La vivienda propiedad del empleador otorgada en comodato desde el comienzo de la relación laboral no integra la remuneración

Partes: Delavalle Ricardo Fernando c/ Transportadora de Gas del Sur S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 16-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-74947-AR | MJJ74947 | MJJ74947

No corresponde incluir la vivienda a la base de cálculo indemnizatorio, -sin perjuicio de haber sido otorgada desde comienzo de la relación laboral-, puesto que el art. 105 inc. D) LCT. exceptúa al comodato de casa-habitación de propiedad del empleador, que es justamente, el tipo de contrato habido en el caso de autos.

Sumario:

1.-Corresponde considerar injustificado el despido del trabajador, con fundamento en el faltante de cables sobrantes de una instalación y el uso de personal de la empresa para actividades particulares-, puesto que la medida resulta desproporcionada e irrazonable teniendo en cuenta que se trataba de un empleado que contaba con dieciséis años de antigüedad con un legajo sin tachas; y en tales circunstancias la empleadora, en ejercicio del poder de dirección con el que cuenta y las facultades disciplinarias que le otorga para ello la Ley de Contrato de Trabajo, pudo imponer al trabajador una sanción disciplinaria sin efecto de ruptura (hasta un plazo máximo de 30 días de suspensión).

2.-Toda vez que los testigos analizados han reconocido ser dependientes jerárquicos de la demandada (Director y Gerente de Relaciones Laborales y Servicios de Recursos Humanos respectivamente), los testimonios deben ser apreciados con criterio restrictivo (art. 441 inc. 5to.  CPCCN.) y, en el particular caso de autos, debe tenerse en cuenta que los mentados declarantes se encontraban ligados a la decisión de despedir al trabajador, lo que hace que sus dichos, luzcan animosos y carezcan de la necesaria libertad para declarar imparcialmente (art. 456 2do. párr.  CPCCN., art. 90  LO.).

3.-Corresponde confirmar la sentencia de grado respecto de la injustificada decisión rupturista adoptada por la demandada, puesto que, en uso del poder de dirección, ni siquiera hizo uso de la extensión máxima de suspensión permitida por la Ley sino que, por el contrario, decidió disolver el contrato de trabajo contrario a los principios de continuidad y subsistencia del contrato de trabajo (arts. 62 , 63  y 10  de la LCT.).

4.-No corresponde admitir el reclamo por horas extras puesto que el hecho de que el trabajador hubiese estado sujeto a un control horario de ingreso y egreso del establecimiento, llevado a cabo por personal de seguridad que contrataba la firma demandada, responde a que todos los empleados debían registrar su ingreso y salida de la empresa.

5.-No corresponde incluir dentro de la base de cálculo de la indemnización la parte correspondiente al bono anual toda vez que la gratificación es una prestación de carácter salarial que, -salvo que proceda de una norma obligatoria, como por ejemplo, un convenio colectivo-, proviene de una decisión libre y voluntariamente adoptada por el empleador quién, por tal motivo, se encuentra legitimado para establecer las modalidades a las cuales ha de subordinar su reconocimiento en el caso concreto y a denegar su pago si tales recaudos no se encuentran objetivamente justificados.

6.-No corresponde incluir la vivienda al salario, -sin perjuicio de haber sido otorgada desde comienzo de la relación laboral-, puesto que sin bien el art. 105  de la LCT. determina que las prestaciones complementarias en especie integran la remuneración del trabajador, exceptúa en su inciso d) al comodato de casa-habitación de propiedad del empleador, ubicado en barrios o complejos circundantes al lugar de trabajo, o la locación, en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda-, que es justamente, el tipo de contrato relativo a la casa en cuestión.

7.-No corresponde admitir la indemnización prevista en el cuarto párrafo del art. 80  de la LCT. (incorporado por el art.45  de la Ley 25345) pues su viabilidad no depende sólo de la falta de entrega en término de las constancias aludidas por la norma citada, sino también del requerimiento expreso formulado por el trabajador según lo previsto por el art. 3º  del dec. 146/2001, y en el caso, el actor intimó mediante el telegrama cuando no se había cumplido aún el plazo establecido por el decreto (del voto de la Dra. Gabriela Alejandra Vazquez al que adhiere el Dr. Vilela).

8.-Corresponde confirmar la condena al pago de la indemnización del art. 80 LCT., ya que el empleador debe hacer entrega de los certificados en forma inmediata a la desvinculación y en el tiempo que razonablemente demore su confección pero para eximirse de responsabilidad, debe proceder a la consignación judicial (arg. art. 756  y 764  del CCiv.), y en el presente caso, la demandada insiste en haber efectuado la consignación judicial de los certificados pertinentes pero omite consideración alguna respecto de la insuficiencia de los mismos (del voto de la Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara – disidencia).

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de agosto de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I. La Sra. Jueza a quo hizo lugar parcialmente a la demanda orientada al cobro de indemnizaciones por despido y otros créditos de naturaleza laboral (fs. 392/401).

II. Tal decisión es apelada por ambas partes. La actora, a tenor del memorial de fs. 409/422 y la demandada conforme lo expresado a fs. 425/433. Ambas presentaciones merecieron oportuna réplica de su contraria a fs. 433/442 y 446/450 respectivamente. Por su parte, la experta contable apela los honorarios que le fueron regulados por considerarlos exiguos (fs. 423).

III. El actor, se alza contra el fallo porque la Sra. Jueza: a) no receptó el reclamo salarial por horas extraordinarias; b) no incluyó en la remuneración la parte proporcional del SAC, del bonos anual y la vivienda; c) no declaró la inconstitucionalidad del art. 245  LCT y d) impuso parcialmente las costas a su parte.

Por otro lado, la demandada se queja porque quien me precedió: a) no consideró justificada la decisión rupturista; b) hizo lugar a la multa prevista en el art. 2º  Ley 25.323; c) calculó en su tesis defectuosamente las partidas correspondientes a los días trabajados del mes de octubre del 2.009; la integración del mes de despido y el SAC; d) hizo lugar a la multa del art. 80  LCT y a la entrega de los certificados de trabajo y e) impuso que los intereses fueran calculados conforme la tasa activa del Banco Nación.Finalmente se alza contra la imposición de costas y la regulación de honorarios de la totalidad de los profesionales intervinientes por considerarla elevada.

Llega firme a esta Alzada que el actor ingresó a trabajar para la demandada el 01.11.1993 desempeñándose en varios cargos a lo largo de la relación siendo, finalmente, el responsable de mantenimiento y servicios generales de la sede central. También se encuentra acreditado, que el 06.10.09 la empresa le remitió una misiva para comunicarle el despido con causa.

No obstante, quien me precedió en el juzgamiento entendió que las causas esgrimidas no fueron probadas y que la desvinculación de un contrato de trabajo de más de dieciséis años, debía sustentarse en razones que trascendieron las apreciaciones de los superiores jerárquicos de la empresa y constituiría reales injurias que no consientan la prosecución del vínculo laboral. Ante esta decisión se alza la demandada.

Comparto las apreciaciones de la Sra. Jueza a quo en cuanto afirma que las imputaciones en modo alguno se encuentran corroboradas en autos con las declaraciones de los testigos Sardi y Allasino.

Los cuatro pasajes de la declaración de Sardi (fs. 347/351) que destaca la demandada no pueden conmover lo decidido en origen. Los primeros tres son descriptivos de la relación, sin hacer alusión ninguna a las imputaciones endilgadas en la misiva rescisoria. La cuarta, es un relato que se encuentra sustentado por “denuncias” en su primer segmento y luego por comentarios de “Rodríguez” (de quien no se acuerda el nombre y no fue presentado como testigo). Es jurisprudencia de esta Sala que no es idónea la prueba testimonial si no proviene “propiis sensibus”. Es decir, que cuando nos referimos a testigos hablamos de quienes han tenido conocimiento personal de los hechos a acreditar, ya por haberlos visto, por haberlos escuchado o percibido de alguna manera (cfr. Sala I, Martínez Héctor A. c/ Empresa Transp.Fournier SA, SD 58014 del 29/12/89).

Respecto del testimonio de Allasino, el apelante lo menciona genéricamente, y no hace foco en aquellas afirmaciones que permitirían demostrar los errores en los que habría incurrido la Sentenciante. Por el contrario, se limita a argumentar que de sus dichos se desprendería la veracidad de las imputaciones vertidas contra el actor y que, el dicente, expone claramente “la fuente de su conocimiento”. Pues bien, del relato de fs. 355/359, surge que al referirse a las causas del distracto, sus conocimientos fueron incorporados porque “algunos de los empleados se acercaron al dicente en confianza” contándole sobre ciertas irregularidades y que, ante ello, se le solicitó un descargo al actor.

También, afirmó que por haber visto facturas, puede asegurar que la empresa realizó compras irregulares mientras el actor se desempeñaba como responsable de mantenimiento y servicios generales.

Obsérvese que los testigos analizados han reconocido ser dependientes jerárquicos de la demandada (Director y Gerente de Relaciones Laborales y Servicios de Recursos Humanos respectivamente). En tales condiciones, los testimonios deben ser apreciados con criterio restrictivo (art. 441 inc. 5to.  CPCCN) y, en el particular caso de autos, debe tenerse en cuenta que los mentados declarantes se encontraban ligados a la decisión de despedir al actor. Esto hace que sus dichos, luzcan animosos y carezcan de la necesaria libertad para declarar imparcialmente (art. 456 2do. párr.  CPCCN, art. 90  L.O.).

Por su parte, la pericial contable no logra validar las afirmaciones en las que se fundó la decisión rupturista. Sostiene la demandada, que de su análisis se extrae que dentro de la empresa rige una Política de Standares Eticos y Conflicto de Intereses y que las compras denunciadas como irregulares tienen sustento en sus libros de comercio. Las suscripciones, por parte del actor, a la política de la empresa no son un argumento que revista mayor importancia e influyan en el decisorio. Las facturas que corroboró la perito no pueden ser entendidas como más que eso, facturas.Su carácter irregular no quedó comprobado y, menos aún, que el actor fuera el culpable de la compra.

Finalmente destaco que los “reconocimientos” a los que hace alusión la demandada (fs. 131/135, reconocida a fs. 202) tampoco poseen la suficiente gravedad como para encuadrar a la actitud de la demandada dentro de los parámetros del art. 242  LCT.

Memoro que el actor, en su descargo ante la empresa afirmó: a) haber tomado conocimiento sobre el faltante de unos cables que sobraron de una instalación; b) no recordar puntualmente que elementos habrían sido transportados hacía un mes; c) utilizar personal de la empresa para actividades particulares. Aunque lo justifica aduciendo el pago de esos gastos de su bolsillo y asume que, en caso que alguna factura se hubiese traspasado hacia los gastos de la empresa fue un error suyo por no notarlo.

Por el contrario, no existe reconocimiento por parte del actor respecto del uso del automóvil fuera de los fines para los que se lo otorgó.

Considero que la denuncia del contrato de trabajo, por los motivos expuestos, resulta desproporcionada e irrazonable teniendo en cuenta que se trataba de un empleado que contaba con dieciséis años de antigüedad con un legajo sin tachas.

Por eso, si las razones que expuso el aquí actor en cada una de las respuestas brindadas en su descargo no eran consideradas suficientes, la empleadora en ejercicio del poder de dirección con el que cuenta y las facultades disciplinarias que le otorga para ello la Ley de Contrato de Trabajo, pudo imponer al trabajador una sanción disciplinaria sin efecto de ruptura (hasta un plazo máximo de 30 días de suspensión). Sin embargo, ni siquiera hizo uso de la extensión máxima permitida por la Ley sino que, por el contrario, decidió disolver el contrato de trabajo contrario a los principios de continuidad y subsistencia del contrato de trabajo (arts.62, 63  y 10  de la LCT). Por lo expuesto propongo confirmar lo decidido en grado respecto de la injustificada decisión rupturista adoptada por la demandada.

El actor se alza contra el rechazo de las horas extraordinarias laboradas. Memoro que se encuentran dentro de la excepción contemplada por el inc. a) del art. 3°  de la ley 11544 diferentes casos de funciones de dirección, supervisión del personal y control en general. Así se ha señalado que si el dependiente ocupa un rol importante, de jerarquía en razón de su función, no debe ser considerado comprendido en el régimen de limitación de la jornada de labor sino en las situaciones de excepción previstas en la ley.

No le asiste derecho al cobro de horas extraordinarias al personal con facultades de contralor de la labor de otros empleados del establecimiento y con la posibilidad de impartir instrucciones, lo cual habla a las claras del ejercicio de facultades o poderes inherentes al rol de empleador o jefe. Al respecto, cabe señalar que la excepción contenida en el art. 3 inc a) de la ley 11544 encuentra su justificación en la asimilación de aquellos que cumplen funciones gerenciales o directivas con el empleador mismo, a quien representan. Esta circunstancia impide el sometimiento a las mismas condiciones de responsabilidad que importa el cargo que ocupan, y que en el plano retributivo se encuentra compensada con ingresos comúnmente más abultados que los de aquellos (SD 87450 del 10/2/06, del registro de la Sala III Expte n° 19502/04 sent.”Díaz, Susana y otros c/ Supermercados Norte SA s/ despido”). En el sentido expuesto, declararon los testigos y el propio actor ha descripto las funciones gerenciales que desempeñaba.

No obsta a tal conclusión el hecho de que hubiese estado sujeto a un control horario de ingreso y egreso del establecimiento, llevado a cabo por personal de seguridad que contrataba la firma demandada, en tanto todos los empleados debían registrar su ingreso y salida de la empresa (planillas de fs. 79/109).

Propongo, por lo expuesto, confirmar lo decidido en origen.

El actor se alza contra la exclusión del salario de la parte correspondiente al bono anual. Sostiene, que su naturaleza es rem uneratoria y no puede abstraerse de ella porque la demandada así lo decida.

Lo cierto es, que tal como señaló la magistrada, no corresponde incluirlo en la base de cálculo para la indemnización. En efecto, conforme la doctrina que emana del Plenario Nº 322 dictado por esta Cámara en autos “Tulosai, Alberto Pascual c/Banco Central de la República Argentina s/Ley 25.561″(rf:MJJ51327) del 19/11/09, que resulta de aplicación obligatoria para los jueces (conf.art. 303  CPCCN), en su parte pertinente dispone: “…2º) Descartada la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador, no debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245  de la LCT”.

Si bien puede advertirse que la demandada reconoció el pago de tal concepto, afirmó que para su percepción el actor -al igual que el restante personal jerárquico- debía satisfacer requisitos personales, del área que tiene a cargo y de la compañía en general.La gratificación es una prestación de carácter salarial que -salvo que proceda de una norma obligatoria, como por ejemplo, un convenio colectivo- proviene de una decisión libre y voluntariamente adoptada por el empleador quién, por tal motivo, se encuentra legitimado para establecer las modalidades a las cuales ha de subordinar su reconocimiento en el caso concreto y a denegar su pago si tales recaudos no se encuentran objetivamente justificados.

Entre las circunstancias a las que más corrientemente se suele someter el pago de una gratificación voluntaria se encuentran su frecuencia anual, que el dependiente se encuentre cumpliendo servicios a la finalización del período a considerar y al cumplimiento de determinados objetivos relacionados, por lo común, con la evaluación del desempeño del trabajador en el año calendario o el rendimiento económico de la empresa en el mismo lapso.

De lo expuesto, se extrae que, como se señaló en grado, no existe prueba que determine la existencia de una conducta fraudulenta por parte de la demandada. Por ello, propongo rechazar el planteamiento esbozado por el apelante.

El actor se alza contra la falta de incorporación de la vivienda al salario. Estima su cuantía en un 30% de la remuneración percibida en dinero. Sostiene que la misma le fue otorgada por el empleador en el año 1.994. La describe como cercana al lugar de trabajo y necesaria para la prosecución del vínculo por su ubicación de difícil acceso (Ruta 2 y Camino Centenario -Cruce de Alpargatas-).

Estas afirmaciones no son referencias críticas sobre lo que constituyó el fundamento del razonamiento de la judicante de primera instancia y de su conclusión sobre el particular. En efecto, disentir con la interpretación judicial pero sin fundamentar debidamente la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresar agravios (cnfr. doctr. art.116 2do párr.  LO.), recuérdese al respecto que la segunda instancia se inicia propiamente con la expresión de agravios y sin ella nuestra legislación no hay juicio de apelación. Obsérvese que el quejoso omite hacerse cargo de los motivos por los cuales la primer sentenciante consideró que la vivienda no debía formar parte de la remuneración.

El art. 105  de la Ley de Contrato de Trabajo determina que las prestaciones complementarias en especie, integran la remuneración del trabajador pero exceptúa en su inciso d) al “comodato de casa – habitación de propiedad del empleador, ubicado en barrios o complejos circundantes al lugar de trabajo; o la locación, en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda”.

Por ello, el contrato de comodato obrante a fs. 19/21 y las afirmaciones vertidas por el propio actor respecto de la ubicación de la casa me llevan a confirmar lo decidido en origen.

Tal como lo decidió en grado la Dra. Barrionuevo, resulta improcedente incluir la incidencia del aguinaldo en la base de cálculo de la indemnización por antigüedad en virtud de lo dispuesto en el fallo plenario 322 del 19 de noviembre de 2009 “Tulosai Alberto c/ Banco Central de la República Argentina s/ Ley 25.561”.

El actor propone la declaración de inconstitucionalidad del tope previsto por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La resolución pretendida resulta la última ratio del ordenamiento jurídico y no constituye un fin en sí misma, sino el medio para conjurar una eventual lesión de garantías constitucionales, por ello no resulta necesario recurrir a un remedio extremo y excepcional, que no puede ser utilizado en forma corriente como en el presente, sin atentar contra de la supremacía del derecho federal. En el caso, la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador fue de $11.483,25 y el tope salarial del CCT aplicable era de $10.137,99.En estos términos, y conforme las directrices trazadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Vizzotti c/ AMSA  (Fallos 327:3677), no existe un agravio que permita atender el planteo de inconstitucionalidad ya que, en el caso, el tope propuesto por la norma colectiva y receptada por el art. 245 LCT, no determina una quita que pueda reputarse como confiscatoria y lesiva del derecho de propiedad del accionante.

La parte demandada propone recalcular las partidas correspondientes a los días trabajados del mes de octubre, la integración del mes de despido y el SAC. Sostiene que su cuantificación en primera instancia fue realizada dividiendo el mejor salario ($11.483,25) por 30 días mientras que, octubre, tiene 31 por lo que propone que la remuneración diaria sea de $370,42.

Atendiendo el reclamo incoado, propicio modificar la decisión y diferir a condena las siguientes partidas:

Días trabajados mes de octubre 2.009 (8 días): $2.963,36

Integración mes de despido (art. 233  LCT, 23 días): $8519,66

SAC sobre mes de despido: $709,97

SAC segundo semestre 2.009: $3.126

El art. 2° de la ley 25.323 será confirmado ya que los argumentos vertidos por la demandada en su apelación no logran conmover lo decidido en grado. El actor intimó de modo fehaciente a abonar las indemnizaciones legales adeudadas, y ante la falta de pago de las mismas, se vio obligado a iniciar el presente reclamo judicial.

Ahora bien, conforme lo decidido respecto del recálculo de la integración del mes de despido (art. 233 LCT), debe modificarse su cuantificación y reducirse a la suma de $96.847 ($162.207,84+ $22.966,50+ $8.519,66×50%).

La demandada se alza contra la procedencia de la indemnización prevista en el cuarto párrafo del art. 80 de la L.C.T.(incorporado por el art.45  de la Ley 25.345). Es sabido que su viabilidad no depende sólo de la falta de entrega en término de las constancias aludidas por la norma citada, sino también del requerimiento expreso formulado por el trabajador según lo previsto por el art. 3º  del dec. 146/2001. Ante la extinción del vínculo el empleador está obligado a entregar al dependiente constancia documentada del ingreso de los aportes retenidos y de las contribuciones a su cargo, así como un certificado de trabajo con el contenido fijado por el tercer párrafo del art. 80 de la L.C.T. y por el art. 1º  de la ley 24.576 que incorporó el Capítulo VIII a la L.C.T. La norma reglamentaria, que no fue impugnada desde el punto de vista de su validez constitucional, fija en treinta días a partir de aquel evento el plazo para que el principal extienda las certificaciones pertinentes, oportunidad en la que queda configurada la mora.

Recién entonces el trabajador queda habilitado para cursar el emplazamiento fehaciente por dos días a que alude la ley, circunstancia de la cual depende en forma directa -en el supuesto de incumplimiento- la procedencia de la multa de marras. Ello conduce a declarar la ineficacia de la intimación cursada mientras el plazo de treinta días se hallaba en curso (cfr. esta Sala, “Armesto, Salomé c/ Rondo Difussion S.A. y otro s/ Despido”, sentencia definitiva nro. 81.602 del 20.04.2004), pues lo sancionado es la conducta omisiva posterior. En el caso, el actor intimó el día 26.10.10 mediante el telegrama 127241475, es decir, cuando no se había cumplido aún el plazo establecido por el decreto.

Por ello, atendiendo al criterio restrictivo que debe primar en materia punitiva, corresponde hacer lugar a la apelación interpuesta y descontar de la condena la partida correspondiente.

Corresponde tratar lo relativo a la entrega de los certificados del art. 80 LCT.Más allá de la puesta a disposición de los mismos y la consignación realizada en el expte. 1.923/10 obrante en el anexo nº 2.770 agregado por cuerda, corresponde condenar a la demandada TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. en su carácter de empleador, a hacer entrega de los certificados reclamados conforme los datos que se extraen del presente pronunciamiento, dentro del plazo de diez días de notificada la presente sentencia bajo apercibimiento de fijar astreintes (art. 666 bis  CC).

En definitiva de prosperar mi voto, la demanda prospera por los siguientes rubros:

Indemnización por antigüedad: $162.207,84

Indemnización sustitutiva de preaviso: $22.966,50

SAC sobre preaviso: $1.913,88

Días trabajados mes de octubre 2.009 (8 días): $2.963,36

Integración mes de despido (art. 233 LCT, 23 días): $8519,66

SAC sobre integración: $709,97

SAC segundo semestre 2.009: $3.126

Indemnización por vacaciones: $11.023,92

SAC sobre vacaciones: $918,66

Art. 2º Ley 25.323: $96.847 ($162.207,84+ $22.966,50+ $8.519,66×50%).

Total: $311.195,87

Llegan apelados los intereses dispuestos en grado. Deben correr intereses desde que cada suma fue exigible y hasta la fecha de su efectivo pago. Este Tribunal aplica la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (cnfr. Lo dispuesto por el Acta Nº 2357 del 07.05.05, y Resolución Nº 8 del 30.05.02, dictadas por la C.N.A.T.). En los sistemas nominalistas, es preciso que la alícuota utilizada como interés absorva el envilecimento del signo monetario, además del interés puro (art. 622 C.C.).

V. A influjo de lo normado por el art. 279(ef:LEG1312.279) CPCCN, corresponde emitir un nuevo pronunciamiento en materia de costas y honorarios, tornándose abstracto el tratamiento de los agravios vertidos en su relación.

Las costas de ambas instancias deben imponerse a la demandada quien resultó objetivamente vencida en lo principal (cnfr.Art. 68  CPCCN). En atención al mérito e importancia de los trabajos cumplidos, lo normado en el art. 38  L.O. y normas arancelarias de aplicación, regúlense los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la demandada y de la perito contadora en el 16%, 14% y 6% respectivamente, a calcular sobre el monto de condena más intereses.

En cuanto a su actuación en esta Alzada, regúlense los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte actora y demandada en el 25% y 25% a calcular sobre lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

VI. En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería, a) Confirmar lo decidido en origen en lo principal que decide y reducir el monto de condena a la suma de $311.195,87, con más los intereses dispuestos en el apartado correspondiente; b) Condenar a la demandada a confeccionar y entregar los certificados de trabajo con el apercibimiento establecido en el correspondiente acápite; c) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios dispuesta en origen -art. 279 CPCCN-; d) Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (art. 68 CPCCN) y e) Regular los honorarios conforme lo dispuesto en el punto V del presente pronunciamiento.

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Adhiero al voto propuesto por mi distinguida colega Dra. Gabriela A. Vázquez, con excepción de lo expuesto en torno a la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el caso “Vizzotti Carlos c/ AMSA S.A. ” (Fallos 327:3677) y el tope indemnizatorio allí dispuesto, en virtud de haber expresado mi opinión en sentido contrario en el precedente “Cairone Constanza c/ Cencosud S.A. s/ despido”, Expte. Nº 26259/09, S.D. 87045 del 27 de septiembre de 2011, a cuyos fundamentos me remito.

También disiento respetuosamente con la propuesta en torno a descontar de la condena dictada en origen, la indemnización prevista en el cuarto párrafo del art.80 de la L.C.T., pues he sostenido en el Expediente Nº 21245/09 in re “Núñez Diana Gisela c/ Cruce Castelar s/ despido”, S.D. 86714 del 9 de junio del 2011 del Registro de esta Sala, que el empleador debe hacer entrega de los certificados previstos por el art. 80 de la L.C.T. en forma inmediata a la desvinculación y en el tiempo que razonablemente demore su confección pero para eximirse de responsabilidad, debe proceder a la consignación judicial (arg. art. 756  y 764  del Código Civil). En el presente caso, la demandada insiste en haber efectuado la consignación judicial de los certificados pertinentes pero omite consideración alguna respecto de la decisión adoptada por la Sra. Magistrada de grado en torno a la insuficiencia de las actuaciones que obran en el anexo 2790, por ello, más allá de las cuestiones adjetivas señaladas por mi colega, considero que el agravio debería ser desestimado atento la ausencia de una crítica fundada y razonada conforme lo exige el art. 116 de la L.O.

El Doctor Vilela dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Vázquez, por compartir sus fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Confirmar lo decidido en origen en lo principal que decide y reducir el monto de condena a la suma de $311.195,87, con más los intereses dispuestos en el apartado correspondiente; b) Condenar a la demandada a confeccionar y entregar los certificados de trabajo con el apercibimiento establecido en el correspondiente acápite; c) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios dispuesta en origen -art. 279 CPCCN-; d) Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (art. 68 CPCCN) y e) Regular los honorarios conforme lo dispuesto en el punto V del presente pronunciamiento.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gabriela A. Vázquez

Jueza de Cámara

Gloria M. Pasten de Ishihara

Jueza de Cámara

Julio Vilela

Jueza de Cámara Juez de Cámara

mig. Ante mi:

Elsa I. Rodriguez

Prosecretaria Letrada de Cámara

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

Elsa I. Rodriguez

Prosecretaria Letrada de Cámara

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Elsa I. Rodriguez Prosecretaria Letrada de Cámara

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