Procede el despido indirecto ante la negativa a subsanar inexactitudes relativas a la remuneración y a la fecha de ingreso

CertificadoLaboralPartes: Indumatic S.R.L. c/ Bembribes Alejandro Damián s/ consignación

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 27-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-83095-AR | MJJ83095 | MJJ83095

El incumplimiento en que incurrió la empleadora desoyendo la intimación cursada para que subsane las inexactitudes relativas a la remuneración y a la fecha de ingreso, posee magnitud suficiente para erigirse en justa causa de despido.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y por lo tanto, tener por justificada la ruptura del vínculo efectuada por el actor, pues la relación laboral fue registrada en una fecha de inicio posterior a la real y frente a la intimación para regularizar la situación, tuvo lugar la negativa por parte de la empleadora, siendo que además resultó comprobado que una importante porción del salario se encontraba fuera de todo registro.

2.-Toda vez que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el absurdo ni tampoco puede el Tribunal sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito, este vicio invalidante no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias de la causa.

3.-Siendo que debidamente intimada la empleadora no abonó al trabajador las acreencias que resultaron procedentes, obligándolo a reclamar judicialmente su cobro, se verifican los presupuestos contemplados en el art. 2 de la ley 25.323, por ello, el actor resulta acreedor aquél al recargo indemnizatorio de la mentada norma.

4.-Debe admitirse el progreso del reclamo fundado en el art. 16 de la ley 25.561 (conf. art. 4 , ley 25.972), -recargo indemnizatorio que a la fecha del despido alcanzaba un porcentaje del 50% (conf. decreto 1433/2005 )-, puesto que aun cuando resultan inatendibles los genéricos argumentos esgrimidos por la empleadora para fundar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 16 de la ley 25.561; 4 de la ley 25.972 y del decreto 1433/2005, ha sido convalidada reiteradamente la validez constitucional tanto del art. 16 de la ley 25.561 como de los sucesivos decretos que prorrogaron la vigencia de la medida laboral de emergencia allí establecida.

5.-Corresponde admitir el rubro fundado en el art. 15 de la ley 24.013 toda vez que se ha cumplido con la intimación prevista en dicha ley (art. 11 y concurre el presupuesto fáctico requerido en el último párrafo de su art. 15, ya que la injuria justificativa del distracto fue la renuente actitud del principal en registrar correctamente la remuneración del actor, sin que tampoco haya acreditado aquél de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido .

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 27 de noviembre de 2013, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 109.147, “’Indumatic S.R.L.’ contra Bembribes, Alejandro Damián. Consignación”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 5 del Departamento Judicial Quilmes desestimó parcialmente la reconvención planteada, imponiendo las costas del modo que especificó (fs. 426/444).

La reconviniente dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 451/473), concedido por el citado tribunal a fs. 474.

Dictada a fs. 479 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El tribunal del trabajo rechazó la acción de consignación promovida por “Indumatic S.R.L.” e hizo lugar parcialmente a la reconvención deducida por Alejandro Damián Bembribes, en consecuencia, condenó a la mentada sociedad al pago de la suma que estableció en concepto de sueldo anual complementario, días laborados en el mes de agosto de 2006, vacaciones e indemnizaciones contempladas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 9 y 10 de la ley 24.013. En cambio, desestimó el reclamo tendiente a obtener el cobro de horas extras, indemnizaciones derivadas del despido y aquéllas previstas en los arts. 15 de la ley 24.013; 4 de la ley 25.972 y 2 de la ley 25.323 (fs.426/444).

Para así decidir, en lo sustancial, consideró que ninguna de las causales esgrimidas por el señor Bembribes resultaron valederas para convalidar su actitud rescisoria, por lo que arribó a la conclusión de que la decisión de poner fin a la relación laboral devino injustificada (art. 242, L.C.T.). En este sentido, juzgó que el trabajador no había logrado acreditar la falta de pago de las horas extras laboradas, y que si bien se verificaba una incorrecta registración del contrato de trabajo en lo relativo a la fecha de ingreso y a la remuneración percibida, tales incumplimientos no revestían entidad suficiente para legitimar el despido indirecto en que se colocó (v. sent., fs. 434/435 vta.).

II. La parte reconviniente interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 44 inc. “d” y 63 de la ley 11.653; 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 9, 15 (modif. según art. 44 de la ley 25.345), 52, 63, 79, 80, 140, 201, 203, 204, 232, 233, 242, 245 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 de la ley 11.544; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional; 9 de la ley 24.013; ley 25.323 y doctrina legal que indica (fs. 451/473).

Alega esencialmente que todas las causales invocadas como fundamento del despido no sólo han quedado acreditadas, sino que resultan aptas para justificar la decisión del trabajador de extinguir la relación laboral.Desarrolla así las consideraciones por las cuales entiende verificados cada uno de los incumplimientos endilgados al principal, objetando especialmente que a pesar de juzgar acreditada la parcial registración de la remuneración percibida por el dependiente, el juzgador de grado considerara que dicha circunstancia no era motivo suficiente para que el trabajador se considerara despedido.

Cuestiona asimismo que en el fallo se tuviera por no demostrado que el señor Bembribes laboraba los días sábados; también, que se imputara el importe de la remuneración percibido “en negro” al pago de las horas extras realizadas y de las asignaciones fijadas por decreto del Poder Ejecutivo nacional.

A su vez, sostiene que si el a quo juzgó que el trabajador era acreedor al pago de la multa prevista en el art. 10 de la ley 24.013 y que resultó acreditada una fecha de ingreso distinta a la denunciada por la empleadora, debió declarar procedente el reclamo fundado en el art. 9 de la citada ley.

III. El recurso prospera parcialmente.

1. No son de recibo los cuestionamientos que giran en torno a la jornada de trabajo establecida en el fallo y lo determinado por el sentenciante con relación a que dentro de la remuneración percibida por el trabajador estaba incluido el pago de las horas extras y de los importes fijados por los decretos del Poder Ejecutivo nacional.

a. Con apoyo en las declaraciones testimoniales, el tribunal de grado juzgó demostrado que la jornada de trabajo del señor Bembribes superaba la prevista legalmente, en tanto cumplía un horario que se extendía desde las 6 hasta las 18 horas de lunes a viernes (66 horas semanales), realizando entonces un total de 24 horas extras por semana que representan 72 mensuales. Sin embargo, teniendo en cuenta lo imprecisa que en el punto resultó la prueba testimonial y lo manifestado por el propio trabajador al contestar la demanda y reconvenir, consideró que no resultó probado que éste prestara tareas los días sábados (v. vered., fs.427 vta./428).

Luego, tras juzgar verificado que el trabajador percibía parte de su salario fuera de registro (aproximadamente el 50%), y en virtud de lo dispuesto por los arts. 52 y 53 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653, tuvo por cierto que su remuneración mensual ascendía a la cantidad de $ 1.600; también que dicho importe comprendía el pago de las horas extraordinarias realizadas, pues no resultaba razonable que la empleadora abonase voluntariamente un salario por sobre el 60% del mínimo previsto en el convenio de aplicación y no las horas suplementarias trabajadas, que resultaban de pago obligatorio (v. vered., fs. 428 vta./429).

Por ello, entendió que no existía un crédito a favor del actor por tal rubro y, a su vez, que tampoco se constataba una deuda originada en la falta de pago de los aumentos previstos en los decretos del Poder Ejecutivo nacional, en tanto surgía corroborado con el informe contable que ellos habían sido liquidados y cancelados por el principal (v. vered., fs. cit.).

b. Las conclusiones reseñadas a las que arribó el juzgador en uso de atribuciones privativas no logran ser desvirtuadas por el recurrente.

Ha señalado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio, porque el absurdo se configura ante el error grave y manifiesto, no bastando para demostrarlo la exhibición de una opinión discrepante que se limita a exponer un particular y personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas de la causa, poniendo en evidencia su intención de disputarle al juzgador de mérito su privativa facultad de hacerlo (conf. causas L. 96.290, “H. T.,”, sent. de 26-VIII-2009; L. 92.841, “Loza Salinas”, sent. de 14-V-2008; L. 83.615, “P., A.”, sent.de 20-VI-2007; entre otras). El tenor de la impugnación traída torna aplicable dicha doctrina.

Partiendo de su propia apreciación de las circunstancias fácticas de la causa y de lo manifestado por el trabajador al contestar la demanda y reconvenir, el interesado sólo expone su disenso respecto al análisis realizado por el a quo para arribar a las conclusiones impugnadas, sin ocuparse de desplegar una crítica eficiente para descalificar el razonamiento que, a través del examen integral de la prueba, condujo al juzgador a resolver en sentido contrario a sus pretensiones.

En fin, no se advierte que la queja cumpla en este aspecto con el recaudo de una fundamentación adecuada y suficiente (art. 279, C.P.C.C.), toda vez que el recurrente se limita a manifestar su particular criterio discrepante con el exteriorizado por el sentenciante, sin efectuar una réplica idónea tendiente a contrarrestar los argumentos por éste explicitados, mecanismo que -como es sabido- resulta insuficiente para evidenciar la existencia del absurdo (conf. causas L. 52.195, “Casas”, sent. de 23-XI-1993; L. 52.183, “Fuentes”, sent. de 29-VI-1993; entre otras).

No cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el absurdo ni tampoco puede este Tribunal sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito. Este vicio invalidante no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias de la causa (conf. L. 107.653, “Casetti”, sent. de 29-II-2012; L. 107.844, “Giuri”, sent. de 30-XI-2011; L. 100.946, “Piza”, sent. de 2-VII-2010; L. 93.868, “B., A. D.”, sent. de 10-IX-2008; entre muchas).

Por último, respecto de la denuncia sobre una supuesta transgresión del principio in dubio pro operari del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. recurso, fs.466 y vta.), debo señalar que es ineficaz, toda vez que no existió en el sentenciante duda al resolver la presente causa (conf. L. 108.349, “Britos”, sent. de 3-V-2012; L. 103.580, “Sánchez”, sent. de 14-XII-2011; entre otras).

2. Corresponde analizar el agravio vinculado a la valoración de la injuria realizada en la instancia de origen.

Debe inicialmente recordarse que la apreciación del material probatorio, la valoración de la conducta asumida por las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo contractual, como las conclusiones acerca de la existencia o la entidad de la injuria en las causales invocadas para disponer una cesantía, constituyen materias reservadas a los jueces de grado. El límite que reconoce esa facultad lo configura la eficaz alegación y demostración del absurdo en la apreciación de los hechos y las pruebas, o la afirmación y comprobación de que la conduct a injuriosa ha sido evaluada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (conf. causas L. 105.607, “Sánchez”, sent. de 28-III-2012; L. 96.122, “Salinas”, sent. de 30-XI-2011; L. 102.390, “Ruiz”, sent. de 24-XI-2010; L. 91.882, “Seminario”, sent. de 28-V-2008; L. 89.351, “Prandi” , sent. de 7-III-2007; entre muchas otras).

El recurrente evidencia la anomalía decisoria que le atribuye a la sentencia.

a. En lo relevante, surge del intercambio telegráfico que el día 10-VIII-2006 el trabajador intimó a su empleador -entre otros requerimientos- para que proceda a registrar correctamente el contrato de trabajo, a cuyo fin denunció la real fecha de ingreso, categoría y remuneración, todo ello bajo apercibimiento de considerarse despedido; a su vez, comunicó la retención de tareas hasta tanto se regularizara su situación (v. cartas documento, fs.37 y 151).

En su respuesta de fecha 15-VIII-2006, el principal negó que el accionante hubiera laborado de “manera informal” o “en negro” y, asimismo, la veracidad de los datos consignados en la misiva obrera, intimando al dependiente a que retome sus tareas (v. cartas doc., fs. 33 y 159).

Haciendo efectivo el apercibimiento consignado en su primer comunicación, el accionante decidió rescindir el contrato de trabajo, esgrimiendo -entre otros motivos- la negativa del empleador en registrar correctamente el vínculo laboral (v. C.D. de fecha 19-VIII-2006, fs. 31 y 148).

b. Las partes reiteraron dichas posturas en sus escritos constitutivos de la litis (v. reconvención, fs. 163/182 y responde de fs. 197/209 vta.).

c. Al resolver la controversia, el tribunal de grado juzgó acreditadas las infracciones registrales denunciadas por el reconviniente, tanto en lo vinculado a su fecha de ingreso, como a la remuneración (v. vered., fs. 428/429).

Sin embargo, consideró que la deficiente registración de los referidos datos por parte del empleador no resultaba suficiente a los fines de justificar la situación de despido en que se colocó el dependiente. Expresó que si bien se verificaba que el actor percibía parte de su salario fuera de recibo, esta circunstancia analizada “en el contexto de los alcances y/o magnitud que implica dicha injuria” no revestía entidad suficiente para legitimar la medida rupturista, por cuanto -señaló- “el perjuicio concreto y directo para el trabajador resulta limitado”, toda vez que pese de la deficiente registración, éste contaba con “la protección de los sistemas de seguridad y previsión social”. A la par, le restó aptitud injuriosa al hecho de que su fecha de ingreso hubiera sido inscripta veintisiete días después de la comprobada en autos (v. sent., fs. 434 vta./435 vta.).

d. La decisión del tribunal proviene de una labor apartada de los estándares previstos por el legislador en el art.242 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Sin perjuicio de lo que pudiera considerarse respecto a la entidad que cabría otorgar únicamente a la deficiente registración de la fecha de inicio del vínculo laboral (27 días de diferencia), lo cierto es que también otra de las conductas injuriosas del principal en la que se sustentó la decisión rupturista resultó acreditada: aquélla que remite a la negativa a registrar la remuneración por él denunciada, la que resultó a la postre comprobada verificándose una importante porción del salario fuera de todo registro (v. fs. 428 vta.). Luego, el incumplimiento en que aquél incurrió desoyendo la intimación cursada para que subsane tales inexactitudes, dada su gravedad, posee la necesaria magnitud como para erigirse en justa causa de despido, desplazando el principio de conservación del contrato que consagra el art. 10 de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 242, L.C.T.; conf. doct. causa L. 91.011, “Pedrol”, sent. de 23-IV-2008).

Cabe concluir entonces que, en virtud de los motivos examinados, el trabajador se encontraba habilitado para extinguir justificadamente el contrato de trabajo. Siendo ello así, le asiste derecho a percibir las indemnizaciones por antigüedad, falta de preaviso e integración del mes de despido, rubros cuya procedencia aquí se declara (arts. 232, 233, 242, 245 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo).

3. Sentado ello, y siendo que debidamente intimada la empleadora no abonó al trabajador las acreencias que aquí se juzgan procedentes (v. misiva de fecha 19-VIII-2006), obligándolo a reclamar judicialmente su cobro, se verifican los presupuestos contemplados en el art. 2 de la ley 25.323, por ello, resulta también acreedor aquél al recargo indemnizatorio de la mentada norma (conf. doct. causa L. 100.914, “Torres”, sent. de 17-VIII-2011; entre otras).

4. Por otro lado, en vista a la solución que vengo propiciando, corresponde analizar la procedencia del reclamo por el agravamiento indemnizatorio previsto en el art.16 de la ley 25.561.

A tal fin, y por aplicación de la regla de la adhesión a la apelación cuya vigencia en la sede extraordinaria ya ha sido sostenida por la Suprema Corte (conf. doct. causas L. 86.972, “Hernández”, sent. de 2-XII-2009; L. 80.099, “Torti” , sent. de 19-IX-2007; entre otras), debo tener en consideración que al contestar la reconvención deducida, la accionante se opuso al progreso del aludido concepto. Sobre la base de la fecha de ingreso del actor (1-XII-2003), y en tanto se trataba de un despido indirecto, postuló la inaplicabilidad de la referida norma al presente caso, manifestando además que a todo evento el recargo indemnizatorio que debía considerarse ascendía al 50% según decreto 1433/2005. Subsidiariamente, planteó la inconstitucionalidad de los arts. 16 de la ley 25.561 y 4 de la ley 25.972 y del aludido decreto (v. fs. 201 vta./203).

En primer lugar, no es de recibo el argumento a través del cual se postula la inaplicabilidad del citado precepto sobre la base de que en tanto el actor ingresó a laborar el día 1-XII-2003, se configura el supuesto previsto en el decreto 2639/2002. Ello así, pues la circunstancia a que alude el referido decreto (que la incorporación del dependiente represente un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31-XII-2002) no es corroborada mediante ningún elemento probatorio de la causa (v. pericia contable, punto 2 “d”, fs. 298).

Luego, cabe recordar que en la causa L. 90.265, “Jouannys” (sent. de 27-II-2008), este Tribunal estableció que no existía motivo alguno que habilite apartarse de la duplicación establecida por la ley 25.561 en los casos de despido indirecto, puesto que este instituto produce idénticos efectos que los derivados del despido decidido directamente por el empleador tal como lo prevé la Ley de Contrato de Trabajo (art.246 de la L.C.T.).

En este sentido, se declaró que circunscribir la aplicación del art. 16 de la ley 25.561 sólo a la hipótesis en que el principal decida rescindir el contrato sin causa justificada, desoye la facultad legislativa reconocida al trabajador de dar por finalizado el vínculo ante la existencia de comportamientos injuriosos provenientes del accionar de la contraparte. Arribar a otra solución conduciría a prohijar situaciones no deseadas, en las que sería suficiente que los empleadores se abstuvieran de adoptar la decisión de despedir para lograr, al cabo, vulnerar la aplicación de la disposición legal en análisis.

Sentado ello, aun cuando resultan inatendibles los genéricos argumentos esgrimidos por la accionante para fundar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 16 de la ley 25.561; 4 de la ley 25.972 y del decreto 1433/2005, he de señalar que esta Suprema Corte ha convalidado reiteradamente la validez constitucional tanto del art. 16 de la ley 25.561 como de los sucesivos decretos que prorrogaron la vigencia de la medida laboral de emergencia allí establecida (conf. causas L. 100.701, “Catalano” , sent. de 6-X-2010; L. 94.696, “Machado”, sent. de 25-VIII-2010; L. 90.223, “Collado” y L. 99.083, “De Tellería”, ambas sents. de 28-V-2010; L. 92.297, “Ferreyra”, sent. de 23-III-2010; entre otras).

Asimismo, este Tribunal en el precedente L. 104.302, “Bujan” (sent. de 14-XII-2011), convalidó también la validez constitucional del propio art. 4 de la ley 25.972.

Por lo tanto, debe admitirse el progreso del reclamo fundado en el art. 16 de la ley 25.561 (conf. art. 4, ley 25.972), recargo indemnizatorio que -tal como lo señaló la reconvenida- a la fecha del despido alcanzaba un porcentaje del 50% (conf. decreto 1433/2005).

5. Sentado lo expuesto, corresponde abordar el análisis relativo al progreso de las indemnizaciones reclamadas con fundamento en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013.

a.Respecto de lo previsto en la primera de las citadas normas, es dable advertir que, contrariamente a lo señalado por el quejoso, el a quo declaró su procedencia y condenó a la demandada al pago de la suma que en dicho concepto estableció en el pronunciamiento (v. sent., fs. 441 vta.), por lo que la queja deducida en este aspecto deviene infundada.

b. En cambio, debe admitirse el rubro fundado en el art. 15 de la ley 24.013. En la especie, se ha cumplido con la intimación prevista en dicha ley (art. 11) y concurre el presupuesto fáctico requerido en el último párrafo de su art. 15, ya que la injuria justificativa del distracto -una de las esgrimidas- fue la renuente actitud del principal en registrar correctamente la remuneración del actor, sin que tampoco haya acreditado aquél “de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido” (conf. causa L. 78.414, “Donatti”, sent. de 13-VIII-2003).

IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia en cuanto consideró injustificada la ruptura del vínculo efectuada por el actor y rechazó la reconvención en relación a los rubros derivados de la extinción del contrato de trabajo y los recargos previstos en los arts. 2 d e la ley 25.323; 16 de la ley 25.561 y 15 de la ley 24.013, cuya procedencia se declara. Los autos deberán volver al tribunal de grado a fin de que practique una nueva liquidación y dicte el pronunciamiento que corresponde de conformidad con lo que aquí se establece.

Costas de ambas instancias a la reconvenida por los rubros que prosperan y a la reconviniente por los que se desestiman (arts.19 de la ley 11.653 y 68 y 289 del C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Genoud, de Lázzari y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó la reconvención deducida por el pago de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo y las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323; 16 de la ley 25.561 y 15 de la ley 24.013, cuya procedencia se declara. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con lo que aquí se decide y practique liquidación.

Las costas de ambas instancias se imponen a la reconvenida por los rubros que prosperan y a la reconviniente por los que se rechazan (arts. 19 de la ley 11.653 y 68 y 289 del C.P.C.C.).

Regístrese y notifíquese.

Daniel Fernando Soria

Luis Esteban Genoud

Hilda Kogan

Eduardo Nestor De Lazzari

Juan Ignacio Orsini – Subsecretario

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