No hubo discriminación por ser portadora sana de HIV, al no haber falta de dación de tareas por parte de la empresa demandada

Partes: L. S. G. R. c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ acción de amparo CNAT

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 4-oct-2018

Cita: MJ-JU-M-114608-AR | MJJ114608 | MJJ114608

Al no haber falta de dación de tareas no puede considerarse que la actora fuera discriminada por ser portadora sana de HIV.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo a las indemnizaciones derivadas del reclamo de la actora que afirma que nunca pudo cumplir tareas por decisión de la entidad demandada, debiéndose esto a una discriminación por ser portadora sana de HIV, pues se encuentra probado que la misma prestó servicios durante un breve plazo en Ramallo y también en San Luis, y dejó de hacerlo por razones que le son propias, como el goce de licencia por enfermedad, desapareciendo la plataforma fáctica de la que se pretende derivar la descalificación de la conducta discriminatoria, máxime que la crítica que realiza en agravios se limita a relativizar el valor de las declaraciones por emanar de dependientes de la accionada, circunstancia que, por sí sola, resulta insuficiente como para desestimar sus dichos, de conformidad con lo regulado en el art. 427 CPCCN.

2.-No cabe admitir la pretensión de encuadre discriminatorio, consistente en el incumplimiento del deber de dar tareas de parte de la demandada, pues está reconocido que los motivos que le impidieron trabajar fueron razones médicas.

3.-Corresponde confirmar la categoría laboral en la que se encuadra a la actora, pues la misma guarda relación con las tareas que cumplía ante la ausencia de referencia a trabajos de mayor entidad, que hubieran justificado el reconocimiento de una mejor remunerada categoría.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 04 días del mes de octubre de 2018, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que rechazó las pretensiones indemnizatorias articuladas en el inicio, viene apelada por la parte actora, disconforme con la valoración judicial sobre las constancias y pruebas obrantes en la causa.

II.- Se agravia, en primer término, porque considera que el Señor Juez “a quo” prescindió del análisis pormenorizado de las pruebas aportadas por su parte y no dio fundamentos que sostengan el decisorio.

En ese esquema, impugna la valoración de los testigos que declararon a instancias de la accionada, en cuanto afirmaron que tanto en la UDAI de San Luis, como en la de Ramallo, la actora gozó de largas licencias por enfermedad, excluyendo de tal modo la imputación actoral referida a que “jamás” se le dio ocupación (ver fs. 10 punto c).- y 10 vta.párrafos 4º y 5º).

La razonable y adecuada conclusión judicial, no pierde firmeza frente a la crítica, en la medida en que ella no ataca directa y contundentemente la validez de los testimonios, en cuanto mencionan la efectiva prestación de tareas durante el plazo de, por lo menos, una semana en la UDAI de Ramallo y otros periodos en la de San Luis y las interrupciones en razón de los pedidos de licencia médica efectuados por la propia reclamante.

Por el contrario, la crítica se limita a relativizar el valor de las declaraciones por emanar de dependientes de la accionada, circunstancia que, por sí sola, resulta insuficiente como para desestimar sus dichos, de conformidad con lo regulado en el artículo 427 C.P.C.C.N.

Luego, las críticas se dispersan en consideraciones ajenas al supuesto de autos, destacando la falta de conocimiento de situaciones que no se condicen con el objeto del reclamo, como son las tareas cumplidas con anterioridad a noviembre de 2011, de las que intenta valerse.

No debe olvidarse que la acusación de discriminación endilgada al ente administrativo accionado, presentada en setiembre de 2013 (ver fs. 32), se fundó en la afirmación de que, con apoyo en diversas excusas, “jamás” le dieron tareas a la actora (ver fs.10 punto c.).

Cabe agregar a lo señalado, que las declaraciones consideradas han sido analizadas y concordadas con la prueba pericial contable, sobre cuya eficacia guarda silencio la recurrente, quien por lo demás, termina reconociendo el goce de licencia, justificado en razones de seguridad social, legalmente contempladas.

De tal manera pierde sustento la pretensión de encuadre discriminatorio, consistente en el incumplimiento del deber de dar tareas que, rebatido en grado, permanece incólume ante esta alzada por la insuficiencia de los argumentos presentados en su contra y resulta diametralmente distinto al reconocimiento actual de las razones que le impidieron trabajar, ahora definidas como razones médicas.

No se trata aquí de una aplicación indebida de las normas que rigen la carga de la prueba en la esfera de los planteos de discriminación, ya que el análisis se detiene en un paso previo al de las razones que habrían determinado la conducta ignominiosa de la empleadora, tras ser desacreditada la imputación sobre la falta de ocupación efectiva.

Dicho en otros términos, la actora impulsó su reclamo afirmando que nunca pudo cumplir tareas por decisión de la entidad demandada, a partir de lo cual dedujo y reclamó razones de discriminación relacionadas con su condición de portadora sana de HIV.

Ahora bien, en la medida en que ha sido desvirtuada la afirmación sobre la negativa de la accionada a cumplir su obligación de asignar tareas, estableciéndose que la actora prestó servicios durante un breve plazo en Ramallo (una semana) e incluso, también, se desempeñó en tareas de archivo en la sede de San Luis y dejó de hacerlo por razones que le son propias, como resulta ser el goce de licencia por enfermedad, desaparece la plataforma fáctica de la que se pretendía derivar la descalificación de la conducta discriminatoria.

Finalmente, la interpretación de los dichos de la contestación de demanda, perseguida por la parte actora, no puede ser compartida.

La brevedad que se destaca no representa un demérito, cuando la exposición cumple con solvencia las exigencias procesales.

Se haseñalado sin razón, que la demandada nunca dijo si le había otorgado tareas efectivas a la actora, si estaba categorizada en debida forma, o si la actora era objeto de un trato peyorativo o discriminatorio.

La simple lectura de las negativas expuestas en el escrito de fs. 73/75 contrarresta su afirmación Se definen así los hechos controvertidos, cuya efectiva existencia debía ser justificada de acuerdo a la previsión general contenida en el articulo 377 CPCCN.

Por último, la nota fechada el 07/08/2013 (ver fs. 7 XXXI/ 7XXXIII) fue expresamente negada en el responde (ver fs. 74 Punto V.) y la carta documento remitida con posterioridad, en la medida en que sólo se refiere a la existencia de la nota mas no a su contenido, resulta insuficiente como para conocer los hechos concretos sobre los que correspondería aplicar la presunción regulada en el artículo 57 L.C.T., que, por lo demás, como su propio carácter lo indica, puede ser revertida por la prueba rendida en el proceso, como ocurrió en el presente(ver fs. 128 /129).

III.- Las críticas a la categoría ostentada por la actora, son deficientes como para lograr el efecto modificatorio aludido.

Ellas guardan relación con las tareas efectivamente cumplidas, por lo que la ausencia de referencia a trabajos de mayor entidad, que hubieran justificado el reconocimiento de una mejor remunerada categoría, define la suerte adversa de la pretensión.

Nótese que la recurrente se ha detenido en estimaciones positivas de su capacidad de trabajo sin justificarlas en hechos concretos.En relación con su formación y experiencia para un puesto administrativo de mayor nivel, sólo ha mencionado su cargo de vendedora en Orígenes AFJP que, presentado sin las debidas explicaciones, no evidencia por sí mismo una condición para obtener el ascenso reclamado.

IV.- Las regulaciones de honorarios lucen razonables, teniendo en consideración la importancia, mérito y extensión de los trabajos desempeñados y adecuadas a la normativa aplicable por lo que merecen ser mantenidas (artículos 6°, 7° y 8° Ley de la 21.839 y artículo 38 de la Ley 18345).

V.- Por las razones expuestas propongo se confirme la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios; se impongan las costas de la Alzada en el orden causado, atento a la naturaleza de la cuestión debatida (artículos 68 y 71 C.P.C.C.N.) y se regulen los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de lo que les corresponda por su actuación en la anterior instancia.

EL DR. LUIS A. CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia apelada; 2.- Imponer las costas de la Alzada en el orden causado; 3.- Regular honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de lo que les corresponda por las tareas cumplidas en la etapa anterior.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.- C.G. 9.04

VICTOR A. PESINO

JUEZ DE CAMARA

LUIS A. CATARDO

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

SANTIAGO DOCAMPO MIÑO

SECRETARIO