Las multas correspondientes al incumplimiento de las normas de prevención del lavado de activo y financiación del terrorismo deben aplicarse aun cuando no haya sentencia firme y si no se probó el peligro en la demora.

Partes: Diners Club Argentina S.R.L. Comercial y de Turismo y otros c/ UIF s/ Código Penal Ley 21.526

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: V

Fecha: 13-jul-2017

Cita: MJ-JU-M-106541-AR | MJJ106541 | MJJ106541

Las multas correspondientes al incumplimiento de las normas de prevención del lavado de activo y financiación del terrorismo deben aplicarse aun cuando no haya sentencia firme y si no se probó el peligro en la demora.

Sumario:

1 -La multa aplicada por la Administración a una empresa y a varios de sus representantes por considerarlos responsables del incumplimiento de políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo debe ejecutarse aun cuando no exista sentencia firme, dado que se busca evitar que por vía de la interposición del recurso se impida la adopción de las providencias que, a juicio de la entidad facultada para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, fuere necesario concretar con celeridad para lograr el resguardo del sistema, desnaturalizando así el procedimiento establecido por la ley de la materia.

2.-Corresponde rechazar la medida cautelar que persigue la suspensión de la ejecución de las multas aplicadas a quienes la Administración tuvo por responsables del incumplimiento de políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, por cuanto no se ha invocado ni estimado cuál es la incidencia económica concreta que tiene el eventual pago del importe de la multa en el ejercicio económico de la firma actora, ni el impacto económico que el pago de la misma provocaría en cada uno de los sancionados.

Fallo:

Buenos Aires, 13 de julio de 2017.-

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.- Que, a fojas 2/34, se presenta el letrado apoderado de Diners Club Argentina SRL Comercial y de Turismo y de los Sres. I. J. M., G. G. U. y P. G., e interpone recurso directo previsto en el artículo 25 de la Ley Nº 25.246 contra la Resolución Nº 165 del Sr. Presidente de la Unidad de Información Financiera, por medio de la cual se les impuso una multa de pesos quinientos diez mil ($510.000) a Diners Argentina SRL y una multa de pesos quinientos diez mil ($510.000) a los Sres. M., U. y G., pagadera en forma solidaria, por considerarlos responsables del incumplimiento de políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo como así también de políticas de identificación y conocimiento del cliente. En este marco, los actores solicitaron el dictado de una medida cautelar a fin de que se suspenda la ejecución de las multas impuestas por dicha resolución, hasta tanto recaiga sentencia firme en estos autos. Ello, toda vez que el artículo 4º de la Resolución cuestionada intima a dicha parte a pagar -dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos- las multas impuestas por ese acto administrativo, bajo apercibimiento de ejecución. Asimismo, solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 4º inciso 1º, 5º, 6º inciso 1º, 9, 10, y 18 de la Ley Nº 26.854.

II.- Que a fojas 151 el Tribunal requirió a la parte demandada la producción del informe previo que prevé el artículo 4º de la Ley Nº 26.854, el cual fue presentado a fojas 162/190.

III.- Que cabe poner de resalto que, en todo proceso cautelar, la investigación sobre el derecho que se postula se limita a un juicio de probabilidades y verosimilitud. Declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal; en sede cautelar basta que la existencia del derecho parezca verosímil.El resultado, de esta sumaria cognición sobre la existencia del derecho tiene, en todos los casos, valor no de una declaración de certeza sino de hipótesis y solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá verificar si la hipótesis corresponde a la realidad (P. Calamandrei, “Introducción Sistemática al Estudio de la Providencias Cautelares”, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945, pág. 77). Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que siempre que se pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (art. 13 de la Ley Nº 26.854, in re: “Orbis Mertig San Luis S.A.I.C. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”, del 19/09/06, Fallos: 329:3890).

IV.- Que sentado ello, corresponde, en esta instancia procesal, resolver la procedencia de la medida cautelar solicitada por la parte actora en el sub lite. IV.1.- En primer lugar corresponde destacar que en los presentes autos se encuentra en discusión y debe resolverse el recurso de apelación presentado por los requirentes de la tutela cautelar contra la Resolución N° 165/2016 del Sr. Presidente de la Unidad de Información Financiera, dictada en el Sumario “Diners Club Argentina SRL Comercial y de Turismo s/ orden de supervisión Nº 19/2012” (Expte. UIF Nº 964/12), mediante la cual se impuso diferentes multas a Diners Club Argentina SRL Comercial y de Turismo, y a los Sres. I. J. M., G. G. U. y P. G. En este marco, los actores solicitaron el dictado de una medida cautelar a fin de que se suspenda la ejecución de las multas impuestas por dicha resolución, hasta tanto recaiga sentencia firme en estos autos.Al respecto, es dable recordar que, tanto el artículo 25 de la Ley Nº 25.246 como el artículo 25 del Decreto Nº 290/07 disponen que las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en el Capítulo IV de dicha norma “.serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos”. Esta última norma confiere a la Administración Pública la potestad de autotutela, razón por la que sus actos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, lo que trae aparejado, en principio, que ni los recursos administrativos o judiciales mediante los cuales se instrumenta la discusión de su validez suspenden la ejecución de tales actos (art. 12). Por su parte, ni la Ley Nº 25.246 ni el Decreto Nº 290/2007 establecen en forma expresa el efecto suspensivo del recurso (cfr. Sala II, in re: “Banco Macro S.A. y otros c/ UIF s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25”, del 21/04/2014). Se advierte así que el propósito del legislador ha sido el de evitar que, por vía de la interposición del recurso que autoriza, se impida la adopción de las providencias que, a juicio de la entidad facultada para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, fuere necesario concretar con celeridad para lograr el resguardo del sistema, desnaturalizando así el procedimiento establecido por la ley de la materia. Cabe recordar que si bien la UIF había autolimitado tal prerrogativa, al exigir la firmeza de la multa para habilitar su ejecutoriedad (art. 34 de la resolución UIF Nº 111/12, BO 18/6/12), tal temperamento fue modificado por la resolución UIF N 185/13 (BO 29/5/13), aplicable a los sumarios iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia, por la que se derogó aquella autorrestricción.De modo que la resolución aquí cuestionada, en principio, goza de ejecutoriedad, dado que el presente sumario fue iniciado el 10 de febrero de 2015 (fs. 134/143). IV.2.- En lo que respecta a la configuración del requisito del peligro en la demora exigido para la procedencia de toda medida cautelar, cabe señalar que su examen exige una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que pudieran llegar a producir los hechos que se pretende evitar pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso (cfr. Fallos: 329: 803 y 4161). En ese sentido, se ha establecido la tutela anticipada es inaceptable que si no se advierte que el mantenimiento de la situación de hecho podía influir en el dictado de la sentencia o convertir su ejecución en ineficaz o imposible (cfr. Fallos: 328:3018 ; 330:4076). En el caso, no se ha invocado ni estimado cuál es la incidencia económica concreta que tiene el eventual pago del importe de la multa en el ejercicio económico de la firma actora, ni el impacto económico que el pago de la misma provocaría en cada uno de los sancionados; de manera tal de acreditar que la denegación de la medida cautelar le puede ocasionar un quebranto no susceptible de reparación ulterior (cfr. Fallos: 328:3720 ; 329:3890; 331:108). Por otra parte, no se encuentra acreditado en autos la efectiva iniciación de ejecuciones por la sanción aquí cuestionada, razón por la que el peligro alegado resulta meramente conjetural, sin perjuicio de que tampoco se evidencia sumariamente que la ejecución del acto administrativo cuestionado ocasione un perjuicio grave de imposible reparación ulterior (art. 13, inc. 1, ap.e, de la ley 26.854). En efecto, las genéricas alegaciones de fojas 31/31vta no permiten tener por acreditada la excesiva desproporción de la multa impuesta en relación con la situación patrimonial y financiera de cada uno de los sancionados, ya que no se incorporó al proceso elemento probatorio alguno que permita precisar tales extremos, sin que pueda determinarse -al menos mediante declaraciones juradas de impuestos y un informe contable debidamente fundado- el impacto que el eventual pago del importe de la multa provocaría en cada uno de aquéllos (cfr Sala IV, in re: “Yacopini, Adrián Arturo y otros c/ UIF s/ Código Penal – ley 25246 – dto 290/07 art. 25”, del 27/04/2017). IV.3.- Sentado lo expuesto, cabe agregar que, si bien es cierto que la jurisprudencia ha sostenido que los presupuestos procesales de las medidas cautelares se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud en el derecho puede atemperarse el rigor acerca del peligro en la demora y viceversa (cfr. esta Sala, in re, “Mobil Argentina SA C/ EN-AFIP-DGI s/ Inc. de Medida Cautelar”, del 26/02/2016, Sala I, in re “ADM Argentina SA – INC de Med (8-IX-11)”, del 03/11/11; Sala II, in re “Toma Roberto Jorge”, del 21/12/00; Sala IV, in re “Arte Radiotelevisivo Argentino SA”, del 16/04/98, entre muchos otros) lo cierto es que, ambos recaudos deben hallarse siempre presentes.Por lo que la falta de configuración del peligro en la demora es suficiente para denegarla, siendo inoficioso el tratamiento de los argumentos referidos a la verosimilitud del derecho (Fallos 326:2261 )

IV.4.- Que, en tales condiciones, dentro del limitado ámbito de conocimiento que impone el procedimiento cautelar y sin formular un juicio definitivo acerca de la cuestión que se controvierte en el proceso, no se advierte que aparezcan suficientemente configurados los requisitos establecidos en los incisos 1º y 2º del artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y en el artículo 15 de la ley 26.854, para conceder la medida cautelar requerida en el escrito de interposición de la demanda, en los términos en que fue solicitada. En virtud de lo expuesto, cabe adelantar que el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de los artículos 4º inciso 1º, 5º, 6º inciso 1º, 9, 10, y 18 de la Ley Nº 26.854 deviene inoficioso en esta etapa procesal.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Desestimar la medida cautelar solicitada por la parte actora.

Se deja constancia de que el Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany no suscribe la p resente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese y sigan los autos según su estado.

Guillermo F. Treacy

Pablo Gallegos Fedriani