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#Fallos Indemnización especial: Se indemniza el daño moral a la trabajadora que denunció haber sido agredida verbal y físicamente por uno de los gerentes en la empresa

Partes: A. L. N. c/ Provincia Seguros S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 11-feb-2021

Cita: MJ-JU-M-130750-AR | MJJ130750 | MJJ130750

La decisión rupturista de la actora resultó justificada al haber sido agredida verbal y físicamente por uno de los gerentes en la empresa. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que consideró que la decisión rupturista de la actora resultó justificiada, pues la misma denunció una agresión verbal y física por parte de uno de los gerentes de la empresa, acaecida en presencia de dependientes de sus compañeros, y según los dichos de las personas que declararon, lo sucedido había repercutido hondamente en la empresa.

2.-Corresponde la punición del art. 2º de la Ley 25.323 porque la actora intimó, infructuosamente, al pago de las indemnizaciones por despido y no se da, en el caso, una situación dudosa que permita la exoneración solicitada: en épocas de altísimo desempleo y ante una gravísima situación social que se traduce en un alarmante incremento de los índices de pobreza, el legislador puede recurrir a instrumentos legales para desalentar tanto las cesantías injustificadas como la falta de pago de las indemnizaciones derivadas del despido arbitrario y, por ende, las previsiones del art. 2º de la Ley 25.323 son aplicables, siendo admisibles sólo la exoneración o reducción de la sanción impuesta en los casos en que exista una controversia seria y fundada sobre la causal del despido.

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3.-La suma informada por el perito contador como mejor retribución mensual, normal y habitual debe ser respetada ya que la accionada no explica siquiera cuál es el supuesto error cometido por el experto en la materia (art. 386 y 477 CPCCN.) y no estamos ante una trabajadora cuyos ingresos mensuales fueron sustancialmente variables para apartarnos del cálculo efectuado sobre la base de un régimen tarifado, esto es los arts. 232 , 233 y 245 de la LCT.

4.-Corresponde fijar el daño moral al equivalente a un año de salarios, pues nos encontramos en presencia de un accionar ilícito que merece una compensación independiente por el agravio moral causado máxime que se detectó la presencia de lesión física: marcas en el brazo.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR CARLOS POSE DIJO:

La empleadora argumenta que la decisión rupturista de la actora resultó injustificada, que el monto de $46.495,46 no puede servir de base para el cálculo de las indemnizaciones tarifadas, que no corresponde aplicar la punición del art. 2º de la ley 25.323, ni sanción por daño moral y que debe rectificarse lo decidido en materia de costas y honorarios; mientras que la actora circunscribe a la cuantificación del daño moral.

Por último, varios de los auxiliares de justicia persiguen la elevación de sus emolumentos profesionales.

El primero de los agravios, apreciado de conformidad con el art. 116 de la LO, es improcedente: la actora denunció una agresión verbal y física por parte de uno de los gerentes de la empresa, acaecida en presencia de dependientes de sus compañeros, y aquélla se demoró en contestar a su requerimiento y, para más, afirmó desconocer los hechos a pesar de que, según los dichos de las personas que declararon en autos, lo sucedido había repercutido hondamente en la empresa (ver testimonial de Yacachury, fs. 274/5 y Agnoli, fs. 276/7, arts. 386 y 456 CPCCN) lo que explica la decisión adoptada por el juzgador en base a los lineamientos del art. 4º de la ley 26.485, cuya operatividad en el proceso no cuestiona la demandada.

Sobre tal base el reclamo indemnizatorios debe prosperar, incluso a lo que hacer a la punición del art. 2º de la ley 25.323 porque A. intimó, infructuosamente, al pago de las indemnizaciones por despido y no se da, en el caso, una situación dudosa que permita la exoneración solicitada:en épocas de altísimo desempleo y ante una gravísima situación social que se traduce en un alarmante incremento de los índices de pobreza, el legislador puede recurrir a instrumentos legales para desalentar tanto las cesantías injustificadas como la falta de pago de las indemnizaciones derivadas del despido arbitrario y, por ende, las previsiones del art. 2º de la ley 25.323 son aplicables, siendo admisibles sólo la exoneración o reducción de la sanción impuesta en los casos en que exista una controversia seria y fundada sobre la causal del despido (CNTr. Sala III, 18/6/02, «Martinez, María Jimena c/ Kapelusz Editora SA», DEL 2003-XVII-650; Sala VI, sent. 70.858, 16/4/18, A., A c/ Hoteles Rodney SRL»).

La suma de $46.495,49 fue informada por el perito contador como mejor retribución mensual, normal y habitual y, en consecuencia, debe ser respetada ya que la accionada no explica siquiera cuál es el supuesto error cometido por el experto en la materia (art. 386 y 477 CPCC) y no estamos ante una trabajadora cuyos ingresos mensuales fueron sustancialmente variables para apartarnos del cálculo efectuado sobre la base de un régimen tarifado, esto es los arts. 232, 233 y 245 de la LCT.

En cuanto al tema del daño moral propiciaré se fije el crédito en $604.441,37 (es decir el equivalente a un año de salarios) por aplicación analógica de los arts. 178 y 182 de la LCT y ello en sustitución del menor monto admitido por el juzgador: $280.000.

Lo expuesto porque nos encontramos en presencia de un accionar ilícito que merece una compensación independiente por el agravio moral causado máxime que se detectó la presencia de lesión física: marcas en el brazo.

Por lo expuesto, estimando correcto en materia de costas (art. 68, primer párrafo, CPCC) y equitativos los honorarios impugnados (art. 38 LO), entiendo corresponde:1) Modificar el fallo de primera instancia elevando el monto de condena a $1.592.459,66; 2) Confirmar lo decidido en materia de costas y honorarios; 3) Imponer las costas de alzada a la demandada y 4) Fijar los honorarios de alzada en el (%) de la suma regulada en la instancia anterior.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la L.O.), el Tribunal RESUELVE:

I) Modificar el pronunciamiento de grado, y elevar el monto de condena a $1.592.459,66 (pesos un millón quinientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve con sesenta y seis centavos).

II) Confirmar lo decidido en materia de costas y honorarios.

III) Imponer las costas de alzada a la parte demandada.

IV) Regular los honorarios de alzada en el (%) de la suma regulada en la instancia anterior.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

CARLOS POSE

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

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