Una ‘pérdida de confianza’:No se justifica el despido de la trabajadora pues la empleadora estaba en conocimiento de sus inconductas y las consintió

Partes: Ramírez Yésica Analía c/ Fast Food Sudamericana S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 7-may-2019

Cita: MJ-JU-M-118775-AR | MJJ118775 | MJJ118775

No se justifica el despido de la trabajadora pues la empleadora estaba en conocimiento de sus inconductas y las consintió.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que consideró injustificado el despido con causa de la trabajadora, pues la utilización de imputaciones genéricas vertidas en la carta documento que pone fin a la relación laboral resultan insuficientes para conocer los precisos y reales motivos que determinaron la decisión extintiva, en tanto y en cuanto de las mismas no es posible extraer cuáles fueron los hechos que se imputaron en concreto a la trabajadora, en qué circunstancias se produjeron y/o cuándo acontecieron los mismos.

2.-Constituye una carga de la empleadora especificar con identificación de la fecha cierta y hechos concretos el motivo u objeto de la causa de la cesantía decidida y, en el caso, la misiva extintiva y las defensas opuestas por la demandada difieren, extremo que no se encuentra rebatido en los términos del art. 116 de la L.O.

3.-La ‘pérdida de confianza’ que justifique la ruptura del vínculo laboral, debe derivar de un hecho objetivo, que sea injuriante por sí mismo, no pudiendo quedar bajo la mera calificación subjetiva de la empleadora a efectos de corroborar si la máxima sanción impuesta ha sido proporcional y razonable a la eventual falta imputada a la accionante y determinar si pudo ejercer su legítimo derecho de defensa en juicio (cfr. art. 18 CN.).

4.-Los cuestionamientos efectuados en el memorial recursivo no trascienden el marco de una oposición genéricamente discrepante porque pese a la cantidad de denuncias que dice la demandada haber recibido por parte de los empleados que trabajaban con la actora, la única reacción de la demandada habría sido incluirla en un programa denominado ‘retención de talentos’ llevado a cabo en diferentes reuniones, del que surge que la trabajadora -con nueve años de antigüedad- no habría cumplido los objetivos dispuestos pero en modo alguno se recurrió a las suspensiones o apercibimientos usados regularmente, sino que se recurrió directamente a la máxima sanción.

Fallo:

Buenos Aires, 7 de Mayo de 2019

se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I- Contra la sentencia de primera instancia de fs. 350/352 que hizo lugar a la demanda, se alza la parte demandada a tenor del memorial que luce agregado a fs. 353/357, con réplica de la contraria de fs. 359/361.

La perito contadora apela la regulación de sus honorarios por bajos a fs. 352.

La representación letrada de la parte demandada cuestiona la totalidad de los honorarios por altos a fs. 353.

II- La recurrente cuestiona la decisión de la Sra. Juez “a quo” de considerar injustificado el despido con causa. Sostiene que no se valoraron adecuadamente las pruebas colectadas. Apela los rubros diferidos a condena y la imposición de las costas.

Adelanto que de prosperar mi voto, la queja no tendrá favorable recepción.

Ello así por cuanto la recurrente no cuestiona en los términos del art. 116 de la L.O. que el telegrama rescisorio no invoca la existencia de los antecedentes que enumera en forma detallada al contestar demanda y los argumentos que expone en el memorial recursivo carecen de trascendencia para rebatir los fundamentos de dicho pronunciamiento que se advierte sustentado en una valoración en sana crítica de las constancias de la causa dentro del contexto en que se planteó y desarrolló la controversia (cf. arts. 34; 163, 377 y 386 del CPCCN).

Así pues, llega firme a esta Alzada la existencia de inconductas por parte de Ramírez. Sin embargo, la apelante no asume mediante la crítica pertinente (cf. art. 116 de la L.O.) que la misiva rescisoria de fs.83/84, recibida por la actora el 23/05/2014, contiene generalidades, circunstancia que se verifica de la sola lectura de la misiva, la cual denota el incumplimiento de la carga impuesta por el artículo 243 de la L.C.T.

Según dicha norma -estrechamente relacionada con el adecuado despliegue del derecho de defensa-, recae sobre quien pone fin al contrato fundándose en una justa causa, la obligación de comunicarlo por escrito y con expresión suficientemente clara de los motivos de su decisión y agrega que, frente a la posterior demanda, no se admitirá la modificación de la causal de despido ya consignada.

Ahora bien, conforme lo normado por el art. 116 de la L.O., la utilización de fórmulas tales como las vertidas en la carta documento que pone fin a la relación laboral (v. “malos tratos incesantes”, “clima de trabajo hostil”, “generando miedo”, “mirada descalificante”, “tono de voz elevado para con sus empleados a cargo”, “ud. se mostró desinteresada frente a estos comentarios”) representan imputaciones genéricas que resultan insuficientes para conocer los precisos y reales motivos que determinaron la decisión extintiva, en tanto y en cuanto de las mismas no es posible extraer (dado que la demandada omitió precisar) cuáles fueron los hechos que se imputaron en concreto a la trabajadora, en qué circunstancias se produjeron y/o cuándo acontecieron los mismos (advierto que sobre este último punto sólo se indica “el transcurso del último año”.

Así pues, constituye una carga de la empleadora especificar con identificación de la fecha cierta y hechos concretos el motivo u objeto de la causa de la cesantía decidida y, en el caso, la misiva extintiva y las defensas opuestas por la demandada (v. fs. 96 y vta.) difieren y, este extremo, no se encuentra rebatido en los términos del art.116 de la L.O.

Por lo demás, la “pérdida de confianza” que justifique la ruptura del vínculo laboral, debe derivar de un hecho objetivo, que sea injuriante por sí mismo, no pudiendo quedar bajo al mera calificación subjetiva de la empleadora (cfr. arts. 85; 86; 87 y concs. de la L.C.T.) a efectos de corroborar si la máxima sanción impuesta ha sido proporcional y razonable a la eventual falta imputada a la accionante y determinar si pudo ejercer su legítimo derecho de defensa en juicio (cfr. art. 18 C.N.).

Por último, considero que los cuestionamientos efectuados en el memorial recursivo no trascienden el marco de una oposición genéricamente discrepante porque pese a la cantidad de denuncias que dice la demandada haber recibido por parte de los empleados que trabajaban con la actora, la única reacción de la demandada habría sido incluirla en un programa denominado “retención de talentos” (para mejorar sus relaciones interpersonales y desarrollar el liderazgo de un gerente de Burger King, cfe. fs. 76/78) llevado a cabo en diferentes reuniones los días 25/08/2013, 11/10/2013, 1/11/2013, 13/01/2014 del que surge que la trabajadora -con nueve (9) años de antigüedad- no habría cumplido los objetivos dispuestos pero en modo alguno se recurrió a las suspensiones o apercibimientos usados regularmente, tal como se desprende de la documental de fs. 46/54, sino que se recurrió directamente a la máxima sanción.

En suma, con base en todo lo expuesto, resulta adecuado concluir que la demandada estaba en conocimiento de las inconductas de Ramírez y las consintió.

En base a lo resuelto, sugiero desestimar los agravios y confirmar la sentencia de primera instancia en este segmento.

III- El agravio por los rubros diferidos a condena resulta de abstracto tratamiento dada la confirmación que se propone en esta instancia.

IV- No tendrá mejor suerte el agravio que introduce la accionada respecto de la forma en que se calculó el preaviso.Sobre el particular resalto que la apelante soslaya indicar -concretamente- cuál sería el monto a receptar a fin de efectuar los pertinentes cálculos, o a cuánto debería reducirse la condena de prosperar el agravio, todo lo cual incumple con los requisitos exigidos por el art. 116 de la L.O.

V- De acuerdo al modo en que se propone confirmar la sentencia de primera instancia y en virtud de lo dispuesto por el principio rector en materia de costas estatuido por el art. 68 del C.P.C.C.N., estimo justo y equitativo confirmar la imposición de las costas de primera instancia a cargo de la demandada que resultó vencida.

VI- En cuanto a la apelación de honorarios de la representación letrada de la parte demandada por considerar elevados la totalidad delos honorarios regulados y el perito contador que los cuestionó por bajos, teniendo en cuenta el mérito, labor e importancia de los trabajos profesionales desarrollados en la instancia anterior, evaluados en el marco del valor del litigio, constituido en la especie por el capital e intereses de condena, los emolumentos resultan adecuados de conformidad con los parámetros arancelarios previstos en los arts. 6, 7, 8 y concs. ley 21.839, modificada por la ley 24.432, en especial, lo dispuesto por el art. 38 de la L.O., razón por la cual, corresponde su confirmación.

VII- Por la forma en que se resuelve el recurso, sugiero imponer las costas originadas en esta sede a cargo de la demandada vencida (cfr. art. 68 del CPCCN) y, a tal fin, regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada, por sus actuaciones ante esta alzada, en el (%), de lo que, en definitiva, le corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

El Dr. Mario S. Fera dijo: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto precedente.

El Dr. Alvaro E. Balestrini: no vota (art. 125 L.O.).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo que decide y ha sido materia de recursos y/o agravios. 2) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida. 3) Regular los honorarios de los intervinientes en el (%) de los asignados en origen. 4) Hágase saber a las partes y peritos que rige lo dispuesto por la ley 26.685 y Ac. CSJN nro. 38/13, nro. 11/14 y nro. 3/15 a los fines de notificaciones, traslados y presentaciones que se efectúen. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Mario S. Fera

Juez de Cámara

Roberto C. Pompa

Juez de Cámara

Ante mí:

L/T.