El mobbing no es para todos: Las situaciones tensas que pudieran surgir ante el exceso de horas de trabajo no configura una situación de mobbing

Partes: Tello Borisovsky Tamara Florencia c/ Posnet s/ acción de amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 23-sep-2019

Cita: MJ-JU-M-121469-AR | MJJ121469 | MJJ121469

Las situaciones tensas que pudieran surgir ante el exceso de horas de trabajo no configura una situación de mobbing.

Sumario:

1.-Cabe rechazar el reclamo indemnizatorio fundado en una situación de hostigamiento institucional o mobbing, pues no surge de las pruebas aportas que la actora hubiera sido maltratada y hostigada en tanto no se demostró la existencia de un ambiente de trabajo de presiones y malos tratos ni que las labores asignadas excedieran sus obligaciones, es decir, no surge acreditado que sufriera un proceso de maltrato psicológico que hubiera atentado contra su personalidad, dignidad o integridad física y psíquica y que ello pusiera en peligro su empleo o degradara el clima laboral, siendo que las situaciones tensas que pudieran haber ocurrido por un exceso de horas de trabajo no pueden calificarse de ese modo.

2.-Es improcedente tener por configurado el acoso sexual invocado por la trabajadora o la inadecuada respuesta de la empleadora así como el hostigamiento institucional invocado en la demanda, pues lo cierto es que de los correos electrónicos dirigidos desde la casilla de correo de otro dependiente a la actora y de los mensajes de whatsapp enviados recíprocamente entre ésta y aquel no se advierte una repuesta de repudio o rechazo en modo alguno de la actora sino, por el contrario, se observa cierta bilateralidad/reciprocidad en la comunicación que denotan una relación que podría considerarse que excede el marco de un vínculo de trabajo.

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3.-Para que nazca el deber patronal de reincorporar al dependiente que ya agotó su licencia paga conforme el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y se encuentra en período de reserva del puesto, debe mediar una clara y precisa indicación médica -expresada, en términos médico profesionales, como alta médica- de que ha desaparecido el estado de incapacidad temporal que justificaba esos sucesivos encuadres legales y de que la minusvalía parcial a la que alude el art. 212 en su primer párrafo ha pasado a ser definitiva.

4.-La trabajadora no tenía derecho a solicitar el cese del período de reserva de puesto y su consecuente reincorporación al trabajo por cuanto en el caso la empleadora no estaba obligada a darle nuevamente tareas debido a que si bien el médico indicó que aquella se encontraba recuperada del trastorno por stress post traumático que padeciera, esa aseveración -que no luce fundada siquiera mínimamente- no suple la falta de expresión clara, precisa y concreta referida al alta médica con incapacidad parcial definitiva puesto que ello constituye un acto médico legal de alcances y exigencias específicas que no es posible soslayar cuando se trata de imponer consecuencias jurídicas trascendentes a terceros.

Fallo:

Buenos Aires, 23/09/19

El DR. GREGORIO CORACH dijo:

Llegan los presentes actuados a esta instancia a propósito de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia, interponen la parte demandada a fs. 165 y la parte actora a fs. 107, ambas expresando agravios a fs. 169/171 y fs. 172/187 respectivamente. Las réplicas obran a fs. 190/192 y fs. 194/195.

Se queja la accionada por cuanto el sentenciante de grado sostiene que el alta médica de la trabajadora se habría producido el 14/8/17. Cuestiona la valoración de los elementos de prueba arrimados a la causa.

Por su parte, la demandante critica la decisión del «a quo» en tanto consideró que en el supuesto bajo análisis no se acreditó el acoso sexual del gerente a la trabajadora. Se agravia por la valoración de las constancias probatorias obrantes en autos. Señala que el fallo ignora lo dispuesto en el art. 2 inc. f de la ley 26.435 y la cláusula del art. 31 del mismo plexo legal.

Indica que los mensajes de whatsapps a los que hace referencia el magistrado no fueron reconocidos. Sostiene que no hay prueba de la suspensión de dos días y del traslado del gerente.

Apela el rechazo del daño moral y de una suma en reparación de los gastos de tratamiento médico. Cita jurisprudencia.

Razones de índole metodológico me llevan a examinar en primer lugar los agravios vertidos por la demandada.

Anticipo que, por mi intermedio, la queja tendrá favorable recepción en lo principal que pretende.

Arriba firme a esta alzada que a partir del 5/1/17 la actora comenzó a gozar de la licencia por enfermedad. Tampoco se discute que desde el 7/7/17 iniciaba el período de conservación del puesto de trabajo (ver fs. 29 del sobre obrante a fs. 4).

De la prueba documental acompañada se desprende que el 14/8/17 la actora tuvo el alta médica en los siguientes términos:».se encuentra recuperada del trastorno por stress post traumático que padeciera. Se otorga alta médica condicionada al cambio de funciones y de ambiente laboral que colabore en su total restablecimiento y le evite recaídas. Debe continuar en tratamiento psicoterapéutico y controles psiquiátricos período».

Del mencionado certificado médico no puede inferirse que la empleadora tomara conocimiento fehaciente de cuales eran las limitaciones que contenía el alta médica de la actora en tanto en el mismo sólo indica cambio de tareas y ambiente laboral sin brindar especificación alguna.

Contrariamente a lo señalado en la instancia anterior a mi modo de ver el certificado no cumple con la finalidad en tanto del mismo no se infiere cuáles serían las tareas y lugar de trabajo con la aptitud física y psíquica de la actora que el experto consideraría acordes a la capacidad actual de la actora.

Desde esta línea argumental considero que el alta médica otorgada a la actora no es definitiva ni total y, en esas condiciones, no se encontraba capacitada para retomar su labor en ese establecimiento de la demandada. En efecto, las restricciones que se desprenden del antes citado certificado de alta médica que le fue otorgado corroboran dicha circunstancia en cuanto a que el alta médica laboral otorgada a la actora era de carácter «parcial».

En efecto, conforme con lo normado por los arts. 208 al 212 de la LCT la actora sólo podía reintegrarse a sus tareas una vez obtenida el alta médica definitiva, extremo que no surge del certificado médico reseñado.No puede inferirse una disminución permanente parcial de la capacidad de la trabajadora donde la obligación principal del empleador consistiría en reasignar funciones que aquella habría de cumplir.

Tal como apunté precedentemente, el instrumento esgrimido por la demandante no indica que el profesional médico hubiese otorgado alta médica con incapacidad parcial definitiva sino que, a la inversa, recordó que seguía bajo tratamiento, dato que permite considerar -además- que persistía la situación de minusvalía temporal. Nótese que el experto indicó «.debe continuar en tratamiento psicoterapéutico y controle psiquiátricos períodicos».

Si bien el médico indicó que «se encuentra recuperada del trastorno por stress post traumático que padeciera», opino que esa aseveración -que, por otra parte, no luce fundada siquiera mínimamente- no suple la falta de expresión clara, precisa y concreta referida al alta médica con incapacidad parcial definitiva puesto que ello constituye un acto médico legal de alcances y exigencias específicas que no es posible soslayar cuando se trata de imponer consecuencias jurídicas trascendentes a terceros.

En este sentido cabe tener en cuenta que, para que nazca el deber patronal de reincorporar al dependiente que ya agotó su licencia paga conforme el art. 208 LCT y se encuentra en período de reserva del puesto, debe mediar una clara y precisa indicación médica – expresada, en términos médico profesionales, como alta médica- de que ha desaparecido el estado de incapacidad temporal que justificaba esos sucesivos encuadres legales y de que la minusvalía parcial a la que alude el art. 212 en su primer párrafo ha pasado a ser definitiva (ver en similar sentido, Expte.Nº: 59950/2012 «Fernández Lidia Elina c/ Supermercados Mayoristas Makro SA s/ despido» Sala II de la CNAT).

En otras palabras, previo a que la demandada debiera probar la falta de disponibilidad necesaria de su parte para reinstalarla al establecimiento y otorgarle tareas conforme la prescripción médica, la actora debió demostrar fehacientemente que tenía el alta definitiva y cúales eran las labores que se le debían asignar de acuerdo con su aptitud psicofísica (art. 377 C.P.C.C.N.).

Desde esta perspectiva de pensamiento, opino que la demandante no tenía derecho con base al certificado médico acompañado en autos a solicitar el cese del período de reserva de puesto y su consecuente reincorporación al trabajo por cuanto, reitero, la demandada no tenía obligación de darle nuevamente tareas en ese estado incierto del proceso incapacitante.

Por lo expuesto, considero que no se encontraban reunidas las condiciones para que la actora se reincorpore al establecimiento de la demandada.

Atento la solución del litigio que propongo no cabe más que dejar sin efecto la condena a la demandada a abonar los salarios caídos por el período posterior al alta médica de la actora.

Seguidamente analizaré el recurso de apelación deducido por la parte actora.

Contrariamente a lo pretendido por la recurrente, a mi modo de ver, no ha quedado demostrado en autos el acoso sexual denunciado por la actora ni la inadecuada respuesta de la empleadora así como el hostigamiento institucional invocado en el libelo de inicio.

En efecto, más allá de lo manifestado por la quejosa en el memorial recursivo, lo cierto es que de los correos electrónicos dirigidos desde la casilla del Sr. Bula a la actora y de los mensajes de whatsapp enviados recíprocamente entre ésta y el mencionado Bula no se advierte una repuesta de repudio o rechazo en modo alguno de la Sra. Tello Borisovsky.Por el contrario se observa cierta bilateralidad / reciprocidad en la comunicación que denotan una relación que podría considerarse que excede el marco de un vínculo de trabajo.

No obsta a mi ver que el Sr. Bula mantuvo una conducta inadecuada hasta el momento en que la demandante le solicitó que cesara su actitud mediante un correo electrónico el 15 de diciembre de 2016, sin embargo de las constancias probatorias obrantes en la causa se desprende que, luego de dicha circunstancia, el Sr. Bula efectuó el correspondiente pedido de disculpas y a partir de allí no se observa ningún proceder indecoroso o antiético. Al respecto, resalto que de los dichos de la propia demandante se desprende que el Sr. Bula se comportó correctamente (ver fs. 5 del sobre de fs. 3 y fs. 6 del escrito de demanda).

Tampoco obran elementos de prueba que avalen la tesitura de la actora en relación al acoso sexual denunciado. Obsérvese que los testigos Canel (delegado gremial de la demandada fs. 131/133), Lecumberru (delegado gremial de la empresa First Data y la demandada fs. 139/140) y Estéfano (delegada sindical pretenece a la comisión interna que si bien son compañeras de trabajo declara en base a los dichos de la actora, fs. 134/135) no compartían el ámbito de trabajo por lo que los mismos no fueron presenciales de los hechos que relatan sino que declaran en base a comentarios de la propia parte actora, circunstancia que les resta eficacia probatoria y valor convictivo en tanto ello evidencia que se trata de testimonios meramente referenciales y sin eficacia probatoria (art. 90 L.O.). Cabe resaltar que el depontente Lecumberru dio razón de sus dichos porque la actora lo contó a la comisión interna y reuniones de recursos humanos.

A esta altura advierto que ante la actitud indebida y cuestionable del Sr.Bula que fuera calificada por la propia empleadora como inaceptable, ésta decidió sancionarlo y apartarlo del lugar de trabajo con el objetivo de prevenir futuras situaciones con la actora que pudieran perturbar o afligirla de manera física y/o psicológica. Nótese que el testigo Riccio (fs. 125/126) corrobora la postura de la demandada al señalar que se suspendió por dos días, se redujo su premio de bonus y el traslado. Ello también ha sido corroborado con el testimonio del Sr. Bula (ver fs. 136/138) y la testigo Pasquali (fs. 141/142) Desde otra perspectiva, cabe señalar que no ha sido debidamente demostrado el hostigamiento institucional denunciado.

En efecto, no surge de las pruebas aportas que la actora hubiera sido maltratada y hostigada en tanto no se demostró como afirma la demandante la existencia de un ambiente de trabajo de presiones y malos tratos a los que hace referencia al demandar ni que las labores asignadas excedieran sus obligaciones.

Ahora bien, la demandante sostiene su postura en los hechos ocurridos en la primer semana de enero de 2017 momento en el cual la actora manifiesta su disconformidad por el exceso de horas de trabajo sin ayuda alguna y la respo nsabilidad asignada como las presiones y malos tratos recibidos por parte de Marcela Pascualii y Gonzalez Rodriguez Rojas quienes fueran -según afirma- dependientes de la accionada.

Como ya he señalado en otras oportunidades, «el acoso laboral conocido por el uso del vocablo inglés «mobbing» (del verbo «to mob» que significa hostigamiento o acoso) se configura cuando una persona o grupo de ellas, de modo repetitivo y sistemático, adopta una conducta hostil o arbitraria contra el empleado para disminuirlo o desprestigiarlo en el ámbito de la empresa con la finalidad o intención de que abandone el empleo o acepte una disminución en las condiciones de trabajo o sea eliminado del cargo que ocupa.

Sentado ello, advierto que es necesario diferenciar lo que constituye acoso de lo que son las tensiones ordinarias que subyacen en toda comunidad de personas de las que no se encuentra exento el entornolaboral. Es decir, no todas las situaciones que revelen un conflicto entre un trabajador y su superior jerárquico puede calificarse sin más como acoso moral (ver doctrina de mi distinguido colega, Dr. Stortini,»Trabajo igualitario y acoso laboral» en Revista de Derecho Laboral, Discriminación y violencia laboral, tomo II, ed. Rubinzal – Culzoni, 2009, p.445 y sigtes; ver asimismo, S.D. N° 16.626 de esta Sala X del 26/05/2009 «in re» «Bayley Bustamante Lilia María c/Abeledo Gottheil Abogados SC y otro s/despido» , entre otras).

Tampoco constituyen acoso las tensiones propias que pueda haber en situaciones tensas por debido a la cantidad de trabajo.

Asimismo, se ha indicado que: «La presencia de una situación de «mobbing» con consecuencias jurídicas requiere entonces la verificación de un reiterado y regular proceder perverso y además que tenga la finalidad de segregar o eliminar al acosado de la comunidad de trabajo (ob cit. p. 465)».

Desde este ángulo, cabe destacar que en autos no se verifica prueba que evidencie la situación de maltrato, repetitivo y sistemático antes mencionado, y mucho menos la finalidad peyorativa antes indicada. En el caso no surge acreditado que la demandante sufriera un proceso de maltrato psicológico que atentó contra la personalidad, dignidad o integridad física y psíquica y que ello pusiera en peligro su empleo o degradara el clima laboral (conf María F. Hirigoyen «El acoso moral: el maltrato psicológico en la vida cotidiana», Edit. Paidós, Barcelona 1999).

En este orden de ideas, cabe destacar que el stress (o la situación de estrés que denuncia la actora por supuesta presión laboral) no es en sí mismo una enfermedad. Tal como lo describe su descubridor Hans Selys, se trata de un sídrome general de adaptación que es manifestado por el organismo cuando responde a las variaciones del entorno. En la medida en que la vida es un proceso de adaptación permanente con el objeto de mantener el equilibrio dinámico dentro de un marco que permite la continuidad funcional del sistema viviente.El estrés se halla presente en cualquiera de los actos que componen la vida. Desde luego, la necesidad de adaptarse a cambios drásticos o de superar dificultades graves provoca una mayor tensión y desgastes más rápidos capaces de desencadenar o agravar diversas patologías.

También es cierto que algunas tareas son propicias a este agravamiento del desgaste. Pero el trabajo, genéricamente considerado como un factor de esfuerzo, responsabilidad y ansiedad, forma parte de las vicisitudes normales de la vida (como el ajetreo del tránsito urbano, los problemas familiares y las dificultades económicas) y no genera un estrés mayor que la desocupación o el ocio forzoso. Por esta razón, en este particular caso, no considero equitativo apreciar el trabajo como concausa de ciertas afecciones sólo por su incidencia en el estrés a menos que el tipo de tareas o las condiciones de su prestación configuran una causa de estrés apreciablemente mayor que la que puede suponerse normal en la vida de una persona sometida al ambiente en que se mueve (en este sentido, ver CNT, 21/09/93 Martin, Raúl c/ EFA y CNT, 24/04/96: Toutin, Jorge c/ EFA.(5) CNT, 31/08/2001. Pitaro, Mónica c/ La Buenos Aires Compañía de Seguros S.A. s/ Cobro de pesos).

Concluyo así que en la especie no se demostró que hubiera mediado un acto ilícito por parte de la empleadora ni que esta incurriera en actos de violencia psicológica o hubiera acosado a la actora en modo alguno, por lo que no cabe más que desestimar la pretensión de la actora en cuanto a la reparación por stress post traumático.

En definitiva, de prosperar mi voto correspondería:1) Revocar el pronunciamiento de grado y en consecuencia, desestimar la acción entablada por Tamara Florencia Tello Borisovsky contra Posnet SRL en cuanto pretende la readmisión en su puesto de trabajo y fuera materia de reclamo en los presentes actuados, 2) Dejar sin efecto la condena a la demandada a abonar a la trabajadora la suma equivalente a las remuneraciones devengadas desde la fecha del alta médica -14/8/17- y hasta la efectiva reincorporación, 3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, atento la índole de las cuestiones debatidas (art. 68 segundo párrafo del CPCCN), 4) Regular los honorarios del patrocinio letrado de la parte actora y demandada en las sumas de ($.) y ($.) respectivamente a valores actuales (art. 38 de la L.O.), 5) Regular los estipendios del patrocinio letrado de la parte actora y demandada en el (%) de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior.

El DR. DANIEL E. STORTINI dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que precede, adhiero al mismo.

El DR. LEONARDO J. AMBESI: no vota (art. 125 de la L.O.).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar el pronunciamiento de grado y en consecuencia, desestimar la acción entablada por Tamara Florencia Tello Borisovsky contra Posnet SRL en cuanto pretende la readmisión en su puesto de trabajo y fuera materia de reclamo en los presentes actuados, 2) Dejar sin efecto la condena a la demandada a abonar a la trabajadora la suma equivalente a las remuneraciones devengadas desde la fecha del alta médica -14/8/17- y hasta la efectiva reincorporación, 3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, atento la índole de las cuestiones debatidas (art. 68 segundo párrafo del CPCCN), 4) Regular los honorarios del patrocinio letrado de la parte actora y demandada en las sumas de ($.) y ($.) respectivamente a valores actuales (art. 38 de la L.O.), 5) Regular los estipendios del patrocinio letrado de la parte actora y demandada en el (%) de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior, 6) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.-

ANTE MI:

R.B.

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