Indemnización a favor del actor en virtud de las expresiones injuriosas en contra de su persona y su manera de ejercer la profesión.

Partes: B. D. O. c/ B. I. s/ ordinario – daños y perj. – otras formas de respons. extracontractual

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Sala/Juzgado: Séptima

Fecha: 17-jul-2012

Cita: MJ-JU-M-73872-AR | MJJ73872 | MJJ73872

Daño moral sufrido por el actor a raíz de las expresiones injuriosas manifestadas por el accionado en dos notas periodísticas, tanto en relación a atributos personales del reclamante como a la manera en que ejerce su profesión de abogado.

Sumario:

 

1.-Cabe confirmar -aunque reduciendo el monto del resarcimiento- la sentencia que condenó al demandado a resarcir el daño moral sufrido por el actor a raíz de las expresiones injuriosas manifestadas por aquél en dos notas periodísticas, tanto en relación a atributos personales del reclamante como a la manera en que ejerce su profesión de abogado (del voto de la Dra. Molina de Caminal, al que adhieren los Dres. Remigio y Flores – mayoría)

 

2.-Más allá del sentido que pueda atribuírsele a la palabra enfermo, como aduce el demandado al expresar agravios, la expresión tipo enfermo resulta denostativa, injuria al actor y afecta su honor, y si bien el padecer una enfermedad no puede entenderse como una circunstancia de descrédito para nadie, el hecho de atribuirle a alguien públicamente una enfermedad cuando no la presenta o cuando no ha consentido su divulgación pública o el calificativo de enfermo con una importante carga de negatividad en el contexto usado, viola el derecho a la intimidad, y cuando -como en el caso- se utiliza la expresión para denigrar, vulnera el derecho al honor y puede, en consecuencia, generar un daño moral susceptible de resarcimiento (del voto de la Dra. Molina de Caminal, al que adhieren los Dres. Remigio y Flores – mayoría)

 

3.-La expresión tipo enfermo -referida al actor- excede lo que admite la pasión en la defensa de la institución que representa el demandado, alude de manera impropia a la persona del actor extralimitando el campo de lo que puede considerarse una valoración negativa a su gestión institucional; queda claro que lo cuestionable no es la mención relativa a la supuesta pasividad durante quince años, sino la atribución de una característica negativa a la personalidad del actor (del voto de la Dra. Molina de Caminal, al que adhieren los Dres. Remigio y Flores – mayoría)

 

4.-No admite justificación la utilización de los términos empleados por el demandado para referirse al actor, aun cuando pretenda que los mismos se han querido referir a una extrema compulsión al trabajo, que no es lo que surge de la publicación en cuestión (del voto de la Dra. Molina de Caminal, al que adhieren los Dres. Remigio y Flores – mayoría)

 

5.-La nota periodística en uno de los diarios, cuando el demandado refiere a que O nuestros abogados son unos inútiles o estos son unos vivos bárbaros y Pasa que tienen un manejo bárbaro de armado adentro de la Justicia, que es terrible , está involucrando evidentemente -entre otros- con carácter injuriante, a la actividad profesional del actor, calificándolo o bien de inútil o bien de vivo bárbaro , expresiones de alto tono descalificador y lo que es peor aún, lanzando una grave y delicada acusación en el sentido que tienen un manejo bárbaro de armado adentro de la Justicia que es terrible , lo que estaría imputando actos de corrupción, indecorosos y hasta delictivos a un número indeterminado de personas, entre ellos el actor, por lo que la circunstancia que los demás involucrados no hayan reclamado o ejercido los derechos que les competen no le puede quitar mérito al que sí efectuara el actor, al sentirse lógica y evidentemente aludido por las expresiones difamantes proferidas por el accionado (del voto del Dr. Remigio, al que adhiere el Dr. Flores – mayoría)

 

6.-No puede entenderse que cuando el demandado expresa O nuestros abogados son unos inútiles o estos son unos vivos bárbaros y Pasa que tienen un manejo bárbaro de armado adentro de la Justicia, que es terrible , esté haciendo alusión a la actividad profesional del demandante, como éste lo aduce en la demanda, como para que éste pueda sentirse injuriado (del voto de la Dra. Molina de Caminal – disidencia parcial).

 

Fallo:

 

En la Ciudad de Córdoba, a los 17 días del mes de 07 del año dos mil doce, siendo las 11:00 horas, se reúnen en acuerdo público los integrantes de la Excma. Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dres. María Rosa Molina de Caminal, Rubén Atilio Remigio y Jorge Miguel Flores, bajo la presidencia de la primera de los nombrados y en presencia de la Secretaria autorizante a los fines de dictar Sentencia en los autos caratulados: “B., D. O. C/ B., I. – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ. – OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRACONTRACTUAL – EXPTE. N° 1958294/36”, venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Cuadragésimo Primera Nominación en lo Civil y Comercial, en los que por Sentencia Número Seiscientos cuarenta y dos de fecha Seis de Diciembre de Dos mil once (fs. 245/260), se resolvió: “I).- Hacer lugar a la demanda, y en consecuencia condenar al demandado, señor I. B., a pagar al actor en el plazo de diez días, contados a partir desde que la presente quede firme, la suma de pesos Treinta Mil ($30.000), con más los intereses establecidos en el considerando respectivo.- II).- Imponer las costas del presente al demandado.- III).- Regular los honorarios del Dr. D. B., por la labor profesional desarrollada en autos en la suma de pesos Nueve Mil Doscientos Ocho con Sesenta y Siete centavos ($9.208,67).- Protocolícese, .”. Previa espera de ley, el Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver: 1) ¿Procede el recurso de apelación? 2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De acuerdo al sorteo de ley practicado el orden de emisión de los votos es el siguiente: Dres. María Rosa Molina de Caminal, Rubén Atilio Remigio y Jorge Miguel Flores.

 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA:

 

LA SRA. VOCAL DRA. MARÍA ROSA MOLINA DE CAMINAL DIJO:

 

La Sentencia recurrida contiene una relación de causa que satisface los recaudos del art. 329 CPC, por lo que, en honor a la brevedad, a ella me remito.Contra dicha resolución interpone recurso de apelación la parte demandada a fs. 262, el que es concedido por el Magistrado a fs. 263. Venidos los autos a esta Sede, el apelante expresa agravios a fs. 269/279, los que son contestados por la parte la actora a fs. 282/285.-

 

1. El libelo recursivo admite el siguiente compendio: En primer lugar, le agravia que el a quo tuviera por configurada la injuria en desmedro del derecho del honor del actor y, en consecuencia, lo condenara a indemnizarlo. Aduce que en la nota publicada en La Voz del Interior, el actor no ha sido ni siquiera mencionado, no pudiendo inferirse del contexto de la misma, que se haya atribuido al accionante “ser un vivo bárbaro” y “tener un manejo bárbaro armado dentro de la justicia”. Refiere que si el párrafo se lee con la laxitud que lo hace el sentenciante, cualquier abogado que en los últimos años haya litigado contra Instituto Atlético Central Córdoba (IACC) podría sentirse aludido. Igual conclusión valdría para cualquier miembro del Poder Judicial que hayan intervenido en causas en las que IACC es parte. Reitera que la expresión en sí y sobre todo en el contexto realizado carece de toda connotación injuriante para el actor. En segundo término, se agravia por la pretendida injuria que se ha tenido por configurada en el marco del artículo publicado en el diario Día a Día. Indica que la locución “es un enfermo”, no tiene el sentido atribuido de alteración más o menos grave de la salud; ni de la demanda ni del contexto dentro del cual se formuló la declaración -dice- surge que ese pueda haber sido el sentido de lo que se dijo. Refiere que fue realizada en una situación institucional conflictiva, de una lluvia de juicios y embargos que afectaban al club. Sostiene que esa expresión no puede tener otro alcance que el indicado en el Diccionario de la Real Academia Española de pasión dañosa, extrema, muchas veces incontrolable.Agrega que este tipo de expresiones es de uso común en el lenguaje del hombre común y tienen una enorme carga emocional. Como tercer agravio, aduce que la condena vulnera los límites de su derecho a expresar ideas y opiniones libremente; lo que se corrobora más aun si se tiene en cuenta que las afirmaciones controvertidas se realizaron dentro del ámbito de un debate público, entre hombres públicos y sobre cuestiones de interés público. Por último, y en forma subsidiaria, se queja por el monto mandado a pagar. Expone que la sentencia no valora de modo separado el daño moral que cada pretendida injuria habría producido, exigencia lógica si se tiene en cuenta que se trataría de hechos distintos, de manifestaciones distintas y de medios de prensa distintos. Agrega que el fallo se limita a declarar procedente el monto reclamado por el actor, sin brindar fundamento o motivo suficientemente para resolver en ese sentido, apartándose de la doctrina sentada por el TSJ en materia de cuantificación de daño moral.

 

2. La parte actora evacua traslado peticionando la deserción del recurso, y en subsidio la desestimación de la apelación a fs. 282/285, por las razones que expresa, a las que en aras de concisión se remite.

 

3. Firme el decreto de autos, queda la causa en estado de resolver.

 

4. Ante la denuncia de deserción de la instancia recursiva, es menester destacar que la expresión de agravios cuenta con la suficiencia técnica necesaria a efectos de habilitar la competencia de la Cámara, compartiéndose el criterio de que “. en algunos supuestos y en atención a las circunstancias de cada caso en particular el agravio puede quedar perfectamente acotado con la mera formulación del discurso del apelante que se contrapone al del Tribunal a quo, aunque no se preocupe el recurrente por rebatir todos los mecanismos que lo indujeran a decidir aquél en la forma que lo hizo.” (TSJ, AI 120, del 19/5/00, autos “Martínez Juan E. c/ Miguel A.Bustamante -Ejecutivo- Cpo. de Apelación -Recurso Directo” (“M”-46/99). Por ello, en respeto de la defensa en juicio (art. 18  CN) y porque en la expresión de agravios se atacan de manera al menos suficiente para abrir la competencia de este Tribunal los argumentos que sustentan el fallo del a quo, corresponde proceder a su examen.-

 

5. Ingresando al análisis del recurso y como primera medida corresponde determinar si las expresiones vertidas por el demandado en los medios periodísticos fueron injuriantes para el actor, afectando su derecho al honor, siguiendo a tal efecto el orden de los agravios propuestos. En ese lineamiento, las locuciones vertidas en la nota publicada en el diario La Voz del Interior, no son -a mi modo de ver- injuriantes para el accionante, como sostiene el a quo. No puede entenderse que cuando el demandado expresa “O nuestros abogados son unos inútiles o estos son unos vivos bárbaros” y “Pasa que tienen un manejo bárbaro de armado adentro de la Justicia, que es terrible”, esté haciendo alusión a la actividad profesional del demandante, como éste lo aduce en la demanda. En el párrafo anterior el demandado comienza refiriéndose a que el club tiene un pasivo de 11 millones, en los que no estarían incluidos los juicios de J. J. López, Roca, ni los de honorarios que está haciendo B. Añadiendo en el citado párrafo que también se iniciaría un juicio del Dr. Acciarri, primo hermano de B. En ese contexto, y en la forma en que fueron formuladas dichas expresiones, no puede entenderse que con las mismas se esté refiriendo a la actividad profesional que desempaña el actor como abogado, como para que éste pueda sentirse injuriado. Es más, analizando las declaraciones vertidas en el contexto de la nota, que refiere de manera específica la actuación de otros abogados y derrotero de procesos no relacionados con el actor, no parecen expresiones dirigidas al Dr.B., a quien sí se le cuestiona que -según señala el demandado- dijera que donaba sus honorarios y luego los cobrara, mas ello no ha sido la base del daño moral reclamado en autos. Afirmaciones genéricas como las aludidas, en un contexto en el que se menciona una situación financiera asfixiante, y la existencia de numerosos procesos judiciales, no pueden agraviar, de modo particular, al demandante en los términos reseñados en su libelo introductorio. Ningún dato concreto de actuación judicial del actor se hace en la nota, no se indica ni que prosperó su reclamo, ni que a su pedido se trabaran medidas cautelares, ni se formula ninguna referencia a actuación judicial específica que pudiere remitir a la actuación profesional del Dr. B. de la lectura de las poco felices expresiones transcriptas supra.

 

6. Es sabido que lo que se protege a título de honor es la personalidad, entendida como el conjunto de las cualidades socialmente valiosas que se atribuyen los individuos o que se le atribuyen. Por ello, la injuria -como deshonra o descrédito- constituye una conducta significativa de desmedro para las cualidades estructurales de la personalidad, pudiendo consistir en imputaciones de calidades, costumbres o conductas susceptibles de ser apreciadas como peyorativas para la personalidad del ofendido, ya sea por éste o por terceros. En consecuencia, el actor no puede haberse sentido ofendido por las palabras expresadas en la nota publicada en el diario La Voz del Interior, ya que por la forma en que se dijeron y analizando su contenido, no pueden interpretarse como que hacen referencia expresamente a la persona del actor y que tiendan a ofender, herir, agraviar, etc. su actividad profesional como abogado.

 

7. No puede dejar de señalarse que actor y demandado son personas que revisten notabilidad pública, que por más que no pertenezcan al estamento estatal, manejan asuntos, o en el caso del actor manejaba asuntos, de importancia comunitaria.Esto resulta relevante si se tienen en cuenta que el umbral de protección de los hombres con actuación pública por la lesión a su derecho al honor, es menor que el del ciudadano común. Y si bien tales personas no resignan su derecho al honor, a la dignidad personal, a la privacidad, su misma exposic ión pública obliga a usar parámetros parcialmente distintos a los comunes cuando aparece un posible conflicto entre sus derechos y las libertades (Cfr. Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños – Daños a las personas – Vol. 2c, Hammurabi, 1994, pág. 461). Al respecto puede citarse la corriente doctrinal que pregona la protección débil del funcionario público, la que señala que el honor de los funcionarios públicos o de otras figuras de notabilidad pública, merece una protección débil, menos intensa o rigurosa que la de que debe concederse a los simples parEn la Ciudad de Córdoba, a los 17 días del mes de 07 del año dos mil doce, siendo las 11:00 horas, se reúnen en acuerdo público los integrantes de la Excma. Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dres. María Rosa Molina de Caminal, Rubén Atilio Remigio y Jorge Miguel Flores, bajo la presidencia de la primera de los nombrados y en presencia de la Secretaria autorizante a los fines de dictar Sentencia en los autos caratulados: “B., D. O. C/ B., I. – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ. – OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRACONTRACTUAL – EXPTE. N° 1958294/36”, venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Cuadragésimo Primera Nominación en lo Civil y Comercial, en los que por Sentencia Número Seiscientos cuarenta y dos de fecha Seis de Diciembre de Dos mil once (fs. 245/260), se resolvió: “I).- Hacer lugar a la demanda, y en consecuencia condenar al demandado, señor I.B., a pagar al actor en el plazo de diez días, contados a partir desde que la presente quede firme, la suma de pesos Treinta Mil ($30.000), con más los intereses establecidos en el considerando respectivo.- II).- Imponer las costas del presente al demandado.- III).- Regular los honorarios del Dr. D. B., por la labor profesional desarrollada en autos en la suma de pesos Nueve Mil Doscientos Ocho con Sesenta y Siete centavos ($9.208,67).- Protocolícese, .”. Previa espera de ley, el Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver: 1) ¿Procede el recurso de apelación? 2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De acuerdo al sorteo de ley practicado el orden de emisión de los votos es el siguiente: Dres. María Rosa Molina de Caminal, Rubén Atilio Remigio y Jorge Miguel Flores.

 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA:

 

LA SRA. VOCAL DRA. MARÍA ROSA MOLINA DE CAMINAL DIJO:

 

La Sentencia recurrida contiene una relación de causa que satisface los recaudos del art. 329 CPC, por lo que, en honor a la brevedad, a ella me remito. Contra dicha resolución interpone recurso de apelación la parte demandada a fs. 262, el que es concedido por el Magistrado a fs. 263. Venidos los autos a esta Sede, el apelante expresa agravios a fs. 269/279, los que son contestados por la parte la actora a fs. 282/285.-

 

1. El libelo recursivo admite el siguiente compendio: En primer lugar, le agravia que el a quo tuviera por configurada la injuria en desmedro del derecho del honor del actor y, en consecuencia, lo condenara a indemnizarlo.Aduce que en la nota publicada en La Voz del Interior, el actor no ha sido ni siquiera mencionado, no pudiendo inferirse del contexto de la misma, que se haya atribuido al accionante “ser un vivo bárbaro” y “tener un manejo bárbaro armado dentro de la justicia”. Refiere que si el párrafo se lee con la laxitud que lo hace el sentenciante, cualquier abogado que en los últimos años haya litigado contra Instituto Atlético Central Córdoba (IACC) podría sentirse aludido. Igual conclusión valdría para cualquier miembro del Poder Judicial que hayan intervenido en causas en las que IACC es parte. Reitera que la expresión en sí y sobre todo en el contexto realizado carece de toda connotación injuriante para el actor. En segundo término, se agravia por la pretendida injuria que se ha tenido por configurada en el marco del artículo publicado en el diario Día a Día. Indica que la locución “es un enfermo”, no tiene el sentido atribuido de alteración más o menos grave de la salud; ni de la demanda ni del contexto dentro del cual se formuló la declaración -dice- surge que ese pueda haber sido el sentido de lo que se dijo. Refiere que fue realizada en una situación institucional conflictiva, de una lluvia de juicios y embargos que afectaban al club. Sostiene que esa expresión no puede tener otro alcance que el indicado en el Diccionario de la Real Academia Española de pasión dañosa, extrema, muchas veces incontrolable. Agrega que este tipo de expresiones es de uso común en el lenguaje del hombre común y tienen una enorme carga emocional. Como tercer agravio, aduce que la condena vulnera los límites de su derecho a expresar ideas y opiniones libremente; lo que se corrobora más aun si se tiene en cuenta que las afirmaciones controvertidas se realizaron dentro del ámbito de un debate público, entre hombres públicos y sobre cuestiones de interés público.Por último, y en forma subsidiaria, se queja por el monto mandado a pagar. Expone que la sentencia no valora de modo separado el daño moral que cada pretendida injuria habría producido, exigencia lógica si se tiene en cuenta que se trataría de hechos distintos, de manifestaciones distintas y de medios de prensa distintos. Agrega que el fallo se limita a declarar procedente el monto reclamado por el actor, sin brindar fundamento o motivo suficientemente para resolver en ese sentido, apartándose de la doctrina sentada por el TSJ en materia de cuantificación de daño moral.

 

2. La parte actora evacua traslado peticionando la deserción del recurso, y en subsidio la desestimación de la apelación a fs. 282/285, por las razones que expresa, a las que en aras de concisión se remite.

 

3. Firme el decreto de autos, queda la causa en estado de resolver.

 

4. Ante la denuncia de deserción de la instancia recursiva, es menester destacar que la expresión de agravios cuenta con la suficiencia técnica necesaria a efectos de habilitar la competencia de la Cámara, compartiéndose el criterio de que “. en algunos supuestos y en atención a las circunstancias de cada caso en particular el agravio puede quedar perfectamente acotado con la mera formulación del discurso del apelante que se contrapone al del Tribunal a quo, aunque no se preocupe el recurrente por rebatir todos los mecanismos que lo indujeran a decidir aquél en la forma que lo hizo.” (TSJ, AI 120, del 19/5/00, autos “Martínez Juan E. c/ Miguel A. Bustamante -Ejecutivo- Cpo. de Apelación -Recurso Directo” (“M”-46/99). Por ello, en respeto de la defensa en juicio (art. 18  CN) y porque en la expresión de agravios se atacan de manera al menos suficiente para abrir la competencia de este Tribunal los argumentos que sustentan el fallo del a quo, corresponde proceder a su examen.-

 

5.Ingresando al análisis del recurso y como primera medida corresponde determinar si las expresiones vertidas por el demandado en los medios periodísticos fueron injuriantes para el actor, afectando su derecho al honor, siguiendo a tal efecto el orden de los agravios propuestos. En ese lineamiento, las locuciones vertidas en la nota publicada en el diario La Voz del Interior, no son -a mi modo de ver- injuriantes para el accionante, como sostiene el a quo. No puede entenderse que cuando el demandado expresa “O nuestros abogados son unos inútiles o estos son unos vivos bárbaros” y “Pasa que tienen un manejo bárbaro de armado adentro de la Justicia, que es terrible”, esté haciendo alusión a la actividad profesional del demandante, como éste lo aduce en la demanda. En el párrafo anterior el demandado comienza refiriéndose a que el club tiene un pasivo de 11 millones, en los que no estarían incluidos los juicios de J. J. López, Roca, ni los de honorarios que está haciendo B. Añadiendo en el citado párrafo que también se iniciaría un juicio del Dr. Acciarri, primo hermano de B. En ese contexto, y en la forma en que fueron formuladas dichas expresiones, no puede entenderse que con las mismas se esté refiriendo a la actividad profesional que desempaña el actor como abogado, como para que éste pueda sentirse injuriado. Es más, analizando las declaraciones vertidas en el contexto de la nota, que refiere de manera específica la actuación de otros abogados y derrotero de procesos no relacionados con el actor, no parecen expresiones dirigidas ticulares. Esto así, desde que la aceptación de una función pública entraña un tácito sometimiento a la crítica de los demás. Añadiéndose que el sujeto se colocó voluntariamente en una vidriera, por tanto queda sujeto a la inspección y contralor de los interesados en el manejo de los asuntos de la comunidad (v. Zavala de González, Matilde, op. cit., págs.464 y sgtes.); postura que es compartida por la Corte Suprema de justicia de la Nación. En igual sentido se ha pronunciado el Alto Tribunal Provincial cuando, en alusión a la doctrina judicial elaborada por la Corte, señala que “el honor de los funcionarios públicos o de otras figuras de notabilidad pública, merece una protección débil, menos intensa o rigurosa que la que debe concederse a los simples particulares. Es que en el marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las críticas debe ser mucho mayor que el de los particulares y se debe aplicar un umbral diferente de protección. De esta manera, cuando las opiniones versan sobre materias de interés público o sobre la gestión de quienes desempeñan funciones públicas, la tensión entre los distintos derechos en juego -la libertad de expresión (buscar, dar, recibir y difundir informaciones u opiniones) y el derecho al honor- debe resolverse en el sentido de asignar un mayor sacrificio a quienes tienen en sus manos el manejo de la cosa pública. Ello obliga a un criterio estricto en la protección de los presupuestos de la responsabilidad civil, pues lo contrario conspiraría contra la formación de una opinión pública vigorosa, en razón de la fuerza paralizadora y disuasiva de las obligaciones de resarcir.” (v. TSJ Sala CC Cba., Sentencia N° 287 del 30/11/ 11, en “Altamirano Carlos A. c/ De la Sota José Manuel – Ord. – Recurso directo” ). En ese sentido, ha de verse, como señala el a quo, que el accionante se expuso públicamente al integrar la comisión directiva del IACC, por lo que las alusiones negativas de su función, y que no se refieren a su condición personal, son usuales máxime si se tiene en cuenta que el demandado pertenece a una corriente interna opuesta, que disputaba la integración de la comisión directiva del Club.A más de ello, es dable destacar que en autos el actor no demanda por haberse sentido agraviado por la valoración de su actuación como dirigente del IACC, sino en cuanto -entiende- se cuestionó su labor como profesional del Derecho, cuestionamiento que, como quedara expuesto, no ha existido en la nota analizada.

 

8. Ahora bien, con relación a la publicación del diario Día a Día no puede llegarse a igual conclusión que la señalada precedentemente. Si bien el demandado no alude en forma expresa al accionante, la forma en que se estructura la nota permitiría relacionar los dichos del demandado con el actor. Si se observa, la publicación textualmente reza: ¿Apuntó a B.? “Es un tipo enfermo y los enfermos se mueren solos. Estoy tranquilo de cuerpo, alma y bolsillo”, agregó I., muy molesto. Pero, además, cual señala el Sr, Juez la concreta alusión al ex dirigente surge del reconocimiento del demandado al contestar la demanda (fs. 42), por lo que no puede entenderse que con la misma no se esté calificando al accionante. Por otra parte, y más allá del sentido que pueda atribuírsele a la palabra enfermo, como aduce el demandado al expresar agravios, entiendo que la expresión “tipo enfermo” resulta denostativa, injuria al actor y afecta su honor. Y si bien el padecer una enfermedad no puede entenderse como una circunstancia de descrédito para nadie -como aduce el sentenciante- el hecho de atribuirle a alguien públicamente una enfermedad cuando no la presenta o cuando no ha consentido su divulgación pública o el calificativo de “enfermo” con una importante carga de negatividad en el contexto usado, viola el derecho a la intimidad, y cuando -como en el caso- se utiliza la expresión para denigrar, vulnera el derecho al honor y puede, en consecuencia, generar un daño moral susceptible de resarcimiento.La expresión excede lo que admite la pasión en la defensa de la institución, alude de manera impropia a la persona del actor extralimitando el campo de lo que puede considerarse una valoración negativa a su gestión institucional. Queda claro que lo cuestionable no es la mención relativa a la supuesta pasividad durante 15 años, sino la atribución de una característica negativa a la personalidad del actor.

 

9. Si bien se comparte que “La libertad de expresión sobre la conducta o las calidades de funcionarios públicos o de otras personas que, sin pertenecer a los cuadros estatales, manejan también asuntos de relevancia comunitaria, interesa no sólo para dar a conocer lo que se sabe (informar), sino igualmente para criticar, inclusive mediante comentarios eventualmente peyorativos.” “La crítica. reviste, en suma, un valor institucional.” “.permite formarse opinión, evaluar, sopesar las acciones y obrar en consecuencia.” (Zavala de González, Matilde, op. cit., pág. 460), ello no empece a que, si el ejercicio de éste, como de cualquier otro derecho, resulta abusivo (art. 1.071  Cód. Civil), se generen consecuencias ulteriores en orden al resarcimiento del daño causado. La libertad de expresión, el derecho al disenso y a la crítica, deben respetarse, mas si de su ejercicio resulta un daño, es necesario evaluar la correspondencia de la conducta con los fines previstos en el ordenamiento jurídico al consagrar estos derechos, para así determinar si ha existido un desborde que merezca atribución de consecuencias de la declaración denunciada como injuriante. Aun el abuso del derecho no haya sido mencionado por las partes, la calificación jurídica de los hechos es función privativa de los magistrados (iura novit curia). En ese derrotero es que se advierte que las expresiones usadas exceden el marco de la crítica jurídicamente aceptable. “.el honor no sólo puede verse afectado a través de los delitos de injurias o calumnias (arts. 1089 y 1090 , Cód.Civ.), sino que en muchísimas oportunidades puede existir lesión a ese bien que resulte de un acto meramente culpable o aun del ejercicio abusivo de un derecho, como es el de informar.” (Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Civil, Parte General, Tomo II, Abeledo Perrot, 1993, pág. 113). No admite justificación la utilización de los términos empleados por el demandado para referirse al actor, aun cuando pretenda que los mismos se han querido referir a una extrema compulsión al trabajo, que no es lo que surge de la publicación que nos ocupa. Por lo expuesto, considero que ha existido un exceso en la nota publicada en el diario Día a Día y que la misma ha provocado un daño moral que debe ser reparado.

 

10. Con relación a la queja por el monto del daño moral, soy de la opinión de que asiste razón al apelante respecto de que resulta excesiva la cuantificación que efectúa el a quo, la que estimo debe modificarse. Doy razones: En primer término, porque la sentencia dispone la condena por el daño moral infringido por dos declaraciones a medios periodísticos de las cuales una, conforme se señala en parágrafos anteriores, no se considera injuriante. En segundo lugar, porque se ha dicho que “Valorar el daño moral significa esclarecer su sustancia y dimensión: dónde recae el menoscabo, en qué consiste y qué intensidad reviste. Partiendo del hecho lesivo, se examinan sus disvaliosas repercusiones espirituales para la víctima -grado de desmérito del daño a resarcir-” (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Tomo 5A, Hammurabi, pág. 80). En el caso de la lesión al honor, el daño moral adquiere ribetes específicos en función de la naturaleza y características de los derechos afectados.Al respecto, algunos criterios que la doctrina y la jurisprudencia han venido aplicando para determinar la cuantía de la indemnización por daño moral son la naturaleza de la ofensa, el prestigio y las circunstancias personales de la víctima, el nivel de la difusión de la nota periodística, el carácter reparador de la indemnización, etc. En ese lineamiento, y examinadas las particularidades de la causa y lo expuesto en la presente resolución, se impone la disminución del importe concedido por el Magistrado. Es indiscutible la imposibilidad de fijar pautas estrictas de cuantificación de daño moral. Ante tal situación, una pauta que ha sido considerada por el TSJ adecuada para la ponderación del daño moral resulta el análisis de los precedentes jurisprudenciales, lo que según dicho Tribunal responde a las más actualizadas doctrinas sobre el tema que propugnan la utilización de ellos como método comparativo de evaluación, tratando de superar la subjetividad en la resolución de este tipo de juicios. “.la tradicional doctrina de la Sala, coincidente con la jurisprudencia mayoritaria, dice que: “.Evaluar el daño moral significa medir el sufrimiento humano. Esto no sólo es imposible de hacer en términos cuantitativamente exactos, sino que es una operación no susceptible de ser fijada en términos de validez general o explicada racionalmente. Cada juez pone en juego su personal sensibilidad para cuantificar la reparación, la cantidad de dinero necesario para servir de compensación al daño. Es la que sugiere caso por caso su particular apreciación y comprensión del dolor ajeno” (Sent. N° 68 del 12.12.86, Sent. N° 37 del 4.6.97, Sent. N° 30 del 10.4.01) ” .una buena metodología aconseja, siendo la materia de indiscutida imprevisibilidad; por ejemplo el colocar el monto en cuestión, en una valoración de contexto con otras indemnizaciones más o menos de tenor parecido y que hayan sido dictadas por los tribunales de la misma instancia al interviniente.Por un camino como el indicado, sin duda que se obtiene una mirada holística del fenómeno judicial y por tanto, se replantea la tesis de que la demanda de justicia no es independiente de su precio, tal como fuera dicho ya hace algunos años por R. Posner.” (TSJ, Sala C. y C., Sent. 44, 20/6/06, autos “Lopez Quirós Carlos H, c/ Citibank N.A.- ordinario – Recurso Directo” – Expte. L-21-03, voto de la mayoría), a pesar de la objeción a esta metodología que ensaya la Sra. Vocal Cafure de Battistelli, en el mismo fallo. Por ello, estimo prudente proponer que se disminuya el monto de la indemnización por este rubro, a cuyo fin se pondera como uno de los parámetros que lo mandado a pagar por el a quo no guarda relación con lo dispuesto en casos similares por otras Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad; así, por Sent. 54 del 12/6/03 en autos: “Romero del Prado, Manuel c/ Amfin SA y otra – Ord.”, se confirmó la condena de primera instancia de $ 8.000 por una publicación periodística en la que se añadía información no veraz sobre la conducta procesal asumida ante el fiscal por un imputado -ex funcionario municipal- sin haber tenido pleno conocimiento sobre el curso de la investigación penal (Cámara 8°); Sent. N° 195 del 30/11/06 en autos: “Espíndola Héctor Ademir c/ Easy SA y otros – Ord.”, confirmó la condena de $ 5.000 por la imputación delictiva que personal de seguridad le efectuara en público a un hombre (Cámara 5°); Sent. N° 140 del 26/10/04 en autos: “Maidana, Manuel A. c/ Reginaldo Manubens Calvet – Ord”, por la cual se incrementó la indemnización por daño moral en la suma de $7.500 por la lesión sufrida por expresiones vertidas en un medio de prensa, habiendo mediado rectificación del demandado en sede penal (Cámara 2°); Sent. N° 128 del 29/7/05 en autos: “M., F. M.C/ A. B. – Ord.”, se condenó a la suma de $ 5.000 por daño moral por las ofensas inferidas a un letrado en el ámbito de tribunales (Cámara 5°)(estas dos últimas senten cias citadas se encuentran publicadas en Viramonte, Carlos Ignacio (Coord.), Macagno Ariel A. Germán y Allende de Cardona, Magdalena, La cuantificación del daño moral en la jurisprudencia de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, Alveroni, pág. 194 y s.s.), todas las mencionadas son indemnizaciones derivadas de casos que revelan informaciones injuriantes graves y que, sin embargo, han merecido un resarcimiento muy inferior. Vemos que la indemnización por daño moral proveniente de las expresiones vertidas en el diario Día a Día luce excesiva de compararse con la jurisprudencia citada.-

 

11. Además, se consideran otros parámetros para la cuantificación de la condena en autos, entre ellos que ningún perjuicio en concreto extraordinario ha sido acreditado, más allá de la molestia propia de una alusión en el sentido que lo hace la nota periodística en cuestión. No resulta decisivo a efectos de evaluar la situación anímica del actor la declaración del testigo Courtade quien a fs. 65 reconoce ser su amigo, o el testigo Santacroce, quien afirma también amistad con el Dr. B. (fs. 67), los que formulan numerosas menciones interpretativas de los dichos del demandado que deben ser leídas en el contexto de amistad reconocida, y si bien el Dr. Courtade sostiene que el actor se afligió ante la posibilidad de que la nota la leyeran sus hijos, madre y colegas, ninguna prueba relativa a su composición familiar ha arrimado que permita analizar tal situación (existencia de hijos, edad, etc). Sí resulta plausible pensar que otras personas, sus colegas y también los socios de IACC pudieron leer la nota y por ende haberse generado el daño moral reclamado.Así, entonces, si bien se comparte el que ha existido una lesión espiritual por las manifestaciones vertidas en Día a Día, de ello no deriva que pueda considerarse de la magnitud solicitada en la demanda y condenada en fallo bajo anatema, máxime ponderando que el a quo, en posición que se comparte, relativiza la vinculación de tales expresiones con el actor, y destaca que la misma recién se reafirma con la lectura de la contestación de la demanda.

 

12. Para cuantificar el daño moral debe considerarse la entidad objetiva y subjetiva de la lesión espiritual, y se entiende que deben conjugarse como pautas tanto la intensidad de la lesión sufrida según valoraciones sociales genéricas, cuanto su específica influencia en la víctima (Cfr. Zavala de González, Matilde, Resarcimiento., cit., pág. 109/110). En la determinación prudencial del daño sufrido por el actor no puede perderse de vista que se trata de un abogado, con muchos años de ejercicio profesional, cual el mismo señala, quien se desempeñara durante varios años, también, como dirigente de una institución como el IACC, que por la actividad de la misma ha estado acostumbrado a recibir expresiones de desagrado o desaprobación de su gestión, propia del desempeño de tareas cuales las de Presidente de una entidad como la mencionada, lo que si bien no excluye la posibilidad de que se le haya generado daño moral por las desafortunadas expresiones vertidas en Día a Día, demuestra que la entidad del menoscabo no puede ser similar al de una persona no pública o, aun pública, que desempeñara sus funciones en una institución distinta, ya que en los entes deportivos resultan particularmente frecuentes -aunque no por ello, necesariamente aceptables- las alusiones personales denostativas relativas a aquellos con quienes no se acuerda.-

 

Por ello, por la entidad de las expresiones que han cuestionado indebidamente la personalidad del actor en los términos reseñados, propongo disminuir el importe acordado a la suma de pesos Diez mil ($10.000). Los intereses se aplican desde la fecha de la publicación en Día a Día (24/10/10), en los términos fijados por el a quo.-

 

13. Corresponde modificar la imposición de costas de la Primera Instancia a tenor de lo resuelto en el presente. La imposición de costas en su totalidad al demandado resulta violatoria de lo dispuesto en art. 132  CPC, dado que la pretensión resarcitoria no ha prosperado totalmente y, por consiguiente, la distribución de ser proporcional al éxito obtenido por cada parte. No obstante, cabe aclarar que una determinación meramente proporcional al resultado pecuniario, importa desconocer la pauta prudencia que debe seguir el juzgador a la hora de establecer el modo de la distribución de las costas en caso de vencimientos recíprocos. Es de considerarse a tal fin que la demandada ha sido vencida con relación a la injuria inferida al accionante en una de las publicaciones, mas vencedora con respecto a la otra, habiendo prosperado la apelación en punto al quantum del daño moral, aspecto éste que siempre queda librado, en definitiva, al prudente arbitrio del juzgador y por cuya morigeración, en el caso, no corresponde imponer costas al accionante. Desde esa perspectiva aparece adecuado revocar la imposición de costas dispuesta en la sentencia apelada, estableciendo que en ambas instancias sean soportadas en un 50% por el accionante y en un 50% por la parte demandada, sin que ello en manera alguna afecte el principio de reparación integral de la víctima, el cual se respeta con relación al daño que se reconoce como infringido.

 

A la primera cuestión planteada, voto parcialmente por la afirmativa, estimando que corresponde modificar la resolución bajo anatema conforme se indica supra.-

 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA:

 

EL SR. VOCAL, DR.RUBÉN ATILIO REMIGIO, DIJO:

 

Sin compartir absolutamente todos y cada uno de los fundamentos vertidos en el voto precedente, adhiero al mismo, aunque -a mi juicio- la nota periodística en el diario La Voz del Interior, cuando el demandado refiere a que “O nuestros abogados son unos inútiles o estos son unos vivos bárbaros” y “Pasa que tienen un manejo bárbaro de armado adentro de la Justicia, que es terrible”, está involucrando evidentemente -entre otros- con carácter injuriante, a la actividad profesional del actor, calificándolo o bien de “inútil” o bien de “vivo bárbaro”, expresiones de alto tono descalificador y lo que es peor aún, lanzando una grave y delicada acusación en el sentido que “tienen un manejo bárbaro de armado adentro de la Justicia que es terrible”, lo que estaría imputando actos de corrupción, indecorosos y hasta delictivos a un número indeterminado de personas, entre ellos el actor, por lo que la circunstancia que los demás involucrados no hayan reclamado o ejercido los derechos que les competen, no le puede quitar mérito al que sí efectuara el actor, al sentirse lógica y evidentemente aludido por las expresiones difamantes proferidas por el accionado.-

 

Ello sumado a la otra desafortunada expresión de “tipo enfermo” efectuada por el demandado en el diario Día a día, expresión denigrante y ofensiva del honor del actor, como ya se explayara suficientemente el primer voto, al que me remito, en aras de concisión, justifican tanto la procedencia, como el monto de lo mandado a pagar.

 

El tenor de las expresiones descalificadoras, vertidas en dos (2) importantes medios de difusión gráfica masivas de Córdoba, por el alcance y conocimiento público que alcanzaron aquéllas por esa misma razón, resultan idóneas y aptas, para producir el detrimento espiritual y moral en la personalidad del accionante, letrado reconocido del foro local y dirigente deportivo de vasta trayectoria.El carácter de hombre público o la asiduidad con que tales desagradables hechos lamentablemente ocurren, no pueden jugar en contra del ofendido, toda vez que es claro que el mismo siempre tiene el derecho de que se respete su imagen, su honor, su reputación, su persona, no pudiendo requerírsele una suerte de acostumbramiento a tales conductas que el Derecho indudablemente reprueba, atento su ilicitud.

 

De tal guisa, debe mantenerse el monto de la condena de primera instancia, esto es, $ 30.000, no existiendo razones de peso para proceder a su morigeración. El hecho dañoso ha existido y es grave, no puede ni debe minimizarse.-

 

Ello es así, porque respecto del daño moral, en un trabajo de Graciela B. Ritto, publicado en La Ley, en el que comenta una Sentencia de la Sala F, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (“Ala Claudio c/ Lim Chac Hong” – 10.11.07), se muestra -con claridad- algunos inconvenientes que esta cuestión puntual del daño moral presenta en relación a su cuantificación. Primero, en lo que refiere a la inconmensurabilidad del daño moral. Segundo, que la doctrina más moderna postula que el daño moral sea establecido con discrecionalidad unida a pautas de prudencia y equidad, para lo cual se recurre como parámetro, a valores ordinarios que fija la jurisprudencia para casos similares. Y el inconveniente que presenta tal solución es que las reseñas de la jurisprudencia no muestran uniformidad, sino que por el contrario las posiciones suelen ser muy dispares aún para supuestos análogos. De allí que resulte conveniente recurrir a las pautas que postula Mosset Iturraspe (“Cuantía del resarcimiento por Daño Moral – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba – Colección de Derecho Civil – 1.994 – 31/48). La resolución comentada, para establecer el “cuantum” expone como criterio que debe recurrirse a lo pedido por la parte como límite. Y ello debe ser valorado en función del acontecimiento que lo genera.La fundamentación de tal proceder parte de considerar que es la parte quien está en mejores condiciones de reconocer y valorar el perjuicio que ha padecido. Y solamente en caso de exorbitancia frente a estos parámetros, es el Juez quien debe efectuar la estimación final.

 

Además, todos somos iguales en lo esencial, aunque seamos diversos en lo existencial, razón por la cuál, lo que para un ser humano puede resultar un resarcimiento justo por daño moral, para otro no lo será.

 

También debe tenerse especialmente en consideración la devaluación sufrida por nuestra moneda en forma constante y so stenida en los últimos tiempos.-

 

Voto por la negativa, con costas al apelante (art. 130 , C.P.C.).

 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA:

 

EL SR. VOCAL DR. JORGE MIGUEL FLORES DIJO:-

 

Primer Agravio: Concerniente a este primer agravio he de señalar el preciso y acertado examen realizado por el magistrado a partir del 2º párrafo de fs. 251 vta. (hasta fs. 252 vta. ap. V), por lo que el reproche dirigido a denunciar una “grosera desinterpretación de los hechos y del derecho aplicable” resulta improcedente. El apelante insiste en que no se habría referido al actor al decir que es “un vivo bárbaro” y “tener un manejo bárbaro armado adentro de la justicia” y que, en todo caso, dichas expresiones no tienen carácter injuriante. Sin embargo, el desacuerdo parte de una interpretación estricta o declarativa del alcance manifiesto de las palabras empleadas en el texto del párrafo octavo de la publicación, y a partir de allí le quita la carga injuriosa que contiene, sin superar los fundamentos dados por el magistrado en cuanto interpreta el párrafo teniendo en cuenta el espíritu y contenido integral de la nota. Así, conforme una razonable interpretación, el Juez armoniza todo el artículo periodístico y su conexión con el párrafo en cuestión, poniendo en evidencia el sentido y alcance lesivo de las expresiones contenidas en dicho párrafo.Véase, que luego de reconocer que en principio la frase no podría generar en el honor ningún tipo de lesión, el Juez establece la “ratio” de la misma en el contexto integral de la nota publicada, a través de la cual -dice- se pone bajo sospecha tanto a los que iniciaron juicio en contra de IACC, enunciados previamente en el mismo articulo -Dres. Taboada, B. y Acciarri- como al propio Poder Judicial en el que se ventilan tales procesos, destacando que la interpretación sobre el sentido injurioso de la frase no admite duda desde el momento en que seguidamente y sin solución de continuidad, B. dice: “que tienen un manejo bárbaro armado dentro de justicia, que es terrible”; manifestación (que bien se encarga de aclarar el fallo) no es una ponderación sobre el supuesto “manejo bárbaro del derecho” (como insinúa el quejoso) sino todo lo contrario. Basta remitir a la aseveración del magistrado de fs. 251 vta. penúltimo párrafo cuando destaca el sentido de las palabras según como han sido utilizadas, para desestimar la pretensión semántica del agraviado; fundamentación irreprochable del decisorio, que responde a una interpretación razonable y discreta sobre el significado deshonrante de la expresión. Aferrarse al significado literal de las palabras para interpretar el carácter injurioso de las mismas (como aduce el recurso), puede llevar -en un sinnúmero de ocasiones- a conclusiones erróneas, ya que la palabra puede ser insultante en determinado contexto y no en otro; lo agraviante en público a veces no lo es en privado, lo que ofende en el ámbito universitario no daña en un burdel, etc. (Cfr. Nuñez Ricardo, “D. Penal”, v. IV, p. 62). Repárese -además- en la culminación argumentativa del magistrado apuntando (al cierre de la frase publicada) como la “poco feliz elocución” final de B. que, de consuno al texto precedente, no deja duda sobre la conducta ofensiva al honor profesional.En ese punto el desarrollo argumental de la apelación parte de una digresión subjetiva claramente interesada, incapaz de cerciorar sobre el error de juicio que denuncia y, como decía anteriormente, con base en la desnuda literalidad de los vocablos utilizados, sin computar su significado contextual distinto al concepto de las palabras (v. L.L. 1980-C-327). Así entonces, el agravio debe rechazarse porque la mera producción de una injuria con difusión masiva contra el profesional, posee idoneidad suficiente para generar una natural mortificación en la víctima que no requiere especial demostración y hace procedente el reclamo de indemnización por daño moral.-

 

Segundo Agravio: Es cierto -como dice el apelante a contramano del razonamiento literal que vierte en el agravio anterior- que no puede aceptarse que su parte haya pretendido con su declaración “divulgar” una enfermedad de B. en sentido específico, física o mental. Ni de los términos de la demanda ni de la difusión que se ha realizado en el medio de prensa, ni del contexto dentro del cual se formuló la declaración, se desprende que ese puede haber sido el sentido de lo que dijo, ni la comprensión que de la lectura del mensaje puedan haber percibido los lectores de la nota periodística. No obstante, una razonable y discreta interpretación de las expresiones de B. consignadas en el diario Día a Día, nos lleva a la misma solución anterior; es decir, se revela injuriosa. Porque, con arreglo a las valoraciones de la sociedad, tales expresiones deshonran o desacreditan a la persona. Como didácticamente lo explica el fallo, la injuria es un ataque a la estimación propia o ajena, y este ataque es injurioso en tanto la estimación particular de los valores constitutivos de la personalidad y la de su ofensa coinciden con las valoraciones de la sociedad. Y nadie puede dudar del carácter ofensivo de esas expresiones en el contexto en que se realizaron.Equiparar la expresión “es un tipo enfermo” al significado de la letra del tango o a la canción de Fabiana Cantilo constituye un despropósito, porque aun cuando lo dicho estuviese objetivamente destinado a mostrar esa “pasión extrema, compulsiva, incontrolable” que se le endilga al demandante, es evidente que -dentro del contexto en que fue formulada- llevaba insita una carga emocional de bronca y descalificación de la persona; un verdadero menosprecio del otro por medio de la palabra (como lo señala la Sra. Vocal del primer voto). En este tipo de conflictos, “ríspido, a veces hiriente” (utilizando palabras del apelante) no cabe extremar demasiado la interpretación con el alcance más restringido que el texto admita, intentando a través de una exégesis poética persuadir del sentido inofensivo de los dichos, pues, el nivel del debate (en este caso) no repara en la “exquisitez” de los términos sino en la “carga agresiva” con que se manifiesta. La interpretación de los dichos remite necesariamente a las razones y motivos que informan el debate determinando la voluntad de quién se expresa. En otras palabras, para apreciar si la conducta es injuriosa, hay que estudiar los antecedentes de ella, como el lugar y ocasión, calidad y cultura, relaciones entre ofensor y ofendido, etc. En ese mismo orden, igualmente inadmisible resulta el intento de justificar el otro agregado “y los enfermos se mueren solos” como lo propone el escrito recursivo (a fs. 275 vta. 2º párr. in fine), porque esa pretensión soslaya la verdadera intención expresiva (cuál es: que este tipo de personas “enfermas” no merecen o no logran acompañamiento en el final de sus vidas), esto es lo que real y verdaderamente percibió el lector. Mal que le pese al demandado, no cabe otra interpretación. Seguramente habría de calificarse esta conclusión interpretativa como arbitraria; no obstante, constituye la lógica inferencia que se desprende de todo el contexto conflictivo y lo que la regla de la simple experiencia indica como pauta o elemento de interpretación de los hechos de la realidad.No debemos olvidar que las máximas de experiencia (conocimientos obtenido del solo vivir) forman parte del caudal cultural de la persona que ejerce la función jurisdiccional, son válidas y tienen cabida en el patrimonio de nociones común y pacíficamente acogidas en un determinado círculo social, y deben ser utilizado por el juez para apreciar la prueba.-

 

Tercer Agravio: No estamos en presencia de cuestiones vinculadas con la función pública y de funcionarios públicos que lleve a bajar el nivel de tutela del derecho al honor, o por lo menos con la intensidad que lo propone el recurrente; el debate no tuvo por objeto defender o garantizar un interés público, es decir, de significativa importancia a los fines del Estado. De todos modos, cualquier causa de justificación tiene una exigencia común: no puede ni debe traspasar los limites contenidos en el art. 1071  del C.Civ. Y en este caso, aun cuando las expresiones injuriosas de B. hayan tenido razón en el interés institucional del IACC, el ejercicio de esa representación ha sido excesiva o desproporcionada con el fin o contenido de la causa legitimante. Como indica el magistrado, se han formulado “imputaciones personales que escapan a la mera gestión (que como ex presidente llevó a cabo B.), y afectan al honor de esa persona, tanto en su aspecto subjetivo como objetivo”; incluso con cierta proyección hacia el futuro (v. fs. 259 vta., 1º párr. y fs. 259 in fine).-

 

Cuarto Agravio:Acusar de antojadizo, absurdo y desmedido el monto indemnizatorio fijado, como denunciar la falta de motivación del fallo en ese sentido al no explicitar -según dice el agraviado- cuáles son las razones por las que se cuantifica el importe de $ 30.000, implica soslayar lo expresamente indicado por el Juzgador a partir del 2º párr. de fs. 259 y vta., particularmente lo señalado en los dos últimos párrafos del Cons. IX a fs. 259 vta. La crítica de fs.277 no es fiel a tenor de aquellos fundamentos, más bien inexacta en el sentido formal de la denuncia (que reclama la nulidad de este segmento del pronunciamiento a fs. 278 vta., 1º párr.); ignora absolutamente aquellas motivaciones del magistrado lo que desdibuja la fuerza revisora de la pretensión recursiva; además, relativiza la difícil situación en que se encuentra el magistrado a la hora de fijar el daño moral, donde no hay modo de calcular con rigor la suma en que debe estimarse una indemnización de esta naturaleza. Ahora bien, no obstante la libre facultad de los jueces para fijar la indemnización por daño moral (ante la ausencia de parámetros indicativos), debo reconocer -como lo señala el recurrente a partir de fs. 277 vta.- que el Tribunal Superior de Justicia “aconseja como una buena metodología, en una materia de indiscutida imprevisibilidad, colocar el monto indemnizatorio del daño moral en una valoración de contexto con otras indemnizaciones más o menos de tenor parecido y que hayan sido dictadas por los tribunales de la misma instancia al interviniente” (Cfr. Sala Civil y Com., Sent. 44 del 20.06.06). Con lo cual, aquél arbitrio judicial encuentra (en la jurisprudencial local) límite en valores indemnizatorios condenados a pagar por otros tribunales en casos análogos o similares, a tenor de lo expuesto por la mayoría de la Sala Civil en dicho antecedente. Y sin espíritu de apartarme de dicha pauta jurisprudencial, he de señalar -simplemente- que esta orientación va a contramano con los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema de la Nación tendientes a evitar la fijación de limitaciones que, en definitiva, implican alterar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, y, además, por resultar incongruente con las facultades discrecionales con las que cuenta el juzgador para cuantificar el resarcimiento por daño moral (Cfr. voto de la Dra. Cafure de Batistelli en la misma Sentencia). De todas maneras, cualquiera sea el lineamiento a seguir en este punto, considero que el Sr.Juez de Primera Instancia ha fijado una indemnización por debajo del parámetro que la Cámara 8ª. Civil estableció en un supuesto análogo (L.Q.C.H. c/ Citibank N.A., causa en la que el T.S.J. había fijado el criterio objetivo aludido precedentemente), disponiendo el resarcimiento a favor de una persona que resultó vulnerada en su honor y cuya profesión de abogado -se dijo- exige algún reconocimiento como hombre recto y profesional idóneo. En efecto, luego de la anulación dispuesta por el órgano de casación en la Sentencia 44, de fecha 20 de Junio de dos mil seis, la causa L.Q.C.H. c/Citibank N.A. se radicó por reenvío en la Cám. 8ª en lo Civil y Com. que condenó (el 12.12.06) al pago de la suma de $ 48.000 por daño moral, enunciando una serie de fallos entre lo cuáles podemos citar aquél que involucraba a un prestigioso abogado: “Brebbia Roberto c/ Banco Bansud” (C.C.C. Rosario, Sala 1 de fecha 01.03.05) en el que se otorgó la suma de $ 35.000. De tal suerte, aun cuando pudiera esgrimirse que en este caso no hay prueba sobre la “rectitud profesional del abogado” (como dice el juez a fs. 259 último párr.) y que el obligado a pagar no es una entidad financiera como en aquellos antecedentes, lo cierto es que teniendo en cuenta la depreciación del valor de la moneda nacional desde el mes de marzo del 2005 o desde diciembre de 2006, la cuantificación en la suma de $ 30.000 no resulta antojadiza, ni arbitraria, ni desmedida como lo intenta hacer ver el recurrente, sino enmarca en los parámetros de razonabilidad y previsibilidad que otros casos han considerado.

 

Solución: Conforme los términos que dan cuenta los apartados anteriores, respondo negativamente al interrogante sobre la procedencia del recurso de apelación.

 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA:

 

LA SRA. VOCAL DRA. MARÍA ROSA MOLINA DE CAMINAL DIJO:

 

Corresponde:1°) Acoger parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, fijando el importe por daño moral en la suma de pesos Diez mil ($ 10.000). Imponer las costas de la primera instancia en un 50% al accionante y en un 50% a la demandada, dejándose sin efecto la regulación de honorarios, la que deberá practicarse nuevamente por el a quo conforme al resultado de la presente (art. 132 CPC).

 

2°) Imponer las costas de la segunda instancia en un 50 % a cargo de la parte actora y un 50% a cargo de la demandada. Regular los honorarios de los Dres. Carlos Gustavo Vallespinos y Ramón Daniel Pizarro, en conjunto y proporción de ley, en el 36 % del punto medio de la escala del art. 36  CA y los del Dr. D. O. B. en el 35 % del punto medio de la misma escala, todos sin perjuicio del mínimo legal (arts. 36, 39, 40  y concs. CA).

 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA:

 

EL SR. VOCAL, DR. RUBÉN ATILIO REMIGIO, DIJO:

 

Corresponde:

 

Rechazar la apelación, con costas al apelante.

 

Regular los honorarios de los Dres. D. O. B., Carlos Gustavo Vallespinos y Ramón Daniel Pizarro -los dos últimos en conjunto y proporción de ley- en el . % y . % del punto medio (para ambos) respectivamente de la escala del art. 36, C.A.

 

Así voto.

 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA:

 

EL SR. VOCAL DR. JORGE MIGUEL FLORES DIJO:-

 

Corresponde:.

 

Rechazar la apelación, con costas al apelante.

 

Regular los honorarios de los Dres. D. O. B., Carlos Gustavo Vallespinos y Ramón Daniel Pizarro -los dos últimos en conjunto y proporción de ley- en el 38 % y 33 % del punto medio (para ambos) respectivamente de la escala del art. 36, C.A.

 

Así voto.

 

Por el resultado de la votación que antecede y por mayoría,

 

SE RESUELVE:

 

Rechazar la apelación, con costas al apelante.

 

Regular los honorarios de los Dres. D. O. B., Carlos Gustavo Vallespinos y Ramón Daniel Pizarro -los dos últimos en conjunto y proporción de ley- en el . % y . % del punto medio (para ambos) respectivamente de la escala del art. 36, C.A.

 

Protocolícese y bajen. Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación firman los Sres. Vocales.

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