Los accidentes de trabajo sufridos por los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y la responsabilidad del Estado

Autor: Loredo, M. Sol

Fecha: 7-jun-2019

Cita: MJ-DOC-14923-AR | MJD14923

Sumario:

I. Introducción. II. Evolución histórica de los fallos de la CSJN sobre la materia. III. Últimos pronunciamientos y postura actual. IV. Los accidentes resarcibles: a) Acción Civil; b) Acción Sistémica V. Los infortunios excluidos. VI. Conclusión.

Doctrina:

Por M. Sol Loredo (*)

I.INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo persigue como objeto desentrañar el derecho que poseen los miembros que integran las fuerzas armadas y de seguridad como consecuencia de los infortunios que puedan sufrir en el desempeño de sus tareas, ya sea por hechos accidentales como aquéllos derivados de los denominados «actos de servicio», esto es, deberes impuestos por las normas que rigen su actividad.

Es sabido que las particulares características inherentes a las funciones encomendadas a dichos agentes llevan a identificar su actividad como intrínsecamente riesgosa, lo cual puede generar un índice mayor de siniestralidad laboral, si se lo compara con lo que podría ocurrir en otro tipo de actividades que conllevan un riesgo menor en su desarrollo.

Sin perjuicio de ello, como se verá, la interpretación del particular conjunto normativo que rige a estas actividades, analizada a través del estudio de la sinuosa jurisprudencia del Alto Tribunal en torno de la solución que debe adoptarse frente a los reclamos sustentados en las normas de derecho común brinda más interrogantes que soluciones, por lo que cabe ingresar, en primer término, en el análisis histórico de dichos pronunciamientos a fin de desentrañar cuáles son las posiciones jurisprudenciales adoptadas sobre la materia en cuestión, para luego analizar el punto desde su aspecto normativo.II.EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE LA MATERIA.

En una primera etapa, el Alto Tribunal sostuvo que quienes integraban las fuerzas armadas -ya sea como parte de su cuerpo permanente o de la denominada reserva incorporada- no podían reclamar por la vía del derecho civil los daños sufridos en actos de servicio pues las relaciones entre éstos y la Nación se gobernaban por los reglamentos que dictara el Congreso y en la medida y extensión que éste estableciera (1).

Con el dictado del fallo en autos «Gunther» (2), la Corte rectificó su postura y resolvió que la existencia de un «retiro alimentario y asistencial» como el previsto en la ley 19.101 no era óbice para que un conscripto obtuviera la reparación fundada en normas de derecho civil sobre la base de la opción prevista en el artículo 17 de la derogada ley 9688, pues entendió, en tal oportunidad, que «los vocablos retiro y pensión no se asocian con la idea de resarcimiento, reparación o indemnización, sino que tienen una notoria resonancia previsional». Dicho principio fue extendido al caso de un suboficial de la Policía Federal Argentina que había sufrido un accidente en un curso de adiestramiento in re «Luján» (3) y, casi tres años después, en el caso «Román» (4) el razonamiento alcanzó a un miembro de la Prefectura Naval Argentina que había padecido un daño al resbalar de una escalera durante el desarrollo de sus labores como retén de ayudante de guardia.

Sin embargo, al resolver el caso «Valenzuela» (5) el Alto Tribunal volvió sobre sus pasos y consideró, nuevamente, que la incorporación voluntaria y sin reservas a las fuerzas armadas vedaba la posibilidad de reclamar la indemnización de los daños sufridos en actos de servicio por la vía del derecho civil, en razón de la existencia de un régimen de tutela específico sobre la materia.Tal criterio fue ratificado en las causas «Bertinotti» (6) y «Perrotta» (7).

Un nuevo giro se produjo en la causa «Mengual» (8), en donde el Tribunal Supremo, juicioso de las históricas oscilaciones en su criterio consideró necesario «efectuar un nuevo examen de la cuestión a fin de evitar que los distintos criterios enunciados precedentemente deriven en líneas jurisprudenciales encontradas» y, en tal contexto, esclareció el interrogante «en pro del afianzamiento de la seguridad jurídica y para evitar situaciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales» determinando, por mayoría, que «no existe óbice alguno para otorgar una indemnización basadas en normas del derecho común a un integrante de las Fuerzas Armadas o de seguridad -ya sea que su incorporación haya sido voluntaria o consecuencia de las disposiciones sobre el servicio militar obligatorio- cuando las normas específicas que rigen a las citadas instituciones no prevén una indemnización sino un haber de retiro de naturaleza previsional». Dicho razonamiento fue extendido a los miembros de la Policía Federal Argentina en el caso «Lupia» (9).

Ésta fue la postura que el Tribunal adoptó -durante casi 12 años- en los casos que eran sometidos a su conocimiento hasta finales del año 2007 (10), mientras que para aquéllos supuestos en los cuales las normas especiales preveían para los daños sufridos una indemnización de carácter militar y no, como en el supuesto analizado en «Mengual», un haber de retiro, por ejemplo lo dispuesto en el art. 76 inc.3) de la ley 19.101, el Alto Tribunal continuó aplicando la doctrina de «Bertinotti» (11), sin perjuicio de lo cual muchos años después declaró de oficio la inconstitucionalidad de la reparación prevista en dicha norma en el caso «Rodríguez Pereyra» (12), pues entendió que la indemnización allí prevista no reparaba integralmente el daño sufrido por el sujeto.

Sentado lo expuesto, resta por analizar una particularísima excepción al criterio del Alto Tribunal, plasmada en la solución adoptada en el caso «Azzetti» (13). En dicho proceso se analizó un reclamo de daños y perjuicios iniciado por un sargento ayudante retirado del Ejército Argentino que presentaba padecimientos psíquicos como consecuencia de su participación en el conflicto armado del Atlántico Sur. En este particular contexto, el Alto Tribunal resolvió por unanimidad (14) que correspondía confirmar la solución adoptada por el tribunal «a quo» que desestimó la demanda del accionante. Para ello señaló que las circunstancias en las que se habían producido los hechos que dieron lugar al reclamo del trabajador no eran similares a las discutidas en los fallos que el Alto Tribunal había entendido hasta ese entonces (15), puesto que ninguno de ellos consistía en daños directamente sufridos en acciones bélicas. Por ello, expresó que «los daños sufridos constituyen una consecuencia del cumplimiento de misiones específicas y legítimas de las fuerzas armadas, características del servicio público de defensa, que no origina responsabilidad del Estado Nacional por su actuación ilegítima ni legítima, más allá de la expresamente legislada en normas específicas» (16), a la par que destacó que «.la responsabilidad por acto bélico tiene reglas propias, pues al asimilarse la guerra a una situación calamitosa y de catástrofe nacional, que repercute sobre toda la sociedad -aun cuando pudiera causar mayores daños al sector encargado de la defensa de la patria-, no puede subsumirse -en principio- en los supuestos de responsabilidad del Estado por acto ilegítimo.Por otro lado, sólo podría admitirse la responsabilidad por acto legítimo en la medida en que circunstancias particulares determinaran un grado de especialidad en el sacrificio, que exigiese en justicia el restablecimiento.» (17).

III.ÚLTIMOS PRONUNCIAMIENTOS Y POSTURA ACTUAL DEL ALTO TRIBUNAL.

Un nuevo capítulo sobre la cuestión fue escrito con base en la postura asentada en los casos «Leston» y «Aragón» (18), en donde el Alto Tribunal extendió la particular doctrina del fallo «Azzetti» a todo el personal de las fuerzas de seguridad. De tal modo, se indica allí en primer lugar que la llave de acceso para resolver los planteos de aquellos agentes que padezcan daños como consecuencia del desempeño de sus tareas consiste en analizar si aquellos reconocen origen «accidental» o son la «mera consecuencia del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas armadas o de seguridad» (19).

En ambos fallos se definieron sucintamente las funciones encomendadas tanto a la Gendarmería Nacional como a la Policía Federal -fuerzas de seguridad a las cuales pertenecían los agentes lesionados-, en base a las normativas que allí se mencionan y se concluyó, en ambos casos, que las «misiones específicas» pueden implicar enfrentamientos armados y que, pese a que aquellas no constituyen acciones bélicas en sentido estricto «están estrechamente relacionados con las funciones típicas de aquélla»; por ello, los daños sufridos como consecuencia de dichos enfrentamientos no generan un derecho al resarcimiento según las normas del derecho común.

Los Dres.Highton de Nolasco y Zaffaroni, en cambio, sustentaron -y con razón- la postura de su voto conjunto disidente en el caso «Aragón» (al cual se remite en «Leston») sobre la base que, a su juicio, las situaciones fácticas analizadas no podían ser equiparadas al supuesto analizado en el caso «Azzetti», pues este último fue oportunamente razonado dentro del particular marco en el cual acaeció el daño, esto es, una acción bélica propiamente dicha, con las particularidades que ello implica -las cuales incluso fueron mencionadas en dicho pronunciamiento-, y por lo tanto, no podría extenderse sin más la solución allí adoptada.

Con posterioridad al dictado de estos significativos pronunciamientos, el Alto Tribunal aclaró dicha doctrina (20) en la causa «García» (21), en donde sostuvo que «.no se hace lugar a la indemnización pedida cuando los daños reclamados provienen de “acciones bélicas” (fuerzas armadas) o “enfrentamientos armados” (fuerzas de seguridad). No cabe, por lo tanto, entender dichas categorías como equiparables a genéricos “actos de servicios”», por lo que sólo los actos de servicio que sean acciones bélicas o enfrentamientos armados son los excluidos del ámbito indemnizatorio, no así los restantes, sin perjuicio de señalar, claro está, que deben acreditarse los presupuestos de responsabilidad necesarios para que progrese la acción resarcitoria.

Sin embargo, desentendiéndose de la aclaración previamente reseñada, acotó aún más los supuestos resarcibles al considerar en la causa «Tittaferrante» (22) que cabía aplicar la doctrina de Leston/Azzetti (23) y rechazar la pretensión resarcitoria de una agente que sufrió daños cuando, al perseguir delincuentes, introdujo fortuitamente su pie en un pozo de una obra pública, por lo que el Alto Tribunal consideró que se trataba de «hechos que autorizan su encuadramiento como “enfrentamiento”». Ello se corresponde con la visión más acotada que el Dr.Lorenzetti expuso en el voto emitido en «García», en donde afirmó que, a su juicio, todos los daños ocurridos como consecuencia de «actos de servicio» que comporten «misiones específicas» de las fuerzas armadas o de seguridad se encuentran excluidos del ámbito indemnizatorio, aspecto que no ha sido considerado por el voto mayoritario, quienes limitaron la exclusión a los enfrentamientos armados y los conflictos bélicos.

Pero en verdad, en el supuesto aquí analizado se advierte la existencia de un hecho que no encuadra en el concepto de «enfrentamiento armado», pues el propio Tribunal reconoce que se trata de un «enfrentamiento» a secas y no se mencionó la intervención de armas antes, durante o después del acaecimiento del infortunio. En tal contexto, considero que el supuesto en estudio resulta ser un hecho meramente accidental, aunque acontecido en el contexto de una misión específica, lo cual, en función de los preceptos enunciados por el voto mayoritario del Alto Tribunal no obstaría a la posibilidad de acceder a la reparación fundada en las normas comunes.Para contribuir a la confusión, cabe señalar la existencia de un fallo en el cual se decidió por unanimidad, mediante remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal -en el cual se alude a la doctrina asentada en los fallos «Mengual» y «Lupia»-, confirmar el fallo apelado que hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios impetrada por una trabajadora del Servicio Penitenciario Federal que había sufrido lesiones al intentar controlar un motín (24). Antes bien, si se analiza la cuestión a la luz de lo expuesto en «García» y «Tittaferrante», toda vez que resulta por demás improbable que se desarrolle un conflicto armado entre los agentes y las personas privadas de la libertad -al menos no en el sentido propio-, el hecho de haber sido atacada la trabajadora por una reclusa con agua hirviendo mientras intentaba contener un motín podría ser equiparado al concepto de «enfrentamiento armado» al que alude el Alto Tribunal; máxime cuando no se encontraba debatido que el hecho había sido caracterizado como sucedido en «acto de servicio» y en el marco de una «misión específica».

No cabe dejar de señalar que, para los daños acaecidos como consecuencia de hechos meramente accidentales, el Alto Tribunal siguió remitiendo a la solución propiciada en «Mengual», incluso después del dictado de «Leston», para aquéllos supuestos en los cuales las normas específicas determinaban únicamente la posibilidad de acceder a un haber de retiro o pensión por los daños sufridos (25).

Sentado lo expuesto, hacia finales del año 2017, el Alto Tribunal, en su nueva composición, comenzó a emitir pronunciamientos en varios casos de aristas similares a los que aquí se vienen analizando (26) -accidentes ocurridos como consecuencia del cumplimiento de misiones específicas (enfrentamientos armados)-, en los cuales mantuvo la solución adoptada en el fallo «Leston» y, por ende, resolvió desestimar la posibilidad de cada uno de los actores de percibir un resarcimiento conforme las normas de derecho común.

Dicha solución fue adoptada por el voto mayoritario de los miembros del Tribunal (Dres. Lorenzetti, Maqueda y Rosenkrantz, mientras que los Dres. Rossati y Highton de Nolasco conformaron el voto disidente), sin perjuicio de señalar que, en función de la modificación de la composición del Alto Tribunal frente a la partida de algunos de los miembros que intervinieron oportunamente en el dictado de dicho pronunciamiento (Dres. Petracchi, Argibay, Zaffaroni y Fayt) y mediante la incorporación de los Dres. Rosatti y Rosenkrantz a fines del año 2015, el cómputo de la mayoría que primó al conocer en la causa «Leston» se había disuelto (en esa oportunidad se decidió con sustento al voto conjunto de los Dres. Lorenzetti, Petracchi, Maqueda y Argibay, mientras que el voto disidente se conformó por la Dra. Highton de Nolasco y el Dr. Zaffaroni).

Al respecto, cabe poner de resalto el pormenorizado análisis que efectúan los Dres. Rosenkrantz y Rosatti respecto del tópico en estudio. Así, a favor de la tesis limitativa -que primó en el voto mayoritario- expuso su postura el primero de ellos, quien señaló que existían previsiones específicas en las normas que regulan la actividad del personal de la Policía Federal Argentina de la cual surge una cobertura especial y diferenciada que no se concede a otros empleados estatales. En tal sentido, afirmó que, al incorporarse a la fuerza, el sujeto asume en forma voluntaria los riesgos de la actividad policial y, asimismo, que los riesgos sean compensados por el Estado a través de los «beneficios especiales» allí establecidos, motivo por el cual deben quedar exceptuados de las normas generales sobre responsabilidad del Estado. Concluyó, asimismo, que los derechos allí reconocidos poseen carácter resarcitorio porque su finalidad es reparar el daño sufrido y que, sumar a ello la percepción de una indemnización resultaría incompatible por verificarse un enriquecimiento indebido.

El Dr. Rosatti, por su parte, secundó el voto minoritario -liderado por la Dra.Highton de Nolasco-, en donde expresó que -a su juicio- no debía negarse la reparación de los daños pues la ley no prevé «un régimen autónomo de resarcimiento» para los supuestos como el analizado en autos y puso de resalto que debía conferirse toda la extensión posible al principio constitucional que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero -contemplado en el art. 19 del texto constitucional-, de modo que hay que evitar interpretaciones o limitaciones reglamentarias que lo desmerezcan. Aludió a la doctrina asentada en los precedentes Mirizzi, Gunther, Mengual y Lupia, en los cuales se resolvió que el pago de un haber de naturaleza previsional o una pensión resultaba perfectamente compatible con la percepción de una indemnización por los perjuicios sufridos y recordó que los vocablos «retiro» y «pensión» no se asocian con la idea de «resarcimiento», «reparación» o «indemnización» sino que poseen una notoria resonancia previsional. Explicó, asimismo, que en atención al carácter alimentario y asistencial del haber previsional o de una pensión se abarcan los distintos aspectos que deben evaluarse a fin de establecerse una reparación y que, más allá de que el sujeto pasivo que debe «asistir y resarcir» es, en ambos casos, el Estado, no puede confundirse la finalidad de uno y otro.Finalmente, compartió con su colega que las particularidades que plantean los conflictos bélicos son sustancialmente heterogéneas a las analizadas en el caso.

Pues bien, pese a la ya mencionada modificación de la integración del Alto Tribunal y sin perjuicio de los vaivenes jurisprudenciales -mediante el dictado de sentencias que parecían contraponerse con la máxima establecida en el precedente «Leston»-, mantuvo el criterio adoptado diez años atrás, lo que permite inferir que actualmente la solución adoptada oportunamente y renovada mediante el dictado de las sentencias mencionadas («Goyenechea», «Cáceres», «Morilla», «D’Aquila», «López», «Villaronga», «Gómez», «Luna», Papanisse», «García» y «Amaya», entre otros) en cuanto se resolvió que únicamente podrán ser resarcidos de acuerdo con las normas comunes aquellos hechos que no sean consecuencia del cumplimiento de «misiones específicas» de las fuerzas armadas y de seguridad constituye, a mi juicio, doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que implicaría que, en función del principio de la obligatoriedad atenuada que rige en materia de fallos del Alto Tribunal, deba ser acatado por los tribunales inferiores siempre y cuando no se aporten nuevos argumentos que justifiquen su apartamiento (27).

Sin embargo, en función de los extremos hasta aquí reseñados, se advierte que no existe una postura consolidada del Alto Tribunal respecto de cuáles serían los hechos que constituyen una «misión específica», que permitiría -en la óptica de la Corte Suprema- excluir la posibilidad de resarcimiento de los daños padecidos de conformidad con las normas civiles, por lo que considero que para el análisis de dicho aspecto, hasta tanto no exista una adecuada aclaración por parte del Máximo Tribunal que se proyecte uniformemente en los distintos pronunciamientos que lleguen a su conocimiento, queda entonces en el arbitrio propio de cada uno de los jueces de los tribunales inferiores determinar si, en el supuesto analizado, el hecho ocurrió en el marco de una misión específica, a la luz de las normas que rigen la materia.

IV.LOS INFORTUNIOS RESARCIBLES.

Del análisis de la doctrina sostenida por el Alto Tribunal actualmente surge que se encuentra vedada la posibilidad de accionar con sustento en las normas de derecho común respecto de aquellos infortunios padecidos por miembros de las fuerzas armadas o de seguridad que hayan acaecido en el marco del cumplimiento de misiones específicas y, dentro de éstas, particularmente las acciones bélicas o enfrentamientos armados, respectivamente. Sin embargo, respecto de los hechos meramente accidentales y aquéllos que, pese a haber ocurrido «en y por acto de servicio» no encuadran en el nicho delineado por la Corte, en atención a la falta de régimen indemnizatorio federal de carácter específico, estos sí podrían ser resarcidos sobre la base de las normas de derecho común que rigen analógicamente a los restantes agentes de la administración.

Es sabido que el legislador es libre de optar entre distintos regímenes de reparación de daños, siempre que se mantengan dentro del límite impuesto por el art.28 de la Constitución Nacional (28). Sin embargo, co mparto el punto de vista del Alto Tribunal en cuanto sostuvo que los regímenes especiales previstos para dar respuesta a los daños sufridos por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad poseen naturaleza eminentemente «previsional» o «asistencial», toda vez que establecen pensiones o haberes de retiro para los supuestos de muerte e incapacidad por actos de servicio en lugar de una reparación, por lo que no advierto inconvenientes para que el afectado acceda, adicionalmente, a la reparación de los daños conforme las normas de derecho común, pues ambos sistemas persiguen distinta finalidad.

Sentado lo expuesto, más allá de la posición más o menos restrictiva que el magistrado pudiera adoptar, cabe desentrañar cuáles son las posibilidades con las que cuenta aquél miembro de las fuerzas armadas o de seguridad que, como consecuencia de un infortunio de trabajo, pretende obtener un resarcimiento por la incapacidad laborativa sufrida.

a)LA ACCIÓN CIVIL.

Como adelanté, pareciera no haber objeciones en cuanto a que todas las incapacidades producidas por hechos que no sean acciones bélicas o enfrentamientos armados pueden ser reparadas mediante la acción civil. Sin embargo, en el Código Civil y Comercial -vigente desde el año 2015- se establece que las disposiciones de responsabilidad civil allí previstas «no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria» y que ella se rige «por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda» (29).

Al respecto, cabe señalar que en el ámbito nacional se dictó en el año 2014 la ley 26.944 de «Responsabilidad Estatal» (30) en donde se establecen los supuestos en los cuales el Estado responderá por su actividad legítima e ilegítima, de acuerdo con normas y principios propios de derecho público (31), sin perjuicio de lo cual se indica expresamente en el art.10 del citado cuerpo normativo que «las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador», lo que torna inaplicables las previsiones de la ley en los casos en estudio.

En igual sentido, cabe señalar que en función de lo normado en el art. 11 de la ley 26.944 y lo dispuesto en el art. 121 de la Constitución Nacional, en el ámbito provincial el día de hoy adhirieron al régimen nacional las provincias de Santa Cruz (32), Santiago del Estero (33) y La Rioja (34), mientras que Chubut (35) dictó su propia normativa aunque excluyó, al igual que el régimen nacional, la posibilidad de responsabilizar al Estado en su carácter de empleador sobre la base de dicha norma. En cambio, la legislación dictada en Mendoza (36) no aclara si sus previsiones se aplican al análisis de la potencial responsabilidad que cabría endilgarle al Estado provincial en su carácter de empleador, por lo que, en tal contexto, sería razonable entender que no existen obstáculos normativos para impetrar una acción tendiente al reconocimiento de una reparación de carácter integral de acuerdo con las normas civiles por los daños sufridos por los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad de aquella provincia.

No soslayo que en la cuarta norma complementaria prevista el artículo 9º de la ley 26.944 se dispone que «La responsabilidad del Estado nacional y de sus funcionarios por los hechos y omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones será objeto de una ley especial» pero, en verdad, la materia de responsabilidad estatal en carácter de empleador no ha sido todavía legislada en el ámbito nacional -y, como se explicó en el párrafo que antecede, tampoco a nivel provincial-, por lo que dicha circunstancia, sumada a la expresa prohibición de aplicación subsidiaria de las normas del Código Civil y Comercial a los supuestos aquí analizados, implica sin duda alguna que el marco normativo actualvedaría de hecho la posibilidad del agente que pertenece a las fuerzas armadas o de seguridad (37) que sufra un infortunio de los considerados «resarcibles» (38) pueda ser indemnizado conforme las normas de derecho común.

Es en este contexto que considero que mientras no exista una ley que regule integralmente la responsabilidad estatal en su carácter de empleador -o, al menos, que se derogue la norma que excluye de dicha ley la materia aquí analizada-, las disposiciones vigentes en la materia resultan claramente inconstitucionales, pues en el diseño actual se le estaría cercenando injustamente a un agente afectado por un infortunio de trabajo la posibilidad de accionar persiguiendo una reparación integral por el discriminatorio motivo de ser un dependiente del Estado, circunstancia que se contrapone con los principios constitucionales de igualdad ante la ley y «alterum non ladere» (arts. 16 , 19 y 28 de la Constitución Nacional) (39).

Es por ello que, según considero, ello generará numerosos planteos de inconstitucionalidad que corresponderá a los jueces su análisis y, de así considerarlo, declarar la inconstitucionalidad del 2º párrafo del art. 10 de la ley 26.944 (o de la norma análoga). Sin embargo, es claro que en atención a las particularidades de la responsabilidad que le cabe al Estado, las circunstancias deben ser analizadas y resueltas conforme a las normas de derecho público, por lo que no se debería acudir a las reglas del Código Civil y Comercial, sino a las restantes previsiones de la ley 26.944, conforme lo expuesto en el primer párrafo del artículo previamente mencionado en cuanto dispone que «en caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en forma supletoria».

b)LA ACCIÓN SISTÉMICA.

La ley 24.557 de Riesgos de Trabajo, cuya entrada en vigencia se produjo en el año 1996, prevé en su art. 2 ap.1 inc.a) que, de manera obligatoria, se encuentran incluidos en su ámbito «los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires» (40), entre los que se encuentran comprendidos los agentes de las fuerzas armadas y de seguridad, por ser todos dependientes del Estado (41) y se aplica, en principio, respecto de todos los accidentes ocurridos «por el hecho o en ocasión de trabajo», los llamados «in itinere» y también las «enfermedades profesionales» padecidas por éstos (42).

Parece claro, a esta altura, que en función de las previsiones de la norma no existiría entonces impedimento alguno a fin de que los agentes que sufran un hecho de los considerados en el art. 6 de la ley 24.557 puedan acceder a la reparación tarifada prevista en dicha norma, previa acreditación de los extremos necesarios para su procedencia.Sin embargo, observo que el Alto Tribunal fue muy cuidadoso al mencionar en los fallos que conforman su doctrina actualmente consolidada que no eran solamente las normas de derecho civil las que no resultaban de aplicación en aquellos supuestos en los cuales se tratara de daños ocurridos como consecuencia de «misiones específicas», sino que allí se hace referencia a la aplicación de las «normas comunes» (43) -en contraposición de las normas federales-, entre las cuales se encuentra naturalmente comprendida la acción sistémica prevista en la Ley de Riesgos de Trabajo.

En mi opinión, ello no debería ser así pues la norma en estudio incluye a dichos sujetos en el régimen general sin efectuar distinción alguna, a la par que tampoco se establece excepción alguna respecto de las contingencias cubiertas por el sistema, lo cual implica, a mi juicio, que no existan fundamentos jurídicos sólidos sobre los cuales se pueda desconocer válidamente el derecho, normativamente consagrado, a percibir la prestación tarifada correspondiente, aun cuando la incapacidad laborativa del sujeto se genere como consecuencia de «misiones específicas» que consistan en enfrentamientos armados y/o acciones bélicas, toda vez que dicha circunstancia debe ser interpretada de modo restrictivo.

En tal sentido, cabe señalar que de acuerdo con el sistema delineado en la ley 24.557, el empleador debe asegurarse obligatoriamente con una ART (44) para hacer frente a las contingencias que puedan sucederle a sus dependientes.Sobre este tema es necesario recalcar que el contrato de seguro es, por naturaleza, aleatorio y por ello, sin perjuicio de reconocer que es un hecho de público y notorio que la actividad llevada a cabo por las fuerzas de seguridad es intrínsecamente riesgosa y que, por ello, los sujetos se encuentran expuestos con mayor intensidad que otros trabajadores a situaciones que pueden derivar en un daño -y grave- para su salud, en verdad ello no implica que, pese a la inherente posibilidad de su acaecimiento, el desempeño de las tareas legalmente encomendadas a dichos agentes derive necesariamente en un daño hacia la persona, de allí que los accidentes de trabajo se denominen «contingencia» (45) en la norma en análisis.

A ello cabe agregar que, en función de lo que hasta aquí se dijo, de seguir las directrices brindadas por el Alto Tribunal sobre este particular aspecto, se llegaría al paradójico resultado de que un miembro de las fuerzas de seguridad (46) que sufra daños como consecuencia de un enfrentamiento armado -o «misión específica»- no podría reclamar indemnización alguna (sin perjuicio de lo normado en materia de pensiones o haberes de retiro por las normas específicas), mientras que otro agente que en circunstancias ajenas al cumplimiento de «misiones específicas» y por hechos «meramente accidentales» -como puede ser un accidente «in itinere»- puede acceder a la reparación -al menos sistémica- sin inconvenientes.

A esta altura considero necesario poner de resalto que, en mi criterio, en función del diseño normativo elegido por el legislador, la reparación sistémica prevista en la ley 24.557 en modo alguno se superpone con la percepción de los haberes previsionales establecidos en cada una de las normas específicas que rigen lo concerniente a cada una de las fuerzas de seguridad para supuestos de lesiones ocurridas durante el cumplimiento de «misiones específicas». Ello es así por cuanto ambos sistemas persiguen distintos fines:el primero tiene por objeto resarcir de manera tarifada los daños padecidos por el agente tomando en consideración las particulares circunstancias de la víctima (edad al momento del hecho, ingreso base mensual, porcentaje de incapacidad) mediante el uso de una fórmula legal y la determinación para algunos supuestos de una compensación adicional, mientras que los haberes de retiro o pensiones previstas en los cuerpos normativos que rigen la actividad estatal se basan en pautas rígidas que no consideran los aspectos anteriores (47).

V.LOS INFORTUNIOS EXCLUIDOS.

Resta entonces analizar aquéllos supuestos que quedarían al margen de toda reparación; éstos son, según lo dictaminó el Alto Tribunal, todos los daños sufridos por los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad ocurridos como consecuencia de un infortunio que ocurra «en y por acto de servicio» y que importe el cumplimiento de una «misión específica» asignada a dichas fuerzas.

Al respecto, considero que el parámetro brindado por el Alto Tribunal en relación con los planteos formulados por agentes de las fuerzas de seguridad -o sus derechohabientes- lleva a adoptar soluciones que no son del todo justas. Es que, en verdad, la función principal de éstas no se erige sobre la base de la necesaria existencia de enfrentamientos armados, sino que éstos aparecen como una posible consecuencia del desarrollo de las labores, que puede concretarse con un grado más o menos alto de probabilidad.

En efecto, de aplicar los preceptos de interpretación brindados por la Corte a un caso hipotético, podría llegar a afirmarse que incluso los daños ocurridos como consecuencia de misiones específicas, pero que no acontezcan en el marco de un «enfrentamiento» (48) podrían ser objeto de una acción que persiga su resarcimiento integral, circunstancia que pone de resalto las diferencias de tratamiento que no encuentran justificación normativa.

Asimismo, en función de lo expuesto en el art.19 de la Constitución Nacional, en cuanto consagra el principio «alterum non laedere» -que se encuentra estrechamente vinculado con la idea de reparación-, considero que la incorporación del agente a la fuerza de seguridad no puede constituir, en modo alguno, una renuncia tácita por parte del sujeto a ser resarcido en el supuesto de que, como consecuencia de la actividad desarrollada, pueda resultar un daño a su integridad psicofísica de acuerdo con normas distintas a las que rigen la actividad que desarrolla. Cabe señalar, en este sentido, que en ninguna de las normas particulares que rigen la actividad de cada una de las fuerzas se establece la indemnidad del Estado en su carácter de empleador o aún la imposibilidad de accionar conforme la acción sistémica o aún sobre la base de las normas civiles (49), ya sea que se trate de un hecho accidental o uno ocurrido en el desempeño de misiones específicas.

Por lo demás, observo que más allá de lo argumentado por la Corte en torno de las previsiones normativas sobre la materia, si la cuestión es analizada desde una perspectiva de justicia y solidaridad, es difícil compartir la solución propiciada por el Tribunal pues, en verdad, una persona que arriesga diariamente la seguridad propia y, en muchos casos, incluso su vida en aras del bienestar general de la sociedad, no debería en modo alguno soportar personalmente las consecuencias dañinas derivadas de los infortunios que sucedan a partir de la actividad del Estado que le ha sido encomendada, negándole la posibilidad de acceder a reparación alguna, so perjuicio de vulnerar el principio de igualdad ante la ley (art.16 de la Carta Magna), más allá del cumplimiento por parte del Estado de los deberes previsionales de asistencia que se imponen a su cargo.

Por ello, del análisis de los extremos hasta aquí mencionados reflexiono que, en relación con los accidentes de trabajo en general y con más intensidad en los ocurridos «en y por acto de servicio», el diseño normativo -en los términos interpretados por el Alto Tribunal- se contrapone palmariamente con lo previsto en el art. 19 de la Constitución Nacional. Es que la tesis limitativa establecida por vía pretoriana no es fácil de conciliar con el sentido de justicia y el bienestar general, si se lo analiza poniendo énfasis en el sujeto damnificado, pues al negarse la posibilidad del agente de acceder a una reparación -ya sea integral o sistémica- por un accidente calificado «en y por acto de servicio» en verdad se coloca al sujeto en peor situación que cualquier otro agente lesionado, por ejemplo, en un accidente «in itinere», quien sí podría acceder a la reparación del daño por tratarse de un hecho «meramente accidental».

Restaría preguntarse cuál es la solución que cabría adoptar respecto de aquél sujeto que, afectado por un hecho que reúna las características mencionadas por el Alto Tribunal para quedar al margen de reparación con sustento en el derecho común, el Estado no le abone las sumas previstas en los regímenes particulares y éste hiciera «opción» de acudir a los tribunales para percibir la reparación integral del daño sufrido.En igual sentido se plantean interrogantes para el supuesto en el cual un agente resulte afectado por un hecho de los excluidos por el Alto Tribunal, pero no reúna los requisitos para acceder al haber previsional previsto en las normas particulares.

A primera vista resultaría claro que el sujeto afectado por el accidente de trabajo ocurrido en el cumplimiento de «misiones específicas» no debería quedar al margen no sólo de toda reparación sino también de toda asistencia estatal, pero, en verdad, el análisis de las implicancias de la doctrina de la Corte -en cuanto se omite integrar dicha circunstancia al razonamiento esbozado- parece ser determinante en este sentido, lo cual pone de resalto aún más la iniquidad de las soluciones que puedan adoptarse.

Sentado lo expuesto y en una nota personal, comparto la postura adoptada por los votos disidentes vertidos en las causas «Aragón» y «Goyenechea» en donde se razona que, en función de las características de los hechos que dieron lugar al reclamo de un miembro de las fuerzas de seguridad afectado por un hecho calificado «en y por acto de servicio» y las sustanciales diferencias que éstas presentan con los conflictos bélicos, no es posible extender sin más el razonamiento empleado en «Azzetti» para desestimar el reclamo fundado en las normas civiles de aquél agente que no intervino en un conflicto armado de características bélicas; ello sin perjuicio de que pudieran erigirse nuevos razonamientos categóricos que justificaren, según las particularidades del contexto en el que acaeció el daño, la imposibilidad de admitir la reparación integral del daño de acuerdo con las normas civiles; máxime en atención a la existencia de una norma que regula exclusivamente la responsabilidad estatal, lo que obliga a analizar los extremos a la luz de lo allí previsto.

En cambio, respecto de los miembros de las fuerzas armadas, la solución propiciada por el Alto Tribunal aparece -a mi juicio- atinada.En efecto, tal como se expresa en los considerandos del fallo «Azzetti», los conflictos bélicos poseen reglas propias, pues se asimilan a una «situación calamitosa y de catástrofe nacional», por lo que la reparación de los daños acaecidos durante el combate se encuentran previstos en normas específicas, que vedan la posibilidad de responsabilizar al Estado por sus consecuencias, salvo que circunstancias particulares determinasen un grado de especialidad en el sacrificio, que exigiese en justicia el restablecimiento del principio de la igualdad ante las cargas públicas. Ello es concordante con lo dispuesto en el art. 21(ref: (40)LEG1280.21) de la Constitución Nacional en cuanto establece la obligación «a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional».

En cambio, ninguna norma constitucional establece similar obligación con relación a la defensa de la seguridad interior (50), circunstancia que torna, en principio, inaplicables las previsiones constitucionales antes mencionadas. Del mismo modo, un enfrentamiento armado concerniente a la seguridad interior ninguna similitud posee con un conflicto bélico, a poco que se observe que no sólo sus características intrínsecas son distintas (en el caso de los conflictos bélicos enfrentan a Estados o sociedades, mientras que los enfrentamientos armados vinculados con la seguridad interior implican la participación de uno o más miembros de las fuerzas de seguridad y de uno o más sujetos que contravienen las normas, a la par que el primero de ellos siempre es armado, mientras que el segundo puede serlo, o no) sino que, incluso, el conflicto bélico requiere declaración de guerra por parte de la autoridad competente (51).

Ello permite distinguir claramente que, pese a que el resultado lesivo resulta por demás probable y las consecuencias para el sujeto involucrado revisten en ambos supuestos potencialmente análoga gravedad, existe una clara diferencia entre la implicancia que conlleva la concreción de las misiones específicas que le son encomendados a las fuerzas armadas y a las de seguridad.A ello cabe agregar que, a diferencia de los enfrentamientos armados en los que intervienen diariamente los miembros de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de misiones específicas, la guerra es un hecho por demás excepcional (52), lo cual justifica su particular régimen.

Es en este contexto que, reitero, no resulta a mi juicio acertado extender la solución adoptada en relación con los daños ocasionados por un conflicto bélico a los miembros de las fuerzas armadas, a los perjuicios sufridos por los agentes de las fuerzas de seguridad.

VI. CONCLUSIÓN

Como se h a visto a lo largo de este trabajo, el tema en análisis genera aun al día de la fecha cuantiosas controversias, no sólo en relación con la naturaleza de la reparación a la que pueden acceder los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, sino respecto de la materia indemnizable.

En tal sentido, cabe señalar que sin perjuicio de la valiosa y crucial tarea llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su carácter de intérprete final de las normas, considero que en función de las limitaciones fijadas por vía pretoriana al sistema de reparación de daños ocurridos a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y los vaivenes históricos suscitados sobre esta materia, las cuestiones aquí analizadas deberían ser objeto de una revisión normativa por parte del Poder Legislativo, mediante la cual se ponga fin a la incertidumbre actual que socava la seguridad jurídica y genera soluciones injustas.

Es sabido que la reparación de daños es una reivindicación constitucional, por lo que, acreditados los presupuestos de responsabilidad, ya sea en el marco de la acción sistémica o del derecho común -readecuados en la ley de responsabilidad estatal- y sin una norma que expresamente vede al agente la posibilidad de accionar contra el Estado, no se advierte fundamento suficiente para restringir el derecho de los sujetos afectados por los daños provocados por los actos de servicioa ser reparados de manera adecuada, conforme lo dispuesto en el art. 19 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, claro está, poco aporta la discusión dialéctica que puede plantearse en cada uno de los casos analizados si, en la práctica, la norma que rige lo concerniente a la responsabilidad estatal no prevé su responsabilidad como empleador, lo cual deja al agente con la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de dicha norma o limitarse, en el mejor de los casos, a accionar sobre la base de las normas de la ley 24.557 con el fin de obtener una reparación tarifada del daño padecido.

Para finalizar, considero necesario mencionar que, desde mi perspectiva, la particularidad del régimen especial debería verse complementado por una indemnización que tienda a resarcir adecuadamente los daños padecidos como consecuencia de los actos de servicio, sin perjuicio de reconocer la posibilidad por parte del magistrado de considerar, como un elemento más a tener en cuenta al momento de determinar el quantum indemnizatorio, que el trabajador haya -o no- obtenido un beneficio netamente asistencial por parte de su empleador como consecuencia del mismo hecho.

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(1) «Ducase, Gregorio E. y Otra c/ Nación Argentina» Fallos 184:378, «Gelman, Juan c/ Nación» Fallos 204:428, «Braza de Moavro, María H.c/ Nación» Fallos 207:176, «Corvalán de Salina, Anacleta c/ Nación» Fallos 291:280, entre otros, conforme lo expuesto en el considerando 5º «Mengual».

(2) «Gunther, Fernando Raúl c/ Nación Argentina» del 5 de agosto de 1986.

(3) «Luján, Honorio Juan c/ Nación Argentina», MJJ46287 del 5 de agosto de 1986.

(4) «Román, Hugo Jorge c/ Prefectura Naval Argentina» del 20 de junio de 1989.

(5) «Valenzuela, Rubén c/ La Nación (Estado Mayor del Ejército) s/ daños y perjuicios», MJJ65354 del 25 de agosto de 1992.

(6) «Bertinotti, Carlos Alberto c/ Estado Nacional (Ejército Argentino) s/ daños y perjuicios» del 06 de octubre de 1992.

(7) «Perrotta, Pablo Santiago c/ Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército Argentino) s/ cobro», MJJ9123 del 22 de diciembre de 1994.

(8) «Mengual, Juan y otra c/ Estado Nacional (M° de Defensa EMGE.) s/ cobro de australes», MJJ5591 del 19 de octubre 1995.

(9) «Lupia, Mario Alberto c/ Estado Nacional -Ministerio del Interior- Policía Federal Argentina s/ accidente de trabajo art. 1113 C.C.», MJJ5650 del 15 de octubre de 1996.

(10) Ver, por ejemplo, «Figueroa, Jorge A. c/ EN – M° del Interior – PFA s/ daños y perjuicios», MJJ37594 del 29 de abril de 2004, «Amarante, Juan José c/ Estado Nacional Minist. de Defensa Estado Mayor del Ejer. s/ accidente en el ámbito militar y f. de seguridad», MJJ18044 del 27 de diciembre de 2006 y «Correa, Darío Alberto c/ Estado Nac. Minist.del Interior Gendarmería Nacional s/ daños y perjuicios» del 05 de junio de 2007.

(11) «Fiakosky, Julio César c/ Gobierno Nacional -Ministerio de Defensa, Ejército Argentino- s/ accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad», MJJ72989 del 24 de agosto de 1995, «Picard, Omar Ceferino c/ Estado Nacional s/ indemnización daños y perjuicios (sumario)», MJJ10500 del 5 de noviembre de 1996 y «Rafaele, Carlos Alberto c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa – Estado Mayor General del Ejército s/ accidente en el ámbito militar y f. seguridad» del 12 de noviembre de 1996.

(12) «Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios», MJJ75923 del 27 de noviembre de 2012.

(13) «Azzetti, Eduardo Narciso c/ la Nación – Estado Mayor General del Ejército s/ accidente en el ámbito militar y f. seguridad», EDJ10640 del 10 de diciembre 1998.

(14) Sin perjuicio de señalar que los Dres. Nazareno, Moliné O’Connor, Fayt, Petracchi y Vázquez emitieron sus votos personales.

(15) «Luján» (Fallos: 308:1109); «Günther» (Fallos: 308:1118); «Román» (Fallos: 312:989); «Valenzuela» (Fallos: 315:1731) y «Mengual»(Fallos 318:1959).

(16) Considerando 6º.

(17) Considerando 7º.

(18) «Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios» y «Aragón, Raúl Enrique c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior Gendarmería Nacional s/ daños y perjuicios», MJJ36894 , ambos del 18 de diciembre de 2007. Ese mismo día también fue sentenciado el expediente «Álvarez, Jorge Osvaldo c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Policía Federal s/ daños y perjuicios» que remite a lo resuelto en «Leston».

(19) Dicho criterio ya había sido planteado con anterioridad en el voto concurrente del Dr. Petracchi en el caso «Román» (Fallos: 312:989) y en el voto conjunto de los Dres.Nazareno, Petracchi y Bossert en el caso «Mengual» (Fallos 318:1959).

(20) De los fallos «Azzetti», «Leston» y «Aragón».

(21) «García, José Manuel c/ Ministerio de Defensa – Ejército Argentino s/daños y perjuicios» del 20 de diciembre de 2011.

(22) «Tittaferrante Mirta Noemí c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios», MJJ93169 del 30/12/2014.

(23) Por su parte, el Dr. Fayt vertió en su voto consideraciones relativas al precedente «Valenzuela», sus disidencias en los casos «Mengual» y «Cantero» y lo expuesto en «Leston», para concluir la imposibilidad de acceder a un resarcimiento por la vía del derecho civil en aquellos daños acaecidos como consecuencia de «actos de servicio».

(24) «González, Liliana Lucía c/ Estado Nacional Argentino – Servicio Penitenciario Federal s/ daños y perjuicios» del 5 de febrero de 2008.

(25) Ver, entre otros, «Remondino, Marcelo Jorge c/ Estado Nacional Argentino (Ministerio de Defensa – Ejército Argentino) s/ reclamos varios» del 20/08/2014, «Matilla, Héctor E. y otro c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios» del 23/06/2011, «Bordagaray, Rubén y otra c/ Fuerza Aérea Argentina s/ sumario» del 31/08/2010, «Díaz, Patricio Osvaldo c/ Estado Nacional – Ejército Arg. s/ daños y perjuicios» del 09/06/2009,«Villegas, Hugo Daniel y otra c/ Estado Nacional —M°de Defensa— Ejército Arg. s/ ordinario» del 14/12/2009 y Alvarado Ronaldo Augusto c/Estado Nacional Argentino – Ejército Argentino – Ministerio de Defensa s/daños y perjuicios del 26/02/2008.

(26) «Goyenechea, Raquel Fermina y otros c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Policía Federal s/ accidente en el ámbito militar y Fzas. de Seg.», MJJ106990 del 26/09/2017, «Cáceres, Jorge Alberto c/ Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos y otro s/ accidente en el ámbito militar y Fzas. de Seg.» del 05/12/2017, «D’ Aquila, Pascual Alejandro c/ Estado Nac. Minist. de Justicia Seg. y DDHH Policía Fed. s/ accidente en el ámbito militar y Fzas.de Seg.» del 26/12/2017, «Morilla, Ángel Arnaldo cl Estado Nacional c/ Ministerio de Justicia Policía Federal Argentina s/ accidente en el ámbito militar y Fzas. de Seg.» del 26/12/2017, «Villaronga, Adrián Ariel c/ Ministerio del Interior s/ accidente en el ámbito militar y Fzas. de Seg.», MJJ109441 del 06/03/2018,«López, Graciela Verónica y otro c/ Estado Nac. Minis. del Interior Policía Federal Argentina si daños y perjuicios» del 06/03/2018, «Gómez, Sara Inés c/ Estado Nac. Minist. de Justicia Seg. y Ochos. Hum. Polo Fed. si accidente en el ámbito militar y Fzas. de Seg.» De23/03/2018, «Orozco, Romina Valeria y otro cl Estado Nac. Minist. de Just. Seg .y Ochos. Hum. Policía Fed. si daños y perjuicios» del 02/05/2018, «Luna, René Jorge y otros c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Policía Federal s/ accidente en el ámbito militar y Fzas. de Seg.». del 22/05/2018, «Papanisse, Dante Daniel c/ Estado Nac. Ministerio de Just. Seguridad DDHH Polo Fed. s/ accidente de trabajo/enfermo prof. acción civil» del 22/05/2018, García María Elba c/ Estado Nacional Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos Policía Federal Argentina s/ accidente -ley especial» del 14/08/2018, «Amaya, Nancy Mabel y otros c/ Estado Nac. Minist. de Just. Seg. i DDHH Policía Federal s/ accidente de trabajo/enferm. prof. acción civil» del 14/08/2018, entre otros.

(27) Conforme se desprende de la doctrina asentada en el caso «Cerámica San Lorenzo» del 04 de julio de 1985 y concordantes.

(28) Ver considerando 13° del voto del Dr. Rosenkrantz en el fallo «Goyenechea».

(29) Arts.1764 y 1765 , respectivamente, del Código Civil y Comercial de la Nación.

(30) Publicada en el B.O el 08/08/2014.

(31) Se exclu ye la aplicación del Código Civil y Comercial pues dichas normas fueron ideadas en base a los principios rectores del derecho civil, tales como la autonomía de la voluntad e igualdad de las partes, aspectos que no se dan en la relación entre el Estado y los particulares, por lo que necesariamente la cuestión debe ser analizada en función de normas propias del derecho público.

(32) Ley 3.396 B.O 27/11/2014.

(33) Ley 7.179 B.O 19/09/2015.

(34) Ley 10.004 B.O 05/09/2017.

(35) Ley 560 B.O 10/08/2015.

(36) Ley 8.968 B.O 11/05/2017.

(37) Y me refiero tanto las que dependen del Estado Nacional (como el Ejército Argentino, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria) como las de todas aquellas provincias que adhirieron al régimen nacional o dictaron sus propias leyes sobre la materia.

(38) De acuerdo con la doctrina limitativa del Alto Tribunal.

(39) Cabe recordar aquí lo expuesto por el Alto Tribunal en la causa «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688», MJJ3125 del 21/09/2004.

(40) No soslayo que ya la ley 9688 -que rigió en materia de accidentes de trabajo desde el año 1915 hasta 1991, cuando fue abrogada mediante el dictado de la ley 24.028 – en el año 1970, la ley 18.913 incorporó al Estado Nacional, las provincias y las municipalidades al régimen de dicha ley «en su carácter de empleadores», con las limitaciones que allí se preveían.(41) El Ejército depende del Ministerio de Defensa de la Nación, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal Argentina dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Servicio Penitenciario Federal depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; luego son dependientes de cada uno de los estados provinciales y de la CABA los cuerpos de Policía locales.

(42) Art. 6 de la ley 24.557

(43) En el considerando 6º in fine de los fallos «Leston» y «Aragón».

(44) O, en su caso, puede autoasegurarse conforme lo dispuesto en el art. 3 apartados 1) y 4) LRT.

(45) Conforme el diccionario online de la Real Academia Española consiste en la «Posibilidad de que algo suceda o no suceda».

(46) O sus derechohabientes.

(47) Se toman como parámetros, en general, la categoría revestida por el agente o los salarios correspondientes a categorías escalafonarias superiores.

(48) Conforme lo expuesto en la causa «García» y, particularmente, lo resuelto en «Tittaferrante».

(49) Como sí lo hacía, por ejemplo, la Ley de Riesgos de Trabajo en su art. 39.1) -actualmente derogado-, el cual fue declarado inconstitucional en numerosas oportunidades, incluso por el Alto Tribunal in re «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidente Ley 9688» del 21 de septiembre de 2004.

(50) Al que se encuentran afectados, entre otros, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y las policías provinciales que adhieran a la norma, conforme lo expuesto en el artículo 7 de la ley 24.059 de «Seguridad Interior».

(51) Art. 99 inciso 15 de la Constitución Nacional.

(52) Los últimos conflictos armados en los cuales participó nuestro país sucedieron hace 24 -Operación Uphold Democracy – y 28 años -la Guerra del Golfo-.

(*) Abogada, Universidad de Morón. Especialización en Derecho Penal, Pontificia Universidad Católica Argentina. Especialización en Derecho Laboral, Pontificia Universidad Católica Argentina.