Delitos de lesa humanidad: colocación de dispositivo electrónico a los imputados con detención domiciliaria

Partes: F. E. R. y otros s/ privación ilegal de libertad (art. 144 bis inc. 1)

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 7-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-111456-AR | MJJ111456 | MJJ111456

Debe revisarse la sentencia que rechazó la colocación de dispositivo electrónico a los imputados por delitos de lesa humanidad con detención domiciliaria.

Sumario:

1.-Es arbitraria la sentencia que confirmó el rechazo a la solicitud de colocación del dispositivo de vigilancia electrónica a los imputados por delitos de lesa humanidad, detenidos cautelarmente en sus domicilios, habida cuenta que carece de fundamentación y omite valorar planteos serios y conducentes para la adecuada solución del caso y que refutaban la decisión impugnada, a saber; que la existencia de riesgo procesal había sido admitida por el mismo tribunal al disponer la prórroga de la privación cautelar, y que el uso del dispositivo electrónico no tiene ningún efecto perjudicial para la salud y resultaba adecuado, sin perjuicio de las visitas aleatorias y esporádicas efectuadas por el Patronato de Libertados, al tener en cuenta, en particular, los problemas de funcionamiento de ese órgano que le impedían cumplir de manera eficiente su función (del dictamen del Procurador Fiscal al que la Corte remite). 2-.Se advierte que el proceder del tribunal ha privado al recurrente de la facultad de ejercer en plenitud su ministerio, en tanto le impidió, indebidamente, que alegue ante él sobre el desacierto del pronunciamiento del tribunal oral, pues sólo cuando se rechaza el recurso por motivos formales se debe prescindir del debate, lo que redunda en menoscabo de la garantía del debido proceso (del dictamen del Procurador Fiscal al que la Corte remite).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de su especialidad interpuesto por el representante de este Ministerio Público contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca que no hizo lugar a que se colocara el dispositivo de vigilancia electrónica a los imputados T. H. C , E. D L E. R. F ,E. O. NI , C. A. S , R. O. O y L. A. P. P, detenidos cautelarmente en sus domicilios (fs.3/4).

La misma suerte corrió el recurso federal interpuesto contra esa decisión por el señor Fiscal General (fs. 30/31), lo que motivó la presente queja (32/36 vta.).

Según afirmó el recurrente, el tribunal oral rechazó la medida solicitada al entender que no se había demostrado la existencia de riesgo procesal que la justificara. En este sentido, señaló que los detenidos siempre observaron las reglas de conducta que se les impusieron al concedérseles la detención domiciliaria, que sus condiciones de salud tornaban irrazonable el agravamiento de su situación y que no había posibilidad de entorpecimiento de la investigación, dado que las diligencias necesarias a ese fin ya habían sido realizadas. Añadió que el objetivo de la normativa que establece la colocación del dispositivo electrónico de control es mitigar el impacto de la privación de la libertad y promover la integración de la persona con su núcleo familiar y la comunidad, mientras que en este caso no se habían brindado razones por las cuales esa medida contribuiría a alcanzar tal objetivo. Por último, recordó que el artículo 33, último párrafo, de la Ley 24.660 prevé la exigencia del dispositivo electrónico en todos los casos de detención domiciliaria, salvo decisión judicial en contrario (fs.9 vta./ll).

En su impugnación, el representante de este Ministerio Público sostuvo, según surge del recurso extraordinario, que el uso del dispositivo no tiene ningún efecto perjudicial para la salud, que la existencia de riesgo procesal fue admitida por el mismo tribunal al disponer la prórroga de la privación cautelar de la libertad de los imputados y que aquella medida también constituye una herramienta de control de la observancia de las condiciones de la detención domiciliaria, en particular la de no ausentarse del domicilio donde se está cumpliendo. En este sentido. señaló que “el mecanismo resulta adecuado, sin perjuicio de las visitas aleatorias y esporádicas efectuadas por el Patronato de Libertados que -por otro lado- se encuentra atravesando severos problemas de funcionamiento que le impiden cumplir de manera eficiente su función” (fs. 11 y vta.).

El a quo, por mayoría, declaró inadmisible ese recurso tras afirmar que no se dirigía contra sentencia definitiva ni resolución equiparable a tal, y que lo decidido contaba con fundamentos mínimos, necesarios y suficientes que impedían su descalificación como acto jurisdiccional válido, mientras que el recurrente sólo había manifestado su disconformidad sin rebatirlos (fs. 3/4).

-II-

A mi modo de ver, el recurso extraordinario debió ser declarado formalmente procedente, en tanto el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la medida rechazada, al tener en cuenta las circunstancias particulares de este caso, resultaba necesaria para asegurar que los imputados observaran las condiciones de la detención domiciliaria, la cual es una modalidad excepcional de cumplimiento de la privación cautelar de la libertad que, en comparación con la prisión preventiva, implica una disminución significativa del control estatal sobre el cautelado y, desde esa perspectiva, un incremento del riesgo de que eluda la acción de la justicia y de que el Estado, en consecuencia, no logre cumplir su compromiso internacional de sancionar a quienes fueran declarados culpables de delitos de lesa humanidad.Por ello, considero que la decisión impugnada mediante recurso federal es, por sus efectos, equiparable a sentencia definitiva (cf., mutatis mutandi, O. 296, XLVIII, “O R , Jorge C. s/recurso de casación”, sentencia del 27 de agosto de 2013; T. 13, XLIX, “T , Miguel Ángel s/causa nO 15.838”, y B. 106, XLIX, “B Antonio Federico y otro s/causa nO 16.486”, sentencias del 10 de diciembre de 2013, yA. 57, XLIX, “A , Ricardo César s/causa nO 15.858”, sentencia del 5 de agosto de 2014).

Además, el recurrente también planteó debidamente la arbitrariedad de lo resuelto por el a quo y la consecuente afectación de la garantía constitucional del debido proceso, que ampara a todas las partes por igual (Fallos: 321:1909 , 328:4580 y 331:2077 , entre otros), lo que suscita cuestión federal suficiente (Fallos: 308:1662; 314:1358; 330:4226 ).

En efecto, por un lado, se agravió de que se hubiera confirmado la decisión del tribunal oral mediante la mera transcripción de sus fundamentos, y de su consiguiente valoración como adecuados, sin haberse advertido que en el recurso de casación se habían introducido argumentos que apuntaban a refutarlos (fs.21 y vta.). A este respecto, cabe recordar lo ya expuesto supra, punto 1, en cuanto a que aquel recurso se basó en que la existencia de riesgo procesal había sido admitida por el mismo tribunal al disponer la prórroga de la privación cautelar de la libertad de los imputados, y que el uso del dispositivo electrónico de control no tiene ningún efecto perjudicial para la salud y resultaba adecuado, sin perjuicio de las visitas aleatorias y esporádicas efectuadas por el Patronato de Libertados, al tener en cuenta, en particular, los problemas de funcionamiento de ese órgano que le impedían cumplir de manera eficiente su función.

En síntesis, la decisión del a qua es arbitraria, ya que resulta insostenible tanto el fallo que carece de fundamentación como el que omite valorar planteos serios y conducentes para la adecuada solución del caso (Fallos: 268:266; 314:685; 321:2990 , entre muchos otros).

Por otro lado, tampoco puede admitirse el rechazo formal del recurso de casación mediante argumentos sobre el fondo.Como se ha dicho, el a quo sostuvo que el pronunciamiento del tribunal oral “cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes”, y que el recurrente sólo había expresado su disconformidad sin refutarlos, pero para resolver de ese modo debía permitir que, previamente, el fiscal desarrollara o ampliara los fundamentos de su pretensión, pues sólo cuando se rechaza el recurso por motivos formales se debe prescindir del debate (artículos 465 bis, 454 y 455 del Código Procesal Penal de la Nación). y la posibilidad de desarrollar o ampliar esos fundamentos resultaba necesaria en este caso, en tanto en el escrito de impugnación se había planteado no sólo una distinta interpretación normativa en cuanto a la finalidad del dispositivo de control, sino también la inocuidad de su uso para la salud y la existencia de circunstancias que no se habían valorado al momento de descartar el riesgo procesal.

En consecuencia, considero que el a qua ha privado al recurrente de la facultad de ejercer en plenitud su ministerio, al haberle impedido, indebidamente, que alegue ante él sobre el desacierto del pronunciamiento del tribunal oral, lo que redunda en menoscabo de la garantía del debido proceso.

Por todo lo expuesto, y los demás argumentos y conclusiones del señor Fiscal General, mantengo la presente queja y opino que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la decisión apelada, para que se dicte otra conforme a derecho.

Buenos Aires, 4 de julio de 2017.

ES COPIA

E. EZEQUIEL CASAL

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 7 de junio de 2018

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa F., E. R. y otros s/ privación ilegal de libertad (art. 144 bis inc. 1)”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte -en lo pertinente- los fundamentos y conclusiones del señor Procurador Fiscal, a los que se remite en razón de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada.

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y remítase.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA