Se hace lugar a la oferta de compra del ex cónyuge del actual fallido, en relación al porcentaje indiviso de un inmueble que tenían en común.

embargo-inmublePartes: Bartra Guillermo Tomás s/ quiebra

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 1-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-96490-AR | MJJ96490 | MJJ96490

Se hace lugar a la oferta de compra del ex cónyuge del actual fallido en relación al porcentaje indiviso que habría quedado en cabeza del deudor en virtud de la disolución de la sociedad conyugal.

Sumario:

1.-Si bien no puede desconocerse la oponibilidad que genera la inscripción registral del inmueble, ello de modo alguno puede utilizarse para los derechos de los terceros de buena fe.

2.-La inscripción registral del inmueble solo atañe al perfeccionamiento del acto para que pueda ser opuesto a terceros y a pesar d® la importancia que tiene la función registral, en virtud del carácter declarativo, no hace al nacimiento del derecho.

3.-Asignar a! fallido el porcentaje del cincuenta por ciento indiviso del inmueble, en virtud de estar así consignado en el informe de dominio emana Registro de la Propiedad inmueble, importa el desconocimiento de la sentencia dictada por el tribunal civil en el juicio sobre disolución de la sociedad conyugal habido entre las partes, mediante el cual hubo debate y plena prueba de que el 83,75 por ciento indiviso del referido inmueble era un bien propio de la ex cónyuge de fallido.

4.-El art. 487 del CCivCom., establece que el régimen patrimonial del matrimonio, en el caso ele comunidad de bienes, no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio del deudor. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Excma. Cámara:

La juez de la anterior instancia rechazó la oferta de compra cónyuge del fallido en relación al 16,25% indiviso del inmueble a 2225, piso 1, UF nro. 3, de esta Ciudad (v. fs. 917). Ese porcentaje indiviso habría quedado en cabeza del deudor en virtud de la disolución de la sociedad conyugal y su ex cónyuge detentaría el 83,75% restante.

La magistrada para denegar la oferta de compra formulada sostuvo que tratándose de derechos reales sobre bienes registrables, la partición invocada por la ex cónyuge sólo iba a ser oponible a los terceros acreedores a partir de su inscripción registral.

Señaló la juez que del informe de dominio surge que el fallido es titular de un 50% indiviso del inmueble en cuestión y que ese porcentaje responde por las deudas de éste último.

Apeló la ex cónyuge del fallido, quien realizara la oferta de compra del inmueble y fundó su recurso a fs. 918/926.

Alegó que la resolución atacada no es una derivación razonada del derecho vigente y que tuvo un respeto dogmático por las formas no ajustándose a las constancias de la causa.

Sostuvo que su derecho al 83,75% indiviso del inmueble le fue reconocido en el juicio que le iniciara a su ex cónyuge (aquí fallido) sobre disolución de la sociedad conyugal. Destacó que ese porcentual del inmueble tiene carácter de bien propio.

Precisó que la porción indivisa no pudo haber constituido la prenda común de los acreedores dado que nunca ingresó al patrimonio del fallido y que la falta de registración de ese porcentaje a su nombre no puede eregirse como su derecho sobre ese bien beneficiando al fallido.Indicó que la solución dada por la resolución apelada importa desconocer la tramitación de todo el proceso de disolución de la sociedad conyugal y

la sentencia allí dictada y que no hubo partición privada como afirma el decisorio recurrido ya que a lo largo de la tramitación de los autos sobre quiebra surge que el fallido tuvo la titularidad dominal del 16,25% indiviso del inmueble de la calle Cuba.

Explicó que la decisión adoptada importa desconocer el régimen de administración separada que estable el Código Civil en tanto hace que un bien propio responda por las deudas del otro cónyuge y que la falta de inscripción registral del porcentual acrecido a su favor se debió a que no era posible levantar el régimen del bien de familia que afectaba al inmueble.

Finalmente explicó que el pedido de propia quiebra por parte de su ex cónyuge imposibilitó la inscripción dominal de aquella parte y/o la adquisición del remate.

3. La sindicatura contestó el memorial a fs. 933/934 solicitando con carácter previo a considerar la oferta de compra la inscripción de la porción indivisa a nombre de la ex cónyuge del fallido.

4. Se corre vista a esta Fiscalía de las presentes actuaciones.

Conforme surge de las constancias de autos, en mi opinión, el recurso de apelación debe tener favorable recepción por las siguientes consideraciones.

La recurrente, Teresita Aurelia Rolón, quien fuera cónyuge del fallido promovió los autos caratulados “R., T. A. c/ B. G. T. s/ disolución de la sociedad conyugal” Expte nro. 45.807/1991, el que tramitara por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 88.En esas actuaciones con fecha 5 de marzo de 2003 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictó sentencia disponiendo que “.asimismo se establece que el inmueble de la calle Cuba 2225, piso 1, “B”, de esta ciudad es un bien propio de cada cónyuge, correspondiendo a la actora en un ochenta y tres con

setenta y cinco por ciento (83,75%) y al demandado en un dieciséis con veinticinco (16,25%).” (v. fs. 463/466)

Esa sentencia se encuentra firme y adquirió los efectos de la cosa juzgada.

Con posterioridad al dictado de ese pronunciamiento el fallido solicitó su propia quiebra (v. fs. 3/6), la que fue decretada el 13 de abril de 2004. En esa presentación al declarar los bienes que componían su activo, y sin perjuicio de las declaraciones que formuló al respecto, señaló, en relación a ese inmueble, que era dueño del 16,25% indiviso (v. fs. 5).

En el informe general de fs. 308/310 la sindicatura precisó que el activo de esta quiebra estaba conformado, entre otros bienes, por el porcentaje indiviso que el fallido tenía en el inmueble de la calle Cuba 2225. Destacó que el 50% indiviso inscripto a nombre del fallido había sido modificado en virtud del juicio habido entre las partes.

Tampoco puede soslayarse que a excepción del crédito quirografario de la Administración Federal de Ingresos Públicos ($ 172.175,80), el crédito de mayor importe es el verificado a favor la recurrente por la suma de $ 129.204,91 en concepto de alimentos y devolución de ciertas sumas percibidas por el fallido en perjuicio de su ex cónyuge.

Otra cuestión a considerar es que la ex cónyuge del fallido solicitó en estos obrados (v. fs. 850/852) la desafectación del inmueble en cuestión del régimen del bien de familia y allí también expresó el porcentaje del que ella era titular. Esta afirmación sobre los porcentuales del dominio fueron considerados por el a quo al dictar la resolución de fs.883.

Al contestar un traslado conferido, el síndico a fs. 903 aludió a que la parte que correspondía al fallido era el 16,25% del inmueble antes mencionado.

Es decir, no hubo ocultamiento a los acreedores presentados a verificar en esta quiebra sobre la titularidad dominal que el fallido tiene en el inmueble de la calle Cuba 2225, piso 1, UF 3 de esta ciudad y cuál era el porcentaje que integraba su activo.

En consecuencia, si bien no puede desconocerse la oponibilidad que genera la inscripción registral, ello de modo alguno puede utilizarse para desconocer los derechos de terceros de buena fe, los cuales eran conocidos en el presente trámite.

En ese sentido se ha dicho que la inscripción registral sólo atañe al perfeccionamiento del acto para que pueda ser opuesto a terceros, y a pesar de la importancia que tiene la función registral, en virtud de su carácter de al nacimiento del derecho (conf. Borda, Guillermo, Tratado de Derecho Civil, Derechos Reales, TI, 1975, p.302).

Por ende, en el caso, asignar al fallido el porcentaje del 50% indiviso del inmueble objeto de autos en virtud de estar así consignado en el informe de dominio agregado a fs. 911/915, importa el desconocimiento de la sentencia dictada por el Tribunal civil en el juicio sobre disolución de la sociedad conyugal habido entre las partes. En este proceso hubo debate y plena prueba y el mencionado tribunal tuvo por acreditado que el 83,75 % indiviso del inmueble de la calle Cuba 2225 de esta ciudad era un bien propio de la ex cpnyuge del fallido T. A. R., aquí recurrente (v. fs. 463/466)

Si bien al momento de entrada en vigencia del Código Civil Y Comercial de la Nación, la disolución de la sociedad conyugal entre el fallido y su ex esposa ya se había producido, no es menos cierto que tal normativa sirve como pauta interpretativa.

En función de ello, la solución aquí propuesta es convalidada por la que brinda el nuevo ordenamiento. En efecto, el art.502 del CCyC, en relación al régimen de comunidad de bienes, dispone que “después de la partición, cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores por las deudas contraídas con anterioridad con sus bienes propios y la porción que se le adjudicó de los gananciales”.

El art. 487 del CCyC establece que la disolución del régimen (en el caso comunidad de bienes) no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio de su deudor.

En el presente caso no hay ningún acreedor anterior a la disolución de la comunidad de bienes. La disolución de la sociedad conyugal entre el fallido y su ex cónyuge se produjo en el mes de agosto de 1989 con su divorcio (arg. art. 475 inc. c) CCyC) y del informe del art. 35 de la ley 24.522 presentado en autos surge que el crédito mas antiguo es del año 1994 en concepto de falta de pago de aportes al régimen de autónomos.

A lo dicho cabe agregar que la resolución apelada al desconocer los derechos de la ex cónyuge del fallido sobre el inmueble en cuestión, soslayó los efectos de la cosa juzgada y aniquiló la garantía del derecho de propiedad (art. 17 CN) de la ex esposa del fallido.

Cabe señalar que la cosa juzgada es la irrevisibilidad de las resoluciones firmes dentro del mismo proceso (cosa juzgada formal) y en otros cobre el mismo objeto litigioso (cosa juzgada material) (Ymaz, Esteban, “La esencia de la cosa juzgada y otros ensayos”, Ed. Acayú, Buenos Aires, p.4 y ss.)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la cosa juzgada configura uno de los pilares sobre los que se asienta la seguridad jurídica y los fundamentos en los que se asientan tales aseros concierne a la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme, en los derechos de propiedad y defensa en juicio y que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad señalada (fallos: 199:466; 253:171; 258:220; 308:117)

En la medida que no existe cuestionamiento de la existencia de vicios sustanciales, no corresponde restar fuerza a la cosa juzgada (Fallos: 254:320), adquirida por la sentencia aludida.

En ese contexto, la resolución de fs. 917 contradijo las constancias obrantes en autos que dan cuenta de una realidad distinta a la consignada en el certificado de dominio agregado a estas actuaciones, las que eran conocidas por el a quo y los acreedores del presente proceso.

Desde antaño, la Corte Suprema ha reconocido proceso judicial es el establecimiento de la verdad objetiva del caso conforme a ella. Ningún rigorismo formal o cuestión verbal adecuado servicio de la justicia. En el caso “Coialillo c/ Compañía de Seguros España y Río de la Plata” la Corte sostuvo que “el proceso civil no puede ser consucido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrol lo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte.” Y agregó, no se puede “excluir de la solución a dar al caso su visible fundamento de hecho, porque la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de la justicia.” (Fallos 238:550)

Por todo lo dicho, es opinión de esta Fiscalía que VE debe

revocar la resolución recurrida en cuanto al porcentaje indiviso cuya titularidad le fue asignada al fallido.En relación a la cuestión atinente a la oferta de compra realizada por la ex cónyuge del nombrado deberá ser analizada en su oportunidad con todas las partes interesadas.

Dejo así contestada la vista conferida.

Buenos Aires 17 de noviembre de 2015

GABRIELA F. BOQUIN

FISCAL GENERAL

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015.

1. T. A. R., acreedora y ex cónyuge del fallido, apeló subsidiariamente la decisión de fs. 917, mantenida en fs. 927, en cuanto rechazó su oferta de compra del 16,25 % indiviso del inmueble sito en la calle Cuba 2225, 1º piso, departamento “B” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ello, con fundamento en que registralmente el deudor aún figura como titular del 50 % del referido bien.

Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 918/926, y fundados por la sindicatura en fs. 933/934.

La Fiscal General ante la Cámara dictaminó en fs. 939/941.

2. Los fundamentos y conclusión vertidos por la Representante del Ministerio Público en el dictamen que precede a este pronunciamiento, a los cuales la Sala adhiere y remite por razones de economía procesal, son suficientes para concluir por la admisión de los agravios y la revocación del decisorio de grado.

Ello es así, pues en el caso aparece evidente que la cuestionada resolución resultó incongruente con lo anteriormente actuado y decidido tanto en sede civil (v. copias certificadas obrantes en fs. 463/491, pertenecientes a los autos “R., T. A. c/ B., G. T. s/ disolución de sociedad conyugal”), como en esta sede mercantil y en este mismo proceso universal (v. resoluciones dictadas en fs. 498 y 883); específicamente, en cuanto al porcentaje de participación en la titularidad del inmueble en cuestión.

3. Por ello, y de acuerdo con lo propiciado en fs. 939/941, la Sala RESUELVE:

Admitir la subsidiaria apelación de fs. 918/926 y revocar la decisión de a la Juez a quo emitir nuevo pronunciamiento de decidido y una vez oídos todos los interesados.

Cúmplase con la c omunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

Notifíquese a la Fiscal General mediante al remisión de la causa y, oportunamente, devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: º) y las notificaciones pertinentes.

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

Juan José Dieuzeide

Horacio Piatti

Prosecretario de Cámara