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#Fallos Elija la injuria: La indemnización por despido por causa de embarazo es improcedente si la trabajadora optó por resolver la relación laboral por los incumplimientos registrales

Partes: C. M. S. c/ Enrique M. Baya Casal s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 24-feb-2021

Cita: MJ-JU-M-131023-AR | MJJ131023 | MJJ131023

La indemnización por despido por causa de embarazo es improcedente si la trabajadora optó por resolver la relación laboral por los incumplimientos del empleador relativos a la registración del vínculo.

Sumario:

1.-Es improcedente la indemnización que autoriza el art. 178 de la LCT si, pese a que el despido se materializó dentro de los siete meses y medio posteriores al nacimiento del hijo de la trabajadora, lo cierto es que, en el caso, dicha presunción quedó desvirtuada en virtud de los elementos de juicio arribado a la causa porque el despido indirecto no se produjo a causa del embarazo o como una reprimenda por su estado de maternidad debido a que la trabajadora optó por resolver la relación laboral en razón de diversos incumplimientos patronales, relacionado con el pago insuficiente de salarios e incorrecta registración de la jornada, lo que ocurrió con anterioridad al embarazo y al período de sospecha.

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2.-La ausencia de reclamos formales del trabajador previos al despido indirecto no perjudica su derecho toda vez que resulta improcedente la novación objetiva de las cláusulas contractuales con apoyo en el silencio del trabajador durante el lapso anterior a la prescripción, pues ello conduce a aceptar la presunción de la renuncia de derechos derivados del contrato de trabajo, en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12 , 58 y ccdtes. de la L.C.T.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de febrero de 2021, para dictar sentencia en estos autos: «C., M. S. C/ENRIQUE M. BAYA CASAL S.A. S/DESPIDO», se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA GRACIELA L. CARAMBIA DIJO:

I.La sentencia de primera instancia, que hizo lugar en lo principal a la demanda, ha sido apelada por ambas partes (actora y demandada) a tenor de los memoriales que se visualizan en el Sistema de Gestión Lex 100.

La representación letrada de la parte actora apela los honorarios que le fueron regulados, por considerarlos bajos.

II. En virtud de la índole de las cuestiones traídas a conocimiento del Tribunal, abordaré los agravios vertidos por las partes en el orden que sigue teniendo en cuenta la incidencia que cada uno de ellos representa en la solución del pleito.

Comenzaré entonces con el tratamiento de los dos primeros agravios expresados por la demandada los cuales se vinculan a la procedencia de las indemnizaciones por despido y de las diferencias salariales reclamadas, al haber considerado el Sr.Juez «a quo» que la actora se encontraba deficientemente registrada respecto de su verdadera jornada de trabajo.

En primer lugar se agravia la demandada porque considera que se ha efectuado una incorrecta aplicación al caso de los artículos 242 y 246 LCT en tanto sostiene en síntesis y en lo que interesa, que de los antecedentes del caso, la prueba producida y los propios escritos postulatorios, surge el abuso de la trabajadora y los motivos personales que la motivaron a extinguir el vínculo del modo que lo hizo.

En este punto, adelanto que la queja intentada no tendrá favorable acogida en tanto las manifestaciones que vierte el recurrente no son más que meras apreciaciones subjetivas y dogmáticas que no se encuentran avaladas por prueba producida en autos.

La parte demandada pretende hacer valer que han existido motivos distintos que los invocados por la actora en el telegrama rescisorio pero lo cierto es que se ha acreditado que la actora se encontraba deficientemente registrada en cuanto a su jornada de trabajo y ello reviste una injuria de tal gravedad que justifica que la actora se haya colocado en situación de despido.

La recurrente se queja por la valoración de la prueba por la cual el sentenciante consideró acreditado que la actora se desempeñó a jornada completa pero lo cierto es que estaba a cargo de su parte la prueba de la necesidad de haber contratado a la actora a jornada parcial, por ser esta una modalidad excepcional del régimen de jornada y dicha carga no fue cumplida por la demandada.

Se queja en su recurso por la validez que el sentenciante le otorgó a los testigos Juárez, Herzig y Rubio pero lo cierto es que era su parte quien debía acreditar los extremos necesarios para justificar un régimen distinto al ordinario.

Cabe recordar en el punto que si bien es cierto que quien alega un hecho es quien carga con la prueba del mismo, no es menos cierto que frente a los términos que se desprenden de la traba de la litis, no solo la demandada se encontrabaen mejores condiciones de acercar prueba que acreditara su postura, sino que teniendo en cuenta que nos encontramos en un caso en el cual la jornada de trabajo denunciada por la demandada resulta no ser la ordinaria, era ella quien tenía a su cargo la acreditación del cumplimiento de la misma por parte del actor.

En este punto, la accionada no logro acreditar la jornada reducida denunciada pues la testimonial a la que hace referencia no resulta eficaz al efecto por lo que he de desestimar los agravios vinculados a este aspecto de la sentencia.

Por otro lado, tampoco habré de atender el argumento defensivo que ensaya la demandada con sustento en la ausencia de reclamos formales previos, en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido al respecto que es improcedente la novación objetiva de las cláusulas contractuales con apoyo en el silencio del trabajador durante el lapso anterior a la prescripción, pues ello conduce a aceptar la presunción de la renuncia de derechos derivados del contrato de trabajo, en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12, 58 y conc. de la L.C.T. (conf. in re «Padin Capella Jorge D. c/ Litho Formas S.A.» 12/3/87 en Trabajo y Seguridad Social año 1987 p. 790). Por ello, en el caso de autos, no puede invocarse un consentimiento tácito, no sólo por no haber mediado reclamos, sino además porque el silencio del trabajador no implica renuncia a derechos (art. 58 L.C.T.) y el transcurso del tiempo, a todo evento, sólo incide en el plazo de prescripción (art.256 L.C.T.).

Desde tal perspectiva, tal como adelanté entiendo acertada la decisión del sentenciante en cuanto consideró justificada la decisión de la actora de colocarse en situación de despido y, en consecuencia, procedentes las indemnizaciones del despido y las diferencias salariales producto de la deficiencia registral aludida.

En consecuencia, considero que el recurso es inidóneo con miras al fin que se propone, por lo que voto por confirmar la sentencia apelada sin que sea necesario abocarse al análisis del resto de sus críticas en tanto el art. 386 del Cód. Procesal otorga al juez la facultad de apreciar los elementos de prueba según su sana crítica, sin serle exigible la expresión en la sentencia de la valoración de aquellos medios que no resulten esenciales y decisivos para el fallo de la causa.

Por todo lo expuesto, propongo confirmar la sentencia en este sustancial aspecto y desestimar los agravios primero y segundo deducidos por la demandada.

III. Otro aspecto que agravia a la demandada es la procedencia de la multa prevista en el art. 2do de la ley 25.323 pero, en virtud de la solución alcanzada en lo que hace al fondo del asunto, acreditadas los requisitos previstos en la norma para hacer lugar a la sanción aludida, no encuentro razones para apartarme de lo decidido en grado al respecto.

IV. La demandada también se queja por la inclusión en la liquidación de condena de los rubros SAC y vacaciones proporcionales en tanto aduce que los mismos fueron abonados junto con la liquidación final pero, en este punto, tampoco encuentro razón pues los argumentos que indica ni siquiera fueron invocados en el momento procesal oportuno, es decir, al contestar la demanda.

En tanto las defensas que intenta exponer en esta instancia no fueron sometidas a consideración del sentenciante de grado, propongo desestimar el recurso en lo que a ello respecta pues de acceder a su tratamiento se estaría vulnerando el principio de congruencia y el derecho de defensa de la contraparte (cfr. art. 277 CPCCN y art.18 CN).

V. La accionada se queja por la procedencia de la multa prevista en el art. 80 LCT y por la condena a entregar los certificados respectivos pero, en este punto, cabe advertir que el recurso se encuentra desierto pues no menciona argumentos concretos que permitan apartarse de lo resuelto en origen (art. 116 LO).

En líneas generales se queja por lo decidido por el sentenciante pero no se hace cargo de los argumentos en lo que fue fundada la condena refiriéndose en forma genérica a precedentes jurisprudenciales que no lucen concatenados con aspectos concretos del caso de autos.

En consecuencia, no encontrando en este aspecto del recurso elementos objetivos que permitan revisar lo actuado en el punto, propongo desestimar el agravio intentado.

VI. La parte actora, a su turno, se queja porque en primera instancia se rechazó su reclamo fundado en la indemnización agravada prevista en el art. 178 LCT.

En ese sentido, afirma que se debe revocar la sentencia que rechaza la obligación de la empleadora a abonar la indemnización que establece el Art. 178 de LCT, ya que no solo el despido obedeció a razones de maternidad, sino que se produjo dentro del plazo de protección legal y además la empleadora se encontraba en pleno conocimiento del mismo.

Adelanto que, en mi opinión, la queja intentada no tendrá favorable acogida pues comparto la conclusión arribada por el Sr. Juez a quo respecto de que si bien el despido se materializó dentro de los siete meses y medio posteriores al nacimiento del hijo de la trabajadora, resultando aplicable la presunción prevista en la norma, lo cierto es que, en el caso, encuentro que la misma ha resultado desvirtuada en virtud de los elementos de juicio arribado a la causa.

Al igual que el sentenciante de grado entiendo que el despido indirecto en que se colocó la trabajadora no se produjo a causa del embarazo o como una reprimenda por su estado de maternidad resultando así desvirtuada la presunción iuris tantum del art.178 de la LCT.

La recurrente no se hace cargo de los argumentos vertidos por el sentenciante quien hizo mérito de que la trabajadora optó por resolver la relación laboral en razón de diversos incumplimientos patronales, relacionado con el pago insuficiente de salarios e incorrecta registración de la jornada, lo que ocurrió con anterioridad al embarazo, y al período de sospecha.

Por ello, concuerdo con lo decidido en origen respecto de que se ha acreditado que no ha sido dicho estado de maternidad el que motivó los incumplimientos que legitimaron la resolución del contrato de trabajo.

En consecuencia, propongo confirmar lo decidido en grado también en lo que a ello respecta. .

VII. La parte actora también se queja por el rechazo de las multas previstas en la Ley de Empleo pero, en este aspecto, tampoco encuentro que le asista razón ya que no se advierten configuradas en autos los supuestos previstos en la norma para justificar la procedencia de las multas que se pretenden.

El hecho de que existan diferencias salariales a favor de la trabajadora no encuadra dentro de las previsiones que sanciona el art. 10 de la LE por lo que comparto la decisión de origen de haber desestimado la pretensión aludida.

Por idénticas razones tampoco existen fundamentos fácticos y jurídicos que ameriten evaluar la procedencia de la multa del art. 15 LE por lo que propongo desestimar el recurso también en lo que a ello respecta.

VIII. Finalmente, agravia a la parte actora la base remuneratoria tomada por el sentenciante para el cálculo de los rubros de condena.

En este aspecto, entiendo que la queja tampoco puede ser atendida pues el sentenciante tomó en cuenta la remuneración que debió percibir la actora conforme la categoría y la jornada desempeñada por la trabajadora de acuerdo a lo previsto en el CCT 130/75, lo cual luce adecuada de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LCT.

En consecuencia, propongo confirmar lo decidido también al respecto.

IX.Otro aspecto que agravia a la parte actora es la condena a abonar las diferencias salariales en tanto sostiene que no sólo debe tenerse presente al momento de la liquidación de la diferencia entre lo abonado y lo realmente percibido, el salario básico, antigüedad y preceptismo, sino también los conceptos no remunerativos que están establecidos en las escalaras salariales anuales.

En este aspecto el recurso debe ser declarado desierto pues no menciona siquiera la medida de su interés en caso de ser admitido, lo cual resulta ser una carga inexcusable para expresar agravios en tanto se halla cerrado el proceso de conocimiento y las partes tienen todos los elementos para ello.

En consecuencia, en tanto el recurso debe bastarse a sí mismo y no alcanza con remitirse a presentaciones anteriores, propongo desestimar el recurso en lo que a ello respecta.

X. La parte demandada se queja en su recurso por la tasa de interés dispuesta en la sentencia de grado pero lo cierto es que lo resuelto en el punto se encuentra en un todo conforme con lo previsto en las Actas CNAT 2601; 2630 y 2658.

En consecuencia, propongo desestimar este aspecto del recurso.

XI. Finalmente me referiré a los agravios vinculados a la regulación de los honorarios pero, en mi opinión, los mismos se encuentran acordes al mérito y extensión de la labor desarrollada por cada uno de los profesionales actuantes, por lo que propongo que sean confirmados (cfr. art. 38 LO; ley 21.389 y ley 27.423).

XII. Las costas de alzada propongo que sean soportadas en el orden causado teniendo en cuenta la suerte de ambos recurrentes (cfr. art. 68 CPCCN).

Asimismo, sugiero regular los honorarios por la actuación en segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada en el (%) de lo que en definitiva le correspondiere por su actuación en la instancia anterior (art. 14 Ley 27.423).

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA BEATRIZ E. FERDMAN no vota (art. 125 LO).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue motivo de agravios. 2) Imponer las costas de alzada en el orden causado. 3) Regular los honorarios de segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada en el (%) de lo que en definitiva le correspondiere por la actuación en primera instancia. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro.:15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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