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#Fallos Femicidio y homicidio agravado: Pena de prisión perpetua para quien estuvo por última vez con una mujer y su pequeño hijo, ambos desaparecidos

Partes: R. R. C.; A. A. E.; L. J. F. y G. M. F. s/ homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: Civil y Penal

Fecha: 4 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139322-AR|MJJ139322|MJJ139322

Pena de prisión perpetua por el delito de femicidio y de homicidio agravado contra la persona que estuvo por última vez con una mujer y su pequeño hijo desaparecidos.

Sumario:
1.-En la causa no existe prueba directa sobre la comisión del hecho por parte del inculpado -no se encontraron los cuerpos-, sin embargo, obran múltiples elementos probatorios que comprometen al encartado en el hecho investigado; fue la última persona que estuvo con las víctimas.

2.-Cobra especial importancia las distintas pericias químicas, y, sus posteriores explicaciones, que se realizaron sobre el automóvil secuestrado del imputado, más precisamente, aquellas tendientes a determinar la presencia de sangre humana en el interior del vehículo.

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3.-Si bien no se logró determinar con certeza que la luminiscencia positiva encontrada en el interior del vehículo del imputado obedecía a la presencia de sangre humana, esto último no impide concluir que efectivamente lo era.

4.-Una apreciación conjunta de los elementos probatorios permite inferir que en el interior del vehículo del inculpado se produjo un episodio violento cuyos rastros fueron percibidos por pruebas químicas.

5.-Cobra trascendencia, el hecho de que el acusado recababa información para poder deshacerse del cadáver de la víctima.

6.-Las acciones del imputado, interpretadas de manera conjunta, y conforme a las reglas de la experiencia, revelan un fin específico, esto es, un intento de no dejar rastros o de justificar la presencia de estos, para de esa manera procurarse la impunidad.

7.-No se produjo una modificación sustancial del hecho o de la calificación jurídica por la cual se imputó al acusado, sino que, por el contrario, no fue condenado por un hecho distinto al que fue acusado; en la causa, no se agregó una nueva imputación ni se cambió esencialmente la contenida en el requerimiento de elevación a juicio.

8.-La nimia aclaración sobre el medio empleado por el acusado para golpear a la víctima no importa una mutación trascendental en los hechos que haya generado un perjuicio al derecho de defensa del imputado.

9.-No resulta suficiente alegar genéricamente la violación del debido proceso si no se demuestra en qué consiste el daño concreto que se ha sufrido, requisito que se exige como condición indispensable para declarar la fulminación de un acto procesal.

10.-En determinados casos es obligatoria la materialización de la ‘perspectiva de género’ como criterio de interpretación de la normativa aplicable, los hechos y las pruebas incorporadas al proceso, en la medida que ofrece una comprensión global de la discriminación contra las mujeres.

11.-Es imprescindible analizar la realidad sobre la base de la supervivencia de condiciones históricas de desigualdad entre hombres y mujeres, dado que dicha realidad se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos.

12.-No todo homicidio de una mujer es constitutivo del delito de femicidio, sino aquel que se produce como consecuencia de un contexto ambiental en donde predomina la violencia de género, o sea, en un escenario que coloca a la mujer en una posición de inferioridad y que por tal motivo es objeto de malos tratos y agresiones, y que las expone a múltiples formas de violencia.

13.-Para que se dé la figura del femicidio debe producirse la muerte de una mujer, cometida por un hombre por la sola condición de la víctima, requiriendo también que la misma se produzca como consecuencia de una relación desigual de poder inspirada por la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer.

Fallo:
Provincia de Tucumán

Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores Vocales doctores Daniel Leiva, Antonio D. Estofán y Daniel Oscar Posse, presidida por su titular doctor Daniel Leiva, los recursos de casación interpuestos por la defensa técnica de R. C. R. y la señora Fiscal de Cámara Conclusional de la IIª Nominación, contra la sentencia del 07/10/2021 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Conclusional, el que es concedido por el referido Tribunal mediante auto interlocutorio del 06/12/2021, en los autos: «R. R. C., A. A. E., L. J. F. y G. M. F. s/ Homicidio agravado (art. 80 inc.1ª), Privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado (art. 80 inc.2ª)». En esta sede, la parte querellante y la defensa técnica de la imputada han presentado las memorias que autoriza el art. 487 CPP, conforme informe de fecha 16/02/2022. Pasada la causa a estudio de los señores Vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Daniel Leiva, Daniel Oscar Posse y Antonio D. Estofán. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes:

¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?

A las cuestiones propuestas el señor Vocal doctor Daniel Leiva, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia los recursos de casación interpuestos por la defensa técnica de R. C. R. y la señora Fiscal de Cámara Conclusional de la IIª Nominación contra la sentencia del 7 de octubre del 2021 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Conclusional.

II.- Entre los antecedentes del proceso, sobresale que la Sala II de la Excma. Cámara Conclusional resolvió «.I)CONDENAR a R. C.R., DNI 31644597, y demás condiciones de autos, por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO por ALEVOSIA en perjuicio de M. de los A. A. O. y B. C. y por HOMICIDIO AGRAVADO por mediar VIOLENCIA DE GENERO en perjuicio de M. de los A. A. O., hecho ocurrido el 28/10/2016, imponiéndole la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso (Arts. 80 incs. 2° y 11º y art. 12 del CP y 421 y 560 del CPPT). II)ABSOLVER a A. E. A., DNI 34325472, y demás condiciones de autos, por el delito de ENCUBRIMIENTO AGRAVADO, hecho ocurrido el 28/10/2016 y por el que vino requerida (Art. 277 inc. 1º a), b) y d) e inc. 3º a) y d) del CP y 421 del CPPT). Costas por su orden, como se considera (Art. 560 del CPPT). III)ABSOLVER a MARCELO F. G., DNI 27960111, y demás condiciones de autos, por el delito de ENCUBRIMIENTO AGRAVADO, hecho ocurrido el 28/10/2016 y por el que vino requerido (Art. 277 inc. 1º a), b) y d) e inc. 3º a) y d) del CP). Costas a cargo de la parte accionante, como se considera. IV) NO HACER LUGAR al pedido de remisión de la declaración del testigo Marcelo Alberto González a fin de que sea investigado por la posible comisión del delito de falso testimonio. V)Al pedido de investigación sobre la posible comisión de hechos ilícitos por parte de R. Fernando R., tratándose de una acción pública, proceda el Ministerio Público Fiscal a efectuar las presentaciones correspondientes si así lo considera pertinente.».

III.- Disconformes con el pronunciamiento, la defensa técnica del imputado R. C.R., a cargo del señor Defensor Oficial Penal de la Iª Nominación, doctor Julio Daniel Plaza, y la representante del Ministerio Público Fiscal, la señora Fiscal de Cámara Conclusional de la IIª Nominación, doctor Estela Velia Giffoniello, interpusieron recurso de casación.

III.1- En primer lugar, corresponde reseñar los agravios propuestos por la defensa técnica del señor R. C. R. En ese orden, en cuanto al contenido de sus cuestionamientos, la parte recurrente afirmó que la sentencia quebrantó el principio de congruencia. Específicamente, la defensa técnica explicó que «.S.S. introduce en la plataforma fáctica que llegó al debate, una alteración o modificación, al explicar 1.- las supuestas circunstancias de modo y 2.- el medio que ella entiende empleado para realizar la acción que atribuye de «matar a otro» (.) Lo manifiesta expresamente, explicitando su deducción, a la cual llegó sin advertir que al realizarlo estaba alterando la plataforma fáctica, arrogándose facultades que no le corresponden exclusivamente al Fiscal, el cual para realizar una modificación o ampliación de la plataforma fáctica de informarlo y se debe suspender el debate. Esto conlleva una afectación al debido proceso legal y defensa en juicio, como así también al sistema acusatorio, afectando la imparcialidad del juez, su objetividad.».

Por otro lado, la defensa técnica del inculpado se agravió de que «.se observa una valoración de la prueba efectuada por el tribunal que no responde a la libre convicción y santa crítica racional ya que al indicar el hilo conductor de su razonamiento incurre en arbitrariedades y conjeturas ya que las razones, deben extraerse de las pruebas producidas en la causa, debe estar claramente sustentado en los principios de la lógica, la experiencia común, la psicología y el recto entendimiento humano. La omisión torna arbitraria por inconstitucional la sentencia, y como tal su nulidad». En esa lógica, criticó que el Tribunal haya considerado negativamente las explicaciones brindadas por el acusado.Concretamente, dijo que «.El tribunal construye su condena o certeza de autoría en la conducta posterior de mi defendido, así si brindo o no explicación a los familiares de la víctima, si aportó o no datos en su declaración testimonial, en si declaró varias veces. Esto no es concebible en un Estado de Derecho respetuoso de las garantías fundamentales del ciudadano. Si él puede abstenerse de declarar sin que se presuma su culpabilidad, puede válidamente no contestar a cualquier ciudadano que lo increpe por algún motivo. ¿Qué culpabilidad puede sostenerse por el hecho de buscar asesoramiento o las pruebas de su defensa? La defensa es un derecho inviolable. El derecho a ser oído, a probar libremente por cualquier medio, está consagrado en todos los medios procesales.».

Análogamente, el recurrente cuestionó la valoración que se realizó de la prueba del luminol considerando que «.el tribunal valora prueba que no fue acreditada en el debate en razón de considerar culpable a mi defendido por el resultado del luminol cuando el perito explicó claramente que este es solo orientativo y ante el análisis de las manchas no pudo determinarse que tienen origen en sangre humana. Es decir que estaría faltando esa acreditación de modo científico y sin embargo el tribunal lo supone y valora alejándose del material probatorio y de las conclusiones periciales, para sustentarse solo en su arbitrario ya que entiende que el lavado de auto borró pruebas, pero como puede tener por cierto que había sangre humana antes del lavado y que dicha sangre pertenecía a B. y M., lo cual no es más que una hipótesis no comprobada y no pasa a estarlo probado en virtud del lavado de auto ya que mi defendido tenía motivo para lavarlo solo porque había sufrido un vomito de un amigo o se encontraba sucio quizás por llevar a sus compañeros luego del partido».

En otro orden de ideas, el recurrente cuestionó la calificación legal que el Tribunal asignó a la conducta de su defendido.Específicamente, impugnó la aplicación de las agravantes del delito de homicidio contenidas en los incisos 2 y 11 del artículo 80. Para ser preciso, la defensa técnica dijo que «.S.S. llega a un resultado arbitrario que no se ajusta a las particulares circunstancias de la causa. No resulta acreditado que mi defendido hubiera realizado una acción subsumible en el tipo penal de homicidio, tampoco es subsumible en los agravantes mencionados por la vocal en cuanto a alevosía y en cuanto al homicidio a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género». Concretamente, dijo que «Esta defensa considera que no se probó la muerte de M. y B.,

por ende, tampoco se probó la supuesta forma en la que podrían haber muerto. La alevosía es un modo de cometer el homicidio por el cual el agente oculta el ánimo hostil, o bien esconde físicamente su persona o los medios empleados con el propósito de colocar a la víctima en estado de indefensión. Es un obrar sin riesgos, exige la figura ocultamiento de la intención de matar, y la circunstancia de procurarse el autor un estado de indefensión de la víctima para poder obrar sin riesgo. El autor debe querer obrar sobreseguro. No puede suponerse alevosía por la edad de B. ya que estaba su madre para defenderlo. No puede a priori suponerse una agresión en el auto, ya que el luminol no se confirmó. No puede suponerse la existencia del hecho ni una supuesta modalidad». A propósito de la otra agravante, cuestionó que «.Esta defensa, considera un absurdo interpretar un bloqueo de whataspp o la hipotética prohibición de buscarlo a su casa o hablar cerca su familia como violencia de género. No se probó que R. haya matado a las víctimas ni que este motivado en matar a M. por superar ella supuestos limites que le haya él impuesto ni para dominarla, no se ha acreditado una relación de subordinación. Ni la intención en R.de imponer pautas patriarcales. Toda esta apreciación no resulta justificada, no hay certidumbre del destino de las víctimas ni de la existencia de una relación de subordinación entre R. y M. En consecuencia, no resulta justificado este agravante».

Por último, clausuró su recurso de casación solicitando la absolución de su defendido y haciendo reserva del caso federal.

III.2- Por su parte, la doctora Estela Velia Giffoniello, Fiscal de Cámara en lo Penal de la IIª Nominación, también dedujo recurso de casación cuestionando la absolución de Estefanía A. En su memorial recursivo, enunció que «.se le endilgó un contexto de conocimiento sobre los graves hechos ilícitos cometidos por R., l a omisión dolosa de denunciar estos hechos siendo policía federal en actividad y que colaboró con R. entre el día 04/11/2016 y 05/11/2016 a ocultar rastros, pruebas y demás evidencia provenientes del ilícito antes mencionado, entorpeciendo así la investigación penal como el hallazgo de los desaparecidos hasta la fecha, colaborando así a R. a sustraerse de la acción de la justicia, eludir su procesamiento y lograr su impunidad.». Específicamente, la señora Fiscal arguyó que «.El Tribunal -luego de considerar el accionar de R., y afirmar

que éste sin dudas cometió los hechos, analiza la situación de A. limitadamente a la faz procesal del contradictorio y lo que entiende que las partes deben hacer; y olvida la SANA CRITICA RACIONAL que debe derivar de los hechos tanto como que la sentencia está dirigida al hombre común».

En ese marco, la recurrente agregó que «.La acusada sabía de qué le hablaba R., sabía que podía tener lugar un allanamiento en el domicilio de R., sabía que esos elementos tenían relación con los hechos y sabía que debían ser ocultados, alterados o destruidos. A. sabía lo que estaba sucediendo (.) Esta situación se ve reforzada porque el acusado R. refirió durante el debate que le había pedido a A.también, que lo acompañara a comprar las fundas nuevas del auto, cuyo cambio a posteriori del hecho fue cuestionado por cuanto las fundas usadas durante el hecho podían contener rastros del delito. A. también sabía de esta maniobra. Las fundas viejas nunca fueron habidas. EL COMÚN DENOMINADOR EN ESTA CAUSA ES EL OCULTAMIENTO SUCESIVO DE INDICIOS Y PRUEBAS, LO QUE SOLO PUEDE OBEDECER A UN CONOCIMIENTO PREVIO DEL HECHO Y A UN ACUERDO CON EL ACUSADO R. PARA FAVORECERLO EN SU BUSQUEDA DE IMPUNIDAD, CONCRETANDO DELIBERADAMENTE ACTOS DE OCULTAMIENTO, DE DESGASTE Y DESVIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN CURSO. Esa fue la estrategia común de los dos acusados y la acusada A. específicamente, tuvo participación activa. No resulta el caso de alguien que sabe que otra persona cometió un delito y permanece expectante. Colaboró para ocultar o destruir prueba también, lo que constituye una cadena de actos delictivos.».

Por otra parte, la señora Fiscal explicó que «.Cualquier razonamiento derivado de la afirmación de que A. es beneficiaria de la posición de amiga íntima de R. a tenor del inc. 4° del art. 277 del CP -siendo policía federal y teniendo conocimiento de hechos gravísimos- es bochornoso. La conducta de A. es delictiva».

Finalmente, cerró su memorial proponiendo doctrina legal y haciendo reserva del caso federal.

IV.- La Sala II de la Excma. Cámara Conclusional, por resolución dictada el 6 de diciembre de 2021, concedió los

recursos incoados. Consecuentemente, encontrándose el expediente en estado de ser resuelto corresponde analizar la admisibilidad y, eventualmente, procedencia de los medios de impugnación intentados.

V.- En orden a la admisibilidad de los planteos, se aprecia que fueron interpuestos tempestivamente (cfr. S.A.E) por parte de quienes poseen legitimación para hacerlo (arts. 481 y 483 C.P.P.T.), contra una sentencia definitiva (art. 480 C.P.P.T.), consignándose los antecedentes del caso y con adecuada fundamentación (art.485 C.P.P.T.). Por consiguiente, estando cumplidos los requisitos exigidos por el digesto procesal, los medios de impugnación resultan admisibles.

VI.- Por cierto, previo al examen de procedencia del recurso de casación, en atención al tenor de las cuestiones debatidas, resulta claro que debe incorporarse la perspectiva de género como pauta hermenéutica constitucional, «sensibilidad especial» y principio rector para la solución de la presente controversia. Es que «.como lo señala la Convención de Belém do Pará (.) la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es „una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres», que „trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases»» (cfr. Corte I.D.H., caso «Rosendo Cantú y otra vs. México» (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia del 31 de agosto de 2010, párr. 108).

Lo comentado conduce a analizar los instrumentos que incorporaron esa «perspectiva de género», por cuanto es preciso y necesario reproducirlos a los fines de promover su conocimiento, comprensión y aplicación. Tal temperamento fue adoptado por el Superior Tribunal de Justicia de San Luis (in re «G., María Laura s/ Homicidio simple», sentencia N° 10/12 del 28/02/2012), la Corte de Justicia de Catamarca (in re «Leiva, María Cecilia p.s.a. Homicidio simple – Capital», sent. N° 23 del 31/5/2012) y este mismo Tribunal (in re «S., T. M. s/ Homicidio agravado por el vínculo», sentencia N° 329 del 28/4/2014).

En primer lugar, encontramos la Convención de

la O.N.U. sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas, firmada y ratificada por nuestro país en 1980 y 1985, respectivamente.La Convención resalta que a pesar de los esfuerzos de los instrumentos internacionales por garantizar al hombre y la mujer igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, se ha comprobado que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones. Asimismo, pone de relieve que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y la humanidad. Específicamente, define la «discriminación contra la mujer» como «toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera» (art. 1). En ese sentido, prescribe que los Estados partes se comprometen a «consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio.» (art. 2, inc. a), reconocer «.a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.» (art. 15) y adoptar «.todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer» (art.16).

Por su lado, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), firmada el 9 de junio de 1994 e incorporada a nuestro bloque constitucional mediante Ley N° 24.632 (publicada el 9 de abril de 1996), establece las obligaciones del Estado respecto de la erradicación de la violencia de género. En particular, afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades

fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Además, como se adelantó anteriormente, reconoce que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. En esa inteligencia, apunta que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. Dentro de su articulado se destaca que define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público, como en el privado (art. 1). De igual manera, sobresale que preceptúa que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo; así como, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar y c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (art. 2).

En este contexto, debe tenerse presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suscribió, en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la «Declaración de Cancún» (2002) y las «Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad» (2008). La Declaración de Cancún subrayó la necesidad de implantar una perspectiva de género en el marco general del acceso de la mujer a la justicia, mediante la adopción de una política de igualdad de género por parte de las Cortes y Superiores Tribunales, que tenga impacto en todas las áreas y en todos los niveles institucionales, tanto en su organización interna, como en el servicio brindado. Con similar criterio, las «Reglas de Brasilia» remarcaron la importancia de la participación de funcionarios y operadores de la justicia en la labor del diseño, la divulgación y la capacitación

en orden a la aplicación de las condiciones necesarias que garanticen a las personas en situación de vulnerabilidad el efectivo acceso a la justicia. En esa orientación, precisaron que la violencia contra la mujer consiste en «.cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica» (art.19).

Finalmente, es fundamental mencionar que la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (a la cual la Provincia de Tucumán adhirió por imperio de la Ley N° 8.336) estatuye que se garantizan todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a una vida sin violencia y sin discriminaciones; a la seguridad personal; a la integridad física, psicológica, sexual, garantizando también, un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización (art. 3). Al mismo tiempo, conceptualiza la violencia contra las mujeres como «.toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también, su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes» (art. 4). Todavía más, deja en claro que «los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y en las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:.inc. d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte;.inc.i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y

quienes son sus naturales testigos.» (art. 16).

Semejante relevamiento permite apreciar que normativamente se introdujo una perspectiva que pretende prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual depende tanto de la elaboración de programas y políticas públicas que persigan tales fines, como del rol que responsablemente asuman los organismos del Estado, entre ellos el Poder Judicial. Justamente, de los sistemas normativos detallados se colige que las mujeres víctimas de violencia poseen un «especial» estándar de protección en el proceso judicial. Sin lugar a dudas, ello es producto de una «sensibilidad» que, tras advertir las peculiares condiciones que configuran su estado de vulnerabilidad, determina la necesidad de una protección «enriquecida».

Sin perjuicio de lo indicado, es valioso hacer notar que para cierto sector de la doctrina los hechos y circunstancias propias de cada caso deben ser evaluados a la luz del problema general de la discriminación de género, lo cual -desde su enfoque- no significa que corresponda construir «.un estándar especial para el caso de las mujeres golpeadas, sino que para interpretar la norma general que guía el proceso de razonamiento se debe indagar sobre las particularidades de la situación que se trata» (DI CORLETO, Julieta, «Mujeres que matan. Legítima defensa en el caso de las mujeres golpeadas», publicado en la Revista de Derecho Penal y Procesal Penal N° 5/2006, Lexis Nexis, Buenos Aires).

Más allá de esa discusión, resulta evidente que en determinados casos es obligatoria la materialización de la «perspectiva de género» como criterio de interpretación de la normativa aplicable, los hechos y las pruebas incorporadas al proceso, en la medida que nos sitúa en una comprensión global de la discriminación contra las mujeres.En conclusión, es imprescindible analizar la realidad sobre la base de la supervivencia de condiciones históricas de desigualdad entre hombres y mujeres, dado que dicha realidad se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos (cfr. Del Mazo, C.Gabriel, «La violencia de género contra las mujeres y la influencia de los patrones socioculturales», DFyP 2012 -enero-febrero-, 8); a la par de comprender que «los casos de violencia de

género e intrafamiliar requieren una consideración contextual importante sobre la dinámica de violencia dentro de la pareja» (cfr. HOPP, Cecilia M., «Legítima defensa de las mujeres: de víctimas a victimarias», en Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Pitlevnik, Leonardo -director-, N° 13, Hammurabi, 2012).

VII.- Circunscripto lo anterior, en este punto corresponde analizar la procedencia de los recursos interpuestos. En ese marco, en primer lugar, será objeto de examen los cuestionamientos propuestos por la defensa, para luego continuar con el memorial recursivo de la representante del Ministerio Público Fiscal -en adelante MPF-.

VII.1- Siguiendo ese orden, se aprecia que el memorial recursivo propuesto por la defensa técnica del imputado R. contiene tres cuestionamientos bien definidos. A saber: a) presunta violación del principio de congruencia; b) crítica referida a la valoración de la prueba que realizó el a quo; c) objeción a la calificación legal de la conducta endilgada al acusado. En lo sucesivo, el tratamiento del recurso se desarrollará siguiendo los apartados mencionados.

VII.1.a- El primer agravio sostiene que la sentencia lesionó el principio de congruencia. Para fundar su posición, la defensa del imputado argumentó que «.cabe destacar que, si bien la Dra.Arce en su voto expresa al inicio de sus considerandos que el hecho que tiene por acreditado es el mismo que el del requerimiento de elevación a juicio, advierte esta defensa que ello no es así, ya que cuando concluye su análisis, expresa su convicción de esta forma „a mi parecer, ocurrió en el auto de R. Muchas horas del debate se dedicó a hablar de un tema que, curiosamente, nadie mencionó en los alegatos: el arma reglamentaria de R., el dermotest negativo en el interior del auto y el luminol positivo en el cañón y las cachas. Una explicación apegada a la lógica, a la experiencia y al sentido común que derivo de analizar las pruebas que revelan una gran cantidad de manchas en auto que dio positivo al luminol me guían a pensar en la presunción cierta que R. utilizó el arma de fuego como arma impropia, un elemento contundente de golpe en contra de M. y B.» Es decir, SS introduce en la plataforma fáctica que llegó al debate, una alteración o modificación, al explicar 1.- las supuestas circunstancias de modo y 2.- el medio que ella entiende

empleado para realizar la acción que atribuye de „matar a otro». Lo manifiesta expresamente, explicitando su deducción, a la cual llegó sin advertir que al realizarlo estaba alterando la plataforma fáctica, arrogándose facultades que no le corresponden y que en el sistema acusatorio corresponden exclusivamente al Fiscal, el cual para realizar una modificación o ampliación de la plataforma fáctica debe informarlo y se debe suspender el debate. Esto conlleva una afectación al debido proceso legal y defensa en juicio, como así también al sistema acusatorio, afectando también la imparcialidad del juez, su objetividad.Bien observa SS, al explicitar su deducción, que no lo dijo el fiscal ni la querella y si la querella o el Fiscal hubiera realizado esta fundamental ampliación respecto de la definición del medio comisivo, jamás intimada, esto solo podría efectivarse a través del mecanismo legal establecido y consagrado art 397 del CPPT. o 398 CPPT que refiere al supuesto „si del debate resultase que hecho es diverso del enunciado en la acusación se procede conforme al art 264 CPPT, informando al imputado cual es el hecho que se atribuyen teniendo derecho a ofrecer y producir prueba como as también para preparar la acusación o defensa al hecho diverso de la acusación». En conclusión, la sentencia es nula en la medida en que la Señora Jueza abandonó su postura de imparcialidad para integrar la plataforma fáctica acusatoria con una modalidad comisiva no introducida por ninguna de las partes, es decir, que no formaba parte de la acusación».

Para empezar, conviene precisar que a los fines de abordar el agravio en cuestión debe recordarse que el principio de congruencia es una garantía del imputado, por cuanto de ese modo se garantiza que todo encartado pueda ejercer su derecho de defensa sin ser sorprendido por un hecho que no conoció. Con relación al punto, «.esta Corte en distintas resoluciones ha indicado que una de las más importantes derivaciones del derecho de defensa en juicio es, sin dudas, aquella que exige que entre la acusación y el fallo exista correlación o congruencia en su contenido fáctico. Ello a efecto de garantizar que el imputado no pueda ser sorprendido con una condena emitida sobre un hecho respecto del cual no hubiera sido acusado y, por ende, no se hubiera podido defender.También se aclaró que no basta cualquier alteración en las circunstancias fácticas para producir la ruptura de la congruencia, sino sólo cuando opere un giro esencial y

relevante respecto de la determinación del hecho y la conducta del enjuiciado, y que, además, ocasion e un grave y concreto menoscabo al ejercicio de la defensa en juicio. Así, tal mutación esencial operará cuando recaiga respecto de la actividad típica atribuida, sobre las circunstancias que presenten relevancia típica, sobre el resultado, sobre la forma de participación, o sobre el grado de ejecución del hecho. Al encontrarse conductas que dan lugar a un encuadramiento que difiere a las de la acusación se produce irremediablemente una afectación al derecho de defensa.» (CSJT, in re «Monteros Héctor Esteban, Navarro Hugo R., Acosta Claudio Manuel y Ruiz Gustavo David s/ Homicidio agravado (art. 60 inc. 6)», sentencia N° 869 del 02/9/2021; in re «Cáceres, José A., Cáceres, Arturo E., Cáceres, C.A., Aguirre, Juan M., Leal, Francisco y Aguirre, Luciano s/ Part. crim. en homicidio y lesiones graves, el 3º) part. criminal en homicidio y el 2º, 4º, 5º y 6º lesiones en riña», sentencia Nº 48 del 20/02/2017).

En el presente caso, se aprecia que el recurrente denuncia que se quebrantó el principio bajo estudio como consecuencia de que el a quo modificó la plataforma fáctica por la cual el imputado venía acusado. Ingresando al núcleo central del cuestionamiento, se aprecia que no se produjo una modificación sustancial del hecho o de la calificación jurídica por la cual se imputó a R. R. Por el contrario, el imputado no fue condenado por un hecho distinto al que fue acusado (art. 80, incisos 2 y 11). En la causa, no se agregó una nueva imputación ni se cambió esencialmente la contenida en el requerimiento de elevación a juicio.De hecho, puede advertirse de la lectura de las actas de debate que la defensa formuló en forma plena y acabada sus conclusiones respecto de los hechos y aplicación del derecho que estimaba aplicable al caso, de manera tal que no se advierte afectación alguna a su ejercicio defensivo. Dicho sea de paso, no resulta suficiente alegar genéricamente la violación del debido proceso si no se demuestra en qué consiste el daño concreto que se ha sufrido, requisito que se exige como condición indispensable para declarar la fulminación de un acto procesal.

Por cierto, la circunstancia de que el a quo en sus considerandos haya realizado una breve aclaración sobre el elemento con el cual R. golpeó a una de las víctimas no afecta el principio de

congruencia, toda vez que ello no importó una modificación de la plataforma fáctica contenida en la acusación. La precisión sobre esta circunstancia solo constituye una consecuencia lógica del desarrollo del debate oral y público, pues a medida que se produce la oralización de la prueba necesariamente el Tribunal conoce con mayor riqueza los detalles del sustrato fáctico aludido. La nimia aclaración sobre el medio empleado por el Sr. R. para golpear a M. A. no importa una mutación trascendental en los hechos que haya generado un perjuicio al derecho de defensa del imputado. Justamente, esta circunstancia fáctica, esto es, los golpes de R. en perjuicio de M. A., estaba contenida en el requerimiento de elevación a juicio. En efecto, la acusación consistió en «Que el día viernes 28/10/2016 a horas. 21:40 aproximadamente en circunstancias que la víctima M. de los A. A. O. se hizo presente junto a su hijo en común B. C. de 1 año y 8 meses, en su domicilio sito en Pje. Lara y Diaz nro 237 de B° San Cayetano de esta ciudad, habiendo sido previamente citada por R. R.C., fue que los tres abordaron el automóvil marca Volkswagen GOLTREND, dominio MUJ-555, de color rojo con vidrios polarizados de su propiedad – que se encontraba estacionado en el garaje de la propiedad al momento de la llegada de A. O. al lugar- y R. CARLOS. que conducía el vehículo, de manera premeditada, portando su arma reglamentaria y haciendo uso de su conocimiento como policía en actividad y perito criminalístico, se dirigió a las inmediaciones del Parque 9 de Julio y terminal de ómnibus nueva de esta ciudad, donde luego de mantener una fuerte y violenta discusión con A. O., a quien propinó golpes porque le adjudicaba insistentemente la paternidad del menor B. C., que es fruto de un encuentro mantenido en el año 2014 y de una relación paralela que mantuvo con la misma, y que previo a este día y por distintos medios había intentado comunicarse con R. R. C. para lograr un acercamiento con su hijo, la retuvo contra su voluntad en el interior del vehículo, ejerciendo violencia física y psicológica, sobre la misma y aprovechándose de que se encontraban en una zona con escaso tráfico, de noche y a cargo de un menor de edad, circunstancia que anulaban sus posibilidades de defensa e incluso la de huir del auto, y – entre horas. 21:40 y 24:00 del mismo día viernes, con la finalidad de ponerle fin a la amenaza que

representaba la victima A. O. y la misma existencia de su hijo B. C. para su vida laboral y su relación estable de más de 9 años con la ciudadana Estefanía A., actuando sobre seguro le quitó la vida a M. de los Ángeles A. y al hijo que tenían en común B. C. Posteriormente, R. R. C. para encubrir su acción, trasladó los cuerpos de las víctimas en el baúl de su automóvil, hasta un lugar indeterminado por esta instrucción y ocultó los cadáveres de M.de los Ángeles y de su hijo en común B. C. de 1 año y medio, los cuales hasta la fecha no fueron habidos, todo con el único propósito de lograr su impunidad».

Desde esta óptica, se vislumbra que la circunstancia mencionada no importó una mutación trascendental o de capital importancia de la plataforma fáctica por la cual fue acusado y, posteriormente, condenado al imputado. La inclusión de una breve consideración relativa a un aspecto de la acusación, esto es, el medio con el cual R. R. golpeó a una de las víctimas, de ninguna manera justifica sostener que hubo una violación al principio de congruencia. En este contexto, merece la pena recordar que sobre el tópico, esta Corte tiene dicho que «.la congruencia no desaparece cuando no existen mutaciones esenciales en los hechos a los que se alude en cada uno de los actos secuenciales y no impide que, a medida que el proceso penal avanza hacia su finalización, el relato vaya alcanzando una mayor precisión en la descripción como consecuencia de la adquisición de pruebas que posibilitan incluir más detalles objetivos o subjetivos complementarios (TSJCordoba, Sala Penal, 12/9/2008, sentencia Nº 244, „Carnero, Luis Alberto p.s.a. de abuso sexual con acceso carnal -robo calificado- Recurso de Casación»). No existe incongruencia si la descripción de los hechos efectuada en la acusación fiscal y la que resulta del contexto del fallo no son, como en este caso, objetivamente y en sustancia, distintas.» (CSJT, in re «C.M.R. s/ Abuso sexual con acceso carnal agravado y amenazas coactivas», sentencia N° 291 del 16/3/2021).

Por último, cabe destacar, que el señor Ministro Fiscal comparte idéntica posición. Así pues, en su dictamen, puntualizó que «.este Ministerio Público Fiscal es de la opinión que la conclusión de la sentencia en crisis cuestionada no importó una alteración de la acusación que

le haya impedido ala acusado ejercer su defensa.De hecho, nótese que esta circunstancia que el tribunal tuvo por acreditada no importó una modificación de la calificación, ni influyó en el grado de participación del acusado». En esa línea, el Sr. Ministro Fiscal agregó que «.a ello debe sumarse que desde un primer momento se le atribuyó al acusado haber causado la muerte en forma dolosa y con violencia de M. A. y B. C., mientras que la defensa siempre lo negó, indicando incluso que R. dejó a las víctimas, luego de permanecer con ellas, en las inmediaciones de la rotonda de San Cayetano. De allí que no se evidencia como la conclusión arribada por el tribunal de juicio y cuestionada en esta oportunidad haya hecho mella en el derecho de defensa, cuando como se dijo esta no solo no tuvo incidencia negativa para el acusado, sino que nunca fue discutida por este la forma en que provocó la muerte de las víctimas por la sencilla razón que negó su autoría en todo momento».

En vista de ello, en merito a lo mencionado, corresponde rechazar el agravio propuesto por la defensa.

7.1.b- Así las cosas, en este apartado corresponde abordar el agravio referido a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal. Sobre el particular, el recurrente hizo hincapié en que la apreciación de la prueba producida se efectuó de manera arbitraria reñida con las reglas de la sana crítica. A fin de robustecer su posición, puntualizó, en dos aspectos, en primer lugar, en que el a quo valoró erróneamente la declaración del imputado, como así también, el resultado de la prueba de luminol.

En ese contexto, atendiendo a que el agravio versa sobre la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal, merece la pena resaltarse que nuestro sistema de enjuiciamiento penal consagra un régimen de valoración probatoria donde el juez puede apreciar libremente la prueba con la sola atenuación de que esa libertad está sujeta a la observancia de las reglas de la sana crítica.En ese marco, puesto que el valor de cada prueba no se encuentra tasado o predeterminado legalmente, se exige al Tribunal que exponga cómo arribó al convencimiento sobre la existencia del hecho, o sea, que exhiba los argumentos racionales que permitan conocer el valor probatorio que otorgó a cada uno de los elementos incorporados válidamente en el proceso. En vista de ello, para determinar si existió violación

de las reglas de la sana crítica resulta necesario evaluar el razonamiento que siguió la Sala para concluir sobre la autoría del hecho por parte del imputado R. C. R. Dicho sea de paso, puede adelantarse que no se advierte error en las conclusiones del a quo, ya que son múltiple los indicios de carácter inequívocos que permiten colegir que el inculpado fue autor del hecho por el cual fue acusado.

A propósito del asunto, se comparte la reseña del razonamiento del Tribunal que efectuó el señor Ministro Público Fiscal. En efecto, el titular del Ministerio Público Fiscal Provincia l destacó que «El tribunal a quo consideró acreditado, en base a una adecuada valoración del plexo probatorio con sujeción a las reglas de la sana crítica racional, la tesis acusatoria esgrimida por la Fiscal de Cámara en su alegato final. Para arribar a dicha conclusión el tribunal de juicio procedió a efectuar un pormenorizado análisis de los hechos objetos de imputación, abordando con suficiencia los sucesos previos a ellos, trazando a tales fines una línea de tiempo, sin que se adviertan vicios de arbitrariedad o parcialidad en esta tarea que invaliden el fallo en recurso como acto jurisdiccionalmente válido».

En ese contexto, dijo que «En primer término, el tribunal refiere a la relación existente entre R. y M. A., acudiendo para ello al testimonio de Flavia Mamaní, quien afirmó que se conocieron una noche en el año 2.014 en el boliche „Kaix», terminando dicha velada juntos. Agrega que este suceso no fue negado por R.Avanza en su análisis el tribunal de juicio afirmando que luego de esa única noche que compartieron allá por el año 2.014, recién dos años más tardes, es decir en el 2.016, volvieron a reencontrase con motivo de haber nacido B. como consecuencia de aquel único encuentro. Asimismo, el tribunal sentenciador sostuvo que M. si bien decidió criar a su hijo sola, no cesó en su intención de entablar un vínculo entre el menor y R., pretendiendo el reconocimiento de su hijo. Asimismo, el tribunal a quo, sostiene que a fines del año 2.015 R. volvió a mantener contacto con M. a través de facebook, lo cual fue acreditado mediante los informes de esta red social e incluso por los dichos de aquel quien durante el juicio reconoció que aceptó una solicitud de amistad enviada por M. y que esta le dijo que tuvo un hijo y que dudaba si era de él. Destacó que el acusado admitió haber bloqueado a M. de

facebook porque no quería saber nada de ella».

El dictamen fiscal precisó que «.de igual modo el tribunal sentenciador considera que surge de manera convincente que en el año 2.016 Milagro insistió en ubicar a R. por distintos medios debido a que tenía la certeza que era el padre de su hijo. Puso de resalto que los mensajes de texto en perfiles de facebook no dejan lugar a dudas de que R., ante la aproximación concretada por M., contestó con bloqueos e insultos, desconociendo su paternidad respecto a B., ante cuyo rechazo M. emprendió la creación de perfiles falsos a través de redes sociales para insistir en contactarlo. Refuerza esta conclusión a través del contenido de las comunicaciones que M. mantuvo con Estefanía A., las cuales agrega deja entrever el dolor que padecía aquella ante el desprecio de R. Asimismo, el tribunal sentenciador, con sujeción a la lógica, sostuvo que de estas últimas comunicaciones pudo concluir que M.puso en conocimiento de Estefanía la existencia de B., manifestándolo su deseo de que sea reconocido por R. Agrega respecto a estas conversaciones que existen pruebas que ellas tuvieron lugar entre el 19 de febrero de 2.016 hasta el 24 de octubre de ese mismo año. Este dato le permitió al tribunal a quo adquirir como dato de trascendencia el momento a partir del cual M. se empeñó en contactar a R.».

En esa línea, el señor Ministro Fiscal recalcó que «.A partir de estos elementos probatorios y de lo reconstruido a partir de ello, el tribunal de juicio concluyó que R. no emprendió acción alguna para realizar una prueba de ADN tendiente a determinar la paternidad de B. que le era atribuida por M. Precisamente de esta actitud renuente de R., considera el tribunal sentenciador que fue determinante para que M. adoptara la postura de buscar en persona a R., abandonando sus intentos por medio de redes sociales, y presentándose directamente en el domicilio de aquel, para lo cual le solicitó ayuda a Flavia Mamaní». También, añadió que «.Respecto a este último suceso el tribunal de mérito destacó que tuvo lugar en septiembre de 2.016 y que ello encuentra sustento en la declaración de Flavia Mamaní, la cual catalogada como concisa, espontánea y veraz; agregando que este no resultó contradicho por R. Continuando con el análisis de este evento el tribunal de juicio destacó que R. se vio sorprendido ante la visita de M. A., agregando que escuchó como aquel no solo le dijo que no regrese a su casa, sino que le advirtió que esa debía ser la primera y última vez. Agrega que esta testigo sostuvo que R. aceptó hablar pero no en su casa, trasladándose hacia la plaza Alsina.Este encuentro no fue negado por R., solo que sostuvo que en dicha oportunidad charlaron de su vida privada y en su insistencia en realizarse un ADN a lo cual se negaba M., lo cual fue desmentido por Flavia quien afirmó que su amiga insistía respecto a la paternidad de aquel y este expresaba sus dudas».

Análogamente, dijo que «.de igual modo el tribunal de juicio abordó la versión pretendida por R. consistente en que M. le atribuyó haberle arruinado la vida por haber quedado embarazada de B. y que iba a actuar de idéntica manera, sin embargo consideró a esta inconsistente por no existir prueba alguna que acredite que M. haya emprendido acciones en tal sentido, más allá de reclamarle al imputado la paternidad de su hijo. Asimismo, el tribunal a quo al desechar esta versión defensiva se refirió al testimonio de Flavia, cuya presencia en el encuentro entre R. y M. en la plaza Alsina no fue contradicho por aquel. Particularmente sostuvo que esta aludió que si bien no escuchó en su totalidad la conversación mantenida entre aquellos, ya que se encontraba alejada para resguardar su intimidad, pudo percibir como R. señalaba con su dedo a M. con insistencia. Continuando con el relato de esta testigo el tribunal sentenciador sostuvo que afirmó que al comenzar a llover el imputado les ofreció acercarlas en su auto hasta la terminal de ómnibus para de allí conseguir un taxi. Destacó que esta testigo sostuvo que en el trayecto solo hubo silencio, salvo al arribar a destino, oportunidad en que R. le pidió a M. que le anotara su número de celular. Asimismo, puso de resalto que al conversar a solas con M. esta le dijo que R. estaba muy enojado por el encuentro, habiéndole sostenido que no regresara a su casa y advirtiéndola que si lo volvía a hacer lo iba a conocer. De este relato, el tribunal a quo arribó, sin que se advierta parcialidad ni arbitrariedad, a la conclusión que la relación entre R. y M.no era para nada amigable».

Continuando con la reseña del razonamiento del Tribunal, el señor Ministro Público Fiscal manifestó que «.Avanzando con

su análisis el tribunal sentenciador tiene por acreditado que ante la ausencia de R. y sin perjuicio de las advertencias efectuadas por este, M. decidió nuevamente buscarlo en su domicilio.Sostiene el tribunal a quo existieron verdades a medias tanto de parte R. como de M., concluyendo que esta estaba obsesionada con aquel, lo cual se desprende de su insistencia en entablar una relación los meses precedente a su desaparición, lo cual surge de las conversaciones que M. mantuvo con su amiga y confidente Flavia Mamaní. Aclara el tribunal a quo que M. iba a ser lo que estuviera a su alcance para que R. tenga contacto con B., para que entable una relación de padre e hijo y además para que la viera como mujer. Agrega que de estas conversaciones surge que M. acudió a una vidente para que la ayudara a solucionar esta situación y que sus intenciones igualmente se traslucen de las conversaciones mantenidas con Estefanía A.». Siguiendo esa línea, aseveró que «.Sostiene el tribunal sentenciador que el día 28 de octubre de 2.016 por la noche, previo solicitar M. a Flavia que la acompañe y pese a no poder hacerlo esta, se presentó nuevamente con B. en brazos en la casa de R., circunstancia que resalta no fue contradicha por este ni sus padres. Agrega que tampoco resultó contradicho que en dicha oportunidad R. sacó su auto al que subieron M. y B., afirmando aquel que el recorrido realizado fue hasta la base operativa del 107, donde se detuvieron a conversar, y luego al parque 9 de Julio en la zona cercana al bar Juana (.) Manifiesta el tribunal a quo que el enojo de R. evidenciado en el encuentro anterior se repite en este, motivándolo la insitencia de M. a golpearla. Esta circunstancia considera acreditada mediante el testimonio brindado por la propia M. a su amiga a través de mensajes de texto y audios enviados por whatapps.Agrega el tribunal de merito que los golpes en sí no resultan sorpresivos por la agresividad verbal evidenciada de parte de R., lo que fue confirmado con la personalidad de este».

Igualmente, el señor Ministro Público Fiscal expresó que el Tribunal «.Tuvo por acreditado a través del relato que M. hacía a su amiga Flavia Mamaní que luego de los golpes y gritos, sobrevino la calma, reconociendo incluso el propio R. que al estar molesto B. decidieron dirigirse hasta las hamacas». De hecho, manifestó que

«.Avanzando en su reconstrucción el tribunal de merito sostuvo que antes de las 22:30 hs., Flavia mantuvo una conversación por celular con M. la que se cortó abruptamente, y pese intentar reentablarla ello resultó infructuoso. Agrega que a las 22:29 hs. M. le mando a Flavia un mensaje por whatapps el cual se corto, y de allí se sucedieron varios mensajes de parte de esta los cuales ya no fueron contestados por M. Destaca que a las 23:07 hs. Flavia recibió un mensaje del celular de M. que decía „Oki», un minuto más tarde otro „Si (emojis riéndose)» y diecisiete minutos luego el último mensaje: „Estiy bien n valla a mi ksa». Agrega que según pericias e informes, luego de ese momento el celular de M. dejaría de recibir mensajes de whatapps y llamadas telefónicas. Agrega que durante el debate Flavia expuso su preocupación por la última llamada mantenida con M., los mensajes recibidos y la desconexión total de su teléfono, afirmando que tenía un mal presentimiento, lo cual surge recordemos de haberle comentado su amiga que R. le había pegado y que estaba muy enojado.En este punt o el tribunal de merito consideró razonable que esta testigo estimara que los últimos tres mensajes recibidos desde el celular de M.no fueron escritos por ella, por cuanto de la estructura y estilo de la escritura no surge que se la forma en que aquella escribía habitualmente». En esa sintonía, agregó que «.En otra de sus consideraciones el tribunal sentenciador destacó el valor convictivo otorgado al testimonio de Flavia Mamaní, el cual fue fundamental para reconstruir lo sucedió la noche del 28 de octubre de 2.016 con M. y B.».

Por otro lado, el señor Ministro Público Fiscal puso de relieve que «.Luego el tribunal de juicio abordó la versión prestada por R., la cual con sólidos fundamentos basados en elementos probatorios se encargó de desvirtuar. Sobre lo sucedido la noche del 28 de octubre de 2.016, R. sostuvo que le dijo a M. entre las 23:30 y 24:00 hs. que debía retirarse, ofreciéndose a llevarla en su auto lo cual fue aceptado, agregando que esta también le comentó que debía salir. Luego de poner en marcha el auto R. explicó que salió hasta la rotonda del Parque 9 de Julio y fue por Avenida Papa Francisco, hasta llegar a la rotonda del caballito, en San Cayetano, donde afirmó que M. le solicito que parara el auto y se bajo allí. Sostuvo que con posterioridad no supo nada de M. Agrega que inmediatamente después regresó a su casa. Sobre esta última circunstancia el

tribunal a quo destacó que si bien parecía ser reafirmada por los padres del imputado, quienes en la etapa investigativa dijeron que su hijo regreso a su casa la noche del hecho entre las 24:00 y 04:00 hs., durante el debate nada dijeron al respecto. Ahora bien, el tribunal de mérito consideró que R. nunca volvió a su casa la madrugada del 29 de octubre, lo cual confirmó a través de la tecnología. Al respecto destaca que cuando se analizó el celular de R.se desprendió que la última conexión a la red de wifi de su domicilio se registró el día 28 de octubre de 2016 a las 20:12:23 hs., volviéndose a conectar recién el día siguiente a las 08:25:18 hs. De allí concluye que de haber sido verdad lo declarado por R. se debería haber registrado la conexión de su teléfono celular a la red doméstica en las primeras horas del día 29 de octubre de 2.016, sin embargo ello tuvo lugar recién a las 08:25. Ante ello el tribunal de juicio se pregunta donde permaneció durante esa madruga R.».

Igualmente, dijo que «.el tribunal sentenciador aludió a que R. afirmó que se dirigió a la salida de los boliches „Yesterday» y „Gitana» con la intención de encontrar a Estefanía A. de quien refirió estar distanciado, agregando que luego de ir al primero de estos lugares fue a su casa a darse un baño y cambiarse. Al respecto llama la atención del tribunal a quo que durante toda la noche no hubo ningún tipo de registro en el celular de R., advirtiendo que ello es un dato llamativo atento a la participación del imputado en redes sociales y la consecuente utilización de internet, lo cual pone de resalto resulta evidente a través de sus registros posteriores al 28 de octubre de 2.016. Avanzando con la declaración del acusado, el tribunal sentenciador pone de resalto que este afirmó que luego decidió volver a su hogar, sin embargo dijo que recordó a una chica a quien ni siquiera conocía personalmente sino únicamente a través de las redes sociales, Mariel Cruz, poniendo de resalto que Romina Gabriela Figueroa, compañera de trabajo de R., había mediado para que estos se conocieran.Agrega el tribunal a quo que esto fue afirmado tanto por el acusado como por Mariel Cruz, sin embargo destaca que la presentación entre ambos recién tuvo lugar el 31 de octubre de 2.016, lo cual surge de la propia declaración testimonial de Cruz y del registro de actividad del celular de R.».

Del mismo modo, el señor Ministro Fiscal resaltó que «.el tribunal de mérito sostuvo que el acusado esquivó a Mariel

Cruz, sin embargo pretende acreditar, como parte de su estrategia defensiva, que la madruga del 29 de octubre de 2.016 tuvo interés en ella. Luego el tribunal de juicio aludió que R. sostuvo que emprendió viaje hacia la ciudad de Monteros con la intención de encontrarse con Mariel Cruz, pero sorpresivamente desistió de ello y regresó. Ello fue desechado por cuanto se consideró que resulta contrario a la lógica y al sentido común de que R., con la intención de concretar el encuentro con una mujer, intente la alternativa menos segura, es decir trasladarse casi 60 kilómetros durante la madrugada en la búsqueda de una mujer a la que no conocía personalmente, y que ni siquiera sabía dónde vivía. A ello suma que resulta increíble que al llegar a la ciudad de Monteros haya desistido de su decisión emprendiendo el retorno a la Capital. Sostiene que esto no es más que una coartada elaborada por R. a fines de acomodar su justificación. Sobre este punto del relato defensivo el tribunal de juicio consideró que si bien entiende que fue cierto que R. se trasladó en su auto hacia al sur de la provincia, no lo hizo con la intención de encontrarse con Mariel Cruz, sino de procurarse la impunidad respecto al ilícito que había cometido.En sustento de ello refiere que el acusado se comunicó con Víctor Ariel Molina, quien se desempeña en el Centro de Monitoreo del Servicio 911 y con quien tiene un amigo en común (Manuel Oscar Vallejo). Agrega que ambos se encontraron en unas canchas de futbol 5 ubicadas en el predio de la terminal de ómnibus, en cuya oportunidad Molina le comentó respecto a la ubicación de la cámaras de monitoreo y en especial de las ubicadas en los accesos a la Capital. De allí concluyó que la intención de R. era ser captado por las cámaras de seguridad ingresando a la ciudad, y para ello utilizó como pretexto su viaje a Monteros a fines de saciar su impulso de encontrarse con Mariel Cruz. A fines de reforzar ello el tribunal de juicio refiere que de la conversación mantenida entre R. y Cruz por whatapps el 4 de septiembre de 2.016 surge evidente la intención de aquel por introducir una y otra vez el supuesto viaje realizado la madrugada del 29 de octubre de 2.016″.

Haciendo hincapié en un punto trascendente de la sentencia, el señor Ministro Fiscal dijo que «.Retomando la reconstrucción de los sucesos, el tribunal de merito sostiene que los golpes proporcionados por R. a M. ocasionaron a esta pérdida de sangre en el interior del vehículo y tuvieron la entidad para provocar su muerte. Agrega que desde el 28

de octubre de 2.016 M. y B. dejaron de existir. En tal sentido consideró fundamental el testimonio de Flavia Mamaní, quien afirmó que al comunicarse con M. mientras se encontraba con R., le manifestó que este se cansó de pegarle. Volviendo sobre la declaración del acusado, el tribunal a quo sostuvo que lo dicho respecto al lugar en que supuestamente dejó a M. y B. no resulta creíble, emprendiendo a continuación el análisis de las conductas posteriores realizadas por R.las cuales considera que tuvieron por finalidad que no se descubra el hecho cometido».

En ese sentido, puso de resaltó que «.Al respecto manifestó que la afirmación efectuada por R. que el día sábado 29 de octubre de 2.016 se fue al centro a comprar unas fundas nuevas para su auto es una prueba cabal de ello. Sostuvo que ello es cierto, encontrándose acreditado con el ticket de compra, sin embargo dicha adquisición tuvo la intencionalidad de encubrir el delito cometido. En tal sentido restó credibilidad respecto a la afirmación efectuada por R. en el sentido que el día anterior a efectuar la compra fue al local „Ruta 66″ y había dejado una seña por las fundas en virtud del informe de este local comercial que negó que se aceptara señas para la adquisición de productos. Agrega que constituye una presunción seria que la intención seguida por R. con la compra de nuevas fundas, a las pocas horas de la desaparición de M. y B., era ocultar las manchas de sangre de las víctimas. De igual modo el tribunal sentenciador agregó que el acusado dijo que en el mes de julio del año 2.016 un amigo suyo a la salida del boliche „La Cascada» vomitó su auto, lo cual motivó que cambiara las fundas de los asientos, siendo dicho evento acreditado por el testimonios de sus amigos, por chats y fotos. Sin embargó, en opinión que se comparte, consideró el tribunal a quo que resulta poco creíble que recién después de transcurrido 4 meses desde que ocurriera aquel evento se apreste a cambiar las fundas de los asientos de su auto, resultando más creíble que dicha iniciativa responda al fin de borrar las evidencia dejadas por los golpes propinados a M. el día inmediato posterior a que ello tuviera lugar».

Así pues, mencionó que «.El tribunal de juicio ingresó, con idéntica profundidad, a analizar los días posteriores a la desaparición de M. y B., evidenciando acciones que denotan que R.intentó acciones tendientes a procurarse la impunidad. En tal sentido

destacó que la madruga del 30 de octubre de 2.016 fue al local bailable „La Cascada» con un grupo de amigos, contactándose a su regreso con Cynthia Lorena Ortiz -compañera de trabajo-, para irse luego a un hotel alojamiento donde mantuvieron relaciones sexuales. Agrega el tribunal que este hecho fue reconocido en su declaración prestada durante el debate por la propia Ortiz. Asimismo, a través de las inspecciones informáticas practicadas a su celular tuvo por acreditado que el resto del día transcurrió con normalidad, yendo el acusado al festejo de cumpleaños de su hermana. El día posterior, es decir el 31 de octubre de 2.016, el tribunal de mérito describe que si bien arrancó como un día normal para R., con posterioridad dejó de serlo. Esto debido que la familia de M. empezó a preocuparse ante su ausencia, siendo anoticiadas por Flavia que se había encontrado con R. la noche del 29 de octubre de 2.016. Como consecuencia de ello, la familia de M. se apersonó en el domicilio de R. buscando respuestas acerca de su paradero y el de B. Esta circunstancia resultó acreditada mediante los test imonios de Flavia Mamaní y Amalia O., quienes afirmaron que se presentaron en el domicilio del acusado -Pasaje Lara y Díaz 237- cerca de las 18:30 hs., agregando que fueron atendidas por los padres de R., saliendo luego este quien negó conocer a alguna M., siendo desmentido por Flavia ya que tenía los chats y audios que le envió su amiga. Ante ello el imputado solo atinó a decir que en realidad conoció a M. en el año 2.014 pero que volvió a verla dos meses atrás y que de allí no supo más de ella».

Ahora bien, el señor Ministro Fiscal enfatizó que «.Cabe hacer un parate (sic) en la pormenorizada reconstrucción efectuada por el tribunal a quo y agregar que resulta cuanto menos sospechoso sino incriminatorio, sin perjuicio de las demás artimañas efectuadas por R.para desligarse de la desaparición de las víctimas, que en un primer momento haya negado conocer a M. para luego de ser confrontado por Flavia aceptar que la conoce pero que hace dos meses que no sabe nada de ella. Ahora bien, continuando con los fundamentos del tribunal de juicio, este afirma que ante la actitud poca colaborativa del acusado, la madre de M. decidió radicar la denuncia ante la Comisaría Seccional 11ª, la cual fue tomada recién en las primeras horas del día siguiente. Esto resultó acreditado a través del testimonio prestado durante el debate por el oficial ayudante F. Luis

Pérez, quien recepción la denuncia y brindó precisiones sobre el estado de angustia que evidenciaba Amalia O. Destaca que este testigo afirmó que acompañó a la madre de M. al domicilio de R., donde fue atendido por el padre de este, no encontrando rastros de Milagro y B., manteniendo un diálogo telefónico con aquel ante su ausencia. Agrega que ante esta situación R. se presentó en la comisaría el día 1 de noviembre durante la madruga, oportunidad en la que prestó declaración en calidad testimonial, no aportando datos conducentes al hallazgo de M. y B.».

Igualmente, manifestó que «.el tribunal de mérito destacó el interrogatorio efectuado por la acusación pública al acusado en oportunidad de prestar declaración en el debate respecto a la búsqueda que este había realizado en google desde su teléfono celular, quien manifestó no recordar dicho evento. Al respecto el tribunal a quo destaca que del informe técnico realizado al celular de R. se acreditó que día 1 de noviembre del año 2.016 a las 10:53:39 hs. realizó una búsqueda por internet con las siguientes palabras «descomposición de cadáver». Sostuvo el tribunal de juicio que el imputado ante este cuestionario dio una explicación poco creíble, consistente en que dicha búsqueda la realizó a petición de su padre por una cuestión laboral.Sobre esta cuestión brindo suficientes razones el tribunal para desechar la versión del acusado. Al respecto sostuvo Fernando R. afirmó que se desempeñaba como profesor de las materias «Fotografía Judicial» y «Dactiloscopia y Técnicas de Identificación Humana» perteneciente a la Tecnicatura Superior en Criminalística del Instituto Almafuerte desde el año 2.001 y que era habitual que le pidiera a su hijo que lo ayudara en la búsqueda de información para la preparación de sus clases, reconociendo que le solicitó que buscará lo relativo a la descomposición de cadáveres). Agrega el tribunal que este testigo justificó su respuesta tratando de vincular este pedido efectuado a su hijo con el contenido de la materia «Dactiloscopía», siendo el tema relativo a la identificación correspondía con el temario a desarrollar en el mes de noviembre. Sin embargo, el tribunal de juicio puso de resalto que tuvo acceso al plan de estudio de la carrera en la cual se desempeña como docente Fernando R., advirtiendo que el tema «Identificación de cadáveres» (año 2016) no se desarrollaba, que se pasó a desarrollar en extenso su contenido tratando, entre otros subtemas, el referido a los «Cadáveres putrefactos o en

estado de descomposición» (año 2017). A mayor abundamiento sostiene que la única persona con potestad para cambiar y/o actualizar la curricula era el titular de la materia, lo cual tuvo por acreditado a través de los testimonios de los docentes de dicha institución Oscar Alberto Terrazas y Federico Daniel Hernando, como de su rector Mario Gustavo Galván. Además tuvo en cuenta el libro de aula del año 2.016″.

Así pues, el señor Ministro Fiscal dijo que «.A partir de estas consideraciones, el tribunal de mérito concluyó «Sin embargo más allá de la insistencia del padre de R. R. para justificar que R. ingresa a internet para realizar esa búsqueda en base a su pedido, sus explicaciones no resultaron convincentes.Percibí que buscó los medios que tenía a su alcance como titular de la cátedra para justificar un pedido que no existió. Tengo la convicción basada en la experiencia y el sentido lógico que R. necesitaba ocultar el delito, por ello, ingresa en esa búsqueda con la intención de saber más del proceso de descomposición de los cadáveres que había ocultado». Continuando en su fundamentación sobre este punto, el tribunal de juicio puso de resalto que tanto el acusado como su padre sostuvieron que la búsqueda en cuestión no se refirió a»cómo» descomponer un cadáver, sino a la descomposición de un cadáver en general, agregando Fernando R. que la página de internet consultada por su hijo no le daría los conocimientos para descomponer un cadáver, versión que igualmente fue desechada. Al respecto el tribunal a quo sostuvo que esta búsqueda cobra un sentido específico al ser efectuada 72 hs. después de la desaparición de M. y B., agregando que R. luego del encuentro con las victimas se trasladó hacia el sur de la provincia y no precisamente a encontrarse con Mariel, agregando que la información que buscó quizás esta relacionada con el medio ambiente más propicio para acelerar un proceso de descomposición de un cadáver. Al respecto refirió que las elevadas temperaturas que se registran en la provincia en los meses de octubre y noviembre y las continuas lluvias que se presentan con mayor frecuencia en el sur de la provincia genera un factor determinante de humedad elevada que aceleraría fácilmente el proceso de descomposición de cualquier ser muerto, incluido el de un humano. A partir de ello el tribunal sentenciador concluyó «Queda de esto claro que a R.le interesaba saber no cómo descomponer un cadáver sino cuál era el proceso

natural de descomposición de un cadáver ya que, a partir de ello, podría actuar sobre seguro (con la posibilidad de que un cadáver no pueda ser encontrado por la combinación térmica, temporal y/o por alguna causa natural)».».

En esa línea, aseveró que «.De igual modo el tribunal de juicio, analizando las conductas posteriores asumidas por R., puso de relato que el día 3 de noviembre de 2.016 este se contactó con su amigo Manuel Oscar Vallejo para preguntarle si conocía a alguien del centro de monitoreo. Destaca el tribunal a quo que ello resultó acreditado mediante el testigo Vallejo y las capturas de pantalla de las conversiones mantenidas con el acusado. Asimismo, pone de resalto que este testigo manifestó que el acusado fue a su domicilio en compañía de su padre y le comentó sobre su situación, afirmándole que omitió haber visto a M. y B. el día anterior a su desaparición. Agregó que este testigo igualmente manifestó que luego llamó por teléfono a su superior, Marcelo Sallas, para interiorizarlo de la situación. Esta última circunstancia fue acreditada a través del testimonio de Sallas en el juicio. Asimismo, surge de ambos testimonios que Vallejo intentó disuadir a R. para que se apersonara ante la división de la policía de Delitos contra las Personas sin éxito. Ante esta situación el tribunal de mérito concluye que si no hubiera tenido nada que ocultar R. se hubiera presentado ante la policía de manera voluntaria, agregando que este en realidad trataba por todos los medios de buscar información respecto a la investigación en curso para sostener su versión y desligarse de responsabilidad. Pone de resalto el tribunal de mérito que según surge del informe de inspección al celular del acusado, este el día 3 de noviembre de 2.016 desde la 10:39:59 hasta las 10:46:17 hs.realizó distintas búsquedas en internet relacionado a la limpieza de tapizados «limpieza de tapizados de autos» y «Limpieza de tapizados en Tucumá».» Sostiene el tribunal que el día 4 de noviembre de 2.016 hizo lavar su auto, en el cual vale recordar estuvo con M. y B. antes que estos desaparecieran. Ante este hecho el tribunal de juicio con asombro se pregunta ¿Realmente alguien puede tener el tiempo y el ánimo para ocuparse de su auto cuando está siendo señalado como el responsable de la desaparición de dos personas?. Sostiene que el lavado del auto horas antes de su detención resulta un dato clave. En tal sentido fundamentó que R. dejó su auto en el lavadero ubicado en Calle Santa Fe 144 y encargó una limpieza de carrocería y tapizado

completo, lo cual consideró acreditado mediante la copia de la planilla del lavadero como por el testimonio de su propietario Horacio Raúl Mitre, quien en contraposición a lo sostenido por el acusado calificó el trabajo solicitado como «especial».Concluye el tribunal sentenciador que la intención de lavar su auto por parte del acusado no era como este sostenía realizar un mero repaso para colocar las fundas nuevas en los asientos, sino de borrar todo tipo de evidencia que lo incrimine atento a los avances en la investigación originada a raíz de la desaparición de M. y B.».

Sobre esta plataforma, específicamente a propósito de la prueba de Luminol, el señor Ministro Fiscal resaltó que «sostiene de igual modo que esta conclusión tiene coherencia y justificación con el resultado positivo del luminol que se detectó en el interior del auto de R., más precisamente en los asientos traseros y en el techo. Agrega que los bioquímicos que practicaron dicha pericia fueron contundentes en manifestar que un resultado positivo de luminol era orientativo de presencia de sangre, rest ando su confirmación con un estudio posterior de laboratorio. Destaca que de las pruebas que se levantaron no se pudo determinar la presencia de sangre humana en ellas.El tribunal de juicio ahondó sobre esta prueba atento a los cuestionamientos efectuados por la defensa que en esta oportunidad recursiva se reeditaron. Al respecto puso de resalto que la falta de determinación sobre el origen de las muestras tomadas en el interior del auto se debió a causa de una manipulación externa compatible con la utilización de productos de limpieza, lo cual surge del informe del ECIF obrante a fojas 4214/16. Asimismo, el tribunal de merito aludió que la defensa introdujo la idea de un falso positivo de luminol, sosteniendo que dicha justificación ostenta un hueco lógico al no poder explicar por qué arrojó resultado positivo en sectores específicos del automóvil si la limpieza fue de todo su interior, lo cual resulta una deducción que responde al sentido común sin que se evidencie arbitrariedad al respecto. Agrega además que «Aun cuando no se pudo confirmar la presencia de sangre en las muestras recolectadas, R. deslizó la posibilidad que su presencia pueda haberse dado por una inusual conducta suya: el traslado de un cerdo carneado en el asiento trasero. Algo atípico de una persona que le importaba mucho la limpieza de su automóvil tal cual lo afirmó. En otras palabras, llevar un animal recién carneado en un asiento no

encajaba con la actitud de un obsesivo de la limpieza (el sentido común sugiere el baúl como el lugar más adecuado para realizar ese traslado)».Ante esta increíble versión, sostiene el tribunal a quo que R. volvió a proporcionar otra explicación consistente en que la posibilidad de presencia de sangre humana en el interior de su vehículo podían corresponde a las heridas y lastimaduras que era común en el deporte que practicaba en zona inferiores del cuerpo.Al respecto el tribunal de juicio sostuvo que de modo alguno logra explicar el acusado la presencia de manchas positivas de luminol en las zonas superiores del vehículo, específicamente en el apoyacabezas y en el techo de la parte trasera del auto».

En ese marco, el señor Ministro Fiscal dijo que «.El tribunal a quo brinda razones suficientes de porque desechó las versiones elucubradas por el acusado en torno al resultado de luminol positivo en el interior de su vehículo, sin que la defensa en esta oportunidad recursiva, pese al esfuerzo puesto de manifiesto, logre su desvirtuación. A ello debe agregarse que resulta cuanto menos llamativa la diversidad de explicaciones que brindó el imputado a fines de desvirtuar esta prueba que sin lugar a dudas resulta incriminante aún cuando no se haya logrado determinar el origen de las muestras tomadas de las manchas detectadas en el interior de su auto. Continuando con el análisis del accionar del acusado, el tribunal sentenciador pone de resalto que luego de llevar a lavar su auto, R. inicia un chat con Mariel Cruz en la cual considera evidente su intención de instalar en la conversación «su locura» de haber emprendido el viaje hacia la ciudad de Monteros con la intención de encontrase con ella la madrugada del 29 de octubre de 2.016. Destaca que ya en horario nocturno, el imputado se encontró con Víctor Ariel Molina, quien como se dijo trabaja en el Centro de Monitoreo de la Policía de Tucumán, en unas canchas de futbol 5 en la terminal de ómnibus de esta Capital». También, dijo que «.luego de reconstruir de manera pormenorizada y ateniéndose a las pruebas incorporadas en autos e indicios existente, sujetándose a las reglas de la lógica y el sentido común en su valoración, el tribunal a quo bajo el acápite «El rompecabezas» elaboró una serie de conclusiones que lo condujeron a tener por acreditada la tesis acusatoria, proporcionado razones suficientes de ello sin que el impugnante logre su refutación.Parte el tribunal de mérito que no existen testigos presenciales que

hayan presenciado con sus ojos como ocurrió el hecho que terminó con las vidas de M. y B. la noche del 28 de octubre de 2.016. Destaca las características personales de M. en base a los testimonios prestados en el juicio por las personas que la conocían, descartando que ella haya desaparecido por voluntad propia. Agrega que ello igualmente resulta confirmado a través de la autopsia psicológica realizada por las licenciadas Aracely Oses, María José Pérez Brown y Susana Marta Barrionuevo, quienes concluyeron descartando que la desaparición de M. haya podido deberse a un suicidio, ausentamiento libre o forzoso, accidental o de salud. A mayor abundamiento reafirmando este punto, el tribunal de debate alude al informe de fecha 14 de noviembre de 2.016 elaborado por el SIPROSA; informe de 11 de noviembre de 2.016 del Banco del Tucumán SA; informe de fecha 15 de noviembre de 2.016 de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; informe de 18 de noviembre de 2.016 elaborado por el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán; informe de fecha 23 de noviembre del 2.016 de la empresa Vosa; acta de rastrillajes; informe de la Dirección Nacional de Migraciones e informe de la INTERPOL. Agrega que el informe de autopsia psicológica concluyó «La posibilidad que el ausentamiento de M. guarde relación con un hecho de heteroagresividad (homicidio) reviste alto grado de probabilidad». Continúa que las pruebas analizadas le permiten tener por acreditado que existió un encuentro entre R. con M. y B., siendo el testimonio de Flavia Mamaní de vital trascendencia, poniendo de resalto que precisamente a partir del intercambio de mensajes mantenidos con M. hizo desistir a R. de su negativa de conocer a esta, modificando su discurso y sosteniendo que si bien la conoce hacía dos meses que no la veía. Tuvo en cuenta que no resultó casual que durante la investigación penal preparatoria R.haya declarado en numerosas oportunidades a medida que surgían nuevas evidencias que lo comprometían seriamente».

Por último, el señor Ministro Fiscal agregó que el Tribunal «.destacó que el acusado, pese a proporcionar explicaciones para cada acto suyo con el fin de lograr su impunidad, nada dijo de la agresión hacia M. la noche del 28 de octubre de 2.016 mientras se encontraban en su auto, de la cual esta dio cuenta a través de los autos enviados a su amiga Flavia Mamaní. Precisamente respecto a este dialogo mantenido por

whatsapps, el tribunal a quo destaca que se desprende la ansiedad y el ánimo risueño de M. por el añorado encuentro con R. la fatídica noche del 28 de octubre de 2.016, el cual horas más tardes, más precisamente a las 22:20:25 hs., se modificó por completo afirmándole que R. «ya se ha cansado de pegar y gritar». Agrega el tribunal sentenciador que no tiene dudas respecto a la veracidad de estas conversaciones, los cuales guardan coincidencias con lo manifestado por Flavia Mamaní durante el debate. Asimismo, destaca que la testigo Judith Alejandra C. reconoció la voz de M. en los audios contenidos en dichas conversaciones. Reconoce que luego de la agresión sufrida por M. existe un vacío en la historia, existiendo solo tres mensajes enviados a Flavia sobre los cuales el tribunal de mérito, en coincidencia con esta testigo, tiene la convicción que no fueron escritos por aquella. Se pregunta ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Manifiesta que si bien no existen testigos ni siquiera cuerpos sobre los cuales se puedan efectuar pericias, si existen en cambio evidencias que lo ubicaron a R. en el lugar y momento en que desaparecen M. y B. Agregando que este tuvo para con M. una conducta hostil que fue incrementando en consonancia con la insistencia de esta para contactarlo, escalada de violencia que culminó con la golpiza y muerte aquella y el menor B.Alude que si bien se está en presencia de un hecho complejo por cuanto la escena donde este tuvo lugar, es decir el vehículo de R., fue modificada y los cuerpos de las victimas nunca fueron habidos, ello no resulta óbice para que el acusado pueda ser condenado».

En atención a la reseña efectuada, y al tenor del cuestionamiento esgrimido por el recurrente, conviene recordar que la labor del juez estriba en realizar una historiografía; en escudriñar en el pasado para saber cómo han acontecido los hechos, es decir, debe partir de los rastros, dejados por las cosas o las personas, para conocer mediante el juicio crítico reconstructivo cómo pudieron acontecer los hechos en el pasado (JAUCHEN Eduardo, «Proceso Penal – Sistema Acusatorio Adversarial», Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 286).

Sobre esta plataforma, merece resaltarse que en la causa no existe prueba directa sobre la comisión del hecho por parte del inculpado. Sin embargo, obran múltiples elementos probatorios que

comprometen al encartado R. C. R. en el hecho investigado. Más precisamente, de la revisión de la extensa prueba producida, se vislumbra la existencia de múltiples indicios, de distintas características, que permiten arribar a una conclusión condenatoria. Específicamente, se pueden observar la presencia de: a) indicios de oportunidad, b) indicios científicos de participación en el delito, c) indicios de conducta sospechosas, d) indicio de mala justificación y e) indicio de móvil delictivo.

a) Ingresando al análisis de los mencionados, se recuerda que el indicio de oportunidad o presencia se conceptualiza como aquel en donde es preciso probar que el acusado se encontraba en el lugar del delito al tiempo de cometerse o al menos en sus inmediaciones, agregándose que, una vez comprobada su presencia en el sitio del crimen, debe verificarse mediante interrogatorio las explicaciones que suministre al respecto (JAUCHEN Eduardo, «Tratado de la Prueba en materia penal», Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 521).En la presente causa, surge claro que la última persona que estuvo con las víctimas, mientras estas estaban con vida, fue el inculpado.El testimonio de Flavia Mamaní, fue esclarecedor en ese sentido, pues precisó que M. fue a encontrarse con el acusado para hablar sobre la paternidad de su hijo B. C. En efecto, la testigo mencionó que aquella le envió un mensaje diciéndole que R. le había pegado tres cachetadas en la cara. En ese sentido, agregó que le preguntó dónde estaba porque la iba a buscar y que M. respondió para decirle que se tranquilice porque el acusado ya se había cansado de pegarle. A su vez, refirió que la víctima le mencionó que estaba en el parque y que después le dijo que no iban a salir a la noche y le preguntó si lo dejaban para otro día y contestó con un «ok». Sobre el punto, cabe destacar que la declaración de Flavia Mamaní se corresponde con las capturas de pantallas que obran en el expediente (fs. 21/26) y con el acta de transcripción de los audios del celular de la testigo (fs. 3489/3491vta.). De hecho, el imputado no controvierte que la noche 28/10/2016 se reunió con M. A. para continuar con las conversaciones sobre la paternidad de B. C. aunque niega la autoría del hecho.

b) En este contexto, no solo se desprende que M. A. y B. C. estuvieron la noche que desaparecieron con R. R. sino también que el inculpado golpeó a la primera.

Asimismo, la autoría del hecho por parte del imputado también tiene respaldo en numerosos indicios de participación en el delito de carácter científico, entendiendo como tales, a aquellos que consisten o componen de los rastros, huellas y demás objetos relacionados con los hechos (cfr. JAUCHEN Eduardo, «Tratado de la Prueba en Materia Penal», op. cit., p. 594).

Siguiendo esa línea, cobra especial importancia las distintas pericias químicas, y, sus posteriores explicaciones, que se realizaron sobre el automóvil secuestrado del imputado, más precisamente, aquellas tendientes a determinar la presencia de sangre humana en el interior del vehículo.Dicho sea de paso, la actividad probatoria referida a esta circunstancia fue exhaustiva (fs. 417/418; fs. 439; fs. 458, fs. 1586/1589, fs. 1590/1592, y fs. 4214/4216). Ahora bien, se recuerda que el recurrente se agravió de que el a quo consideró que la existencia de luminiscencia positiva para sangre era indicador certero de que tal resultado indicaba la presencia de sangre humana pertenecientes a las víctimas.

Circunscripta la cuestión, si bien se advierte que de los informes más arriba citados (fs. 417/418; fs. 439; fs. 1586/1587) no se logró determinar con certeza que la luminiscencia positiva encontrada en el interior del vehículo obedecía a la presencia de sangre humana, esto último no impide concluir que efectivamente lo era. Pues bien, no debe dejar de contemplarse que la ausencia de una determinación indubitable de la presencia de sangre humana pudo obedecer a la profunda limpieza de los tapizados que se realizó sobre el automóvil (cfr. 3952). Es más, a fs. 458, se informó que «.un resultado negativo en la especie no significa que haya habido sangra humana en las superficies analizadas, sino que se puede estar frente al límite de la sensibilidad técnica, por otro lado, las condiciones de conservación o las maniobras de limpieza de las superficies, pueden interferir en la búsqueda y/o determinación de la especie».

En ese sentido, cabe destacar que el perito bioquímico de la Policía, Diego Andrés Silvestre Fernández, declaró en el debate que la presencia de blanqueadores imposibilita la determinación de la especie. Análogamente, Lilia Amelia Moyano, personal del ECIF, explicó que los productos químicos como detergentes o derivados pueden degradar el ADN de la sangre. En ese sentido, valorando esta circunstancia, cabe resaltar que

del cotejo del anexo fotográfico N° 6177/230/16 (cfr. fs. 697/717) revela que el automóvil del acusado fue sometido a una profunda limpieza.Inclusive, Horacio Mitre, propietario del local comercial donde se efectuó la limpieza, cuando fue preguntado sobre esta circunstancia, corroboró que se trató de un lavado especial del vehículo. Así pues, atendiendo a estos factores, más el resto de los indicios que serán evaluados más abajo, no luce irrazonable que el Tribunal haya concluido que la presencia de luminiscencia positiva para sangre obedeció efectivamente a la existencia de sangre humana en el interior del vehículo del imputado. Cabe adelantar que, una apreciación conjunta de los elementos probatorios permite inferir que en el interior del vehículo del inculpado se produjo un episodio violento cuyos rastros fueron percibidos por las pruebas químicas reseñadas.

Justamente, siguiendo con el razonamiento, otro indicio de participación en del delito que la Cámara valoró adecuadamente consiste en el resultado positivo de luminol en múltiples sectores del arma de uso oficial perteneciente al imputado R. (Pistola Browning plateada 9mm- Serie 005-68689) (cfr. fs. 2049/2052 vta. y 2400). De allí que las conclusiones sobre el uso de este elemento como objeto contundente para golpear a las víctimas no constituya una inferencia equívoca o desacertada por parte del Tribunal.

Pues bien, el Tribunal recurriendo a conocimientos específicos, explicó que «.existe una máxima criminalística que explica que cuando dos objetos entran en contacto transfieren parte de su material entre sí (el tan conocido «principio de intercambio» elaborado por el Dr. Edmon Locard en el año 1934). Siguiendo esta idea, cobra sentido que la parte superior de la plaza trasera del auto revele manchas que responden de forma positiva al luminol, en la zona del apoyacabezas y el techo. La experiencia indica que los golpes con un arma generalmente suponen un mecanismo de arriba hacia abajo con una cierta velocidad, que se repiten las veces que el atacante decida hacerlo.En esa dirección resulta lógico que, si el golpe es muy violento, la persona atacada pueda ser herida provocando un seguro sangrado (con su consecuente derramamiento). En esa «transferencia» el elemento utilizado como arma muy probablemente haya tomado contacto con la sangre sirviendo, a su vez, como medio para hacer «subir» las partículas hacia el techo

y el apoyacabezas del auto. De esta manera, se explicaría no sólo la ausencia de residuo de pólvora dentro del auto sino también el luminol positivo en el cañón y las cachas del arma (según acta de fs. 2051/52 y pericia de fs. 2400)».

c) Asimismo, la Sala no solo valoró adecuadamente estos indicios, sino que también tuvo particularmente en cuenta la conducta ulterior del imputado destinada a borrar las huellas o rastros de su participación en el delito. Por cierto, este tipo de evaluación adquiere relevancia, toda vez que mediante ella pueden ponderarse los denominados indicios derivados de la conducta del acusado o indicios de actitudes sospechosas¸ los cuales se verifican a partir de las actitudes posteriores del encartado, por ejemplo, si se ocultan los instrumentos del delito, coloca pruebas falsas con fines de despistar la investigar o si se produce su fuga del lugar de habitual residencia. Se trata de comportamientos del sujeto que son anteriores o posteriores al hecho, que por su especial significancia o extravagancia permiten inferir que tiene relación con el delito cometido (JAUCHEN Eduardo, «Tratado de la Prueba en Materia Penal», op. cit. 603).

Concretamente, en el caso bajo examen, el comportamiento posterior del inculpado fue revelador de su indubitable intención de procurarse la impunidad, a saber:i) la compra de fundas para su automóvil el día siguiente al hecho ii) la venta de un celular de uso frecuente, iii) las averiguaciones con respecto a la ubicación de las cámaras de seguridad aledañas al Parque 9 de Julio, iv) búsqueda por internet sobre la descomposición de un cadáver; v) realización de una segunda limpieza profunda del interior del automóvil, vi) las conversaciones con Mariel Cruz.

En primer lugar, se aprecia que R. R. el día posterior al hecho se dirigió al local «Ruta 66» a fin de retirar unas fundas para auto que presuntamente había reservado el día anterior (cfr. fs. 1507- factura de compra). No obstante, conforme fue analizado por el a quo, del informe del ECIF (fs. 3960/3960 vta.) surge claro que dicho local comercial no trabajaba con el sistema de señas, con lo cual se infiere que el imputado compró efectivamente el producto el día posterior a la realización del delito.

En segundo lugar, adquiere también importancia la circunstancia de que el inculpado vendió un celular que se encontraba sincronizado con sus cuentas de redes sociales a un compañero de

trabajo, y, el cual fue activado recién el 07/11/2016, esto es, cuando estuvo detenido (fs. 1458/1464). En tercer lugar, no puede dejar de valorarse la comunicación del acusado con Oscar Vallejo a fin de poder averiguar quienes trabajan en el Centro de Monitoreo para poder interiorizarse sobre la presencia de las cámaras de seguridad (fs. 449). Dicho esto, debe precisarse que una apreciación conforme a las reglas de experiencia permite colegir que la finalidad de estas averiguaciones era recabar información sobre la presencia de estos dispositivos en la zona que recorrió el día de la desaparición de las víctimas.Por cierto, la importancia de una valoración de la información probatoria a partir de estas reglas fue destacada por la doctrina, pues «.las reglas de experiencia (sicológicas, sociológicas, técnicas, lógicas) juegan un importantísimo papel en esta tarea, porque sin ellas es imposible apreciar la sinceridad y la autenticidad, lo mismo que la exactitud o credibilidad de las pruebas.» (ECHANDÍA Devis Hernando, «Teoría de la Prueba Judicial», Tomo I, 6ta edición, Temis, p.313)

En cuarto lugar, se tiene presente la búsqueda realizada por el acusado a través de su teléfono celular, el 01/11/2016, es decir en el tercer día posterior al hecho, referida a la «descomposición de cadáver». A propósito de este dato probatorio puede decirse que eventualmente la búsqueda realizada por el imputado no sería significativa de manera aislada. No obstante, en las concretas circunstancias de la causa y ponderando el resto de los elementos pr obatorios que fueron mencionados se advierte que este indicio cobra un sentido univoco de carácter trascendente, a saber, el acusado recababa información para poder deshacerse del cadáver de la víctima. En otras palabras, la apreciación integral de este indicio permite arribar a esa conclusión. Aquí, conviene recordar que justamente la valoración indiciaria consiste en una evaluación conjunta, esto es, se recomienda valorar la prueba indiciaria en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen a la incertidumbre (cfr. CAFFERATA NORES, JOSÉ – HAIRABEDIÁN MAXIMILIANO, «La Prueba en el Proceso Penal», Abeledo Perrot, 7da. Edición, Buenos Aires, 2011, p. 251).

Asimismo, no debe soslayarse el tratamiento que hizo el a quo de la justificación que realizó el imputado para restar eficacia probatoria a este dato probatorio. Sobre este punto, la Cámara analizó

correctamente la explicación que el imputado brindó sobre esta circunstancia alegando que la averiguación sobre el tópico mencionado respondía a un pedido de su padre.Específicamente, el Tribunal dijo que «Tengo la convicción basada en la experiencia y el sentido lógico que R. necesitaba ocultar el delito, por ello, ingresa en esa búsqueda con la intención de saber más del proceso de descomposición de los cadáveres que había ocultado. No tengo dudas que la búsqueda que se detectó en el celular de R. fue el disparador de una sucesión de conductas (permitidas en apariencia, aunque sospechosas de encubrir el hecho ilícito) como fue introducir, generar y lograr un cambio en la currícula de la materia»Dactiloscopia y Técnicas de Identificación Humana» dictada por R. Fernando R. Ese accionar del padre de R. motivó a la Sra. Fiscal a solicitar que se lo investigue por la presunta comisión de hechos ilícitos. En ese sentido, y al tratarse de una acción pública, considero que corresponde al Ministerio Público Fiscal efectuar las investigaciones y presentaciones pertinentes para investigar la conducta de R. Fernando R., (padre) si así lo considera pertinente. Retomando, y de la forma que lo expuse, la seguidilla de sucesos académicos expuestos por el padre de R., pretenden avalar sin éxito, que R. haya buscado en su celular las palabras «descomposición de cadáver». Pero (siempre hay un pero), los detalles. Su presencia me viene guiando en descifrar esta historia (en este momento no es la excepción). Tanto R. como su padre insistieron en numerosos pasajes de sus declaraciones que la búsqueda en google no se refirió a «cómo» descomponer un cadáver, sino a la descomposición de un cadáver en general. R. padre dio una opinión más y se jactó en su rol de profesor al decir que la página de internet que su hijo consultó tras la búsqueda no le daría los conocimientos para descomponer un cadáver. Ese link sólo hablaba de las circunstancias que incidían para descomponer un cadáver (fs.855/57). Sin el conocimiento específico en el área de la criminalística, pero firme en mi rol de interpretar globalmente las pruebas y los indicios con las circunstancias de la presente causa, no coincido ni con R. ni con su papá. Quedó en evidencia que la búsqueda en google trató de justificarse montando una escena que involucró no sólo a R. en su rol de padre sino también, y por sobre todo, a R. padre en su rol de profesor. Hizo uso de sus conocimientos específicos, de su oficio, de la materia que dictaba y del instituto donde trabajaba. De esta

forma, no creo en las «coincidencias» sino en el sentido común y la sana crítica. No fue una búsqueda de palabras que sacaran la duda de un papá profesor. ¿No hubiera sido más acertado emplear otro tipo de búsqueda relacionado con lo que supuestamente le pedía su padre? ¿Acaso no interesaba el tema de la identificación?». En ese contexto, el a quo coligió que «Sin embargo la búsqueda de esa frase cobra un sentido específico al pasar ya 72 horas de la desaparición de M. y B. y da cuenta que efectivamente le servía a R. conocer. ¿Una escena secundaria de un hecho delictivo no es información? Basta con recordar que el día de la desaparición de M. y B., R. se movilizó en su auto en la madrugada con destino al sur de la provincia, probablemente con un fin específico y no a buscar a Mariel como mintió. ¿Saber que un medioambiente es más propicio para acelerar un proceso de descomposición no es acaso información? No hace falta decir que en Tucumán, a fines de octubre y principios de noviembre, hace calor (y mucho). En el sur de la provincia las lluvias son más seguidas e inestables, generando así un factor determinante de humedad elevada que aceleraría fácilmente el proceso de descomposición de cualquier ser muerto, incluido el de un humano. Queda de esto claro que a R.le interesaba saber no cómo descomponer un cadáver sino cuál era el proceso natural de descomposición de un cadáver ya que, a partir de ello, podría actuar sobre seguro (con la posibilidad de que un cadáver no pueda ser encontrado por la combinación térmica, temporal y/o por alguna causa natural)».

Por último, puede advertirse que las comunicaciones que tuvo el inculpado con Mariel Cruz también se realizaron con la intención de justificar su presencia, captada por las antenas, en la Ruta Nacional 38 y 321 (cfr. 1299 y 1494/1503).

En este contexto, surge claro que las acciones del imputado, interpretadas de manera conjunta, y conforme a las reglas de la experiencia, revelan un fin específico, esto es, un intento de no dejar rastros o de justificar la presencia de estos, para de esa manera procurarse la impunidad.

d) En ese sentido, esta circunstancia, nos lleva a considerar otra cuestión, a saber: los argumentos que brindó el imputado para justificar sus conductas sospechosas. Aquí, se aprecia que la Cámara

realizó un análisis pormenorizado de estas justificaciones valorando de manera negativa las explicaciones esgrimidas por el acusado. De hecho, el recurrente se agravió específicamente sobre esta asignación negativa de valor a la declaración de su defendido. Dicho esto, pese al esfuerzo de la defensa técnica, merece recordarse que, si bien la declaración del imputado constituye un acto de defensa material, ello no impide que una mala justificación sea considerada como un complemento indiciario del resto de las pruebas. Coincidentemente, desde la doctrina se dijo que «.una vez colectados suficientes elementos probatorios que indiquen a determinado sujeto como autor del hecho delictivo, es menester interrogar al mismo a los de que, dando su versión, explique las razones de la existencia de ese material de cargo, uno por uno. Su discurso, cualquiera que sea, servirá para integrar la interpretación de aquellas pruebas. Tanto es así que, si el imputado suministra explicaciones satisfactorias y que además se comprueban, los elementos indiciarios existen pierden su eficacia.A la inversa, si son justificaciones son inaceptables, ambiguas, equívocas, tendientes a eludir una respuesta concreta, deficientes, inventadas o mendaces, todo lo cual debe comprobarse al edificar una plataforma de cargo desfavorable a su situación procesal (.) La mala justificación se erige como un complemento indiciario de los demás elementos de prueba.» (JAUCHEN Eduardo, «Tratado de la Prueba en Materia Penal», op. cit. 605). De hecho, esta Corte en numerosos precedentes valoró este tipo de indicio en los términos señalados, vinculándolo con el resto de los elementos probatorios (cfr. CSJT, in re «Urueña Olga Angelica y Cabrera Laura Norma s/ falsedad material de instrumento privado y otros delitos», sentencia N° 439 del 17/7/2020; in re «Adra Alvaro Exequiel y Frenoux Lorena Maisabe s/ Homicidio agravado», sentencia N° 211 del 07/3/2022).

Sobre esta plataforma, ante el plexo probatorio mencionado, resta agregar que la Cámara también valoró las motivaciones que determinaron al inculpado a emprender su conducta delictiva. Tal proceder no luce equívoco toda vez que el denominado indicio sobre el móvil delictivo es un elemento probatorio de relevancia en cuanto proporciona una explicación sobre la causa del injusto penal, pues como señala Jauchen «.se debe partir de la premisa general de que no existe acto voluntario sin motivo o móvil, salvo los supuestos en que el individuo actúa por impulso incontenible frente a un factor

detonante que lo afecta seriamente (.) lo normal es que toda persona, en mayor o menor medida, tiene conciencia de la existencia de prohibiciones de ciertas conductas y de que las mismas conllevan una sanción (.) de modo que cuando un individuo, no obstante ello, se decide quebrantar la ley y exponerse a una sanción penal, es porque persigue obtener una ventaja, una venganza o cualquier otro objetivo que se le presenta con tal intensidad que lo lleva estimar con desdén la eventual sanción» (cfr. JAUCHEN, Eduardo, «Tratado de la Prueba en Materia Penal», op. cit., p.602).

En vista de ello, no puede soslayarse el razonamiento del Tribunal referido a que la presencia de M. A. y B. C. importó una irrupción repentina en la cotidianeidad del acusado, la cual desestabilizaba la dinámica de su vida personal tal cual venía desarrollándose. En palabras del a quo «R. lo tenía todo (o por lo menos así lo creyó). Una posición privilegiada social, familiar y económica. Su juventud, su vigor, su trabajo y su habilidad deportiva habían dado sus frutos: mujeres para relacionarse de la forma que quisiera (permanente o casual); una predilección manifiesta hacia su persona en el hogar; un reconocimiento en el medio donde se movía (considerado como uno de los mejores jugadores de futsal de la provincia -así lo afirmó Christian Sebastián Guevara y vaya si no será esa una opinión objetiva-) y dinero suficiente para adquirir bienes (R. comentó que era el único que tenía auto de sus amigos). Como dije, R. estaba en la cima, pero la presencia de M. atentaba contra eso. Por eso las amenazas y la advertencia de que no se apareciera más en su casa sino «lo iba a co nocer» (así lo manifestó claramente Flavia cuando declaró). M. se había entrometido en la vida de R. sin «su» permiso (un claro simbolismo de su actitud machista). Lo había contactado insistentemente por las redes sociales, pero él había decidido acallarla bloqueándola. Eso no contuvo a M. ya que estaba decidida a hacerse escuchar. Demandaba eso, un reconocimiento».

En vista de lo mencionado, emana claro que el Tribunal apreció adecuadamente esta circunstancia.En rigor, se aprecia que la Cámara valoró adecuadamente toda la prueba indiciaria, pues efectuó una apreciación conjunta de todos los elementos probatorios existente vinculándolos unos con otros para arribar a una conclusión condenatoria.

Justamente, la CSJN pregona que «.la eficacia de la prueba de indicios depende de la valoración conjunta que se haga de ellos teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues, por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad» (Fallos: 314:346).

Para terminar, cabe recordar que es doctrina consolida de esta Corte que «.no resulta óbice para sostener una conclusión condenatoria, en la medida en que los indicios meritados sean unívocos y no anfibológicos y a su vez sean valorados en conjunto y no en forma separada o fragmentaria. En similar sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la cual .cuando se trata de una prueba de presunciones.es presupuesto de ella que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes’; .la confrontación crítica de todos los indicios resulta inexcusable para poder descartarlos, por lo que el argumento de la supuesta ambivalencia individual de cada uno de ellos constituye un fundamento sólo aparente que convierte en arbitraria a la sentencia portadora de este vicio’. (T.S.J. Córdoba, Sala Penal, sentencia Nº 305, 19/11/2012, «Serrano, Ezequiel Alberto y otro p.ss.aa.abuso sexual agravado -Recurso de Casación»)» (CSJT, in re «Reyna, Ramiro Isaías s/ Homicidio», sentencia N° 208 del 05/4/2020; CSJT, in re «Adra Alvaro Exequiel y Frenoux Lorena Maisabe s/ Homicidio Agravado, sentencia N° 211 del 07/3/2022).

Por todo lo expuesto, el agravio debe ser rechazado.

VII.1.c- En este apartado, corresponde tratar los agravios referidos al juicio de tipicidad efectuado por el Tribunal. El recurrente criticó la calificación de la conducta de su defendido afirmando que no concurrían los supuestos que de agravamiento del homicidio. Así pues, mencionó que no podía considerarse configurado el supuesto de un homicidio cometido en un contexto de violencia de género, y tampoco el supuesto de alevosía.

Para empezar, en primer lugar, se abordará la objeción referida a la concurrencia del supuesto del inciso 11 del artículo del Código Penal. Antes de comenzar tal empresa, debe tenerse en cuenta que la realidad criminológica imperante en el país determinó que el legislador incorpore nuevas causales de agravación del homicidio simple. Así pues, con la Ley N° 26.791: el art. 80, inc. 4 que agrava el homicidio «Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión», y la incorporación a nuestro derecho positivo del femicidio en el inciso 11 al establecer la pena de prisión perpetua al que matare «a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género». Ambas normativas, juntamente con el inc. 1 del art. 80 constituyen la incorporación expresa en el derecho penal respecto de la «violencia de género». Esta nueva figura penal («femicidio») se caracteriza por la calidad o condición del autor (hombre) y de la víctima (mujer), y por las circunstancias en que se produce su comisión, basadas en un entorno de violencia contra la mujer, o violencia de género.Así pues, Buompadre expresa que «Se trata de un homicidio agravado por la condición del sujeto pasivo y por su comisión en un contexto ambiental determinado» (Cfr. BUOMPADRE, Jorge, «Violencia de Género, Femicidio y Derecho Penal – Los nuevos delitos de género», Ed. Alveroni, Córdoba, 2013, p. 154).

Concretamente, para que se configure el tipo penal es necesario que el autor sea un hombre, y el sujeto pasivo una mujer, y que además haya mediado un contexto circunstancial que pueda catalogarse como propio de la «violencia de género». En estos casos el agente mata a una mujer por su condición de tal, por el solo hecho de ser mujer, sin que exista otro motivo adicional más que el que surge de ese contexto circunstancial comprensivo de la violencia de género (en cualquiera de sus variantes: física, psicológica, sexual, simbólica, etc.). Es decir que no todo homicidio de una mujer es constitutivo del delito de femicidio en términos de este inciso, sino aquel que se produce como consecuencia de un contexto ambiental en donde predomina la violencia de género, o sea, en un escenario que coloca a la mujer en una posición de inferioridad y que por tal motivo es objeto de malos tratos y agresiones, y que las expone a múltiples formas de violencia. (Cfr. Buompadre, Jorge; ob. cit.; pág. 122, con cita de Toledo Vázquez Patsili, «¿Tipificar el

femicidio?»). En concreto: se requiere de tres elementos o componentes: a) por un lado, un suceso fáctico consistente en un homicidio doloso («matar»), b) que el sujeto activo sea un hombre y el sujeto pasivo una mujer, y c) que se produzca dentro de un marco circunstancial determinado (violencia de género). Éste último requisito es el más complejo de los tres, por cuanto el concepto de «violencia de género» resulta de difícil encuadramiento, dada la distinta extensión y conceptualización de las conductas que se encuentran abarcadas por tal concepto por parte de la doctrina y jurisprudencia.Para que pueda darse «violencia de género», el agente (un hombre) debe actuar inspirado por una motivación que se asienta en el género o misoginia, y se caracteriza como una forma extrema de violencia contra las mujeres, consistente en dar muerte a una mujer por su mera condición de tal (cfr. BUOMPADRE Jorge; ob. cit.; pág. 12).

En lo que respecta al ámbito en el cual se debe producir este homicidio para ser catalogado como «femicidio», esto es, la violencia de género, el mismo debe ser entendido desde un punto de vista normativo, que se extrae de la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, la que define en su art. 4° la violencia contra la mujer, como «toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal». Esa relación desigual de poder que caracteriza a la violencia de género, es definida por el Decreto N° 101/2010, reglamentario de la ley citada, como aquella que «se configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres, que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de éstas, en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales». Partiendo de tales conceptos, es posible aseverar que el contexto de violencia de género normalmente se produce en situaciones intrafamiliares, o laborales, o en cualquier ámbito circunstancial específico en el que existe una situación de subordinación y sometimiento de la mujer hacia el varón, basada en esa relación desigual de poder (cfr. BUOMPADRE, Jorge, op., cit., p.154).

Por lo tanto, debe entenderse que para que se dé la figura del femicidio debe producirse la muerte de una mujer, cometida por un hombre por la sola condición de la víctima, requiriendo también que la misma se produzca como consecuencia de una relación desigual de poder inspirada por la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. Con esto, se puede afirmar que la reforma penal ha incluido aquí lo que se denomina «femicidio íntimo» o vincular, es decir, aquellos homicidios en los cuales la víctima tenía una relación íntima, laboral, familiar o de convivencia con el autor (BUOMPADRE, Jorge, op., cit., p. 160).

Así entendido, el contexto circunstancial de la violencia de género implica una previa interrelación personal entre el autor y la víctima, y episodios anteriores que demuestren el accionar característico de esta modalidad basada en la idea de superioridad del varón sobre la mujer, que puede involucrar maltratos previos, ofensas directas o indirectas, cualquier acto de desprecio a la condición femenina o agresiones similares.

En la presente causa, este contexto circunstancial de violencia de género luce razonablemente analizado por parte del a quo. Específicamente, el Tribunal valoró que «.los actos de violencia ejercidos por un hombre en contra de una mujer obligan a analizar las circunstancias del caso con una perspectiva basada en el género. R. lo tenía todo (o por lo menos así lo creyó). Una posición privilegiada social, familiar y económica. Su juventud, su vigor, su trabajo y su habilidad deportiva habían dado sus frutos: mujeres para relacionarse de la forma que quisiera (permanente o casual); una predilección manifiesta hacia su persona en el hogar; un reconocimiento en el medio donde se movía (considerado como uno de los mejores jugadores de futsal de la provincia -así lo afirmó Christian Sebastián Guevara y vaya si no será esa una opinión objetiva-) y dinero suficiente para adquirir bienes (R. comentó que era el único que tenía auto de sus amigos). Como dije, R.estaba en la cima, pero la presencia de M. atentaba contra eso. Por eso las amenazas y la advertencia de que no se apareciera más en su casa sino «lo iba a conocer» (así lo manifestó claramente Flavia cuando declaró) M. se había entrometido en la vida de R. sin «su» permiso (un claro simbolismo de su actitud machista). Lo había contactado insistentemente por las redes sociales, pero él había decidido

acallarla bloqueándola. Eso no contuvo a M. ya que estaba decidida a hacerse escuchar. Demandaba eso, un reconocimiento. Igual postura tomó con Estefanía enviándole infinidad de mensajes por Facebook (tal cual se documentó en el juicio)». En esa línea, el Tribunal agregó que «.eso también era una afrenta que R. no estaba dispuesto a permitir. M. había pasado un límite y R. lo sabía. No estaba acostumbrado a que una mujer lo haga, sino al revés. Así era su proceder. Relacionarse con mujeres, pero sin ningún compromiso; la excusa perfecta para que no le pudieran reclamar nada (el informe psicológico de fs. 3869 lo menciona claramente al afirmar la existencia de «.una modalidad vincular superficial o con escaso compromiso afectivo.»)».

El a quo haciendo hincapié en el contexto precisó que «.Con M. había sucedido eso. Una noche y nada más. Lo que R. nunca se imaginó era que dos años después su vida iba a dar un vuelco de 360 grados. Tenía que solucionarlo y con los bloqueos de las redes sociales no alcanzaba. Entonces sucedió. Las amenazas verbales previas se transformaron aquella noche del 28/10/2016 en golpes. Una aparente calma y luego el desenfreno total que culminó lamentablemente en la muerte de M. Las enumeraciones de estos actos significaron el ejercicio de distintas clases de violencia (física, psicológica, simbólica, etc.) como herramienta de poder y dominación que se iniciaron y se extendieron desde que se conocieron en el año 2014.Estoy convencida que las circunstancias antes mencionadas derivaron en la muerte de M.; la única mujer «rebelde» en la vida de R., la que no escuchaba ni entendía un «no». Había sufrido una advertencia un mes antes de su fallecimiento. No hizo caso. Había que silenciarla, había que callarla. Insisto en el mismo punto, la muerte de M. no fue casual sino que fue motivado (y derivado) por su condición de mujer. La violencia es poder y el poder genera sumisión, daño, sufrimiento, imposición de una voluntad, dominación y sometimiento. La violencia presupone, por lo general, posiciones diferenciadas, relaciones asimétricas y desiguales de poder. La violencia de género implica todo esto, y mucho más, cuya hiperincriminación (sic) se justifica, precisamente, porque germina, se desarrolla y ataca en un contexto específico, el contexto de género. La realización extrema de esa violencia concluyó en la muerte de M. a

manos de R. configurándose, de este modo, el agravante del inciso 11 del artículo 80 del CP. Concretamente, en el presente hecho existió una muerte en un contexto de género que implicó una violencia extrema de un hombre contra una mujer por su mera condición de tal».

De ese modo, en virtud de lo mencionado, no se advierte error en el juicio de tipicidad realizado por el a quo. Por consiguiente, el paso siguiente será abordar el cuestionamiento referido al encasillamiento de la conducta de R. en la agravante del inciso 2 del artículo. Cabe adelantar que el agravio no luce suficientemente fundado razón por la cual resulta imposible su tratamiento de fondo.

Concretamente, el recurrente cuestionó que «Esta defensa considera que no se probó la muerte de M. y B., por ende, tampoco se probó la supuesta forma en la que podrían haber muerto. La alevosía es un modo de cometer el homicidio por el cual el agente oculta el ánimo hostil, o bien esconde físicamente su persona o los medios empleados con el propósito de colocar a la víctima en estado de indefensión.Es un obrar sin riesgos, exige la figura ocultamiento de la intención de matar, y la circunstancia de procurarse el autor un estado de indefensión de la víctima para poder obrar sin riesgo. El autor debe querer obrar sobreseguro. No puede suponerse alevosía por la edad de B. ya que estaba su madre para defenderlo. No puede a priori suponerse una agresión en el auto, ya que el luminol no se confirmó. No puede suponerse la existencia del hecho ni una supuesta modalidad».

Circunscripto lo anterior, se aprecia que el cuestionamiento señalado se presenta como una mera disconformidad con el juicio de tipicidad efectuado por el a quo. En esa línea, la crítica no luce lo suficientemente fundada, pues no ahonda en demostrar porque la operación de subsunción en el tipo penal cuestionado fue equívoca. En efecto, la defensa técnica únicamente realizó una breve explicación sobre el agravante sin realizar un esfuerzo discursivo que la vincule con las circunstancias del caso. En ese marco, se recuerda que esta Corte aseveró «.para que un recurso pueda ser calificado y valorado como tal, debe resultar autosuficiente y contener una crítica razonada y concreta de los criterios o fundamentos de la sentencia. Sucede que si se aduce que la sentencia es desacertada y los

agravios no demuestran el desacierto, no se avizora como podría lograrse la revisión de aquélla, sino supliendo la actividad crítica del impugnante y hallando agravios idóneos allí donde no se los ha manifestado, lo que legalmente le está vedado a este alto tribunal local. El déficit mencionado sella en forma adversa la suerte del remedio intentado y así debe ser declarado» (CSJT, «Bank Boston National Association vs. Musa Humberto Eduardo s/ Ejecución hipotecaria», Sent. N° 375 del 14/5/2007; «Supercanal S.A. vs. Municipalidad de Juan Bautista Alberdi s/ Inconstitucionalidad», Sent. N° 753 del 29/7/2015, «Suances, Francisco Alberto y otros s/ Vaciamiento societario-administración fraudulenta-fraude-prevar», Sent.N° 1.456 del 27/08/2019). En vista de ello, el agravio luce manifiestamente inadmisible.

En síntesis, descartados los agravios conforme a lo considerado, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de R. C. R. contra la sentencia del 7 de octubre del 2021 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Conclusional.

VII.2- Ahora bien, en este apartado, corresponde ingresar al análisis del recurso de casación interpuesto por la señora Fiscal de la Cámara Conclusional de la IIª Nominación. De acuerdo con su memorial de casación, la crítica gira en torno a que el «.el fallo del Tribunal resulta arbitrario, parcial, limitado y raso respecto de la acusada A. y agraviante para este Ministerio Público, por cuanto: 1.- Resolvió su absolución por el delito de encubrimiento agravado „hecho ocurrido el 28/10/2016 y por el que vino requerida». En efecto, la señora Fiscal manifestó que «.A la acusada se le endilgó un contexto de conocimientos sobre los graves hechos ilícitos cometidos por R., la omisión dolosa de denunciar estos hechos siendo policía federal en actividad y colaboró con R. entre el día 04/11/2016 y 05/11/2016 a ocultar rastros, pruebas y demás evidencia provenientes del ilícitos antes mencionado, entorpeciendo así la investigación penal como el hallazgo de los desaparecidos hasta la fecha, colaborando así a R. a sustraerse de la acción de la justicia, eludir su procesamiento y lograr su impunidad».

En este contexto, cabe dejar en claro que la Cámara absolvió a la imputada mediante el siguiente razonamiento. La Sala explicó que «.esa historia no empezó ni terminó ahí. Nuevos horizontes y

protagonistas aparecieron en un cuasi «efecto dominó». Una de ellas, Estefanía. La eterna novia de R. Alguien vinculada afectivamente a la familia R. Hasta ahí su presentación (o por lo menos una de ellas).Para la parte acusadora Estefanía fue un eslabón indispensable en esta historia ya que, a su entender, cumplió un rol importante y específico:prestar colaboración a R. para desviar la investigación policial y judicial que se había iniciado en su contra. En este sentido, y con el fin de fijar «su» hecho en particular (con las implicancias jurídicas que expliqué al iniciar el abordaje de R.), invito nuevamente a la lectura del hecho fijado en el requerimiento fiscal de elevación a juicio del 13/12/2017 ya que a partir de allí procederé a verificar acerca de su existencia y autoría».

Así pues, el a quo dijo que «.Ya instalados en ese hecho particular, la acusación intentó demostrar que Estefanía sabía lo que había hecho R. y, con ese conocimiento, lo ayudó a «esquivar» la justicia. Sin embargo, la teoría de la fiscalía y de la querella nunca estuvo a la altura de las pruebas presentadas en el juicio. ¿Por qué? Por la simple razón de que se desinteresaron en recolectar pruebas contundentes que le diera sustento a la afirmación que hicieron (.) El alegato tiene un sentido. (.) Sólo se limitaron a dar por cierto conductas sin la justificación necesaria. Ejemplos sobraron: Le recriminaron a Estefanía saber que R. había cometido un delito, pero no indicaron las pruebas que objetivamente lo haya confirmado. La campaña acusadora se centró en un particular mensaje de whatsapp que surge del informe elaborado por el ECIF a fs. 1486 (reflejado en un print de pantalla a fs. 1490), donde R. le demostraba su preocupación a Estefanía por lo sucedido, indicando en un momento que «tngo en el auto plata balas computadora todo» (sic, mensaje de horas 03:00 del día 05/11/2016). No tengo dudas que ese día y a esa hora Estefanía se encontraba en casa de Jesica Elizabeth Lazarte junto a Ariadna Denisse Friedlander. La intención era salir a bailar pero R. le insistió a Estefanía que regresen a San Andrés a la casa de Claudia, su hermana».

Siguiendo esa orientación, el Tribunal aseveró que «.Nunca se pudo demostrar que R.haya tenido en su poder otra cosa de lo que lógicamente podía tener esa noche («plata» = dinero; «balas» = arma y municiones que portaba por pertenecer a una fuerza de seguridad y

«computadora» = la computadora según sus dichos pertenecía a Claudia Cristina R.). El razonamiento de la parte acusadora nunca pudo pasar del nivel de sospechas, pero se fue desdibujando a medida que se desarrollaba el debate. Eso generó una total falta de certeza en lo que se pretendió probar».

En esa línea, el a quo razonó que «.Lo que sí quedó en claro es que el haber sido la novia de R. por más de 12 años, parecía bastar para confirmar la culpabilidad de Estefanía (pero no). De esa manera difícilmente podría alguien denunciar lo que no sabe. Aun así, si Estefanía tuvo o no conocimiento del homicidio no se acreditó, no se demostró en el juicio, única oportunidad para hacerlo. Con el uso de la tecnología se pudo determinar que los días posteriores al 28/10/2016 R. y Estefanía intercambiaron mensajes por whatsapp (ninguna novedad dada la relación que tenían). Se estableció (también) que Estefanía borró algunos mensajes. A entender de la fiscalía, esa actitud la convertía en culpable de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo desconozco ¿qué decían esos mensajes? ¿Acaso fueron reveladores y tuvieron la importancia para desviar toda una investigación? Esa conclusión es incomprobable».

Justamente, la Sala valoró que «.La fiscalía se equivocó al poner en duda el por qué había tenido esa actitud de haber borrado los mensajes. Por más sospecha que despierte, lo más lógico hubiera sido tratar de averiguar qué decían esos mensajes. Borrar uno o más mensajes no puede nunca ser equivalente a poder afirmar con certeza que cometió un delito. Por otra parte la querella puso énfasis en las ubicaciones geográficas que surgieron luego de que personal del ECIF analizara el teléfono celular de Estefanía.Sin embargo, la exposición gráfica que acompañó al alegato se «desinfló» al momento de establecer qué significado concreto tenía. En pocas palabras, nada se dijo. Más allá de ubicar a Estefanía los días posteriores a la desaparición de M. y B. en zonas lejanas a su domicilio, pero no se demostró qué hizo en esos lugares, si estuvo de pasada o fue con una intención delictual, si estuvo sola o acompañada, etc. Con el mismo razonamiento que expuse anteriormente, encontrarse en un determinado lugar no alcanza para afirmar que colaboró con R. Concretamente, las conclusiones a las que llegaron la fiscalía y la querella se caracterizaron por una exposición de la prueba que no alcanzó para tener por comprobado la

existencia del hecho por el que vino acusada Estefanía. A pesar de lo dificultoso de entender las palabras por la que se la acusó (coincido con lo expuesto por la abogada Ileana Carolina Antoniella Bataglia) no existió ningún tipo de convicción de que, aun en el caso de que haya existido el hecho, Estefanía haya sido su autora».

Por último, el Tribunal afirmó que «.Por lo antes dicho, entiendo que no se logró establecer los actos concretos que podrían haber significado la comisión del delito de encubrimiento (Art. 277 del CP) ni mucho menos la responsabilidad de Estefanía en aquél correspondiendo su absolución por el hecho que vino acusada. Sin embargo, y aún en la hipótesis que se hubieran verificado tales actos, la relación que unía a Estefanía con R. la hubieran dejado igualmente exenta de responsabilidad penal en los términos «amigo íntimo» del inc. 4º del Art. 277 del CP».

Dicho esto, se recuerda que la señora Fiscal criticó que «.se le endilgó un contexto de conocimiento sobre los graves hechos ilícitos cometidos por R., la omisión dolosa de denunciar estos hechos siendo policía federal en actividad y que colaboró con R.entre el día 04/11/2016 y 05/11/2016 a ocultar rastros, pruebas y demás evidencia provenientes del ilícito antes mencionado, entorpeciendo así la investigación penal como el hallazgo de los desaparecidos hasta la fecha, colaborando así a R. a sustraerse de la acción de la justicia, eludir su procesamiento y lograr su impunidad.».

Ahora bien, la representante del MPF, en su líbelo recursivo, no precisó suficientemente en que consistió la conducta de la inculpada A. y la razón por la cual sería susceptible de encuadrarse en la figura legal de encubrimiento. De hecho, la señora Fiscal insistió en que la imputada incurrió en los tipos penales previstos en el art. 277 inc. 1 apartado «a», «b» y «d», agravados por lo dispuesto en el inc. 3 apartado a) y d) del mismo artículo. No obstante, no detalló, tal cual se demostrará más abajo, cómo la conducta de A. podía encasillarse en cualquiera de las modalidades comisivas del delito bajo examen.

En primer lugar, de la lectura del recurso emana que la señora Fiscal de Cámara sostiene que A. Estefanía A. realizó la conducta prevista en el art. 277 inciso 1 apartado a) del C.P. el cual

prescribe que «.Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:.a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta».

A propósito del tipo penal, debe precisarse que «.la ley habla de prestar ayuda a alguien, entendiéndose por tal la que es idónea para facilitar o posibilitar que la persona favorecida logre eludir las investigaciones o la acción de las autoridades.Debe tratarse de una acción material positiva, de allí el nombre de la modalidad de favorecimiento (.) el tipo en cuestión requiere dolo directo, entendido como el efectivo conocimiento de los elementos constitutivos del tipo objetivo, y la voluntad dirigida a beneficiar al favorecido para, de ese modo, entorpecer la acción de la justicia» D ALESSIO Andrés José- DIVITO MAURO A., «Código Penal de la Nación. Comentado y Anotada», Tomo II, La Ley, 2011, ps. 1390/1391). Aclarado esto, de la lectura del recurso con la confrontación del expediente, se advierte que el a quo realizó un tratamiento adecuado de la cuestión, pues la acusación no demostró cuál fue la ayuda que Estefanía A. prestó a R. para que este último eludiere las investigaciones o la intervención de las autoridades. En el memorial recursivo no se desarrolla suficientemente esta cuestión, no se aprecia ninguna consideración sobre el efectivo auxilio de la acusada, ni mucho menos sobre la idoneidad del mismo para lograr el objetivo mencionado. El cuestionamiento de la representante del MPF enfatizó sobre la acción de la inculpada de haber borrado los mensajes de su comunicación con el acusado, no obstante esa sola circunstancia no permite subsumir la conducta de A. en el tipo en cuestión.

Asimismo, la señora Fiscal también sostuvo la comisión de la modalidad de encubrimiento contenida en el apartado b) del inc. 1 del art. 277 del Código Penal, esto es, el delito de encubrimiento por favorecimiento real. Sobre el punto, se recuerda que la norma dispone que «Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:.b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer». Antes de empezar, conviene esclarecer conceptualmente la

figura en cuestión. En efecto, en lo que respecta al tipo objetivo, «.el supuesto previsto en el inc.1° b), configura el tipo penal la acción de ocultar, alterar o hacer desaparecer o la de ayudar al autor o partícipe a realizar esas acciones. El término oculta importa el guardar, tapar, encubrir, impedir que se pueda saber la ubicación de la cosa, sustrayéndola a los sentidos o al conocimiento de quienes la buscan. Alterar implicar cambiar o modificar el objeto en forma sufriente para entorpecer de ese modo su empleo por la autoridad para determinar responsabilidades (.) hacer desaparecer consiste en suprimir o quitar de delante por cualquier medio, como sería quemar, lavar, borrar evaporar, diluir, embardunar, pintar o engullir. Los objetos sobre los cuales recaen estos verbos típicos son los rastros, pruebas o instrumentos del delito, estos últimos en cuanto medios materiales usados para ejecutar el hecho.». Por su parte, en lo que refiere al tipo subjetivo «.requiere del autor un actuar doloso; específicamente que el sujeto activo conozca y sepa que a través de su accionar brinda o presta ayuda para el favorecimiento real, con el fin de hacer desaparecer, ocultar o alterar los rastros, pruebas o instrumentos del delito o ayudar al autor a tales fines, de lo que se desprende que resulta atribuible entonces a título de dolo, directo o eventual» (D ALESSIO Andrés José- DIVITO MAURO A., «Código Penal de la Nación. Comentado y Anotada», op., cit., ps. 1395/1396).

En cuanto al tipo objetivo, la señora Fiscal no indicó queé rastros, pruebas o instrumentos del delito ocultó, alteró, o hizo desaparecer la imputada con el propósito de favorecer a R. R. Con respecto al tipo subjetivo, tampoco desde la parte acusadora se realizó un esfuerzo probatorio para demostrar que A. tenía conocimiento del delito cometido por R. R.

En rigor, la señora Fiscal expuso que la acusada borró las conversaciones que había tenido con M. A. y sus comunicaciones con R., lo cual permitía inferir que tenía conocimiento del hecho perpetrado por el encartado (fs.1486 y 1490). No obstante, a partir del examen de la prueba producida, no se puede arribar a dicha conclusión con el grado de certeza requerido. Pues bien, en el análisis de la redes sociales de la acusada no se encontró elemento alguno del cual se pueda inferir que tenía conocimiento de lo realizado por quien era su pareja en aquel entonces (cfr. fs.

553/559). A su vez, en el informe brindado por AMX ARGENTINA S.A., no se advierte datos probatorios que permitan deducir la circunstancia que sostiene la señora Fiscal (cfr. fs. 1845/1851). Tampoco del informe del ECIF referido al celular de A. se puede vislumbrar rastros referidos a que la encartada sabía del hecho realizado por R. (fs. 1852/1852 vta.) Asimismo, de la pericia realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde se investigó la línea empleada por la acusada, tampoco se desprende información probatoria de relevancia que permita sostener la comisión del delito de encubrimiento mencionado (fs. 1937/1946).

En tercer lugar, misma suerte negativa corre la acusación que realizó la representación del MPF relativa al tipo de encubrimiento por favorecimiento personal por omisión de denuncia (art. 277, inciso 1, apartado d del C.P.). En efecto, se recuerda que la señora Fiscal en su recurso manifestó que «.No puede de ninguna manera sostenerse que la relación de conocimiento entre los acusados -R. y A.- pueda estar en pie de igual o en una escala superior con relación a la OBLIGACIÓN DE A. COMO FUNCIONARIA POLICIAL DE DENUNCIAR LA SUSTRACCIÓN, MUERTE Y OCULTAMIENTO DE CADAVEDERES DE DOS PERSONAS VULNERABLES -UNA MUJER Y UN NIÑO-. SU OMISION Y SU CONDUCTA A POSTERIORI DEL HECHO, DURANTE LA INVESTIGACIÓN Y DURANTE EL JUICIO, FUERON SON Y SIGUEN SIENDO DELITO MIENTRAS NO CUMPLA CON SU DEBER DE DENUNCIAR LO QUE CONOCE.Ello significaría vulnerar directamente el sistema de justicia, la función social del sistema judicial y la protección de los derechos no solo de los familiares de las personas asesinadas con alevosía por R., sino de toda la sociedad».

Sobre el tópico, merece destacarse que el tipo penal mencionado dispone que «.No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole». Conforme a lo desarrollado en el párrafo anterior, no se logró acreditar que la inculpada tenía conocimiento del delito cometido por R. R. La ausencia de acreditación de esta circunstancia impide la subsunción de la conducta en la figura legal, pues se requiere demostrar que el agente tenía conocimiento sobre la existencia del delito. A propósito del asunto, la doctrina

enseña que «.el autor debe conocer y querer no realizar denuncia o promover la acción pública, o bien no realizar la debida individualización de los partícipes del delito denunciado.» (ABOSO Gustavo, «Código Penal de la República Argentina. Comentado, concordado con jurisprudencia», 5ta. Edición, Bdef, Buenos Aires, 2018, p. 1449.).

Nuevamente, cabe replicarse lo mencionado más arriba, la valoración de los elementos probatorios de cargo no permiten inferir con certeza que Estefanía A. haya tenido conocimiento del delito cometido por R. R. La ausencia de este conocimiento impide la subsunción en la figura omisiva, pues no se puede tener la obligación de denunciar lo que se desconoce.

Del análisis precedente, se advierte que la representante del MPF realizó una imputación vaga e imprecisa, proponiendo distintos tipos penales, cuyos extremos no logró acreditar adecuadamente, tal cual fue señalado por el Tribunal. En resumidas cuentas, se aprecia que la parte acusadora no pudo probar, con el grado de certeza requerido, que la inculpada incurrió en las conductas previstas en los artículos citados (art. 277, incs.b) y d) del C.P.). De ese modo, no pudo quebrantar el estado de inocencia de la imputada (art. 18 de la CN, 8 inc. 2 de la CADH, art. 26 de la DADDH, art. 11 de la DUDH y art. 14 inc. 2 del PIDCP). A propósito de ello, se resaltó que «Todo sistema constitucional -en un estado de derecho- tiene como uno de sus principales pilares el principio de inocencia, circunstancia que obliga al órgano acusador a probar la conducta típica imputada y en el supuesto de que los elementos probatorios no permitan un grado de convicción suficiente, absolver al imputado como consecuencia del principio in dubio pro reo.» (CSJT, in re «Panasiuk Edgardo Damián y otros s/ Robo agravado en banda- Privación ilegítima de la libertad», sentencia N° 295 del 20/3/2019; CSJT, in re «Ledesma Ángel Ricardo e Ibarbals Gabriel Rolando s/ Tentativa de homicidio», sentencia N° 1064 del 03/11/2014).

En idéntico sentido, esta Corte aclaró en otros pronunciamientos que «los extremos de la acusación tienen que ser comprobados de forma tal que resulten evidentes. Esto involucra necesariamente que de la prueba se obtenga una conclusión objetivamente unívoca, en el sentido de no dar lugar a que del mismo material pueda

simultáneamente inferirse la posibilidad de que las cosas hayan acontecido de diferente manera. Pues si los elementos existentes admiten una conclusión diferente, aceptable en cuanto a su criterio lógico en el mismo grado que aquélla que incrimina al imputado, se estará sólo ante contingencias equívocas que en manera alguna pueden legitimar un quebranto del estado de inocencia. En otros términos, es imprescindible no solamente superar toda duda sobre los hechos, sino también, fundamentalmente, la mera probabilidad sobre los mismos. Al momento de la decisión final no basta con que los elementos convergentes superen a los divergentes, es menester que aquéllos tengan suficiente idoneidad como para edificar sólidamente en el juez la plena convicción de haber obtenido la verdad.Esto es, la certeza sobre los hechos concretamente descriptos en la acusación (Jauchen, Eduardo M., Tratado de la prueba en materia Penal, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, pg. 42 y doctrina citada; CSJT, sentencia Nº 933 del 06/12/2011, «G.V.H.Y.U. s/ Robo agravado») (.) basta la duda para fundar la absolución; y ello de ningún modo exige la convicción de inocencia, pues nada decide sobre la real culpabilidad del imputado (CSJTuc., sentencias N° 523 del 05/8/2010; N° 120 del 02/3/2010; N° 938 del 05/10/2009; N° 427 del 02/6/2008; N° 408 del 22/5/2007; N° 615 del 28/7/2006; N° 622 del 31/7/2006; N° 1257 del 27/12/2006; N° 643 del 01/9/2003; entre otras)» (CSJT, sentencia Nº 641 del 05/9/2011)» (CSJT, in re «Noblega Gonzalo Esteban s/ Abuso de Arma», sentencia N° 452 del 19/5/2014).

En vista de ello, el agravio no puede ser receptado. Por consiguiente, en virtud de los argumentos mencionados corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la señora Fiscal Conclusional de la IIª Nominación, doctora Estela Velia Giffoniello.

VIII.- Así las cosas, en virtud del principio general de la derrota, se imponen costas al condenado (art. 559 C.P.P.T.).

A las cuestiones propuestas el señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante doctor Daniel Leiva, sobre las cuestiones

propuestas, vota en igual sentido.

A las cuestiones propuestas el señor Vocal doctor Antonio D. Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante doctor Daniel Leiva, sobre las cuestiones propuestas, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y parcialmente en concordancia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,

R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de R. C. R. contra la sentencia del 7 de octubre del 2021 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Conclusional. II.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la señora Fiscal de Cámara Conclusional de la IIª Nominación contra la sentencia del 7 de octubre del 2021 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Conclusional. III.- COSTAS, según se consideran. IV.- DIFERIR el pronunciamiento sobre la regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

DRES.: LEIVA DANIEL

DR. POSSE DANIEL

DR. ESTOFAN ANTONIO.

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