Fumar en horario de trabajo no justifica la máxima sanción en materia laboral

fumadorPartes: Baliño Sergio Oscar c/ Rufore S.R.L. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 24-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100637-AR | MJJ100637 | MJJ100637
Sumario:

1.-Corresponde confirmar que el despido del actor resultó ilegítimo pues la demandada no logró acreditar la injuria invocada para rescindir el vínculo, consistente en haber estado fumando en horario de trabajo y tener una discusión con el superior jerárquico frente a clientes, más aun siendo que producido el despido directo, la carga de la prueba de la causa quedaba en cabeza del demandado.

2.-Aun cuando se hubieren acreditado las injurias con las que la demandada intentó justificar la ruptura del vínculo, no luce fundada la máxima sanción dispuesta pues estar fumando en horario laboral no constituye una grave injuria laboral y, en todo caso, el actor bien pudo ser sancionado con una suspensión, antes de llegar a tan extrema medida como lo es el despido (art. 242 LCT.).

3.-Toda vez que el hecho, para constituir una justa causa de despido, debe revestir una gravedad de tal magnitud que pueda desplazar el principio de conservación del empleo (art. 10 LCT.), siendo que tampoco se ha probado la existencia de antecedentes desfavorables en un vínculo que llevaba más de una década, la decisión de la demandada de despedir al actor resulta excesiva e ilegítima (art. 242 LCT.).

4.-No corresponde admitir la indemnización del daño moral toda vez que el mismo sólo procede cuando el despido va acompañado de una conducta adicional ilícita que resulte civilmente resarcible, aún en ausencia de vínculo laboral, y además debe causar en el trabajador un grave menoscabo en sus sentimientos o buen nombre, y nada de esto sucedió en la especie.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de agosto de 2016, para dictar sentencia en los autos: “BALIÑO SERGIO OSCAR c/ RUFORE S.R.L. s/ DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 5/11, se presenta el Sr. Sergio O. Baldiño e inicia demanda contra RUFORE SRL., en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedor.

Relata que ingresó a trabajar para la demandada el 11 de julio de 2001 y desde su ingreso se desempeñó como mozo de salón en el establecimiento gastronómico Los Floristas.

Señala que cuando ingresó el establecimiento era explotado por la firma Asturcon SRL., luego en el mes de junio de 2009 el establecimiento y su personal fueron cedidos a la firma RUFORE SRL.

Indica que su situación laboral se alteró dramáticamente el 25 de octubre de 2012, cuando compareció como testigo en el juicio Sena Patricia c/ Mirazones S.A. s/ despido -expte. 12.058/12- en trámite ante el Juzgado Nacional de primera instancia nº 62 de la Capital Federal.

Manifiesta que unos días después de dicha audiencia, el 30 de octubre, el encargado Roque Ruíz le manifestó que su declaración había caído muy mal entre los socios de la firma y que por tal motivo estarían decidiendo su desvinculación.

El 2 de noviembre de 2012 recibió una CD por medio de la cual le notificaron su despido por haber discutido con un personal jerárquico en pleno salón y ante una gran cantidad de consumidores (ver demanda de fs. 6).

Ante esta situación en el mismo día y año rechazó dicha misiva e intimo a su empleadora el pago de las indemnizaciones adeudadas (ver CD., transcripta a fs. 6/6vta.).

Viene a reclamar las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo.

A fs. 17/24, contesta demanda la accionada RUFORE S.R.L.Niega cada uno de los hechos denunciados por la parte actora en su escrito de inicio especialmente que exista vinculación entre RUFORE SRL y ASTURCON SRL.

Manifiesta que el 31 de octubre de 2012, el actor tuvo una discusión con un superior jerárquico el Sr. Jorge Ruíz, al que agravió verbalmente cuando éste lo reprendió por haberlo encontrado fumando en horas de trabajo y dentro del establecimiento comercial donde realizaba su labor.

Impugna liquidación y solicita el rechazo de la demanda.

La sentencia de primera instancia obra a fs. 234/239.

En ella el “a-quo”, luego de analizar los extremos fácticos y jurídicos de la causa, decide en sentido favorable a las pretensiones de la actor, por considerar ilegitimo el distracto dispuesto por la demandada.

Los recursos a tratar son de la parte actora (fs. 240/244), y de la parte demandada (fs. 245/249). Mereciendo réplica de la contraria a fs. 257/260vta.

A fs. 250, la parte demandada cuestiona los emolumentos regulados a la representación letrada de la parte actora y del perito contador por elevados y por derecho propio los suyos por bajos.

II.- RECURSO DE LA PARTE ACTORA.

Se agravia la accionante porque el sentenciante no hizo lugar a la indemnización por daño moral.

Al respecto considero que no le asiste razón.

En primer lugar cabe recordar que la indemnización civil por daño moral sólo cabe en supuestos especiales. Esta Sala tiene dicho que desde el punto de vista extracontractual el daño moral sólo procede en aquéllos casos en los que el hecho que lo determina haya sido por un hecho de naturaleza extracontractual del empleador, es decir si el despido va acompañado de una conducta adicional ilícita que resulte civilmente resarcible, aún en ausencia de vínculo laboral (en igual sentido “Zarza, Mario Rubén c/ Línea 17 SA y otro s/ despido”, sent. 30.767 del 19-05-98, entre muchos otros). Además, debe causar en el trabajador un grave menoscabo en sus sentimientos o buen nombre.A mayor abundamiento, deseo dejar sentado que el legislador civil se ha ocupado del daño moral en dos andariveles que lo ubican en los dos ámbitos de responsabilidad que Vélez Sarsfield delimitó en su código.

Cuando se hace referencia a un hecho de responsabilidad extracontractual, rige el art. 1078 del C.C. que resulta de aplicación insoslayable para los jueces. A diferencia de ello, el art. 502 del mismo cuerpo legal que aprehende la posibilidad de existencia de daño moral por incumplimientos contractuales, resulta de aplicación discrecional y sujeta a prueba.

Por lo expuesto, propongo confirmar este punto del agravio.

III.- RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA.

Respecto al fondo de la cuestión varios son los agravios de la demandada.

a.- La accionada se agravia de que el “a-quo” haya considerado ilegítimo el despido del Sr. BALIÑO, lo que responde, según expresa, a que no se han evaluado correctamente la prueba testimonial aportada por su parte en autos.

No le encuentro razón en su planteo.

En efecto, en primer lugar debo recordar que producido el despido directo, la carga de la prueba de la causa del mismo queda en cabeza del demandado y de no ser así cae la justificación de rescisión del vínculo más allá de la existencia o no de actividad probatoria del actor. Ello es así, en los términos del art. 377 del Código Procesal y del art. 499 del Código Civil.

Es función del jurista reconstruir el pasado para ver quien tiene razón en el presente y según se haya distribuido la carga de la prueba, será la actividad que deba desarrollar cada uno.

Esa carga determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener el éxito en el proceso y debe apuntar al objeto de la prueba, es decir los hechos no admitidos y no notorios que a la vez de controvertidos, sean conducentes a la dilucidación del litigio.

En el caso que nos convoca, la demandada tuvo a su cargo la prueba de los extremos denunciados en su CD.disolutoria, que rezaba: “.faltado el respeto a su superior jerárquico (ROQUE ALEJANDRO RUIZ) en pleno salón y ante gran cantidad de consumidores y el resto del personal dependiente.a los gritos con insultos y con manifestaciones agraviantes e injuriosas ante la reprimenda que éste lo encontrase por encontrarlo fumando en horas de trabajo (15 HS. Aproximadamente) dentro del establecimiento donde presta tareas.traen aparejado la completa perdida de su confianza y atentan contra.vuestro deber de lealtad.queda Usted despedido por su exclusiva culpa.” (ver CD. transcripta a fs. 34). Sin embargo, al igual que el “a-quo”, entiendo que no lo ha logrado.

Por lo antedicho, considero que la recurrente no ha podido demostrar la injuria que se alega como motivo de la disolución del vínculo.

Véase que, la apelante en su recurso no aporta datos ni pruebas o elementos de juicio que sean eficaces para revertir el fallo, en razón de ello propongo su confirmación.

Además deseo señalar, que dichas irregularidades no están corroboradas por ninguna otra prueba en autos.

Teniendo en cuenta ello, considero que puesto en la hipótesis más favorable a la demandada, no me parece fundada la máxima sanción dispuesta, pues no se acreditó la “grave injuria laboral invocada” y, en todo caso, Baliño bien pudo ser sancionado con una suspensión, ante de llegar a tan extrema medida como lo es el despido (art. 242 de la L.C.T.).

Por lo expuesto, no encuentro pruebas aportadas en la causa, de la demandada que haya logrado aportar datos relevantes o claramente descriptivos para determinar que la injuria que se le imputa al actor sea motivo suficiente para dar lugar a la disolución del vínculo entre ambos.

Digo esto por cuanto la evaluación de la injuria -tarea reservada a los Jueces teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad- debe realizarse, al igual que la culpa en el derecho civil, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, lugar y persona (art. 513 C.civ.) a la vez que “el hecho”, para constituir una justa causa del despido, debe revestir una gravedad de tal magnitud que pueda desplazar el principio de conservación del empleo (art. 10 de la L.C.T.).

En el presente caso, no se ha probado la existencia de antecedentes desfavorables en un vínculo que llevaba más de 12 años, de modo que considero que la decisión de la demandada de despedir al Sr. Baldiños resulto excesiva e ilegítima (art. 242 de la L.C.T.).

Agrego, a mayor abundamiento, acerca de la prueba testifical rendida en autos, no son más que una afirmación subjetiva que no permite advertir que se haya alterado el proceso formativo de prueba de testigos. No trae, la agraviada, a la consideración de la alzada la prueba de que se haya violado el mencionado proceso de percepción de los declarantes ni que se haya interrumpido la necesaria concatenación del proceso lógico de inducción, de deducción, de comparación, de examen, a un análisis de comparaciones lógicas, para que su narración resulte fiel.

Finalmente que, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado criterio, el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, La ley 144-611 y citas. Jurisprudenciales en “Código Procesal.” Morello, Tº II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo -Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de esta Sala, ver autos: “Bazaras, Noemí c/ Kolynos”, S.D. 32313 del 29.6.99).

En razón de ello, propongo sin más la confirmación del fallo apelado en este substancial punto.

b.- La demandada cuestiona que el “a-quo” haya aplicado la tasa de interés conforme Acta 2601 del 21/08/2004.Señala en su defensa que la misma es improcedente porque la aplicación de dicha tasa no puede hacerse en forma retroactiva.

Ahora bien, no puedo dejar de señalar que los intereses, constituyen un reconocimiento de la privación que sufre el damnificado por no disponer del capital desde que naciera la deuda siendo una obligación accesoria de la obligación principal.

Es decir, si hubo condena lo que se “reconoce” es la existencia de un crédito en un tiempo anterior, dicho crédito entró en mora cuando no se pagó, ha producido un daño al trabajador, que debe ser acompañado por una reparación.

De lo contrario se vería perjudicado el trabajador, al ver disminuido el valor de su crédito por el mero transcurso del tiempo.

Cabe recordar que los intereses se liquidaran de acuerdo a lo dispuesto en el ACTA CNAT 2601 (de mayo de 2014) pero con los alcances establecidos en el ACTA CNAT 2630 del 27-04-2016, pto. 2º, desde que cada suma fuere debida y hasta la fecha de su efectivo pago (art. 622 del Código Civil, receptado hoy en el 768 y 769 del Código Civil y Comercial de la Nación) que morigera los efectos del envilecimiento de la moneda y el consecuente deterioro de los créditos laborales.

En tales condiciones, propongo sin más la confirmación del fallo en este segmento también.

IV.- En relación a las costas, no encuentro motivos para apartarme de lo resuelto en primera instancia, en tanto han sido declaradas a cargo de la parte demandada vencida, en aplicación del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 68 del Código Procesal y no existen en la causa mérito para aconsejar su modificación.

V.- Los honorarios regulados a favor de la representación letrada de la parte actora, demandada y del perito contador me parecen equitativos teniendo en cuenta el mérito y extensión de los trabajos cumplidos por lo que propongo confirmarlos (arts.38 de la Ley 18.345 y demás normas arancelarias).

VI.- De tener adhesión mi voto, propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de la parte demandada (art. 68 del Código Procesal) y se regulen honorarios a su representación letrada y a la del actor en el 25%, respectivamente, de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR HECTOR CESAR GUISADO: no vota (art. 125 de la LEY 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribual RESUELVE: 1) Confirmar el fallo apelado inclusive en lo atinente a intereses, honorarios y costas. 2) Costas de alzada conforme lo dispuesto en el considerando correspondiente 3) Regular honorarios a la representación letrada del actor y de la demandada en el 25% (veinticinco por ciento), para cada uno de ellos, de los determinados para la primera instancia. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro.: 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.