Trabajo vs. drogas: El trabajador drogadependiente despedido luego del alta médica tiene derecho al resarcimiento del daño moral

Partes: P. N. A. c/ Cargill S.A.C.I. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 7-feb-2019

Cita: MJ-JU-M-117068-AR | MJJ117068 | MJJ117068

El trabajador drogadependiente que fuera despedido luego del alta médica tiene derecho al resarcimiento del daño moral por haberse configurado un hecho discriminatorio en su contra. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que consideró que existió despido discriminatorio del trabajador drogadependiente que fuera despedido tras recibir el alta médica argumentando la empleadora razones de reestructuración, pues no hay en la causa elementos probatorios que justifiquen lo argumentado a través del despido del actor.

2.-Corresponde hacer lugar al agravio de la demandada que cuestiona aspectos relativos a los cálculos de la indemnización sustitutiva del preaviso y la integración del mes de despido, pues para dichos conceptos debió aplicarse la Teoría de la normalidad Próxima.

3.-Si bien el demandado afirma que no corresponde la condena en términos del art. 80 RCT, porque puso los certificados a disposición del demandante y que no se probó que concurriera a retirarlos, la prueba de la mora accipiendi recaía en cabeza del deudor (art. 509 del CCiv.).

4.-Corresponde hacer lugar al reclamo dirigido contra el monto por daño moral e incrementar el mismo, pues los hechos que generaron la petición no son los derivados del despido injustificado sino un supuesto incumplimiento en los deberes de conducta de la demandada hacia el trabajador durante la relación de trabajo por un trato peyorativo pese a la condición de salud por la cual venía atravesando desde hacía más de dos años; máxime que el hecho mismo de haber sido discriminado produce un daño material en tanto afecta la capacidad de ganancia del trabajador pues lo lleva a adoptar posturas más defensivas que impiden el desenvolvimiento adecuado de la personalidad frente a nuevos ambientes de trabajo.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 7 días del mes de FEBRERO de 2019 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

I) La sentencia de primera instancia que luce agregada a fs. 401/402 vta. recibió apelación de ambas partes conformes los agravios expuestos en sus memoriales recursivos de fs. 404/410 -demandada- y 412/418I -actora-, los cuales merecieron sendas respuestas de acuerdo a lo que surge de fs. 420/426 y 431/433. Asimismo a fs.403, la perito contadora Claudia Andrea Cardoso apeló sus honorarios por estimarlos reducidos.

II) Me referiré en primer lugar al planteo revisor articulado por la parte demandada en tanto considera no ha sido acreditado el comportamiento discriminatorio en el despido conforme se invocara en el inicio.

Específicamente sostiene que el hecho de la proximidad entre la fecha del alta médica y la del despido sin causa del actor no puede ser considerado como un indicio válido de que el comportamiento empresario revistió un matiz discriminatorio, pero anticipo que no comparto el argumento esgrimido por el apelante.

Se encuentra fuera de discusión que por un problema de adicción a las drogas, el actor en forma reiterada a partir del año 2009 debió tomar varias licencias por enfermedad, siendo la última de estas ocasionada por una recaída sufrida en el mes de junio de 2012 y por la cual se le habría otorgado el alta con fecha 16/07/2012.

Tampoco está fuera de discusión que en esa misma fecha se le notificó su despido sin causa a través de un acta notarial.

En ocasión de contestar la demanda, la accionada invocó que en “uso de las facultades de organización y administración que le confiere el art. 64 y 65 de la LCT” decidió la desvinculación del actor.Asimismo y pretendiendo profundizar tal vez esa fundamentación en la oportunidad de alegar hizo referencia a “cuestiones de reestructuración” (ver fs. 394 y cc).

Sin perjuicio de esas alusiones genéricas a cuestiones de organización y reestructuración empresarial, no hay en la causa ningún elemento que apoye esas circunstancias. Cabe entonces preguntarse cuál sería la razón por la que la demandada decide ejercer sus facultades de organización, administración y reestructuración empresaria despidiendo a un solo trabajador el mismo día en que se reintegra a su trabajo finiquitada su licencia con el alta médica correspondiente luego de una serie repetida de varias licencias por enfermedad originadas todas en un serio problema de adicción a las drogas.

Conforme los términos en que se ha basado el reclamo, el trabajador tiene la carga de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial que cuestiona lesiona su derecho fundamental, principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél. Pero resulta claro que para que ello se configure no alcanza con la simple alegación de que el despido obedece a causas discriminatorias, por ello es que ha de acreditar la existencia de algún elemento que, si bien no sirva para formar la plena convicción del tribunal sobre la existencia de actos u omisiones que atenten contra el derecho fundamental, lo induzca a considerar de manera racional que ello ha ocurrido.

Una vez configurado el cuadro indiciario precitado, se desplaza la carga probatoria y recae sobre el empleador la acreditación de que su actuación tiene causas reales ajenas a la invocada vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios.Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales, que debe llevar a la convicción del tribunal que tales causas -en el presente organización y reestructuración empresarial- han sido las únicas que han motivado la decisión patronal, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito lesivo de derechos fundamentales. En definitiva, el empleador debe probar que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador.

En última instancia, además, el ejercicio de las facultades organizativas y de reestructuración del empleador no puede servir en ningún caso a la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de derechos fundamentales del trabajador y menos aún que ello le impida reclamar por ello.

Por las consideraciones efectuadas, contrario a lo sostenido en el recurso, considero que en este marco el hecho en sí mismo del cuadro de enfermedad del actor y de las repetidas licencias -aspectos sobre los que no media controversia-, a mi juicio constituyen indicio suficiente.

Sentado lo anterior, la ausencia de elementos probatorios que justifiquen la decisión de “organizar e reestructurar” a través del despido del actor, me conduce a coincidir con la sentenciante de grado en que está demostrado en el presente caso que el despido del actor resulta discriminatorio, razón por la cual propongo confirmar este aspecto del fallo.

En el siguiente agravio la demandada cuestiona algunos aspectos relativos a los cálculos de la indemnización sustitutiva del preaviso, la integración del mes de despido y el SAC proporcional 2012.

En relación con los dos primeros conceptos señalados, la recurrente sostiene que se ha tomado erróneamente para su cómputo, la mejor remuneración, mensual, normal y habitual, cuando para dichos conceptos debió aplicarse la Teoría de la normalidad Próxima.

En atención a que el planteo es correcto, para calcular el monto de la indemnización sustitutiva del preaviso y de la integración del mes de despido, habré de considerar la suma de $ 9.118,12 (resultante del promedio de las remuneraciones percibidas en los últimos 6 meses de relación laboral conforme surge de los recibos obrantes a fs. 50/55).

Así, la indemnización sustitutiva del preaviso -con la incidencia del SAC en su base de cálculo- queda establecida en la suma de $ 19.755,92 .

En cuanto a la integración del mes de despido y SAC proporcional de 2012, habré de propiciar su confirmación en tanto advierto, -si bien la jueza no lo indica expresamente- que en la integración se han calculado no solamente los 15 días restantes hasta completar julio de 2012, sino que también han sido incluidos los 16 días trabajados en mes de julio, los cuales fueron reclamados según surge de la liquidación de fs. 14 vta. y no surge su pago con los recibos correspondientes (conf. art. 138, LCT).

En cuanto al SAC proporcional, cabe realizar el mismo razonamiento, en tanto no solo cabe computarlo sobre los 16 días trabajados de julio sino también su incidencia en la base de cálculo de la integración del mes de despido.

También llega recurrida por la accionada la condena a abonar la multa prevista en el artículo 45 de la ley 25.345 (80 RCT) con fundamento en que fueron puestos a disposición los certificados y no fueron retirados, pero tampoco le asiste razón a la apelante.

Si bien el demandado afirma que no corresponde la condena en términos del artículo 80 RCT, porque puso los certificados a disposición del demandante y que se no probó que concurriera a retirarlos, la prueba de la mora accipiendi recaía en cabeza del deudor (artículo 509 del Código Civil) por lo que, en definitiva, la queja también debe ser desestimada.

Igual suerte habrá de seguir el agravio que cuestiona la condena a hacer entrega de los certificados previstos por el art.80, LCT, en tanto las manifestaciones del recurso no satisfacen la exigencia prevista por el art. 116, L.O.

III) Abordaré a continuación el recurso de apelación articulado por la parte actora.

El primer agravio está dirigido contra el monto por el cual ha sido admitido el daño moral basado en un despido discriminatorio ($ 30.000), el cual es considerado bajo por la recurrente.

Cabe señalar que el incumplimiento del empleador de la obligación de no hacer (no despedir arbitrariamente) genera el nacimiento de la acción de daños y perjuicios. De este modo, el cumplimiento del plazo del contrato constituye para el trabajador un elemento integrante del mismo que, como tal se proyecta como derecho de propiedad en sentido constitucional. Porque hay propiedad, hay resarcimiento necesario que da lugar a la acción indemnizatoria. Todo despido arbitrario causa perjuicio material y moral como consecuencia inmediata, por cuanto son daños que se siguen del despido “.según el curso natural y ordinario de las cosas” (artículo 901 del Código Civil) y, por ende, comprendidos en la tarifa.

En el análisis de las consecuencias inmediatas abstractamente previsibles (elementos que permiten analizar el cumplimiento de la manda constitucional) se debe tener en cuenta en primer término la pérdida de antigüedad, o sea el conjunto de derechos que emergen de la antigüedad en el empleo como los adicionales salariales, el incremento de las licencias ordinarias y extraordinarias, etc. También es una consecuencia inmediata del despido la situación de desempleo en que se coloca al trabajador y que varía de acuerdo al tipo de especialización alcanzada y a la tasa general de desempleo que influye sobre el tiempo promedio de reinserción laboral. En esta enunciación, no puede dejar de valorarse la pérdida del colectivo de pertenencia como daño psicológico (y por tanto material) y moral. Pero lo que no puede dejar de ser tenido en vista, es que el daño por la ruptura contractual se manifiesta en su equivalente:la suma por la que el trabajador consentiría desprenderse de su contrato de trabajo. El empleador no tiene derecho a despedir pagando la obligación de no hacer con la obligación alternativa de daños y perjuicios. Pero estas consecuencias inmediatas son resarcidas por la tarifa o, más técnicamente, por la cláusula penal del artículo 245 RCT, en tanto consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación en cabeza del empleador.

Ahora, para que un daño no esté comprendido en la tarifa debe ser una consecuencia que resulte “. solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto”, es decir, una consecuencia mediata. Así, para que las consecuencias mediatas del incumplimiento contractual sean resarcibles, es menester que exista malicia en el incumplimiento de la obligación (artículos 520 y 521 del Código Civil), rasgo éste que se patentiza en la actitud discriminatoria de la demandada.

La malicia en el incumplimiento de la obligación de no hacer es la causa de resarcimiento extratarifado. Esto es, que se incumpla dolosamente, es decir, a sabiendas y con la intención de dañar.Fuera de estos supuestos, “En el resarcimiento de los daños e intereses sólo se comprenderán los que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación” (artículo 520 del Código Civil).

Por ello, lo que resulta inadmisible es reclamar juntamente daños y perjuicios que son consecuencia inmediata del despido y la cláusula penal del artículo 245 RCT por duplicarse las consecuencias indemnizatorias.

En el caso, los hechos que generaron la acción por daño moral no son los derivados del despido injustificado sino un supuesto incumplimiento en los deberes de conducta de la demandada hacia el trabajador durante la relación de trabajo por un trato peyorativo pese a la condición de salud por la cual venía atravesando desde hacía más de dos años.

Teniendo en cuenta que el hecho mismo de haber sido discriminado produce un daño material en tanto afecta la capacidad de ganancia del trabajador pues lo lleva a adoptar posturas más defensivas que impiden el desenvolvimiento adecuado de la personalidad frente a nuevos ambientes de trabajo. En este marco de análisis considero que la estimación efectuada en la instancia anterior es insuficiente y por ello entiendo adecuado fijar la cuantía del daño moral en la suma de $ 130.000 a valores vigentes a la época de la extinción del contrato de trabajo.

Distinta suerte habrá de seguir el agravio que cuestiona el rechazo de la indemnización prevista por el art.1 de la ley 25.323.

En este aspecto considero que no se ha configurado el presupuesto fáctico que refiere la recurrente, relativo a la incorrecta registración de la fecha de ingreso.

Esto es así, pues llega firme a esta alzada que la demandada se vinculó con el actor por los períodos anteriores al 01/03/2003, bajo la modalidad de contratación por temporada y en tanto ello procedió registrar al trabajador con tantas fechas de ingreso y egreso como contrataciones bajo esa modalidad hubo, coincidiendo la primera de ellas con la fecha que se ha invocado en la demanda (03/1998) de acuerdo a lo que surge de los contratos agregados a fs. 86/91 -reconocidos por el actor a fs. 165 y conforme lo informado por el perito contador en su dictamen a fs. 342/347.

IV) En definitiva de suscitar adhesión mi voto corresponderá que se modifique la sentencia de primera instancia elevándose el capital de condena a la suma de $ 165.269 (como consecuencia de haber reformulado el cálculo de la indemnización sustitutiva del preaviso y elevado el reconocimiento en concepto de daño moral).

Sobre la suma antedicha, se calcularán los intereses conforme lo dispuestos en la instancia anterior.

V) La solución propuesta implica adecuar la imposición de costas y regulación de honorarios de primera instancia (conf. art. 279 CPCCN) y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos planteados en tal sentido.

Las costas en ambas instancias serán soportadas por la parte demandada, vencida en los sustancial (conf. art. 68 CPCCN).

Por otra parte, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 27.423, la observación del art. 64 del texto normativo sancionado por el Congreso de la Nación y la promulgación parcial dispuesta por el decreto 1077/2017 (art.7), corresponde determinar cuál es la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho texto normativo.

Al respecto, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido por mayoría -con arreglo a lo decidido por ese Tribunal ante situaciones sustancialmente análogas- que en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la liquidación (Fallos: 321:146; 328:1381; 329:1066, 3148, entre muchos otros). Por ello, concluyeron que “el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (arg. art. 7 del decreto 1077/2017, considerandos referidos al art. 64 de la ley 27.423 y doctrina de Fallos: 268:352, 318:445 -en especial considerando 7-, 318:1887, 319:1479, 323:2577, 331: 1123, entre otros” (CSJ 32/2009 (45-E) /CS1, originario, “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa” , sentencia del 4 de septiembre de 2018).

Resulta necesario, entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas tareas pasadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema.

De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales por la labor cumplida en primera instancia se realizaron estando en vigencia la ley 21.839, el art. 38 L.O., el art.13 de la ley 24.432 y el decreto ley 16.638/57, habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas.

A tal efecto, corresponde regular los honorarios correspondientes al patrocinio y representación letrada de la parte actora, de la demandada y al perito contador por su actuación en primera instancia, en el (%), (%) y (%), respectivamente del monto de condena resultante en la oportunidad del art. 132, L.O. (comprensivo de capital e intereses).

Propicio imponer las costas originadas en esta instancia solidariamente a cargo de las demandadas recurrentes (conf. art. 68, CPCCN).

En cuanto a los honorarios retributivos de las labores cumplidas en esta instancia, propongo regular los de las representaciones y patrocinios letrados de la parte demandada y de la parte actora en el (%) de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la instancia de origen (cfr. ley arancelaria).

EL DR. NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO manifestó:

Que por análogos fundamentos, adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE : 1) Modificar la sentencia de primera instancia elevando el capital de condena a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 165.268, 99). 2) Declarar las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida. 3) Regular los honorarios de ambas instancias conforme se propone en el primer voto del presente acuerdo. 4) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la Dra. Graciela Lucía Craig no vota en virtud de lo dispuesto por el art.125 L.O.

MLF

Enrique Néstor Arias Gibert Néstor

Juez de Cámara

Miguel Rodríguez Brunengo

Juez de Cámara