No se hace lugar a los daños reclamados por quien fue denunciado penalmente por el supuesto abuso sexual de un menor.

derechoPartes: M. J. L. c/ I. C. A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista

Fecha: 22-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-97234-AR | MJJ97234 | MJJ97234

Rechazo de la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor por el supuesto padecimiento sufrido como consecuencia de una denuncia penal por abuso sexual en su contra efectuada por la madre del menor.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda de resarcimiento de daños y perjuicios interpuesta por el actor tendente a ser resarcido de los daños que dice haber padecido como consecuencia de una denuncia penal por abuso sexual efectuada por la actora en representación de su hijo menor en su contra desde que la denuncia efectuada por la madre del menor a partir del relato y estado anímico de su hijo, constituía un deber a su cargo en cuanto representante legal de su hijo, y se sustentó en circunstancias fácticas objetivas acreditadas en la causa – en el caso, el hecho de hacer ingresar un adulto directamente a su dormitorio en altas horas de la madrugada (alrededor de las 2 hs.) a menores de edad que conoce en virtud de ser éstos clientes de un ciber de su propiedad para mirar películas de destape, tipo nudista – activando, la conducta del actor la operatividad del art. 1111 CCiv. que contempla la propia torpeza de quien alega haber sufrido daños para eximir de responsabilidad civil.

Fallo:

En la ciudad de Reconquista, a los 22 de Octubre de 2015, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. Santiago Dalla Fontana, María Eugenia Chapero y Aldo Pedro Casella para resolver el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la señora Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tercera Nominación de la ciudad de Reconquista (Santa Fe), en los autos «M., J.L. c/ I., C.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS», Expte. N° 307, AÑO 2014. Acto seguido el Tribunal establece el orden de votación conforme con el estudio de autos: Chapero, Dalla Fontana y Casella y se plantean las siguientes cuestiones:

PRIMERA: Es nula la sentencia apelada?

SEGUNDA: Es justa la sentencia apelada?

TERCERA: Que pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión la Dra. Chapero dice: No habiendo sido sostenido en esta instancia el Recurso de Nulidad interpuesto, y no advirtiendo vicios procedimentales que hagan necesario su tratamiento en forma oficiosa, voto por la negativa.

A la misma cuestión, el Dr. Dalla Fontana vota en igual sentido, mientras que el Dr. Casella luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la Ley 10.160.

A la segunda cuestión, la Dra. Chapero dijo:

1.- La sentencia en crisis (fs. 172 A 174) rechaza la demanda de resarcimiento de daños y perjuicios interpuesta por el actor tendente a ser resarcido de los daños que dice haber padecido como consecuencia de una denuncia penal por abuso sexual efectuada por la actora en representación de su hijo menor en su contra.

La jueza aquo sostuvo que «. no ha quedado probado en autos que, tal denuncia haya sido dolosa o culposa. Es que, tal como surge de los términos de su exposición (fs. 36), ella acude a sede policial a fin de poner en conocimiento un hecho de abuso conforme lo narrado por su hijo menor de edad.Tal accionar no es más que la actitud que cualquier madre asume ante la toma de conocimiento de un delito del cual supuestamente había sido víctima su hijo, pues es lógico que temiera que el menor estuviera en una situación de inseguridad, o necesitado de una especial protección, conforme lo que él le describió. Por ello, surge la razonabilidad de la denuncia, destinada a averiguar la posible existencia del abuso sin que se haya acreditado que fue realizada en forma intencional o negligente. «.

La parte actora se alza contra dicho pronunciamiento, expresando sus agravios (fs. 183 a 184), y no haciéndolo la demandada en virtud que el proceso se desarrolla en rebeldía. En una harto escueta pieza recursiva se queja que la anterior haya rechazado la demanda considerando que no se encuentra suficientemente acreditado el factor de atribución, cuando según su postura en autos se aprecia la existencia de un obrar cuanto menos negligente de la parte demandada, quien con ligereza denunció penalmente al actor, lo cual es comprobado por la absolución posterior en la causa penal. También se queja por la imposición de las costas.

Consentida la providencia de pase al Tribunal, el proceso quedó concluido para definitiva.

Adelanto desde ya que el estudio de la causa me conduce a sostener que los agravios expresados no alcanzan a conmover en lo más mínimo los fundamentos brindados por la anterior para rechazar la demanda de resarcimiento de daños incoada en autos.

En primer término, corresponde apuntar que en esta materia de responsabilidad civil por acusación calumniosa (art. 1090) la doctrina y la jurisprudencia venían sosteniendo que es menester la acreditación de un factor de atribución subjetivo consistente en el conocimiento por parte del denunciante de la falsedad de la denuncia (dolo eventual), no bastando para la figura de «acusación calumniosa» la mera culpa (art.1109 c.c.) porque de lo contrario difícilmente una persona denunciaría la posible comisión de un delito, lo cual va en detrimento del interés social en la investigación y represión de los delitos criminales. En tal sentido, si bien el nuevo Código Civil y Comercial no resulta aplicable al caso de autos en virtud de que el mismo ha de ser sentenciado de acuerdo a las leyes vigentes al momento del hecho (art. 1090 c.c.), sin embargo resulta ilustrador en esta temática que en su art. 1741 (C.C.y C.) la nueva normativa recepta la doctrina y jurisprudencia mayoritaria estatuyendo en forma expresa el requisito de la culpa grave o dolo.

Por lo tanto, si a tal rigurosidad en la calificación de la conducta del denunciante que debe ser dolosa o con culpa grave se suma que en el caso de marras se trata de una denuncia de un supuesto delito cometido contra un menor de edad, cuya integridad psicofísica goza de un standard de tutela constitucional preferente en virtud de su vulnerabilidad (art. 19 Convención de los Derechos del Niño), se hace aún más elocuente la sin razón de esta acción resarcitoria contra la representante legal del menor.

En efecto, la denuncia efectuada por la madre del menor (fs. 36) en sede policial en representación de su hijo de 14 años a partir del relato y estado anímico de su hijo, no sólo que constituía un deber a su cargo en cuanto representante legal de su hijo, sino que se sustenta en circunstancias fácticas objetivas acreditadas en la causa -declaración simple interrogatorio sumario de M. (fs. 46, 47) y testimonios de los menores A.M. (fs. 31 y 32), P.A. (fs. 50) y M.A. (fs.33 y 34)- un tanto equívocas como lo constituye el hecho de hacer ingresar un adulto directamente a su dormitorio en altas horas de la madrugada (alrededor de las 2 hs.) a menores de edad que conoce en virtud de ser éstos clientes de un ciber de su propiedad para mirar películas de «destape, tipo nudista» (sic declaración de M., fs. 46 vto.).

En todo caso, la conducta de M. analizada activa la operatividad del art. 1111 c.c que contempla la propia torpeza de quien alega haber sufrido daños para eximir de responsabilidad civil, principio contenido en la máxima jurídica ya en texto de Pomponio «quodquis ex culpa suadamnumsentit non intelligiturdamnunsentire», «el que por su culpa sufre un daño, se entiende que no sufre daño alguno».

Cuando las acciones privadas de los adultos involucran a menores en actividades al menos ilícitas -toda vez que según lo relatado por M. miraron películas prohibidas para adolescentes de 14 años- dicho margen de autonomía se encuentra sensiblemente reducido, quedando por lo tanto dichas acciones exceptuadas del principio de reserva o no interferencia estatal que las exime de la autoridad de los magistrados.

Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo que se rechace el Recurso de Apelación interpuesto, se confirme el decisorio aquo y se impongan las costas de esta instancia a la parte actora vencida (art. 251 C.P.C.C.).

A la misma cuestión, el Dr. Dalla Fontana vota en igual sentido y el Dr. Casella luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la Ley 10.160.

A la tercera cuestión, la Dra. Chapero dijo: Que atento al resultado precedente, corresponde adoptar la siguiente resolución: 1) Desestimar el recurso de nulidad interpuesto.

2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto. 3) Imponer las costas de la segunda instancia a la actora vencida. 4) Regular los honorarios profesionales de segunda instancia de los letrados actuantes en el 50% de la regulación firme de primera instancia.

A la misma cuestión, el Dr. Dalla Fontana vota en igual sentido y el Dr. Casella luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la Ley 10.160.

Por ello, la CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad interpuesto. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto. 3) Imponer las costas de la segunda instancia a la actora vencida. 4) Regular los honorarios profesionales de segunda instancia de los letrados actuantes en el 50% de la regulación firme de primera instancia.

Regístrese, notifíquese y bajen.

CHAPERO

DALLA FONTANA

CASELLA

Abstención

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