El testimonio del personal de dirección resulta insuficiente a fin de acreditar la causal de despido imputada, consistente en insultar en ocasión de trabajo, a directivos.

Partes: Despedido empresaWilches Mario Javier c/ El Condor E.T.S.A s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 10-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-96225-AR | MJJ96225 | MJJ96225

El testimonio del personal de dirección resulta insuficiente a fin de acreditar la causal de despido imputada, consistente en insultar en ocasión de trabajo, a directivos.

Sumario:

1.-Corresponde juzgar que el despido resultó injustificado pues las declaraciones testimoniales no resultan suficientes a los fines pretendidos por la demandada, por carecer de fuerza convictiva, a poco que se observe que al momento de atestiguar, los deponentes eran dependientes de la accionada y sus dichos pudieron verse teñidos de cierta subjetividad; máxime si indican que no tuvieron conocimiento directo del hecho que determinara el despido.

2.-Toda vez que si bien uno de los testigos, estuvo presente en el momento de la discusión en la que el actor supuestamente insultara a su superior, lo cierto es que él mismo, como Jefe dentro de la empresa demandada instruyó el sumario causal del distracto, por lo que sus dichos carecen de valor probatorio.

3.-La declaración del Jefe del sector no resulta suficiente para tener por cierta la causal de despido, pues quien forma parte de una discusión no es testigo de un hecho ajeno, sino protagonista de un hecho propio, por lo que su declaración más allá del juramento ritual, es ineficiente, si no luce acompañada de otros elementos probatorios que formen convicción acerca de los hechos en que se sustenta el distracto.

4.-Los elementos probatorios aportados por la demandada resultan insuficientes para acreditar la causa del despido del actor y determina sin más, la arbitrariedad de la decisión rupturista; más aun siendo que la empresa contaba con una amplia gama de sanciones disciplinarias a las que podría haber acudido (art. 67 de la LCT) antes de decidir aplicar la más grave -el despido-, que procede luego de agotar la escala de sanciones y cuando el incumplimiento es de tal gravedad que impide la prosecución del vínculo laboral (art. 242 LCT).

5.-Corresponde admitir el incremento indemnizatorio establecido en el art. 1º de la ley 25.323, pues el presupuesto de viabilidad que establece la norma es que al momento del despido la relación no esté registrada o lo esté de modo deficiente, y en el caso, el actor laboró en exceso de su jornada laboral, y las horas extraordinarias eran abonadas fuera de todo registro.

6.-Procede la multa del art.45 de la ley 25.345 pues si bien la parte demandada habría puesto a disposición los certificados de trabajo previstos por el art. 80 de la LCT, lo cierto es que los documentos que acompañó al contestar la demanda, no se adecuan a las reales circunstancias de la relación laboral.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de 2015, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y de acuerdo al correspondiente sorteo se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gloria Pasten de Ishihara dijo:

I.- Contra la sentencia obrante a fs. 234/238 que le resultó desfavorable se alza la parte demandada a tenor del memorial obrante a fs. 239/245. El letrado apoderado del actor se alza a fs. 246 por entender reducidos sus emolumentos.

II.- Memoro, tras efectuar un detenido análisis de las pruebas producidas, la Sra. Jueza que me precedió resolvió acoger el reclamo incoado por el accionante. Para así decidir, consideró que el despido directo decidido por la patronal resultó arbitrario e injustificado (conf. art.242 de la LCT) y que el Sr. Wilches logró acreditar las irregularidades registrales oportunamente denunciadas, respecto de su jornada y salario.

III.- La accionada se queja fundamentalmente de la valoración de las pruebas que condujo a la Judicante a concluir que la medida rescisoria adoptada por su parte resultó incausada. Por otro lado, cuestiona las multas con fundamentos en las leyes 25.323 (arts.1 y 2) y 25.345, entiende que no se encuentran reunidos los requisitos básicos para el progreso de estas indemnizaciones.

IV.- Ahora bien, llega firme a esta instancia que el despido se produjo a través de la comunicación que la empresa demandada le envió al actor el día 16/11/10, en los siguientes términos «-Habiendo el día 12/11/2010, hora 20:30 horas, proferido insultos con palabras agraviantes hacia personal direccional de esta empresa, hecho este acontecido en ocasión y con motivo del trabajo, circunstancia esta agravada en cuanto incitó al resto del personal de este empresa a realizar medidas de fuerza, sin causa ni motivo alguno que implica todo ello grave injuria a los intereses de esta empresa, procedemos a rescindir la relación laboral con esta empresa con justa causa, por gravedad de los hechos acontecidos, articulo 242 L.C.T. liquidación final y certificados articulo 80 L.C.T. a su disposición, bajo apercibimiento de consignación-» (v. fs. 40).

Atento la forma en que quedó trabada la litis y de conformidad con los principios que rigen la carga de la prueba, era la demandada quien debía acompañar elementos probatorios suficientes para demostrar los extremos

invocados para justificar el despido del actor (art.377 del CPCCN). Desde tal perspectiva, coincido con la Sra. Jueza de grado en que no ha logrado tal cometido (art.386 del CPCCN).

A instancias de la patronal declararon tres testigos. El primero de ellos, Juan Alberto Cavanna expresó que trabajaba en la empresa «-desde el año 1992 hasta el 31/5/13-era el jefe de personal de la demandada-cuando se presentó para tomar servicio en el espacio físico que hay donde está el sector de Trafico y recaudación-en ese momento el actor estaba incitando al resto del personal de choferes a una medida de fuerza contra la empresa, porque decía que por el mal trato, mal pago de las horas interviniendo el señor Barracha que es el Jefe de Trafico y el Sr. Daniel Martin que era Gerente Administrativo.Que Wilches profirió insultos contra ellos dos-por ser jefe de personal le pasaron todo el expediente, es decir que por escrito le dijeron Barracha y Daniel Martin lo que había ocurrido-» (v. fs. 185/186).

Por su parte, José Rodolfo Gallo, relató que «-conoce al actor porque trabajaba en la empresa accionada donde era subjefe de personal-el actor dejó de trabajar porque fue despedido. Hubo un informe elevado por el Gerente Administrativo señor Daniel Martin y el Jefe de Trafico Guillermo Barracha que informa que fueron agredidos verbalmente por el actor en hora y lugar de trabajo-este informe fue elevado al Directorio y el Directorio decidió el despido-» (v. fs. 187/188).

Y por último, Humberto Guillermo Barracha, manifestó que «-que conoce al actor que lo conoce de la empresa El Cóndor-que el actor dejó de trabajar porque ante un hecho puntual en la salida de un servicio donde el actor se manifestaba en la sala de trafico donde tiene que tomar servicio, manifestaba que la faltaba dinero, que no tenía los haberes bien pagos incitando a los demás que tenían que reclamar por eso-comienza a insultar a Daniel Martin que era Gerente Operativo de la empresa en el 2010-que ahí da improperios para todos-que la oficina de Trafico realiza el informe de lo ocurrido, se le pasa a la Oficina de personal y esta la comunica a Trafico, lo evalúa el Directorio y al poco tiempo a la semana la Oficina de personal le comunica a Trafico que fue desvinculado de la empresa-» (v. fs. 207/208).

Todas las declaraciones aludidas fueron impugnadas por el accionante a fs. 204/205 y 210 y no resultan suficientes a los fines pretendidos por la demandada, ya que carecen de fuerza convictiva. Obsérvese que tanto Gallo como Barracha eran, al momento de atestiguar, dependientes de la empresa El Condor T.A. S.A. y sus dichos pudieron haberse vistos teñidos de cierta subjetividad a favor de su empleador extremo que me llevan a analizarlos con estrictez (art.386 del CPCCN). Nótese que los dos primeros deponentes (Cavanna y Gallo) refirieron no haber tenido conocimiento directo del hecho desencadenante, por lo que no dan razón de sus dichos. Por otro lado Barracha, si

bien estuvo presente al momento de la supuesta discusión, lo cierto es que él mismo, como Jefe de Tráfico de la empresa demandada instruyó el sumario causal del distracto, en consecuencia estimo que sus dichos carecen de valor probatorio. En el mismo sentido, se ha sostenido que «-quien forma parte de una discusión no es testigo de un hecho ajeno, sino protagonista de un hecho propio, por lo que su declaración más allá del juramento ritual, es ineficiente-» (CNAT Sala VI, Rosiglio Alejandro c/ Nogoy SRL y otro s/despido», SD 46.364 del 14/4/97) si, reitero, no luce acompañada de otros elementos probatorios que formen convicción acerca de los hechos en que se sustenta el distracto (art. 386 CPCC).

De ese modo, el análisis conjunto de los testimonios transcriptos -en lo sustancial- a la luz de los principios que rigen la sana crítica (art.386 del CPCCN y 90 de la LO), me conduce a concluir -al igual que la Sra. Jueza de grado- que los mismos carecen de la aptitud probatoria que la recurrente pretende asignarles. Por el contrario, de la valoración de los dichos del Sr.Torres a fs.

136/137, quien compartía labores con el accionante, se desprende que «-conoce al actor por haber sido compañero de trabajo en la demandada-se entera que el actor insultó directivos-manifiesta que debe ser imposible porque el actor y él fueron a buscar los papeles del coche en tráfico en la oficia de PB de edificio ubicado entre la calles Pedro de Mendoza y Cruz y de ahí se fueron a Retiro- estuvo todo el tiempo junto al actor, retiraron la papeleta y se fueron-que el horario de citación era 21:10-«. Tal declaración luce veraz y objetiva, dando suficiente razón de sus dichos, pues tuvo conocimiento directo y personal de los hechos en cuestión, tal como ha expresado la doctrina jerarquizada, «la explicación circunstanciada que el testigo debe dar acerca de cómo, cuánto y con motivo de qué ha conocido el hecho sobre el que depone» (KIELMANOVICH, Jorge L. -2004- Teoría de la prueba y medios probatorios, Tercera edición, ampliada y actualizada, Buenos Aires, Editorial Rubinzal- Culzoni), siendo un recaudo exigido expresamente por el art.445 del CPCCN, fundamental a los efectos de determinar el valor que debe atribuirse a la prueba testimonial.

Por lo expuesto, considero que el referido relato -el cual no fue objetado por la accionada- aporta datos concretos que se contraponen con los testimonios anteriormente señalados y desvirtúan las circunstancias fácticas expuestas por la accionada en su telegrama rescisorio.

En síntesis, estimo, al igual que la Sra. Jueza que me precedió, que los elementos probatorios aportados por la demandada resultan insuficientes para acreditar la causa del despido del actor (arts.90 L.O., 386 y 477 del CPCCN) y determina sin más, la arbitrariedad de la decisión rupturista.Lo cierto es que la empresa contaba con una amplia gama de sanciones disciplinarias a las que podría haber acudido (art.67 de la LCT) antes de decidir aplicar la más grave -el despido-, que procede luego de agotar la escala de sanciones -máxime si se trata

de un empleado que no ha merecido sanciones disciplinarias a lo largo de la relación laboral- y cuando el incumplimiento es de tal gravedad que impide la prosecución del vínculo laboral (art. 242 L.C.T.), que como se ha visto, no constituye el supuesto de autos.

En tales condiciones, propongo confirmar el decisorio de grado en este aspecto.

V.- La demandada también se queja porque la Sra. Magistrada admitió el reclamo del incremento indemnizatorio previsto por los arts. 1º y 2º de la ley 25.323 y el art. 45º de la ley 25.345.

De la forma en que fue planteado, considero que este segmento de la apelación debe ser declarado desierto pues no cumple con los requisitos exigidos por el art.116 de la LO.

En efecto, dicha pieza no contiene una crítica concreta y razonada de la sentencia que se ataca, al punto que la quejosa no consigna cuáles son los agravios concretos que le produce el fallo, ni los errores de hecho o de derecho que se imputan al Sentenciante. Tan sólo se limita a insistir en su postura inicial que fuera expresamente desestimada en la anterior instancia.

Al respecto, se tiene dicho que el escrito de fundamentación de un recurso de apelación debe contener un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia que se pretende revocar, tendiente a demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho, debiéndose apreciar concretamente los errores y omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo especificando con toda exactitud cuál es el gravamen concreto que le produce el pronunciamiento. Por ello, no constituye una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene simples afirmaciones dogmáticas, con alegaciones genéricas sobre las pruebas. Esto es:el escrito de fundamentación debe autoabastecerse, a lo que hay que agregar que expresar disconformidad no es criticar, si no se consigna expresamente cuál es el agravio irreparable que se le irroga (conf. Morello-Lanza y Otros «Código de Procedimientos Comentado y Anotado» Tº III, pág.453 y ssgtes. Ed.Platense- Abeledo Perrot, Bs. As.1971).

Sin perjuicio de lo expuesto y al sólo efecto de satisfacer el derecho de defensa del recurrente, haré las siguientes consideraciones.

1. Respecto del incremento indemnizatorio establecido en el art. 1º de la ley 25.323, cabe agregar que el presupuesto de viabilidad que establece la norma es que al momento del despido la relación no esté registrada o lo esté de modo deficiente. En el caso de autos, de las participaciones de conocimientos de Carranza (fs. 126/27), Torres (fs. 136/137), Navarro (fs. 138/139) y García (189/190) -todos compañeros del accionante- surge de manera palmaria que el Sr. Wilches laboró en exceso de su jornada laboral, a razón de 30 horas suplementarias por mes y que las mismas eran abonadas fuera de todo registro.

Así, Carranza dijo que «-el actor percibía su sueldo en negro-hacía las colas para cobrar las horas en negro que actualmente se sigue haciendo-que retiraban el recibo de sueldo con el depósito bancario y a los dos días era citados a la empresa directamente a la oficina a cobrar las horas en negro-que si se hacían 250 horas se pagaban una parte en blanco por ejemplo 220 horas en blanco y el resto en negro-«. (v. fs. 126/127). En idéntico sentido se explayó el Sr. Torres «-que un mes trabajaban 230 o 240 o 260 horas-estas horas se abonaban una parte por recibo y otro en negro-todos cobraban igual-que si lo ha visto al actor cobrar la parte en negro, porque se cobra en una oficina-«. Asimismo, el Sr.Alejandro Navarro relato que «-que las 192 horas de básico se pagaba por recibo de sueldo y el resto en negro-que hoy se sigue pagando así- que esto lo sabe porque a todos se le paga así-que las sumas en negro eran las horas extras o sea lo que pasaba las 192 horas-«. Por último, el Sr. García argumentó que «- se trabajaba 192 horas en blanco y el resto todo en negro- que el quinto día hábil del mes se instrumentaba el pago por cajero y a los 7 días se pasaba a cobrar por el primer piso de la empresa donde le pagaban a uno en efectivo-se pagaban horas trabajadas en negro-«.

En suma, considero que los testimonios aportados en autos tendientes a demostrar el aserto inicial, es decir que el accionante cumplió un horario de trabajo más allá de la jornada legal y que parte de su salario era abonado de manera extracontable, evaluados con las reglas de la sana crítica (arts. 90 LO y 386 CPCCN), lo acreditan.

A mayor abundamiento, de la documental acompañada por la empresa El Condor S.A. (recibos de haberes obrantes a fs. 23/34 donde consta el pago de «horas extras») dan crédito del trabajo efectuado en tiempo suplementario.

Cabe señalar que en un caso de aristas similares, el Dr. Fernández Madrid en la causa: «Ramos Ruiz José A. c/ Envases del Plata s/ despido» (CNAT, Sala VI SD 62.763 del 31.03.2011) luego de haber analizado la prueba testimonial y constatar que el actor trabajó en exceso de la jornada, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 8 del Convenio nº 1 de la OIT y 11 pto. 2 del Convenio Nº 30 OIT, ambos ratificados y de jerarquía supralegal (art.75 inc. 22 C.N.) y que tales normas internacionales se encuentran receptadas en el art. 6º ley 11.544 y art.21 del Decreto 16.115/33, concluyó que la demandada está obligada a llevar un registro especial en el que debe constar el trabajo prestado en horas extraordinarias, registro que no fue puesto a disposición de la experta, tal como ocurre en el supuesto que analizo y que constato del informe del perito contador de fs.193/202.

En consecuencia, a tenor de la documental analizada y el incumplimiento evidenciado por la demandada relativo al registro especial donde debe constar el trabajo prestado en horas extraordinarias (arts. 52 incs. g y h) y 55 de la LCT),

permite presumir que es verosímil la jornada y las horas extra denunciadas en el escrito de inicio, sin que la demandada aportara prueba en contrario.

En virtud de los argumentos esgrimidos, y tal como lo determinara la sentenciante de grado, entiendo que ha quedado demostrado que la remuneración del Sr. Wilches no se encontraba correctamente registrada. Tal circunstancia no permite modificar el progreso de la multa contenida en el art. 1º de la citada norma.

2. La queja respecto de la sanción del art.2 de la ley 25.323 también es improcedente toda vez que el actor dio cumplimiento a la intimación exigida y la actitud de la demandada lo ha obligado a litigar para obtener su crédito, configurándose el supuesto contemplado por el art. 2º de la ley 25.323 sin que su conducta reticente haya resultado justificada.

3. La misma solución sugiero respecto del agravio referido a la multa impuesta en los términos del art.45 de la ley 25.345.

Si bien la parte demandada habría puesto a disposición los certificados de trabajo previstos por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v.CD de fs. 40), lo cierto es que, de acuerdo a lo resuelto en origen, los que acompañó a fs. 41/43 al contestar la demanda, no se adecuan a las reales circunstancias de la relación laboral.Esa sola circunstancia habilita la imposición de la multa que prevé la norma en cuestión, por lo que debería confirmarse.

En tal inteligencia, propongo desestimar el agravio deducido por la demandada y confirmar, en consecuencia, la multa prevista por el art.45 de la ley 25.345.

VI.- En materia arancelaria, teniendo en cuenta el mérito, eficacia y la extensión de los trabajos realizados, los resultados obtenidos, las facultades conferidas al Tribunal por el art. 38 L.O., los arts. 1, 3, 6, 7, 8 y 19 de la ley 21.839 -modif. 24.432- y las normas arancelarias de aplicación, lucen reducidos los honorarios fijados a la representación letrada de la parte actora, por lo que auspicio elevarlos al 16% del monto definitivo de condena.

VII.- Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento la inexistencia de réplica (art. 68 2º párrafo del C.P.C.C.N.) y se regulan los honorarios del firmante de fs. 239/245 en el 25%, de lo que le corresponda percibir por su labor en la anterior etapa (art. 38 de la L.O., art. 14 Ley 21.839 y normas arancelarias de aplicación).

En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fue materia de agravios; 2) Elevar los honorarios fijados a la asistencia letrada de la parte actora al 16% del monto definitivo de condena y 3) Fijar las costas de Alzada en el orden causado, atento a la inexistencia de réplica (art. 68 2º párrafo del CPCCN) y regular los emolumentos del firmante de fs. 239/245 en el 25%, de lo que le corresponda percibir por su labor en la anterior etapa (art. 38 de la L.O., art. 14 Ley 21.839 y normas arancelarias de aplicación).

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fue materia de agravios; 2) Elevar los honorarios fijados a la asistencia letrada de la parte actora al 16% del monto definitivo de condena y 3) Fijar las costas de Alzada en el orden causado, atento a la inexistencia de réplica (art. 68 2º párrafo del CPCCN) y regular los emolumentos del firmante de fs. 239/245 en el 25%, de lo que le corresponda percibir por su labor en la anterior etapa (art. 38 de la L.O., art. 14 Ley 21.839 y normas arancelarias de aplicación).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art. 4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Miguel Ángel Maza Jueza de Cámara Juez de Cámara

Mab Ante mí:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

A %d blogueros les gusta esto: