No existe despido discriminatorio en tanto el actor no probó su condición de activista gremial.

Despido empleadoPartes: Acuña Diego Marcelo c/ La Nueva Metropol S.A. s/ juicio sumarísimo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 13-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98350-AR | MJJ98350 | MJJ98350

No se juzga que el despido haya sido discriminatorio pues si bien el trabajador desplegó cierta actividad sindical, no fue demostrada su condición de activista gremial.

Sumario:

1.-No corresponde admitir que el despido tuviera motivación antisindical, y por lo tanto que resultara discriminatorio, pues aun cuando se tuviera por cierta la actividad sindical desplegada por el accionante, lo jurídicamente relevante es que no surge de ellos la condición de activista gremial que fuera invocada en el inicio.

2.-No se juzga que el despido resultó discriminatorio pues más allá de que el actor se haya ocupado de recolectar firmas para un petitorio intrasindical, como así también que hubiera participado de ciertas movilizaciones, lo determinante es que esas actividades no aparecen directamente vinculadas al ejercicio de algún grado de representación de todos o de algunos de los trabajadores, como para que pueda entenderse configurativa del cumplimiento de una función de índole gremial .

3.-Sin perjuicio de que de las declaraciones testimoniales se corroboren los hechos denunciados en la demanda, no cabe admitir que el despido hubiera sido discriminatorio, pues de los testimonios no subyace que el actor se hubiera desempeñado como activista gremial, es decir, que hubiera ejecutado acciones en representación de intereses colectivos de sus compañeros de trabajo.

4.-Para que la labor desplegada por una persona involucrada o interesada en la cuestión gremial pueda llevar a calificarla como un representante sindical de hecho es necesario que, por lo menos, su actuación haya involucrado intereses colectivos o que su labor haya tenido una incidencia de ese carácter, puesto que, más allá de que el activismo que invoca hubiera sido ejercido en forma colateral o por fuera de la estructura orgánica de la asociación sindical, lo cierto es que para vincular al acto que se reputa discriminatorio con el factor sensible que se alega (activismo gremial), es necesario demostrar la calidad que erigiría al actor en un sujeto especialmente vulnerable a eventuales actos disgregatorios o peyorativos, lo que no es posible predicar en la especie.

5.-La circunstancia de que no se haya demostrado la existencia de una justa causa del despido decidido por la parte demandada, no llega a constituir una evidencia concreta de que la decisión resolutoria haya tenido por fin segregar al demandante con motivo de algún desenvolvimiento a nivel gremial, pues no cabe concluir por ese solo hecho, que el acto resolutorio encubra una discriminación peyorativa.

6.-Corresponde tener por injustificado el despido pues si bien las inasistencias imputadas como fundantes del despido fueron justificadas por el actor, pues concreta y expresamente cuestionó el alta médica y aseveró encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico.

7.-Procede el incremento indemnizatorio del art. 2° de la Ley 25.323, pues se funda en la procedencia de las indemnizaciones derivadas del despido que se reputó arbitrario.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 13 de abril de 2016, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia admitió en forma parcial las pretensiones deducidas en el escrito inicial y condenó a la demandada a abonar al accionante algunos rubros salariales e indemnizatorios aunque rechazó el planteo de nulidad del despido articulado en la demanda. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron recurso de apelación las partes actora y demandada, en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivos escritos de expresión de agravios.

En primer lugar cabe señalar que en atención a la índole de la cuestión debatida y al modo de resolverse en la instancia previa, se estimó conveniente requerir la opinión del Sr. Fiscal General, quien se expide a tenor del dictamen de fs.156/9 que en líneas generales comparto y doy por reproducido en mérito a la brevedad.

La parte actora se agravia, esencialmente, por cuanto en la sentencia apelada no se tuvo por demostrado el carácter discriminatorio del despido decidido por la accionada a raíz de la invocada calidad de activista sindical y, consecuentemente, se desestimó el planteo de nulidad articulado en el escrito inicial respecto de dicha medida resolutoria.

Como se desprende de los términos en que se han formulado los agravios, la cuestión central radica en determinar si se ha acreditado o no la motivación antisindical que el actor le atribuyó al despido dispuesto por la empleadora el 19/12/2013 bajo la invocación de que no se habría presentado a trabajar ni justificado inasistencias desde el día 2 de dicho mes, puesto que de su resultado ha de depender el encuadre del planteo de autos en la normativa invocada (art. 47 LAS y art. 1° ley 23.592). En la sentencia apelada el Sr. Juez a quo concluyó que tal extremo fáctico no surge de la prueba testimonial ni de los hechos descriptos en la demanda, para lo cual valoró que “.No se verifica, en el desarrollo de los hechos que efectúa el demandante, un accionar susceptible de provocar en su empleador una actitud persecutoria como la que denuncia, pues además, la referencia a presuntos extremos ocurridos en el ámbito del sindicato (UTA) en modo alguno pueden adjudicarse a la sociedad comercial en el cumplimiento de su objeto.” (ver fs. 129 vta., 5° párr.).

Luego de analizar detenidamente las posturas asumidas por los litigantes en el pleito y los elementos de prueba obrantes en autos, considero que, más allá del esfuerzo argumental de la recurrente, tal conclusión debe ser confirmada.Ello así por cuanto observo que, en efecto, en el escrito de demanda el actor para justificar su “actividad sindical” sostuvo que realizó un cuestionamiento de elecciones de delegados de base de la línea 194 que tuviera lugar en el mes de octubre de 2012, para lo cual “.se encargó de recolectar firmas de sus compañeros para exigir al sindicato la realización de una nueva convocatoria a elecciones.” (fs. 6vta., penúlt. párr.), como así también que probablemente como consecuencia de ello ha sido amenazado telefónicamente (fs. 7).

También aseveró que “. En abril de 2013 participó activamente del paro convocado por el sindicato en reclamo de aumento salarial, llevando adelante un corte de ruta en Liniers, junto con los trabajadores de la línea 60, como así también en las líneas Ecotrans, 112,

165, 540 y 295.” y que al mes siguiente “.participó de las movilizaciones convocadas para reclamar reincorporación de Héctor Lema y otros 4 compañeros despedidos por la empresa DOTA, convocatoria realizada por el agrupamiento sindical ‘Intelíneas’, de la cual el actor formaba parte como activista del gremio.” (fs. 13 vta.).

Sin embargo, aun cuando tales hechos sean tenidos por ciertos por resultar aplicable en el caso la presunción contemplada por el art. 60 del CPCCN, lo concreto y jurídicamente relevante es que de éstos no surge la condición de “activista sindical” que fuera invocada por el demandante.Ello así por cuanto más allá de que se haya ocupado de “recolectar firmas” para un petitorio intrasindical, como así también participado de ciertas movilizaciones, lo cierto y jurídicamente determinante es que esas actividades no aparecen directamente vinculadas al ejercicio de algún grado de “representación” de todos o de algunos de los trabajadores, como para que pueda entenderse configurativa del cumplimiento de una función de índole “gremial”.

Por otra parte, y en lo que atañe a la prueba testimonial, cabe señalar que, sin perjuicio de señalar que ésta debe recaer exclusivamente respecto de los hechos controvertidos que son conducentes a la dilucidación del litigio, -por lo que resultaría improcedente para la introducción de hechos no invocados en los escritos constitutivos del proceso (conf. art. 364 CPCCN)-, lo cierto es que de las declaraciones obrantes en autos tampoco surge evidencia objetiva de que el actor, de algún modo, haya desempeñado una actividad gremial, a través de la representación de los intereses colectivos de los trabajadores (arts. 90 LO y 386 CPCCN).

En efecto, Olguín (fs. 87) sostuvo que “.se inició por medio del actor un petitorio al gremio para que vuelvan a poner una fecha de elecciones, que esto lo sabe porque el actor se encargó de avisarles al gremio.(y que) luego comenzaron muchas presiones de parte de la empresa para el actor y para los que lo acompañaron también, que las presiones eran laborales como persecuciones, informes incorrectos, inventados.”, agregando que “.el dicente sufrió las presiones y el actor también porque se las comentó.”. Sin embargo, observo que de la declaración no surge de modo concreto y específico cuáles habrían sido los hechos por los cuales considera que el actor fue víctima de “presiones” por parte de la empresa, a lo cual cabe añadir que este deponente habría tomado conocimiento de tales hipotéticos extremos por comentarios del actor, lo que revela que no percibió aquéllos a través de sus sentidos, por lo que se trata de un testimonio meramente referencial, carente de eficacia convictiva (arg. art. 456 CPCCN).

Rossetti (fs. 88) también hizo referencia en su declaración al hecho de que el actor juntó firmas de sus compañeros de trabajo para peticionar en la UTA que se repita un acto eleccionario. Gamarra (fs. 90) coincidió en su declaración con tales hechos y también dijo saber “.que el actor quería ser delegado porque se lo dijo pero no había ningún papel pegado de que se podría haber presentado.”. Arce (fs. 91) hizo referencia a la realización de ciertas reuniones por cuestiones gremiales y que “.el actor era uno de los que estaba con el petitorio y además quería ser delegado, que lo sabe porque en las reuniones el acto era que la supuesta lista que se iba a armar el actor iba a ser la cabeza.”. Manifestó asimismo que “.lo ve al actor en Saavedra en las reuniones que hacía la línea 60, el actor repartía panfletos, que los panfletos tenían contenidos sobre salarios, los reclamos salariales, reintegro de compañeros.”. Schvartzman (fs.111/2) aseveró que, “.conoce al actor por la actividad sindical, que el actor es chofer de un colectivo y el dicente también, participan de una agrupación sindical, en la agrupación interlíneas dentro de la Unión Tranviaria Automotor.”. Hizo asimismo un relato acerca del planteo efectuado ante esta última por la irregularidad de un acto eleccionario y agregó que luego de ello “.tuvo acoso por parte de los empresarios por su actividad gremial, sabe que tuvo acoso porque le contaron lo que le estaban haciendo, el actor trabajó en la línea 194 que es de La Nueva Metropol y lo trasladan a la línea 65 que es otra cabecera otra línea, otros horarios y constituye una modificación sustancial del contrato de trabajo y una discriminación sindical porque el actor se iba a presentar como delegado y al trasladarlo a la línea 65 no podía presentarse.”. También sostuvo que “.el dicente con el actor realizaron en forma conjunta acciones sindicales, en abril de 2013 se hizo una movilización por aumento salarial en la av. General Paz y Av.Rivadavia con la presencia de trabajadores, delegados y activistas sindicales de varias líneas entre ellos el compañero Acuña, también desde la agrupación interlínea sacaron volantes para poner en conocimiento a los trabajadores y el actor ayudó a repartir para dar a conocer las movilizaciones que hacían, después hicieron otra movilización, cree que fue al juzgado, para esa misma fecha para reclamar por cuatro compañeros despedidos de la línea 60 y nuevamente se movilizaron trabajadores, delegados y activistas sindicales de varias líneas entre ellos el actor, y después realizaron varias reuniones en la periodicidad de dos o tres meses durante el año 2013 de la agrupación interlíneas en las cuales participó el actor en algunas de esas reuniones, no en todas.”.

De acuerdo a lo expuesto, los hechos reseñados por los testigos analizados únicamente corroboran aquéllos denunciados en la demanda, mas de éstos no subyace que el actor se haya desempeñado como activista gremial, es decir, que haya ejecutado acciones en representación de intereses colectivos de sus compañeros de trabajo. Nótese que la referencia efectuada acerca de una supuesta intención del actor de postularse a delegado gremial, más allá de que ello tampoco implica -por sí solo- una actividad gremial, tampoco ha sido sustentada en hechos concretos, pues sólo se basa en dichos que el propio actor habría manifestado a los deponentes (arts. 90 y 386 ya cit.).

Como ya lo he sostenido en una causa de aristas similares – con la adhesión del Dr. Miguel Ángel Maza- (Sent. Def. 97.985 de fecha 7/5/2010 in re “Castro, Brenda Leticia c/ Casino Buenos Aires S.A. Cía. de Inversiones en Entretenimientos S.A. U.T.E.s/Juicio Sumarísimo”), la participación que uno o más trabajadores puedan tener en distintos reclamos, peticiones, movilizaciones o reivindicaciones tendientes a obtener el resguardo de los derechos e intereses del grupo al que pertenecen y aún la adhesión o la confrontación que pueda llegar a implicar con respecto a determinada gestión que pudieran llevar a cabo los delegados del personal -que actúan en el ámbito de actividad de una entidad gremial con o sin personería-, no implica el desempeño de una actividad gremial o sindical cuando no está claramente patentizado que quien la lleva a cabo ejerza algún grado de representación de, al menos, un grupo de trabajadores. No cualquier actividad reivindicatoría o movilizadora, ya sea que coincida con la que impulsa el sindicato que tiene otorgada la representatividad del sector o que se contraponga a ella, puede considerarse configurativa de una actividad de naturaleza sindical o gremial si no implica el ejercicio de la representación de otros, pues la pluralidad es la condición inmanente de la sindicalización o agremiación y no cabe – entonces- considerar incluida en su conceptualización a la mera actividad personal que, aunque esté destinada a favorecer a varios, no se lleve a cabo en representación del interés colectivo de algún grupo. Obsérvese que, tanto el Convenio N° 135 de la OIT como la ley 23.551, contienen normas destinadas a resguardar la actividad de quienes ejercen algún grado o tipo de “representación” que, obviamente, es inescindible de la noción de sindicalización o agremiación que supone la agrupación de varios a los que aquellos representan (ver lo sostenido, entre otros in re “Marnoni, Eduardo Daniel c/Spicer Ejes Pesados S.A. S/Acción de Amparo” SD 96649 del 30/4/09 del registro de esta Sala).

Como ya ha señalado esta Sala a través del voto concurrente de mis distinguidos colegas -Dres.Miguel Ángel Maza y Graciela A.González-, para que la labor desplegada por una persona involucrada o interesada en la cuestión gremial pueda llevar a calificarla como un “representante sindical de hecho” es necesario que, por lo menos, su actuación haya involucrado intereses colectivos o que su labor haya tenido una incidencia de ese carácter puesto que, más allá de que el activismo que invoca hubiera sido ejercido en forma colateral o por fuera de la estructura orgánica de la asociación sindical, lo cierto es que para vincular al acto que se reputa discriminatorio con el factor sensible que se alega (activismo gremial), es necesario demostrar -al menos- la calidad que erigiría al actor en un sujeto especialmente vulnerable a eventuales actos disgregatorios o peyorativos, lo que no es posible predicar en la especie si no se ha demostrado la naturaleza colectiva o de representación de la actividad desplegada y mucho menos, su carácter público (en igual sentido, esta Sala, SD 96979 del 18/8/09 in re “Braun, Ricardo Jorge c/Obra Social del Personal de la Industria de la Alimentación s/Juicio sumarísimo”).

Cabe considerar en el caso que, de los hechos denunciados en la demanda, no surge patentizado que la participación que el actor tuvo en el cuestionamiento ante el sindicato por una hipotética irregularidad en un acto eleccionario, ni su participación en ciertas movilizaciones, puedan considerarse constitutivas del ejercicio de una actividad sindical o gremial porque no hay evidencia de que haya tenido por fin representar el interés colectivo de algún grupo o sector de trabajadores ya sea adherido al sindicato o disidente. Pero, más allá de esa circunstancia y aun cuando -por hipótesis- se considerara que Acuña de alguna forma indirecta se haya integrado al ejercicio de una actividad gremial (lo cual, reitero, no surge de los hechos en que se funda la demanda), lo cierto es que, tal como lo puntualiza el Dr.Eduardo Álvarez en su dictamen, los testimonios reseñados no aportan evidencia concreta de que su despido se haya decidido con motivo de esa actividad ni de su intención de participar orgánicamente como delegado del personal.

Por lo demás, la circunstancia de que no se haya demostrado la existencia de una justa causa del despido decidido por la parte demandada, no llega a constituir una evidencia concreta de que la decisión resolutoria haya tenido por fin segregar al demandante con motivo de algún desenvolvimiento a nivel gremial.

En efecto, la circunstancia de que se trate de un despido injustificado o arbitrario no permite concluir que resulte, a su vez, un acto que encubra una discriminación peyorativa puesto que, como lo puntualizó el Dr. Maza el emitir su voto en el precedente “Braun” antes citado, arbitrariedad y discriminación no son conceptos sinónimos. Así, se puntualizó que el sistema resarcitorio del despido arbitrario en el ámbito del empleo privado modulado en base a una forfata del daño, constituye la reglamentación legal de la protección constitucional contra el despido arbitrario y el reconocimiento de efectos extintivos al acto disolutorio aún injusto o incausado, sin desconocer el carácter antijuridico de tales actos. Por ello, incluso cuando el despido arbitrario no constituya un derecho del empleador, sino claramente un ilícito civil (conf. Justo López, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Ediciones Contabilidad Moderna, 2da. edición, Buenos Aires, 1987, T. II, pág.1108/1109), de ello no se sigue la ineficacia del acto para poner fin a la relación contractual sino la obligación de reparar los daños en los términos regulados por el legislador nacional, por lo que la circunstancia de que se hubiere tratado de un despido incausado tampoco habilita por sí misma la viabilidad de la nulidad planteada que, conforme los propios términos del escrito inicial, encontraría su causa en un acto aberrante e injusto, que en las presentes actuaciones no surge acreditado.

Consecuentemente, desde la perspectiva de análisis expuesta y aun cuando siguiendo los lineamientos formulados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Álvarez, Maximiliano c/Cencosud S.A.” del 7/12/10 pudiera considerarse admisible -en abstracto- la viabilidad formal de un pedido de reinstalación que pudiera efectuar un trabajador que es víctima de un despido discriminatorio, lo cierto es que, en el caso, el carácter discriminatorio del despido no se ha demostrado ni siquiera por vía indiciaria, por lo que, de prosperar mi voto y de conformidad con lo dictaminado por el Dr. Eduardo Álvarez a fs. 156/159 corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto no hace lugar a la reinstalación pretendida, lo que así dejo propuesto.

La parte demandada se agravia por cuanto en la sentencia apelada se determinó que el despido dispuesto por su parte careció de justa causa en los términos del art. 242 LCT.

Sobre el punto, observo que el judicante de grado anterior concluyó que “.más allá de la situación en que quedó incursa la accionada con motivo de su incomparecencia a contestar demanda y los efectos de esa rebeldía, lo cierto y relevante para dirimir el tópico es que el actor ha logrado demostrar que al tiempo del distracto, se encontraba afectado en su faz psiquiátrica, todo lo cual surge avalado a través de la historia clínica acompañada a esta contienda conforme informe de fs.77/79 de la cual se extrae que, con fecha 22/11/2013 el actor fue a consulta médica, donde se le consignó una licencia laboral por el término de 30 días, sujeto a nuevo control médico.”, por lo cual “.cabe tener por acreditado que al momento del despido que la demandada fundó en ‘inasistencias injustificadas’, el actor se encontraba impedido de concurrir a prestar servicios, afectado por la patología descripta en el informe glosado por la Clínica Alvear Alem, razón por la cual, la causa invocada resulta inadecuada y el despido dispuesto merece ser tildado de injustificado.” (ver fs. 129 vta. y 130).

El eje argumental del cuestionamiento de la parte demandada contra dicha solución reside en que, a su entender, la negativa del actor a presentarse a prestar tareas y justificar inasistencias en la que se fundamentó la decisión resolutoria, no fue justificada por el actor en el intercambio telegráfico por el hecho de hallarse bajo licencia por enfermedad, sino alegando una persecución laboral. Sin embargo, observo que ello no es correcto, por cuanto en la respuesta cursada por el trabajador mediante telegrama de fecha 13/12/2013 a la intimación que efectuara la empleadora para que se presente a prestar tareas y justifique inasistencias posteriores al día 2 de dicho mes, concreta y expresamente cuestionó dicha alta médica y aseveró encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico (ver transcripción efectuada a fs. 11).

Consecuentemente, voto por confirmar la sentencia en cuanto consideró injustificado el despido dispuesto por la empleadora.

Como lógica consecuencia de lo anterior, carece de fundamento la queja articulada seguidamente contra la condena impuesta en concepto del incremento indemnizatorio del art. 2° de la ley 25.323, en la medida que se funda en la supuesta improcedencia de las indemnizaciones derivadas del despido.Por lo demás, el recurrente no explica -y tampoco hallo por mi parte- razones que, objetivamente analizadas, justifiquen la conducta renuente de su parte al no pagar dichos resarcimientos, por lo que no es viable la reducción o eximición planteada con fundamento en el segundo párrafo de dicha norma.

Corresponde desestimar así también los agravios contra la tasa de interés a ser aplicada sobre los créditos de condena, toda vez que ésta se ajusta a lo dispuesto por el Acta 2601 de esta Cámara, cuyos fundamentos comparto y no han merecido una crítica concreta y específica de la recurrente.

En lo que atañe a los agravios contra lo resuelto en materia de costas, por cuanto éstas han sido íntegramente impuestas a la parte demandada, considero que no existen razones que justifiquen un apartamiento del principio general de la derrota que rige en la materia (art. 68 CPCCN), toda vez que la accionada ha sido vencida en la cuestión sustancial de la contienda, inherente a la legitimidad de la resolución del contrato de trabajo decidido por su parte.

Finalmente, la parte demandada apela “.los honorarios regulados a los letrados de la parte actora, demandadas y a los peritos médicos, contador e ingeniero por considerarlos elevados.” (ver fs. 134 vta.). Ante tales términos cabe destacar que no se han regulado honorarios a peritos. En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los letrados intervinientes por las partes y al resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas emergentes del art. 6 y subs. de la ley 21839 y de la ley 24.432, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, las regulaciones efectuadas no son elevadas, por lo que propongo confirmarlas.

En atención a la suerte obtenida por los recursos, corresponde imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 68, 2do. párrafo, CPCCN). A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia, propongo que se regulen los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 25% de la suma que les corresponda a los abogados intervinientes por dicha parte por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior y los de la representación letrada de la parte demandada en la suma actual de $17.500.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Por análogos fundamentos y al compartir el análisis que ha efectuado Miguel Ángel Pirolo de las cuestiones traídas al conocimiento de esta instancia revisora, adhiero a las conclusiones del voto precedente.

No obstante ello, y en atención a los términos en que la parte actora ha formulado sus agravios en cuanto al encuadre jurídico del planteo, creo necesario puntualizar que tal como lo sostuve, entre otros in re “Molina, Reynaldo A. y otro c/ Spicer Ejes Pesados S.A.” (SD 98121 del 10/6/10 del registro de esta Sala) siguiendo el criterio postulado incluso como juez de primera instancia en los autos “Mundo, Néstor Luis c/ Consejo Federal de Inversiones s/ juicio sumarísimo art. 47 LAS” (Sentencia N° 2.105 del 21-12-95, del registro del Juzgado N° 62) y lo reiteré posteriormente en numerosísimas ocasiones, a mi criterio, el art. 47 de la ley 23551 habilita la anulación de un acto de despido si éste fuera judicialmente reputado de discriminatorio por afectar la libertad sindical.

En dichas ocasiones sostuve que el art. 47 de la ley 23.551 ha complementado las normas específicas de tutela intensa de los arts. 48 y 50 con una norma genérica cuyo sujeto activo es, al decir de Héctor P. Recalde y Enrique O.Rodríguez (Nuevo Régimen de Asociaciones Sindicales, Buenos Aires, 1988, Editorial Gizeh), todo trabajador, sin restringir el ámbito de protección a afiliados, delegados, integrantes de cuerpos representativos, etc., sino que cualquier trabajador, grupo de trabajadores o asociación sindical que viera afectado alguno de los derechos que la ley define como derivados de la libertad sindical puede ejercer esta acción en procura de un remedio eficaz.

En tal línea de razonamiento señalé que dicha norma de la ley 23.551, al prever que por vía de la acción sumarísima se hará cesar el comportamiento antisindical, habilita la reinstalación del agente en el puesto de trabajo, el reconocimiento de todos sus derechos contractuales y la garantización del ejercicio regular de sus derechos derivados de la libertad sindical. Es que me pregunto ¿en qué consistiría la decisión judicial de hacer cesar el comportamiento antisindical cuando éste se corporiza como despido, si no es con la nulidad de tal acto y la reinstalación del trabajador?.

Estimo que no es posible afirmar que el art. 47 LAS habilita dejar sin efecto todos los actos antisindicales excepto el despido, ya que la norma no prevé tal excepción y, además, en tanto tal interpretación empujaría al empleador discriminador por motivos sindicales a ejecutar la máxima inconducta, si ésta no pudiera ser removida judicialmente.

Como es regla de interpretación judicial, el judicante no debe distinguir donde el legislador no lo ha hecho y el art. 47 no posee gradaciones ni excepciones:dispone que en el marco de la acción sumarísima los jueces podrán hacer cesar el comportamiento antisindical y estoy convencido de que, en hipótesis de despido injustificado de carácter antisindical, la única manera de cumplir la norma es hacer desaparecer el acto patronal que impide el ejercicio por el trabajador de los derechos derivados de la libertad sindical, es decir el despido y que a tal remedio eficaz alude el precepto bajo mención.

Aunque valoro enormemente la opinión de mis ilustrados colegas sobre el punto y la conclusión recaída en cuanto a la ausencia de motivación antisindical en el despido hace innecesario mayor desarrollo en torno al tópico, estimo conveniente dejar en claro que ratifico esta interpretación del art. 47 de la LAS, lo que sólo queda puntualizado a fin de evitar eventuales confusiones sobre mi visión sobre este aspecto que ha sido remarcado por el Sr. Fiscal General en el dictamen al que adhiriera el Dr. Pirolo en el voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el decisorio de grado en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; 2) Declarar las costas de alzada en el orden causado; 3) Regular los honorarios por las tareas en esta instancia de la representación letrada de la parte actora en el 25% de la suma que les corresponda a los abogados intervinientes por dicha parte por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior y los de la representación letrada de la parte demandada en la suma actual de $17.500; 3) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1° de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN N° 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara