Indemnización a la trabajadora, madre de una niña de 6 meses, cuyo contrato de locación de servicios por mas de 7 años, no fuera renovado

Partes: Arredondo Adriana c/ Universidad Autónoma de Entre Ríos y Estado Provincial s/ contencioso administrativo

Tribunal: Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná

Sala/Juzgado: 1

Fecha: 20-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-114961-AR | MJJ114961 | MJJ114961

Reconocimiento de la trabajadora a ser indemnizada ante la falta de renovación del contrato de locación de servicios que se había extendido por más de siete años, a lo que se suma que al momento del distracto la actora tenía una hija de seis meses.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto reconoció a la actora un derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios ocasionados por la ruptura arbitraria de una relación en la que se encubrió bajo ropaje transitorio otra donde legítimamente se generó una expectativa de permanencia, ya que la reclamante prestó servicios como abogada en la sede del Rectorado de la demandada, con horarios flexibles, y reconociéndole el derecho a una remuneración mensual a través de horas cátedra; máxime cuando la universidad había resuelto prorrogar indefinidamente la situación de revista laboral de todos los trabajadores no docentes.

2.-Abonar con ‘horas cátedras’ un trabajo que resulta regular, habitual y se mantiene durante siete años es un mecanismo que no resiste ningún análisis de juridicidad, ya que constituye el pago de una labor bajo la remuneración típica de otra, al utilizar fondos con un destino para otro; así, la ‘hora cátedra’ por su misma nomenclatura es un módulo de medida -y salario, en el caso- para docentes, para los que dan ‘cátedra’, lo que pareciera una obviedad, pero en el régimen de la demandada no lo es.

3.-Corresponde que la actora sea indemnizada con una suma fija que se determinará conforme el resultado de multiplicar la última remuneración nominal, con todos los rubros habituales y permanentes, por el número de años de antigüedad que se acreditaron, o fracción mayor a seis meses, en consonancia con el sistema de protección contra el despido arbitrario que emana de la CN. , que el derecho laboral ha regulado en la Ley de contrato de trabajo y que en la provincia se integra con la regulación de la Ley 9539 .

4.-Cabe acoger el daño moral reclamado, pues respecto a la actora operaba un doble orden de presunción, siendo los entes estatales los que debieron destruir la invocación que la falta de renovación del vínculo que duró alrededor de siete años, no fue provocado por el embarazo y maternidad de la trabajadora.

5.-Debe desestimarse el pedido de reincorporación, pues que el mero transcurso del tiempo no cambia la naturaleza de la relación, siendo que la estabilidad se adquiere luego del cumplimiento de una serie de requisitos: designación regular por acto administrativo válido, órgano competente, partida presupuestaria existente, concurso previo, cargo vacante y transcurso del periodo de tiempo determinado en las normas, entre otros.

6.-Ninguno de los sucesivos actos que designaron a la actora para cumplir funciones en la Universidad implicaron designación en planta permanente – ni docente, ni no docente- con los requisitos necesarios exigidos para la adquisición de la estabilidad en el empleo público que protege el actual art. 42 de la Constitución entrerriana.

Fallo:

En la ciudad de Paraná, Capital de la provincia de Entre Ríos, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, reunidos los Señores Vocales, miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1, GISELA N. SCHUMACHER, HUGO RUBÉN GONZALEZ ELIAS, y el Señor Vocal Subrogante EDUARDO ROMEO CARBÓ, asistidos por el Secretario Autorizante, fueron traídas para resolver las actuaciones caratuladas: “ARREDONDO ADRIANA C/ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIOS Y ESTADO PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: SCHUMACHER, GONZALEZ ELIAS y CARBÓ. Examinadas las actuaciones el Tribunal se planteó la siguiente cuestión para resolver: ¿Corresponde hacer lugar a la demanda promovida por la actora? ¿Cómo deben imponerse las costas?.

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, LA SEÑORA VOCAL SCHUMACHER DIJO:

1. Se presentó Adriana Lorena Arredondo, a través de su apoderada, Silvana Sotera, y promovió demanda contencioso administrativa contra la Universidad Autónoma de Entre Ríos (en adelante UADER) y el Estado Provincial, pretendiendo se revoque la Resolución 14/2015 CS UADER y la Resolución 133/15 RUNER, y se condene a la primera y en subsidio al Estado Provincial a reincorporarla y a abonarle una indemnización de daños y perjuicios medida en los salarios que dejó de percibir por su cese, por el tiempo en que estuvo segregada ilegítimamente y hasta su efectiva reincorporación, con más los intereses. Peticionó asimismo el reconocimiento del daño moral en razón de su despido discriminatorio en virtud del embarazo y que las costas del juicio se impongan a las contrarias. Explicó la admisibilidad de la vía, para luego relatar los hechos. Principió con el haber sido empleada de la UADER estando a cargo de los servicios jurídicos como responsable legal del Área Servicios a Terceros de la Secretaría de Extensión Universitaria en el Rectorado, por un periodo ininterrumpido de más de cinco años hasta el despido o cese arbitrario, sin causa legal y motivado en hechos discriminatorios.Ingresó a trabajar, dijo, el 16/06/05 por Resolución del Rectorado 195/05, designándosela de modo transitorio, transitoriedad que fue prorrogada por Resoluciones 465/05; 26/06; 131/07; 1056/07; y 324/08, lo que le permite acreditar una relación ininterrumpida de más de siete años, lo que generó una expectativa laboral estable. Continuó diciendo que en el año 2011 comenzó su embarazo, lo cual puso en conocimiento de UADER, y debiendo guardar reposo por prescripción médica, lo comunicó a la Comisión Médica Única. Su hija V. nació el 13 de agosto de 2012, otorgándole la universidad licencia por maternidad, la que finalizó el 27 de diciembre de 2012. Presentó un certificado médico el 25 de febrero de 2013 y allí se le informó que la Universidad prescindiría de sus servicios, por lo que solicitó razones, que le fueron negadas. Reconoció que las designaciones fueron con fecha de vencimiento pero que se renovaron sucesivamente sin solución de continuidad, lo que le generó una expectativa cierta y concreta de permanencia, relación que fue consolidada con la Resolución 1516/12 donde el Rector dispuso “prorrogar indefinidamente la situación de revista laboral de todos los trabajadores no docentes de la UADER remunerados exclusivamente con horas cátedras, contrato de servicios y de locación de obra y/o aquellos que se encuentren bajo una designación laboral precaria y de aquellos agentes que se desempeñen con cargos administrativos y horas cátedras complementarias.”. Por ello, consideró que adquirió derechos subjetivos irrevocables en sede administrativa consolidando su situación de estabilidad laboral, ya que la expectativa de continuidad laboral debe mantenerse y respetarse conforme los principios constitucionales que garantizan la estabilidad en el empleo y la protección contra el despido arbitrario, violados por la institución educativa en forma ilegítima. Refirió a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, a su despido sin notificación ni causa alguna, lo que consideró violatorio del art. 14 bis de la constitución.Agregó que el argumento del acto 133/15 sobre que no revistaba en cargo y que ejercía funciones transitorias de 18 horas cátedras de carácter interinas no hace más que abonar la ilegitimidad denunciada, toda vez que existe un reconocimiento de funciones más allá de la modalidad de cómo se retribuían las mismas. Adunó la falta de motivación del acto impugnado y falsa causa, alegando haber sufrido una cesantía encubierta e incausada bajo la apariencia de un vencimiento contractual que no fue tal. Afirmó que cumplía con tareas propias de la universidad, que tenía a horario de trabajo de lunes a viernes, también trabajo extraordinario solicitado, cumplía órdenes de sus superiores, se le reconocía antigüedad en el empleo, y recibía servicios sociales.

Por tanto, la ejecución de la designación transitoria que falsamente la unía con la Administración creó una relación jurídica de empleo público permanente. Citó la causa “Ramos.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demandó la protección contra el despido arbitrario, y consideró que en el caso, si bien se usó una figura jurídica que no era locación de servicios ni locación de obra sino una “designación a plazo fijo”, con el tiempo se hizo permanente amén de lo dispuesto en la Resolución 1516/12 ya citada. Apuntó que más allá de la economía usada por la universidad para abonar su salario como empleada, imputado a la partida de horas cátedras, eso no descalifica el status alcanzado frente a la Administración, por lo que debe reconocérsele el mismo y ser reincorporada al servicio. Solicitó sanción por haber sido despedida con motivo de su embarazo, lo que la afectó moralmente a ella, sus relaciones familiares y amistades.Trajo a colación la presunción del artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo que incluye un periodo de siete meses y medio posteriores al nacimiento, lo que en el caso se cumplió porque fue a los seis meses que se le informó su desvinculación laboral. Recordó las normas constitucionales y convencionales con jerarquía constitucional que protegen a la mujer embarazada. Definió la ilegitimidad en el objeto de los actos cuestionados. Finalmente, formuló reserva del caso federal; ofreció prueba; y concluyó peticionando que, oportunamente, se haga lugar a la demanda, con costas.

2. Previo dictamen del Ministerio Público Fiscal, se declaró la admisibilidad de la acción. Efectuó opción por el proceso ordinario y ofreció prueba la actora. Se excusó el Vocal de este Tribunal, Marcelo Baridón, por lo que, previa decisión de fecha 17 de agosto de 2016, se integró el Tribunal con quienes firmamos la presente.

3. Se corrió traslado de la demanda. Contestó la misma el Estado Provincial por intermedio de su Fiscal de Estado, Julio César Rodríguez Signes, quien efectuó las negativas de rito. Luego resaltó el carácter precario de la vinculación entre la Dra. Arredondo y la UADER, destacando su designación transitoria y a plazo, para lo que recordó los distintos actos administrativos con términos que la designaron y que el último de éstos -Resolución 1935/11- tenía además una tarea específica (gestión y reorganización en el Departamento Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Administrativa del Rectorado). Que la última de esas resoluciones -391/12- fijó como fecha de cese el 31/12/12 y, por tanto, se extinguió de pleno derecho la relación jurídica existente respecto a las 18 (dieciocho) horas cátedra interinas.Consideró que la accionante está excluida del alcance de la Resolución 1516/12 UADER porque no revistaba en ningún cargo administrativo, ni docente, sino que por “sus funciones de gestión se le retribuía con 18 horas-cátedra de carácter interinas”. Explicó que Arredondo desempeñó funciones de gestión como responsable legal del área servicios a terceros y luego tareas de reorganización en la mesa de entradas, salidas y archivos de la Secretaría Administrativa del Rectorado. Destacó que no fueron funciones materialmente administrativas sino de gestión, por lo que no quedó incluida en la categoría de trabajador no docente de la UADER.

De ello, concluyó que la designación era provisional y la universidad podía disponer de su continuidad a su arbitrio, según oportunidad, mérito o conveniencia, atento la naturaleza del cargo. Afirmó que, según surge de la documentación del expediente administrativo 1697800, la accionante no tenía un régimen laboral similar al de los empleados comprendidos en la Resolución 1516/12 porque no registraba horario de ingreso y egreso entre el 16/05/05 al 31/03/08 y desde enero de 2009 al 10/08/09, y que las planillas entre el 01/04/08 y el 31/12/08, y del 11/08/09 al 31/12/12 no correspondían a labores diarias de la agente sino que tenía un régimen diferente al concurrir a prestar funciones menos días que el resto del personal y menos horas diarias. Justificó la falta de explicación y notificación del cese en tanto el fenecimiento del plazo de designación por sí solo es fundamento suficiente. Destacó que al caso no se le aplica el precedente “Ramos.” de la CSJN porque no hubo desviación de poder o sanción encubierta por fraude laboral por parte de UADER. Luego aplicó los parámetros que este Tribunal siguiera en el precedente “Arias, Constancia María c/Municipalidad de General Galarza s/contencioso administrativo” en sentencia del 19/09/16.Al analizar la situación, recordó el caso “Marignac.” y resaltó que la protección contra el despido arbitrario lleva a la respectiva indemnización por daños pero no a la reincorporación al puesto de trabajo. Destacó que en el Estatuto de la UADER no existe norma alguna que establezca un plazo -siguiendo los datos fácticos de “Ramos.”- o límite temporal para las vinculaciones interinas, precarias o a término fijo. Remarcó el régimen horario dúctil, flexible y reducido en cantidad de horas de Arredondo, lo que la aleja de un empleado de planta permanente, así como la previsión presupuestaria a solo 18 horas cátedra.

Agregó, citando a “Arias.”, que ni el mero transcurso del tiempo, ni los recibos de haberes similares a los empleados estatales, ni los beneficios de la seguridad social para sí y su familia, ni los aportes y contribuciones patronales para la jubilación, ni el uso de licencias, constituyen pautas suficientes para demostrar el abuso de autoridad en la contratación transitoria. Aseveró que la Corte en el precedente “Ramos.” avanzó en establecer una indemnización por despido arbitrario pero no avanzó restituyendo funciones laborales a quien había trabajado durante veintiún años para el Ministerio de Defensa, jamás admitiendo la reincorporación del agente temporario cesado. Defendió la legitimidad de las Resoluciones 14/2015 y 133/2015, consideró excluida la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo; ofreció prueba; introdujo el caso federal; y concluyó peticionando que, oportunamente, se rechace la demanda, con costas.

4. Los abogados de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Iván Petric; Matías Ortiz D’Indio; y Diego Martín Metivier, se presentaron a contestar demanda. Negaron los hechos y se concentraron luego en la falta de estabilidad de la actora, destacando su designación con 18 horas cátedras “interinas” a partir de la Resolución 195/05, por lo que no existe relación jurídica que vincule a la accionante con la universidad.Atribuyeron confusión a Arredondo respecto de su situación de revista, en tanto no poseía ni desempeñaba ningún cargo administrativo, de planta permanente o transitoria, sino que sus funciones de gestión eran retribuidas con 18 horas cátedras de carácter interinas, funciones que no son ni docentes ni administrativas, por lo que no tenía labor similar a los empleados comprendidos en la Resolución 1516/12. Resaltaron que no registraba horario de ingreso y egreso, que no realizaba labores diarias, que las horas cátedras interinas no revisten carácter de estabilidad, porque, conforme el artículo 56 del Estatuto Académico Provisorio de la UADER se debe cumplir con lo que establece el inciso a): concurso público y abierto de antecedentes y oposición, por lo que su designación fue en forma directa, provisoria y acotada, interina, en tanto no atravesó procedimiento concursal.

Dijeron así que las horas cátedra interinas no cumplen con los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales establecidos en la normativa vigente (ley de Educación Superior, 24521, Artículo 55 y concordantes) y artículo 56 inciso a) del Estatuto Académico Provisorio de la Universidad. Aclararon que la asignación de horas interinas es una facultad que permite el propio estatuto universitario -artículo 23, inciso h) y 66 y concordantes-, signadas por la provisoriedad de su designación y vigencia solo durante su periodo de nombramiento. Abundaron en que no existen derechos adquiridos porque su designación concluyó el 31/12/12, calificando a la misma como interina con plazo determinado y destacando la innecesaridad de dictar una resolución de cese y de notificarla, insistiendo en la renovación de “las horas” como una facultad discrecional de la Universidad, considerando que el criterio de las autoridades de la UADER para designar “y/o otorgar” continuidad o no a las personas que ejercen funciones de gestión, tiene su propio consenso y sustentabilidad en el marco de juridicidad, luciendo suficientemente razonable, los criterios de oportunidad, mérito o conveniencia.Defendieron los motivos por los que resulta inaplicable al caso la doctrina de la CSJN en el caso “Ramos.” reiterada en “Cerigliano.”. Resaltaron que la UADER no tiene una norma que establezca límite temporal a designaciones interinas, precarias o a término fijo. Repasaron conceptos y circunstancias ya consignadas por el señor Fiscal de Estado.

Explicaron la previsión presupuestaria a 18 (dieciocho) horas cátedra y los motivos por los que entendían que Arredondo no quedaba incluida en la Resolución 1516/12, atento las funciones de gestión que desarrollaba, abundando en los motivos por los cuales entendían que no correspondía la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo. Por último, ofrecieron prueba; efectuaron reserva del caso federal; y concluyeron peticionando que, oportunamente, se rechace la demanda, con costas.

5. Contestó la parte actora el traslado que se le corrió conforme lo dispone el código procesal, destacando la confusión de las demandadas entre cargo y función, en tanto su empleo era “Responsable Legal del Área Servicios a Terceros” y organizar y optimizar la Mesa de Entradas; todas funciones administrativas que requiere la actividad administrativa, por lo que atacó un informe de fecha posterior al reclamo -05/09/13- producido por la misma universidad de forma “falsa e inverosímil” para preconstituir prueba, todo ello para confrontar las afirmaciones sobre que realizaba “tareas de gestión”, sin explicar el significado cuando la actividad de gestión no es extraña o desacoplada de la actividad administrativa, calificando de invento a las “funciones de gestión”. Explicó que en términos de “cargo” en relación con la cuenta presupuestaria, se le abonaba con partida correspondiente a “horas cátedra” pero no remuneraba una tarea docente sino una tarea administrativa.Sobre el horario de trabajo explicó que respondía correctamente a las funciones que tenía como responsable legal del área de servicios a terceros, con flexibilidad horaria que la Universidad había dispuesto, por tanto, la afirmación sobre que “hacía menos horas que un empleado de planta permanente” o que tal situación denotara que sus tareas “no eran necesarias para el normal, habitual y regular funcionamiento de la Universidad” son negadas, más cuando la propia UADER reconoció que no existe reglamento que acredite que las tareas que desempeñaba la actora eran idénticas a las del personal estable del área.

6. Se ordenó abrir a prueba la causa, produciéndose la que sigue: a. testimoniales de Viviana Elina Martín -fs. 611 y vta.-; Gastón Exequiel Giacopuzzi -fs. 612 y vta.-; Juan Alberto Scotta -fs. 613 y vta.-; Ariel Sebastián Yust Weber -fs. 616/618- quien asimiló las actividades de gestión a “políticas”; Viviana Andrea Acosta -fs. 619/620-; María Emilia Destri Vélez -fs. 634 y vta; Daniela Andrea Malatesta Laurenzo, quien reconoció su firma inserta en el documento de fs. 165 -fs. 641-; Víctor Andrés Scammacca -fs. 642 y vta., que dio cuenta de que la actora trabajaba en Arquitectura de la Provincia además de UADER; Elisa Luz Vieira -fs. 643 y vta.- quien declaró como psicoterapeuta de la accionante; Marcela Inés Garberi -fs. 644 y vta.-; y Brenda Mendoza -fs. 645-.- b. legajo personal de Arredondo que acompañó UADER en respuesta a requerimiento formulado por oficio 125, que se agrega como legajo de documental por cuerda;

7. A pedido de la parte actora, se decretó la clausura del periodo probatorio, se pusieron los autos para alegar, haciéndolo la accionante -fs. 651/653-; los apoderados de la UADER -fs. 654/657 y vta.-; y el Estado Provincial -fs. 658/668-.

8. Dictaminó el señor Fiscal de Coordinación, Alejandro J. Cánepa, quien propició se haga lugar a la demanda en todos sus términos, por lo que el expediente fue puesto a despacho para resolver.

9.EL análisis en términos teóricos de un conflicto como el que se trae a resolver ha sido realizado por este Tribunal, con matices, en los precedentes “Arias.”; “Acosta.”; y “Cagliero Heredia.” entre otros. Se aplicarán dichos conceptos generales, para luego definir, en la específica normativa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, como es el régimen y, finalmente, los hechos probados y la aplicación de todo ello al caso de Adriana Arredondo.

9.1. Reglas generales de interpretación. Empleo público permanente y transitorio. Ese marco teórico principia por admitir dos modos -generales- de vínculo de empleo con la administración: permanencia y transitoriedad. El primero otorga a quien así se relaciona el derecho consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y también en el hoy 42 de la Constitución Provincial de la estabilidad en el empleo. Estabilidad que para Entre Ríos resulta desde antaño y adelantando décadas a la Corte Nacional, calificada por decisiones sucesivas y coincidentes del Máximo Tribunal local con el adjetivo de “propia”, calificación que implica que su violación no puede ser reparada con una indemnización sino a través de la reincorporación, contenido éste que luego de muchos años adoptara la Corte Suprema de Justicia en el reconocido caso “Madorrán.”. Una de las principales reglas de relación entre la persona física que presta su fuerza de trabajo para la Administración en relación a esta clase de vínculo es que la adquisición de tal derecho (“estabilidad”) sólo se produce bajo una serie de requisitos de riguroso cumplimiento entre los que se destacan acto administrativo expreso y regular -que exige la existencia de cargo vacante, partida presupuestaria, etc.- y el transcurso de determinada cantidad de tiempo -en la Provincia de Entre Ríos un lapso de un año calendario-.

Estas reglas de “adquisición” formalizada, suponen que el mero transcurso del tiempo en condiciones sin estabilidad -sea cual sea la modalidad de transitoriedad- no tiene capacidad transformadora de la naturalezadel vínculo (explicado claramente en el recordado caso entrerriano “Marignac” -CSJN, “Marignac c/Consejo Provincial del Menor o Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos”, Fallos 310:2927-), y reiterado en el propio leading case “Ramos.” al decir la Corte que “la solución propuesta no significa que el mero transcurso del tiempo haya modificado la situación irregular del actor, que tiene derecho a la reparación de los perjuicios derivados del obrar ilícito de la demandada, pero no podría solicitar su reincorporación al empleo (.)”. El segundo modo es el transitorio, cuyas posibles variantes son diversas. El asunto, con el empleo transitorio -que se descarta goce de la “estabilidad” constitucional- se relaciona con sus modalidades y, especialmente, con las consecuencias de la ruptura o finalización del vínculo establecido en tales condiciones. Esta es, claramente, la novedad que aportó la interpretación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver “Ramos.” (CSJN, “Ramos, José Luis c/Estado Nacional s/indemnización por despido” 06/04/10) en tanto, a partir de ese precedente, se admitió la posibilidad que, sin previsión legal o reglamentaria específica, existieran supuestos en los que la Administración debiera indemnizar al empleado público ligado por un vínculo transitorio ante la ruptura de esa ligazón. La línea del razonamiento fue que una vez establecida la naturaleza transitoria de la relación de empleo público debe determinarse cuál es su modalidad y si existió ilegitimidad en la ruptura. La ilegitimidad debe comprobarse con base en ciertas condiciones para luego analizar la posible indemnización que correspondiere, todo ello con justificación en la cláusula constitucional de protección contra el despido arbitrario que la Corte Suprema de Justicia a partir de “Ramos.”, pero repitiéndolo en fallos posteriores tales como “Cerigliano.” (CSJN “Cerigliano c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Unidad Polivalente de Inspecciones -ex Dirección General de Verificaciones y Control”, Fallos:334:398)-, consideró aplicable a los supuestos de empleo público transitorio pero con expectativa de permanencia por existir un vicio de desviación de poder -vocabulario del derecho administrativo- o fraude laboral -vocabulario del derecho del trabajo-. Este Tribunal -en sus aspectos teóricos-, coincidió sobre estos tópicos en autos “Arias Constancia María c/Municipalidad de General Galarza s/contencioso administrativo” del 19/09/16 que ha quedado firme ante el rechazo del recurso de inaplicabilidad de ley por parte del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en decisión del 28/12/17.

9.2. La pretensión de reincorporación y pago de salarios dejados de percibir. Corresponde aplicar este cuadro a la primera pretensión actoral que consiste en el reconocimiento del carácter de empleada pública y la estabilidad propia, y, por ende, el restablecimiento (reincorporación) a las labores con más el abono de los salarios caídos. Se explicó ya que la inveterada jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia pero también la de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha reiterado que el mero transcurso del tiempo no cambia la naturaleza de la relación y que la estabilidad se adquiere luego del cumplimiento de una serie de requisitos: designación regular por acto administrativo válido -órgano competente, partida presupuestaria existente, concurso previo, cargo vacante-; transcurso del periodo de tiempo determinado en las normas, entre otros-. En el caso de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, corresponde decir que cualquier análisis debe tener presente la trascendencia y ubicación de la universidad en tanto goza de autonomía consagrada por la propia Constitución Provincial al ser reformada en el año 2008, al decir el artículo 269 que tiene “plena autonomía” y que el Estado garantiza su autarquía, si bien fue creada con anterioridad a la reforma, por Ley 9250 (BO 12/06/00), autonomía que definen en sus alcances los artículos 29 y siguientes de la Ley Nacional de Educación Superior 24521.Este Tribunal relató el proceso fundacional en “CANGA, CARLOS MANUEL C/ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIOS S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” Expte Nº 3275/S: “Con este marco jurídico, atravesado por las características propias de todo período fundacional de una organización integrada por numerosos y complejos componentes humanos y administrativos que tensionan entre sí en un contexto institucional decididamente democrático -autoridades normalizadoras, gobierno tripartito de la universidad en proceso de formación, incipientes concursos docentes, inscripción masiva de alumnos, definición de currículas de carreras, tramitación de reconocimientos ante la autoridad universitaria nacional, elecciones de claustros docentes, graduados y alumnos, etc – comenzó a funcionar la UAdER.

En ese proceso organizativo general, que insumió doce años hasta su completa institucionalización, algunos de los órganos de gobierno de la Universidad, fundamentalmente la asamblea y el Consejo Superior -art. 5 del Estatuto-, exhiben a su vez un proceso también complejo para su conformación -arts. 6 y 10 del Estatuto-.”, institucionalización completa que finalizó con la asamblea realizada el 21/12/12, donde el Rector -hasta ese entonces “organizador”- fue elegido por un Consejo Superior Universitario estatutariamente integrado conforme los mecanismos democráticos internos que prevé la carta orgánica universitaria. Conforme el Estatuto Académico Provisorio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos -que rigió en el periodo en que Arredondo fue sucesivamente designada- aprobado por Resolución 1181/2001 del Ministro de Educación (BO 18/12/01) es facultad del Consejo Superior la de nombrar los docentes universitarios, a propuesta de los consejos directivos de las facultades -art. 14 inc. h)-, mientras que el Rector tiene la facultad de designar y remover al personal de la universidad cuyo nombramiento no sea facultativo del Consejo Superior -artículo 16, inciso k)-. La norma establece con claridad que los profesores serán nombrados por el Consejo Directivo de las Facultades, previo concurso -artículo 31-; mientras que el artículo 104 le atribuye al Rector nombrar y remover, por sí mismo a los empleados dependientes del Consejo Superior y Rectorado de acuerdo a la reglamentación vigente.El artículo 111, por su parte, le atribuye al Consejo Superior la competencia para reglamentar los regímenes de incompatibilidades tanto docentes como administrativos. Existió, en forma transitoria, además, un reconocimiento de estabilidad tanto para el personal administrativo que venía de la Administración Pública -art. 129- como para el docente -art. 130-.

No se explica, en el contexto antes referenciado, la invocación por parte de la representación letrada de la institución educativa, de los artículos 55 de la Ley de Educación Superior y 56 inciso a) del Estatuto, especialmente el último, ya que refiere a los concursos necesarios para el personal “docente”. Disímil resulta para cualquier administración, en el caso una dedicada a la educación, el carácter de “administrativo” del “de docente”. En el caso de la UADER, y a título de ejemplo, el presupuesto para el año 2018 en el cuadro de erogaciones, gastos de personal, es de 1.419.353.000, representativo del 3,67% (http://www.entrerios.gov.ar/presupuesto/leypres/2018/pdf/MENS_PERSFIN.pdf ) del total provincial, desagregándose la distribución de cargos por escalafón e institucional con la consignación en la columna de planta total la cifra de 1.607; 41 cargos de Personal Fuera de Escalafón; 540 general; y 1026 docentes.Si nos remitimos a las horas cátedras resultan distinguidas entre Personal permanente y personal temporario adjudicándose a Programa 01 (Actividad Central); Actividad 01 (conducción y Supervisión, nivel superior) 3325 de las primeras (https://www.entrerios.gov.ar/presupuesto/leypres/2018/pdf/00_02_202 _CONS_HSCAT.pdf); y 435 de las segundas (https://www.entrerios.gov.- ar/presupuesto/leypres/2018/pdf/01_02_202_CONS_HSCAT.pdf). Esta descripción tiene por fin dejar expuesto que la “administración, conducción y supervisión” aparecen presupuestariamente con una cantidad limitada y determinada de horas cátedras y, un recorrido por la página web de la oficina de presupuesto de la Provincia, permite encontrar similar información respecto de los presupuestos anteriores, así como los cargos para cada actividad, programa y función, tanto docentes como no docentes. En fin, la regularidad del nombramiento y la estabilidad propia, se adquieren para el caso de docentes, conforme lo establece la propia norma aplicable, previo concurso (además de las otras circunstancias antes descriptas). En el caso del personal no docente, la designación resulta ser atribución del Rector siempre, claro está, que sea en cargo vacante, existente, con presupuesto, mediante acto regular y válido. Ahora bien, aunque la norma no lo diga expresamente -art. 104- la operatividad inmediata del artículo 36 de la Constitución de la Provincia que exige la designación en el empleo público mediante concurso previo, impacta directamente en la exigencia de regularidad del acto, haciéndose innegable que las designaciones del Rector del personal no docente deben serlo previo concurso para gozar de regularidad y, por ende, del derecho a la estabilidad en el empleo. Es claro, entonces, que ninguno de los sucesivos actos que designaron a Adriana Lorena Arredondo para cumplir funciones en la Universidad (Resolución 195/05, desde el 16/06/05 hasta el 16/09/05 -fs. 431/432-; Resolución 465/05, desde el 17/09/05 y hasta el 31/12/05, artículo 2º -fs.433/434-; Resolución 026/06, desde el 01/01/06 hasta el 30/11/06, -fs. 435/436-; Resolución 131/07, desde el 01/12/06 y hasta el 31/12/07 -fs. 437/438-; Resolución 1056/07, desde el 01/01/08 hasta el 31/03/08 -fs. 438-; Resolución 324/08, desde el 01/04/08 hasta el 30/11/08 -fs. 439-; Resolución 1278/08, desde el 01/12/08 hasta el 31/03/09 -fs. 440-; Resolución 168/09, desde el 01/04/09 y hasta el 31/03/10 -fs. 441-; Resolución 288/10, desde el 01/04/10 y hasta el 31/03/11 -fs. 442-; Resolución 425/11, desde el 01/04/11 y hasta el 30/06/11 -fs. 443-; Resolución 887/11 desde el 01/07/11 y hasta el 31/12/11 -fs. 444-; Resolución 1935/11, desde el 01/01/12 y hasta el 31/03/12 -fs. 445/446-, implicaron designación en planta permanente -en el caso de la UADER, ni docente, ni no docente- con los requisitos necesarios exigidos para la adquisición de la estabili dad en el empleo público que protege el actual artículo 42 de la Constitución entrerriana. En fin, no existe acto administrativo expreso, regular y válido de designación, en las condiciones antes descriptas, lo que lleva a la inexorable conclusión que la pretensión de la señora Adriana Lorena Arredondo de reincorporación debe ser rechazada, no pudiendo, para este fin, ser considerada como tal la Resolución 1516/12, por las razones que más adelante se exponen.

9.3. Indemnización por despido arbitrario o ilegítimo. Ahora bien, si bien es cierto que la pretensión de reincorporación no puede prosperar, es posible ingresar a la determinación de una pretensión indemnizatoria, la cual la actora requirió judicialmente -fs. 498- del siguiente modo:”ordene se le abonen a ésta en concepto de indemnización por daños y perjuicios todos los salarios caídos que dejó de percibir desde su cese, por todo el tiempo de su segregación ilegítima (.)”.

El Tribunal, por ende, congruentemente, lo que está habilitado a considerar es si el acto eventualmente ilegítimo puede habilitar una indemnización por daños y perjuicios. El derecho que debe aplicarse determinará si se vulneró -como pretendió la accionante- la estabilidad en el empleo o si fue, por el contrario, la protección contra el despido arbitrario. De allí, además, se derivará si corresponde, por tal ilegitimidad, un resarcimiento cuya medida fue establecida por la actora en los salarios dejados de percibir, pero el Tribunal puede medir la reparación de otro modo, siempre que no exceda esa petición, porque, en términos indemnizatorios, el modo de valorar su quantum no torna tampoco la sentencia en incongruente. Para que pueda reconocerse a Arredondo una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la ruptura arbitraria de una relación en la que se encubrió bajo ropaje transitorio otra donde legítimamente se generó una expectativa de permanencia que amerita ser indemnizada por el comportamiento ilegítimo de su empleadora, en los términos que antes se explicaron a partir de la doctrina de la CSJN en autos “Ramos.” y de lo resuelto por este Tribunal en “Arias.” al decir que lo que resuelve esta clase de conflictos son los hechos que debe probar quien pretende la indemnización, determinando si existió o no un desvío o fraude, exige como condición previa la fijación del derecho aplicable al empleo público transitorio.

Es de hacer notar que en términos fácticos aparecen las siguientes circunstancias no discutidas: ingreso a partir del 16/06/2005 y renovación ininterrumpida de los vínculos hasta diciembre de 2012, totalizando más de siete años continuados.Prestó servicios como abogada en la sede del Rectorado de la UADER, con horarios flexibles, y reconociéndole el derecho a una remuneración mensual a través de horas cátedra. La actora refiere, igual que los actos administrativos que la designaron, a un trabajo como responsable legal del área de servicios a terceros hasta la Resolución 1935/11 que estableció que la designación era para el Departamento Mesa de Entradas, Salida y Archivo; mientras que las demandadas insisten en distinguir o calificar dichas tareas como de “gestión” para diferenciarlas de la “administración” y la “docencia”. En conclusión, existió una relación ininterrumpida durante siete años, renovada periódicamente. El contexto legal para determinar si existió desvío de poder utilizando reglas encubriendo otras es bastante difuso. Ello así porque la Universidad, conforme el diseño presupuestario y estatutario, debiera estar organizada con 1) los cargos de gobierno o conducción y supervisión (Rectorado -programa 01-, y Unidades Académicas -programas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22-); 2) los cargos de administración -escalafón general-, y 3) los cargos docentes -escalafón docente-.

Combinados, a su vez, en permanentes y temporarios, según las circunstancias y mecanismos de designación. Sin embargo, encontramos la particular situación que las propias demandadas reconocen, y asimismo así surge de los actos administrativos de “designación” antes referenciados, que se abonó a una persona que no ejerció la docencia durante siete años mediante la asignación de “horas cátedras”, lo que se constituye en una irregularidad, si bien el mecanismo tiene apariencia de legalidad desde la norma presupuestaria ya que prevé: horas cátedras/personal temporario/Programa 01: actividad central; conducción y supervisión (para el año 2018, por ejemplo, “435” asignadas). (https://www.entrerios.gov.ar/presupuesto/leypres/2018/pdf/01_02_202 _CONS_HSCAT.pdf). La ley nacional de educación superior refiere -al regular los órganos de gobierno- al personal docente, alumnos, graduados y “no docentes” (art.53). La Ley de Creación de la Universidad no tiene ninguna referencia, mientras que el Estatuto que rige la vida de la institución contempla dos consejeros “administrativos” en el Consejo Superior -art. 10-, 13, y especialmente el artículo 81 que describe quienes integran el “Cuerpo de Administrativos”. La distinción, entonces, entre docentes y administrativos es bastante clara en términos de las normas, aunque presupuestaria y remunerativamente no lo es. Abonar con “horas cátedras” un trabajo que resulta regular, habitual y se mantiene durante siete años es un mecanismo que, indudablemente, no resiste ningún análisis de juridicidad ya que constituye el pago de una labor bajo la remuneración típica de otra, al utilizar fondos con un destino para otro. La “hora cátedra” por su misma nomenclatura, es un módulo de medida -y salario, en el caso- para docentes, para los que dan “cátedra”, lo que pareciera una obviedad, pero en el régimen de la Universidad Autónoma de Entre Ríos no lo es.

Sin embargo no sólo se trata de un problema nominativo que sintetizaríamos con la frase final de Umberto Eco en “El nombre de la Rosa”, con las disculpas del caso por el latín: stat rosa prístina nomine, nomina nuda tenemus, sino de una decisión de administración que tiene consecuencias. A través de la posibilidad de una vinculación que resulta difícil de encasillar -mejor prueba de ello es el falso dilema que quiere plantear la defensa sobre “tareas de gestión” versus “tareas administrativas”-, y también y más grave aún, lo que marca la propia defensa de la Fiscalía de Estado al decir en sus alegatos que interpretar el vínculo como pretende la actora implicaría “convalidar una situación de incompatibilidad por acumulación de dos cargos, claramente prohibida por la Constitución Provincial” (art.40 C.P.) y leyes reglamentarias (en especial, Ley Nº 7413), cuando en realidad tal situación debe ser analizada en su objetividad y con base en el principio de verdad material por sobre la meramente formal. Importante es que la prestación remunerada con “horas cátedras” quedaría exenta de la incompatibilidad del 40 de la Constitución Provincial (“con excepción de los del magisterio”) en sintonía con la regulación del art. 8 de la Ley 7413 (“Las compatibilidades posibles entre un empleo de la administración pública y el magisterio y las del magisterio entre sí, serán reglamentadas de acuerdo al número de horas o al régimen de los cargos docentes y siempre que lo tengan superposición horaria”), siendo que, mientras se desempeñaba con “horas cátedras” para la UADER, trabajaba para la Dirección de Arquitectura de la Provincia -testimonial de su amiga, María Emilia Destri Velez, fs. 634-, lo que, fácil es imaginar, puede suceder en todos los casos en que se remunera con horas cátedras tareas que no son docentes, ya que no ha sido denunciado a lo largo del expediente que la situación de Arredondo sea de excepción amén que, como se dijo, ha quedado demostrado que las sucesivas leyes de presupuesto previeron “horas cátedra” para administración y conducción.Aparece el primer desvío de poder -ilegitimidad- en el vínculo entre Arredondo y la UADER, al ser designada durante siete años continuados, estableciendo su remuneración con “horas cátedras interinas” cuando del mismo acto surge una asignación de funciones de administración -o gestión, según la distinción defensiva-, pero en ningún caso se argumentó que la actora fuera docente o titularizara o trabajara “en una cátedra”. Curioso resulta, al menos, el esfuerzo de la defensa por justificar que aquella no cumplía horarios como el resto de los empleados de la administración cuando, según su asignación salarial, hubiera bastado con ejercer “18 horas” cátedra -¿mensuales?-. No sólo el régimen de eventuales incompatibilidades se ve afectado, sino otras circunstancias. Con desparpajo, ambas defensas reconocen las tareas -“de Administración” o “de gestión”- que se le asignaron a Arredondo en los actos administrativos junto con, en ellos mismos, establecer la remuneración en horas cátedras. Se advierte que así fue liquidado en los recibos de haberes que acompañó la accionante y la demostración cabal de la asociación entre “horas cátedra” y ejercicio de la docencia surge del mismo recibo. La accionante ha acompañado varios de ellos -fs. 4 a 135-. Así, en dicha prueba se advierte que el básico es “Horas Cátedras” -código 004- y se consigna el pago del “F.N.I.D.” (“Fondo Nacional del Incentivo Docente”), que tal y como este Tribunal ha analizado entre otros en “Schaab de Roig, Ana Maria y Otras c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos y Estado Provincial s/ contencioso administrativo” (del 29/06/16) es, por disposición legal, sólo y estrictamente para aquellos docentes que, además de serlo, estén efectivamente frente al aula. Aparecen dos ítems más “Adic. Art. 2 y 3 Dcrto. 5863”, y “Product. Dcrto.5863/05”. Ese acto -Decreto 5863/05 MEHF-, inicia su régimen consignando un Acta Acuerdo suscripta entre el Poder Ejecutivo Provincial y los Gremios del Sector Docente (el resaltado es propio), y la disposición de los artículos 2 y 3 es otorgar adicionales a los “docentes”. Consignan los recibos, asimismo, el pago de un adicional “Plus Productividad Docente”. En fin, como se dijo antes, no cabe otra conclusión que es un desvío de la norma, de la práctica y de los actos administrativos de “designación”, y por ende una ilegalidad, hacer que un empleado o una empleada, tal Adriana Arredondo, que ejerce funciones administrativas sea remunerada con “horas cátedra”, más allá de la verificación en cada caso sobre si se cumple o no con la ley de presupuesto al usar “horas cátedras” para pagar trabajo administrativo.

Todo en el vínculo es “docente”, excepto el trabajo asignado, dejando sin contenido al Nombre de la Rosa -retomando a Eco-. Lo siguiente que ha sido puesto en debate en esta causa y requiere un pronunciamiento judicial que interprete sus alcances, es la Resolución 1516/12 Rector UADER que resolvió “prorrogar indefinidamente la situación de revista laboral de todos los trabajadores no docentes de la UADER remunerados exclusivamente con horas cátedra, contratos de servicio y de locación de obra y/o aquellos que se encuentren bajo una designación laboral precaria y de aquellos agentes que se desempeñan con cargos administrativos y horas cátedras complementarias (.)”. La parte actora sostiene que tal decisión implica que goza del derecho a la estabilidad, y la demandada, en esencia, que ésta no se encuentra comprendida en el universo al que se refiere aquella por no ser personal administrativo sino de “gestión”. Ninguno tiene razón. La Resolución 1516/12 es un acto sin capacidad ni posibilidad para hacer ingresar a empleado alguno al sistema de estabilidad.Se adquiere la estabilidad, como se dijo antes, reuniendo todos los requisitos en el acto y en las condiciones de hecho y de derecho que preceden al acto, además de un tiempo determinado con mantenimiento de la buena conducta. Respecto a la defensa, la pretensa distinción entre funciones de administración y de gestión es una quimera.

Como antes se reseñó, el sistema universitario, tanto desde las normas de organización como las presupuestarias, funciona con un grupo de personas en la conducción -vgr. rector-, los docentes, y los no docentes. Los no docentes son los administrativos (“El Cuerpo de Administrativos se integra con la totalidad de los agentes Administrativos, Técnicos, de servicios y mantenimiento que figuren en la planta permanente de la Universidad”, artículo 81 del Estatuto Académico Provisorio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos), definición que se puede válidamente utilizar para quienes trabajan en administración, sin estabilidad, por exclusión del cuerpo docente y del personal de conducción o dirección. Arredondo, entonces, forma parte de aquellos agentes a quienes comprende la Resolución 1516/12, por lo que la inexistente figura de “gestión” como una categoría más, no sirve para excluirla. Principia este análisis afirmando que ninguna de las partes tiene razón. Hasta aquí se explicaron los motivos para dicha afirmación. Sin embargo, la Resolución 1516/12 es de suma utilidad para resolver esta causa. El referido reconocimiento es lo que da sentido a la expectativa de permanencia vulnerada por una supuesta contratación -designación- temporal y finita, que no fue tal, en tanto a la ilegalidad del mecanismo de la relación laboral empleado, al devenir continuo de dicho vínculo por siete años, se suma que el propio empleador asumió el compromiso de mantener el status quo. Compromiso que violó al dejar que el plazo de la última designación se extinguiera sin renovarla.Es entonces a través de un acto propio -gestar la expectativa de permanencia en Arredondo- lo que torna ilegítima la posterior no renovación de vínculo alguno dejando expirar el plazo. El reconocimiento de estabilidad no tiene, sin dudar, la virtualidad de provocar el derecho a la estabilidad, tal y como antes se referenciara, en tanto el acceso a dicho derecho consagrado en el artículo 42, debe venir precedido de un sinnúmero de “regularidades”, entre otras y nada menos, que el concurso previo y la existencia de cargo.

Sobre este último asunto, cabe reflexionar que el rigor presupuestario, que además tiene jerarquía constitucional, ha sido marcado por el Superior Tribunal de Justicia, por ejemplo, en en autos “Conti, Clisanto Abraham c/Estado Provincial y Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos s/contencioso administrativo” del 03/09/12 y por esta Cámara en “Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos c/Rodriguez, Nilda Ester y otros s/acción de lesividad” del 28/02/18 al decir que: “Las anuales, sucesivas y trascendentes leyes de presupuesto son una, sino tal vez la más importante, herramienta de gobierno que el Estado -en todos sus niveles- posee. No es solo una cuestión de tecnócratas sino una expresión esencial de los sistemas democráticos-representativos-republicanos (aspecto este último que se vincula a la publicidad y al control, nada menos), consagrada expresamente en la Constitución Provincial en el artículo 1º; 4º ap. primero; 6º párrafo 3; por citar algunos.- Las políticas que cada administración decide llevar adelante se visualizan en la ley de presupuesto que, por otra parte, es producto de una elaboración completa en tanto intervienen todas las funciones gubernativas. Así, es aprobada por la función legisferante o deliberativa -Cámaras de Diputados y Senadores- por imposición del artículo 122, inciso 8”, y asimismo, que “El presupuesto, como tal, tiene varias referencias constitucionales algunas tangenciales y otras principales para el asunto que nos convoca.Así, tangencialmente, se le da trascendencia en la Constitución en el artículo 26, párrafo 2; artículo 46, párrafo 2; artículo 49 -que prohíbe la iniciativa popular para temas de presupuesto-; artículo 175 inciso 9º; artículo 207, párrafo 4º; y 268.- Es principal, la transformación en derecho ciudadano que las reglas presupuestarias tienen a partir de la reforma Constitucional del 2008. El artículo 35 reza al final que ‘(.) El equilibrio fiscal constituye un deber del Estado y un derecho colectivo de los entrerrianos’, equilibrio que se mide, claro está, en las anuales y sucesivas leyes de presupuesto.”. Sin embargo, la declaración de voluntad formalizada del Rector de la Universidad a través de la Resolución 1516/12, tiene definitivo impacto en que justifica que Arredondo, o quien se encuentre comprendido en la misma, genere, con esta disposición, una expectativa de permanencia que se ve frustrada, y por ende se transforma en ilegítima cuando la misma autoridad incumple su promesa. Por tanto, corresponde anular los actos administrativos que rechazaron la petición de la actora (Resolución 14/2015 CS UADER y Resolución 133/15 RUNER) en el aspecto en que denegaron la pretensión de indemnización contra el despido arbitrario, por vicios en la causa y en la motivación. Determinar qué indemnización debe abonársele a la accionante, ha sido ya materia de decisión en diversos votos de este Tribunal, partiendo de la base de la autoridad interpretativa de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al construir los precedentes sobre la protección contra el despido arbitrario del 14 bis para ciertos supuestos de fraude o desvío de poder en el derecho público.

Al analizar los hechos de la causa se determinó la existencia de desvío de poder, arbitrariedad, al ocultar o esconder la expectativa de permanencia bajo la informalidad e ilegalidad.La indemnización debería construirse con base en el derecho público local, tal como dijera la CSJN en “Ramos.” y “Cerigliano.”. En el derecho laboral, la indemnización de despido arbitrario tiene su eje principal en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo -atenuada en el 247, aplicable, por ejemplo, para la ruptura de contratos de trabajo a término o con plazo, y agravada en otras normas-. Sin embargo, atendiendo a que la integración debe hacerse con el derecho público local, parece apropiado recurrir a la forma reparatoria que organizó la Ley 9539 que derogó la Ley 9245 y disolvió la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por ésta creada. Al suprimir los cargos, mandó al Estado Entrerriano a pagar a los agentes “una indemnización única que resultará de multiplicar la última remuneración nominal, integrada por los rubros habituales y permanentes, excluidas las horas extras, por el número de años de antigüedad que efectivamente acrediten (.) considerándose a este efecto como unidad la fracción que supere los seis meses (.)” (artículo 4º). No es óbice para ello que dicha ley no lo fuera en sentido material -norma general y abstracta destinada a regir a través del tiempo-, ya que, en definitiva, no impacta sobre la utilización de la misma a los fines analógicos. Por tanto, corresponde que Adriana Lorena Arredondo sea indemnizada con una suma fija que se determinará conforme el resultado de multiplicar la última remuneración nominal, con todos los rubros habituales y permanentes, por el número de años de antigüedad que se acreditaron, o fracción mayor a seis meses, en consonancia con el sistema de protección contra el despido arbitrario que emana de la Constitución Nacional, que el derecho laboral ha regulado en la Ley de contrato de trabajo y que en el caso de Entre Ríos, se integra con la regulación de la Ley 9539.¿Corresponde abonarle a la actora alguna otra suma de dinero?. Solicita una indemnización por el agravio moral que le ocasionó el comportamiento de la Administración. Consideró la existencia de una presunción en su producción utilizando precedentes sobre cesantías ilegítimas, centrándose en la protección del embarazo y la presunción del artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, alegando discriminación en tanto su hija nació seis meses antes de que se le informara de la desvinculación laboral. Primero se debe enmarcar el asunto del daño moral como un rubro o el rubro de la cuenta de daños extrapatrimoniales, tal y como este Tribunal lo analizó en precedentes anteriores.

Sin entrar en la discusión sostenida bajo la vigencia del Código Civil sobre la autonomía o no del daño psicológico, es conveniente referir que se toma como pauta de indicación de los rubros indemnizatorios la generosa norma del Código Civil y Comercial en el artículo 1738, que, sobre los aspectos no patrimoniales, define esta parte del daño como “las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”. Comprendemos, en este concepto, tanto las consecuencias no patrimoniales estrictamente psíquicas como las denominadas morales. Ya en autos “Acosta, Héctor Rubén c/Municipalidad de Paraná s/contencioso administrativo” sentencia del 26/08/15 confirmada por el Superior Tribunal de Justicia, se especificó que en el caso de un vínculo de empleo público era procedente la indemnización de este daño “como parte integrante de los rubros del daño, debe ser cierto y fue regulado en el Código Civil -respecto de la responsabilidad contractual- en el art. 522, actualmente en el art. 1082 del Código Civil y Comercial que en su inc.a) remite a la regulación de la reparación del daño (en todas sus formas) a lo que dispone dicho cuerpo normativo para la reparación del daño derivado de hechos ilícitos” Se avanzó en algunos análisis en “Acuña, Horacio José c/Estado Provincial s/contencioso administrativo” sentencia del 19/02/18, firme, donde se dijo, en relación al asunto que: “Los factores de ponderación para su valuación -tarea difícil si las hay- fincan en la edad, las condiciones familiares, el tipo de afectación, la prolongación del daño en el tiempo, entre otros (cfr. ESCALERA, Miguel A. (h) ‘Algunos problemas en relación con la cuantificación del daño moral’ en Colección ‘Cuantificación del daño’. Parte General, Dirigida por Martín Juárez Ferrer, Ed. La Ley, Bs. As., 1a. ed., 2017, p. 221/255), lo que, por otra parte, es concordante con los mecanismos de clasificación de las bases de jurisprudencia sobre el asunto (cfr. http://consultas.pjn.gov.ar/cuantificacion/civil/index.php)” En cuanto al modo de fijación, este Tribunal ha desechado la proporcionalidad o relación con el monto de haberes o daño material, porque “ha optado por la valoración del daño considerándola en una suma fija -no porcentual-, tal el caso del precedente ‘Acosta’ ya reseñado, atendiendo a las particulares circunstancias de la víctima, del tipo de vulneración de sus derechos y otras que se meritúen.A mi juicio, la porcentualidad, cuando se trata de contratos y el daño patrimonial se mide en salarios, implicaría que un empleado mejor remunerado ‘sufre o padece’ más que uno peor remunerado, lo que no resulta ajustado a las reglas del derecho, siendo que la situación económica previa de la víctima no es dirimente -o al menos no es el único factor dirimente- en todos los casos para merituar la reparación moral”. (“ACUÑA, Horacio José c/Estado Provincial s/contencioso administrativo” del 19/02/18 -voto de quien suscribe, que recibiera, en ese aspecto, la adhesión del señor Vocal, González Elías; el subrayado no es del original).

Es conveniente analizar los parámetros referidos y los criterios de mérito de los precedentes “Acosta.” y “Acuña.” para la determinación del monto indemnizatorio “por no ser el daño moral susceptible de apreciación económica, sólo debe buscarse una relativa satisfacción del agraviado, proporcionándole una suma de dinero que no deje indemne el agravio, pero sin que ello represente un lucro que pueda desvirtuar la finalidad de la reparación pretendida” (CSJN, “José Quelas vs. Banco de la Nación Argentina” Fallos:323:1779), y sin perder de vista que difícilmente la indemnización hace desaparecer el daño o lo compensa en términos de colocar a la víctima en una situación equivalente al producirse aquél, porque las consecuencias disvaliosas no patrimoniales afectan a intereses extrapatrimoniales o inmateriales, no apreciables en dinero, más allá de la regulación expresa del artículo 1741 del Código Civil y Comercial -utilizable a modo de guía por ser los hechos anteriores a la vigencia de éste- sobre que “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas” (art.1741 in fine).

En segundo lugar, para la medida de la indemnización y para la demostración de la producción del daño, invoca la accionante la cuestión vinculada a su condición de madre embarazada y cuya hija nació seis meses antes de la extinción del contrato, derivando de la presunción del artículo 178 del Código Laboral, la circunstancia sobre que dicha condición motivó la ruptura de la relación. Sobre la discriminación, este Tribunal ha esbozado algún parámetro en “Duarte, Roberto Mario c/Estado Provincial s/contencioso administrativo” del 30/11/16, de reciente confirmación por el Superior Tribunal de Justicia el 28/12/17, al decir que “(.) la supuesta ‘discriminación’ que enuncia, no ha sido categorizada por el actor dentro de alguno de los supuestos de ‘categorías sospechosas’ que ha definido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (raza, religión, sexo, nacionalidad, etc.), siguiendo la construcción del derecho estadounidense a partir especialmente del precedente Korematsu, 323 U.S. 214 de 1944 (cfr. explicación detallada en SABA, Roberto ‘Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?’, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2016, 1a. edición, p. 43 y siguientes)”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desarrolló la teoría conocida en Argentina como “test de Hooft” expuesto a partir del caso “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” del 16/11/04 justificado como: “(.) su situación encuadra en uno de los motivos de discriminación que los pactos prohíben (art. 1.1 del Pacto de San José de Costa Rica y art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Ello hace aplicable la doctrina europea, según la cual, la presencia de uno de los motivos prohibidos en el art.14 de la Convención Europea de Derechos Humanos (entre otros, el ‘origen nacional’), hace pesar sobre la legislación que lo incluye una presunción, una sospecha de ilegitimidad, con desplazamiento de la carga de la prueba (conf. Bossuyt, Marc en Pettiti Lous Edmond y otros ‘La Convention Européenne des Droits de L’Homme’, ed. Económica, París 1995, comentario al art. 14, pág. 477 y autores citados en las notas 6), 7) y 8). También en Canadá, donde el art. 15.1 de la Carta de los Derechos y Libertades veda, entre otras, la discriminación por el motivo de origen nacional, la presencia de un criterio de distinción sospechoso dentro de una legislación impugnada, hace pesar sobre ésta una presunción de inconstitucionalidad (caso ‘R, vs. Oakes’, año 1986, S.C.R. 103)”.

En conclusión, los supuestos de “categorías sospechosas” provocan la inversión de la carga de la prueba, en los siguientes términos: “(.) en punto a la carga probatoria, resulta aplicable, mutatis mutandi, a la presente causa (.) la. presunción de inconstitucionalidad de la norma local (que) sólo podía ser levantada por la provincia demandada con una cuidadosa prueba sobre los fines que había intentado resguardar y sobre los medios que había utilizado al efecto. En cuanto a los primeros, deben ser sustanciales y no bastará que sean meramente convenientes. En cuanto a los segundos, será insuficiente una genérica ‘adecuación’ a los fines, sino que deberá juzgarse si los promueven efectivamente y, además, si no existen otras alternativas menos restrictivas para los derechos en juego que las impuestas por la regulación cuestionada” (CSJN, Hooft). Aquí, Arredondo denunció que su condición de mujer-madre fue la razón del despido, atribuyéndole con ello mayor carga al daño sufrido en su ánimo. Claramente, se entiende que opera un doble orden de presunción.En primer lugar, existe una categoría sospechosa invocada, cual es la del género, teniendo presente que la Ley 26485 de Protección Integral contra las Mujeres, dentro de las modalidades de violencia, regula en el inciso c) la Violencia laboral contra las mujeres y la define como aquella que “discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre su estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo (.)”. Conforme el test de Hoof diseñado por la Corte Nacional y la construcción sobre las categorías sospechosas, debieron ser los entes estatales a los que les correspondía destruir la invocación que la falta de renovación del vínculo que duró alrededor de siete años, no fue provocado por el embarazo y maternidad de Adriana Lorena Arredondo. Esta presunción no destruida, más la aplicación analógica interpretativa de la Ley de Contrato de Trabajo que en su artículo 178 dice que “Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha de parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley”, lleva a considerar que asiste razón a la accionante respecto a haber sido víctima de un acto de discriminación en su condición de mujer.Por tanto, se construye la convicción respecto de que, para medir el daño extrapatrimonial sufrido por la accionante, tiene que vincularse a la discriminación por su condición de mujer, embarazada primero y madre después, y este Tribunal no puede permanecer ajeno a la manda convencional de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer) aprobada por Ley 23.179 con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994 al ser incorporada al artículo 75 inc. 22, en tanto el Estado Argentino se obligó a “adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer” -artículo 2, inciso b)-, contemplando la situación de maternidad específicamente el art. 11 punto 2. Ello no obstante el catálogo de Convenciones y Tratados Internacionales que resultan en forma más genérica aplicables, en tanto prohíben o sancionan los comportamientos discriminatorios en razón del sexo (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. II; Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 2º; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 2, punto 2; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2 punto 1, art. 26). La Constitución Entrerriana no fue a la zaga al ser reformada en el año 2008, al consagrar en el artículo 17 la igualdad real de oportunidades y de trato para mujeres y varones en el pleno y efectivo ejercicio de los derechos que fueren reconocidos por el ordenamiento jurídico.En fin, para medir entonces el daño moral reclamado, debe asignársele una indemnización del rubro extrapatrimonial ejemplarizadora, teniendo presente que la dañada es una persona que prestó su fuerza de trabajo para la Universidad Autónoma de Entre Ríos a través de un vínculo tan irregular que se le pagaba como si ejerciera la docencia (recordemos la modulación en horas cátedra, el Incentivo Docente, y demás adicionales destinados a personal docente), a quien se le fue sucesivamente renovando su designación por siete años, y que, en el ínterin, fue destinataria de una Resolución del Rector que “prometió” no modificar el status quo, lo cual no fue cumplido, justo, a seis meses de dar a luz a su hija; ello, además de la natural angustia que puede provocar tamaña situación, se constituye -ante la falta de prueba por parte de la empleadora- en una desvinculación arbitraria y discriminatoria en razón del género.

Tales circunstancias configuran el prudente arbitrio judicial para cuantificar el daño, lo que se combina, tensiona o funciona como límite verificador, con el procedimiento de la tarifación judicial indicativa, para lo que se consultó la base de cuantificación del mismo, moral, edad y condiciones similares a la de la accionante, en casos de reparación de afección derivadas del incumplimiento contractual e injurias (http://consultas.pjn.gov.ar/cuantificacion/civil/dmoral_ result.ph;y-http://consultas.pjn.gov.ar/cuantificacion/civil/dextr apa_result.php), contrastado con la tipología indemnizatoria en Unidades de Daño Moral (cfr. JUAREZ FERRER, Martín “Cuantificación del daño moral por escalas” en Colección de “Cuantificación del Daño”, Parte General, dirigida por Juárez Ferrer, Martín, Ed. La Ley, Bs. As., 1a. ed., 2017, p.318). En fin, dos parámetros adicionales pueden ser tenidos en cuenta para la medida del daño, el del artículo 182 de la Ley de contrato de Trabajo (un año de remuneraciones), y la sanción que prevé la violación a la Ley de Violencia Laboral -número 9671- que en su artículo 5º establece que la multa será de entre diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos, vital y móvil, siendo su valor, a la fecha, de diez mil pesos ($10.000). Por tanto, la indemnización por daño moral se fija en el equivalente a treinta y cinco veces el salario que Arredondo percibía al momento de su separación, con más intereses. En cuanto a las costas, habiendo vencimientos parciales y mutuos entre las partes, corresponde se impongan en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% a la actora, conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial aplicable por reenvío expreso del artículo 88 del Código Procesal Administrativo. Los honorarios se regularán oportunamente. Así voto.

A LA MISMA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL GONZALEZ ELIAS DIJO:

1. Habiendo descrito de manera detallada la Señora vocal del primer voto los antecedentes de la causa se remite a ellos en honor a la brevedad. Inicialmente se debe advertir que se comparten en general los conceptos, desarrollos argumentales y conclusiones a las que llega la distinguida colega, salvo en lo atinente al reconocimiento de la indemnización derivada del cese ilegítimo dispuesto por la UADER para con la demandante.En efecto, para resumir y puntualizar la disidencia se concuerda en que a Arredondo se la despidió en forma ilegítima y que merece ser resarcida en su daño moral, por los mismos motivos que expone Schumacher, pero -a diferencia de lo que propone la mencionada magistrada- no corresponde sea resarcida con la indemnización que por derecho le atribuye y funda por el cese abrupto en su precaria relación de servicio con la Universidad provincial porque esa pretensión no ha sido formulada por la demandante en esta sede judicial.

Es que claramente la actora se presentó al proceso administrativo reclamando dos pretensiones autónomas y una más derivada de una de ellas, que no incluyeron el pedido de indemnización por ruptura ilegítima del vínculo de empleo público transitorio, afirmación que exige su demostración: 1.1 La demanda (fs. 498/507 y vta.) expresa en el apartado “Punto II. Objeto” apartado 1° lo referido al pedido anulatorio de los actos administrativos atacados como fórmula habitual y necesaria para que se los despoje de sus atributos de constituirse en actos jurídicos que se presumen legítimos y de efectos ejecutorios; en su punto 2° pretende que “reincorpore a mi mandante a los servicios normales y habituales” para luego pedir “en consecuencia ordene se le abonen a ésta en concepto de indemnización por daño(s) y perjuicios todos los salarios caídos que dejó de percibir desde su cese, por todo el tiempo de su segregación ilegítima y hasta su efectiva reincorporación, con más los intereses legales (.)” (lo resaltado no es del original); luego en el punto 3° reclama el reconocimiento del daño moral para finalmente pedir la imposición de costas (punto 4°). Como era de esperarse el apartado final “VII – Petitorio” del mismo escrito de inicio reproduce prácticamente en forma textual el “objeto” de la demanda “en consecuencia ordene la reincorporación de la actora a sus servicios normales y habituales (.) y ordene además que los co demandados le abonen a ésta los salarios caídos (por dañosy perjuicios) desde su cese ilegítimo y hasta su efectiva reincorporación, con más el pago de intereses”, luego en el punto “V” reitera su pedido de daño moral. De la atenta lectura del escrito de la demanda (que ha sido relatado con detalle y precisión por la colega del primer voto) puede verificarse que el reclamo de daños y perjuicios o de salarios caídos -como indistintamente los califica- tiene directa relación por derivación de la pretensión de reincorporación al empleo más no como indemnización por despido arbitrario.

Lo afirmado puede comprobarse con lo expresado como conclusión del apartado que concluye a fs. 500 vta. pidiendo la reincorporación más la reparación de los daños ocasionados por la ruptura de su relación de empleo que lo encuadra en la categoría de empleo público “estable”; lo que se reitera a fs. 501 vta. al aludir a la relación con la UADER a quien le atribuyó la creación de “una relación jurídica de empleo público permanente” y, aunque menciona el precedente de la Corte Suprema nacional “Ramos.” (ya citado en relato por Schumacher) no lo hace en el sentido de pedir una indemnización por despido incausado, sino con la finalidad de insistir con su derecho al cobro de los salarios caídos como consecuencia de la anulación de la “cesantía encubierta” y la debida “reincorporación al cargo”; argumentación que se reitera con igual sentido y por ende con igual intención a fs. 503 cuando pide nuevamente la reincorporación.Como puede comprobarse, la exigencia impuesta -en el artículo 41 inciso f) del código de rito administrativo- al demandante a formular su petición en “términos claros, precisos y positivos” conducen a concluir que del escrito de demanda Arredondo pide su reincorporación a su empleo en la UADER y los salarios caídos desde que quedó sin trabajo hasta que lo recupere basándose en la invocación de la garantía al empleo público estable, más no a la reparación del despido arbitrario. 1.2 Ahora bien, las características especiales del proceso administrativo en tanto exige al accionante la observancia de ciertos presupuestos procesales para poder plantear sus reclamaciones ante el fuero, permite efectuar otro análisis adicional que contribuirá a dilucidar el asunto aquí estudiado. Sabido es que el denominado principio de congruencia plasmado en el artículo 10 del Código Procesal Administrativo que ordena a “las acciones (.) limitarse a las cuestiones que fueron debatidas previamente en las reclamaciones o recursos administrativos” hace dirigir la mirada hacia las reclamaciones administrativas que realizara la actora como forma de “agotar” la vía administrativa ante las demandadas. El reclamo administrativo (fs. 152/156 vta.) claramente expone su pretensión de reincorporación a la que adosa en forma subsidiaria (es decir, en caso de que no se acceda a la formulada con preferencia a ella) el reconocimiento del derecho a una indemnización por despido incausado; luego de lo cual formula su pedido de daños y perjuicios.En lo que interesa a la formulación de esta disidencia parcial puede verificarse -con la detenida lectura de la reclamación efectuada en sede administrativa- que Arredondo más focalizó su pretensión (aun presentándola en forma subsidiaria) a la justificación de su derecho a ser indemnizada por despido incausado y arbitrario haciendo referencia a l o dispuesto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, echando mano de la jurisprudencia del Tribunal cimero nacional de “Ramos.” y “Cerigliano.” que en fundamentar su derecho al reingreso al empleo con más el pago de los salarios caídos, pretensión que, en clave de jurisprudencia de dicho Máximo Tribunal, refiere al caso “Madorrán.”. Ello se vio claramente reflejado en los actos administrativos dictados como consecuencia de la reclamación inicial y la presentación del recurso contra la denegatoria a su reclamo, es decir, que tanto la Resolución N° 014 del 27/02/15 (fs. 136/141) en su considerando 1° como la N° 133 del 09/02/15 (fs. 142/151) aludieron y respondieron respecto de la pretensión principal de reincorporación al empleo con más el pago de los salarios caídos como la subsidiaria de pago de una indemnización por despido arbitrario. Queda acreditado, en consecuencia, que las pretensiones formuladas en sede administrativa no fueron replicadas en la sede judicial ya que la efectuada en forma subsidiaria a la principal no fue mantenida, es decir y bajo el riesgo de la reiteración, la pretensión de reincorporación al empleo público estable fue expresada en la demanda (“en términos claros, precisos y positivos” art. 41 inciso “f” CPA), pero no así la realizada para el caso que no prosperare la principal de pago de una indemnización por despido incausado que de ninguna manera fue planteada.1.3 El principio procesal de congruencia formulado para los procesos de corte civilista (no ya aludiendo al mismo principio en clave de acceso al proceso administrativo ya explicado) exige también en el proceso administrativo “Las pretensiones formuladas por el interesado en sede administrativa y mantenidas en sede judicial por las partes son la pauta objetiva del proceso: condicionan los términos del debate, vinculan a jueces y tribunales y señalan el comienzo y final del conflicto jurídico. Los contornos de la contienda en el proceso administrativo son determinados por las pretensiones formuladas por las partes en relación, si es menester, con el acto o reglamento de que se trate.” (Hutchinson Tomás, en Derecho Procesal Administrativo, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2009, Tomo I, pág. 279) “ZORZOLI, LETICIA C/ ESTADO PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” Expte. Nº 350, auto del 23/05/16. Ha quedado demostrado en el apartado anterior que la demandante no mantuvo la pretensión subsidiaria de reconocimiento al derecho al pago de una indemnización por despido arbitrario reclamada en sede administrativa, lo que implica que tal pedido no pueda ser objeto de consideración por el Juez al fallar ya que “la congruencia de la sentencia está basada en la coincidencia o la existencia de un eje entre pretensiones y decisión, y no entre argumentos y decisión” tal como lo expresara esta Cámara en sentencia dictada en autos “ARRIONDO, JUAN JOSE C/ ESTADO PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” Expte. Nº 2129/S, del 31/03/17.De los conceptos brindados puede concluirse que, no sólo las pretensiones deben formularse primero en sede administrativa para luego introducirlas en sede judicial (contencioso administrativo), sino que deben ser mantenidas en él para cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 del CPA, todas vez que ellas constituyen el marco de la contienda un límite al poder decisorio del juzgador quien podría fallar “ultra petita” y por ello por fuera de la potestad que el ordenamiento jurídico le atribuye pero no sólo como un límite a su “poder” sino también en aras de proteger el derecho de defensa de la parte demandada. Es que “Uno de los principios procesales fundamentales de todo proceso judicial es el de la “congruencia”, que penetra en el principio dispositivo, el que ordena que los agravios que definen el contenido del juicio se limiten a los que planteen las partes. Este principio constituye un límite dirigido al Juez y que recala en la garantía constitucional de la defensa en juicio, él debe intervenir cuando se lo llama y en la medida de lo que se le plantea” según expresara el suscrito en su voto mayoritario en la sentencia dictada en autos “BARZAN, FERNANDO JAVIER C/ MUNICIPALIDAD DE PARANA S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” Expte. Nº 474 de fecha 24/04/18. Nótese, como prueba de lo hasta aquí concluido, que la contestación de la demanda proporcionada por la Fiscalía de Estado (fs. 536/550) no efectúa defensa alguna respecto a una pretensión de indemnización por despido arbitrario, es más, a fs. 545 -resaltando con letra negrita- cuestiona la argumentación de la demandante en tanto pretendió la reincorporación al empleo citando los precedentes “Ramos.” y “Bolardi.” de la Corte Suprema nacional que reconocieron indemnización más no reincorporación al afectado. La contestación de demanda de la UADER (fs.563/579) también hace referencia clara a la incorrección en la pretensión de reincorporación de Arredondo fundado en fallos de la Corte que aluden al reconocimiento de indemnizaciones por despidos arbitrarios de agentes estatales.

Tampoco Fiscalía de Estado en representación del Estado Provincial ni la UADER formulan negativa alguna respecto del derecho a la indemnización por despido incausado como pretensión autónoma, principal o subsidiaria. Incluso la accionante al presentar escrito refiriéndose a las contestaciones de demanda (fs. 581/587) reitera una vez más que el derecho constitucional invocado es a la estabilidad en el empleo público sin efectuar referencia directa ni subsidiaria al del resarcimiento por despido incausado, lo que repite al momento de presentar su alegato (fs. 651/653). La Corte Suprema ha sentado criterio coincidente con los conceptos antes desarrollados en tanto expresó en sus sentencias que “Lesiona las garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio la sentencia que admitió la disminución del valor del bien expropiado por la supuesta existencia de asentamientos, gasoductos y electroductos si dichas circunstancias no fueron introducidas por las partes, ya que el principio de congruencia exige la existencia de conformidad entre la sentencia y las pretensiones y defensas deducidas en juicio, es decir, que debe mediar correspondencia entre el contenido de las pretensiones y oposiciones de las partes, y la respuesta que surge del órgano jurisdiccional en su pronunciamiento.” en autos “VIEYRA DE ALVAREZ, SARAH LILIA c/ ESTADO NACIONAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD s/EXPROPIACIÓN – SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA” V. 102. XLVIII.ROR del 17/12/13 (Fallos 336:2429 ); también lo señaló cuando consideró arbitraria “la sentencia que, al condenar a la recurrente a adquirir el stock de botellas vacías y cajones plásticos que pudieran todavía estar en poder de la actora, se apartó del objeto del litigio y del contenido de las pretensiones de las partes violentando el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio, toda vez que la demanda no tuvo como objeto la recompra de tales bienes, sino el reintegro del cincuenta por ciento del gasto incurrido por la demandante para adquirirlos.” en autos “DISTRIBUIDORA SAN DIEGO S.R.L. c/ CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G. Y OTRO s/ORDINARIO” D. 1590. XLI. RHE del 07/08/07 (Fallos 330:3494).

2. Concluyendo y en síntesis, adhiero a la propuesta de la Señora Vocal del Primer Voto en tanto se haga lugar parcialmente a la demanda y se declare la nulidad de los actos administrativos puestos en crisis por Arredondo en lo que se encuentre en contradicción con lo aquí decidido; se rechace la pretensión de reincorporación al empleo y la consiguiente indemnización por salarios caídos; condenando a la UADER -en forma principal- y al Estado Provincial -en forma subsidiaria- al pago de la indemnización por daño moral ante la cesación en el empleo público transitorio formulado en forma ilegítima de acuerdo al método integrativo y por el monto propuesto por la distinguida colega que precede a este voto. 3. En cuanto a la imposición de costas considerando que se arriba a un resultado parcialmente favorable a la accionante atendiendo a las particularidades propias de la causa en las que se involucran derechos humanos afectados a la demandante se propicia lo sean en un 70% a cargo de las demandas y en el porcentaje restante a cargo de la actora. Honorarios, oportunamente. Así se vota.A SU TURNO, EL SEÑOR VOCAL CARBÓ manifiestó que adhiere al voto y la solución propuesta por la señora Vocal del primer Voto, Dra. Schumacher.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Gisela N. Schumacher

Presidenta

Hugo Rubén Gonzalez

Vocal de Cámara

Elias Eduardo Romeo Carbó

Vocal de Cámara

-Disidencia parcial

SENTENCIA:

PARANÁ, 20 de septiembre de 2018.

VISTO:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y oído oportunamente el Ministerio Público Fiscal; SE RESUELVE:

I. Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Adriana Lorena Arredondo contra la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el Estado Provincial y, en consecuencia, anular las Resoluciones números 133/15 y 014/15 de fechas 09/02/15 y 27/02/15 respectivamente (artículo 70 inc. a) del CPA). II. Condenar a la Universidad Autónoma de Entre Ríos y, en forma subsidiaria, al Estado Provincial a : a.- abonar a la actora una indemnización por daños y perjuicios patrimoniales, la que se determina en una suma única que resultará de multiplicar la última remuneración nominal de aquella -integrada por los rubros habituales y permanentes- por el número de años de antigüedad que se acreditaron, considerándose como unidad de fracción la que supere los seis meses; ello con más los intereses computados desde la fecha de su cese -01/03/13- y hasta su efectivo pago, calculados conforme la tasa activa que aplica el Banco Nación Argentina en sus operaciones de descuento ordinarias (artículo 70 inc. c) del CPA); b.- abonar a la accionante, en concepto de indemnización por daño moral, una suma equiva lente a treinta y cinco veces el salario que aquella percibía al momento de su cese, con más intereses calculados conforme la tasa activa que aplica el Banco Nación Argentina en sus operaciones de descuento ordinarias (artículo 70 inc. c) del CPA). III. Rechazar la pretensión de reincorporación de la accionante. IV. Imponer las costas en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% a la actora, conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial aplicable por reenvío expreso del artículo 88 del Código Procesal Administrativo, sin perjuicio del beneficio de gratuidad consagrado en el art. 60 bis. de la Ley 9755 -incorporado por Ley 10471-. V. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. Registrar, notificar, oportunamente devolver las actuaciones administrativas agregadas por cuerda, y ,en estado, archivar.

Gisela N. Schumacher Presidenta

SIGUEN LAS FIRMAS.

Hugo Rubén Gonzalez

Vocal de Cámara

Elias Eduardo Romeo Carbó

Vocal de Cámara -Disidencia parcial-

ANTE MI:

Alejandro Grieco

Secretario

SE REGISTRÓ. CONSTE.-

Alejandro Grieco

Secretario