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#Fallos Remuneraciones: La incidencia del bono anual no debe integrar la base de cálculo de la mejor remuneración mensual si dependía del cumplimiento de determinados objetivos

Partes: Alarcón María Concepción c/ Agfa Graphics Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 29 de marzo de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137483-AR|MJJ137483|MJJ137483

La incidencia del bono anual no debe integrar la base de cálculo de la mejor remuneración mensual si dependía del cumplimiento de determinados objetivos.

Sumario:
1.-Es improcedente computar la incidencia del bono anual en la base de cálculo de la mejor remuneración mensual en los términos del art. 245 LCT, si la percepción de ese bonus estaba condicionada al cumplimiento de determinados objetivos y a la evaluación del desempeño de les trabajadores, es decir, que no formaba parte de la remuneración mensual habitual y, al contrario, dependía del cumplimiento de determinados objetivos, sin perjuicio de que no existe obstáculo alguno para viabilizar el reclamo de la parte proporcional de dicho bono al tiempo correspondiente al último año trabajado y ello por aplicación de la doctrina sentada en el fallo ‘Piñol c/Genovesi’ puesto que el rubro tiene carácter remuneratorio que deriva de su habitualidad en el pago a lo largo de los años.

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2.-Aún cuando en ejercicio de su cargo el actor debiera hacer uso del teléfono móvil o de internet para trabajo remoto o ‘home office’, lo cierto es que ello es cierto solo en la medida afectada al trabajo puesto que al no impedírsele su utilización para fines particulares (extremo no acreditado en autos), el pago de ambas líneas (móvil e internet) representaron para él una ventaja patrimonial, por lo cual debe admitirse la naturaleza salarial de la prestación en especie del uso de telefonía móvil sólo por el 50% del costo total del servicio invocado.

3.-No puede negarse que la mejora de las prestaciones que implica la contratación de una más amplia cobertura médica a la que los trabajadores no tendrían acceso de mantenerse en el régimen de obra sociales, implica un beneficio patrimonial para el trabajador y su familia que integra el sinalagma contractual y que, obviamente, habría sido merituado al tiempo de la contratación, por lo que aún no reemplazando este mejor servicio un gasto necesario (puesto que el servicio básico estaría cubierto por el sistema nacional de salud), representa para el destinatario una mejora susceptible de apreciación pecuniaria que bien puede calificarse como ‘ventaja patrimonial’ obtenida como contraprestación de la fuerza de trabajo puesta a disposición, por lo cual el rubro tiene carácter remuneratorio.

4.-No puede negarse la mejora de las prestaciones que implica la concesión de un espacio de cochera, que ha implicado un beneficio patrimonial para el trabajador que solo encuentra su justificación en el sinalagma contractual y que, razonablemente ha debido ser merituado al tiempo de la contratación, por lo que aún no reemplazando este servicio un gasto necesario o imprescindible, ha representado para el destinatario una mejora susceptible de apreciación pecuniaria que bien puede calificarse como ‘ventaja patrimonial’ obtenida como contraprestación de la fuerza de trabajo puesta a disposición y permite considerar que el rubro tiene carácter remuneratorio.

Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, luego de deliberar, a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, los integrantes de la Sala II, practicado el sorteo pertinente, en la fecha de firma indicada al pie de la presente proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Andrea Érica García Vior dijo:

Contra la sentencia dictada el 10/11/2021, se alza la parte actora en los términos que vierte en el escrito incorporado al sistema Lex 100 el 19/11/2021 y que mereció réplica de la contraria con fecha 26/11/2021. Asimismo, la perita contadora cuestionó la regulación de honorarios efectuada en su favor, por reducida.

Se agravia la parte actora porque el Sr. Juez de la anterior instancia aplicó el tope convencional previsto en el CCT 130/75; porque consideró que el bono anual reclamado constituyó una evaluación de desempeño sujeto al cumplimiento de determinados objetivos; y, porque, entendió que la suma abonada en concepto de «internet y celular» eran herramientas de trabajo. Asimismo, se queja porque el judicante consideró que los gastos de automóvil (nafta y cochera) eran abonados como consecuencia de la prestación laboral y porque concluyó que la suma abonada en concepto de medicina prepaga (OSDE) era un beneficio social. Asimismo, cuestiona que el sentenciante haya considero que la suma abonada en concepto de «gimnasio» no era remunerativa; porque no hizo lugar a la multa del art. 80 LCT; y, porque desestimó el incremento del art. 2 de la ley 25.323.

Critica el modo en que fueron impuestas las costas.

I.- En primer lugar, corresponde señalar que la decisión del judicante respecto de la no viabilización del carácter remuneratorio del rubro «medicamentos» y el rechazo del incremento establecido en el art. 1 de la ley 25.323, no fue objeto de agravio en concreto por parte de la apelante, por lo que arriba firme a esta Alzada y resulta irrevisable en esta instancia (cfr. art.116 LO).

II.- Se agravia la accionante porque el Sr. Juez de grado desestimó el reclamo en concepto de bono anual. Cuestiona los argumentos del fallo y el modo en que fue valorada la prueba testimonial y destaca que, a su modo de ver, quedó acreditado el derecho a la percepción de la suma adeudada por el mencionado rubro.

El Sr. Juez de la anterior instancia señaló sobre esta cuestión que «en el detalle realizado por la perito contadora resulta que el bono aparece pagado en abril de 2017 por la suma de $131.752,28. Pero el testigo mencionado previamente (Olviva) dirá respecto a este punto que «había un bono anual que se cobraba una vez al año, en el caso de los gerentes tenía tres componentes, un resultado de cumplimiento de objetivos personales, regionales y corporativos a nivel local, eso se cobraba una vez al año dependiendo de los resultados, podría hablarse de entre dos y cuatro sueldos, podía variar según esta mezcla de resultados». Continúa explicando que se establecía «según los objetivos que fijara su jefe, el regional, basados en resultados de Latinoamérica y el corporativo venía de afuera, era el resultado de la empresa globalmente. Destaco que corresponde memorar que el Fallo Plenario dictado por la Excma. CNAT el 19.11.2009 en autos «Tulosai Alberto Pascual c/ Banco Central de la República Argentina s/ Ley 25.561» establece que «descartada la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador no debe computarse a los efectos de determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del art.245 de la LCT». «Esto es justamente lo que sucede en el caso puesto que así lo ha dejado claro el testigo Olviva, por lo cual entiendo que la incidencia del bonus anual no debe computarse sobre la base de cálculo de las indemnizaciones derivadas del despido».

En el caso, como fue señalado en la sentencia recurrida, la percepción del bonus en cuestión estaba condicionada al cumplimiento de determinados objetivos y a la evaluación del desempeño de les trabajadores. Obsérvese que el único testigo en declarar -a propuesta de la parte actora- (Olviva) si bien afirmó que había un bono anual que se cobraba una vez al año, luego explicó que, en el caso de los gerentes, éste tenía tres componentes, un resultado de cumplimiento de objetivos personales, regionales y corporativos a nivel local y que se cobraba una vez al año dependiendo de los resultados. Lo expuesto por el mencionado deponente, aparece corroborado por el testigo Gerosa -propuesto por la demandada- quien, si bien también indicó que la remuneración de la actora estaba compuesta por un sueldo fijo y un bono anual, lo cierto es que luego explicó que ello dependía del cumplimiento de objetivos que la hubiera fijado su jefe directo. Por ello, en tanto no fue demostrado que el bonus en cuestión haya formado parte de la remuneración mensual habitual de la trabajadora y que, al contrario, dependía del cumplimiento de determinados objetivos, por lo que corresponde desestimar el segmento recursivo de la parte actora y mantener lo resuelto en la instancia de origen, en este aspecto.

Si bien lo expuesto me lleva a no computar la incidencia del bono anual en la base de cálculo de la mejor remuneración mensual en los términos del art.245 LCT, no advierto obstáculo alguno para viabilizar el reclamo de la parte proporcional de dicho bono al tiempo correspondiente al último año trabajado y ello por aplicación de la doctrina sentada en el fallo «Piñol c/Genovesi» puesto que el hecho de que no pueda computarse como integrando la base de la mejor remuneración «mensual» no le quita al rubro el carácter remuneratorio que deriva de su habitualidad en el pago a lo largo de los años. En consecuencia, corresponde diferir a condena por este concepto la suma de $ 68.675,61 determinada por el perito contador por tal concepto en sus presentaciones del 12/11/19 y del 22/11/19.

III.- Se queja la accionante porque el Sr. Juez de la anterior instancia consideró no remunerativo el rubro «uso del celular e internet». También se queja porque la judicante consideró que la suma percibida en concepto de medicina pre-paga (OSDE) constituyó un beneficio social.

Ahora bien, la accionada en el responde reconoció que ambos rubros constituían herramientas de trabajo que utilizaba la actora para el cumplimiento de sus tareas, mas negó que le correspondiese para su uso personal. Agregó que le abonaba a la Sra. Alarcón la diferencia entre el Plan Médico OSDE 410 y los aportes y contribuciones de ley e indicó que esto constituía un beneficio social.

La perita contadora informó que la sociedad demandada le exhibió el analítico de facturación emitido por OSDE correspondiente a los períodos desde agosto y hasta octubre de 2017 en el cual se encontraba incluida la actora como beneficiaria de un plan de «medicina prepaga 2-410». Del detalle brindado por la experta resulta que el total del plan a octubre de 2017 ascendía a $6.914, que el aporte de ley era de $5.353 y la diferencia abonada por del empleador era de $1.561.- (ver fs. 149). También indicó la perita que la demandada no le había exhibido documentación respecto a períodos anteriores.

Surge a su vez del informe contable (ver fs.148vta./149) que la accionada le abonaba la línea del teléfono móvil allí especificado durante el último año de la relación laboral, es decir que el trabajador contaba con el servicio pago por uso de celular y que era suministrado a través de la empresa, encargada de contratarlos y/o brindarlos. Asimismo, indicó la experta que, de los elementos exhibidos por la empresa surgía que la actora estaba habilitada para realizar trabajo remoto por VPN pero que la accionada no le había exhibido documentación al respecto.

El punto en controversia se centra en la naturaleza de tales prestaciones por cuanto en tanto el actor sostiene que al configurar evidentes ventajas patrimoniales derivadas del contrato de trabajo mantenido se trata de conceptos remuneratorios, la empresa califica a las mismas como herramientas o elementos de trabajo que no pueden considerarse contraprestación de los servicios prestados.

Aun cuando en ejercicio de su cargo el actor debiera hacer uso del teléfono móvil o de internet para trabajo remoto o «home office», lo cierto es que ello es cierto solo en la medida afectada al trabajo puesto que al no impedírsele su utilización para fines particulares (extremo no acreditado en autos), el pago de ambas líneas (móvil e internet) representaron para el dependiente una ventaja patrimonial.

En el caso, no surge de la documental analizada que al actor se le hicieran retenciones o descuentos para el pago de los minutos excedentes y la demandada no ha demostrado objetivamente en autos que por el servicio de telefonía móvil o internet la empresa prestataria efectuara facturaciones diferenciadas o dispusiera limitaciones particulares al número de abonado asignado al actor, por lo que he de admitir la naturaleza salarial de la prestación en especie del uso de telefonía móvil pero ello sólo por el 50% del costo total del servicio invocado por la trabajadora (en tanto el infomado por la perita contadora a fs. 149 vta.emana de registros unilaterales de la accionada), esto es por un total promedio de $ 800.- (50% de $ 800= $ 400.-) Igual solución he de aplicar al rubro «internet», en tanto la experta determinó un valor mensual de $ 500.-, por lo que habré de reconocer la suma de $ 250.- en concepto de internet ($ 500 x 50%= $ 250.-).

IV.- En lo concerniente al agravio que gira en torno a la desestimación del carácter remunerativo del costo de la cobertura médica suministrado por la accionada, cabe señalar que la cuestión en tales términos sometida a consideración no resulta novedosa, y aún la doctrina y jurisprudencia especializada continúa debatiendo al respecto, circunstan cia que me lleva a señalar que si bien no desconozco los sólidos argumentos por los cuales varias Salas de esta Cámara de Apelaciones le desconocen naturaleza remuneratoria al beneficio en cuestión (conf. arg. art. 103 bis inciso d) y decreto 137/97), entiendo que no puede negarse que la mejora de las prestaciones que implica la contratación de una más amplia cobertura médica a la que los trabajadores no tendrían acceso de mantenerse en el régimen de obra sociales, implica un beneficio patrimonial para el trabajador y su familia que integra el sinalagma contractual y que, obviamente, habría sido merituado al tiempo de la contratación, por lo que aún no reemplazando este mejor servicio un gasto necesario (puesto que el servicio básico estaría cubierto por el sistema nacional de salud), representa para el destinatario una mejora susceptible de apreciación pecuniaria que bien puede calificarse como «ventaja patrimonial» obtenida como contraprestación de la fuerza de trabajo puesta a disposición.

En tal sentido se ha sostenido que «los llamados «beneficios sociales» deben ser interpretados en forma restrictiva por los efectos que tienen sobre el concepto de remuneración del dependiente. El art. 103 bis LCT en su inciso d) califica como tales los reintegros de gastos médicos contra la entrega de comprobantes.Pero, en el caso, no se ha alegado la existencia de tales reintegros, sino por el contrario, un pago mensual fijo que la demandada efectuaba a fin de que el actor gozara de los servicios médicos de OSDE.

Siendo ello así, el monto en cuestión no es otra cosa que salario abonado en especie, en tanto no se advierte que dicha suma tenga otra causa que la prestación efectiva de servicios del accionante a favor de la demandada en el marco del contrato de trabajo que los vinculaba» (entre otros CNAT, Sala VII, SD 43878 del 24/10/11 «Jordán, Héctor Manuel c/ Benteler Automotive S.A. s/despido» , y en igual sentido CNAT Sala VIII, SD 39341 del 14/2/13 in re «PPD Argentina SA c/Michelini, María Beatriz s/consignación» ).

A su vez, se sostuvo que «el concepto de medicina prepaga reviste carácter remuneratorio en tanto configura una prestación en dinero o en especie otorgada por el empleador, como consecuencia de su condición de trabajador, y constituye una ventaja patrimonial concreta a favor de éste. Hoy en día el beneficio de un servicio de medicina prepaga se utiliza como modo de tentar a los potenciales candidatos a un puesto de trabajo o evitar su migración a otros empleos, dado que la mayoría de las empresas utiliza este método que, en consecuencia, lejos de constituir un beneficio social, forma parte de las cláusulas contractuales en que se sustenta la relación de empleo» (CNAT, Sala VIII; SD 39647 del 29/7/13, «Martínez, Ariel Fernando c/Jumbo Retail Argentina SA s/despido»).

En consecuencia, por lo expuesto, al compartir el criterio de los fallos antes reseñados, de conformidad con lo normado por los artículos 103 LCT y 1o del Convenio 95 OIT y el criterio hermenéutico seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros in re «Pérez, Aníbal Raúl c/Disco SA» (CSJN, sentencia del 1/9/2009 – T. 332 P.2043), cabe otorgar razón también en este aspecto a la actora.

A fin de mensurar la prestación en cuestión no estimo equitativo y razonable estar al valor informado por la perita contadora y que surge de los registros exhibidos por la empleadora (ver fs. 149 vta.) que informó como destinado al pago de la cobertura OSDE 410 en su contabilidad por cuanto no luce representativo del costo real del servicio de medicina prepaga suministrado para la trabajadora y su grupo familiar para la época en que se sucedieron los hechos pudiendo ello deberse al régimen preferencial que con relación a otra empresa del mismo grupo pudiera haberse estatuido en tanto los servicios fueron prestados a través de OSDE S.A. Ante ello y ante la falta de elementos objetivos que me permitan fijar con exactitud el valor o ventaja patrimonial que representó para Alarcon y su grupo familiar (casada) el servicio brindado por la empleadora, estimo prudente y razonable fijar el importe correspondiente a la medicina prepaga en la suma de $ 8.000.- valores del mes de octubre de 2017 (conf. Arts. 56 LO y 56 LCT).

V.- Igual suerte de solución debe obtener el agravio que gira en torno al rechazo de los rubros «gastos de traslado y automóvil» (nafta y cochera) como configurativos de la remuneración habitual.

La accionada en el responde señaló que la empresa también pagaba los gastos del automóvil de la actora pero como consecuencia de su prestación laboral los cuales «incluían los estacionamientos, los peajes, en la medida que hubieran sido realizados en función de su trabajo». Explicó que «al igual que los kilómetros recorridos, estos gastos debían ser rendidos mediante la planilla de reporte de gastos, indicándose la naturaleza del mismo y adjuntándose los respectivos comprobantes». Aclaró que esta suma no era caprichosa ni era un pago marginal dado que era reembolso de gastos en los que incurría la actora en cumplimiento de sus tareas de acuerdo a lo dispuesto por el art.106 de la LCT.

Agregó que la empresa reintegraba los gastos de cochera en los que incurriera el actor con motivo del uso del automóvil para sus funciones laborales, destacando que se le permitía el uso de las cocheras del edificio de la empresa (ver fs. 42 y vta.).

Si bien no desconozco los sólidos argumentos por los cuales algunos tribunales le desconocen naturaleza remuneratoria a beneficios como el que nos ocupa (conf. arg. art. 103 bis LCT), entiendo que no puede negarse la mejora de las prestaciones que implica la concesión de un espacio de cochera, lo que ha implicado un beneficio patrimonial para el trabajador que solo encuentra su justificación en el sinalagma contractual y que, razonablemente ha debido ser merituado al tiempo de la contratación, por lo que aún no reemplazando este servicio un gasto necesario o imprescindible, ha representado para el destinatario una mejora susceptible de apreciación pecuniaria que bien puede calificarse como «ventaja patrimonial» obtenida como contraprestación de la fuerza de trabajo puesta a disposición.

Como he señalado precedentemente los llamados «beneficios sociales» deben ser interpretados en forma restrictiva por los efectos que tienen sobre el concepto de remuneración del dependiente. Siendo ello así, los montos involucrados en las prestaciones no son otra cosa que salario abonado en especie, en tanto no se advierte que dichos beneficios tengan otra causa que la prestación efectiva de servicios.

Ante la falta de elementos objetivos que me permitan establecer con certeza el valor del alquiler de un espacio guardacoches en las cercanías de la sede de la demandada al mes de octubre 2017, teniendo como pauta orientadora los valores mensuales vigentes y las variaciones sufridas en los últimos 5 años, en uso de las facultades conferidas por los arts.56 de la LO y 56 de la LCT estimo prudente y razonable mensurar en dinero el beneficio acordado en la suma mensual de $ 3.700.- y $ 4.000.- en concepto de cochera y nafta, respectivamente.

VI.- Idénticos fundamentos he de considerar para acoger el segmento recursivo de la parte actora que gira en torno a la no viabilización del carácter remuneratorio del rubro «gimnasio». En el caso, la accionante indicó en el inicio que la empleadora «le había contratado un gimnasio» y que dicho beneficio constituía un beneficio remuneratorio.

La declaración de Olviva aporta evidencia objetiva de que, efectivamente, los gerentes, entre los otros beneficios que precisa, cobraban una suma de dinero en concepto de gimnasio que había que rendir (cfr. art. 90 LO).

En consecuencia, por lo expuesto y al compartir el criterio de los fallos antes reseñados (arts. 103 LCT y 1o del Convenio 95 OIT y el criterio hermenéutico seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros in re «Pérez, Aníbal Raúl c/Disco SA», CSJN, sentencia del 1/9/2009 – T. 332 P.2043), cabe adicionar a la base salarial a considerar a los fines indemnizatorios la suma de $500.- que estimo razonable prudencialmente como representativa de los gastos correspondientes a la contratación de un gimnasio a la época del despido.

VII.- De acuerdo a todo lo que llevo dicho, teniendo en cuenta la mejor remuneración mensual informada por la perito contadora de $70.582,87.- (correspondiente a septiembre de 2017) que estaba conformada por $63.392,87.- en concepto de básico + $4.490.- en concepto de adicional por refrigerio + $2.700.- en concepto de ayuda de gastos por guardería, resulta que, incluidos los rubros con carácter remuneratorio reconocidos en esta Alzada, la remuneración de la accionante debió haber alcanzado la suma mensual de $88.032,87.- ($70.582,87.- + $4.000.- en concepto de nafta + $3.700.- en concepto de garaje + $250.- en concepto de internet + $500.- en concepto de gimnasio + $400.- en concepto de uso telefonía celular + $8.000.- en concepto de OSDE 410).

En tal ilación, cabe señalar que la parte actora también se agravió porque el Sr. Juez de la anterior instancia consideró aplicable el tope convencional previsto en el CCT 130/75 cuando, según dice, era personal «fuera de convenio» y porque, además, dicho convenio no resultaba aplicable a la empresa demandada. Destacó que, al estar excluida de cualquier CCT y, cuando nunca fue probado que la empresa tuviera algún CCT aplicable (como lo manda el párrafo 3ro. de esa norma), no correspondería aplicar el tope convencional referido o, en todo caso, el previsto en el CCT 60/89.

Contrariamente a lo sostenido por la apelante, de las constancias de autos y, en particular, del resultado del informe pericial contable (cfr. art. 477 CPCCN), se advierte que, tal como fue afirmado en el responde, la demandada aplicaba en la empresa el CCT 130/75, cuestión ésta que no fue impugnada en tiempo oportuno por la demandante.P or otra parte, cabe resaltar que las argumentaciones vertidas en el memorial recursivo relacionadas con que la accionada debió haber aplicado el CCT 60/89, no fueron esbozadas en el escrito inicial y ni siquiera formuló objeción alguna cuando el perito contador indicó que el convenio colectivo que aplicaba la empresa era el 130/75, por lo que los agravios esgrimidos con relación a esta cuestión lucen extemporáneas y, su tratamiento en esta Alzada, , podría implicar fallar extra petita, soslayar el principio de congruencia (cfr. art. 34, inc. 4 y 163 inc. 6 del CPCC); y, por esa vía, afectar la garantía al derecho de defensa en juicio de la contraparte (cfme. art. 18 C.N.).

En definitiva, tal como señaló el Sr. Juez a quo, corresponde aplicar las prescripciones previstas en el art. 245 LCT, párrafo 3ro., por lo que teniendo en cuenta que el límite de que surge de la doctrina emanada del precedente de la C.S.J.N. «Vizzoti c/ AMSA», resulta que la remuneración de la demandante a los fines indemnizatorios debió haber alcanzado la suma de $58.982,02.- ($88.032,87.- x 67%) en realidad es menor de la que fue considerada por la ex empleadora al momento del distracto ($70.582,87.-), por lo que propicio desestimar los agravios de la parte actora que giran en torno al reconocimiento de una remuneración mayor a los fines indemnizatorios y mantener lo resuelto en la instancia a quo, por los fundamentos aquí expresados.

VIII.- En cuanto al agravio vinculado con la no viabilización del rubro «vacaciones antiguas» (ver liquidación de fs. 11) y su incidencia del SAC, debe ser desestimado pues, dicho rubro, no reúne los recaudos previstos en el art. 65 LO, al no precisar qué período estaría reclamando ni los días pretendidos, por lo que corresponde desestimar el agravio en el punto.

IX.- Se agravia la parte actora porque el Sr. Juez de la anterior instancia rechazó la multa art.80 LCT porque no estaba cumplida la intimación prevista por la norma reglamentaria. Critica los argumentos del fallo y sostiene que, contrariamente a lo sostenido por el sentenciante en la carta documento fechada el 31/01/2018 el apoderado de AGFA, Mariano Martín Pacini sostuvo que rechazaba el telegrama

colacionado No CD 659249704 «por resultar inexacto e improcedente. Los certificados de trabajo se encuentran a su disposición y atento a su actitud remisa para recibirlos, le serán entregados en ocasión de celebrarse la próxima audiencia en el SECLO.».

Indica que, a través de la c.d. mencionada, la accionada reconoció haber sido intimada a hacer entrega del certificado de trabajo y, como no cumplió con el requerimiento, considera que corresponde condenarla al pago de la multa en cuestión.

Considero que no le asiste razón. En efecto, si bien en la c.d. referida la demandada estaría poniendo a disposición el certificado del art. 80 LCT, por lo que correspondería inferir que fue intimada por la trabajadora, lo cierto es que, en la c.d apuntada, la ex empleadora hace referencia a la c.d. «nro. 659249704» que no es la misma que transcribe la demandante en el escrito inicial. Obsérvese que la accionante a fs. 9 vta. transcribe la c.d. nro.860982078, supuestamente remitida con fecha 14/12/17; y si bien la c.d. que envió la demandada con fecha 31/1/2018 estaría respondiendo una supuesta intimación de hacer entrega del certificado de trabajo, lo cierto es que, como señalé, hace referencia a otra epistolar respecto de la cual no existen pruebas que evidencien cuál habría sido la fecha de su remisión, requisito indispensable para analizar la viabilización de la multa en cuestión.

En definitiva, en las presentes actuaciones, la parte actora no acreditó haber enviado la c.d. intimatoria a los fines del art. 80 LCT en tiempo y forma. La c.d que transcribe en la demanda, no es la misma que respondió la demandada a través de la c.d.del 31/1/2018, por lo que no puede considerarse cumplida la intimación que prevé la norma reglamentaria para que proceda la sanción establecida en el mencionado art. 80 LCT.

Por ello, propicio desestimar el segmento recursivo de la parte actora y confirmar lo resuelto en la instancia a quo, en el punto.

X.- La parte actora no efectuó crítica concreta y razonada respecto de la desestimación de las diferencias salariales reclamadas en el inicio por la suma de $17.540.- (cfr. art. 116 LO). Asimismo, el reclamo genérico del escrito inicial invocado en el inicio tampoco cumple los recaudos previstos en el art. 65 LO, en la medida que no explica ni precisa cómo arriba a dicho monto y qué rubros o sumas estaría considerando, por lo que corresponde confirmar lo resuelto en origen y desestimar el agravio.

XI.- No obstante la solución propiciada en el considerando VII, lo cierto es que quedó demostrado en las presentes actuaciones que la trabajadora debió haber devengado una remuneración superior a la reconocida por la ex empleadora y que fue utilizada para efectuar el cómputo de los rubros de la liquidación final que luce expuesta en la copia del recibo de fs. 25, corroborado por la perita contadora. En la especie, la accionante criticó la no viabilización de los rubros indemnización sustitutiva del preaviso computada la incidencia del SAC; la integración del mes de despido, computada la incidencia del SAC; las vacaciones proporcionales c/SAC 2017; el SAC prop. 2017; los días proporcionales de octubre 2017; y, el incremento del art.2o de la ley 25.323 (el cual sólo debe prosperar por las diferencias indemnizatorias adeudadas).

Por ello, aunque advierto que los rubros salariales e indemnizatorios antes referidos lucen abonados conforme el recibo de sueldo antes apuntado, lo cierto y concreto es que las sumas que percibió la trabajadora fueron computadas teniendo en cuenta una remuneración mensual de $70.582,87.-, es decir, menor a la que se determinó en esta Alzada ($88.032,87), por lo que corresponde establecer las diferencias adeudadas a la actora por tales conceptos.

Previo a determinar las diferencias adeudadas a la actora, cabe señalar que el reclamo en concepto de vacaciones no gozadas no tendrá favorable acogimiento en la medida que se observa que la ex empleadora le abonó la suma de $62.112,03.-, es decir, superior a la que le hubiese correspondido de considerarse la remuneración determinada en esta Alzada y que habría alcanzado la suma de $38.147,56.- computada la incidencia del SAC.

Sentado lo expuesto y de acuerdo a todo lo que llevo dicho, la actora resulta acreedora a los siguientes conceptos e importes:

$17.450.- en concepto de diferencia de indemnización sustitutiva de preaviso ($88.032,87 .- menos $70.582,87.- abonados); $1.454,16.- en concepto de diferencia de SAC s/preaviso ($7.336,07.- menos $5.881,91.- abonados); $27.541,71.- en concepto de diferencia de integración mes del despido ($86.360,77.- menos $58.819,06.-abonados); $2.295,14.- en concepto de diferencia de SAC s/integración mes del despido ($7.196,73.- menos $4.901,59.-); $2.438,33.- en concepto de diferencia de haberes por 5 días del mes de octubre 2017 ($14.672,14.- menos $12.233,81.- abonados); $4.606,85.- en concepto de diferencia de SAC prop, 2do. semestre 2017 ($23.230,89.- menos $18.624,04.- abonados); y, $24.370,50.- en concepto de incremento art.2o ley 25.323 (sobre diferencias indemnizatorias adeudadas), todo lo cual arroja un total de $80.156,69 a la que adicionándole la parte proporcional del bono BGP 2017 de $68.675,61 arroja la suma total debida de $148.832,30, la cual propicio diferir a condena con más sus intereses, los que deben aplicarse desde la fecha del despido (5/10/2017) y hasta su efectivo pago de conformidad con las Actas previstas en las Actas 2630 y 2658 de la CNAT, operándose la capitalización dispuesta en el art. 770 inciso b) del CCCN a la fecha de notificación de la demanda (4/9/2018).

XII.- Las solución propuesta conlleva la necesidad de reajustar lo dispuesto en primera instancia en materia de costas y regulaciones de honorarios, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 del CPCCN).

Abstracto deviene, por tanto, el examen de las críticas que se formulan al respecto.

Atento la forma en resolverse la cuestión, propicio imponer las costas de ambas instancias en 60% a cargo de la parte demandada y en el 40% restante a cargo de la parte actora en atención a los mutuos

vencimientos parciales y recíprocos obtenidos (arts. 68 y 71 CPCCN).

De acuerdo al mérito, extensión y calidad de las labores desplegadas en la anterior sede, las leyes vigentes en cada uno de los actos procesales cumplidos (Fallos: 341:1063 ), y de acuerdo a lo establecido en art. 58 inc. a) y d) de la ley 27423 propicio regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en .Umas; de la demandada en . Umas y del perito contador en.Umas (equivalentes, hoy, a $.-; $ .- y $ .-), para cada una de ellos. Asimismo, de conformidad a lo que prevé el artículo 30 de la ley 27423, voto por establecer los honorarios de los abogados de la parte actora y de la demandada, por su desempeño ante esta sede, en .% de lo que a cada una le corresponda percibir por sus tareas en primera instancia.

El Dr.José Alejandro Sudera dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de la Dra. Andrea García Vior, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18345), el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia recurrida y condenar a la demandada AGFA GRAPHICS ARGENTINA S.A. a pagar a la actora ALARCON MARIA CONCEPCION la suma de $148.832,30 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS) con más los intereses dispuestos en el presente pronunciamiento; 2) Imponer las costas de ambas instancias en 60% a cargo de la demandada y en el 40% restante a cargo de la parte actora; 3) Regular los honorarios de primera instancia en forma originara en los importes indicados en el pertinente considerando de esta sentencia, 4) Regular los honorarios de lo s profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en .% de los asignados en origen. 4) Hágase saber a las partes y peritos que rige lo dispuesto por la ley 26685 y Ac. CSJN nro. 38/13, nro. 11/14 y nro. 3/15 a los fines de notificaciones, traslados y presentaciones que se efectúen.

BRS

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

José Alejandro Sudera

Juez de Cámara

Andrea Garcia Vior

Jueza de Cámara

JUAN SEBASTIAN REY

SECRETARIO DE CAMARA

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