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#Fallos Ley Nacional de Empleo: Las multas de los arts. 9 y 15 de la Ley 24.013 proceden si el despido fue resuelto como una represalia a la solicitud de regularización de la relación

Partes: Martínez Marisa Elisa c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Sarmiento 3565 s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: VI

Fecha: 6 de septiembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138620-AR|MJJ138620|MJJ138620

Voces: CONTRATO DE TRABAJO – DESPIDO – INJURIA LABORAL – MULTA LABORAL – LEY DE EMPLEO

Las multas de los arts. 9 y 15 de la Ley 24.013 proceden si el despido fue resuelto como una represalia a la solicitud de regularización de la relación.

Sumario:
1.-Deben prosperar multas las estipuladas por los arts. 9 y 15 de la Ley 24.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo ya que: a) la actora cumplió con los requisitos formales para hacerlas operativas; b) existió una tardía inscripción registral y c) el despido directo fue impuesto como una represalia a la solicitud de regularización efectuada por aquella.

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Fallo:
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2022.

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR CARLOS POSE DIJO:

La actora cuestiona que se haya rechazado su pretensión patrimonial, denuncia fraude laboral por haberse desempeñado como encargada del consorcio demandado y, por cierto, nos encontramos ante una situación singular que merece algunas explicaciones bajo el principio de primacía de la realidad que es el que ambas partes invocaron en beneficio de sus intereses.

En el caso análisis, es indudable que la actora prestó servicios para el consorcio demandado y que la relación de trabajo fue directa pues el consorcio contrató a «Bajar expensas» -empresa unipersonal del citado como tercero Ricardo Braulio Geler, quien era uno de los copropietarios

consorciales- para que obrase, en la práctica, como administrador y proveyese una persona que se hiciera cargo de la limpieza de los espacios comunes del inmueble. Dicha persona fue la actora que, también, era una de las propietarias del inmueble y ello surge de la instrumental que la accionante acompañó al contestar la excepción de falta de legitimación y citación de tercero opuesta por su oponente pues adjuntó liquidación de expensas de julio de 2.014 donde figura como titular de una unidad del primer piso -1 A-.

Por otra parte, lo expuesto también surge de la declaración de la testigo Martínez (fs. 301, «la actora era ya propietaria») lo que, en definitiva, quiere decir que vivía en el consorcio y que no lo habitaba por ser su encargada, como suele suceder en el marco de la actividad que nos ocupa.

A tal situación singular se llegó por ruptura de la relación de trabajo con el primitivo encargado despedido, según los dichos de Geler -citado como tercero, ver fs.255 vta.), por delincuente, pero, en verdad, el trabajador despedido ganó el juicio laboral, lo que llevó a que el consorcio fuese embargado (ver escrito de inicio, fs. 9) lo que explica que se llegase a esta solución tan kafkiana puesto que la actora terminó por ser dependiente del cuerpo consorcial que integraba aunque, en los hechos, figurase laborando para un tercero, que era, también, copropietario del inmueble. Pero la actora no se desempeñó como encargada pues su horario era acotado, es decir de 8 a 11 (ver testimonial de Perrone, fs. 287 y Pelazzo, fs. 299 y recibos emitidos) y ello al margen de que tuviera que sacar la basura a la noche y/o se dedicase a cuidar los gatos de su vecina, amiga y actual consorcista Martínez (ver fs. 301) y, por ende, no podía peticionar se la registrase en tal categoría laboral.

Lo expuesto no impide que el despido impuesto por Geler pueda ser reputado como arbitrario pues la escindió por su comportamiento desleal, inhumano, ruin y artero y por abandono de tareas cuando hubiera bastado que rechazase los reclamos efectuados defendiendo su posición en cuanto a la categorización como auxiliar de limpieza.

Por ello que entiendo que el consorcio, que fue la entidad beneficiada por las prestaciones personales de Martínez, debe responder tarifadamente tomando como retribución devengada la suma de $3.535,37 ($3.089,37 + 446) lo permite estimar como adeudados los siguientes rubros: $14.141,48 en concepto de indemnización por antigüedad ($3.535,37 x 4); $11.489,94 en concepto de indemnización sustitutiva del preaviso según los términos del art. 6o del estatuto profesional, esto es el equivalente a tres meses de sueldo ($3.535,37 + sac x 3) ; $3.535,37 en concepto de integración del mes de despido y salarios de abril; $1.473,07 en concepto de aguinaldo devengado y $714,92 en concepto de indemnización por vacaciones no gozadas ($3.535,37 x 14 x 4:25 x 12 + sac).

En cuanto a las puniciones laborales como el empleador fue el consorcio y no Geler resulta improcedente la reglamentada por el art. 2o de la ley 25.323 (conf. crit. CNTr. acuerdo plenario 310, 10/9/08, «Iurleo c/Consorcio Edificio Luis Sáenz Peña 1195», art. 303 CPCC) y, por el contrario, deben prosperar las estipuladas por los arts. 9o y 15 de la ley 24013 y 80 de la LCT ya que: a) la actora cumplió

con los requisitos formales para hacerlas operativas; b) existió una tardía inscripción registral y c) el despido directo fue impuesto como una represalia a la solicitud de regularización efectuada por Martínez.

Los montos adeudados pueden estimarse en $7.659,96 (1/4 de $3.535,37 x 8 + sac), $29.333,37 (sumatoria de $14.141,48, $11.489,94 y $3.702,31) y $10.606,11 ($3.535,37 x 3), respectivamente.

El reclamo efectuado con base en el art. 132 bis de la LCT debe ser rechazado ya que la mayoría de los períodos que se reputan como impagos fueron abonados (ver pericial contable, fs. 308 vta.) y no existe prueba que acredite que el tercero Geler hubiera incurrido, sistemática y dolosamente, en el incumplimiento de su obligación de actuar como agente de retención que es la ilicitud que castiga dicha normativa.

En síntesis, lo adeudado a la actora puede estimarse en $78.954,58 con más intereses moratorios a computar desde el 1/4/15 al efectivo pago conforme actas 2601/14, 2630/16 y 2658/17, sin que corresponda atribuir temeridad y/o malicia procesal a la demandada porque no incurrió en tal ilicitud.No es dable tampoco condena patrimonial contra el citado como tercero porque la actora no la solicitó y, en el caso, Geler no fue otra cosa que gestor de los intereses del consorcio siendo incompetente este tribunal para determinar si abusó y/o perjudicó con su conducción a la demandada.

Por lo expuesto, entiendo corresponde; 1) Revocar el pronunciamiento de grado y condenar al consorcio demandado a pagar a la actora la suma de $78.954,58 con más intereses conforme las pautas expuestas en los considerandos del presente fallo; 2) Imponer las costas del proceso a la demandada con excepción de la persona citada como tercero que se impondrán por su orden en ambas instancias y 3) Fijar los honorarios de representación y patrocinio de la actora, demandada, tercero citado y perito contadora en los porcentuales del .%, .% .% y .% del monto de condena – capital e intereses- que resulte al practicarse liquidación.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiero al voto del Dr. Carlos Pose.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la L.O.), el Tribunal RESUELVE: I) Revocar el pronunciamiento de grado y condenar al consorcio demandado a pagar a la actora la suma de $78.954,58 (pesos setenta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro con cincuenta y ocho centavos) con más intereses conforme las pautas expuestas en los considerandos del presente fallo. II) Imponer las costas del proceso a la demandada con excepción de la persona citada como tercero que se impondrán por su orden en ambas instancias. III) Regular los honorarios de representación y patrocinio de la actora, demandada, tercero citado y perito contadora en los porcentuales del .%, .% .% y .% del monto de condena – capital e intereses- que resulte al practicarse liquidación.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1o de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN No 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

CARLOS POSE

JUEZ DE CAMARA

ANTE MI:

GRACIELA L. CRAIG

JUEZA DE CAMARA

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