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Modificar tareas y disminuir la remuneración configuran injurias que impiden la prosecución del vínculo

Aumento sueldoPartes: Roldán Maximiliano Gastón c/ Creaciones Americanas S.R.L. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 10-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85515-AR | MJJ85515 | MJJ85515

La modificación injustificada y peyorativa de las tareas otorgadas al trabajador, con la consiguiente disminución de su remuneración ante la supresión del adicional por corte, configuró una injuria grave que impidió la prosecución del vínculo.

Sumario:

1.-Corresponde admitir que existió ejercicio abusivo de ius variandi en tanto la modificación de tareas impuesta al actor – de cortador a ayudante -, le causó perjuicio económico pues dejaron de abonarle el correspondiente plus de cortador.

2.-Sin perjuicio de que la demandada sostenga que el cambio de tareas fue consensuado con el trabajador, corresponde admitir la existencia de ejercicio abusivo de ius variandi, dado que a través de la prueba testimonial surge que existió una discusión entre el encargado y el actor y luego de la misma, ocurrió el cambio de tareas, quiándole las tareas de cortador y asignándole tareas de carga y descarga de telas.

3.-Corresponde admitir que la modificación injustificada y peyorativa de las tareas otorgadas al trabajador en el último mes de trabajo, con la consiguiente disminución de su remuneración ante la supresión del adicional por corte, constituyó una injuria de suficiente gravedad como para justificar la decisión rescisoria adoptada por el actor, lo que lleva a hacer lugar a las indemnizaciones reclamadas, con fundamento en los arts. 232 , 233 y 245 de la LCT.

4.-Corresponde condenar a la demandada a hacer entrega de los certificados de trabajo , toda vez que el certificado al que alude el art. 80 LCT. posee una finalidad distinta que el formulario PS 6.2. y, además, en éste no figuran la totalidad de los requisitos que aquél debe contener; en efecto, no debe confundirse el certificado de trabajo del art. 80 de la LCT., con la certificación de servicios y remuneraciones de la ley 24241 , ya que la finalidad de uno y otro certificado es distinta: el primero le sirve al trabajador para conseguirse otro empleo, mientras que el segundo se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional, y queda archivado en las oficinas de la ANSES.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 10 de febrero de 2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior se alza la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 300/311.

Se agravia el recurrente de la decisión del Magistrado de grado que, tras considerar injustificado el despido indirecto decidido por el trabajador, rechazó la acción intentada en procura de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T. Refiere que -a su criterio- el Sr. Juez a quo efectuó un incorrecto análisis del instituto del ius variandi, al considerar que la modificación en el horario de trabajo tuvo carácter funcional en la empresa y no generó perjuicio alguno al trabajador en actividades extra laborales, en tanto según se extrae de la pericial contable, éste laboraba habitualmente en jornadas que se extendían más allá de las 15,00 hs. Controvierte, asimismo, lo resuelto en torno a la modificación de tareas impuesta por la patronal, pues sostiene que la propia demandada reconoció haber dispuesto un cambio en sus tareas habituales (aunque adjudicadas a una situación de salud del trabajador que, a su criterio, nunca acreditó). Manifiesta que dicha modificación, que lo llevó a prestar tareas como ayudante y encimador, inferiores a las propias de cortador, le implicaron una reducción salarial pues dejó de abonársele el «plus corte», parte sustancial de su remuneración.

Liminarmente cabe destacar que, como es sabido, el art. 66 de la L.C.T.establece que «el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador».

En referencia a la alegada modificación de tareas, es menester recordar que según sostuvo el trabajador la demandada comenzó a otorgarle tareas de ayudante y encimador, pese a que siempre había desarrollado las propias de un cortador, circunstancia que le causó perjuicio económico en tanto dejaron de abonarle el correspondiente plus de cortador. Por su parte, la demandada reconoció que, durante los primeros días del mes de febrero de 2008 el accionante no realizó tareas de corte, aunque adjudicó dicha circunstancia al hecho de que Roldán se reincorporó de sus vacaciones con problemas de salud que afectaban su motricidad, por lo que de común acuerdo con el trabajador y el delegado de la Unión de Cortadores en el establecimiento, se convino que momentáneamente y hasta tanto el actor lo decidiera, dejara de prestar tareas de corte, sin que ello alterara su remuneración pues continuarían abonando el correspondiente plus. Refirió la accionada que, cuando el actor requirió retomar sus tareas de corte, las mismas fueron puestas a su disposición y, de hecho, las desarrolló desde el 19/2/08 hasta su distracto.

Las declaraciones rendidas en la causa, tanto las prestadas por los testigos propuestos por la parte actora (Ledesma a fs. 237 y Melgarejo a fs. 261) como los ofrecidos por la demandada (Losice a fs. 235/236 y Pavluk a fs.275) hicieron referencia al cambio de tareas, siendo Losice -Jefe de personal de la empresa- el único que avaló los dichos del responde en cuanto a que ello se debió a una decisión consensuada con el trabajador y el delegado gremial, a raíz de un problema de motricidad de Roldán al regreso de sus vacaciones.

Sin embargo, tanto Ledesma como Melgarejo dieron cuenta de una discusión entre el encargado y el actor -la que ambos dijeron haber presenciado- luego de la cual la demandada modificó las tareas del accionante; le quitó las de cortador y lo mandaron a cargar y descargar telas y mercadería de los camiones, encimar, barrer y desenrollar telas. La propia testigo Pavluk – empleada del Sector de Personal- sostuvo que el actor era cortador y después de las vacaciones se dio por despedido «porque no lo dejaban cortar», debiendo destacarse que ninguno de ellos hizo referencia a la existencia de problemas de salud en el accionante.

De tal modo, se advierte que, la principal ninguna prueba aportó a fin de acreditar las razones invocadas en el responde para haber tomado la decisión de modificar las tareas de cortador, que hasta ese momento venía desempeñando Roldán. Tampoco obra constancia alguna en la causa que demuestre que, tal como le hizo saber al trabajador al responder su intimación, le hubieran adjudicado sus tareas habituales luego de que éste las requiriera, y lo cierto es que tampoco acompañó recibo de haberes correspondiente al mes de enero de 2008 de donde surgiera que abonó en dicho mes el plus como cortador, que el actor reputa adeudado.

Consecuentemente, considero que la modificación injustificada y peyorativa de las tareas otorgadas al trabajador en el último mes de trabajo, con la consiguiente disminución de su remuneración ante la supresión del adicional por corte, constituyó una injuria de suficiente gravedad como para justificar la decisión rescisoria adoptada por el actor, lo que me lleva a revocar lo decidido en grado y hacer lugar a las indemnizaciones reclamadas, con fundamento en los arts.232, 233 y 245 de la L.C.T.

Resultando a mi juicio suficientes los elementos mencionados para resolver la queja de autos, resulta abstracto el tratamiento de los agravios vertidos en torno a la modificación del horario laboral. En tal sentido, la CSJN ha señalado que «los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio» (cfr. fallo del 30/04/74 in re «Tolosa, Juan C. C/ Cia. Argentina de Televisión S.A.», publicado en La Ley, Tomo 155, pág. 750, número 385).

También habrá de prosperar la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 pues intimada la empleadora al pago de las indemnizaciones por despido (ver fs. 19) ésta no hizo efectivo su cumplimiento obligando al demandante a iniciar la presente acción.

Se agravia asimismo la parte actora por cuanto el Sentenciante de grado no hizo lugar a la entrega de los certificados de trabajo por considerar cumplida dicha obligación, con los instrumentos obrantes a fs. 112/115.

Adelanto que le asiste razón también en este aspecto, en tanto reiteradamente he sostenido que el «certificado de trabajo» contemplado en la mentada norma posee una finalidad distinta que el formulario PS 6.2. y, además, en éste no figuran la totalidad de los requisitos que aquél debe contener. No debe confundirse el «certificado de trabajo» del art. 80 de la L.C.T., con la «certificación de servicios y remuneraciones» de la ley 24.241, ya que «esta última se expide en un formulario de la ANSES (P.S.6.2.) en el que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el citado art. 80 LCT. Además, la finalidad de uno y otro certificado es distinta:el primero le sirve al trabajador para conseguirse otro empleo, mientras que el segundo se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional, y queda archivado en las oficinas de la ANSES» (CNAT, Sala IV, 2010/09/29 «Forestieri, María Angeles Lorena c/ Hutchinson Telecommunications Argentina S.A.» del voto del Dr. Guisado).

Tal decisión se ajusta a lo dispuesto por el art. 80 LCT en el marco de la interpretación que ha sido formulada por esta sala in re Smolarczuk, Mariano Javier c/ Actionline S.A. s/ certificado de trabajo», S.D. 95.320 del 22/10/07, que dispone que los certificados de trabajo deben contener:

a) la indicación del tiempo de prestación de los servicios (fecha de ingreso y egreso);

b) naturaleza de los servicios (tareas, cargos, categoría profesional, etc.);

c) la constancia de los sueldos percibidos;

d) la constancia de los aportes y contribuciones efectuados por el empleador con destino a los organismos de la seguridad social; (constancia o descripción que efectúa el principal y que no debe confundirse con la «constancia documentada» que el mismo artículo prevé en el primer párrafo como posibilidad de excepción); y

e) la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación (conf. ley 24.576).

Conforme lo expuesto propicio revocar este aspecto del decisorio y condenar a Creaciones Americanas S.R.L. a hacer entrega al actor del certificado de trabajo conforme las especificaciones previstas en el art. 80 de la L.C.T., dentro del plazo de 5 días de notificada la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O., bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, deberá imponer el Juez de Primera Instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (conf. arts.37 CPCCN y 666 bis del Código Civil).

Por lo dicho y teniendo en cuenta la intimación cursada por el accionante en el plazo previsto en el decreto 146/01 (ver misiva de fs. 123) corresponde hacer lugar también a la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T.

Atento las modificaciones que se dejan propuestas corresponde recalcular la liquidación efectuada en la anterior instancia, para lo cual habré de estar a la mejor remuneración tomada en consideración por el Judicante de grado ($ 4.320) que no fue objeto de agravio por las partes. En consecuencia, el actor será acreedor a los siguientes conceptos y montos:

1) Indemnización por antigüedad: $ 47.520;

2) Indemnización sustitutiva de preaviso con SAC: $ 9.360;

3) Salario febrero: $ 2.634;

4) Integración del mes de despido con SAC: $ 1.826,5 0;

5) SAC proporcional 2008: $ 720;

6) Vacaciones proporcionales 2008: $ 536;

7) Saldo enero plus por corte: $ 563;

8) Indemnización art. 2 ley 25.323: $ 29.353,25;

9) Indemnización art. 45 ley 25.345: $ 12.960;

Todo lo cual hace un total de $ 105.472,75 que deberá ser abonado por la demandada en el plazo y con los intereses dispuestos en la sentencia de grado, que no fueron objeto de agravio ante esta alzada.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, circunstancia que torna abstracto el tratamiento de los agravios vertidos por la parte actora en este aspecto.

En orden a ello y en función de dicho resultado, las costas de ambas instancias deben ser impuestas a la parte demandada (art. 68 CPCCN).

A tal fin, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs.de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y perito contador en el 15%, 12% y 6% respectivamente, a calcularse sobre el monto de condena con intereses.

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada propongo que se regulen sus honorarios en el 30% y 25% respectivamente, de la suma que le corresponda percibir a cada uno por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Modificar la sentencia de grado y elevar el monto de condena a la suma de $ 105.472,75 (PESOS CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)

que deberá ser abonada en los plazos y con los accesorios fijados en el considerando respectivo; 2°) Condenar a Creaciones Americanas S.R.L. a hacer entrega al actor del certificado de trabajo conforme las especificaciones previstas en el art. 80 de la L.C.T., dentro del plazo de 5 días de notificada la liquidación prevista en el art.132 de la L.O., bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, deberá imponer el Juez de Primera Instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento; 3º) Dejar sin efecto la distribución de costas y regulaciones de honorarios fijados en la anterior instancia y establecerlos en forma originaria; 4º) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada; 5º) Regular los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la demandada y perito contador, por los trabajos efectuados en la anterior instancia, en el 15%, 12% y 6% respectivamente, a calcularse sobre el monto de condena con intereses; 6º) Fijar los honorarios de Alzada de los letrados firmantes de los escritos de fs. 300/311 y 313/318, en el 30% y 25% de lo que a cada una le corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior; 7º) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara

 

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