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#Fallos Tutela sindical: Debe reinstalarse al trabajador despedido al haberse acreditado prima facie su intervención en un conflicto de índole salarial entre la demandada y sus dependientes

Partes: Gaguillo Choque Raúl c/ RA Intertrading S.A. s/ juicio sumarísimo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: VII

Fecha: 31 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139212-AR|MJJ139212|MJJ139212

Voces: MEDIDAS CAUTELARES – CONTRATO DE TRABAJO – REPRESENTANTES SINDICALES – MEDIDA AUTOSATISFACTIVA – DESPIDO – CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO – REINCORPORACIÓN DEL TRABAJADOR

Procede la reinstalación del trabajador despedido al haberse acreditado prima facie su intervención en un conflicto de índole salarial entre la demandada y sus dependientes.

Sumario:
1.-Cabe confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto admitió la medida cautelar y ordenó la reinstalación del actor en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones laborales que tenía antes de su cese y hasta tanto recaiga sentencia definitiva, más el depósito de los salarios devengados desde el despido hasta la fecha de la efectiva reinstalación, con los aportes y contribuciones pertinentes, por cuanto la prueba producida y el lapso temporal habido entre los acontecimientos relatados vinculados a los reclamos salariales y el despido, sumado al intercambio telegráfico acompañado, otorgan verosimilitud a la petición siendo que dejan traslucir prima facie que en el caso subyace el desarrollo de un claro conflicto de índole salarial entre la demandada y los trabajadores del establecimiento y, a su vez, la participación activa del actor en dichos reclamos, en un período concomitante con la decisión rupturista.

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2.-Es improcedente la medida cautelar mediante la cual el actor persigue el dictado de una medida cautelar innovativa que deje sin efecto el despido con invocación de causa pues subyace la existencia de un complejo entramado fáctico respecto de la actividad sindical del actor que requiere mayor amplitud de deba y prueba, lo que atenúa la verosimilitud en el derecho invocada y en este prieto marco cautelar analizar la misma importaría incursionar en facetas del fondo del debate, cuya solución podría impactar en la viabilidad del decisorio final (voto en disidencia de la Dra. Gonzalez).

Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre de 2022, para dictar sentencia interlocutoria en los autos «GAGUILLO CHOQUE, RAUL C/RA INTERTRADING S.A. S/JUICIO SUMARÍSIMO», se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA PTRICIA S. RUSSO DIJO:

l) Llegan los autos a conocimiento de esta Alzada a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la demandada y su réplica, contra la resolución de la Sentenciante de grado que admitió la medida cautelar solicitada y, consecuentemente, ordenó la reinstalación del actor en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones laborales que tenía antes de su cese y hasta tanto recaiga sentencia definitiva en las presentes actuaciones. Asimismo dispuso el depósito de los salarios que se hubieran devengado desde el despido (25/03/2022), hasta la fecha de la efectiva reinstalación, con los aportes y contribuciones pertinentes, todo según surge de constancias digitales del Sistema de Gestión Lex 100, que se tienen a la vista.

II) En atención a la índole del debate se requirió la opinión del Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal, quien se expidió en los términos que se desprenden del dictamen de fecha 23/09/2022.

III) Previo a todo, cabe señalar que en la especie, el actor invocó su calidad de activista sindical y, con base en la garantía de estabilidad que prevén los arts. 48 y 52 de la ley 23.551 y en la ley 23.592, solicitó que se declarase nulo el despido dispuesto por la patronal, por considerarlo discriminatorio, peticionando, a su vez, como medida cautelar la reinstalación en su puesto de trabajo hasta que se resuelva la cuestión de fondo, con más el pago de los salarios caídos, aportes y cuotas sindicales. Al efecto, denunció en la demanda que ingresó a desempeñarse para la accionada el 16/04/2014 con la categoría «Oficial Costurero Calificado Múltiple B», en el establecimiento que aquélla posee en la calle Aquino N° 6077 de esta Ciudad.Contó, a su vez, que como hizo durante años, participó activamente en un reclamo colectivo de índole salarial y también respecto de las condiciones de trabajo, oportunidad en la que ejerció la representación de sus compañeros de trabajo frente a su empleador. Añadió que, frente al carácter masivo y la trascendencia que adquirió el conflicto salarial de los trabajadores del sector a partir de febrero de 2022, el SOIVA accedió a reunirse en las oficinas de la demandada en dos oportunidades, esto es, el 25/02/2022 y el 04/03/2022, en las que, además de los representantes de la empresa y del sindicato, él mismo estuvo presente junto a otro trabajador, también de activa participación gremial (Torrez Mamani) y pese a que fueron expulsados del sindicato. Dicha reunión en las oficinas de la empleadora, según sostiene, importó en los hechos el reconocimiento por parte de la empresa y del propio sindicato de la representación de ambos trabajadores.

Agregó el demandante que, en respuesta a las medidas de fuerza tomadas a razón del reclamo salarial, la empresa despidió a todos los trabajadores del sector con mayor participación en el conflicto y que su cesantía, fundada en una falsa causal según sostiene, operó el 25/03/2022.

Denunció que su despido fue producto de una conducta antisindical y discriminatoria por parte de la patronal, en represalia a su activa participación gremial.

IV). En orden a dirimir la reinstalación cautelar pretendida al demandar, la Sentenciante de grado consideró que de las declaraciones de los testigos Maldonado Tiñiñi y Torres Mamani, como así también de la prueba documental acompañada, surge sumariamente acreditada la activa participación del actor en los reclamos de índole sindical, vinculados especialmente al aspecto salarial -sueldo básico y condiciones para establecer el pago de los premios por producción- llevados a cabo en la empresa demandada desde años antes del despido y, en particular, en los que tuvieron lugar a partir del mes de febrero del corriente año.

Desde este enfoque y únicamentea los efectos del análisis de la medida cautelar, la Juez a quo consideró que, en el caso, se encuentra sumariamente probada la invocada calidad de activista sindical del actor en la demandada y ello, en su opinión, constituye un indicio serio sobre la motivación antisindical del despido, en especial, debido a que también otros activistas y delegados gremiales habrían sido despedidos en la misma época, según se desprende de las declaraciones testimoniales rendidas en autos. Por todo ello, a la luz de lo normado en la ley 23.592 y la doctrina que elaboró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Pellicori», consideró procedente la medida cautelar solicitada.

V). La demandada se alza contra dicha decisión alegando, centralmente, que ello deviene de una errónea consideración de las circunstancias debatidas en autos, de las que, en su tesis, no surgirían acreditados los elementos necesarios para la procedencia de la medida solicitada. Al respecto, en cuanto a la verosimilitud del derecho, la recurrente sostiene que no es cierto que el actor fuera un delegado de hecho, como sostuvo al demandar, puesto que no representa al sindicato que nuclea a los costureros (SOIVA), que tiene sus propios delegados. Agregó que desconoce si el actor es miembro de un nuevo sujeto colectivo, puesto que insiste en que no representa a una entidad con personería gremial. A partir de esta postura sostiene que la contraria no aportó suficientes razones de hecho ni de derecho que permitieran inferir que el despido comunicado por su parte obedeció al accionar de aquél como delegado de hecho o activista gremial, en representación de un reducido grupo de trabajadores. Por el contrario, insiste en sostener y acreditar que el despido obedeció a las causales objetivas que esgrimió en el cartular remitido por su parte.A su vez, también manifiesta que tampoco surge acreditado en autos el restante recaudo que se exige para la procedencia de la medida cautelar, el peligro en la demora, en tanto sostiene que el actor no ejerce ninguna actividad sindical, no es delegado gremial ni su parte se encuentra anoticiada que tenga en miras ocupar algún cargo electivo a nivel sindical. También cuestiona que en la anterior sede no se haya fijado una caución, en función de la procedencia de la medida cautelar. Critica, a su vez, que se hayan aplicado al caso las disposiciones contenidas en la ley 23.592, cuestiona la inversión de la carga probatoria en relación con el despido discriminatorio invocado por el reclamante, el que, asimismo, considera inexistente. Por último ofrece prueba documental, testimonial e informativa, en apoyo a su postura recursiva.

VI). Delineado así el thema decidendum ante esta Alzada, anticipo que, por mi intermedio, la crítica de la demandada será desestimada.

Al respecto, creo oportuno señalar que medidas como las solicitadas en el sub lite -de carácter innovativo- deben considerarse excepcionales porque alteran el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, en tanto constituyen un adelanto de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, circunstancia que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad (CSJN Fallos T. 331, P. 466 ).

Asimismo, cabe puntualizar que es de la esencia de esos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicio que se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación ulterior (Fallos:330:1261 y más recientemente citado por la CSJN el 10/09/2020, in re «Maggi, Mariano c/Corrientes Provincia de s/medida autosatisfactiva», 2237/2020/CS1).

Sobre el punto, es menester memorar que Nuestro Máximo Tribunal ha establecido que la procedencia de una medida cautelar está determinada por la existencia de cuestionamientos formulados sobre bases, prima facie, verosímiles acerca de la ilegitimidad del acto cuya suspensión se requiere concomitante con la existencia de un daño inminente y grave -como consecuencia de la conducta que luce en apariencia arbitraria- para cuya valoración no es menester un examen de certeza del derecho invocado, sino una suficiente apariencia de verosimilitud en el planteo del impugnante, acorde al contenido y alcances del acto en cuestión (v. Fallos 250.154; 251:336, CSJN in re «Obra Social Docentes Particulares c/Pcia. De Córdoba», entre otros).

En dicha hermenéutica, analizadas las constancias de la causa, sumariamente ponderadas en orden a la índole de lo requerido, los derechos fundamentales involucrados y la naturaleza de los hechos ventilados en la presentación actoral, considero, al igual que la Magistrada a quo, que corresponde mantener la admisión de la medida cautelar solicitada, en tanto que, se verifican en el caso los presupuestos para su procedencia (cfr. arts.195 y 230 del CPCCN).

En efecto, a mi juicio, la prueba documental acompañada por el actor, así como la testifical rendida en autos y el lapso temporal habido entre los acontecimientos relatados vinculados a los reclamos salariales y el despido decidido por la patronal, sumado al intercambio telegráfico acompañado, otorgan verosimilitud a la petición y justifican la procedencia de la medida, conforme a los parámetros normativos y jurisprudenciales ya citados.

Repárese que las misivas cursadas entre las partes, las notas acompañadas por el actor dirigidas a la patronal y las fotografías anejadas con la demanda, coincidentes además con las declaraciones de los testigos ofrecidos al demandar, dejan traslucir prima facie que en el caso subyace el desarrollo de un claro conflicto de índole salarial entre la demandada y los trabajadores del establecimiento que ella explota y, a su vez, la participación activa del ac tor en dichos reclamos, en un período concomitante con la decisión rupturista comunicada por la patronal (v. en particular fs. 2/36).

Dichas circunstancias, en el prieto marco de la cautela procurada, y desde las pautas jurisprudenciales señaladas supra, permiten advertir el humo de buen derecho que se requiere para la viabilidad de una medida de las características como la requerida en esta oportunidad (cf. arts. 195 y ccdtes del CPCCN).

Lo mismo sucede con el recaudo del peligro en la demora, puesto que, frente a la plataforma fáctica descripta supra, puede advertirse desde un primer enfoque de la cuestión, insisto, en el prieto marco cautelar, que la desafectación del actor implica la imposibilidad de ejercer sus derechos los que, además, se proyectan a la defensa de los intereses de sus compañeros de tareas y, con ello, a su vez -si se quiere tangencialmente-, la afectación del ejercicio de la libertad sindical, tutelada con énfasis, tanto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, como el Convenio 87 de la OIT, de innegable jerarquía supralegal (art.230 del CPCCN).

Destaco, además, que el recurso presentado por la demandada, pese a su extensión, presenta una estructura dogmática, y ahonda, en líneas generales, en facetas que hacen al fondo del asunto, sin rebatir, de una manera precisa, las argumentaciones del pronunciamiento apelado (crf. Arts. 265 del CPCCN y art. 116 de la L.O.).

Nótese, al respecto, que la apelante hace hincapié y pretende probar además para descartar la postura actoral, que desconoce si el actor ejercía una actividad gremial, cuando los testimonios y la prueba documental acompañada por el actor – y sobre las que ya me he referido supra- tornan al menos dudosa la afirmación que refiere a que la patronal desconocía la intervención del accionante en los reclamos salariales de los trabajadores del establecimiento.

En nada influye para la procedencia de la cautela en los términos procurados, que el actor no haya sido delegado gremial del SOIVA. Afirmar lo contrario implicaría confundir la actividad gremial con el ejercicio de un cargo gremial y, con ello, soslayar la protección que contemplan los arts. 4, 47, 53 y ccdtes. de la ley 23.551 y las garantías constitucionales que amparan los derechos fundamentales mencionados precedentemente.

Por lo demás y más allá de que constituye una mera apreciación dogmática del apelante que, como tal, no cabe atender (cfr.265 del CPCCN citado), recuerdo que la jurisprudencia de este Fuero es unánime al considerar que en el ámbito del ejercicio de los derechos que se invocan al demandar, las medidas precautorias análogas no exigen contracautela (ver, entre otros, autos «Jiménez Patricia Elizabeth c/ Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES s/Medida Cautelar», del Registro de la Sala V).

Desde esta óptica, como puede colegirse, la producción de la prueba pretendida por la recurrente deviene, a todas luces, inconducente, habida cuenta que no se encuentra controvertido en autos que el actor no posee una tutela formal, a lo cual se añade que la documentación ya se encuentra incorporada a la causa y que tampoco se especifica qué se pretende probar con los testigos que se ofrecen.

Para finalizar y sin perjuicio de señalar que las restantes argumentaciones que vierte la recurrente con referencia a la invocación de un despido discriminatorio, excede el marco de la presente pues hacen al fondo de la controversia, lo cierto es que la hipótesis que la apelante esgrime respecto de la inaplicabilidad de la ley 23.592 en el ámbito laboral, cede, frente a la clara doctrina que estableció nuestro Máximo Tribunal en la causa «Pellicori, citada por la Magistrada a quo, así como en el precedente «Alvarez Maximiliano y otros c/Cencosud S.A.» (Fallos: 333:2306 ).

En definitiva, considero que lo expuesto hasta aquí basta para sellar la suerte adversa de la crítica de la demandada (cfr. arts. 386 2°parte del CPCCN), de modo que, en caso de ser compartido mi voto, corresponderá confirmar la resolución apelada y así lo dejo propuesto.

Lo expuesto, claro está, sin perjuicio de dejar asentado que los fundamentos a los que hago referencia a lo largo de mi voto lo han sido al sólo efecto de decidir acerca de las medidas precautorias peticionadas y en modo alguno significan emitir una opinión respecto al fondo del conflicto, en una medida cuyo resultado puede variar de acompañarse nuevos elementos y que, por su esencia, no causa estado (cfr. doct.art. 195 y ccdtes del CPCCN, ya citados).

VII) Finalmente, sugiero que se difiera la cuestión relativa a las costas de Alzada y la regulación de honorarios, hasta el momento en que resuelva el fondo de la cuestión.

LA DOCTORA MARÍA DORA GONZÁLEZ DIJO:

I.- Discrepo con mi distinguida colega preopinante respecto de la solución propuesta únicamente y por las razones que expondré a continuación:

De la lectura de las constancias de la causa, surge que el Sr. Gaguillo Choque interpone la presente acción sumarísima a los efectos de que se declare la nulidad del despido dispuesto por su empleadora por discriminatorio en los términos de los arts. 47 y cc de la ley 23.551 de asociaciones sindicales y de la ley 23.592, ordenándose en consecuencia a la misma la inmediata reinstalación del actor en su puesto y condiciones habituales de trabajo y reclama la reparación por el daño material y moral ocasionados. También promueve querella por práctica desleal gremial (cfr. art. 53 y cc de la ley 23.551) solicitando se condene a la demandada al máximo de la multa prevista en la normativa atento su conducta antisindical reiterada y la manifiesta maliciosidad de la misma.

Asimismo, solicita el dictado de una medida cautelar en los términos de los arts. 195 y conc CPCCN y se ordene con carácter de urgente la reinstalación provisoria e inmediata a su puesto de trabajo habitual, el pago de los salarios caídos aportes y cuota sindical a la obra social y al sindicato, asegurando los derechos sindicales de éste, incluido el derecho a postularse, a elegir y ser elegido y bajo apercibimiento de astreintes.

II.- En el caso, la Sra. Juez de grado -por compartir lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal- admitió la medida cautelar incoada mediante resolución de fecha 20/08/2020 con sustento en que «. el trabajador funda su reclamo en los arts.47 y 52 de la ley 23.551 y en la ley 23.592 y que, si bien no resulta de aplicación la estabilidad gremial prevista en el artículo 52 citado, lo cierto es que surgiría prima facie su carácter de activista sindical, lo que -según sus dichos- habría motivado su despido discriminatorio.».

Dicha decisión arriba a conocimiento de esta Alzada ante el recurso incoado por la parte demandada.

En el marco delimitado, los hechos expuestos en la demanda -a las que me referí en el considerando I del presente voto- e instrumental acompañada junto al escrito inicial1, la postura adoptada por la demandada tanto en el intercambio telegráfico como en el memorial recursivo2, el actor persigue el dictado de una medida cautelar innovativa que deje sin efecto el despido con invocación de causa (CD del 21/03/2021) el cual -entiende- se trató de un despido discriminatorio y arbitrario y una práctica antisindical hacer sido discriminado por su carácter de activista sindical y sustenta su pretensión en la ley 23.551 y 23.592 y se disponga se disponga la inmediata reinstalación en su puesto y condiciones de trabajo.

En el contexto descripto subyace la existencia de un complejo entramado fáctico respecto de la actividad sindical del actor que requiere mayor amplitud de deba y prueba, lo que atenúa la verosimilitud en el derecho invocada y en este prieto marco cautelar analizar la misma importaría incursionar en facetas del fondo del debate, cuya solución podría impactar en la viabilidad del decisorio final.

Cabe señalar que el Sr. Fiscal General Interino en el dictamen Nro.2753/2022 de fecha 23/09/22 -que antecede y forma parte integrante de la presente- sugirió que esta Sala se expida previamente sobre la pertinencia de los medio probatorios en cuestión en uso de las facultades jurisdiccionales exclusivas.

Desde esta óptica, no se puede perder de vista que la petición del reclamante en torno a la reinstalación provisoria e inmediata en su puesto de trabajo hasta que se dicte sentencia definitiva, no tiende a mantener la situación existente, sino a alterar el estado de hecho o de derecho vigente al momento de su dictado. En efecto, el actor pretende una medida precautoria – innovativa- lo que implica evaluar con mayor grado de estrictez el «fumus bonis iuris» y el «periculum in mora» dispuesto en los arts. 195 y sgtes. del CPCCN, toda vez que se trata de una decisión excepcional. Esto es así, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final que pudiere decidirse, en el marco de un proceso de conocimiento pleno, lo que justifica la mayor prudencia en la apreciación de los recaudos para su admisión y que no se advierte en virtud del contexto legal citado. Para ello, debe estarse ante la presencia de una casi certeza respecto de que el planteo sustancial sea admisible (es decir que no basta con acreditar la verosimilitud en el derecho al que aluden las cautelares básicas) y que, además acontezca, una situación objetiva de urgencia que motive la forzosa necesidad de acudir a este instrumento procesal. Por lo que no se verifica la presencia de un intenso «fumus bonis iuris», en especial si se repara, en el anticipo de jurisdicción peticionado.Ttambién se advierte que, no se cumpliría el recaudo del peligro en la demora pues de admitirse la pretensión el demandante obtendría su reincorporación con el consiguiente pago de daños y perjuicios, lo que importa tanto como que la sentencia a dictarse no resultaría de difícil o imposible cumplimiento, con relación a una persona que a la fecha de su cesantía no gozaba de la protección específica que la ley 23.551 otorga a los representantes elegidos por los trabajadores conforme lo dispuesto en el art. 48 de la ley citada3.

En este orden, como lo ha expresado el ex Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Dr. Álvarez, en casos de aristas similares y con criterio que se comparte, «las pretensiones innovativas que agotan el interés jurisdiccional en su dictado, exigen una muy intensa acreditación del derecho que le da sustento y deben ser analizadas con criterio restrictivo, en particular si se tiene en cuenta que implican la imposición de una conducta que debería ser, en principio, el resultado de un proceso jurisdiccional pleno» (ver entre otros Dictamen Nº 39129 del 15/10/04 y 47157 del 30/10/08).

En definitiva, y sin perjuicio de lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Interino -en el dictamen que antecede- respecto a la pertinencia de las pruebas aportadas por la recurrente, en el caso no se advierten demostrados la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, en orden a lo dispuesto en los arts. 195 y sgtes.del CPCCN.

Conforme los argumentos expuestos, corresponde admitir los agravios vertidos por la demandada en recurso de apelación y dejar sin efecto la decisión de apelada, sin que ello implique sentar posición acerca de lo acontecido y sin perjuicio de lo que pudiera llegar a decidirse al dictar la sentencia definitiva o de variar las pruebas y constancias de la causa, en una temática que, por su esencia, no causa estad; imponer las costas de Alzada en el orden causado atento las particularidades de la cuestión sometida a decisión (art. 68 CPCCN); Diferir las regulaciones de honorarios para cuando se resuelva el fondo del asunto. Así lo dejo propuesto.

EL DOCTOR HECTOR CESAR GUISADO DIJO:

En lo que es materia de disidencia entre mis distinguidas colegas, adhiero al voto de la DRA. PATRICIA SILVIA RUSSO.

Por todo ello, de prosperar mi voto corresponderá: 1) Confirmar la resolución apelada; 2) Diferir la resolución en materia de costas de Alzada y honorarios para la etapa definitiva; 3) Oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el art.1 de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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