Cambiar el lugar de trabajo y con ello reducir el salario, justifica el despido indirecto

Despido2Partes: López Rolando Rubén c/ Sitar S.R.L. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 26-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-85878-AR | MJJ85878 | MJJ85878

El cambio de lugar de trabajo dispuesto por la empleadora -afectando el nivel remuneratorio a raíz de la falta de percepción de comisiones- justifica el despido indirecto del trabajador.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la legitimidad de la denuncia del contrato de trabajo por parte del actor dado que luce acreditado el incumplimiento contractual endilgado a la demandada, esto es, que la reestructuración de objetivos que motivara la modificación en la remuneración del trabajador fue unilateral y no se adecuó a los presupuestos requeridos por los arts. 65 y 66 de la LCT., resultando por ende su conducta abusiva, arbitraria y violatoria del principio de buena fe que debe regir en toda relación laboral (cfr. art. 63 de la LCT).

2.-Toda vez que el desplazo del actor del salón de ventas a una oficina dentro de la concesionaria de automóviles implicó dejar de percibir el rubro ‘Com. Planes de Ahorro’, la modificación introducida por la accionada provocó una reducción del nivel remuneratorio del trabajador, y por tratarse de la modificación de un elemento esencial del contrato de trabajo, no cumple con los requisitos establecidos por el art. 66 de la LCT.

3.-Toda vez que la empleadora no demostró la reestructuración de objetivos que habría motivado la modificación del lugar de trabajo del actor, cabe concluir que las modificaciones dispuestas unilateralmente por la demandada no se adecuaron a los presupuestos requeridos por los arts. 65 y 66 de la LCT., resultando por ende su conducta, abusiva y arbitraria, y violatoria del principio de buena fe que debe regir en toda relación laboral (cfr. art. 63 de la LCT.).

4.-Toda vez que la empleadora no abonó oportunamente las indemnizaciones previstas en los arts. 232 , 233 y 245 de la LCT., el actor se vio obligado a iniciar acciones judiciales a fin de percibir aquellas, por lo que corresponde admitir la procedencia de la multa establecida en el art. 2 de la Ley 25323.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, al 26-3-14 para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas: “LOPEZ ROLANDO RUBEN C/ SITAR S.R.L. S/ DESPIDO”: se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

I-Contra el pronunciamiento dictado en la anterior instancia se alza la parte demandada a tenor del memorial obrante a fs. 160/162 y vta., que mereció réplica de la contraria a fs. 165 y vta.

II-Adelanto que, de compartirse mi voto, la queja principal planteada por la demandada no tendrá favorable recepción.

Cuestiona la apelante la decisión del Sr. Juez de considerar que medió en el caso un ejercicio abusivo del “ius variandi”, y en consecuencia resultó justificada la medida rescisoria adoptada por el trabajador.

Sobre la cuestión objeto de debate, considero oportuno memorar que el artículo 66 de la L.C.T. condiciona la facultad allí reconocida al empleador a que los cambios (relativos a la forma y modalidades de la prestación de trabajo) que éste disponga en ejercicio del poder de dirección “.no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador”.

En efecto, si bien el poder de organización y dirección que tiene el empleador reconoce la posibilidad de efectuar modificaciones a las condiciones de trabajo, dicha potestad de variar, alterar o modificar unilateralmente las modalidades de la prestación de trabajo del dependiente, requiere para su ejercicio regular y su admisibilidad legal, que los cambios no sólo no alteren modalidades esenciales del contrato de trabajo, ni causen perjuicio material o moral al trabajador, sino y fundamentalmente, que la medida impuesta resulte razonable.

Así, la exigencia de razonabilidad en el ejercicio de la potestad del empleador de introducir cambios al contenido de la prestación de trabajo implica que dicha facultad no puede ser realizada de manera discrecional, sino que debe adecuarse a lo expresamente normado por el artículo 65 del citado cuerpo legal, en cuanto impone que la misma debe ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines dela empresa, y a las exigencias de producción.

Ahora bien, en el caso concreto, es dable destacar que ha quedado acreditado que en el mes de febrero de 2012 el actor -quien se desempeñaba como vendedor- fue desplazado del salón de ventas -donde atendía directamente al público- a una oficina en el segundo piso del establecimiento de la accionada, -concesionaria de automóviles-, donde las ventas se efectuaban telefónicamente; circunstancia avalada incluso por las declaraciones de los testigos Romano (fs. 130/131) y Vazquez (fs. 141/142), propuestos por la propia empleadora.

Asimismo, y como bien señaló el Sr. Juez, de los recibos de sueldo adjuntados por la accionada (ver fs. 70 y copias obrantes a fs. 55/69) emerge que la remuneración que percibía el actor se encontraba integrada -entre otros- por el rubro “Com. Planes de Ahorro”, y que dichas comisiones no fueron abonadas en febrero de 2012, esto es, el mes en que la demandada dispuso el cambio de las condiciones de trabajo. De ello se desprende que la modificación introducida por la accionada provocó una reducción del nivel remuneratorio del trabajador.

A lo expuesto se suma que tampoco demostró la apelante la “reestructuración de objetivos” que -según su postura- habría motivado la referida modificación, y que fuera invocada en forma genérica tanto durante el intercambio telegráfico como en el conteste, sin brindar mayores detalles sobre la misma; exigencia que se encontraba a su cargo ante la oposición del trabajador a la nueva modalidad de prestación de tareas, y asimismo, a los efectos de ahora evaluar la conducta por ella desplegada, a la luz de lo normado en el art. 66 de la L.C.T.

A esta altura, y a tenor de las consideraciones desarrolladas “ut supra”, concluyo en que, en la especie, las modificaciones dispuestas unilateralmente por la demandada no se adecuaron a los presupuestos requeridos por los arts.65 y 66 de la L.C.T., resultando por ende su conducta, abusiva y arbitraria, y violatoria del principio de buena fe que debe regir en toda relación laboral (cfr. art. 63 de la L.C.T.).

En definitiva, acreditado el incumplimiento contractual endilgado a la demandada, no cabe más que concluir en que la decisión del trabajador de denunciar el contrato de trabajo se ajustó a derecho (cfr. arts. 242 y 246 de la L.C.T.), sin que -en el marco de lo expuesto- adquieran relevancia los elementos en que la recurrente hace hincapié en el escrito recursivo.

Por ello, propongo confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide.

III-No tendrá mejor suerte la crítica que esboza la accionada con relación al progreso del incremento indemnizatorio contemplado por el art. 2 de la ley 25.323.

En tal sentido, llega firme a esta Alzada – cfr. art. 116 de la L.O.- lo resuelto por el Sr. Magistrado en cuanto a que el actor cumplimentó el requisito de intimación fehaciente requerido en la mencionada norma.

Sentado ello, toda vez que la empleadora no abonó oportunamente las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la L.C.T. -repárase en que su pago no emerge de la “liquidación final” a la que aquella alude (ver instrumento de fs. 69)-, obligando al trabajador a iniciar acciones judiciales a fin de percibir dichas indemnizaciones, corresponde confirmar el pronunciamiento dictado en la anterior instancia también en este aspecto.

IV-Por otra parte, teniendo en cuenta el mérito, extensión y calidad de los trabajos realizados por la representación letrada de la parte actora en el origen, propongo confirmar la regulación practicada por el Sr. Juez (cfr. art. 38 de la L.O.; y arts. 6, 7, 8 y cctes. ley 21.839 -mod. por ley 24.432-).

En cambio, en cuanto a la apelación introducida por la Dra.María Magdalena Badillo -por derecho propio-, respecto de los emolumentos regulados a su favor con motivo de la reconvención oportunamente deducida, teniendo en cuenta las pautas y normativa individualizadas en el párrafo anterior, así como el valor económico en juego involucrado, estimo pertinente adecuar la regulación de honorarios, y elevar los mismos a la suma de $1.800, a valores actuales. Sugiero imponer las costas de la Alzada a cargo de la demandada vencida (art. 68, primer parte, del C.P.C.C.N.); y regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada en el 25% de lo que a cada una le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (cfr. art. 14 de la ley 21.839).

El Dr. Roberto C. Pompa dijo: Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach: no vota (art. 125 de la L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: I) Confirmar la sentencia de grado en cuanto ha sido materia de recurso y agravio; con excepción de los honorarios regulados a favor de la representación letrada de la parte demandada con motivo de la reconvención deducida, que se elevan a la suma de $1.800, a valores actuales. II) Costas de la Alzada a la demandada. III) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en el 25% de lo que a cada una le corresponda por lo actuado en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ante mí.

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