Indemnizan por daño moral a trabajador despedido a raíz de su actividad gremial.

despido 4Partes: Torrado Rafael Luis c/ Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal (SEC) s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 10-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-96957-AR | MJJ96957 | MJJ96957

Se juzga nulo el despido decidido por la empleadora en razón de las actividades sindicales realizadas por el trabajador y procede la reparación por daño moral. Cuadro de rubros indemnizatorios.fgghgn

Sumario:

1.-Asiste razón al actor para requerir la declaración de nulidad del despido, por objeto prohibido, su reinstalación y la reparación de los daños y perjuicios causados, pues los numerosos indicios hacen presumir que fue despedido sin causa debido a las actividades sindicales desarrolladas, enmarcándose su reclamo en las previsiones de la Ley 23.592 .

2.-Surge probado que el accionante se postuló como candidato de una lista opositora y este hecho presupone una cabal militancia colectiva previa, que era de conocimiento de la empleadora, de modo que ante la secuela temporal de lo acontecido y la presencia de un despido sin motivación, adquiera singular trascendencia las manifestaciones de testimonios que aluden de una manera convictica a las circunstancias que denotarían una animosidad sindical.

3.-El hecho de que una decisión judicial disponga la reinstalación de un trabajador a su puesto, por haber decretado la nulidad de un despido calificado de discriminatorio por motivos gremiales, en el marco de la Ley 23.592 y de la normativa civil, no colisiona con la regla de la estabilidad relativa, es decir, dicha decisión no implica que el actor en el futuro no pueda ser despedido sin causa o que se confiera a la relación de trabajo el carácter de estabilidad absoluta, sólo se pretende impedir la ilicitud de la conducta del empleador, exteriorizada en el acto de denuncia, en el marco de las normas jurídicas analizadas.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de 2015, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I. – Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el sindicato demandado, dirigido a cuestionar la sentencia de fs. 719/725.

II. – El actor fue despedido, medida que rechazó por tratarse de un acto discriminatorio. Demandó la declaración de nulidad del despido en los términos de los artículos 47, 48, 52, 53 y sgtes. de la Ley 23.551, artículos 14 bis. y 17 C.N., artículo 1° de la Ley 23.592, y otras normativas que cita, y la reinstalación en su lugar de trabajo, el pago de salarios caídos y una reparación por agravio moral.

La sentenciante de grado, con remisión a la pruebas que citó, calificó el despido como discriminatorio (artículos 1° Ley 23.592, 47 LAS). Y, en consecuencia, decretó la nulidad del acto del despido, ordenó la reincorporación del actor en los términos expuestos en la sentencia, el pago de salarios y, un resarcimiento moral

(artículo 53 inc, g LAS). A mi juicio, el demandado no se hizo cargo de todos los fundamentos del decisorio y de las conclusiones que de ellos se extrajeron, basados en las constancias probatorias aunadas a la causa, convenientemente analizadas en la sentencia conforme a las reglas que gobiernan la cuestión en materia de prueba y, a las que me remito en obsequio a la brevedad.El apelante no ofrece otros argumentos, que deban ser preferidos a los expuestos por la Jueza a quo, y que han quedado firmes por omisión de la crítica razonada y concreta que define, en sentido técnico procesal, el concepto de agravio (artículos 116 Ley 18.345, 265, 386 C.P.C.C.N.).

Delineados los contornos de la cuestión, no es necesario elaborar acerca de los alcances de las normas que proscriben las conductas discriminatorias en la vida de relación, especialmente en ciertos ámbitos en los que tienen lugar interacciones potencialmente conflictivas.

En este contexto, como lo sostuvo en reiteradas oportunidades el Ministerio Público “.acerca de la imposibilidad de obtener la reinstalación de aquellos trabajadores que no están incluidos en el artículo 48 de la Ley 23.551, o cuando son militantes sin cargo de representación en las hipótesis en las que solo se invoca como sustento de la ineficacia del despido, lo dispuesto por el artículo 47 de la norma citada.la protección genérica no es idónea para restarle eficacia a la decisión directa de disolver el contrato de trabajo” .

“En efecto, la detenida lectura de los artículos 48, 49 y 52 de la Ley 23.551 permite deducir, sin lugar a dudas, que sólo tienen derecho a la estabilidad los trabajadores que poseen, lo que podríamos llamar, “representación sindical orgánica” y no aquellos activistas o militantes, vinculados a la actividad profesional, pero que no han accedido a los cargos, ni han sido electos delegados.”

“.el texto del artículo 47 de la Ley 23.551, no puede ser interpretado como atribuyendo una “prohibición temporal” de despedir sin causa a esos trabajadores que están incluidos en el régimen común de protección contra el despido arbitrario, en los momentos en que están ejerciendo alguna actividad sindical, y el principio de legalidad y reserva (artículo 19 de la Constitución Nacional) hubiera exigido una norma expresa que convirtiera en ilícito y vedado al objeto del acto jurídico rescisorio.”

“La frase “cese inmediato del comportamiento antisindical”, valga la reiteración, no permite deducir que es ineficaz el ejercicio de conductas extintivas ante la ausencia de disposición que las prive de efectos y, por lo tanto, carece de fuente la pretensión de nulificar un acto jurídico cuyo objeto no ha sido prohibido”.

Pero como fuera anotado, la causa sub examine presenta matices diferentes porque, tanto en la demanda, como en la sentencia, se ha invocado la Ley 23.592, que se proyecta sobre la discriminación en sí; disposición legal que rige en casos como el que nos convoca y que presenta un régimen específico de sanción diferenciado del que podría emerger del artículo 47 de la Ley 23.551.

La demandada, indicó los parámetros en que se sustentó la medida rescisoria. Si bien es cierto que invocó la situación prevista en el artículo 247 L.C.T., también lo es que la reiterada mención de medidas de reestructuración, a los fines de reorganizar la actividad, podrían haber habilitado la configuración de un criterio de desvinculación, que si existió no fue acreditado en las presentes actuaciones, que hubiera sido un buen dato para sostener su postura, y probablemente hubiera evitado asestar casual y fatalmente, sobre los trabajadores con mayor actividad de índole gremial, sindical y/o social.

Toda esta plataforma fáctica y probatoria conlleva a presumir que el despido del actor fue por motivaciones gremiales, cobrando operatividad la denominada teoría de las cargas probatorias dinámicas y en su marco, es dable afirmar que la demandada debió acreditar que el despido se debió a las razones que esgrimiera. Nada probó sobre este aspecto fáctico y está claro que era ella quien habría podido acercar pautas de convicción que permitieran dar crédito a sus afirmaciones que no invocó para despedir. Dicha orfandad probatoria impide revertir la presunción de despido discriminatorio por motivos gremiales. ( ver en similar sentido sentencia 36.637 del 06.11.2009, en Verón, Julio Héctor c. Spicer Ejes Pesados S.A. s.Acción de Amparo, sentencia 36.847 del 11.02.2010 en Oviedo, Eduardo Fabián c. Cencosud S.A. s. Juicio Sumarísimo, del registro de esta Sala).

Siguiendo la línea argumental planteada, en el caso está admitido que el accionante se postuló como candidato de una lista opositora y, este hecho presupone, claro está, una cabal militancia colectiva previa, que era de conocimiento de la empleadora. En este contexto, y ante la secuela temporal de lo acontecido y la presencia de un despido sin motivación, adquiera singular trascendencia las manifestaciones de testimonios que aluden de una manera convictica a las circunstancias que denotarían una animosidad sindical.

Es muy importante recordar, en lo que hace a la amplitud de la apreciación de la prueba, la tesis sentada por la CSJN, en casos muy similares al que nos convoca, en los cuales subyacía una posible motivación antisindical y discriminatoria y, en el que aplicó el criterio de la carga dinámica a favor del trabajador (ver, sentencia dictada el 15.11.2011 en autos “Pellicori, Liliana Silvia c. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s. Amparo”, Fallos 334:1387)”.

En dicho marco de análisis, asiste razón al actor para requerir la declaración de nulidad del despido, por objeto prohibido, su reinstalación y la reparación de los daños y perjuicios causados (artículos 953, 1044, 1050 y 1056 Código Civil). Su reclamo se enmarca en las previsiones de la ley 23.592 cuyo artículo 1° establece: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

Como fuera expuesto en el fallo “Cáceres” (sentencia 34.673 del 30.11.07, del registro de esta Sala), la aplicación de las previsiones de la ley 23.592 sobre Actos Discriminatorios al universo de las relaciones laborales ha sido admitida por numerosas de las Salas que conforman este tribunal en casos atinentes a actos discriminatorios por motivos de índole gremial o sindical, (CNAT, sala IX, 29-102007, “Novile, Martín Olivo c. Frávega S.A.”, LL Online; sala VI, “Méndez, Héctor Horacio c. Carrefour Argentina S.A.” 6-9-2007; sala VII, “Ríos, Víctor Daniel c. Massalín Particulares S.A.” 6-9-2007; sala V, 21-12-2006, “Arecco, Maximiliano c. Praxair Argentina S.A.”, LL, 2007-C, 390; sala IX, “Greppi, Laura K. c. Telefónica

de Argentina S.A.”, LL, 2005-F, 175; TySS 2005, 884; sala VI, 10-3-2004, “Balaguer, Catalina T. c. Pepsico de Argentina SRL”, LL, 2004-C, 951; DT 2004, junio, Pág. 775, TySS, 2004, Pág. 689) y es también la opinión postulada por la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, bien que probada de manera categórica la específica antijuridicidad (Dictamen N ° 25.980 del 12-11-98, en autos “Sindicato Único de Trabajadores del Automóvil Club Argentino c/ Automóvil Club Argentino”, Expediente N ° 35.823/96 del registro de la sala II; Dictamen N° 40.702 del 28-7-5 en autos “Castillo Agustín Ignacio c/ Bachino S. R. L. s/ Acción de Amparo”, y Dictamen N ° 44.043 del 15-5-2007, en autos “Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A.s/ Acción de Amparo”).

Por todo lo expuesto, cabe concluir que el hecho de que una decisión judicial disponga la reinstalación de un trabajador a su puesto, por haber decretado la nulidad de un despido calificado de discriminatorio por motivos gremiales, en el marco de la Ley 23.592 y de la normativa civil no colisiona con la regla de la estabilidad relativa, es decir, dicha decisión no implica que el actor en el futuro no pueda ser despedido sin causa o que se confiera a la relación de trabajo el carácter de estabilidad absoluta, sólo se pretende impedir la ilicitud de la conducta del empleador, exteriorizada en el acto de denuncia, en el marco de las normas jurídicas analizadas.

El enfoq ue de la cuestión conlleva a la condena al pago de una suma de dinero, en concepto de reparación del agravio moral que, en el caso, adquiere un perfil predominantemente sancionatorio, como respuesta a un acto ilícito, el efecto extintivo del acto de denuncia de la relación de trabajo que se traduce en un comportamiento discriminatorio como consecuencia de una actividad sindical. Y, en su relación, estimo razonable y adecuado la suma fijada en grado ($100.000) considerando las circunstancias debatidas en el proceso y que reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que para la fijación del daño moral debe tenerse en cuenta su carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, lo que no necesariamente tiene que guardar relación con el daño material reconocido, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. Fallos 321:1117; 323:3614 y 325:1156, entre otros).

III. – Es criterio de esta Sala, en atención a lo decidido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta 2601, aplicar para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino.El apelante no ha tenido a bien explicar las razones por las cuales sería aconsejable revisar dicho criterio que hago extensivo al agravio relacionado con el punto de partida de los intereses. Lo resuelto en grado se encuentra al abrigo de revisión.

IV. – Los honorarios regulados al perito contador, en relación a la importancia, el mérito, la extensión de las tareas desarrolladas y las pautas arancelarias de aplicación lucen reducidos; propongo fijarlos en $ 35.000.- Las restantes regulaciones no son elevadas y no deben ser revisadas (Ley 21839, Ley 24.432, 3° DL 16638/57, artículo 38 Ley 18345).

V. – Por las razones expuestas, propongo se confirme la sentencia apelada en lo principal que decide y fue materia de recurso y agravios; se regulen los honorarios del perito contador en $ 35.000; se regulen los honorarios de los letrados firmantes de

los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que le fueron fijados en origen; se impongan a la parte demandada las costas de Alzada ( artículos 68 C.P.C.C.N.; 14 de la Ley 21839).

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO dijo:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

I) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fue materia de recurso y agravios;

II) Regular los honorarios del perito contador en ($.);

III) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que le fueron fijados en origen;

IV) Imponer a la parte demandada las costas de Alzada.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4° Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase.

LS

LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CAMARA

VICTOR ARTURO PESINO

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA