Legitimidad de la norma convencional que excluye al personal jerárquico de entidades bancarias del derecho a percibir la Suma Remuneratoria Acta 26/05.

Partes: Mateo Eduardo Raul c/ Banco de Santiago del Estero S. A. y/u otros s/ indemnización por despido sin causa – casación laboral

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero

Sala/Juzgado: Criminal, Laboral y Minas

Fecha: 22-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-104191-AR | MJJ104191 | MJJ104191
Legitimidad de la norma convencional que excluye al personal jerárquico de entidades bancarias del derecho a percibir la Suma Remuneratoria Acta 26/05.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto entendió que el actor carece de derecho a percibir la Suma Remuneratoria Acta 26/05, pues del anexo pertinente no emana que haya sido voluntad de los representantes que tal beneficio opere a favor del personal jerárquico de entidades bancarias, dentro del cual se encontraba el actor, siendo que las negociaciones colectivas son exclusivas para los sujetos comprendidos dentro de ellas y no pueden hacerse extensivas pretorianamente a los trabajadores no convencionados.

2.-La norma convencional que excluye al personal jerárquico de entidades bancarias del derecho a percibir la Suma Remuneratoria Acta 26/05 resulta clara, sin presentar oscuridades, vacilaciones o dudas, por lo que no cabe concluir que al haberla aplicado el a quo y al haberla interpretado como lo hizo, se hayan violentado los arts. 8 y 9 de la Ley 20.744.

3.-No corresponde que el Suplemento Mínimo Garantizado sea considerado como integrante del sueldo básico del empleado bancario, ya que tiene un mero carácter extraordinario, excepcional y no remuneratorio, y su exclusión de la base del cálculo para determinar la indemnización por antigüedad no fue objeto de impugnación o recurso por el apelante, por lo que esa cuestión ha quedado firme, siendo improcedente la posterior inclusión de este rubro en la planilla de liquidación para determinar la base del cálculo de la indemnización por antigüedad del actor.

Fallo:

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintidos días del mes de febrero de dos mil diecisiete, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, integrada por el Dr. Gustavo Adolfo Herrera, como Presidente, y los Dres. Eduardo Federico Lopez Alzogaray y Eduardo José Ramón Llugdar, como Vocales y, a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, con los Dres. Sebastián Diego Argibay y Carlos P. M. A. Lugones Aignasse, asistidos por la Secretaria Judicial Autorizante, Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 675/683 del Expte. Nº 18.158 – Año 2014 – Autos: “Mateo Eduardo Raul c/ Banco de Santiago del Estero S. A. y/u otros s/ Indemnización por Despido sin Causa, etc. – Casación Laboral”. Establecido el orden de pase a estudio, resultó designado para hacerlo en primer término el Dr. Eduardo José Ramón Llugdar, y en segundo y tercer lugar, los Dres. Gustavo Adolfo Herrera y Eduardo Federico Lopez Alzogaray respectivamente; y a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, con los Dres. Sebastián Diego Argibay y Carlos P. M. A. Lugones Aignasse.

El Sr. Vocal, Dr. Eduardo José Ramón Llugdar dijo:

Y Vistos:

Para resolver en los autos del epígrafe el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora a fs. 684/706 en contra de la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo y Minas de Segunda Nominación de fecha 10 de Agosto de 2013, obrante a fs. 675/683.

Y Considerando:

I) Que el casacionista se agravia de la resolución venida en recurso por cuanto la misma rechaza parcialmente el recurso de apelación interpuesto por su parte a fs. 528/546 en contra de la sentencia definitiva de fecha tres de Noviembre de dos mil diez (03/11/2010) obrante a fs.506/520, en lo que respecta al pago del beneficio denominado “Suma Remuneratoria Acta 26/05” y a la inclusión en la planilla de liquidación de “los descuentos indebidamente efectuados por la patronal” de fechas treinta de septiembre de mil novecientos noventa y seis (30/09/1996) y treinta y uno de julio de dos mil dos (31/07/2002), y el incremento establecido mediante Expte. Nro. 1.078.914/03, denominado “Suplemento Mínimo Garantizado”.

En cuanto a los agravios que considera materia del recurso refiere que el fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trabajo y Minas de Segunda Nominación, incurrió en errónea aplicación de la ley o doctrina legal de conformidad a los dispuesto por el art. 181 y cctes. del Código de Procedimiento Laboral, ley provincial Nº 7049.

Alega que a tales fines la vía recursiva se interpone en tiempo contra sentencia definitiva (art. 183 de la Ley 7049) y que reúne los requisitos de admisibilidad establecidos por los arts. 181 y 182 inc. a) de la Ley 7049 por estimar su parte que viola o aplica erróneamente la ley o doctrina legal, de la que resulta que dicha violación o aplicación influye sustancialmente en el decisorio que se impugna.

Primer Agravio:En lo sustancial sostiene que el fallo atacado, rechaza el pago del concepto “Suma Remuneratoria Acta 26/05” sin haber efectuado el análisis de las pruebas y constancias arrimadas a la causa.

Afirma que resulta indudable la procedencia del rubro rechazado toda vez que al resultar la accionada socia de ADEBA (Asociación de Bancos de Capital Argentino), sus dependientes se encuentran alcanzados por el acuerdo celebrado entre dicha entidad y la Asociación Bancaria, en consecuencia les resulta aplicable el beneficio remuneratorio pactado denominado “Suma remuneratoria Acta 26/05”, cuyos importes mensuales se fijan en planillas anexas y se ajustan a la modalidad establecida en el acta acuerdo.

En base a ese criterio se queja en que el tribunal de grado considera que de la planilla anexa surge que la suma remuneratoria comprende las categorías profesionales hasta el Jefe principal de Departamento, por lo que el actor, al revestir una categoría superior a la citada (Gerente Departamental), no se encuentra alcanzado por ese beneficio. En orden a ello hace suyo y transcribe los fundamentos del voto en disidencia del Dr. Guillermo Pinto, en cuanto afirma que si bien el Expte. 1.109.814/05 (Suma Remuneratoria Acta 26/05 con vigencia a partir del primero de mayo de dos mil cinco – 01/05/2005 -) no consigna para este incremento a las categorías superiores, tampoco las excluye, sino que garantiza un incremento que va desde el Inicial al Jefe Principal de Departamento proporcional a sus responsabilidades funcionales; y el hecho que de Jefe de Departamento de 2da. a Jefe Principal de Departamento se le otorgue un mismo incremento de pesos seiscientos ($600) supone que deja a libertad a los directorios de los bancos privados para que a sus directivos se les pueda otorgar un incremento mayor resultante de premiar circunstancias como fidelidad, full time, responsabilidad etc., dejando a salvo siempre el mínimo o piso de pesos seiscientos ($600). Sostiene que su procedencia surge de la simple lectura de la documentación pertinente al remitirse al Expte. 1.109.814/05 sobre la Suma Remuneratoria Acta 26/05.Afirma que su no aplicación por parte del Tribunal de Apelación viola las reglas de la irretroactividad de la ley porque aunque el convenio haya sido firmado posteriormente, tiene efecto retroactivo al uno de mayo de dos mil cinco (01/05/2005), por lo que corresponde su aplicación al actor, refiriendo que la correcta interpretación es la realizada por la Asociación Bancaria a fs. 205, donde se consigan que el citado Expte. se aplica a la categoría de Gerente Departamental, detentada por el actor al momento de su despido. Estima cercenada de igual forma la normativa de los artículos 8 y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Agrega que no puede haber pasado por inadvertido que el Banco Santiago del Estero S.A no se encontraba afiliado a ninguna asociación entre el período que va del veintiuno de enero de dos mil cuatro (21/01/2004) a marzo de ese mismo año. No obstante lo cual, sostiene que se le otorga a la patronal el mismo tratamiento que a las entidades que se hallan afiliadas, sin considerar los principios que informan el derecho laboral.

Segundo Agravio: Sostiene la incorrecta liquidación del “Suplemento Mínimo Garantizado” (Expte. Nº 1.078.914/03 de fecha veintidós de diciembre de dos mil tres -22/12/2003-) que fue fallado a favor del demandante por el Tribunal de Primera Instancia. Manifiesta que la Contadora del Tribunal se equivocó al efectuar la liquidación perjudicando al accionante. Explica que el veintidós de diciembre de dos mil tres (22/12/2003) se firmó un acuerdo por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entre la Entidad Gremial Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos Público y Privados de la República Argentina, resultando de la nómina de esta última, la demandada, es decir el Banco Santiago del Estero.Expone que se trata de un acuerdo marco que se aplica a todos los trabajadores bancarios y sus entidades asociadas con las limitaciones, alcances y exclusiones que puedan resultar de la situación jurídico institucional, legal y convencional. Comenta que las partes hicieron constar que la incidencia resultante del acuerdo y de la modificación de las Remuneraciones Mínimas Conformadas o los salarios básicos vigentes, quedará comprendida en los incrementos convenidos y otorgados, sean fijos o variables, como los anticipos o importes a cuenta de futuros aumentos originados a partir del primero de enero de dos mil dos (01/01/2002). Agrega que a esta Remuneración Mínima Conformada se le agregará la suma de pesos doscientos veinticuatro con cero centavos ($224,00) con la apertura fijada en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75 y sus acuerdos modificatorios vigentes. Adiciona que las Remuneraciones Mínimas Conformadas y los básicos económicos iniciales en su caso, incluyen la incorporación de pesos veintiocho con cero centavos ($28,00) mensuales acumulativos desde Julio de dos mil tres (2003) a Febrero de dos mil cuatro (2004) hasta el máximo de pesos doscientos veinticuatro con cero centavos ($224,00) conforme a las disposiciones del Decreto 392/03 en concordancia con la Resolución de la Secretaría de Trabajo 64/03. Asimismo esboza que con carácter excepcional se garantiza a partir de la entrada en vigencia, un incremento del diez por ciento (10%) para los trabajadores con remuneraciones por todo concepto, excluídos los adicionales del CCT 18/75 y los importes no remunerativos, citando escala en su presentación, agregando que ello debe liquidarse en forma separada e independiente bajo tal denominación. Por último cita la planilla de liquidación practicada por la Perito Oficial CPN Maria Teresa Nuno de fs. 425.

En cuanto al tercer agravio, se hace referencia a los descuentos indebidos y a la errónea confección de la planilla de liquidación.Reclama los descuentos indebidos de pesos cien ($100.-) y de pesos cuarenta y siete con cuarenta y seis centavos ($47,46) señalando así los dichos vertidos en la sentencia del Aquo cuando menciona que ese tema no ha sido planteado en la demanda, por lo que no podría ser tratado en la apelación. Para evacuar esto, remite a la contestación de las vistas de fs. 134/141 y a la demanda en fs. 137, donde se refiere a la falsedad de la afirmación de la demandada cuando afirmaba en su contestación de traslado de la demanda que al prestar funciones como Gerente Departamental las remuneraciones del Sr. Mateo se fijaron de común acuerdo, en la suma mensual bruta de pesos cuatro mil setecientos ($4.700). Agrega que desde ese momento ya mencionaban la inexactitud de la afirmación de la demandada, porque en realidad se intentaba tapar o disfrazar la realidad de que se le fijó un sueldo de pesos tres mil ($3.000), y que si bien en la fecha que sostiene el BSE S.A (15/10/1997) se le diera la función de Gerente Departamental de Sucursales y Tarjetas de Crédito no se le otorgó el cargo en propiedad, lo qu e en realidad ocurrió el día ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (08/09/1998 – fs.15), sin que se realice adecuación salarial alguna.Señala que recién el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (15/12/1999) y después de desempeñarse más de dos años como Gerente Departamental de Sucursales y Tarjetas de Crédito y luego de desempeñarse por mas de nueve meses como Gerente de Operaciones y Servicios y Oficial Antilavado, se le realizó el incremento del sueldo que regiría a partir del día uno de enero de dos mil (01/01/2000), a la suma de pesos cuatro mil ochocientos (4.800), por lo que a su entender no coincide ni la fecha ni la circunstancia ni el monto que afirma como cierto la demandada, porque al hablar de pesos cuatro mil setecientos ($4.700) se pretende ocultar el descuento practicado de pesos cien ($100) a partir del treinta y uno de julio de dos mil dos (31/07/2002) mediante el llamado “Acuerdo de Remuneraciones” ya que al ser su firma obligatoria, implicó que éste fuera compulsivo. Agrega que el descuento de pesos cuarenta y siete con cuarenta y seis centavos ($47,46) fue realizado compulsivamente sobre el presentismo, adicional de carácter remunerativo que fuera convenido con el BPSE. Sostiene que todo se halla precisado en la pericia contable de la CPN María Teresa Nuno de fs. 425/426. Afectando esto de sobremanera al actor, expresando que en estas instancias queda claro que el motivo principal de la demanda ante el despido incausado consiste en haber percibido una indemnización menor de lo que le correspondía y ambos descuentos consolidan a su entender la certeza de que ello fue así.–Cuarto Agravio: Asimismo se queja del tratamiento dado por el Tribunal respecto de la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio.Sostiene que no se han merituado las resoluciones ministeriales que benefician a su parte, como por ejemplo, la liquidación del suplemento mínimo garantizado también en menor cantidad, por omisión de aplicación del expte 1.078914/03 del veintidos de diciembre de dos mil tres (22/12/03) y de la RST 1155/2007 del dos de octubre de dos mil siete (02/10/07) que fija el tope en pesos tres mil seiscientos cincuenta y seis con seis centavos ($3.656,06) con retroactividad al primer día de mayo de dos mil cinco (01/05/05), aplicando un tope indemnizatorio menor, pesos tres mil trecientos cuarenta y cuatro con dos centavos ($3.344,02), beneficiando así a la accionada. Que incluso de la planilla de liquidación glosada a fs. 13 surge que a la fecha en que fue despedido su mandante se le adeudaban pesos ciento cincuenta y un mil doscientos ochenta con cuarenta y cuatro centavos ($151.280,44) al haber percibido solamente pesos doscientos cinco mil veintidos con veinte centavos ($205.022,20), afectando su derecho de propiedad, por cuanto por la edad del mismo resulta muy difícil su reinserción laboral. Manifiesta que el juez está obligado a ejercer el control cuando el quantum remunerativo sea lesivo e indudablemente lo es para su mandante. Cita el precedente “Bretaña” de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y agrega que las nuevas doctrinas y jurisprudencias se apartan del fallo “Vizzoti” de la CSJN, sin declarar la inconstitucionalidad del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero que lo hacen básicamente por considerar la realidad histórica de los salarios. Cita de igual forma el fallo “Ascua, Luis Ricardo c/ SOMISA s/ Cobro de pesos” de agosto de 2010 de la CSJN, donde se declara la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio.

Concluye solicitando se haga lugar al recurso incoado, conforme a los fundamentos expuestos en su presentación.

II) A fs. 717 el Aquo declara la admisibilidad formal del Recurso entablado.

III) A fs. 724 la Dra.María Patricia del Valle Jimenez ratifica todos los términos del Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Ponce por la parte actora, dado que el mismo presentó su renuncia conforme surge de fs. 712, otorgando el Sr. Mateo Poder Apud Acta a favor de la letrada primeramente mencionada (fs. 714 y 715).——-IV) A fs. 740/744 comparece la parte demandada mediante sus abogadas, Dra. Stella Ríos de Brizuela y María Josefina Zabala a los efectos del art. 192 de la ley 7.049 en tiempo y forma. Bregan por la inadmisibilidad formal del recurso de casación, por no estar fundado debidamente por lo que no se demuestra que la sentencia venida en crisis haya incurrido en violación, errónea aplicación de la ley o doctrina legal. No obstante lo cual se abocan a dar respuesta a los agravios esgrimidos por el casacionista. Respecto del primero de ellos, sobre el rechazo del reclamo de la Suma Remuneratoria Acta 26/05, sostienen que el art. 2º del Acuerdo Salarial homologado por la Resolución Nº 46 de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación, dispone expresamente: “La suma remuneratoria acordada en la presente acta se ajusta a las siguientes modalidades: 1) Se fijan en los importes mensuales que se indican en las planillas adjuntas como anexos que forman parte de la presente. 2) En los recibos se consignará como rubro aparte aludiendo a la presente acta, bajo la denominación ´Acta 25/05/5005´y no se aplicará a ningún otro efecto remuneratorio convencional.”. Agrega que en la planilla anexa se fija el importe de esa suma por categorías abarcando desde la inicial hasta la de Jefe Principal de Departamento.A su criterio, si la voluntad colectiva hubiese sido la de incluir al Personal Jerárquico comprendido dentro de las categorías superiores a la de Jefe Principal de Departamento, ello se habría realizado y se los hubiese incorporado en el Anexo, cosa que no surge del Acuerdo que sólo alcanza a la rama administrativa, y sostienen que debe estarse a la literalidad de los términos utilizados que son el reflejo de la voluntad colectiva. Concluye que las discrepancias del recurrente son meros desacuerdos subjetivos y hace notar que la interpretación del acuerdo salarial es una cuestión reservada a la instancia de grado y no puede ser objeto de censura por Casación, salvo casos de absurdo o arbitrariedad que no se evidencia en los presentes.

En cuanto al segundo agravio sobre la inclusión en la liquidación final del denominado Suplemento Mínimo Garantizado, sostienen las representantes de la accionada que el Expte. 1.078.914 establece que ese concepto no integra la base salarial a los efectos de las indemnizaciones por despido incausado.

Sobre el tercer agravio consistente en lo referente al rubro “Descuentos Indebidos”, exponen que en la instancia de apelación, el accionante ha pretendido introducir nuevos reclamos como la “Indebida Reducción de Haberes desde el 30/09/96”; “Indebida reducción de Haberes desde el 31/07/2002”, que no han sido reclamados en autos y que son ajenos a la litis, no pudiendo ser incorporados en instancias de revisión.

En cuanto al último de los agravios que hace mención a la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio, consideran acertada la interpretación dada por el Aquo al fallo “Vizzoti” de la Corte Suprema de Justicia, y que éste marca el sendero correcto en la aplicación del segundo y tercer párrafo del art.245 de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo obligación del empleador verificar, en cada caso, que la utilización del sistema de topes no supere la merma del treinta y tres por ciento (33%). Estiman que en autos se ha constatado que a pesar del tope vigente, la patronal tomó como base de cálculo para liquidar la indemnización por antigüedad un monto superior, equivalente al sesenta y siete por ciento (67%) de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año.

Hacen reserva de caso federal y solicitan a este Alto Cuerpo el rechazo del remedio extraordinario interpuesto por la parte Actora.

V) A su turno, el Sr. Fiscal General sugiere el rechazo del recurso de casación a fs. 746/747 vta.

VI) Quedando los autos en estado de dictar sentencia y previo al estudio de los agravios que sustentan la casación interpuesta, corresponde en este estadío procesal expedirse en primer término sobre la admisibilidad formal del Recurso de Casación bajo estudio (art. 193 primer párrafo Ley 7.049). En ese afán y advirtiendo que de las constancias de la causa, surge que el recurso de casación ha sido deducido en el plazo fijado a tal fin en el art. 185 de la ley ritual (fs. 706 cargo de recepción de fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece y la notificación de la sentencia de Cámara de Apelaciones se llevo a cabo el día seis de noviembre de dos mil trece, fs. 683 vta.) y contra sentencia definitiva. Cabe destacar que la parte recurrente se encuentra exenta del pago del tributo respectivo conforme lo normado por el ordenamiento legal por tratarse de la parte trabajadora (arts. 33, 189 Ley 7049).

Asimismo se estima que el requisito establecido en el art. 186 de la norma procesal también se haya satisfecho por contener una debida fundamentación que permite analizar cada agravio por separado con la pertinente crítica razonada, en contra de lo que pretende lesivo de los derechos de su mandante, correctamente expuesta en cada uno de ellos.Tiene dicho la doctrina que la fundamentación del recurso no se suple mediante simples remisiones a lo dicho en anteriores actuaciones, ni con una enunciación genérica o esquemática, que dificulte la comprensión del caso sometido a consideración del órgano jurisdiccional. (Cfr. “Técnica jurídica de los recursos extraordinarios y de queja.” Calderón, Maximiliano Rafael Gelli, María Angélica Gozaíni, Osvaldo A. Palacio de Caeiro, Silvia B. Pizzolo, Calogero Sola, Juan Vicente Perelli, Eduardo Fabián Nazareno. Publicado en: Sup. Esp. Téc. Juríd. de los rec. extraord. y queja 2007 (junio), Cita Online: AR/DOC/2014/2007). De igual manera la jurisprudencia nacional resolvió que “No basta con la cita de la norma, sino que es preciso desarrollar en qué consiste el vicio que se atribuye al pronunciamiento con mención de la regla que se con sidera vulnerada y con explicación de la solución que se pretende por ser la que se considera jurídicamente correcta.” (TSJ de Córdoba., Sala Laboral, A.I Nº 189, 17/8/93, Causa: “Re, Rafael Ireneo c/ Grúas Martín y otros – Demanda – Recurso Directo” Vocales: Kaller de Orchansky, Ayán, Moisset de Espanés). Por todo ello, no cabe más que concluir que el recurso de casación interpuesto es formalmente admisible.-VII) Planteadas así las cuestiones, y a los fines de tratar cada agravio en particular, esta Vocalía estima necesario resaltar lo ya dicho en anteriores precedentes. “Si lo que se pretende es una nueva apreciación de los hechos y elementos probatorios para lograr conclusiones diferentes a las adoptadas por los jueces de grado, o sea una revisión ex novo de la causa, no es de recibo en razón de que el recurso de casación es un remedio excepcional de control de legalidad que no constituye una tercera instancia ordinaria. Empero dicha regla debe ceder cuando se pone en evidencia el quebrantamiento palmario de las leyes de la lógica y de las reglas legales que gobiernan la apreciación de la prueba.Solo excepcionalmente las cuestiones fácticas y las atinentes a la carga probatoria ingresan y pueden hacerse valer en casación a través de la invocación expresa y puntual demostración del absurdo o arbitrariedad.” (ST 22349 S Fecha: 22/06/2005 “Moreno Perez Leiros Y Asociados C/ Salim Raul Felipe S/ Incumplimiento De Contrato-Casación”).

Asimismo, también se dijo que “En materia de prueba la cuestión se complica más para el recurrente, ya que en relación con la pretendida revisión de su apreciación, las dificultades del impugnante se ven multiplicadas, habida cuenta que los cuestionamientos de esa índole, por vincularse con un tema como es el de la amplitud de las facultades de los jueces de instancia para seleccionar y valorar las pruebas rendidas ante ellos, atañen a aspectos que resultan gobernables por aquellos y -por vía de principio- ajenos al carril extraordinario de la casación. Por consiguiente, las discrepancias del recurrente con el criterio seguido por los jueces en la selección y valoración de las pruebas, no sustenta la tacha de arbitrariedad en que se pretende fundar una casación aún cuando se invoque error en la solución que se impugna.-” (ST 22297 S Fecha: 19/10/2005 Demarchi Leonardo Daniel c/ Alcaide Sergio y/o Gustavo Sierra s/ Cobro de Pesos Daños y Perjuicios – Casación.- ).

VIII) Partiendo de esa base, corresponde ahora analizar lo dicho por el Tribunal Aquo para determinar si se está en presencia de una sentencia absurda o arbitraria o no, independientemente de estar de acuerdo o no con la solución arribada. La Cámara de Apelaciones para concluir que no debía abonársele al actor la Suma Remuneratoria Acta 26/05, tal como se había resuelto en primera instancia por mayoría, sostuvo que del análisis del Acuerdo mencionado, surge que el mismo se encontraba vigente al momento del distracto laboral (seis de junio de dos mil cinco – 06/06/2005), pero no obstante lo cual, no se vislumbraba indicio alguno que permita inferir que ese beneficio sea aplicable al Sr.Mateo. Se dijo que del art. 2º del mismo emana que el acuerdo se pactó por el monto, la forma y las condiciones que se detallaban. Además agregaron que del art. 4º surge que el pago de esa suma remuneratoria fue otorgada a los fines de evitar la medida de fuerza prevista por la Asociación Bancaria, y era conocido públicamente que los empleados jerárquicos no participaban de dichas medidas y que sus haberes son convenidos directamente con la empleadora, lo que lo excluye como parte interesada en la negociación. Para sostener el Aquo que la suma se otorgó únicamente para mejorar el salario de los empleados comprendidos en el convenio colectivo, ponderó el testimonio del Sr. Jorge Brito, Presidente de ABEPA, quien a fs. 197, dijo que el aumento se otorgó a cuenta de lo que sucederá en las discusiones de la convención colectiva de trabajo, condiciéndose con lo estipulado en el inc. 3 del art. 2º del acuerdo, donde se deja constancia de que la suma remuneratoria acordada es a cuenta y compensable hasta su concurrencia con cualquier beneficio o incremento legal o convencional a otorgarse. Lo que dejó a las claras para los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Trabajo de Segunda Nominación, que al detentar el accionante un cargo jerárquico por fuera del convenio, ese beneficio remuneratorio no lo alcanza.

El casacionista se alzó contra este razonamiento, esgrimiendo como ya se dijo en el acápite pertinente, que es violatorio de los arts. 8 y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque si bien es cierto que no se consigna este incremento a las categorías superiores, tampoco las excluye, sino que garantiza un incremento que va desde el Inicial al Jefe Principal de Departamento proporcional a sus responsabilidades funcionales.Afirma que de igual manera, su falta de aplicación viola las reglas de la irretroactividad de la ley porque aunque el convenio haya sido firmado posteriormente, tiene efecto retroactivo al uno de mayo de dos mil cinco (01/05/2005), por lo que corresponde su aplicación al actor, refiriendo que la correcta interpretación es la realizada por la Asociación Bancaria a fs. 205, donde se consigan que el citado Expte. se aplica a la categoría de Gerente Departamental, detentada por el actor al momento de su despido.

Al respecto, cabe responder que no le asiste razón al recurrente. Del análisis del Acta Acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil cinco (26/5/2005), Expte. 1.109.814/05 homologado por Resolución Nº 46 de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación de fecha ocho de junio de dos mil cinco (08/06/2005) que establece una suma remuneratoria con vigencia desde el primero de mayo de dos mil cinco (01/05/2005) surge que las representaciones de ADEBA, ABE y la Asociación Bancaria acordaron que dada la emergencia laboral, se pactaba la suma remuneratoria Acta 26/05 por el monto, la forma y condiciones siguientes, entre ellas se destaca:”Se fijan en los importes mensuales que se indican en las planillas adjuntas como Anexos que forman parte de la presente, estableciéndose que como mínimo cada trabajador percibirá una suma remuneratoria que no podrá ser inferior a doscientos pesos ($ 200).” (sic.).

Ahora bien, de dicho anexo no emana que haya sido voluntad de los representantes que tal beneficio opere a favor del personal jerárquico, dentro del cual se encontraba el actor, que detentaba el cargo de Gerente Departamental, tal como lo resolvió el Aquo, y sabido es que las negociaciones colectivas son exclusivas para los sujetos comprendidos dentro de las mismas y no pueden hacerse extensiva pretorianamente a aquellos trabajadores no convencionados ya que, de ese modo, se distorsiona la ley y la voluntad de los negociantes y se le aplica a quienes la legislación no determina que deban estar alcanzados por dichos acuerdos, salvo atendibles excepciones que denoten una notoria irrazonabilidad en lo pactado y ello haya sido motivo de impugnación. Es lo que Perelman sistematizó en sus fórmulas: “A cada uno según su mérito” y/o “a cada uno según su contribución”, “a cada uno según su capacidad”, “a cada uno según su rango o condición” (Perelman, Chaim, “De la justicia”, Gedisa, Madrid, 1945).

Tampoco se puede decir que se esté en presencia de una violación a los arts. 8 y 9 de la ley 20.744 que rezan respectivamente: “Art. 8° – Condiciones más favorables provenientes de convenciones colectivas de trabajo: Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, que contengan normas más favorables a los trabajadores, serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas, no estarán sujetas a prueba en juicio; y Art. 9° – El principio de la norma más favorable para el trabajador:En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador.”

Llamado esta última como principio de la duda (LÓPEZ, Justo, “Evasiones en el Derecho del Trabajo. Simulación ilícita y fraude.”, pág. 125, en L. T. XVII) o su presentación más antigua y frecuente, “in dubio pro operario”, la regla de la interpretación más favorable para el trabajador implica que cuando una norma laboral admita más de una interpretación, el intérprete debe optar por aquella que resulte más favorable para el trabajador. Al igual que en la selección de la norma a aplicar en los supuestos de concurrencia conflictiva, y que se resuelve con la regla de la norma más favorable, a la hora de la interpretación el Derecho del Trabajo, como expresión del principio de protección, incorpora así esta regla propia que se suma a las provistas por la teoría general a todo el espectro normativo. Sin embargo y a diferencia de lo que ocurre con la regla de la norma más favorable, que penetra en la de jerarquía y la altera, en la interpretación de las normas laborales la regla del in dubio pro operario no supone una postergación ni una limitación de los criterios de la teoría general del Derecho, sino un aporte adicional o un complemento, llamado a operar en los supuestos en los que aquellos lleven a un “callejón sin salida” que impida al juzgador la resolución de un caso.”Ella debería ser así una regla hermenéutica a la que debe apelar el intérprete como último recurso para desentrañar el sentido o el alcance de la norma” (ACKERMAN, Mario, “Tratado de Derecho del Trabajo”, Edit. Rubinzal Culzoni, pág. 340, año 2005).

En el caso traído a estudio, la norma a aplicar resulta clara, sin presentar os curidades, vacilaciones o dudas, por lo que no cabe concluir que al haberla aplicado el Aquo y al haberla interpretado como lo hizo, se hayan violentado los arts. 8 y 9 de la ley 20.744. En igual sentido lo resolvió la jurisprudencia al decir que “No es atendible la alegación de haberse quebrantado el art. 9 de la ley de contrato de trabajo, si del modo como se pronuncian los jueces del Tribunal del Trabajo no resultara la situación de duda a que se refiere dicho precepto” (SC Buenos Aires, setiembre 11 – 979 – Quesada Carlos y otros c. Usina Popular de Necochea Sebastián de María, Coop. Ltda.).

Por los argumentos vertidos es que el primer agravio esbozado por el recurrente no puede tener acogida favorable.

IX) En lo que hace al Segundo Agravio, referido a la incorrecta liquidación del “Suplemento Mínimo Garantizado” (Expte. Nº 1.078.914/03 de fecha veintidós de diciembre de dos mil tres -22/12/2003-), la Cámara de Apelaciones sostuvo que no corresponde que sea considerado ello como integrante del sueldo básico, ya que tiene un mero carácter extraordinario, excepcional y no remuneratorio, y su exclusión de la base del cálculo para determinar la indemnización por antigüedad no fue objeto de impugnación o recurso por parte del apelante, por lo que estimaron que esa cuestión ha quedado firme, siendo improcedente la posterior inclusión de este rubro en la planilla de liquidación para determinar la base del cálculo de la indemnización por antigüedad del actor.—–Al analizar los antecedentes de la causa, se observa que en la sentencia de primera instancia, obrante más precisamente a fs.510/511 vta., el voto mayoritario consideró que correspondía que se abone al Sr. Mateo ese “incremento garantizado”, porque el mismo se fijaba para todos los trabajadores, y teniendo en consideración el salario percibido, comprendido en la franja de aquellos dependientes que percibían más de pesos tres mil quinientos uno ($3.501), tenía derecho al incremento de un cuatro por ciento (4%) a partir del primer día de Noviembre de dos mil tres (2003) hasta su desvinculación de fecha seis de junio de dos mil cinco (06/06/2005). No obstante lo cual, también sostuvieron los magistrados que ese suplemento mínimo garantizado, como lo instituyeran las partes signatarias en el acuerdo, es una asignación de carácter excepcional, que no puede ser considerada como parte del sueldo básico, ni como parte integrativa del básico inicial para reajustar los salarios básicos, ni a ningún otro efecto, teniendo un mero carácter extraordinario y coyuntural. Asimismo dispone que debe liquidarse en forma separada e independiente del básico. Agregando que los actores sociales, le han asignado a ese concepto una naturaleza no remuneratoria, calificada así fundamentalmente por su excepcionalidad, sustrayéndola del cálculo de cualquier concepto que tenga como presupuesto la remuneración. “El art. 245 de la LCT establece que para el cálculo indemnizatorio debe tomarse como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año, por lo que al decir la norma la mejor remuneración, lo hace en directa referencia a aquellos conceptos de naturaleza remunerativa que integran el salario.Y surgiendo esa asignación de un acuerdo suscripto entre partes en el ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad colectiva debidamente homologado por la autoridad administrativa, la naturaleza reconocida a esa asignación de no remunerativa, es plenamente válida y consecuentemente no puede integrar a base de cálculo a los efectos de la liquidación de la indemnización por antigüedad, ni a ningún otro efecto.” (sic.).

Corresponde en esta oportunidad, verificar lo dicho por la Cámara de Apelaciones sobre que esta cuestión no ha sido impugnada o recurrida por el actor, razón por la cual no se le dio tratamiento.

Del plexo impugnativo de fs. 528/546 del Recurso de Casación reconducido en Apelación conforme sentencia de este Superior Tribunal de Justicia de fs. 639/640 (Resol. Serie “B” Nº 07 de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece), para atacar lo resuelto en primera instancia, más precisamente a fs. 537 vta., el actor se agravia de que considera incorrecta la liquidación del suplemento mínimo garantizado. Estimó que el cálculo debió efectuarse sobre el total de las remuneraciones por todos los conceptos, excluídos los adicionales del CCT 18/75 y los importes no remunerativos. “Y para el caso del actor, los primeros son: Zona desfavorable. y Título., ambos englobados. en liquidación mensual del BSE SA en Adicionales Varios juntamente con los Remunerativos a los que no toma en cuenta como corresponde para esta liquidación; Y los segundos (Tickets) el BSE SA, los liquidó mensualmente de forma diferenciada.” (cita textual). Agregando a continuación de ello, planilla que difiere de la practicada por la CPN María Teresa Nuno a fs.505 bis y ter., ya que además del sueldo básico (que fue lo único tenido en cuenta por la profesional) le adiciona el presentismo (otorgado por el Banco Provincia de Santiago del Estero con vigencia desde el 01/08/1992), le resta el descuento al presentismo dispuesto por el BSE SA al momento de hacerse cargo de la Unidad de Negocio en 1996, luego le suma el incremento salarial otorgado al actor por resolución de fecha 15/12/1999 del Comité Ejecutivo del BSE SA y le resta por último un descuento que considera compulsivo dispuesto por la demandada. A ese total, el actor le aplica el cuatro por ciento (4%). Esto es reafirmado luego a fs. 605 vta., 606, y vta.

Luego de haber plasmado ello, se concluye que a criterio del Suscripto, el agravio estaba dirigido a cuestionar directamente la planilla de liquidación y la operación efectuada por la CPN Nuno y no el razonamiento llevado adelante por el Tribunal de Primera Instancia sobre que este suplemento garantizado no integraba la base del cálculo para determinar la indemnización por antigüedad, por lo que lo sostenido por el Aquo es congruente con lo que ha tenido a su disposición para juzgamiento, razón por la cual no podría decirse que se está ante un razonamiento arbitrario, ilógico y repulsivo del derecho, presupuestos necesarios para la procedencia de la vía extraordinaria pretendida por el casacionista.–X) En lo que atañe al tercer agravio, el recurrente se alzó contra el razonamiento de los Camaristas del Trabajo por el cual expresaron que al no haberse reclamado oportunamente los descuentos indebidos presuntamente efectuados por parte de la demandada, por no haber sido planteado ello en la demanda, resulta improcedente introducirlos en esa instancia revisora.—– Así también lo sostuvo la contraria al momento de contestar los agravios del Recurso de Casación interpuesto, exponiendo que en la instancia de apelación, el accionante ha pretendido introducir nuevos reclamos como la “Indebida Reducción de Haberes desde el 30/09/96”; “Indebida reducción de Haberes desde el 31/07/2002”,que no han sido reclamados en autos y que son ajenos a la litis.

Al igual que en el acápite anterior, corresponde verificar el razonamiento efectuado por el Aquo. El casacionista remite a la contestación de las vistas de fs. 134/141 y a la demanda en fs. 137, para contradecir tal afirmación.

Del análisis de lo actuado emana que de la demanda en fs. 01, bajo el acápite “3. CAUSA Y OBJETO – RUBROS RECLAMADOS.”, el demandante no hace mención específica al rubro “Descuentos Indebidos”, exponiendo: “INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN CAUSA, FALTA DE PREAVISO, S.A.C. S/ PREAVISO, MES INTEGRATIVO DE 24 DÍAS DE JUNIO, S.A.C S/MES INTEGRATIVO, S.A.C 1º SEMESTRE PROPORCIONAL AÑO 2005, VACACIONES PROPORCIONALES 2005, S.A.C. S/ VACACIONES PROP./05, S.A.C. S/ VACACIONES NO GOZADAS/ AÑO 2005, S.A.C. S/ VACACIONES NO GOZADAS/04, EXPEDIENTE Nº 1078914/03 HOMOLOGADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO ENTRE LA ENTIDAD GREMIAL ASOCIACIÓN BANCARIA Y LAS CÁMARAS EMPRESARIALES ADEBA Y ABE S/ DECRETO 392/03 Y LA RESOLUCIÓN Nº 64/03 PUNTO 3 (SUPLEMENTO LÍQUIDO GARANTIZADO), S.A.C. S/ EXPEDIENTE Nº 1078914/03 (a 2º SEM. PROP./03; b) 1º SEM/04; C) 2º SEM./04; D) 1º SEM. PROP./05), EXPTE. Nº 1109814/05 PUNTO 1, 2 Y 3 ACTA 26-05-05 NO PERCIBIDO), conforme surge de planilla de liquidación que adjunto al efecto, y que forma parte integrante de la presente demanda.” (sic.).

Asimismo de la planilla adjuntada a fs. 06 tampoco surge el reclamo del rubro “Descuentos Indebidos” y su pertinente cuantificación. Lo mismo cabe decir de la ampliación de demanda de fs, 11/12 y de la planilla de fs. 13. Al momento de ser proveída la demanda en fs. 105, consecuentemente tampoco se hace mención al rubro en cuestión. Al contestar la demanda, fs. 123/130, al no haber sido intimada por dicho rubro, no emitió opinión alguna.

Ahora bien a fs.137 de la contestación de la vista, sí hace mención a la diferencia del sueldo percibido, tal como lo expone el casacionista, pero no obra la descripción pertinente en la planilla de liquidación para que quede perfeccionado el reclamo, para que de esa forma la contraparte pueda esbozar su defensa en el marco del debido proceso legal, por lo que pretender la inclusión de dicho rubro en esta instancia revisora, ya sea en apelación o bien en casación, resulta improcedente, tal como lo sostuvo el Aquo, por lo que en este punto tampoco puede tener respuesta favorable el reclamo del recurrente.

XI) Como último punto impugnativo, el recurrente reprocha lo vertido por el Aquo en la sentencia cuestionada, en lo atinente al tratamiento dado a la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Sobre esto y a diferencia de lo resuelto en primera instancia, la Cámara de Apelaciones hizo lugar a la pretensión de la actora, condenando a la demandada a abonar las diferencias de Liquidación Final resultantes de la aplicación del Tope Indemnizatorio de acuerdo a lo establecido por el art. 245 de la citada ley. Para arribar a tal conclusión sostuvo que la norma rectora es la re cientemente mencionada, que establece una base de cálculo integrada por la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. En el siguiente párrafo de dicho artículo, se prevé un tope para el monto base referido, equivalente a tres salarios promedio del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la actividad del trabajador y determina a continuación que al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el monto que corresponda conjuntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo. A continuación cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hace hincapié en el fallo “Vizzoti, Carlos A.c/ AMSA S.A” (del catorce de septiembre de dos mil cuatro – 14/09/2004) resaltando que se dijo allí que no resulta razonable, justo ni equitativo que la base salarial pueda verse reducida en más de un treinta y tres por ciento (33%). Razonaron que permitir que el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio, a los fines de determinar la indemnización por despido incausado, significaría consentir un instituto jurídico que incumple con el deber de protección del trabajo del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Traspolado eso al caso en concreto, sostuvo el Aquo que le asistía razón al actor ya que la liquidación de la indemnización final efectuada por la demandada con aplicación del tope establecido por el precedente “Vizzoti” le ocasionaba un desmedro de los importes que le hubiera correspondido percibir de no haberse aplicado dicha reducción. Ponderando la documental obrante a fs. 122 establecieron que al efectuar la accionada la liquidación final, calculó la indemnización por antigüedad tomando como parámetro el sesenta y siete por ciento (67%) de la mejor remuneración percibida por el actor durante el último año de servicio: pesos cuatro mil novecientos noventa y dos con cincuenta y seis centavos ($4.992,56), obteniendo un sueldo básico de pesos tres mil trescientos cuarenta y cinco con dos centavos ($3.345,02), sobre el que se calculó la indemnización y el incremento establecido por el art. 16 de la Ley 25.561, lo que arrojó la suma de pesos ciento ochenta mil seiscientos treinta con ochenta y dos centavos ($180.630,82). De igual manera ponderó la Resolución Nº 01155/2007, por la cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fijó el importe promedio de las remuneraciones y tope indemnizatorio correspondiente al acuerdo homologado por Resolución Nº 46/2005, entre ADEBA, ABE y ABA, con vigencia a partir del día primero de mayo de dos mil cinco (01/05/2005) fs. 434/436.Suma de pesos tres mil seiscientos cincuenta y seis con seis centavos ($3.656,06) que al entendimiento del Aquo, es un tope que supera al obtenido por la demandada por la aplicación de la pauta establecida por la Corte en el fallo “Vizzoti”, lo que redunda en un incremento de la liquidación final de los rubros indemnización por antigüedad y art. 16 de la ley 25.561, la cual ascendería a la suma total de pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos veintisiete con veinticuatro centavos ($197.427,24) por tales conceptos. Así, la reducción del salario, sería del 26,77% tomando como referencia el sueldo real de pesos cuatro mil novecientos noventa y dos con cincuenta y seis centavos ($4.992,56) y el salario tope de pesos tres mil seiscientos cincuenta y seis con seis centavos ($3.656,06), no superando el 33% límite establecido en la causa del Tribunal Cimero. Por todo ello, concluyeron que correspondía calcular la indemnización por antigüedad de trabajador tomando el tipo indemnizatorio establecido en el art. 245 LCT, el cual resulta más beneficioso para el accionante.

Vale la pena recordar que en el fallo “Vizzoti” (CSJN, 14/09/04, “Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A. s/despido”, Fallos 327:3677) el Alto Tribunal con base en el argumento de confiscatoriedad, declaró que la limitación o tope de la base salarial tomada en cuenta para determinar la indemnización por despido incausado se exhibía como irrazonable, lo que se da cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagren una manifiesta iniquidad (Fallos: 299:428, 430, considerando 5° y sus numerosas citas). Entonces, al cálculo de las indemnizaciones por despido arbitrario corresponde aplicar la limitación a la base salarial sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual computable.

“La reglamentación contra el despido arbitrario, tradicionalmente, desde 1933, se dispuso a través de dos coordenadas: El salario mensual del trabajador y la antigüedad de éste en el empleo.Existe por tanto una relación directamente proporcional entre las variables y el resultado económico de la indemnización. A mayor salario mensual y antigüedad, mayor indemnización. Ahora bien, la regla siempre estuvo sujeta a tope, salvo por un período a partir del año 1989 hasta 1991 (art. 48 ley 23.697, derogado por el art. 153, ley 24.013). La Corte Suprema en los fallos “Villarreal” (1997), “Mastroiani” (1999), “Ranzuglia” (1999) y “Genez” (2000), señaló que la razonabilidad de la decisión se enfocaba en el resultado de la indemnización en si, no teniendo los parámetros de salario y antigüedad para estimar la proporcionalidad ente la base y producto final” (TOSCO, Gabriel, “Estado Actual del derecho del trabajo a partir de los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en revista “Derecho del Trabajo”, Año LXVI, número IX, septiembre de 2006, pág. 1284, Edit. La Ley).”.

En “Vizzoti” lo que se pretende resguardar es la garantía constitucional de “protección contra el despido arbitrario”, estableciendo lineamientos tales como que: a) el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional (Consid. 9º), lo que no es conclusión sólo impuesta por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). Son pruebas elocuentes de ello la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 23/25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6 y 7), a lo que deben agregarse los instrumentos especializados, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art.32).; b) la ley laboral en relación a la indemnización por despido sin causa tiene por objeto dejar indemne el daño que provoca la ruptura de la relación, por sobre cualquiera consideración atinente a las leyes del mercado; c) la razonabilidad de la tarifa como modo de reglamentar la indemnización por despido arbitrario involucra que “debe guardar una razonable vinculación y proporción con los elementos fácticos, que el propio legislador eligió como significativos para calcular la prestación” (consid. 6º); d) el tope razonable debe implicar hasta un 33% menos de la base salarial real, caso contrario violenta el art. 17 de la Constitución Nacional.Así alguno de los estándares aplicados por la CSJN en el fallo citado demuestran la influencia de la reforma constitucional del año 1994 y así lo reconoce expresamente: “En consecuencia, a juicio de esta Corte, no resulta razonable, justo ni equitativo, que la base salarial prevista en el primer párrafo del citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, vale decir, “la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor”, pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su segundo y tercer párrafos. De acuerdo con ellos, dicha remuneración no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable. Esta pauta, por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del Tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje (Fallos: 209:114, 125/126 y 210:310, 320, considerando 6°, entre muchos otros). Permitir que el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio, a los fines de determinar la indemnización por despido sin justa causa, significaría consentir un instituto jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el citado art.14 bis, acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes, y que éstas asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario y condiciones equitativas de labor. Significaría, asimismo, un olvido del citado art. 28 de la Constitución Nacional.” (Consid. 11º segundo y tercer párrafo).

Si se observa detenidamente la fecha en que fue dictado el fallo “Vizzoti” (14/9/2004), es evidente la parsimonia que mostró el Máximo Tribunal en traslucir en sus pronunciamientos en materia laboral la jerarquización a nivel constitucional de los convenios y tratados internacionales. La trascendencia en el derecho interno de los tratados sobre derechos humanos, obviamente merecía una rápida incorporación a la vida judicial por la Corte Federal como interprete último de la Carta Magna, en especial si se tiene en cuenta el carácter social de la disciplina laboral y los argumentos que luego precisamente, reconoce la CSJN.

Entonces, así aclaradas las pautas, estima esta Vocalía que al igual que en los anteriores agravios, el razonamiento esbozado por el Aquo no presenta vicios que permitan atacar su validez en esta instancia, ya que ha merituado correctamente, y de modo lógico y razonable, los preceptos legales vigentes y la jurisprudencia del Máximo Tribunal Nacional aplicables al caso. Tal valoración se encuentra claramente plasmada en el fallo impugnado, exponiéndose adecuadamente la fundamentación jurídica sobre la que se asienta la decisión final, circunstancia que no permite acoger favorablemente la impugnación extraordinaria interpuesta.

XII) Por consiguiente, y habiendo sido tratado cada agravio en particular esgrimido por el recurrente, es conclusión del suscripto que la sentencia cuestionada debe permanecer firme en tanto que no se demostró que el Tribunal de Apelación del Trabajo haya incurrido en el vicio de absurdo o de arbitrariedad, ni en las transgresiones legales denunciadas, por lo cual el recurso debe ser rechazado.Recuérdese que en innumerables procedentes, el refrendante sostuvo que se está en presencia de una sentencia arbitraria, cuando ella “.no resulte de una derivación razonada del derecho vigente en relación a las circunstancias comprobadas de la causa. Por ello, para que se configure arbitrariedad en la sentencia, es necesario que la estructura lógica de los razonamientos que la conforman, no se adecuen a las reglas del buen entendimiento, entendidas tales a la ordenación de los principios lógicos, las reglas de la experiencia y de la psicología común, en especial al momento de evaluar las pruebas incorporadas al proceso, tanto de cargo como las presentadas por la defensa a efectos de rebatir la eficacia de las primeras.” (ST 24888 S Fecha: 12/02/2014 V. I. I. S. H. E. V. R. O. s/ CASACION CRIMINAL). De igual manera, se dijo que “su aplicación debe quedar reservada para aquellos supuestos en que exista una carencia total de fundamentación o el apartamiento injustificado de la solución normativa prevista para el caso, convirtiendo al pronunciamiento en un mero acto de voluntad incompatible con la exigencia del adecuado servicio de justicia que garantiza la Constitución Nacional.” (ST 24850 P Fecha: 28/06/2013 Gamietea de Saavedra c/ Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdiccion – Recurso Extraordinario). Nada de lo cual acaeció en los presentes.

Por todo ello, jurisprudencia, doctrina y normativa citada, y oído que fuere el Sr. Fiscal General del Ministerio Público, Voto por: I) No ha lugar al Recurso de Casación interpuesto por por el apoderado de la parte actora a fs. 684/706; II) En su consecuencia, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo y Minas de Segunda Nominación de fecha 10 de Agosto de 2013, obrante a fs. 675/683; III) Con Costas al recurrente pero eximiéndolo de su efectivo pago, atento lo normado por el art. 62 de la ley 7.049.

A las mismas cuestiones, el Dr. Gustavo Adolfo Herrera, dijo:

Y Vistos:Para dictar sentencia en los autos del epígrafe.

Y Considerando:

I) Que llegan los presente autos a esta Sala, en virtud del recurso de casación formulado por la parte accionante (fs. 684/706), en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones de Trabajo y Minas de Segunda Nominación, en fecha diez de agosto de dos mil trece, obrante a fs. 675/683 vta., por la que admite -parcialmente- el recurso de apelación de la parte actora contra la sentencia primigenia. Que tal recurso es concedido por el Tribunal referido por ante esta Sala (fs. 717) y se ordena el trámite de ley, obrando responde de la recurrida a fs. 735/744.

Posteriormente, el Sr. Fiscal General del Ministerio Publico en su dictamen (a fs. 746/747 vta.) considera, por los argumentos que expone, debe rechazarse el recurso incoado.II) Que en orden a analizar la concurrencia de los requisitos exigidos por el Código ritual en orden a la admisibilidad del recurso de que se trata y los agravios formulados por el casacionista, me permitiré remitirme a lo que especifica el Sr. Vocal que me precede, acotando que “los requisitos establecidos por la legislación formal para dar curso al recurso de casación son taxativos y su revisión no se puede soslayar bajo ningún aspecto, ya que lejos de constituir solemnidades innecesarias, su objetivo es evitar que se desvirtúe la naturaleza excepcional de esta vía procesal, constituyendo, por ende, una garantía para la seguridad jurídica” (S.T.J., Sala Laboral, Resol. Serie “B” N° 14, 26-02-2015, “Gallo Montes de Oca María Florencia c/ Petroservice S.R.L. y/u otros”; Resol. Serie “B” N°134, 12-12-2014; “Villalba Sonia Noelia c/ Distribuidora Alberdi S.R.L. y/u otros”, entre otros).—III) En thema decidendum coincido con el Sr. Vocal que me antecede en el acuerdo, en cuanto a que el recurso pretenso no puede prosperar.A título de introito diré, que esta Sala ha señalado con particular énfasis, que resulta esencial el cumplimiento por parte del recurrente de una cabal demostración de la violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que denuncia del fallo impugnado, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia, especialmente teniendo en cuenta que estamos frente a una vía extraordinaria y por ende limitada y restringida como es la casación. Como lo dije en otras oportunidades el recurso de casación es un remedio extraordinario y excepcional. Este Superior Tribunal de Justicia reiteradamente ha sostenido que no puede recurrirse a la causal de arbitrariedad o el absurdo, para plasmar meras discrepancias de apreciación con el criterio observado por el inferior en la ponderación de las pruebas, en facultad privativa. Esta causal no se refiere a tales discrepancias, sino a desaciertos de gravedad extrema que descalifican el fallo como acto judicial, lo que no advierto ocurra en autos. Tan ello es así que, el meollo de la verdadera expresión de agravios, es que siempre hay que demostrar que se razonó mal y no de manera diferente, y corresponde a la parte que lo alega demostrar la existencia de “absurdo o arbitrariedad”. Ello, por cuanto -en materia de hechos- los jueces de grado son soberanos, y por ende el relato histórico y la elección de los medios probatorios para la solución del pleito, resulta inconmovible a través de los carriles extraordinarios (conf. S.T.J., 24567 S 12-12-2014, Juez Herrera (SD), “Villalba, Sonia Noelia C/ Distribuidora Alberdi S.R.L. y/u Otros”, en web jussantiago.gov.ar y Resol. Serie “B” N°134, Base Jurisan; S.T.J., Resol. Serie “B” N° 119, 15-09-2015, “Figueroa Antonio Eduardo c/ Ridolfo Hnos. S.H. y/u otros”, Base Jurisan; S.T.J., Resol.Serie “B” N°150, 003-12-2015, “Rojas Claudio c/ Norlit S.A.”, Base Jurisan; S.T.J., Resol. Serie “B” N° 26, 14-03-2016, “Gimenez, Marcos A. y Otros c/Allalla, Alberto”, Base Jurisan; entre otros).—- Pero, con la finalidad de demarcar los limbos en los cuales puede moverse la referida problemática, habrá de estarse a las palabras del Dr. Laborde (SD) en S.C.B.A., Ac 59600 S 21-11-1995, “Galeano, Hércules c/ Maccio, Juan J. y otros”, Base Lex Doctor 10, quien sostuvo que “. En la instancia extraordinaria no procede efectuar un nuevo balance material del litigio pues no constituye una tercera instancia habilitada para revisar el pleito desde sus cimientos, ni atender disconformidades conceptuales o genéricas de los litigantes, que plantean un distinto criterio de apreciación o la reproducción de argumentos ya examinados en la instancia ordinaria, pues esta tarea concluye con la sentencia de la Cámara, a cuyos resultados debe estarse, en tanto no se demuestre una valoración absurda” (cf. S.T.J. SE, 24519 S, 13/09/2012, “Camardo, Carlos Alberto C/ Kontinuos S.R.L. y/u otros”; S.T.J., 24520 S, 20/09/2012, “Chavez, Facundo C/ Cooperativa La Unión y/u Otros”, Base Lex Doctor 10; S.T.J. SE, Resol. Serie “B” N°134, 12/12/2014, “Villalba Sonia Noelia c/ Distribuidora Alberdi S.R.L. y/u otros”; S.T.J., Resol. Serie “B” N° 97, 07/07/2015, “Loto José Alberto c/ Mitre Construcciones S.R.L.y/u otros”, Base Jurisan). Es más, en este marco ha indicado la CSJN, la índole particular que atañe a la doctrina pretoriana de la arbitrariedad, la que al decir del Alto Tribunal, no se propone convertir a la Corte en un tercer tribunal de las instancias ordinarias, ni corregir fallos que se reputen equivocados, sino que tiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que las deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impiden considerar al decisorio como la “sentencia fundada en ley.” a que aluden los artículos 17 y 18 de la Ley Suprema (v. Fallos: 308:2351, 2456; 311:786, 2293; 312:246; 313:62, 1296, entre varios más).

IV) Repárese además que, los arts. 131 y 153 del CPL Ley 7049 vigente, establecen claramente el sistema de la libre convicción en la apreciación de la prueba, lo que implica que el juez evaluará, según dichas reglas, las circunstancias y motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de las probanzas. Y así los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios y con arreglo a dichas pautas gozan de una soberanía axiológica, sin más límites que la prudencia y conciencia jurídica del juez; puesto que libre convicción no es otra cosa que: “convicción razonada, fundamentada y exteriorizada en la sentencia definitiva” al decir de Enrique Fornatti (“Estudios de Derecho Procesal”, pág. 125, Librería Jurídica Valerio Abeledo Editor, 1956). La expresión libre convicción, involucra fundamentalmente la idea de subjetividad, empero, la fórmula contenida en las normas aludidas, no implica “entronizar” un régimen de mero arbitrio judicial. La subjetividad de la autodeterminación del juzgador se halla por lo general atenuada por una doble exigencia:la de proyectar la operación mental del Juez dentro del campo circunscripto de la prueba anexada u obrante en autos y la de explicar, sea en forma sintética o detallada, los motivos concretos en que se funda el juicio de libre convicción.

V) Precis ando conceptos, en cuanto a la apreciación de la prueba (amén de ser una cuestión que resulta ajena a este recurso extraordinario), no se advierte arbitrariedad o absurdo, puesto que, del análisis de la sentencia resulta que se han valorado las pruebas aportadas con razonabilidad, dando motivos suficientes en sus conclusiones, respecto de los rubros pretendidos, a saber: rechazo del reclamo por suma remuneratoria acta 26/05, de la no inclusión en liquidación final del nominado suplemento mínimo garantizado, la indebida reducción de haberes (1996 y 2002) y la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio. Ergo, “.El Recurso de Casación no procura una tercera instancia con el fin de revisar la justicia material de las sentencias de tribunales de grado, sino más bien el restablecimiento del imperio de la Ley, que lleva por consiguiente, una función pública con prescindencia de los intereses de las partes” (Cfr. S.T.J., Resol. Serie “B” N° 119, 15-09-2015, “Figueroa Antonio Eduardo c/ Ridolfo Hnos. S.H. y/u otros”; S.T.J., Resol. Serie “B” N° 134, 08-10-2015, “Pugliese Juan Carlos e Hijos y Prevención A.R.T. S.A. s. Homologación de Acuerdo”; S.T.J., Resol. Serie “B” N°150, 03-12-2015, “Rojas Claudio c/ Norlit S.A.”; S.T.J., Resol. Serie “B” N° 26, 14-03-2016, “Gimenez, Marcos A.y Otros c/ Allalla, Alberto”, Base Jurisan).

VI) Tampoco resulta de perogrullo destacar, que desde el año 2013, está vigente en la provincia una nueva legislación procesal laboral plasmada en la Ley 7049, formulada a partir del Programa “Poder Judicial en cambio” implementado por este Alto Cuerpo, en donde se fijaron dos instancias ordinarias, lo que implica una instancia de alzada previa, que ha efectuado un nuevo control fáctico de lo resuelto por el Juzgado de origen, o sea el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de raigambre constitucional, convencional, están debidamente garantizados, salvo que se demuestre enfáticamente el absurdo o la arbtrariedad como se ha dicho reiteradamente.

VII) Corresponde señalar, en primer lugar, que el éxito de la impugnación supone entonces la configuración de aquel error grave y grosero, concretado en una conclusión del sentenciante visiblemente incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa. Así pues, en orden a los agravios, se desprende de las constancias de la causa y de los argumentos vertidos por Tribunal de origen, que no asiste razón a la parte recurrente en sus criticas, pues los agravios referenciados, sólo suscitan el examen de cuestiones de hecho y prueba, extrañas a la vía del recurso casatorio, máxime cuando, en este aspecto, lo decidido cuenta con fundamentos suficientes de igual carácter que, más allá de su acierto o error, excluyen la tacha de arbitrariedad invocada.

VIII) La arbitrariedad en el orden local, reviste carácter excepcional, limitada a los casos de indudable ruptura en el orden constitucional en la motivación de los fallos, situaciones de flagrante apartamiento de los hechos probados en la causa, carencia absoluta de fundamentación o argumentos ilógicos, absurdos o autocontradictorios.Resulta por tanto improcedente, cuando bajo la invocación de tales vicios, se encubre la pretensión de lograr una revisión de la valoración original efectuada por los tribunales de mérito, sobre el contexto probatorio de la causa, por cuanto la admisión de la vía en tal caso conduciría a instaurar una tercera instancia ordinaria, extraña a nuestro sistema procesal.

Que con relación a cuestiones de hecho y de apreciación de la prueba, no es suficiente para abrir la instancia extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el Tribunal ad quem y acorde con el personal enfoque del material probatorio formulado por el recurrente; sino que es menester demostrar el quebrantamiento palmario de las leyes de la lógica o la grosera desinterpretación material de alguna prueba con la condigna denuncia de infracción a las normas que la rigen, cuya aplicación repulsa por impedirle llegar a la verdad jurídica.

Y, desde luego, una cosa es que la valoración que se hizo de tales elementos probatorios no conforme a la recurrente, pero otra muy distinta es que de ello se siga la descalificación del pronunciamiento. El mero disentimiento no es base idónea de agravios, ni configura absurdo que dé lugar al recurso.

En suma, establecer el mérito probatorio de determinadas piezas del expediente, es cuestión ajena a la competencia extraordinaria de la Sala Laboral de este Tribunal cimero, que no es una tercera instancia revisora de lo actuado por la instancia previa.En apretada epítome, el recurrente al discrepar con la solución adoptada por los jueces de la Alzada, por cuanto rechazaron el recurso de apelación interpuesto por su parte, en orden a pretensiones de diversos rubros, objeta la interpretación que efectuaron los juzgantes de Cámara respecto al material probatorio y el criterio empleado respecto a su valor convictivo en el fallo impugnado, vinculado a las consecuencias que produjo el distracto laboral en lo patrimonial, trayendo así a consideración situaciones de hechos y prueba, aspectos que en principio son ajenos a la instancia extraordinaria, atento a que no constituye una tercera instancia en la que puedan replantearse una nueva valoración de las pruebas y de los hechos manifestados en la causa, que ya han sido examinados por los jueces de grado, salvo eficaz denuncia y acabada demostración de arbitrariedad o absurdo, que en el caso de autos no se observa -como se dijo-, siendo los agravios meras reflexiones, sin una base sólida aceptable.

IX) Es más, los magistrados no están obligados a analizar todos y cada uno de los elementos que se arriban al pleito (art. 131 Ley 7049), ello es así, cuando la elocuencia de los estudiados torna inoficioso profundizar sobre los restantes, o sea cuando los elegidos alcanzan para convencer sobre la racionalidad de la valoración efectuada (cfr. esta Sala, Resol. Serie “B” N° 264, 13/09/2012, “Camardo Carlos Alberto c/ Kontinuos S.R.L.”; Resol. Serie “B” N° 204, 02/08/2012, “Suárez María Romina c/ Maxihogar S.R.L.”, Base Jurisan), aquéllos que resulten decisivos para la resolución de la controversia (v. C.S.J.N., Fallos 276:132; 280:320 -La Ley, 144-611, 27.641-S-; 303:2088; 304:819; 305:537; 307:1121).

Conforme lo expuesto, estimando insustancial el análisis probatorio en base al acometimiento del recurrente contra la sentencia en critica, habiendo dictaminado el rechazo recursivo el Sr. Fiscal General del Ministerio Público en base el examen que efectúa, doctrina y jurisprudencia reseñadas, Voto por:I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte accionante, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones de Trabajo y Minas de Segunda Nominación, en fecha diez de agosto de dos mil trece, obrante a fs. 675/683 vta., en lo que fue materia de agravios. II) Costas en esta instancia a la recurrente vencida, eximiéndola en uso de facultades procesales (art. 62, 2do. párr. Ley 7049).

A estas mismas cuestiones, el Dr. Eduardo Federico Lopez Alzogaray dijo: Que se adhiere en un todo a lo sustentado por el Dr. Gustavo Adolfo Herrera votando en igual forma. Con lo que se dió por terminado el Acto, firmando los Sres. Vocales, por ante mí, que doy fe. Fdo: Eduardo José Ramón Llugdar – Gustavo Adolfo Herrera – Eduardo Federico Lopez Alzogaray – Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar – Secretaria Judicial Autorizante – Es copia fiel del original, doy fe.-

Santiago del Estero veintidos de febrero año dos mil diecisiete.

En mérito al resultado de la votación que antecede, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte accionante, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones de Trabajo y Minas de Segunda Nominación, en fecha diez de agosto de dos mil trece, obrante a fs. 675/683 vta., en lo que fue materia de agravios. II) Costas en esta instancia a la recurrente vencida, eximiéndola en uso de facultades procesales (art. 62, 2do. párr. Ley 7049). Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese. Fdo: Eduardo José Ramón Llugdar – Gustavo Adolfo Herrera – Eduardo Federico Lopez Alzogaray – Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar – Secretaria Judicial Autorizante – Es copia fiel del original, doy fe.-