¿Se puede despedir por inhabilidad, -art. 254 2do párrafo LCT- a quien no pudo reunir la capacitación necesaria para mantener su habilitación profesional como consecuencia de una acción sindical habida en la empresa?

Despido22Partes: De Mollein Daniel Horacio c/ Aerolineas Argentinas S.A s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 19-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-78808-AR | MJJ78808 | MJJ78808

El despido dispuesto por inhabilidad, -art. 254 2do párrafo LCT-, no luce ajustado a derecho toda vez que el actor no pudo reunir la capacitación necesaria para mantener su habilitación profesional como consecuencia de una acción sindical habida en la empresa; máxime habiéndose puesto a disposición de la empleadora a los fines de que reprograme la capacitación en cuestión.

Sumario:

1.-No corresponde tener por justificada la disolución del vínculo por incapacidad o inhabilidad del trabajador (art. 254 LCT) toda vez que el actor no pudo reunir la capacitación necesaria para mantener la habilitación profesional como consecuencia de la acción sindical habida en la empresa; máxime siendo que la demandada adoptó tal medida rescisoria teniendo pleno conocimiento de la disposición del actor de aguardar una reprogramación de la referida capacitación.

2.-Sin perjuicio de la alta especialización de las tareas a cargo de los pilotos de aeronaves de pasajeros y los riesgos que conlleva su realización sin la máxima preparación y condiciones técnicas, teniendo en cuenta el principio de buena fe que se traduce en un ajuste de la conducta de quien dirige la prestación a lo que es propio de un buen empleador tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato de trabajo (art. 63 de la LCT), la demandada debía, -por estarse a su alcance-, resguardar la subsistencia del vínculo como se promueve en el art. 10 de la LCT y por las razones específicas del caso particular en el art. 413 del CCT Nº 402/00.

3.-El despido dispuesto por la empleadora, -conforme el art. 254 2do párrafo LCT-, no luce ajsutado a derecho, puesto que no resulta cierto lo afirmado por la apelante, en el sentido de que alentaría la intromisión temeraria de la demandada en cuestiones reservadas a las asociaciones sindicales, -iniciativa prohibida por la ley especial al fulminar las denominadas prácticas desleales-, pues en definitiva, la demandanda debía, dadas las circunstancias, implementar un nuevo curso para que el actor pudiera mantener su capacitación y de tal manera la vigencia de la matrícula que lo habilitaba a ejercer su profesión; máxime cuando se advierte que el actor se había puesto expresamente a disposición para una nueva programación a través de una comunicación que envió a la empleadora el mismo día en que fracasó el curso y simultáneamente se lo despidió.

4.-Corresponde confirmar el monto indemnizatorio, -ley 23.592 -, dispuesto en la instancia anterior puesto que cabe señalar que la referida ley expresamente contempla la reparación del daño moral como una de las posibles formas de conjurar el perjuicio generado por el acto discriminatorio, sin que la queja ponga de manifiesto otros menoscabos adicionales que excedan los propios de la ruptura incausada alcanzados por la tarifa.

5.-Corresponde confirmar la procedencia del rubro de condena horas estándar y horas flexibilidad como así también gastos de representación que se deriva del primero, toda vez que se corresponden con períodos en los que el trabajador, a causa de la actitud discriminatoria de la empleadora, se encontró imposibilitado de trabajar y en consecuencia de devengar dichos salarios adicionales.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 19-3-13 para dictar sentencia en los autos caratulados “DE MOLLEIN DANIEL HORACIO C/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. S/ DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I- La sentencia dictada a fs. 534/543vta. suscita las quejas que la demandada interpone a fs. 548/555vta. y la actora a fs. 556/567, recibiendo réplicas a fs. 573/574 y 575/577vta., respectivamente.

II- Cabe desestimar inicialmente la objeción que dirige la demandada contra la valoración que se efectuara del desenlace del vínculo, toda vez que no se hace cargo de refutar puntualmente los fundamentos que expuso la juez de grado anterior con la finalidad de sustentar la conclusión que se pretende revertir.

En efecto, en la presentación recursiva se insiste en la ajenidad de la empresa respecto a la acción sindical que impidió al actor reunir la capacitación necesaria para mantener la habilitación profesional, cuya pérdida fue invocada a fin de justificar la extinción del vínculo habido en los términos del art. 254 2º párrafo de la LCT, sin poner en tela de juicio que dicha decisión la adoptó teniendo pleno conocimiento de la disposición del actor de aguardar una reprogramación de la referida capacitación, marco en el que adquiere relevancia la omisión respecto a las razones que le impedían asignarle funciones en tierra acordes con sus aptitudes profesionales.

Todo ello, teniendo en cuenta el principio de buena fe que se traduce en un ajuste de la conducta de quien dirige la prestación a lo que es propio de un buen empleador tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato de trabajo (art.63 de la LCT), sin que sea atendible la pretensión de eximirse de dicho deber de conducta oponiendo la alta especialización de las tareas a cargo de los pilotos de aeronaves de pasajeros y los riesgos que conlleva su realización sin la máxima preparación y condiciones técnicas, a sabiendas de que si el accionante no se encontraba munido de las mismas era -desde la propia versión de la recurrente- porque la voluntad de un tercero con relevancia suficiente para imponerse sobre la del actor lo impedía, encontrándose al alcance de la principal resguardar la subsistencia del vínculo como se promueve en el art. 10 de la LCT y por las razones específicas del caso particular en el art. 4.13 del CCT Nº 402/00e.

Tampoco se direcciona la resolución recaída como pretende la apelante a alentar la intromisión temeraria de la demandada en cuestiones reservadas a las asociaciones sindicales, iniciativa prohibida por la ley especial al fulminar las denominadas prácticas desleales, sino meramente a la implementación de un nuevo curso para que el actor pudiera mantener su capacitación y de tal manera la vigencia de la matrícula que lo habilitaba a ejercer su profesión (en igual sentido, Sala I de esta Cámara, SD Nº 87.797 del 11/6/2012 “in re” “García José Luis c/ Aerolíneas Argentinas S.A. s/despido”), máxime cuando se advierte que el actor se había puesto expresamente a disposición para una nueva programación a través de una comunicación que envió a la empleadora el mismo día 26/8/09 en que fracasó el curso y simultáneamente se lo despidió (fs. 129 y 133).

Consecuentemente, propondré que se confirme la sentencia dictada en la anterior instancia en lo principal que fue materia de agravios.III- En cuanto al tratamiento que merecieron los reclamos por daños extra patrimoniales, aspecto que motivó impugnaciones de ambas partes, propiciaré que también en este aspecto se confirme la solución adoptada ya que la divergencia de la demandada se limita a oponer consideraciones genéricas respecto a los matices que presenta la proyección de las disposiciones de la ley 23.592 en el ámbito laboral, sin hacerse cargo de refutar concretamente las circunstancias del vínculo habido sometido a litigio que expuso la juez de grado anterior a fin de fundamentar la conclusión que se pretende revertir, ni el material probatorio en el que se sustentaron, todo ello abonado por la doctrina emergente del fallo de la CSJN en autos “Alvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo” (A. 1023. XLIII. del 7 de diciembre de 2010) en cuanto admitió expresamente la aplicación de las disposiciones de la ley 23.592 al ámbito de las relaciones laborales.

Consecuentemente, de prosperar mi voto habrá de desestimarse la eficacia recursiva de las alegaciones interpuestas por la demandada en este punto.

Respecto a los reparos que la actora expuso en torno a la cuantía y composición de la indemnización, cabe señalar que la referida ley 23.592 expresamente contempla la reparación del daño moral como una de las posibles formas de conjurar el perjuicio generado por el acto discriminatorio, sin que la queja ponga de manifiesto otros menoscabos adicionales que excedan los propios de la ruptura incausada alcanzados por la tarifa. Por lo demás, a mi juicio la suma dispuesta en la anterior instancia resulta adecuadamente compensatoria en el marco previsto en la referida ley antidiscriminación.

Desde esa perspectiva, propondré que se confirme en dichos aspectos la sentencia dictada en la anterior instancia.IV- No será distinta la suerte de la queja de la demandada dirigida contra la procedencia del rubro de condena “horas estándar y horas flexibilidad” como así también “gastos de representación” que se deriva del primero, que la juez de grado anterior acogió por corresponderse con períodos en los que el trabajador a causa de la actitud discriminatoria de la empleadora se encontró imposibilitado de trabajar y en consecuencia de devengar dichos salarios adicionales, resultando en este punto inatendible la postura de la quejosa.

Llego a dicha conclusión toda vez que la argumentación bajo examen se limita a oponer una presunta incongruencia entre lo decidido en el punto en tratamiento y el rechazo de las diferencias salariales por categoría superior, soslayando la diferencia crucial que reside en el caso en análisis que consiste en que si el actor no percibió los rubros que aquí se tratan y que invariablemente le eran reconocidos como accesorios de la prestación principal, fue a causa del obrar obstructivo de otros dependientes de la demandada ante la pasividad de ésta, supuesto diverso que -en consecuencia- recibe una recepción distinta.

En esa inteligencia, la objeción de la demandada será desestimada en este punto, según mi voto.

No tendrá mejor suerte la queja que merece de la actora el rechazo de las diferencias fundadas en viáticos impagos y su repercusión en la variable salarial computada para arribar a la condena, toda vez que omite refutar concretamente los fundamentos en los que se sustentaron la solución adoptada, incumpliendo de tal manera con la directriz prevista en el art. 116 de la LO. V- También habrá de mantenerse por mi intermedio la base indemnizatoria que estableció la juez de grado anterior, incurriendo la queja de la demandada en falencias similares a las destacadas precedentemente ya que dicha variable se encuentra conformada por distintos rubros que se pretenden excluir bajo la mera descalificación de su carácter remunerativo sin exponer las razones que permitirían excepcionarlos del ámbito definido en términos amplios en el art.103 de la LCT.

En cuanto al disenso de la actora frente a la proyección que se efectuara del fallo “Vizzoti” de la CSJN, se limita a exponer su disconformidad con la deducción del 33% que resulta de su proyección sin advertir que dicha pauta resulta determinante para descalificar la aplicación del tope indemnizatorio sólo en aquéllos casos en que se supere -a partir del riesgo confiscatorio tomado como parámetro del ámbito tributario-, quedando incluida consecuentemente en la fórmula en cuestión.

VI- Respecto a la queja que la demandada dirige contra el progreso de los salarios de agosto de 2009, SAC proporcional y vacaciones proporcionales, propondré que el recurso se declare desierto ya que se omite la crítica concreta y razonada que se exige en el art. 116 de la LO para obtener la revisión en esta Alzada.

Carece asimismo de la mínima consistencia el desacuerdo que la misma parte expone respecto a la procedencia del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2º de la ley 25.323, ya que las circunstancias ponderadas en el considerando II excluyen cualquier posibilidad de recurrir a la facultad eximitoria invocada por la recurrente que la misma norma prevé, reservada exclusivamente para casos excepcionales en los que se verifiquen causas que justifiquen la conducta del empleador, enmarcada en los deberes de conducta legalmente impuestos. En cuanto a los pagos efectuados que se esgrimen a fin de logar la eximición parcial, cabe señalar que se trató sólo de los conceptos que atañen a la liquidación final, sin reconocerse oportunamente ninguno de los rubros indemnizatorios que en la presente se integran a condena.VII- Finalmente, en lo que atañe a la imposición de las costas, accesorio que puso en tela de juicio la obligada, propondré que también se confirme la sentencia de grado anterior toda vez que para la determinación bajo examen ninguna norma prevé su férrea vinculación con la proporción por la que progresa en definitiva el reclamo, debiéndose tener en cuenta a la vez las razones por las que se accede al litigio y como éste se desenvuelve. A partir de tales directrices, en el caso de autos resulta adecuada la disposición adoptada por la juez a-quo ya que teniendo en cuenta las circunstancias valoradas precedentemente, en relación a los parciales desestimados la actora válidamente pudo suponerse con mejor derecho a reclamar como lo hizo (conf. art. 68 del CPCCN).

En cuanto a la regulación de honorarios, impugnada tanto por la demandada por considerarlos elevados en su totalidad, como por la perit o contadora por estimar reducidos los propios, en mi opinión los emolumentos en cuestión resultan ajustados teniendo en cuenta la calidad, mérito y extensión de las tareas llevadas a cabo en la anterior instancia (conf. art. 38 primera parte de la L.O., Dec. Ley 16.638/57 y ley 24.432 ).

Costas de la Alzada en el orden causado, teniendo en cuenta los vencimientos mutuos (conf. art. 71 del CPCCN).

Regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que les correspondiese a cada una en la anterior instancia, conforme las pautas y normativa expuestas precedentemente.

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach no vota (conf. Art. 125 L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE :I) Confirmar la sentencia dictada en la anterior instancia en lo que fue materia de agravios. II) Costas de la Alzada en el orden causado. III) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que les correspondiese a cada una en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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