Indemnizan a gerente a quien se le había imputado errores en los procesos de liquidación de sueldos.

Recibo de Sueldo DigitalPartes: Ferrer Eduardo Luis c/ Obras Sanitarias Mendoza S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 31-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97642-AR | MJJ97642 | MJJ97642

Ilegitimidad del despido directo del gerente de administración y finanzas, ante la comprobación de un procedimiento irregular de liquidación de los llamados “sueldos confidenciales”, ya que ello obedeció a una decisión del Directorio.

Sumario:

1.-El actor ha sido despedido injustificadamente, ya que el procedimiento irregular de liquidación de los llamados sueldos confidenciales fueron decididos por las autoridades de la demandada, y si bien ese proceder era conocido por aquél en su carácter de gerente financiero, escapaba al control directo que podía hacer de los mismos, pues fundamentalmente ello era una decisión del Directorio y la gerencia general, que eran los superiores del actor y las personas físicas que representaban a la sociedad empleadora.

2.-Las nociones de fidelidad y lealtad que deben asimilarse al concepto de buena fe tienen suma relevancia en el contrato de trabajo y engloban un sinnúmero de derechos y obligaciones recíprocas de las partes involucradas emanados del espíritu de colaboración y confianza que caracterizan la relación de trabajo.

3.-Las enfermedades o accidentes que padezca el trabajador se juzgan independientemente, es decir que carece de relevancia la frecuencia con que se presenten, bastando que se trate de dolencias distintas, aunque sean de la misma naturaleza.

4.-El derecho a salarios por enfermedad no se pierde cuando la dolencia aparece en el curso de una suspensión, ni viceversa, siendo que después de cesada la enfermedad puede comenzar a correr la suspensión disciplinaria o se completará la suspensión por falta de trabajo si todavía está en curso, o si subsisten las razones que la motivaron.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil dieciseis, se hace presente en la Sala Unipersonal del Tribunal, la Señora Juez de la Excma. Cámara Primera del Trabajo, DRA. MARIA DEL CARMEN NENCIOLINI con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos Nº 44.581 caratulados “FERRER EDUARDO LUIS C/ OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A. P/ DESPIDO” de los que

RESULTA:

Que a fs. 89/103 por medio de apoderado se presenta EDUARDO LUIS FERRER y demanda a OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A. por la suma de $690.948,89 o lo que en más o en menos resulte de las pruebas a rendirse, en concepto de rubros no retenibles e indemnizatorios con más intereses legales y costas.

Expresa que ingresó a trabajar bajo las órdenes de la demandada como gerente de administración y finanzas el 17-08-99, pero que se lo registra como personal de Obras Sanitarias Mendoza S.A. a partir del 01-07-00. Que su salario inicial era de $9.500,00, pudiendo hacer además uso del automóvil de la empresa, percibiendo además la suma de $500,00 para gastos y un teléfono celular. Que tenía 64 personas a su cargo. Que el día 27-02-09 se le declara al actor un cáncer de colon y comienza un periodo de licencia por enfermedad. Que fue intervenido quirúrgicamente y realizó tratamiento de quimioterapia hasta Octubre/09. Que durante ese tiempo, desde su casa el actor colaboraba y era consultado permanentemente por la empresa. Que en el mes de Setiembre/09 no se le realizaron más consultas.Que luego, en el mes de Noviembre/09 la accionada dicta la Resolución 014/09 que le fue notificada el 18-11-09, por la cual “se lo libera de toda responsabilidad hasta que se encuentren reunidas las condiciones para su reincorporación”. Que esta situación le produjo un cuadro de ansiedad y tuvo licencia por enfermedad siquiátrica hasta el 18-03-10 fecha en la cual se le otorga el alta médica. En Enero/09, se le detecta otra dolencia, cálculos renales, y fue objeto de tratamiento “litotricia” con alta médica respecto de esta patología a partir del 30-03-10. Que la demandada el 02-03-10, le comunica que ha concluido el periodo de licencia por enfermedad paga y que empieza el periodo de reserva de puesto, a pesar de que el actor estaba bajo el periodo de licencia por enfermedad siquiátrica, por lo que mediante C.D. rechaza ese comunicado. La demandada, niega a pagar los sueldos por considerar que está en el periodo de reserva de puesto. Que mediante Decreto 1690/09, del 03-08-09 Obras Sanitarias Mendoza S.A. es intervenida. Al actor, por acta notarial se le notifica una “suspensión preventiva” con goce de haberes por el término de 20 días hábiles el 08-04-10. Rechaza mediante C.D. esta medida en cuanto que es injustificada, que le agrava su dolencia siquiátrica, por negativa de tareas y emplaza al pago de haberes de Marzo/10. Posteriormente se le notifica la prórroga de la suspensión preventiva por 10 días hábiles más. Finalmente, también mediante acta notarial se le notifica el 20-05-10 el despido con causa, fundado en graves irregularidades de su gestión. El actor rechaza el despacho por falaz e improcedente en la C.D. del 21-05-10.

Plantea la inconstitucionalidad de la ley 7198 y del tope indemnizatorio previsto en el art. 245 de la LCT. Solicita en calidad de cautelar, embargo preventivo.

Funda su derecho, ofrece pruebas y practica liquidación.

A fs.105/106 la actora aclara su demanda en cuanto que la accionada cae bajo el régimen legal de la Ley de Sociedades, pues el Gobierno de la provincia de Mendoza es sólo titular del 20% del paquete accionario. Funda la cautelar solicitada.

A fs. 109/110 el Tribunal rechaza el embargo preventivo solicitado por el trabajador.

A fs. 116 el actor denuncia como hecho nueva la convocatoria a Asamblea para disolver la sociedad demandada según publicación del Boletín Oficial del 14-09-10, que sirve de fundamento al peligro en la demora.

El Tribunal a fs. 117/118 admite la cautelar.

A fs. 120/147 y fs. 159/164 glosa los oficios dirigidos a los Registros del Automotor para tomar nota de los embargos preventivos de los vehículos de propiedad de la demandada.

A fs. 180 la parte actora amplía la prueba ofrecida.

A fs. 207/212 comparece la demandada OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A. por intermedio de su apoderado y contesta, solicitando el rechazo del reclamo con costas. Reconoce la existencia del vínculo laboral. Niega los hechos invocados por la actora, y que el despido fue justificado, haciendo un relato de los hechos por los que llega a extinguir el vínculo. Pide la integración de litis con el Gobierno de la Provincia y la intervención de Fiscalía de Estado. Solicita asimismo el rechazo de las inconstitucionalidades planteadas por el actor por las razones que allí expone.

A fs. 239/242 comparecen FISCALIA DE ESTADO y el GOBIERNO DE MENDOZA. Plantean la defensa de FALTA DE LEGITIMACION SUSTANCIAL PASIVA por no haber responsabilidad en el caso del Gobierno de la Provincia de Mendoza, en cuanto que la demandada es una persona jurídica privada. En subsidio contestan y se adhieren a las defensas de la demandada.

Impugnan liquidación. Fundan su derecho y ofrecen pruebas.

A fs. 248/249 el actor contesta el traslado del art. 47 del C.P.L. y ratifica los dichos de su escrito de demanda.

Se opone a la prueba documental -2 y -3 ofrecidas por la contraria.

A fs.251 se admiten las pruebas ofrecidas y se ordena su producción.

A fs. 275 acepta el cargo la perito contadora Carolina Ginard.

A fs. 290/295 la perito rinde informe contable, el que es observado por la demandada a fs. 301 y por la actora a fs. 303.

A fs. 305/309 la perito contesta las observaciones que le formularon las partes.

A fs. 339 informa la Fundación Universidad de Cuyo, que la auditoría solicitada por el Gobierno de la Provincia a la demandada, es confidencial.

A fs. 376 se lleva a cabo audiencia de vista de causa, rindiendo alegatos las partes por escrito, a fs. 379/384 la parte actora, a fs. 387/388 el Gobierno de Mendoza y a fs. 389 Obras Sanitarias Mendoza S.A., quedando la causa en estado de dictar sentencia.

A fs. 820 el Tribunal, como medida de mejor proveer deja sin efecto el llamamiento de autos para dictar sentencia, a los fines de la remisión de la auditoría efectuada por la Universidad Nacional de Cuyo, la que se encontraría agregada en los expedientes que obran en la Suprema Corte de Justicia.

Habiéndose concretado la remisión de la documental, a fs. 826 el Tribunal nuevamente llama autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERA CUESTION: RELACION LABORAL

SEGUNDA CUESTION: RUBROS RECLAMADOS

TERCERA CUESTION: COSTAS

A LA PRIMERA CUESTION LA DRA. MARIA DEL C. NENCIOLINI DIJO:

La relación laboral, su extensión y categoría profesional que invoca el actor al entablar la demanda son extremos de la litis, que corresponden a éste acreditar.

No se plantea controversia en cuanto a la categoría del trabajador y extensión de la relación laboral.Aunque se aclara que, si bien el actor denuncia que ingresa el 17-08-99, la instrumental rendida demuestra que su fecha de ingreso fue el 01-06-00, no habiendo podido el actor desvirtuar dicha prueba.

En base a ello y a la instrumental rendida como prueba, concluyo que en la causa ha quedado debidamente acreditado que la relación jurídica que vinculó a las partes, fue un contrato de trabajo subordinado (art.21 L.C.T.) cumpliendo el actor tareas de “GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”, relación ésta que se iniciara el 01-06-00 y se extiende hasta el 20-05-10, rigiéndose en su ejecución por la L.C.T. 20.744 y sus modif.-ASI VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. MARIA DEL C. NENCIOLINI DIJO:

Respecto de la procedencia de los rubros reclamados en autos, primeramente paso a detallar la prueba rendida:

Instrumental: a) C.D. cursadas entre las partes; b) bonos de haberes; c) resumen de historia clínica del actor respecto de la patología de cáncer de colon, indicando como último control el de Marzo/10; d) acta notarial otorgando la demandada autorización para conducir al actor del 12-07-04; e) nota dirigida al actor por la empleador del 18-11-09, comunicándole que mientras dure su periodo de licencia por enfermedad no se le requerirá informes ni tareas para resguardar su estado de salud; f) nota del 01-06-06 requiriendo la incorporación del actor a la empresa OSM S.A.; g) protocolo quirúrgico del actor del 11-01-10 por litiasis renal; h) acta notarial de notificación solicitada por el interventor de OSM al actor, del 08-04-10 de suspensión precautoria con goce de haberes por 20 días hábiles por “haberse detectado irregularidades administrativas financiera en el ámbito de su actuación como gerente de administración y finanzas.”; i) acta notarial de constatación solicitada por el interventor de OSM del 23-04-10, se le entrega al actor un cuestionario dejando constancia de las respuestas vertidas por el trabajador; j)Acta de constatación solicitada por Obras Sanitarias Mendoza S.A. del 26-05-10, efectuada luego del distracto, haciendo entrega el actor de los elementos recibidos por la empresa; k) Acta de notificación y emplazamiento solicitada por OSM S.A. del 05-05-10 en la cual se prorroga por 10 días hábiles más la suspensión precautoria con goce de haberes ; l) Acta de notificación solicitada por OSM S.A. del 06-05-10 dirigida al actor; ll) Actas de directorio nro. 169 del 02-07-10 de OSM S.A. que constituye un informe de la auditoría de la intervención; m) certificado de alta médica del actor del 05-04-10, en dicho certificado hay una nota escrita firmada por la gerente de Recursos Humanos de OSM S.A. que le solicita se presente a realizar un estudio médico independiente; n) certificado médico de reposo por 20 días luego de la litotricia endoscópica de fecha 15-03-10; ñ) certificado de la intervención quirúrgica de fecha 14-03-10; o) certificado de reposo relativo por el término de 60 días a partir del 07-05-09; p) certificado médico de alta luego de la q uimioterapia del 30-03-10; q) certificado médico de alta para reanudar tareas habituales del 17-03-10; r) Acta notarial del 20-05-10 solicitada por la empleadora dirigida al actor comunicando el despido con causa; s) certificado médico por cuadro de ansiedad y angustia del 17-12-09; t) certificado médico de reposo relativo por 60 días del 07-01-10; u) certificado médico relativo por 60 días a partir del 07-09-09 y otro otorgando reposo relativo 11-11-09; v) certificado médico de alta con reposo relativo del 07-07-09; w) Decreto nro.1690/00; x) y) Acta de Asamblea General Extraordinaria de Obras Sanitarias Mendoza del 01-10-10; z) Actas de Directorio nro. 170 del 23-07-10; nro. 171 del 10-09-10; nro.172 del 20-09-10; nro.173 del 22-09-10; nro. 174 del 27-09-10 por las que se procede a la liquidación de Obras Sanitarias Mendoza S.A. y a la investigación de ilícitos financieros; aa) actas nro. 1, de Obras Sanitarias Mendoza en liquidación del 04-10-10; y siguientes: nro.2 del 06-10-10, nro. 3 del 14-10-10; nro.4 del 08-11-10; nro.5 del 10-11-10; nro. 6 del 4 11-11-10; nro. 7 del 12-11-10; nro. 8 del 15-11-10; nro.9 del 09-12-10; nro. 10 del 13-12-10; nro.11 del 17-12-10; nro.12 de 27-12-10; nro.13 del 03-01-11; nro.14 del 04-01-11; nro.15 del 28-01-11; nro. 16-04-01-11; nro.17 del 07-02-11, nro. 18 del 09-02-11, nro.19 del 11-02-11; nro.20 del 15-02-11, nro. 21 del 16-02-11, nro. 22 del 16-02-11, nro. 23 del 18-02-11, nro.24 del 03-03-11, nro. 25 del 11-03-11, nro.26 del 14-04-11, nro. 27 del 21-02-11, nro.28 del 01-04-11, nro. 29 del 08-04-127-04-11; nro.30 del 14-04-11; nro.31 del 20-04-11, nro.32 del 25-04-11, nro.32 del 25-04-11, nro. 33 del 26-04-11; nro.34 del 27-04-11, nro. 35 del 28-04-11; nro. 36 del 29-04-11; nro.37 del 10-05-11; nro.38 del 20-07-11; nro. 39 y 40 del 20-07-11; nro. 41 del 26-07-11; nro.42 del18-08-11; nro. 43 del 19-08-11; nro. 44 del 30-08-11; nro. 45 del 07-10-11; nro.46 del 11-10-11; nro. 47 del 13-12-11, nro. 48del 11-01-12.

Se deja constancia que en la instrumental que fuera requerida a la Suprema Corte de Justicia a fs.820 de autos, si bien se remitieron los expedientes requeridos no obra la auditoría llevada a cabo por la Universidad Nacional de Cuyo.

Testimonial:

EDUARDO DANIEL TERRANOVA, dijo que “fuimos compañeros de trabajo en la empresa, yo era síndico, soy amigo, no tengo juicio contra OSM S.A., no tengo interés especial para que salga a favor de ninguno.yo fui el encargado de la Junta fiscalizadora de OSM durante 10 años.era el control de gestión y no de calidad. OSM modificó no de remuneración sino de operador, podía reemplazar la nómina de personal.el director general disponía.el personal especialista no cambió de funciones con el nuevo empleador, se quedó con la antigüedad de esos empleados.este personal especialista que trabajaba en obras Sanitarias, que cumplía su función inclusive en cargos gerenciales, Aguas de Mendoza liquidaba el sueldo de ese personal especialista, facturaba a Obras Sanitarias el monto de las remuneraciones, Aguas de Mendoza pagaba esas remuneraciones y los balances estaban dentro de un rubro Sueldos, Cargas Sociales y costos laborales.como Síndico no tuvimos ninguna objeción.los balances fueron aprobados en cada año con cada salvedad que hubiera.el Gobierno de Mendoza nunca objetó esta manera de remuneración.esas cuentas eran auditadas externamente como todas las demás y nosotros como síndico, nunca tuvimos ninguna observación.en el año 2006 no recuerdo si hay referencia de intervención, en el 2009 no recuerdo la intervención de la Universidad.los sueldos a partir del cambio eran confidenciales, la persona que lo liquida y lo percibe no conoce el monto de la liquidación ni el personal directivo.los auditores sí conocíamos los sueldos.cuando se hacían los balances, técnicamente se ponían los gastos globales a la fecha del cierre del balance.seguimos siendo compañeros de trabajo y el Sr.Ferrer y yo realizamos las mismas tareas.hasta el cambio de empleador ese especialista estaba en relación de dependencia, figuraba como gasto no como asesoría.”

JORGE DANIEL VALENZUELA, dijo que “conozco al actor de OSM, era mi jefe, no éramos amigos.trabajé del 3 de Diciembre de 2.000 hasta el 2010 y me vuelven a convocar en Octubre del 2010 hasta la actualidad no tengo interés especial en el juicio.yo estaba encargado del área de presupuesto anual.el Sr. Ferrer estuvo con licencia desde el 2009, a principio del 2009 por enfermedad, tenía un tratamiento de cáncer de colon.el Sr. Ferrer seguía dando instrucciones desde su casa a diario, se dio la orden a partir de Agosto del 2009, se instruyó que no se le podía hacer ninguna consulta, fue por parte del interventor, no se podía hacer ningún tipo de contacto o consulta con el Sr. Ferrer. esta orden a mí me llegó personalmente por Recursos Humanos y por el Contador Marcehsi.cuando el Sr.Ferrer tuvo el alta, lo vi una o dos veces, después no tuve más contacto con él.desde la suspensión del 30 de Abril, de ahí desconozco.no fui citado después de la investigación.fue reemplazado por el contador Gustavo Marchesi que era el gerente.era normal que fuéramos a Casa de Gobierno para presentar y exponer la información que elaborábamos.a partir del año 2002 se cambió la metodología de pago.la gerencia general cambió la forma de liquidar y el gerente general estaba incluido.se contabilizaba en la cuenta de gastos estos sueldos confidenciales.era el estudio del Contador Alberto Anta.la auditoría estaba en Buenos Aires y venían a auditar las cuentas el contador Calciatti.el estudio contable hacía el balance se hacía en forma global no persona por persona.la empresa tenía inspecciones de AFIP, ATM, Rentas, Ente Regulador, diversos organismos fiscales controlaban el tema impositivo.no hubo objeciones en esas inspecciones.las personas siguieron cumpliendo las mismas funciones en el mismo lugar.los montos que percibían, lo desconozco.”

ALBERTO JOSE ANTA, dijo que “conozco al Sr.Ferrer por vinculación profesional laboral y fue alumno mío.trabajé como asesor en algunas empresas y él era empleador en relación de dependencia.conozco OSM porque obviamente es la proveedora de agua corriente.en el año 1987 el Gobierno de Mendoza encargó la privatización de Obras Sanitas y la encargó a la Universidad Nacional de Cuyo, integrado por economistas, ingenieros, contadores con el objeto e verificar los pasos que la consultora que había sido contratado por Obras Sanitarias.yo presidía esa Comisión, para determinar el precio base de oferentes para quedarse con la licitación.inmediatamente que fuera adjudicada la licitación, el partícipe o accionista americano y también el francés, me solicitaron que también los acompañara en el desembarco que estaban haciendo y me encargaron algunas tareas.cuando armaron sus departamentos y los puso en mis manos, el sector contable fue limitado, ni directivo ni de fiscalización.fui asesor en temas puntuales, pero sí era puntual en la liquidación de los llamados sueldos confidenciales.en la actualidad no hago nada para Obras Sanitarias.desde Diciembre de 2009 no hago más tareas.no me debe plata la demandada no tengo interés que salga favorable para nadie.mi estudio liquidaba sueldos en los primeros meses, la totalidad de los sueldos, en cuanto ellos se armaron sólo liquidaba los sueldos confidenciales.el director general estaba incluido en los sueldos confidenciales.la Dirección tomó la decisión que así fuera.yo recibía órdenes de cuánto paga.los sueldos eran pagados por Obras Sanitarias y los fondos era, hasta Abril del 2002, todos los fondos eran erogados por la cuenta que la entidad tenía en el Banco Regional de Cuyo.el titular era Obras Sanitaras y el Director General firmaba y yo firmaba hasta la suma de pesos 300,00.no al personal expatriado, mi trabajo se limitó a liquidar los sueldos sólo a los argentinos que eran confidenciales y a los extranjeros se les liquidaba a través de una factura de servicios profesionales emitida por una sociedad, era Aguasde Mendoza S.A., la Dirección General me informaba cuánto debía abonar.a los sueldos argentinos les depositaba en sus respectivas cuentas los importes liquidados correspondientes, en tanto que las facturas de Aguas de Mendoza eran canceladas mediante cheques de la misma cuenta librados a favor del emisor de tales facturas o sea Aguas de Mendoza.el Sr. Ferrer no tenía intervención.la información que se elaboraba en el estudio se volcaba en los informes.estas erogaciones se contabilizaban en el balance, yo confeccionaba una minuta contable que era el respaldo.yo no asistía a las Asambleas.estas cuentas eran auditadas por el auditor que había contratado la sociedad, para mantener la confidencialidad, la firma mandaba profesionales a mi estudio para validar el cumplimiento de las normas previsionales y fiscales a tales funciones, al margen de fiscalizaciones que hacía AFIP, en su doble rol.nunca hubo objeciones en la forma de liquidar.cuando la intervenida, el interventor me pidió que continuara con la prestación de mis servicios, con respecto a la confidencialidad, desde Agosto del 2009, con la misma metodología y utilizando la misma cuenta que se usó hasta el momento de la intervención.no hubo cuestionamientos. la Universidad Nacional de Cuyo fue contratada para hacer auditorías externas, en una ocasión, el Decano me informó que había sido consultado para hacer auditorías.desconozco quién hizo esa tarea de auditoría, si se llevó a cabo y quién lo hizo.en muchas empresas se han liquidado en esa forma confidencial.es una cuestión que no quieren que esté a disposición de Recursos Humanos.tributan todas las cargas sociales, se les indica cuáles son las obligaciones, por ejemplo, declaraciones juradas, en realidad la naturaleza de gastos seguía perteneciendo a las mismas personas que figuraban en la nómina inicial.esas personas de Argentina tenían reconocimiento de antiguedad, se les liquidaba.a los expatriados se les abonaba alquiler, educación de los hijos.”

EZEQUIEL CALCIATI, dijo que “conozco al Sr.Ferrer, yo era socio de la Auditoría y él era gerente, solamente relación laboral.trabajé desde que Obras Sanitarias era privada hasta el año en que el Estado intervino no tengo interés especial para alguna de las partes.yo trabajé en el 2008.yo fui socio pero no todo el año.estuve presente en las Asambleas, no recuerdo que haya participado.yo nunca concurrí al estudio del contador Anta, porque yo era socio de la empresa.recuerdo que el Sr. Ferrer no tomaba decisiones de auditar las cuentas.”.

Pericia contable fs.290/295: practica el experto liquidación de los rubros reclamados; nada agrega a la cuestión que es controvertida en estos obrados, ” el mejor sueldo del actor fue el de Diciembre/09 de $30.045,08″. A fs. 307, al contestar las impugnaciones, el perito informa “pude constatar la registración contable de las siguientes facturas correspondientes a los servicios locados por personal técnico de Aguas de Mendoza S.A. en concepto de sueldos confidenciales.”.

Informativa: a) de AYSAM: Ferrer nunca formó parte de esa empresa:

RUBROS NO RETENIBLES.

Haberes Marzo/10.

Reclama el actor los haberes de este periodo en cuanto que, sostiene, no se encontraba aún vencido el periodo de licencia por enfermedad paga.

La demandada comunica mediante C.D. del 01-03-10 al actor el inicio del periodo de reserva de puesto. El actor en la C.D. del 12-03-10, rechaza la misiva, en cuanto que no se encontraba finalizado el periodo de licencia, tanto por su patología de cáncer de colon como por la siquiátrica y reclama el pago de los haberes del mes de Marzo/10.

La demandada niega ello en la C.D. del 21-04-10 y ratifica el inicio del periodo de reserva de puesto.

Cabe en primer lugar dejar aclarados algunos conceptos. El primero de ellos es que cada enfermedad o accidente inculpable del trabajador, origina un periodo de pago que puede ser de 3,6 o 12 meses según la antigüedad y cargas de familia de aquel.La ley es clara en cuanto a que las enfermedades o accidentes que padezca el trabajador se juzgan independientemente, es decir que carece de relevancia la frecuencia con que se presenten; basta que se trate de dolencias distintas, aunque sean de la misma naturaleza (Jorge Raul Moreno “Accidentes y enfermedades inculpables en la LCT”). Y cabría agregar aunque una sea consecuencia de la otra, como alega el actor que su dolencia siquiátrica devino de su padecimiento físico y de la conducta asumida por la accionada.

La otra cuestión que se da en el caso de autos, es la superposición de la enfermedad con suspensiones. En este caso, el derecho a salarios por enfermedad no se pierde cuando la dolencia aparece en el curso de una suspensión, ni viceversa. Después de cesada la enfermedad puede comenzar a correr la suspensión disciplinaria o se completará la suspensión por falta de trabajo si todavía está en curso, o si subsisten las razones que la motivaron.

El actor tuvo una primera patología, la más grave, cáncer de colon, a partir del 27-02-09, siendo intervenido quirúrgicamente el 05-03-09, recibiendo el alta médica el 30-03-10.

Respecto de su patología siquiátrica, tiene licencia a partir del 17-12-09 y recibe el alta médica el 18-03-10 y por la litiasis renal por la cual se realizara una cirugía endoscópica el 11-01-10, se le otorgaron 20 días de reposo relativo. Estas constancias médicas fueron recibidas por la empleadora.

Resulta entonces claro que el periodo de reserva de puesto, que, según la demandada se iniciaba el 01-3-10, ante la existencia de distintas patologías no había concluido, ya que el alta médica por la dolencia siquiátrica fue dada el 18-03-10. A más de ello, hubo una conducta incongruente de la demandada, ya que, las suspensiones preventivas del actor eran con goce de haberes, y dichas suspensiones fueron posteriores al comunicado del inicio de la reserva de puesto.Por otro lado, el actor concurrió a cumplir tareas el 05-04-10 y la demandada no lo admitió y requirió que se presentase al día siguiente para el estudio médico correspondiente. Luego, en el acta de notificación notarial del 05-05-10, reconoce la demandada que el actor fue readmitido luego de la licencia por enfermedad y que su situación actual era la de suspensión precautoria con goce de haberes. En suma, siguiendo la Teoría de los Actos propios, hay un reconocimiento de la demandada que el periodo de reserva de puesto aún no se había iniciado.

Por ello es que debe admitirse el rubro de haberes del mes de Marzo/10 el que se determina en la suma de $30.045,08 (arts. 208 y conc. de la LCT).

RUBROS INDEMNIZATORIOS.

Resulta ahora objeto de consideración en este decisorio el reclamo indemnizatorio formulado por el accionante y emergente de la ruptura de la relación laboral.

Habiendo asumido el empleador la decisión de poner fin a la relación laboral, mediante Acta notarial del 20-05-10, adquiere la carga procesal ineludible de acompañar los elementos de prueba que acrediten la conducta injuriosa que imputa al trabajador, como así también los que permitan formar en la convicción del Juzgador la entidad suficiente la injuria para adoptar la medida extrema.

Al respecto el art. 242 L.C.T. autoriza a una de las partes a denunciar el contrato en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes de la relación laboral que configuren injuria y que por su gravedad no consientan la prosecución de la relación.- La jurisprudencia ha caracterizado la injuria como todo acto, acción u omisión realizada sin derecho en que puede incurrir tanto el trabajador como el empleador, que importe un daño, menoscabo o perjuicio a la seguridad, honor e intereses de una de las partes.En tal sentido se ha expedido la C.N.A.T.-Sala III en sentencia 32939.A su vez, la Sala I- se ha expresado en el sentido que para que la injuria constituya justa causa de despido debe asumir cierta magnitud suficiente como para desplazar del primer plano al principio de conservación del contrato que consagra el art.10 L.C.T. (D.T. 1977 p.479).- El apartado II del art. 242, expresa que la valoración de la injuria corresponde hacerla a los Jueces en forma prudencial. Tal valoración deberá efectuarse teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad, a más del carácter de la relación, modalidades y circunstancias personales de cada caso.

Efectuadas estas consideraciones corresponde analizar seguidamente la situación de hecho a la luz de las pruebas arrimadas al juicio, debiendo destacarse que al no admitir la actora las imputaciones efectuadas por la accionada, a fin de poner término a la relación laboral, tal como se desprende de la súplica, se encuentra el empleador compelido a probar su veracidad para lograr la actuación de la voluntad de la ley a su favor.

El actor al tiempo que se produce el conflicto con su empleadora, se encontraba gozando de licencia por enfermedad, lo que ha quedado acreditado en autos a través de los certificados médicos acompañados.

La intervención a la empresa empleadora por parte del Gobierno de la Provincia se produce a partir del mes de Agosto de 2009.

La intervención estatal de la empleadora la que se produce en virtud del Decreto provincial 1690/09, en la C.D. del 01-03-10, le comunica al actor que la empresa le reserva su empleo sin goce de haberes por el término de ley. Pero, el actor en la C.D.del 04-03-10, rechaza fehacientemente el inicio del periodo de reserva de puesto ya que conforme certificado médico el actor padece de una patología siquiátrica, independientemente de la urológica y que en virtud de aquella, el periodo de licencia por enfermedad paga previsto en el art. 208 de la LCT no habría concluido. La empleadora ratifica la finalización del periodo de licencia por enfermedad paga y el inicio de la reserva de puesto en la C.D. del 12-03-10.

El trabajador en la C.D. del 30-03-10, rechaza el comunicado y reitera encontrarse aún en el periodo de licencia por enfermedad.

Mediante acta notarial del 08-04-10 el actor es notificado que es suspendido precautoriamente con goce de haberes por el término de 20 días hábiles con motivo de realizarse una investigación y auditoría en el sector a cargo del actor, en su calidad de gerente de administración y finanzas y se lo cita a dar explicaciones.

El actor rechaza este comunicado considerando que la suspensión precautoria era un acto de agresión y de persecución hacia su persona en la C.D. del 14-04-10. Denuncia que dicha situación agrava su patología siquiátrica, que concurrirá a la citación para dar explicaciones con su abogado, poniendo a disposición de la demandada toda la información que ella le requiera.

La demandada le contesta en la C.D. del 21-04-10, negando las invocaciones del trabajador.

Luego, el 23-04-10, también mediante acta notarial se efectúa una constatación solicitada por el interventor de OSM S.A. a los fines que deje registrado en acta las explicaciones que daría el Sr. Ferrer de un cuestionario prestablecido.También mediante acta notarial el 05-05-10 se le notifica al actor la prórroga de su suspensión precautoria con goce de haberes por 10 días más a los fines de profundizar la investigación y auditoría del área a su cargo y evaluar las explicaciones que diera el trabajador.

El actor rechaza mediante C.D. esta suspensión y nuevamente mediante acta notarial la empleadora ratifica la suspensión precautoria con goce de haberes que vence el día 06-05-10.

Vuelve a prorrogarse la suspensión precautoria del actor, que se le notifica mediante el acta notarial del 06-05-10, que es por 10 días hábiles más a partir del 07-05-10.

Finalmente es despedido con causa. El instrumento que configura el despido, el ac ta notarial del 20-05-10, notifica al actor que “a partir de la fecha queda despedido con causa como gerente de Administración y finanzas de Obras Sanitarias Mendoza S.A., ello en razón que con motivo de las auditorías e investigaciones que se realizan en el ámbito de la intervención administrativa ordenada por Decreto 169/09 y su prórroga por el Decreto 332/09 en el desarrollo de la investigación de irregularidades administrativas y financieras llevadas a cabo en el ámbito de la Gerencia a su cargo, se han establecido graves irregularidades en su actuación como máximo responsable del sector entre ellas el no haber cumplido con los principios de veracidad, exactitud y claridad que debe primar en la contabilidad de las sociedades en violación de los arts. 43 y 44 del C. Comercio y art.64 de la ley 19.550, habiéndose detectado asientos contables que no traducían la real naturaleza de las erogaciones pagadas al proveedor Aguas de Mendoza S.A.destacándose el hecho de haber registrado en la contabilidad como sueldos prestaciones de servicio de personal especialista de dicho proveedor cuando en realidad no se trataba de sueldos al no ser personal dependiente de la empresa y que, conforme a las normas contables debió ser registrado como prestación de servicios, lo que trajo aparejado que no se pudiese advertir el verdadero alcance de las erogaciones efectuadas en tal carácter por Ud. autorizadas . Además todo ello se ve agravado por cuanto Ud. En las explicaciones brindadas el día 23-04-10 manifestó un claro conocimiento de las normas contables e impositivas que conforme lo referido precedentemente se determinó que en el ámbito de su actuación no se cumplieron. Todo lo cual implica graves incumplimientos a sus deberes para con la empresa, especialmente los de buena fe, diligencia y responsabilidad atinente al alto cargo que desempeñó, lo que a la vez trae aparejado la pérdida dela confianza que se había depositados en Ud. y constituye una injuria laboral grave que no consiente la prosecución del vínculo laboral y justifica el despido.”.

El actor rechaza la causal de despido por falaz. Emplaza al pago de salarios y rubros indemnizatorios.

La demandada, Obras Sanitarias Mendoza S.A. fue intervenida a partir del 03-08-09. Como consecuencia de esta intervención, se comienza a realizar una investigación de la administración llevada a cabo hasta ese momento por los directivos de dicha sociedad. Se detectan irregularidades graves tanto en la gestión técnico-económica como en la administración de las finanzas. Respecto de este ámbito financiero, la intervención, advierte la existencia de pagos de llamados “sueldos confidenciales”, que no ingresan contablemente como tales, en los registros contables. Esa es la causa que lleva a la suspensión preventiva del trabajador y luego al despido con causa.

En el Acta de directorio nro.169 del 02-07-10 de OSM S.A., que constituye un informe de auditoría, en el punto V.1.4- Observaciones, se describe con precisión el funcionamiento contable de los “gastos confidenciales”.

De las pruebas arrimadas a la causa, queda claro que efectivamente, a través de un estudio contable externo, del Cdor. Anta, se liquidaban los llamados “sueldos confidenciales” los que eran abonados por Obras Sanitarias al personal especialista de ADM y sin que quedaran registrados como tales, sino que contablemente eran incluidos o contabilizados en forma global en el rubro “Gastos”. Se advierte desde ya que ello constituye una irregularidad, que si bien no fue tenida en cuenta por otros organismos de contralor como AFIP, ATM, Ente Regulador (E.P.A.S.), fue advertida por la intervención.

Teniendo en cuenta el cargo jerárquico y la labor específica que desempeñaba el actor, gerente de administración y finanzas, esta irregularidad debía ser conocida por aquel.

El empleado jerarquizado tiene que tener un mayor compromiso con la empresa a su respecto se acentúa el deber de fidelidad en la medida que desempeña funciones de confianza (art. 902 anterior C.C.).

Las nociones de fidelidad y lealtad que deben asimilarse al concepto de buena fe, tienen suma relevancia en el contrato de trabajo y engloban un sinnúmero de derechos y obligaciones recíprocas de las partes involucradas emanados del espíritu de colaboración y confianza que caracterizan la relación de trabajo.Retomando los hechos que llevaron al despido, en el acta de constatación notarial de fecha 23-04-10, el actor al responder al interrogatorio que efectuaba la intervención de la demandada manifestó que “las facturas de ADM (Aguas de Mendoza S.A.) desde Abril del 2002 eran controladas por el Estudio Anta y Asociados, a partir de la decisión del Directorio y del gerente general en cuanto a tratamiento confidencial, y bajo presunción de probidad de dicho estudio fueron contabilizadas en esas condiciones.que en la registración se cumplieron con las leyes impositivas.como el procedimiento establecido por el Directorio y la Gerencia General impedía que la Gerencia de Administración y Finanzas en todo su personal visualizara dichas facturas, entiende que la AFIP procedió a inspeccionar dichos documentos en el Estudio Anta. Para mayor abundamiento la contabilización de dichas facturas fueron expresadas en la contabilidad General Legal y en la Contabilidad de Gestión claramente.”.

Pero, cabe determinar cuál es el alcance de su responsabilidad en estos hechos, ya que, esa forma de liquidar y abonar los llamados sueldos confidenciales era dispuesto por las autoridades de la empresa, no fue una decisión del trabajador, sino que se limitaba a cumplir las instrucciones de sus superiores, la gerencia general y el Directorio de la sociedad, que en definitiva era su empleadora.

Debe tomarse en cuenta que:

– desde el 2002 al 2009 ADM (Aguas de Mendoza S.A.) como proveedora de OSM S.A., facturó a OSM S.A. sumas que en gran parte fueron destinados al pago de sueldos del personal especializado de ADM;

– esos movimientos estuvieron registrados y pagados a través del Banco Superville en cuentas de la sociedad y cuentas de los beneficiarios de esos sueldos confidenciales según lo expresaron los testigos traídos a la causa y la instrumental acompañaada;

-que por Actas, el directorio de Obras Sanitarias Mendoza S.A.y Asambleas de socios, se aprobaron anualmente las rendiciones;

– que no hay constancia que los entes estatales de contralor como fueron la AFIP, EPAS y ATM hayan objetado durante todos esos años ese proceder;

– que esos sueldos confidenciales no se liquidaban en la empresa sino externamente en el estudio contable del contador Anta, es decir que eran ajenos en parte al control que podía realizar el actor, y que eran auditados externamente;

– que no se ha demostrado acabadamente el perjuicio o agravio económico que esta forma de contabilizar y liquidar esos “sueldos confidenciales” ha perjudicado económicamente a la sociedad demandada.

– los testigos traídos a la causa han sido contestes y han ratificado con sus testimonios los hechos y circunstancias precedentemente enunciados y que es lo que declarara el actor en el cuestionario que le efectuara la intervención de la demandada;

Todo ello, me lleva a concluir que el actor ha sido despedido injustificadamente en cuanto que este procedimiento de liquidación de los llamados “sueldos confidenciales” fueron decididos por las autoridades de la demandada y que, si bien era conocido por éste ese proceder, escapaba al control directo que podía hacer el actor de los mismos. Y, fundamentalmente ello era una decisión del Directorio y la gerencia general, que eran los superiores del actor, y -como ya lo expresara- las personas físicas que representaban a la sociedad empleadora.

Se ha calculado la base indemnizatoria, sobre la mejor remuneración mensual normal y habitual que es la correspondiente al mes de Diciembre/10 como informa la pericia contable y que es acorde con el salario que denuncia el propio actor en base a los bonos de haberes arrimados a la causa en calidad de prueba instrumental, de $30.045,08.El carácter salarial del uso laboral y personal del automóvil, ha dicho la jurisprudencia, criterio al cual me adhiero, que “El libre uso y disponibilidad del vehículo dado por la empresa para uso laboral y también personal trabajador, constituye una evidente “ganancia” percibida como contraprestación derivada del contrato de trabajo en los términos de lo dispuesto por el art. 103 de la LCT. No se trata del reclamo de una suma de reintegro de gastos por el uso del automóvil o de viáticos. Al no encuadrar en ninguno de los supuestos de excepción contemplados por los arts. 103 bis y 105 de la LCT, corresponde incluir la suma estimada por el actor en su remuneración mensual” (C.N Tr. Sala VI, expt. 10.385/02 57.677, S.D. ,10-12-04 “Quartull Miguel c/Terminales Portuarias Argentinas S.A. s/ Despido”.

Respecto del cálculo que hace el perito contador del valor que debe asignársele al uso del vehículo, este Tribunal se aparta de su dictamen. Ello, en cuanto que, para el cálculo, el experto ha tomado en cuenta el valor de la locación de un automotor, y ello no es admisible, ya que, si el actor hubiese tenido que trabajar sin ese medio de movilidad, tenía la opción del transporte público de pasajeros, además que no se ha demostrado que tenía que recorrer grandes distancias para desarrollar su labor.Pero, fundamentalmente, teniendo en cuenta el contexto real del actor, un alto ejecutivo que por su posición social, derivada de su cultura e ingresos, debía tener el automóvil incorporado necesariamente a su estilo de vida, la adjudicación del vehículo evitó el gasto que de todos modos el actor hubiera realizado y en consecuencia, importó una ventaja patrimonial que en dinero, debe entenderse sólo por gastos de mantenimiento y de combustible del automotor, el que el Tribunal estima en la suma de $2.500,00 al tiempo del distracto.

Se admiten entonces, la indemnización p or antigüedad en la suma de $357.995,08; omisión de preaviso por $65.090,16 e integración mes de despido por $13.018,03 (arts.231, 232, 245 y conc. LCT).

TOPE INDEMNIZATORIO.

El principio general es que para aquellos trabajadores no amparados por CCT, el tope establecido será el que corresponda al convenio de actividad aplicable al establecimiento donde prestó servicios o al convenio más favorable en el caso que hubiere más de uno.

La demandada en su conteste se opone al planteo de inconstitucionalidad. Pero, si hubiese pretendido que se redujere de acuerdo con el tope vigente del art. 245 de la LCT -que se refiere al salario del CCT- el interesado, es decir la demandada, debió denunciar el CCT aplicable y demostrar que el resarcimiento supera el tope. El juez no puede aplicar los CCT de oficio y éstos deben ser denunciados por las partes si se pretende que se los aplique (art. 8 LCT).

Finalmente, si la empresa no tiene CCT, se toma como base la remuneración del propio trabajador ya que no podría aplicarse algún convenio por tratarse de una actividad similar (art. 16 LCT). (CNTr. Sala X, sentencia 8693 del 20-09-00 “Castro José c/ Bolsa de Comercio de Buenos Aires por despido”).

Por otro lado, con respecto al tope indemnizatorio de tres salarios promedio de CCT, la CSJN en fallo del 14-09-04 en autos “Vizzoti Carlos Alberto C/ AMSA S.A.estableció que “no resulta razonable justo ni equitativo que la base salarial prevista en el art. 245 de la LCT -mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o fracción de tiempo menor- pueda verse reducida en más del 33% por imperio de lo dispuesto en los párrafos 2do. y 3ro. De la citada disposición concordando esta pauta de razonabilidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje”.

Ninguna de las partes en este proceso ha denunciado el CCT aplicable. En virtud de ello, al no haber aportado las partes prueba de las remuneraciones del convenio aplicable, debe calcularse, conforme los conceptos ut supra vertidos, la indemnización sin tope alguno (C.N.Tr. Sala III, 03-08-06 “De Robles Nelson c/ The End posproducción S.A.”; C.N. Tr. Sala V, 06-10-06 “Prestia Juan C. c/ Sitemas JF S.A. y ot.”).

En consecuencia deviene in abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 245 de la LCT, y el cálculo de los rubros indemnizatorios se realiza en base a la mejor remuneración mensual normal y habitual del actor.

MULTA ART. 2 LEY 25.323.

Ha existido en el caso de autos un despido invocando la accionada una justa causa, y los hechos en los que se fundó existieron, y pudo conducir a aquella a entender que estaba obrando de acuerdo con derecho al producir el despido.

No puede considerarse que la conducta poscontractual de la demandada constituya una maniobra para diferir el pago de las indemnizaciones legales, por lo que no corresponde la multa prevista por el art. 2 de la ley 25.323 (C.N.Tr. Sala I, 29-08-05 “Luque Walter c/Tarsa Transportes Automotores Riachuelo S.A.”; C.N.Tr. Salal II, 17-1204 “Sayago Faustina c/Café Politeama S.A.”; CN Ter.Sala II, 15-1’0-12 “Agosta Karina Edith c/Dayspring SRL”).

En suma, no se puede considerar manifiestamente reticente o arbitraria la conducta observada por la demandada al tiempo de suscitarse el conflicto y cabe tener por configurada la causal de eximición prevista en el art. 2 y rechazar la multa.

Por todo lo expuesto la demanda prospera en la suma de $466.148,35 con más los intereses legales desde el 20-05-10 y hasta su efectivo pago (art. 82 C.P.L. y art.90 inc. 6 C.P.C.).

En virtud del último fallo plenario dictado por nuestro Superior Tribunal en los autos del 28-05-09 caratulados “Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en J. 146.708/39.618 Aguirre Humberto c/ OSEP P/Ejec. Sentencia s/Inc. Cas.”, ella ha resuelto la inaplicabilidad de la ley 7.198, a cuyos argumentos me remito por razones de brevedad, disponiendo que corresponde aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.). Entonces se aplica al crédito esta tasa de interés hasta el efectivo pago de la deuda. ASI VOTO.

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.

Falta de legitimación sustancial pasiva.

A tenor del porcentaje accionario que tenía el Gobierno de la Provincia de Mendoza, un 20%, y lo dispuesto por el art. 308 de la entonces vigente ley 19.550, correspondería la integración de Litis cuando la participación estatal es por lo menos del 51% del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias, que no es el caso que nos ocupa.

Al producirse la intervención del Estado Provincial a la sociedad demandada, conforme lo dispuesto en el Decreto 1690/09, ello, no ha implicado una transmisión del establecimiento en los términos del art. 228 de la LCT y por ende no hay solidaridad del Gobierno de la Provincia. Ya que, el art. 4.1.del mencionado Decreto dispone que el Interventor tendrá las facultades de “ejercer la totalidad de las atribuciones otorgadas en el Estatuto social y/o reglamentaciones internas vigentes al Directorio y a su Presidente”. Es decir, como lo expresa la codemandada Gobierno de la Provincia, al rendir sus alegatos, la sociedad, a través de la intervención estatal, en definitiva implica que continúa con las mismas atribuciones y obligaciones que el Directorio de la demandada OSM S.A., con más las atribuciones de investigar las irregularidades que pudieren ser imputables a la anteriores autoridades de la sociedad. No deriva ello entonces la aplicación del art 228 de la LCT puesto que lo que cambia solamente es la autoridad de manejo de la sociedad.

La concesión efectuada por el Estado Provincial a OSM S.A., se rescinde el 27-09-10, y por tener esta última un objeto único, pasa a ser liquidada y disuelta (art.94 inc.4 de la ley 19.550). No puede haber cesión o transferencia de un establecimiento que entra en liquidación y concurso preventivo.

Avala lo expuesto, lo resuelto por nuestro Superior Tribunal provincial en los autos 1016.944 caratulados “Obras Sanitarias Mendoza p/ conc. prev.”, que fuera citado por la codemandada en sus alegatos cuando dispone que “la intervención administrativa del concesionario separó de sus cargos a los directos de la entidad, ello importó la sustitución de los órganos de Dirección y Administración del concesionario. Sin embargo tal sustitución no significa que la prestación del servicio público hubiere sido llevada a cabo en forma directa por el concedente o mediante una entidad distinta de la concursada. Se sustituyó a los órganos de la sociedad, no a la sociedad concesionaria.”.

Se admite la defensa de Falta de legitimación sustancial pasiva interpuesta por el Gobierno de la Provincia de Mendoza.

A LA TERCERA CUESTION LA DRA.MARIA DEL C.NEon NCIOLINI DIJO:

Las costas se establecen a cargo de la parte demandada en cuanto al importe que prospera la demanda siguiendo el principio chiovendano de la derrota.

Se establecen en el orden causado, en cuanto al importe por el cual la acción se rechaza, Multa art. 2 de la ley 25.323. Ello en cuanto que hubo razón probable y buena fe del actor en su reclamo (art. 31 C.P.L. y 36 C.P.C.).ASI VOTO.

Con lo que finalizó el acto, pasándose a dictar la sentencia que seguidamente se inserta.

Mendoza, 31 de Marzo de 2.016.-

Y VISTOS: El Tribunal en Sala Unipersonal

RESUELVE:

I.- Declarar para este caso concreto la inconstitucionalidad de la ley 7.198 y devenir in abstracto la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el art. 245 de la LCT.

II.- Admitir la defensa de FALTA DE LEGITIMACION SUSTANCIAL PASIVA interpuesta por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, CON COSTAS A CARGO DE LA DEMANDADA.

III.-Hacer lugar parcialmente a la demanda condenando a la demandada OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A. EN LIQUIDACIÓN a pagar al actor EDUARDO LUIS FERRER la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO con 35/100 ($466.148,35) en concepto de Haberes Marzo/10, indemnización por antigüedad, omisión de preaviso e integración mes de despido con más los intereses legales tal como quedara resuelto en el tratamiento de la Segunda cuestión, dentro del término de CINCO DIAS de quedar firme esta sentencia, con COSTAS A CARGO DE LA DEMANDADA.-

IV.- Rechazar la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323, CON COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO, las que al solo efecto del cálculo de las costas se determina en la suma de pesos DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y UNO con 50/100 ($218.051,50) con más sus intereses legales.

V.- Oportunamente, por intermedio del Departamento Contable, practíquese liquidación y regulense los honorarios de los letrados y perito actuantes, teniendo presente a los fines de su cálculo lo dispuesto por el art. 277 de la LCT.

VI.- Emplazar a la demandada a abonar en el plazo de CINCO DIAS los Aportes Jubilatorios ley 5059 y Derecho Fijo colegio de Abogados y en el plazo de TREINTA DIAS la Tasa de Justicia bajo apercibimiento de ley.

REGISTRESE-NOTIFIQUESE-CUMPLASE.

DRA. MARIA DEL CARMEN NENCIOLINI

Camarista