubiese redactado la norma como lo hizo. El solo hecho de la inclusión de la obligación bajo análisis, demuestra lo importante que resultaba para él, que el empleador entregase las constancias de aportes y contribuciones.

Es obvio que, la constancia documentada del ingreso de los aportes y contribuciones, no puede ser incluida en el formulario PS 6.2. de la ANSES, porque el mismo no contiene espacio alguno destinado al efecto. Por lo tanto, la obligación del empleador, debe resumirse en la entrega al trabajador de un documento en el que conste el ingreso de los aportes y contribuciones con destino al sistema de seguridad social.Ciertamente que el empleador debe conservar los originales en su poder, por lo que le bastará con entregar copia certificada de los pagos mensuales realizados, trámite que puede hacerse sin costo alguno, incluso, a través del Juzgado.

Por ello, con sidero corresponde rechazar el agravio y confirmar, también, la aplicación de la multa prevista en el artículo 80 de la LCT.

VI.Con fecha 21 de mayo del corriente año la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta 2601, adoptó, para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino.

En la misma reunión se estableció que la nueva tasa sería aplicable para los juicios sin sentencia, en la inteligencia de que, en los que ya hubiere recaído pronunciamiento, aplicar retroactivamente la nueva tasa afectaría de algún modo la cosa juzgada.

Ahora bien, es claro que la Cámara adoptó una nueva tasa de interés a partir del 21 de mayo de 2014 lo que, en definitiva, no implicó más que un sinceramiento con las diferentes variables de la economía, frente a una tasa evidentemente desactualizada.

Los índices oficiales revelan un notorio incremento en el costo de vida (superados ampliamente por otras entidades que relevan los mismo datos) y esta circunstancia, que se trasluce asimismo en las negociaciones salariales, impone a los jueces el deber de revisar esta cuestión, por resultar inequitativo mantener la tasa de interés cuyo sentido es el de compensar la mora y penar la demora en el pago de créditos laborales.

Aplicar la nueva tasa, a partir de su vigencia, simplemente implica mantener la obligación originaria corregida tan sólo en la expresión nominal, permitiéndole conservar el sentido con el que fue fijada en la sentencia.

De otro modo los acreedores laborales verían notoriamente reducidos sus créditos, afectándose directamente su derecho de propiedad.

La modificación de la tasa de interés a partir de la vigencia del Acta 2601, no afectaría los efectos dela cosa juzgada ni dejaría en estado de indefensión al deudor, sino simplemente adecuaría los efectos del pronunciamiento al contexto actual, al cual no se habría arribado si la deudora hubiese cumplido sus obligaciones en tiempo propio.

Con base en todo lo expuesto, considero que corresponde establecer que la tasa fijada en grado regirá hasta el 21 de mayo de 2014, fecha a partir de la cual se utilizará la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino, plazo 49 a 60 meses.

VII.Por lo expuesto, propongo en este voto se confirme la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios con los intereses establecidos en grado corregidos de conformidad al presente pronunciamiento; se impongan las costas de esta instancia a la apelante (artículo 68 CPCCN); se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que fueran regulados en la instancia anterior.

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y ha sido motivo de recurso y agravios;

2)Establecer que la tasa fijada en grado regirá hasta el 21 de mayo de 2014, fecha a partir de la cual se utilizará la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino, plazo 49 a 60 meses;

3)Imponer las costas de Alzada a la apelante;

4)Regular los honorarios de la representación letrada del actor y demandado, por sus trabajos en esta instancia, en el 25%, respectivamente, de lo fijado por la anterior;

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/5/13 y, oportunamente, devuélvanse.-

VICTOR ARTURO PESINO

JUEZ DE CÁMARA

LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

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