Se negó a usar barbijo y ante el llamado de atención insultó a su superior, por lo que fue despedido, pero deben indemnizarlo

Partes: A. S. I. c/ Macamax S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 25-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-74242-AR | MJJ74242 | MJJ74242

 

Si bien la comunicación del despido indica con claridad la falta imputada al trabajador, agresión verbal hacia su superior en ocasión de llamársele la atención por su negativa de utilizar barbijo, -lo que satisface la exigencia contenida en el art. 243 LCT.-, el despido no luce justificado toda vez que la empleadora no probó la falta grave imputada.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la procedencia de las indemnizaciones reclamadas puesto que si bien la comunicación del despido indica con claridad la falta imputada, la destinataria de ésta y la fecha del suceso, -lo que, satisface plenamente la exigencia contenida en el art. 243  LCT.-, aun así, lo cierto es que la demandada no ha logrado acreditar la injuria imputada a la actora consistente en la falta grave de respeto a un superior y la negativa a utilizar barbijo.

2.-La no indicación del tipo de agresión verbal y la no identificación de los testigos presenciales, carece de sustento a los fines de los recaudos exigidos por el art. 243 de la LCT., pues tales extremos no resultan necesarios ya que los términos analizados exponen claramente la razón esgrimida para fundar la ruptura contractual y permiten sin inconveniente el ejercicio del derecho de defensa de la involucrada, aunque en el caso de autos, la demandada no ha logrado acreditar la injuria imputada a la actora.

3.-Toda vez que el presupuesto fáctico alegado por la demandada, que a su entender constituyó injuria suficiente para impedir la continuación del vínculo y despedir a la actora no ha sido debidamente acreditado, cabe concluir que el despido devino injustificado, y en tal contexto corresponde confirmar el decisorio atacado respecto al agravio analizado.

4.-Corresponde admitir la indemnización del art. 2  de la ley 25323 pues quedó acreditado que la trabajadora fue despedida sin justa causa, y la demandada no puso a su disposición las indemnizaciones legales, pese a la intimación cursada por la actora.

5.-Toda vez que la actora cumplió con los recaudos previstos en el art. 3  del dec. 146/01 porque, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato sin que la empleadora haya hecho entrega de la certificación respectiva, la trabajadora requirió en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80  LCT., y en consecuencia, cabe concluir que la accionada no dio cumplimiento en tiempo y forma con la obligación de entregar los certificados de trabajo previstos en el art. 80 LCT., lo que generó el derecho de la actora a percibir la indemnización que prevé la norma.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 25/6/2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

La DRA. GRACIELA A. GONZALEZ dijo:

Contra la sentencia de primera instancia que admitió en lo principal la demanda instaurada se alza la parte demandada a tenor del memorial que luce a fs. 325/328.

La accionada finca su disenso con el decisorio de grado, cuestionando la admisión del reclamo incoado. Critica que la Sra. Juez de grado haya considerado que la comunicación extintiva del vínculo laboral no reunió los recaudos previstos por el art. 243  LCT. Cuestiona también que la Sra. Juez a quo no haya tenido por acreditados los extremos antecedentes del despido dispuesto en los términos del art. 242 LCT, critica la valoración de los elementos probatorios colectados en la causa, especialmente de la prueba testimonial. Asimismo cuestiona que la sentenciante no haya considerado que la parte actora se limitó a incluir en la liquidación que practicó en la demanda diferentes rubros sin fundamentar su reclamo. Se agravia también respecto del progreso de las multas previstas en el art. 2  ley 25323 y art. 80  LCT. Por último apela los honorarios regulados al letrado de la parte actora y de la perito contadora por altos.

La perito contadora y el letrado de la parte demandada, apelan sus honorarios por considerarlos bajos.

En primer lugar cabe resaltar que con fecha 26/8/2009 la trabajadora fue despedida, mediante la misiva obrante en sobre de fs. 2, la cual reza: “Ante falta grave de respeto y agresión verbal hacia su superior P.S., en el día de la fecha en ocasión de llamársele la atención por su negativa de utilizar barbijo, alterando el orden del establecimiento y perjudicando la imagen de la empresa ante familiares de pacientes internados, efectivizando apercibimiento queda despedida…”

La accionante con fecha 17/9/2009 contestó la indicada comunicación mediante TC negando las acusaciones imputadas y solicitando las indemnizaciones de ley.

Anticipo que, con posterioridad a un detenido análisis de las medidas probatorias aportadas, cabe concluir que no le asiste razón a la apelante.

En primer lugar, debe aclararse que, la comunicación del despido precedentemente reseñada indica con claridad la falta imputada, la destinataria de ésta y la fecha del suceso, lo que, satisface plenamente la exigencia contenida en el art. 243 LCT relativa a la necesidad de que se concrete con “expresión suficientemente clara los motivos…” en los que pretendió fundarse el despido. La no indicación del tipo de agresión verbal y la no identificación de los testigos presenciales, carece de sustento, pues tales extremos no resultan necesarios ya que los términos analizados exponen claramente la razón esgrimida para fundar la ruptura contractual y permiten sin inconveniente -conforme la télesis de la norma- el ejercicio del derecho de defensa de la involucrada. Pero, aún así, lo cierto es que la demandada no ha logrado acreditar la injuria imputada a la Sra. A.

Planteada en los términos precedentemente expuestos la controversia sometida a decisión, cabe dejar sentado que, conforme lo previsto por el art. 377  del CPCCN, quien alega un hecho debe probarlo, y por lo tanto correspondía a la accionada acreditar la existencia y entidad del motivo en el que fundó la decisión resolutoria adoptada, y a mi entender, de la prueba colectada, no surge acreditado tal extremo, por lo que este aspecto de la queja será desestimado.

En efecto, la testigo Tarcaya (propuesta por la demandada fs. 254) dijo que:”…que en alguna ocasión y en algún cambio de guardia pudo haber trabajado con la actora porque habitualmente no es el turno de la dicente. Que no puede precisar en que momento y fecha…Que la que medicaba a los pacientes era Mirta la encargada y enfermera profesional. Que Mirta estaba en ese turno de 14 a 22 hs. Que de 14 a 22 hs. cumplía la actora. Que la dicente tenía el turno de 22 a 6 hs…Que la encargada de la demandada es Mirta Costa…Que escuchó que la actora tuvo una discusión con P. la dueña…que al subir a la escalera al pasar al lavadero lo único que escucho que la actora decía a P., le gritaba, se escuchaba los gritos en la escalera que era una negrera y era una judía de mierda, y que sabe que por eso dejó de trabajar. Que el horario que ocurrió lo dicho no lo sabe exactamente…que en ese momento el horario de la testigo era el mismo que el de la actora de 14 a 22 hs. , que en ese día había hecho un cambio de guardia por falta de personal…que habrá sido dicho hecho a mediados de 2009″. Coincido con la Sra. Juez de grado en que la deponente no da suficiente razón de sus dichos, no pudiendo precisar temporalmente cuando ocurrió el supuesto incidente ni en que horario -ni siquiera aproximadamente-. Tampoco menciona tal como lo refiere la misiva extintiva, que en el lugar se encontraban familiares de pacientes.

La testigo Ghia (quien declaró también a propuesta de la accionada a fs. 258) expresó que: “…que la actora laboraba en el turno tarde de 6 a 22 hs. Que nunca laboraba con la actora en dicho turno…que sólo lo hizo en dos o tres ocasiones…que no sabe por qué dejó de trabajar, solo escuchó que había una discusión entre la Sra. P. y la actora, que la dicente no estaba presente. Que se lo dijo y comentó la Sra.Mirta Costas, sólo es un comentario bien no lo sabe…”. Respecto al valor probatorio del testimonio examinado debe recordarse que “testigo” es exclusivamente la persona que ha tenido conocimiento personal de los hechos a comprobar “propiis sensibus” y, en esa inteligencia, la declaración de Ghia resulta insuficiente en tanto no puede afirmar más que una referencia respecto del hecho controvertido, en base a dichos de otra persona.

Por último, la testigo Acosta (propuesta por la accionada fs. 294), expresó que: “…que la actora fue llamada a la oficina de la administradora la Sra. P…en la cual se le manifestó a la actora que se tuvo una conversación con el director médico en la cual el indica que se podían usar ese tipo de barbijos…empieza una discusión muy agresiva por parte de la actora de discriminación de malas palabras…que estaba cansada de trabajar a cargo de ella porque era una judía de mierda…que le consta porque estaba con la Sra. P. fue a entregar unas facturas y presenció el episodio…que la dicente es la encargada/supervisora del establecimiento…que esto pasó media hora después del ingreso de la empleada 14.30 hs., como se tenía que poner todos los elementos para trabajar entonces fue ahí que fue directo para la oficina…”. Nótese que la testigo Acosta se contradice en su declaración ya que por una parte manifiesta que la actora fue llamada a la oficina de la administradora, pero más adelante expone que “como se tenía que poner todos los elementos para trabajar entonces fue ahí que fue directo a la oficina”. Por otra parte nada dice respecto a que en el lugar había “familiares de pacientes” que en la CD la demandada menciona.

Por ende, no existe en autos prueba suficientemente convictita del hecho que se le imputa a la Sra.A.

Por todo lo expuesto, estimo que el presupuesto fáctico alegado por la demandada, que a su entender constituyó injuria suficiente para impedir la continuación del vínculo y despedir a la actora no ha sido debidamente acreditado, por lo que cabe concluir que el despido devino injustificado, y en tal contexto propongo confirmar el decisorio atacado respecto al agravio analizado.

En orden a la indemnización del art. 2 de la Ley 25.323, cabe poner de resalto que, como quedó acreditado en las presentes actuaciones, la trabajadora fue despedida sin justa causa, por lo que no habiendo la demandada puesto a su disposición las indemnizaciones legales, pese a la intimación cursada por A., corresponde confirmar el decisorio de grado en este aspecto.

Cuestiona la recurrente la sentencia de primera instancia en cuanto condena al pago de la indemnización prevista por el art. 80 LCT.

Cabe recordar, que la actora cumplió con los recaudos previstos en el art. 3  del decreto 146/01 porque, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato sin que la empleadora haya hecho entrega de la certificación respectiva, la trabajadora requirió en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT, conforme la modificación que introdujo en esta norma el art. 45  de la ley 25345, sin que la requerida se aviniera a cumplir con la obligación a su cargo, dentro de los 2 días hábiles posteriores (ver TC de fecha 20/1/2010 sobre fs. 2).

Obsérvese que, en el caso en análisis, la accionada tampoco dejó constancia de su intención de cumplir con la obligación que establece el art. 80 LCT en la instancia administrativa (ver fs.3 acta de cierre del procedimiento de conciliación), que no efectuó consignación judicial del certificado y que si bien los acompañó a los presentes actuados, la fecha de certificación de los mismos es del 27 de enero de 2010.

Debe ponderarse que, la accionada sólo acompañó en autos el formulario Anses PS 6.2, elemento que no cumple con la totalidad de la obligación impuesta por la norma legal aplicable pues no reemplaza los certificados previstos en dicha disposición legal.

Cabe aclarar que, no debe confundirse el “certificado de trabajo” del art. 80 de la L.C.T., con la “certificación de servicios y remuneraciones” de la ley 24.241 , ya que “ésta última se expide en un formulario de la ANSES (P.S. 6.2.) en el que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el citado art. 80 LCT. Además, la finalidad de uno y otro certificado es distinta: el pr imero le sirve al trabajador para conseguirse otro empleo, mientras que el segundo se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional, y queda archivado en las oficinas de la ANSES” (CNAT, Sala IV, 2010/09/29 “Forestieri María Ángeles Lorena c/ Hutchinson Telecomunicaciones Argentina S.A.” del voto del Dr. Guisado).

En consecuencia, -más allá de encontrarse probado o no si la actora se apersonó en la demandada para retirar las certificaciones de ley-, surge de autos, que la empresa sólo había confeccionado el formulario P.S.6.2; por lo que cabe concluir que la accionada no dio cumplimiento en tiempo y forma con la obligación de entregar los certificados de trabajo previstos en el art.80 LCT, lo que generó el derecho de la actora a percibir la indemnización que prevé la norma

En consecuencia la queja deberá ser rechazada y se debe confirmar lo decidido en la instancia de grado anterior al respecto.

En orden a la crítica referida a que la sentenciante de grado no consideró que la parte actora se limitó a incluir en la liquidación que practicó en la demanda diferentes rubros sin fundamentar su reclamo, cabe destacar que la demandada no indica a que rubros se está refiriendo en forma concreta, por lo que dicho cuestionamiento deviene abstracto y será desestimado (art. 116 lo).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que intervinieron durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art.6  y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432 , del art. 38  de la L.O. y del dec. 16.638/57 , considero que la regulación de los honorarios correspondientes a la perito contadora, y a los letrados de la parte actora y demandada, se adecuan a las pautas arancelarias vigentes y -por tanto- resultan ajustadas a derecho, por lo que propicio la confirmación de lo resuelto al respecto, en la instancia anterior.

De acuerdo con el resultado que he dejado propuesto, las costas de alzada deben ser impuestas a la demandada que, resultó sustancialmente vencida (art. 68  C.P.C.C.N.).

Asimismo, corresponde regular los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada por sus actuaciones en la alzada en el 25 % respectivamente de lo que en definitiva le correspondan percibir por su labores en primera instancia (cfr. art. 14  ley 21.839).

Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de mi distinguida colega preopinanate, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125  de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de la Alzada a la demandada vencida; 3) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada por su intervención en esta Instancia en un 25% a cada una de ellas de lo que en definitiva les correspondería por sus actuaciones en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara

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