La ratificación por escrito de un despido verbal dispuesto con anterioridad no atrasa en el tiempo la disolución del vínculo contractual.

Partes: Rossi Miguel Ángel c/ Bijou Castelli S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 19-abr-2012

Cita: MJ-JU-M-73804-AR | MJJ73804 | MJJ73804

La ratificación por escrito de un despido verbal dispuesto con anterioridad no tiene la virtualidad de atrasar en el tiempo la disolución del vínculo contractual sino que, a todo evento, sólo es útil para corroborar la afirmación del trabajador.

Sumario:

1.-Corresponde declarar que la ratificación por escrito de un despido verbal dispuesto con anterioridad no tiene la virtualidad de atrasar en el tiempo la disolución del vínculo contractual sino que, a todo evento, sólo es útil para corroborar la afirmación del trabajador.

2.-Si los testigos no coinciden con la fecha de ingreso invocada por el trabajador en la demanda, estableciendo una fecha anterior a la registrada, pero coincidentes en la fecha afirmada, cabe estimar que la deficiencia registral está acreditada por lo que corresponde hacer lugar a la indemnización del art. 1  de la ley 25323 y consecuentemente recalcular los rubros que tiene incidencia la fecha de inicio.

3.-La demandada no puede alegar su propia torpeza y manifestar que por error involuntario en la contestación de demanda cuando se dice que el telegrama de despido en forma directa al trabajador debió constar una fecha anterior, intentando desvirtuar el despido verbal alegado, afirmando ahora que en aquella fecha anterior ocurrió el despido por medio del envío de la comunicación escrita donde le expresaba todos los motivos.

4.-Resulta plenamente aplicable en la especie la denominada teoría de los actos propios , principio de derecho que impide a un sujeto colocarse en un proceso judicial en contradicción con su anterior conducta, y determina que nadie puede ponerse en contradicción en un proceso judicial con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 19 días del mes de abril de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el doctor OSCAR ZAS dijo:

I.- Contra la sentencia de la anterior instancia (ver fs. 357/361 y fs. 376), se alzan las partes actora y demandada en los respectivos términos de los memoriales que lucen a fs. 370/374 vta. y fs. 390/395. Apela, también el perito contador sus honorarios por considerarlos reducidos a fs. 369.

II.- Por cuestiones de método trataré en primer término los agravios de la demandada.

Esta parte se queja porque la jueza de primera instancia concluye que la extinción fue anterior a la recepción de la extensa carta en la que le imputó al actor falta de confianza. Agrega que toda vez que el actor envió una comunicación para que aclare la situación laboral es que ese mismo día se lo despide con causa por una extensa comunicación. Apela porque considera que si el actor pidió aclaración laboral cabe concluir que el despido verbal no era para él.

La demandada a fs. 58 afirma que: “Luego de constatado los hechos, por los medios ya descriptos, se lo procede a despedir en forma verbal, y comienza todo el intercambio telegráfico, donde el 24 de noviembre de 2008…”.

La sentenciante de grado cita lo precedentemente transcripto y agrega que este reconocimiento surge de la comunicación remitida el 26 de noviembre de 2008 donde: “El despido verbal al que Ud hace referencia le fue comunicado con fecha 21/11/08 luego de un severo estudio…”, consecuentemente la jueza de primera instancia concluye que frente al expreso reconocimiento de la demandada, debe concluirse que la extinción del contrato de trabajo se produjo el día 21 de noviembre de 2008 mediante despido verbal (ver fs.358).

Así las cosas, resulta plenamente aplicable en la especie la denominada “teoría de los actos propios”, principio de derecho que impide a un sujeto colocarse en un proceso judicial en contradicción con su anterior conducta, y determina que nadie puede ponerse en contradicción en un proceso judicial con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Fallos 294:200, considerando 6 y sus citas, C.S.J.N. Comp. Nro.291 XX, in re “Mercedes Benz Argentina c/ Domini, Eduardo” del 01/10/1985).

En este marco, la demandada no puede alegar su propia torpeza y manifestar que por “…error involuntario en la contestación de demanda cuando se dice que el telegrama de despido en forma directa al trabajador es de fecha 24 de Noviembre de 2008. Allí debió decir 21 de noviembre de 2008…”. Es decir, aquí intenta desvirtuar el despido verbal alegado afirmando ahora que el 21 ocurrió el despido por medio del envío de la comunicación escrita donde le expresaba todos los motivos. Agrega la recurrente que cuando el sentenciante de grado concluye que el reconocimiento del despido verbal surge de la contestación, ello no es así ya que no corresponde una interpretación gramatical aislada sino en relación a todo el contexto donde se afirma que en la misiva de despido se constataron graves hechos para decidir el despido, por lo que debió analizarse las causales invocadas del despido.

En primer lugar, cabe precisar que el vínculo se extinguió por decisión del empleador, ya que mediante la comunicación el día 24 y 28 de noviembre de 2008 (ver informe del Correo Argentino de fs. 229) se ratificó la intención de despedir que fue exteriorizada en el despido verbal del día 21/11/2008.

Es útil recordar que el despido con invocación de justa causa exige para su validez la comunicación por escrito, en consecuencia la cesantía comunicada en forma verbal carece de justa causa.Este Tribunal ha resuelto que el despido no puede ser verbal, pues el mismo debe comunicarse por escrito y, en los casos en que la expresión por escrito fuere exclusivamente ordenada no puede ser suplida por ninguna otra prueba (arts. 243  LCT y 975  C. Civil, Sentencia N° 78.435 del 12.3.99, en autos “Cousido, Gustavo Manuel c. Century C.D. S.A. s/ despido”, del registro de esta Sala). Sin embargo, dicha doctrina sólo resulta aplicable al despido por justa causa, ya que para el incausado la ley no prevé una forma determinada.

Por su forma, el despido verbal no puede ser sino incausado.

En el caso, la existencia del despido comunicado en forma verbal está admitida por ambas partes.

En mi criterio, el despido verbal determina que el despido dispuesto por la demandada resulte injustificado y, por consiguiente, asiste derecho a la actora a percibir el haz de indemnizaciones pertinentes (arts. 231, 232, 233 , 242  LCT).

La ratificación por escrito de un despido verbal dispuesto con anterioridad no tiene la virtualidad de atrasar en el tiempo la disolución del vínculo contractual sino que, a todo evento, sólo es útil para corroborar la afirmación del actor.

En consecuencia, propongo confirmar la sentencia de primera instancia en este aspecto.

III.- El actor apela porque la jueza de primera instancia considera la fecha de inicio invocada por la demandada.

Rossi a fs. 3 vta. afirma que comenzó a trabajar para la demandada en mayo de 2001, aunque lo registraron con fecha 1/10/02.

La sentenciante de grado afirma que: “…el actor no ha logrado demostrar la veracidad de sus dichos. En efecto, los testimonios de Grazinelli y Silva nada aportan al respecto, pues los declarantes ingresaron después del actor. Si bien Segovia (fs. 149) y Ayala (fs.151) señalaron Rossi había ingresado más o menos en mayo de 2002, esto es, con anterioridad a la fecha registrada, lo cierto es que la falta de concordancia con la fecha expuesta en el inicio, permite presumir la falta de los testimonios…” (ver fs. 359).

Ahora bien, el recurrente se queja porque afirma que si bien los testigos no coinciden con la fecha por él invocada en la demanda lo cierto es que establecen una fecha anterior a la registrada.

No coincido con la valoración de la prueba de testigos realizada por la jueza de grado, toda vez que los testigos Segovia y Ayala resultan coincidentes y concordantes entre sí en afirmar que el actor ingresó en mayo de 2002. En efecto, Ayala afirma que él ingresó el 8 de julio de 2001 y que el actor ingresó más o menos un año después, nueve o diez meses. Segovia manifiesta que el actor ingresó más o menos en mayo de 2002.

En este contexto estimo que la deficiencia registral está acreditada por lo que corresponde hacer lugar a la indemnización del art. 1  de la ley 25.323 y consecuentemente recalcular los rubros que tiene incidencia la fecha de inicio.

IV.- La demandada se queja porque la jueza de primera instancia sin tener en cuenta que como sucedieron los hechos y en atención a que siempre consideró que se trataba de un despido fundado en justa causa no le correspondía abonar pago alguno de los rubros indemnizatorio, sumado a que el actor no intimó a su pago.

Lo expuesto no fueron argumentos puestos oportunamente a consideración de la jueza de grado por lo que en virtud del art. 277  C.P.C.C.N. no corresponde su tratamiento en la alzada.

A mayor abundamiento, señalo que el actor cumplió con el requisito de intimación fehaciente a abonar las indemnizaciones (ver telegrama del 26 de noviembre de 2008 que consta en sobre anexo nro.2205) y la apelante no abonó las indemnizaciones pertinentes es que resulta operativo el recargo indemnizatorio cuestionado.

V.- Tampoco fue oportunamente opuesto a consideración de la sentenciante de grado la queja referida a la indemnización del art. 45  de la ley 25.345 por lo que no corresponde su tratamiento en esta instancia (conf. art. 277 C.P.C.C.N.).

VII.- En consecuencia, corresponde recalcular los siguientes rubros:

1) Indemnización por antigüedad ($ 4.722,47 x 7) $ 33.057,29

2) Indemn. art. 2 de la ley 25.323 $ 22.412,05

3) Indemnización art. 1 de la ley 25.323 $ 33.057,29

En consecuencia, propongo modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de elevar el capital de condena a la suma de $ 126.127,06 con más los intereses que fueron fijados en la anterior instancia que no han sido cuestionados en la alzada.

VIII.- Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279  del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las restantes apelaciones al respecto.

Sugiero imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida (conf. art. 68 C.P.C.C.N.).

Teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes (arts. 38  de la ley 18.345, 6, 7 , 9, 11 , 19 , 37 y 39  de la ley 21.839 y art. 3 inc. b) y g)  y 12  dcto-ley 16.638/57) propongo regular los honorarios por la actuación en primera instancia las siguientes proporciones sobre el monto de la condena con intereses:a la representación y patrocinio de la parte actora, demandada y al perito contador 16%, 12% y 6%.

Sugiero regular los honorarios a los profesionales actuantes en la alzada en el 25% de lo que a cada uno le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14  de la ley 21.839).

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

Adhiero al voto del Dr. Zas por análogos fundamentos a los que allí lucen, aclarando: a) que en cuanto al art. 2, ley 25.323 (fs. 394 penúltimo párrafo), la forma en que se resuelve la cuestión principal sella la suerte adversa del agravio sobre dicho rubro, que fue reclamado a fs. 10; b) que puede llegar a existir un despido verbal con invocación de causas, pero para que se puedan eventualmente juzgar las causales, estos deben comunicarse necesariamente por escrito (art. 243 LCT), de modo que quien procede a cesantear a un empleado verbalmente sin, antes o simultáneamente, obrar como indica esa norma legal, ha de asumir la consecuencia que conlleva, o sea que las causales expresadas verbalmente no tienen virtualidad en los términos de los arts. 242 y 243 LCT. La adhesión incluye las accesorias de costas y honorarios.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: I.- Modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de elevar el capital de condena a la suma de $ 126.127,06 con más los intereses que fueron fijados en la anterior instancia que no han sido cuestionados en la alzada. II.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior.

III.- Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida.

IV.- Regular los honorarios por la actuación en primera instancia las siguientes proporciones sobre el monto de la condena con intereses: a la representación y patrocinio de la parte actora, demandada y al perito contador 16%, 12% y 6%. V.- Regular los honorarios a los profesionales actuantes en la alzada en el 25% de lo que a cada uno le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia. Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que el Dr. Enrique Nestor Arias Gibert no vota en virtud del art. 125  de la ley 18345.

Oscar Zas

Juez de Cámara

María C. García Margalejo

Juez de Cámara

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