Aun cuando el trabajador facturara servicios autónomos se considera que existió relación laboral

Partes: Flint Walter Guillermo c/ Brenson Autos Sociedad Anónima y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 19-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-111785-AR | MJJ111785 | MJJ111785

Comprobada la prestación de servicios y vista la continuidad de la prestación del accionante mediante el pago de una retribución periódica, su desempeño revela una verdadera relación de naturaleza laboral.

Sumario:

1.-Se ajustó a derecho la decisión del trabajador de colocarse en situación de despido indirecto, atento el desconocimiento de la accionada de la existencia de vinculación, ya que luce indiscutible que el actor estuvo vinculado con la demandada a través de una relación de carácter laboral, más allá de la figura que pretendió atribuírsele (prestador autónomo de servicios).

2.-El hecho de que el actor haya facturado como trabajador autónomo, o que haya guardado silencio y omitido reclamos durante el transcurso de la relación, no excluye la dependencia ni convierte al actor en un profesional autónomo ni en un empresario, máxime cuando quedó demostrada la sujeción a órdenes y directivas y la accionada no aportó prueba en aval de su postura.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de JUNIO de 2.018, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I.- La Señora Jueza de Primera Instancia hizo lugar a la demanda orientada al cobro de la indemnización por despido y otros créditos de naturaleza laboral. Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas y los antecedentes del caso, concluyó que entre el accionante y la codemandada Brenson Autos SA, existió relación laboral en los términos del art. 21 y 22 de la LCT y que la decisión del trabajador de colocarse en situación de despido indirecto, fue ajustada a a derecho atento el desconocimiento de la accionada de la existencia de vinculación laboral.

II.- Tal decisión es apelada por la parte actora y por la codemandada Brenson Autos SA a tenor de las manifestaciones vertidas en los memoriales de fs. 344/vta y fs. 345/350. Por su parte a fs. 340 y a fs. 342, el perito contador y la representación letrada de la codemandada Ford Argentina SA, respectivamente, objetan las regulaciones de sus honorarios por estimarlas reducidas.

III.- Trataré en primer término el recurso interpuesto por la codemandada Brenson Autos SA. Memoro que el Sr. Flint se desempeñó como operario (categoría de oficial múltiple de acuerdo al convenio de SMATA) para la codemandada Brenson Autos SA desde julio de 2011. Sostuvo que efectuaba tareas de polarizado de los vidrios de los automóviles que se vendían y también hacía el teflonado de los mismos. Dijo que la accionada le hacía emitir facturas para percibir su salario y que nunca lo registró como dependiente. Ante tal irregularidad, el 11.02.2014 intimó a la accionada para que regularizara su situación y ante el desconocimiento de la relación laboral, se consideró despedido.Asimismo cursó la misma comunicación a la codemandada Ford Argentina en los términos del art. 30 de la LCT. La magistrada de origen determinó aplicable la presunción prevista por el art. 23 de la LCT y con ello, la existencia de relación de trabajo dependiente (arts. 21 y 22 LCT). No obstante, rechazó la demanda respecto de la coaccionada Ford Argentina SA por no configurarse el supuesto previsto en el art. 30 de la LCT. En los términos de los agravios expresados por la accionada, señalo que comparto el temperamento adoptado en origen respecto de la existencia de vinculación laboral entre ambas partes, Luego de evaluar las pruebas incorporadas en autos, la magistrada de origen estimó aplicable la presunción prevista por el art. 23 LCT -ante la defensa de las demandadas que sostenían la existencia de una relación no laboral con el actor, de carácter autónomo e independiente) y concluyó que el Sr. Flint se encontraba vinculado con Brenson de manera dependiente.

En efecto, luce indiscutible -tal como lo concluyó la Sra. Jueza “a quo”- que el actor estuvo vinculado Brenson Autos SA a través de una relación de carácter laboral, más allá de la figura que pretendió atribuírsele (prestador autónomo de servicios). Conforme el principio de primacía de la realidad, no se pueden omitir las manifestaciones efectuadas de manera coincidente por todos los testigos, aun cuando alguno de ellos pudiera tener juicio pendiente como fuera postulado por el apelante, lo cierto es que todos fueron claros, precisos y contundentes acerca de la modalidad de trabajo y demás características de la relación denunciada, por lo que les otorgo pleno valor convictivo (art.386 CPCCN).

Así, surgió de sus dichos que el accionante se hallaba prestando tareas en el local de la calle Balbin 2155 de la localidad de San Martín, que es un taller de postventa y de pre entrega de Brenson, que allí el actor trabajaba de 8 a 18 hs y realizaba tareas de polarizado y teflonado, que los vehículos eran de la marca Ford Okm vendidos por el concesionario Brenson, que llegaba un mail con los números de chasis de cada vehículo al que le habían vendido ese servicio y los hacían en ese taller, que si llegaban tarde o faltaban a trabajar, debían avisar al encargado de Brenson, que los elementos con los que trabajaban los proveía Brenson (ver testimonios de Kullahian, Perez y Gómez -fs.207, fs. 214 y fs. 216, respectivamente) siendo los declarantes contemporáneos con el trabajador en esa ocupación y lugar de trabajo, todos ellos sujetos a las modalidades que le eran impuestas, así como las pautas, horarios, lugares de labor y conforme las directivas de Brenson todo ello sin que el reclamante tuviera injerencia alguna en estas cuestiones y ello conducen a interpretar -tal como lo hizo la anterior sentenciante- que la relación se encontraba disfrazada bajo una supuesta “prestación de servicios”. Por ello, los elementos de prueba analizados resultan suficientes para acreditar la configuración de un vínculo laboral dependiente. Esto hace presumir la existencia de un contrato de trabajo en los términos del art. 21 y 22 LCT, sin que exista en autos prueba que la desvirtúe (conf. art.23 LCT).

En este punto correspondía a la demandada aportar los elementos de prueba para avalar la postura de su defensa, actividad que en el caso, no ocurrió. En este sentido, los testigos aportados por la accionada, no lograron desvirtuar las declaraciones de quienes lo hicieran por la contraria pues Cohelo y Lograva no aportaron precisiones sobre los hechos que se discuten en tanto, el primero dijo que al actor lo vio una vez y que lo llamó por teléfono para hacer un trabajo, y el segundo, trabajó muy poco tiempo con el actor en Brenson. El solitario testimonio de Paganini resulta insuficiente para rebatir los testimonios aportados por la contraparte pues no encontró sustento en ningún otro medio de prueba, a la vez que, tratándose de un dependiente de la accionada, su testimonio fue analizado con mayor rigurosidad (art. 386 CPCCN).

En este escenario, y toda vez que la relación de trabajo es un contrato “realidad”, así llamado para indicar que lo determinante son los hechos tal como se dan y no lo que las partes quieren decir de la relación o sus denominaciones o formas que adopten para poner un velo sobre lo realmente ocurrido. En consecuencia, comprobada la prestación de servicios y vista la continuidad de la prestación del accionante mediante el pago de una retribución periódica, su desempeño revela una verdadera relación de naturaleza laboral (art. 21 y cc. LCT). Desde esta perspectiva de análisis, el hecho de que el actor haya facturado como trabajador autónomo, o que haya guardado silencio y omitido reclamos durante el transcurso de la relación (arts 12 y 58 LCT), no excluye la dependencia ni convierte al actor, en un profesional autónomo ni en un empresario, máxime teniendo en cuenta que quedó demostrada la sujeción a órdenes y directivas y la accionada no aportó prueba en aval de su postura.En síntesis, desde este perspectiva de análisis considero activada la presunción del artículo 23 LCT por el hecho de la prestación de servicios, y la negativa de la demandada a reconocer la existencia de relación de trabajo subordinado, constituyó injuria suficiente para impedir la prosecución del vínculo,(art. 242 LCT). De esta manera, la sentencia debe quedar al abrigo de revisión.

IV.- El recurso interpuesto por la parte actora no tendrá favorable recepción. Se queja el accionante en su escueta presentación (ver fs. 344 y vta.), por el nivel remuneratorio determinado en origen conforme las facultades previstas por el art. 56 LCT ($5.516,01.-) por remisión del art. 55 LCT. Al respecto, se limita a insistir en que conforme la presunción emanada del art. 55 de la LCT -aplicable al caso-, correspondía tener por cierta la remuneración denunciada en el inicio ($19.000). Aún cuando el agravio carece de mayores fundamentaciones, lo que conllevaría a declararlo desierto en los términos del art. 116 L.O,, considero necesario señalar que la presunción que emana de dicha normativa, no puede aplicarse de manera mecánica sino que la misma debe proyectarse sobre hechos verosímiles y sustentarse en otros medios de prueba que le sirvan de aval La prueba rendida en autos luce insuficiente para tener por probado el importe invocado pues el mismo no surge de la prueba testimonial ni tampoco de ninguna otra constancia de la causa. Dicha suma tampoco guarda razonabilidad con las tareas que cumpliera el dependiente como oficial múltiple (conforme el convenio de SMATA), con la actividad de la empresa, y además luce desproporcionada en relación a los salarios mínimos de la época y lo que se percibe en actividades habitualmente mejor remuneradas. En este contexto, correspondía a la judicatura establecer el monto de la remuneración, como bien lo hizo la magistrada de origen, suma que estimo adecuada conforme los parámetros señalados. A mayor abundamiento, el Alto Tribunal ha establecido que aunque el art.55 de la LCT crea una presunción en favor de las afirmaciones del trabajador, y el art.56 de ese ordenamiento faculta a quienes juzgan a fijar el importe del crédito de que se trata, esto debe hacerse por decisión fundada, y siempre que su existencia esté legalmente comprobada, teniendo presente los salarios mínimos vitales y las retribuciones habituales de la actividad (CSJN, in re Ortega Carlos c/Seven Up Concesiones SAIC, sent. del 10/7/86, Fallos 308:1078). Por ello, sugiero confirmar lo decidido sobre este punto en particular. Las restantes argumentaciones vertidas en torno al rechazo de la condena hacia Ford Argentina SA deben ser desoídas en tanto el apelante no efectúa una crítica concreta y razonada de este aspecto de la decisión que considera equivocado sino que se limita a manifestar su disconformidad y a insistir en su postura sin lograr rebatir los sólidos argumentos expuestos por la magistrada de origen, carencia que sella la suerte del planteo en los términos de l art 116 de la LO.

V.- Respecto al cuestionamiento en torno a la distribución de las costas, y en atención a la forma en la que -en definitiva- ha sido resuelta la cuestión traída a tratamiento de esta Alzada, sin que los planteos recursivos alcancen para modificar la solución adoptada en la anterior instancia y que reitero, sugiero se confirme, no encuentro razones para apartarme del criterio adoptado, motivo por el cual propongo se confirme lo resuelto sobre el punto y se impongan las de Alzada por el orden causado atento la forma de resolverse (art. 68. CPCCN). A tal fin propicio que se regulen los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara el 25%, y 25%, respectivamente, de la suma que les corresponda percibir a cada una de ellos por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior (art.14 ley 21.839 vigente al momento de la realización de los trabajos).

VI.- En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio, recurridos por el perito contador y por la representación letrada de Ford Argentina SA, teniendo en cuenta el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, el resultado del pleito y lo normado por el art.38 de la LO y disposiciones arancelarias de aplicación y vigentes a la época de las tareas ponderadas a los fines regulatorios (arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la ley 21.839 y art.3° inc. b y g del Dto.16.638/57; cfr. arg. CSJN, in re “Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios” , sentencia del 12/9/1996, F.479 XXI), considero que los honorarios fijados en grado a la representación letrada de Ford Argentina SA son adecuados y deben ser confirmados. No obstante, los asignados al perito contador lucen exiguos conforme los parámetros señalados, por lo que propicio elevarlos al 7% sobre el monto de condena, incluido capital más intereses.

VII.- Por todo lo hasta aquí dicho, de prosperar mi voto, sugiero: 1) confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios excepto la regulación de honorarios asignada al perito contador que se deja sin efecto y se eleva al 7% sobre el monto de condena, incluido capital más intereses, 2) imponer las costas de alzada por el orden causado (art. 68 2º párr CPCCN); 3) regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25%, y 25% de lo que le fue regulado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6 y 14 Ley 21839).

La Doctora Graciela A. González dijo: Que adhiere al voto que antecede, por análogos fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE:1) confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios excepto la regulación de honorarios asignada al perito contador que se deja sin efecto y se eleva al 7% sobre el monto de condena, incluido capital más intereses, 2) imponer las costas de Alzada por el orden causado (art. 68 2º párr CPCCN); 3) regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25%, y 25% de lo que le fue regulado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6 y 14 Ley 21839), 4) hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/14 y Nro. 3/15 de fecha 19/2/2015 de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de las presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas. Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.